mandaban a robar a los reos
Un grupo de internos de la Unidad 45 próxima a La Plata denunció que los obligan a salir a robar para los penitenciarios. Mostraron fotos tomadas dentro del penal con proyectiles y uniformes policiales. Robaban autos y viviendas en la ciudad de Buenos Aires.
[Horacio Cecchi] Argentina. Un grupo de presos de la Unidad 45 de Melchor Romero presentó una denuncia ante la Justicia de La Plata: sostuvieron que miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense les abrían la puerta para que salieran a robar. Presentaron fotos, balas que les proveían para robar, artículos robados y señalaron lugares y momentos en que habían robado autos de alta gama y viviendas en la ciudad de Buenos Aires. La denuncia la presentaron a través del Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. Al rato, recibieron otra visita, de los carceleros, que los amasijaron a golpes. El Comité constató los golpes, pero médicos del SPB no encontraron marcas en los cuerpos de los presos. Una fiscal platense investiga las denuncias, mientras Casal instaló Asuntos Internos en el penal. Resulta curioso que, aunque repetidos, casos como éste no provoquen marchas en reclamo contra la ola de inseguridad.
El 2 de noviembre pasado, un grupo de presos del pabellón 6 de la Unidad 45 en Melchor Romero pidieron la presencia del Comité Contra la Tortura. El motivo: los presos informaron que penitenciarios de esa unidad los obligan a salir a robar desde hacía tiempo. El método es sencillo y no es la primera vez que se denuncia: los guardias abren la puerta y dan permisos de salida a aquellos presos que están dispuestos a robar para ellos. En marzo de 2000, dos presos que habían salido a robar tomaron rehenes en La Paternal y terminaron acribillados por la Federal junto a uno de sus rehenes, que recibió graves heridas de bala. Presos de la ex cárcel de Caseros y Devoto estuvieron vinculados a robos al restaurante Dolli. También, tal como informó Página/12, presos de la Unidad 48 de San Martín denunciaron, en marzo pasado, que debían salir a robar y que luego los autos robados eran cortados dentro del penal, y que uno de ellos se negó y violaron a su mujer.
Cuando los integrantes del Comité Contra la Tortura se presentaron en la U45, los presos detallaron el procedimiento y mostraron fotos que habían tomado con un celular. En las fotos se ve a algunos de los presos con un puñado de balas en sus manos. En otras fotografías se los puede ver vistiendo partes de uniformes policiales. También, registraron fotos de objetos robados como relojes, celulares y alhajas. Y describieron algunas de las viviendas que asaltaron, de donde aseguraron haber llevado 30.000 dólares, electrodomésticos y joyas. También, sitios donde robaron autos de alta gama que luego debían llevar a determinados talleres donde los vehículos eran cortados en autopartes. Los denunciantes sostuvieron que los penitenciarios los proveían de vehículos, uniformes y armas y les indicaban las zonas a robar en la Capital Federal.
Los presos pidieron la asistencia del Comité Contra la Tortura con urgencia. Pero cuando los integrantes del CCT se retiraron recibieron una comunicación telefónica en la que les avisaban que los alojados en la celda 9 del pabellón 6 fueron salvajemente castigados por guardias. "A raíz de estas gravísimas denuncias nos constituimos en la Unidad 45, donde verificamos la gravedad de los hechos denunciados y constatamos las lesiones que padecen Iván Acuña Castaña, Diego Barros Cisneros, Juan Argarañaz Ruiz, Edgardo Cazal López", señala la abogada del CCT Verónica Bogliano en su presentación ante la Justicia. Los médicos del SPB no encontraron marcas de golpes propinados por sus colegas a los denunciantes.
El caso lo investiga la fiscal platense Virginia Bravo, que ya tomó declaración a los presos, que ratificaron su denuncia. También pidió a la Policía Federal que determine si en las fechas y lugares informados se habían recibido denuncias de robos. Mientras, el ministro de Seguridad y Justicia, Ricardo Casal, ordenó al director general de Seguridad del SPB, Rubén Mazzeo, que se instale en el penal. También ordenó que la oficina de Asuntos Internos se ubicara en el penal para "colaborar" con la Justicia. Un modo de vigilar (y castigar).
11 de noviembre de 2011
9 de noviembre de 2011
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[José Maggi] Argentina. El juez federal Marcelo Bailaque consideró ayer que una violación cometida durante la última dictadura es un delito de lesa humanidad. Bajo esta imputación indagó a Mario Alfredo Marcote, alias "el Cura" quien fuera denunciado por Stella Hernández como el autor de la misma en el centro clandestino de detención que funcionara en el Servicio de Informaciones. En la indagatoria al "Cura" se le imputó el delito previsto en el artículo 119 inciso 3 del Código Penal, que es el de la violación mediando fuerza o intimidación, para lo cual el juez Bailaque declaró por primera vez en Rosario -con un solo antecedente en el país-, a este hecho aberrante como un delito de lesa humanidad y por ende imprescriptible.
