complicado inicio para juez fugitivo
Comenzó el juicio político al camarista Otilio Romano, prófugo en Chile. Los consejeros de la Magistratura que actúan como fiscales acusaron a Romano de omitir en forma "deliberada" y "sistemática" la denuncia e investigación de secuestros, torturas y desapariciones durante la dictadura. Declararon testigos directos.
[Irina Hauser] Argentina. El juicio político al camarista mendocino fugitivo Otilio Romano no empezó de la mejor manera para él, ya que la defensora oficial que lo representa en su ausencia, Fabiana León, arrancó su exposición aclarando que está excusada de la defensa de acusados por violaciones a los derechos humanos, pero en este caso tuvo que aceptarla por una obligación profesional. Lo hizo, deslizó, según el criterio que sostiene la Defensoría General para este caso: que la acusación por mal desempeño que podría derivar en la destitución de Romano es independiente de la causa penal en su contra por un centenar de delitos de lesa humanidad. Sin embargo, para los dos consejeros de la Magistratura que actúan como fiscales, son cuestiones indisociables. De hecho lo acusaron de haber "omitido en forma reiterada y prolongada en el tiempo" la denuncia e investigación de secuestros, torturas y desapariciones "de los que habría tenido conocimiento" como fiscal y juez subrogante entre 1975 y 1983. Esa "omisión", dijeron, fue "deliberada" y "sistemática" y muestra que "prestó una colaboración fundamental" con el terrorismo de Estado. En la primera audiencia del jury declararon ex detenidos, testigos directos.
Romano huyó a Chile un día antes de que el Consejo de la Magistratura lo suspendiera para iniciarle juicio político, a fines de agosto. Fue declarado prófugo en el expediente donde está procesado en Mendoza como partícipe en 103 crímenes de lesa humanidad. El juez Walter Bento pidió su captura, aunque la dejó supeditada al proceso de remoción. Si el Jurado de Enjuiciamiento destituye a Romano, se activará la orden de arresto. A diferencia del juicio penal, el político se puede hacer en ausencia. La defensora que actúa en su nombre jamás tuvo contacto con él. Ni siquiera sabe si sigue en territorio chileno. Para dejar su postura a salvo dijo: "No tengo que coincidir con Romano para defenderlo". El eje de su defensa es que le imputan actos como fiscal y no como juez, lo que –sostiene– está fuera de la órbita del Consejo.
El juicio, presidido por la jueza Alicia Noli, empezó con la sala casi llena de asesores judiciales, organismos de derechos humanos y estudiantes. "Romano no reúne las calidades mínimas para continuar siendo magistrado", advirtió Hernán Ordiales, representante del Poder Ejecutivo, acusador junto con el diputado Carlos Moreno (FpV). Le imputó siete cargos que confluyen en su "omisión deliberada" de "investigar y/o denunciar secuestros, torturas, violaciones, robos, golpes, que tuvo el privilegio de conocer en su calidad de fiscal federal y de juez federal subrogante, y de boca de las propias víctimas o de sus familiares más directos". Al contrario, señaló Ordiales, contra ellos "demostró una llamativa diligencia" para acusarlos por "la (llamada) ley antisubversiva 20.840". Su conducta, sostuvo, fue "funcional al aparato represivo" y se extendió después de su ascenso como camarista en 1993. Consideró que su carácter de prófugo es un agravante.
Los testigos dieron ejemplos palpables. Luz Faingold recordó su detención a los 17 años cuando militaba en el secundario y fue llevada al D2, una cárcel de adultos. De pelo negro lacio y ojos color miel, revivió ayer las torturas y agresiones sexuales que sufrió estando detenida "igual que todas las mujeres", que nadie investigó. Contó el día que Romano –el fiscal que la acusaba de "delincuente subversiva"– apareció en su calabozo: "Abrió la puerta, miró y se fue. Yo estaba tirada en el piso, deshidratada. Pensé que venía a buscarme, a sacarme de ese lugar". Romano y el ex juez Luis Miret –destituido el año pasado– negaron la restitución de Luz a sus padres, que la reclamaban.
Silvia Ontivero, de ojos chiquitos y corte carré, estuvo seis años detenida, en Mendoza y Devoto. Era delegada gremial de ATE. Recordó las golpizas y su ropa destruida por los ataques sexuales. "Le mostré al juez lo lastimada que estaba y me preguntó si me había caído", relató. Romano era el fiscal. También lo era en el expediente que le armaron a Héctor Rosendo Chaves, abogado de presos políticos en los ’70. "Me indagaron tres años después de detenido; denuncié torturas y no se investigó nada. Es evidente la estrecha relación entre la Justicia y la represión", dijo.
A Daniel Pina, médico, lo detuvieron por orden de Romano, acusándolo de integrar seis organizaciones. Al firmar una declaración con los ojos vendados escribió "Apelo", alegando que era su apellido. En vano denunció torturas y el asesinato de otro preso, Luis Moriña. Otros detenidos, recordó, decían que Romano y Miret "presenciaban torturas". Por la tarde testificó Alicia Saadi, que integraba la Comisión de Acuerdos del Senado cuando Romano fue nombrado camarista. Dijo que de haber habido impugnaciones –no hubo– ella no aprobaba el pliego.
