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más pesquisas en caso suppo

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Para abogados de la familia Suppo "no se puede descartar" hipótesis del crimen político. Los abogados querellantes advirtieron que el desdoblamiento de la investigación ordenada por el juez federal de Santa Fe Reinaldo Rodríguez va a contrapelo del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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[Juan Carlos Tizziani] Argentina. Desde Santa Fe La querella impugnó ayer la resolución del juez federal Reinaldo Rodríguez que elevó al Tribunal Oral de Santa Fe una parte de la causa por el asesinato de Silvia Suppo -para que sean juzgados los dos trapitos detenidos por el homicidio, Rodrigo Sosa y Rodolfo Cóceres sin profundizar la pesquisa de un supuesto crimen por encargo. Rodríguez desdobló el expediente: cerró la investigación sobre los presuntos autores materiales y dejó abierta la posibilidad de indagar en el futuro si también hubo autores ideológicos. La maniobra es idéntica a la que hizo el año pasado su antecesor en la causa, el juez de Rafaela, Alejandro Mognaschi, contradice el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que consagró la competencia federal porque "no se puede descartar" la hipótesis del crimen político y es causal de "nulidad absoluta", plantearon los abogados Lucila Puyol y Guillermo Munné, que representan a los hijos de Suppo. "No es posible que si la Corte ordenó profundizar la pesquisa sobre los responsables del homicidio de Silvia, el primer acto de la justicia federal sean no continuar la investigación respecto de los únicos dos procesados y detenidos en la causa. Esta contradicción con lo dispuesto por la Corte constituye una causal de nulidad absoluta y un agravio que justifica el recurso extraordinario ante el mismo tribunal supremo", advirtieron. En un escrito de siete carillas al que tuvo acceso Rosario/12, los abogados querellantes advirtieron que el desdoblamiento de la investigación va a contrapelo del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que radicó la causa en el Juzgado Federal Nº1 a cargo del doctor Rodríguez. "El 29 de marzo, la Corte dictó una resolución trascendental para la presente causa, que resulta obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales inferiores y para todas las partes de este proceso. Expresamente indica: `Que en tanto no puede descartarse que la muerte de Silvia S. Suppo, obstaculice el normal funcionamiento de los tribunales federales en donde tramitan causas en las que se investigan delitos calificados como de lesa humanidad, razones de mejor administración de justicia aconsejan que conozca en estas actuaciones la justicia federal’", recordaron los querellantes. Por lo tanto, "de modo alguno puede eximirse a Cóceres y Sosa de esta investigación ordenada por la Corte". Y mucho menos, si el juez Rodríguez repite lo que ya había hecho el juez Mognaschi, y fue cuestionado "por esta querella" y "por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación", a la que Mognaschi también rechazó como parte querellante en el proceso. "No es posible que si la Corte ordenó profundizar la pesquisa sobre los responsables del homicidio de Silvia, el primer acto de la justicia federal sean no continuar la investigación respecto de los únicos dos procesados y detenidos en la causa. Esta contradicción con lo dispuesto por la Corte constituye una causal de nulidad absoluta y un agravio que justifica el recurso extraordinario ante el mismo tribunal supremo", plantearon Puyol y Munné. "La sentencia de la Corte -recordaron- hizo lugar al requerimiento de esta querella y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y rechazó las posturas opuestas sostenidas por Mognaschi que ya habían sido revocadas por la Cámara de Apelaciones de Rafaela. No es admisible que se impongan los criterios rechazados de un juez provincial contra lo decidido por el más alto tribunal, por la vía de darle valor a aquellas decisiones propias de ese criterio rechazado que Mognaschi impulsó sin aguardar la decisión de la Corte sobre el tema". Además -plantearon los abogados "debe ponderarse suficientemente que la competencia federal decidida por la Corte, lo es en la medida que se impulse una imputación de un delito cometido para obstruir la acción de la justicia federal, respecto de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura". Porque de lo contrario, "la competencia para juzgar" el homicidio de Suppo sería la justicia ordinaria, como ya lo advirtió la Cámara Penal de Rafaela. "Ese es el criterio fijado por la Corte respecto de la desaparición de Jorge Julio López, y que se volvió a aplicar respecto de la investigación que debe desarrollarse sobre el homicidio de Silvia Suppo. Y así lo analizó la Cámara de Rafaela". "Un Tribunal Oral Federal no puede juzgar a dos imputados por un homicidio de competencia ordinaria provincial". Porque "esto determinaría también la nulidad absoluta de un juicio oral en sede federal contra Cóceres y Sosa sin imputación del tipo de delito que determina la competencia de excepción federal y que resulta propio de la justicia ordinaria. Un juicio nulo contra estos dos imputados del homicidio de Silvia Suppo, configuraría una grave situación de impunidad que desmentiría las funciones principales que debe brindar el servicio de justicia federal", agregaron. "De modo que el cumplimiento de lo ordenado por la Corte, requiere desarrollar la investigación respecto de Cóceres, Sosa y todo otro responsable del homicidio de Silvia Suppo, sobre la posibilidad de haber sido un crimen cometido para obstruir la acción de la justicia federal respecto de los crímenes de lesa humanidad, declarando nulos los actos opuestos a tal orden como el cierre de la instrucción respecto de Cóceres y Sosa y su elevación a juicio", concluyeron los abogados querellantes.
28 de mayo de 2011
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un crimen, dos causas en caso suppo

