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una ayuda para astiz


Los archivos de la dictadura brasileña.
[Darío Pignotti] Brasilia, Brasil. La dictadura brasileña sabía que Alfredo Astiz era buscado por la Justicia francesa por el asesinato de dos monjas, pero aun así realizó gestiones ante Gran Bretaña para su repatriación en 1982, reveló Folha de São Paulo. "Me parece importante que se haya publicado información sobre cómo Brasil intercedió a favor de Astiz, y es fantástico que yo venga a saberlo el mismo día que aguardamos su sentencia en Buenos Aires", por la causa ESMA, dijo Juan Gelman por teléfono desde México el miércoles pasado. El Palacio de Itamaraty fue informado por su embajada en Londres de que Astiz era requerido por los jueces de Francia y Suecia, pero eso no frenó la presión para que sea liberado, lo cual finalmente ocurrió en un avión que antes de aterrizar en Buenos Aires hizo escala en Río y a bordo del cual viajó un diplomático brasileño.
Telegramas del Servicio Exterior de 1982, desclasificados por el gobierno de Rousseff, reflejan el empeño con que el embajador brasileño en Londres, Roberto Campos, amigo del entonces canciller argentino Nicanor Costa Mendes, trabajó por la libertad/impunidad de Astiz, prisionero de las fuerzas británicas tras rendirse en las Georgias del Sur.
Hasta hoy, el relato oficial sobre la solidaridad brasileña con los generales y almirantes argentinos durante la guerra de Malvinas soslayó que, bajo el repentino antiimperialismo del dictador Figueiredo, quien durante años comandó los servicios de Inteligencia, se escondía la solidaridad entre los camaradas de la guerra sucia transnacional.
Como explica Martín Almada, a partir de los años ‘80 entró en acción una "fase nueva del Cóndor", que entre otras tareas se abocó a dar cobertura a los asesinos requeridos por la Justicia", y así fue como varios represores argentinos huyeron a Brasil y Paraguay en los años ‘80, algunos alegando ser perseguidos políticos de la democracia.
La recopilación de una decena de cables secretos generados por la embajada de Brasil en Buenos Aires, entre 1975 y 1978, ilustra sobre los contactos con altos mandos militares en los que se exhiben coincidencias en la necesidad de actuar conjuntamente contra la "subversión". Se observa en esos documentos, hasta hace poco tiempo secretos, una recurrente mención a la Marina y consideraciones elogiosas sobre Eduardo Massera, como lo muestra el "telegrama confidencial urgente" del 27 de julio de 1977.
Allí se habla de un supuesto viaje de Massera a Río de Janeiro como parte de su agenda diplomática personal y la influencia del marino en la política externa de la dictadura, la cual estuvo marcada por la aproximación con Brasilia. El ex prisionero de la ESMA, Víctor Basterra, declaró a este diario que tuvo conocimiento del enlace entre ese centro de detención clandestino de la Armada y los servicios brasileños. Basterra, quien realizó un extraordinario trabajo de contrainteligencia sobre la represión durante sus años de cautiverio, recuerda que en la ESMA fue obligado a montar afiches con las fotos de Juan Gelman y el cura Jorge Adur, desaparecido en 1980, los cuales fueron enviados a la frontera con Brasil.
La cooperación entre la ESMA y los organismos represivos brasileños se prolongó por lo menos hasta noviembre de 1982, "esto me consta, estoy seguro de que fue así", afirma el ex prisionero político luego de citar fechas y nombres con una precisión que asombra.
El testimonio de Basterra y los telegramas enviados desde la embajada de Londres no dejan dudas de que Brasilia estuvo envuelta en el Plan Cóndor, en los planos represivo y diplomático hasta 1982. La participación comenzó pocos días antes del golpe, el 18 de marzo de 1976, cuando fue secuestrado el pianista Francisco Tenorio Cerqueira Santos, que había participado en un concierto ofrecido en el Gran Rex por Vinicius de Moraes y Toquinho. La historiadora Janaína Teles cuenta con pruebas incontrastables, fechadas el 20 y 25 de marzo de 1976 (habrían sido presentadas ante la Justicia argentina), sobre la complicidad entre el régimen brasileño y la ESMA en ese crimen. Se trata de dos notas enviadas a la embajada de Brasil, firmadas por Jorge "Tigre" Acosta, las cuales hacen referencia a la detención y posterior muerte del pianista.
[Foto viene de Sendero del Peje.]
18 de noviembre de 2011
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lo mataron los sicarios del patrón