Haydée Fernández conmovió a quienes la escuchaban. Bajita y rubiona, contó cómo pasó de defender presos políticos a caer presa por la "ley antisubversiva" el 16 marzo de 1976. Recordó "la picana eléctrica", que dejaron de aplicarle "cuando se llenó de presos después del golpe", y el laberinto judicial en el que Romano le decía a su hermana, que había presentado un hábeas corpus, que ignoraba dónde estaba. Detalló que quienes iban a ver a las presas llegaban bañados en whisky para no sentirles el olor y que una compañera fue torturada alrededor de la herida de una histerectomía que le acababan de practicar. "¿Qué más pruebas quieren de Romano? Toda la Justicia era cómplice, por eso nosotros no teníamos salida", aseguró. "En la cárcel –le dijo a Página/12– soñábamos con que llegara este día, así resistíamos."
15 de noviembre de 2011
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[Alejandra Dandan] Argentina. Hablaron las dos, en contraplano, de la misma historia. Primero entró en la sala de audiencias la tía Lucía, testigo del nacimiento de Mariana Zaffaroni Islas y de la pérdida de todas sus pistas. Luego entró Mariana, secuestrada en Automotores Orletti cuando tenía poco más de un año, robada por Miguel Angel Furci y luego sacada a Paraguay. Mariana dijo en la audiencia que recuperar la identidad fue liberador porque le permitió entender que tenía un espacio de pertenencia. Y cuando uno de los jueces volvió a preguntarle por sus miedos, ella volvió a una escena del baño.
Argentina. El juez federal, Daniel Rafecas, extendió las imputaciones contra el Oficial Médico Jorge Luis Magnacco -ginecólogo en la maternidad de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA)- y el represor Adolfo Miguel Donda Tigel -tío paterno-, al ordenar que presten declaración indagatoria los días 15 y 17 de noviembre, como imputados "por su presunta participación en la sustracción y ocultamiento", durante la última dictadura militar, de la actual diputada Nacional Victoria Donda, hija biológica de los aún desaparecidos María Hilda Pérez y José María Donda.
Argentina. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados inició el juicio político al suspendido integrante de la Cámara Federal de Mendoza Otilio Romano por su presunta complicidad con los crímenes de la última dictadura. El camarista sospechado no está presente en las audiencias ya que se encuentra en Chile. Durante la primera audiencia, el representante del Poder Ejecutivo, Hernán Ordiales, acusó a Romano de ser "cómplice y encubridor del terrorismo de Estado".
Argentina. Estas son las palabras que el presidente del CELS expuso en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad sobre el proceso de Memoria, Verdad y Justicia en la Argentina.
[Lorena Panzerini] Argentina. "Cuando me detuvieron, me introdujeron el caño de una pistola en la vagina". El impactante relato pertenece a una de las veinte mujeres que se animaron a contar lo que les pasó durante la última dictadura militar en Argentina. Fueron detenidas, torturadas física y moralmente, y violadas. Este último delito es el que motivó el lanzamiento del libro que ayer presentaron el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar) y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), en el Museo de la Memoria, junto a la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Rosa Acosta. ‘Grietas en el silencio’ cuenta con testimonios de las víctimas sobre sus vivencias más aberrantes mientras estuvieron presas, en manos de los genocidas, pero también tiene información sobre las cuestiones penales de estos casos puntuales dentro de los delitos de lesa humanidad, en el contexto nacional e internacional. "Nuestro objetivo es convencer a los jueces de todo el país que no sigan ignorando esto, que no haya ceguera de género, porque si no se sancionan y se visibilizan estos casos, la situación se replica en la vida cotidiana durante la democracia", dijo Susana Chiarotti, autora del texto junto con Analía Aucía, Florencia Barrera, Celina Berterame, Alejandra Paolini y Cristina Zurutuza.
Argentina. El suspendido camarista mendocino, prófugo de la Justicia, Otilio Romano, será sometido desde el lunes a un jury de enjuiciamiento, acusado de complicidad con el terrorismo de Estado durante la última dictadura militar, tras ser procesado como "partícipe primario" en casos de secuestros, torturas, homicidios, robo de bienes, allanamientos ilegales y archivo de una causa por apropiación de una niña.
[Diego Martínez] Argentina. Tres ex pilotos de los Skyvan desde los que se arrojaron secuestrados vivos al mar durante la última dictadura podrían compartir con Jorge "El Tigre" Acosta, Juan Carlos Rolón & Cía. el banquillo del próximo juicio por delitos de lesa humanidad en la ESMA. La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento con prisión preventiva de los ex prefectos Enrique De Saint George, Mario Daniel Arru y Alejandro D’Agostino, identificados en una investigación del Ministerio Público Fiscal como pilotos del vuelo nocturno del 14 de diciembre de 1977 en el que habrían sido ejecutadas las monjas francesas, las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y los familiares secuestrados en la Iglesia de la Santa Cruz. Sigue libre e impune en Necochea el superior de los aviadores, prefecto general Hilario Ramón Fariña, ex jefe de la División Aviación de Prefectura durante la dictadura, denunciado desde 1984 ante la Conadep como responsable de "tirar desde los aviones Skyvan al mar a la gente secuestrada y torturada en la ESMA".