[Alejandra Dandan] Argentina. Luis Abelardo Patti vuelve a dar batalla. Esta vez no lo hace de la mano del ex camarista Alfredo Bisordi, devenido en abogado defensor durante el juicio oral, sino a través de su mujer y patrocinado por Valeria Corbacho, defensora de buena parte del staff de represores procesados en los últimos juicios. Las dos mujeres se sentaron en una sala de audiencias de los Tribunales de Retiro para pedirle a Casación el reingreso a su condición de detenido domiciliario. Patti está preso en el Hospital Penitenciario de Ezeiza, las mujeres quieren llevarlo de nuevo a su casa para que pueda seguir supuestamente con la rehabilitación médica en la Clínica Fleni de Escobar. La fiscalía, representada por Javier de Luca, dio batalla a su vez: se opuso al pedido, desarmó uno de los principales argumentos basado en los riesgos del traslado, pero además hizo eje en dos puntos clave: el rol del Estado y no de los particulares como garantes de los derechos de salud de las personas privadas de la libertad y cuestionó, acaso como nunca antes, como "parciales" los informes médicos del Fleni.
[José Maggi] San Nicolás, Argentina. Edgardo "Gato" Andrada se abstuvo ayer de declarar ante el juez federal de esta ciudad, Carlos Villafuerte Ruzo, quien lo había citado a pedido del fiscal Juan Patricio Murray por el secuestro y asesinato de los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, en mayo de 1983. El fiscal realizó ayer un nuevo pedido de detención y que se revoque la eximición de prisión que le asegura al ex futbolista de Central y Colón permanecer en libertad. El magistrado también ordenó la declaración indagatoria de Víctor "Chuli" Rodríguez, un teniente coronel retirado que preside la Asociación Sanmartiniana que cruza la cordillera de Los Andes a lomo de mula y que formaba parte del Destacamento de Inteligencia militar de entonces.
[José Maggi] Argentina. El ex capellán de la policía de Rosario Eugenio Zitelli, acusado por delitos de lesa humanidad cometidos en el Servicio de Informaciones de esa ciudad, quedó detenido ayer. El juez federal Marcelo Bailaque ordenó ayer la indagatoria de 17 represores, a quienes interrogará en los próximos días. Lo hizo en el marco de la llamada causa Feced residual. El nombre más impactante de la lista es el del sacerdote. La lista la encabeza Jorge Rafael Videla, le siguen el ex general Ramón Genaro Díaz Bessone y Alfredo Sotera –jefe de la inteligencia militar– y llega hasta quien hace unos días era el párroco de Casilda. "Es un paso trascendental para la Justicia, porque en la región no había ningún miembro de la jerarquía eclesiástica detenido por casos de terrorismo de Estado", señalo el fiscal federal Gonzalo Stara, quien había pedido la detención del sacerdote por el caso de Eduardo Bracaccini, entre otros, desaparecido de Casilda.
Argentina. En el marco de la causa Díaz Bessone, ayer continuó el alegato del abogado defensor, Germán Artola, analizando la prueba reunida en relación al imputado Mario Alfredo Marcote. El letrado insistió en señalar diferencias entre las fechas de detenciones manifestadas por los sobrevivientes y las que figuran en los partes policiales de la época, a los cuales considera de "absoluta validez".
[José Maggi] Argentina. El juez federal Marcelo Bailaque ordenó ayer la indagatoria de 17 represores, a quienes indagará en los próximos días. Lo hizo en el marco de la llamada causa Feced residual. El nombre más impactante de la lista es el del ex capellán de la policía de Rosario, Eugenio Zitelli, quien será indagado en el marco de los delitos de lesa humanidad cometidos en el Servicio de Informaciones. La lista la encabeza Jorge Rafael Videla, le sigue el ex general Ramón Genaro Díaz Bessone, y Alfredo Sotera -jefe de la inteligencia militar- y llega hasta quien hace unos días era el párroco de Casilda. "Es un paso trascendental para la justicia porque en la región no había ningún miembro de la jerarquía eclesiástica detenido por casos de terrorismo de estado", señaló el fiscal federal Gonzalo Stara quien había pedido la detención del sacerdote, por el caso de Eduardo Bracaccini entre otros, desaparecido de Casilda.
[José Maggi] Argentina. El represor del Servicio de Informaciones fue señalado por la víctima como el autor material del ataque. Es la primera vez que se presenta una denuncia en Rosario con esta acusación específica en el marco de la represión ilegal.