Asesinan en Santiago del Estero a un campesino militante del MOCASE. Cristian Ferreyra, de 23 años, fue baleado por dos hombres cuando intentó resistir un desalojo en el campo donde vivió toda su vida. Desde el Mocase denunciaron que los homicidas trabajan para un empresario agropecuario de la zona.
[Darío Aranda] Santiago del Estero, Argentina. Cristian Ferreyra nació y vivió sus 23 años en el mismo lugar: el paraje San Antonio, al norte de Santiago del Estero. Quería mantener una forma de vida que implica trabajar la tierra, criar animales, sembrar y cosechar su comida. Pero un disparo de escopeta lo hirió cuando se negó a dejar el territorio, pretendido por un empresario. "Esto es el Lejano Oeste, no se cumplen nuestros derechos, nos matan como animales", denunció Marilena Santillán, compañera de militancia de Ferreyra e integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina), con voz entrecortada, aún conmovida. También fue herido Darío Godoy, de 26 años. En los últimos dos años fueron asesinados en la Argentina cuatro campesinos e indígenas. La organización campesina denunció que la represión tiene directa relación con el avance del modelo de agronegocios, con la soja y la ganadería intensiva, sobre territorios comunitarios.
Ferreyra formaba parte de la comunidad indígena lule-vilela de San Antonio, que habita dos mil hectáreas comunitarias desde hace generaciones. A pesar de su juventud era identificado como un referente, tranquilo, pero decidido a permanecer en territorio ancestral, a 60 kilómetros de Monte Quemado. Desde hace dos años, la comunidad denuncia el acoso de empresarios que pretenden las tierras comunitarias: cierre de caminos vecinales, amenazas a niños cuando iban a la escuela y matanza de animales.
El miércoles, a la hora de la siesta, según contó ayer Jualián Roqué, un compañero de la víctima, llegaron hasta la casa de Darío Godoy dos personas encapuchadas. "Eran los hermanos Javier y Anton Juárez, dos guardias privados enviados por el empresarios santafesino José Ciccioli", aseguró Roqué. "Buscaban a Cristian Ferreyra y, sin mediar palabra, le dispararon a sangre fría con una escopeta", concluyó. Ferreyra falleció desangrado, ante la impotencia y desesperación de su esposa y su hijo de 2 años. Además fue herido Godoy (también integrante del Mocase), con disparos en las piernas. Aún permanece internado en el hospital. Los agresores huyeron y hasta ayer no habían sido detenidos.
"Mataron a Cristian porque era un joven fuerte, decidido a defender el territorio de sus padres y de su hijo. El hablaba, dialogaba, pero no negociaba el territorio. Por eso lo mataron", lamentó Santillán y precisó que el ataque fue un día antes de una asamblea que iba a realizarse en casa de Ferreyra con el objetivo de definir un plan para frenar las topadoras.
El Mocase-VC emitió un comunicado: "Esto ocurre con complicidad y alevosía de parte de autoridades provinciales y funcionarios del Poder Judicial e instituciones como la Dirección Provincial de Bosques, que autorizó desmonte en un lugar donde viven familias campesinas indígenas de varias generaciones. A todos ellos los hacemos responsables directos del asesinato de Cristian".
Desde el Mocase-VC, que integra el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), explicaron que las tierras ancestrales, que familias rurales y originarias habitaron durante generaciones, comenzaron a ser pretendidas por empresarios a medida que la frontera agropecuaria, principalmente para plantaciones de soja, comenzó a expandirse.
La Secretaría de Ambiente de la Nación precisa que Santiago es de las provincias líderes en desmonte: 515 mil hectáreas entre 2003 y 2007, un 72 por ciento más que entre 1998 y 2002. Avance del monocultivo y devastación de bosques tienen directa relación.
La soja transgénica con uso intensivo de agrotóxicos fue autorizada en 1996, cuando abarcaba una superficie de 6,6 millones de hectáreas en todo el país. En 2000 ya había trepado hasta las 10,5 millones. Y en la actualidad cubre 19,8 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la tierra cultivada de la Argentina, 50 millones de toneladas de soja.
El geógrafo y docente Marcelo Giraud analizó el avance agropecuario en Santiago. En 1996, en la provincia había sólo 95 mil hectáreas con soja. En 2008 había saltado a 629 mil hectáreas y dos años después, en 2010, al record de 1,1 millón de hectáreas. "En sólo dos años aumentó un 75 por ciento", afirmó.
La ONG Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) publicó el relevamiento "Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino". Hasta octubre de 2010 había contabilizado 164 conflictos de tierras y ambientales, casi 8 millones de hectáreas.
En sólo dos años fueron asesinados cuatro militantes por la defensa del territorio. El 12 de octubre de 2009 ejecutaron en Tucumán al diaguita Javier Chocobar. El 13 de marzo de 2010 falleció de un paro cardíaco frente a una topadora la campesina santiagueña Sandra "Ely" Juárez. El 23 de noviembre de 2010 fue asesinado en un corte de ruta el qom de Formosa Roberto López. El miércoles, la lista sumó a Cristian Ferreyra. En ningún caso están detenidos los autores materiales ni intelectuales de los crímenes.
El Código Civil establece el "derecho veinteañal", que reconoce a quienes ocuparon y trabajaron un terreno durante dos décadas. Y también están vigentes leyes específicas para pueblos originarios (Convenio 169 de la OIT, Ley 26.160 de suspensión de desalojos, artículo 75 de la Constitución Nacional), pero (salvo excepciones) el Poder Judicial no aplica esas leyes.
"El asesinato de Cristian Ferreyra no va a quedar impune. Con toda la rabia y el dolor que sentimos, sus compañeros reafirmamos una vez más que en la defensa de nuestros territorios llegaremos hasta la últimas consecuencias", advirtió el Mocase-VC. Diego Montón, del MNCI, aseguró: "El agronegocio se cobró otra vida campesina, esta vez la de un joven militante. No es posible la convivencia con el agronegocio, su lógica es de muerte y lucro, es un modelo donde no hay lugar para la vida".
18 de noviembre de 2011
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profesor hacía desaparecer a colegas


Psicología separó a un docente acusado de delitos de lesa humanidad. En el juicio por la desaparición de Miguel Ragone, en Salta, se presentó un expediente que involucra al profesor de la UBA Mario Casalla. La Secretaría de Derechos Humanos lo denunció. El consejo de Psicología decidió suspenderlo.
Argentina. Denunciado por su posible participación en delitos de lesa humanidad, el profesor Mario Carlos Casalla fue suspendido de sus cargos en la Facultad de Psicología de la UBA. El próximo lunes la facultad analizará un pedido de juicio académico que debe ser elevado al Consejo Superior de la universidad. La denuncia contra Casalla fue presentada por el delegado en Salta de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Martín Avila, quien solicitó a la Justicia indagar a Casalla como presunto "autor mediato de la privación ilegal de la libertad de Miguel Angel Arra", docente de la Universidad Nacional de Salta (UNSA), secuestrado en 1975 y desaparecido desde entonces. "Durante los años ’74 a ’76 procedí a depurar ideológicamente el departamento más conflictivo e infiltrado subversivamente de la universidad (Humanidades), di de baja a docentes directamente ligados a la subversión", escribió Casalla, según consta en la denuncia, en una nota dirigida al destacamento de Inteligencia 143 del Ejército en octubre de 1978. Consultado por Página/12, Casalla negó haber participado en la desaparición de Arra.
Licenciado en Filosofía, Mario Casalla se desempeñó como secretario académico de la UNSA entre 1975 y 1976, año en el que las autoridades militares lo cesantearon por considerarlo "marxista". De acuerdo con un expediente elaborado por la SIDE y ahora presentado por Avila ante la Justicia, Casalla envió en 1978 una carta a autoridades militares salteñas para que se reconsiderara su situación: "Me hiere moralmente esa calificación injusta de ‘presunto subversivo o disociador’ que agravia mi realidad y mis valores más firmes", consignó Casalla en su descargo. Sobre su actuación en los años previos al golpe de Estado, aseguró: "Mi posición fue entonces de público y notorio enfrentamiento con la subversión universitaria", siguió.
Las declaraciones de Casalla resurgieron en la causa por la desaparición de Miguel Ragone, ex gobernador de Salta. A este debate se incorporó el informe sobre Casalla producido por la SIDE en mayo del ’80. Este documento es una respuesta al pedido de revisión de la cesantía que, según la querella, elevó Casalla. En él se reproduce la carta en la que el docente habría relatado que durante su gestión en la UNSA "depuraba ideológicamente a la universidad, daba de baja a docentes directamente ligados a la subversión, trabajando estrechamente con los organismos de seguridad de la provincia". En palabras del querellante Martín Avila: "Casalla ‘marcaba’ y elegía las víctimas que luego eran desaparecidas. Es al menos responsable de la privación ilegal de la libertad sufrida por Miguel Angel Arra".
Hasta la semana pasada, Casalla se desempeñaba en la Facultad de Psicología como profesor regular a cargo de la cátedra Problemas Filosóficos y como adjunto en Historia de la Psicología. Al conocerse la denuncia, el consejo directivo de la facultad decidió suspender provisoriamente a Casalla de sus cargos. Fue una propuesta de la minoría de graduados, agrupación Psicólogos en Frente, cuya consejera es Ileana Celotto: "Esta es una política incesante de la AGD-UBA en derechos humanos, al punto que es querellante en todas las causas de desaparición de docentes de la universidad", destacó Celotto, dirigente del gremio.
La resolución que suspendió a Casalla fue aprobada por unanimidad el lunes pasado y, la semana que viene, la Comisión de Interpretación y Reglamento debatirá una nueva iniciativa que busca elevar al Consejo Superior de la UBA el pedido de juicio académico al profesor. Por su lado, AGD-UBA ya presentó un proyecto en el Consejo Superior con la misma solicitud.
"Yo no mandé ninguna carta a los servicios de inteligencia de Salta –sostuvo Casalla ante este diario–. Esa carta no está firmada ni por mí ni por nadie. A mí me echaron de la universidad (en 1976). En cuanto a la causa Arra, a quien no conocí, no era del Departamento de Humanidades (del que Casalla había sido director), sino de Ciencias Naturales, y por la propia estructura de la UNSA no se puede nombrar o cesantear personas de otros departamentos. Además, la desaparición de Arra fue en junio de 1975 y yo aún no era secretario académico, lo fui a partir de octubre."

–¿Por qué su nombre aparece involucrado en esta causa?
–Hay dos respuestas. En Salta hay una pelea local muy grande entre el gobierno provincial y la gente que ha quedado afuera. Allí no van por mí, pero en lo nacional hay dos personas que trabajan activamente en esto, es una puja por el espacio cultural y universitario.

También en diálogo con Páginað12, el abogado Martín Avila, de la Secretaría de Derechos Humanos, explicó: "Cuando la dictadura te quería echar, eras marxista. Pasabas de ser marcador a ser marcado. Es lógico que Casalla desmienta haber escrito la carta, pero todos los decretos existen, las resoluciones universitarias donde se fueron cesanteando a los docentes que luego desaparecieron están, y no sé qué podrá decir ante esto. Hay que destacar que la UNSA es querellante en las causas de profesores desaparecidos. Sería muy importante, de igual manera, que la UBA tome la misma postura".
[Informe de Agustín Saavedra.]
18 de noviembre de 2011
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amenazas que no se investigaron


Denuncian ante la procuración al fiscal general de Córdoba, Gustavo Vidal Lascano. Julio César Giménez acusó al funcionario judicial de no investigar las amenazas que habría recibido de un comisario general luego de que abriera una causa sobre la muerte de su padre, asesinado en febrero de 1976.
[Ailín Bullentini] Argentina. El fiscal general de Córdoba, Gustavo Vidal Lascano, fue denunciado ante la Procuración General de la Nación por un comisario de esa provincia, Julio César Giménez, quien lo acusa de no estudiar las amenazas que le habría realizado un superior a partir del pedido que presentó a la Justicia para que se analice el crimen de su padre, en febrero de 1976, cuando ejercía como secretario general del gremio de pasteleros en Córdoba. Giménez aseguró que denunció ante Vidal Lascano que el comisario general de Córdoba Ramón Frías le había advertido que se "deje de joder con lo del D2 (el Departamento de Informaciones de la policía provincial)", pero que el fiscal "se dedicó a investigar al denunciante y a su entorno familiar".
En una conferencia de prensa ofrecida ayer, Giménez informó sobre el documento que presentó la última semana de octubre a la Procuración. Si bien aún no hubo respuesta, desde el organismo informaron que la situación de Vidal Lascano "es comprometida" en relación con una causa que investiga el desempeño de funcionarios judiciales durante la última dictadura. "Desestimó la investigación de varios empleados judiciales, por lo que recibió varias denuncias", explicaron. El Consejo Evaluador está analizando si le abre un jury.
"Giménez denunció las amenazas hace más de dos años. Vidal Lascano lo indagó dos veces a él, otras dos veces a su concubina y averiguó sus antecedentes penales. A Frías ni lo mencionó", explicó a este diario el abogado del denunciante, Hugo Vaca Narvaja. Las denuncias de Giménez por amenazas están a punto de prescribir.
Frías "me dijo que me iba a trasladar a Córdoba ‘para que te dejés de joder con lo del D2’ y que si no la terminaba me iba a pasar los mismo que a mi papá", aseguró Giménez haberle contado a Vidal Lascano. Según informó el abogado, Giménez, quien finalmente fue trasladado a la capital provincial y que hoy se encuentra bajo licencia, recibió las amenazas luego de haber activado en la Justicia la investigación sobre el asesinato de su padre en febrero de 1976. "Después de recopilar datos manifesté las sospechas de que el homicidio fue realizado por el Comando Libertadores de América (versión local de la Triple A)", añadió Giménez, quien recordó que de esa organización "formaban parte integrantes del D2", que funcionó como centro clandestino de detención y torturas durante la última dictadura.
17 de noviembre de 2011
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más pruebas del plan sistemático


La periodista de Página/12, Victoria Ginzberg, declaró en el juicio sobre el robo de bebés. Según documento desclasificado dictador Bignone reconoció apropiaciones de hijos de asesinados, pero se negó a devolverlos a sus familias. Se calculan en 500 los casos de bebés robados.

Argentina. Fue convocada por una nota escrita en 2002 referida a los documentos desclasificados por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Uno de los papeles revela que el dictador Reynaldo Bignone reconocía en 1982 la apropiación de bebés y se negaba a devolver a los niños a sus familias.

"Toqué con el embajador el tema de los niños, como los chicos nacidos en prisión o los chicos sacados a sus familias durante la guerra sucia. Mientras los desaparecidos estaban muertos, estos niños estaban vivos y esto era, en un sentido, el más grave problema humanitario. El embajador coincidió completamente y ya había hablado esto con su ministro de Relaciones Exteriores y su presidente. Ellos no rechazaron su visión, pero señalaron el problema de, por ejemplo, quitar los chicos a sus padres adoptivos." El párrafo fue escrito por Elliot Abrams, de la oficina de derechos humanos de la Subsecretaría de Estado norteamericana. Figura en uno de los documentos desclasificados por los Estados Unidos en 2002 que fue publicado en ese momento por Página/12. Se trata de una prueba de la existencia de un plan sistemático para apropiarse de los hijos de desaparecidos, ya que demuestra que el dictador Reynaldo Bignone estaba al tanto del "tema" de los niños apropiados y se negaba a devolverlos a sus familiares para no "quitar a los chicos de sus padres adoptivos". La periodista de Página/12 Victoria Ginzberg declaró ayer en el juicio oral que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 6 y, además de ratificar el contenido de las notas publicadas en 2002 por este diario, profundizó acerca de las menciones a los niños desaparecidos que hay en los papeles del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Uno de los documentos utilizados en la nota titulada "El embajador y el plan sistemático", del 23 de agosto de 2002, por la que fue convocada la periodista, da cuenta de que el 3 de diciembre de 1982, a la una del mediodía, el por entonces embajador argentino en Estados Unidos, Lucio Alberto García del Solar, se reunió con Abrams en la confitería Jockey Club, en el hotel Ritz-Carlton de Washington. "Había dos temas principales, la certificación (una especie de certificado de buena conducta) y la cuestión de los desaparecidos", apuntó el funcionario estadounidense al elaborar el memorándum en el que relató el encuentro.
Luego del análisis político, Abrams introdujo el tema de los niños desaparecidos. En este asunto, obtuvo la simpatía personal de García del Solar pero el rechazo oficial del Gobierno, encarnado en el canciller –que por ese entonces era Juan Ramón Aguirre Lanari– y en quien ocupaba la usurpada presidencia, Reynaldo Benito Bignone.
"Yo sugerí que ese problema debería ser manejado por la Iglesia o por una comisión que incluya a la Iglesia, doctores, etc. Las acciones respecto de estos chicos podrían tener un enorme contenido humanitario y político. Nuevamente el embajador dijo que estaba completamente de acuerdo y que tocaría este punto una vez más con Buenos Aires", prosigue el documento. El papel contiene un par de párrafos que aún permanecen ocultos, ya que el gobierno norteamericano no autorizó su difusión completa. Como podría contener información sensible para el proceso que llevan adelante los jueces María del Carmen Roqueta, Julio Luis Panelo y Domingo Luis Altieri, los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo, Luciano Hazan y Alan Iud, pidieron que se solicite la difusión completa de dicho documento.
En agosto de 2002, el Departamento de Estado de los Estados Unidos desclasificó 4677 cables sobre violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar en la Argentina. La apertura de esos archivos había sido solicitada dos años antes por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y el Centro de Estudios Legales y Sociales durante una reunión con la entonces secretaria de Estado Madeleine Albright en Buenos Aires. Uno de los aportes de esos papeles fue mostrar que lo que los militares callaban y aún ocultan en público, lo admitían sin tapujos hace 30 años ante funcionarios de la embajada norteamericana.

- Otros cables del Departamento de Estado citados en la nota publicada el 23 de agosto de 2002 y mencionados por la periodista de Página/12 durante su testimonio describen que en el año 1978 los funcionarios norteamericanos eran escépticos sobre la posibilidad de que los militares argentinos llegaran al punto de secuestrar niños o apropiarse de bebés nacidos durante el cautiverio de sus madres. "Nosotros sabemos que el gobierno argentino cree que los adolescentes son capaces de actividad terrorista y que hubo arrestos de adolescentes. (...) Miembros del gobierno declararon a miembros de la embajada que las operaciones no podían estar limitadas por la edad porque un grupo de adolescentes impresionables es un área fértil para la penetración de terroristas y subversivos. Se reportaron un número de casos de adolescentes desaparecidos. Creemos que fueron estos elementos los que originaron las declaraciones sobre chicos desaparecidos", se asegura en un documento del 29 de septiembre de 1978.

El tiempo les fue demostrando que estaban equivocados. Durante 1979 se fueron incrementando las denuncias que recibían vinculadas a los niños desaparecidos. En un cable de enero de 1979 se mencionan 22 hechos, entre casos de adolescentes y niños pequeños, como Amaral García, de tres años, Pablo Menna, de dos, y Simón Riquelo, de 20 días. Dos meses después, aparece entre los papeles de interés del Departamento de Estado un informe de Amnistía Internacional de marzo de 1979 en el que se habla no sólo de niños desaparecidos sino también de posibles apropiaciones de bebés nacidos durante el cautiverio de sus madres. "Hay reportes no confirmados acerca de que a chicos secuestrados les fueron dadas nuevas identidades y enviados a adopción. Otro grupo de mujeres, que se hicieron conocidas como Abuelas de Plaza de Mayo, están buscando nietos que nunca vieron. Las Abuelas sólo saben que sus hijas o nueras estaban embarazadas cuando desaparecieron", señalaba el organismo de derechos humanos antes de mencionar los nombres de las mujeres que podían haber dado a luz cuando estaban secuestradas, como Liliana Fontana, Silvina Parodi, Beatriz Recchia, María Claudia García Irureta Goyena, Ana María Lancillotto, Mónica María Lemos, entre otros.

- Según se desprende de otro documento, diecisiete días antes de la reunión entre Abrams y García del Solar, las Abuelas de Plaza de Mayo se habían reunido con funcionarios del Departamento de Estado. María Isabel Mariani –por entonces presidenta de la institución– y Estela de Carlotto –vicepresidenta (aparece como Carloti en el papel)– explicaron el 15 de noviembre de 1982 "que representaban a 117 abuelas cuyos 110 nietos fueron secuestrados con sus padres desaparecidos o que nacieron durante la detención de sus padres". "Dijeron que hay probablemente 400 niños desaparecidos, pero que otros abuelos tienen miedo de denunciar. Las Abuelas no pudieron obtener ninguna respuesta del gobierno argentino sobre sus nietos. Agregaron que están convencidas de que sus nietos están vivos y que la mayoría están ya ubicados con padres adoptivos." Finalmente, está el memo de la reunión entre Abrams y García del Solar. Allí ambos dan por sentado que los niños fueron secuestrados, que fueron entregados a "familias adoptivas", y el embajador informa que el dictador Bignone se resistía a la propuesta del funcionario norteamericano que consistía en dar al tema una "salida humanitaria" (es decir devolverlos a sus familias) con intervención de una junta médica o de la Iglesia. Como es sabido, los represores argentinos no entregaron a los niños buscados por las Abuelas de Plaza de Mayo. En estos 34 años el organismo de derechos humanos logró que 105 niños, hoy jóvenes, recuperaran su identidad. Aún quedan 400 casos sin resolver.
16 de noviembre de 2011
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las abuelas en la pantalla grande


El preestreno de ‘Verdades verdaderas’, la película sobre la vida de Estela de Carlotto.
Argentina. "Ojalá que esta historia ayude a que muchas más personas encuentren su verdadera identidad", dijo ayer la presidenta de las Abuelas en el Teatro Argentino de La Plata, antes de que se proyectara el film de Nicolás Gil Lavedra.

"Soy una mujer común que hizo lo que tenía que hacer. Una madre hace eso." La titular de la Asociación Abuelas de Plaza de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, explicaba, con esas palabras, por qué se resistió durante casi seis años a prestar su historia para que alguien la contara en una película. Hasta que un día aceptó. Ayer se realizó el preestreno de ‘Verdades verdaderas’. La vida de Estela, en el Teatro Argentino de la Plata. "Ella decía que no era ninguna mujer extraordinaria y yo le decía: ‘Buenísimo, mejor. Para mí sos una mujer común, y eso es lo mejor de esta historia’", comentó su director, Nicolás Gil Lavedra.
En el hall del Teatro Argentino de La Plata, la ciudad en la que nació y en la que vive Carlotto, cientos de chicos hacían cola en la boletería. Chicos con remeras de la Juventud Sindical, de La Cámpora, de Evita Corazón, chicos con las remeras que dicen "Juicio y castigo, yo me pongo la camiseta". En una silla, cerca del ascensor, estaba Rosa Rosinblit, la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. "¡Una foto, una foto!", le pidió un grupo de cinco jóvenes con remeras de La Cámpora. Y Rosinblit se dejó abrazar y sonrió a la cámara del celular del fotógrafo. "Conozco a Estela desde hace 33 años, así que para mí no va a haber cosas nuevas en la película. Pero de todas maneras es interesante verla", comentó, y describió sus expectativas sobre los efectos que la película podría tener en la realidad: "Estoy segura de que va a trascender lo que es el cine, porque todo lo que concierne a Abuelas de Plaza de Mayo trasciende en el país y afuera del país".
Que aparezcan más nietos recuperados: ése es uno de los efectos esperados de Verdades verdaderas, en la que Susú Pecoraro interpreta el papel de Estela de Carlotto. "Nicolás, la forma en la que pensó la película, me convenció de que vale la pena hacer algo. Para que la historia lo tenga y para que vengan más nietos", explicó la titular de Abuelas. "Ojalá que esta historia ayude a que muchas más personas encuentren su verdadera identidad", agregó. El director de la película también remarcó que las expectativas van más allá del cine: "El arte siempre se trasciende a sí mismo. No funciona sólo para entretener. Puede ayudar a educar. Puede servir. Se trata de que la película sirva para encontrar métodos de lucha y que a través del ejemplo, de la identificación con una angustia o con un drama, las personas puedan seguir adelante". Gil Lavedra destacó, además, el anclaje humano de la trama: "Su historia se puede adecuar a la de cualquier abuela, cualquier madre, cualquier mujer que sufra una injusticia de cualquier tipo, no sólo la dictadura".
El diputado Ricardo Gil Lavedra, que es el papá del director, estuvo entre el público. Gil Lavedra formó parte del tribunal que juzgó a las Juntas y fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Probablemente eligió este tema por lo que se vivió en casa, pero somos seres autónomos", explicó.
Fueron al estreno, entre otros, el gobernador Daniel Scioli; el ministro de Justicia, Julio Alak; el diputado electo y líder de la Juventud Sindical, Facundo Moyano; la diputada Diana Conti y el cineasta David Blaustein. Carlotto estuvo acompañada por sus hijos Remo, Kivo y Claudia. "Es una película que habla de política, pero no es una película política. Mejor dicho sí, es política, pero no partidaria. El eje está puesto en lo humano: no importa si sos radical, peronista o socialista", explicó el director.
[Informe de Sol Prieto].
16 de noviembre de 2011
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nada impide juzgar a díaz bessone


El juicio sigue pero Díaz Bessone lo verá desde el Hospital Militar. La defensa había pedido la suspensión del proceso, pero el Tribunal decidió que se continúe con los alegatos de las partes.
[José Maggi] Argentina. El Tribunal Oral Federal Nº 2 decidió ayer que continúe con el juicio al ex general Ramón Genaro Díaz Bessone, y que éste siga las alternativas desde el Hospital Militar de Buenos Aires, donde está internado después de aducir haber sufrido un accidente cerebro vascular. Los miembros del TOF lo resolvieron después de escuchar las conclusiones de la junta médica que diagnosticó que el ex militar está en condiciones psíquicas de entender lo que pasa en las audiencias pero no tiene la aptitud física para estar presente en las mismas.
Antes de comenzar la audiencia la defensa de Díaz Bessone solicitó que el juicio se suspenda respecto de su defendido. Para tomar una resolución, el TOF 2 ordenó la lectura del informe oficial de la pericia realizada el 7 de noviembre pasado en el hospital militar de Buenos Aires que se dividió en psicológica y neurológica. Las conclusiones de la primera fueron que "el imputado se encuentra desde el punto de vista psíquico en condiciones de estar en juicio, firmado por el perito oficial y los peritos de parte".
En tanto la evaluación neurológica arrojó como conclusión que sobre las condiciones psico-físicas: se deben efectuar exámenes complementarios. "Se considera que en el momento actual no está en condiciones para estar en juicio", señaló esta evaluación.
Cabe indicar que, los peritos de la querella manifestaron en su informe ampliatorio que, "no se han realizado los estudios complementarios en su totalidad que permitan una definición a sus posibilidades de presenciar las audiencias, a la brevedad deben requerirse desde el tribunal, en la medida en que se vayan realizando, los estudios pendientes y que en el plazo de 15 días se revalúe neurológicamente al imputado en relación a sus posibilidades físicas de estar presentes en las audiencias"
Es así que, la fiscalía sostuvo que "no corresponde suspender el debate. Desde el punto de vista psíquico esta en condiciones de estar en juicio. Entendemos que en este tramo, el de los alegatos, netamente técnico, no resulta necesaria la presencia de los imputados, por lo que puede seguir estando en juicio. El propio imputado ha optado permanecer afuera, con lo cual esto meritaría el rechazo de lo planteado", dijeron desde la fiscalía federal.
La querella de Ladh y Familiares adhirió al planteo del fiscal. "Se habla de exámenes que pueden desarrollarse en forma ambulatoria y el mismo se encuentra en condiciones de escuchar por Internet, además debemos estar al plazo de 15 días propuesto por la pericia propuesta por esta parte", dijo la abogada Gabriela Durruty.
En ese sentido, "los peritos de la querella de la Liga y Familiares (Oscar Pellegrini, Gisela Felibert y Juan Ostre) acompañaron una ampliación de pericia para que en el término de 15 días se realice una nueva evaluación luego de realizar una serie de análisis", agregó la abogada.
Por su parte, la querella de la secretaría de Derechos Humanos y de Hijos adhirió a las respuestas de las acusaciones. En consecuencia el TOF 2 resolvió "no hacer lugar al planteo del defensor del imputado". El juicio continuará el lunes 21 a las 9.30.
15 de noviembre de 2011
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más testimonios comprometen a romano


En la segunda jornada del jury de enjuiciamiento contra el ex camarista prófugo en Chile, el juez de la Suprema Corte mendocina, Mario Daniel Adaro (en la foto), aseveró que el acusado "cumplió un rol en un sistema de represión, violencia y tortura que necesitaba impunidad".
Argentina. También testimonió Luis Jorge Toledo, secuestrado el 27 de marzo de 1976 en Godoy Cruz, quien recordó que en una oportunidad fue conducido con los ojos tapados ante Otilio Romano, por entonces fiscal general, quien le propuso firmar un escrito de "arrepentimiento" a cambio de obtener su libertad.
En su declaración el juez Adaro -en ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos mendocino- consideró que Romano tuvo un "accionar no acorde a la investidura, ante las denuncias de violaciones, vejaciones, torturas y robos de bienes’‘.
En la audiencia de ayer el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Hernán Luis Ordiales, había hecho una afirmación en la misma tónica, al sostener que el camarista sometido a juicio político fue "cómplice y encubridor del terrorismo de estado y prestó colaboración fundamental a los represores" de la última dictadura cívico-militar.
Romano huyó a Chile un día antes de que el Consejo de la Magistratura lo suspendiera para iniciarle juicio político, a fines de agosto. Fue declarado prófugo en el expediente donde está procesado en Mendoza como partícipe en 103 crímenes de lesa humanidad. El juez Walter Bento pidió su captura, aunque la dejó supeditada al proceso de remoción. Si el Jurado de Enjuiciamiento destituye a Romano, se activará la orden de arresto. A diferencia del juicio penal, el político se puede hacer en ausencia. La defensora que actúa en su nombre jamás tuvo contacto con él. Ni siquiera sabe si sigue en territorio chileno. Para dejar su postura a salvo dijo: "No tengo que coincidir con Romano para defenderlo".
15 de noviembre de 2011
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