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Se desdobló la investigación judicial del asesinato de Silvia Suppo. El juez Rodríguez recibió el expediente que había tramitado su colega de Rafaela, Alejandro Mognaschi, tras el asesinato de Suppo y desglosó la parte del supuesto crimen por encargo y despachó el resto al Tribunal Oral de Santa Fe.

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[Juan Carlos Tizziani] Argentina. El juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, desdobló la investigación del asesinato de Silvia Suppo. Elevó al Tribunal Oral de Santa Fe una parte de la causa para que sean juzgados los dos detenidos por el homicidio, un trapito de Rafaela, Rodrigo Sosa, de 19 años, y su primo, Rodolfo Cóceres, de 21, y resolvió seguir investigando por cuerda separada la hipótesis del crimen por encargo, como le ordenó la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el debate, el tribunal estará integrado por los jueces santafesinos María Ivón Vella y José María Escobar Cello, más un tercer magistrado de Rosario o de Paraná que deberá designarlo la Cámara Nacional de Casación Penal en las próximas semanas, mientras que los dos imputados, Sosa y Cóceres, serán asistidos por el defensor oficial, Fabio Procajlo, el mismo que defendió al ex juez Víctor Brusa y a otros represores de la dictadura.
El doctor Rodríguez elevó la causa a juicio oral sin muchas diligencias. Recibió el expediente que había tramitado su colega, el juez de Instrucción Nº 2 de Rafaela, Alejandro Mognaschi, tras el asesinato de Suppo, el 29 de marzo del año pasado, desglosó la parte del crimen por encargo y despachó el resto al Tribunal Oral de Santa Fe.
Antes del fallo de la Corte que radicó la causa en el juzgado de Rodríguez, el juez Mognaschi estaba a punto de elevar la investigación a juicio oral en los Tribunales de Rafaela. Incluso, la fiscal Cristina Fortunato había hecho el requerimiento de elevación a juicio, cuando se planteó el conflicto de competencia y Mognaschi tuvo que elevar el expediente a la Corte nacional. Por lo tanto, vale repasar los últimos movimientos de la causa:

*1º de febrero. La fiscal de Rafaela firma la requisitoria de elevación a juicio para que Sosa y Cóceres sean juzgados por un tribunal de Rafaela.

* 21 de febrero. El procurador general de la Nación subrogante, Luis Santiago González Warcalde, dictamina que es competente en la causa el juez Mognaschi.

* 29 de marzo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación "comparte y hace suyos la descripción de los hechos y del trámite de la contienda de competencia", pero como "no puede descartarse que la muerte de Silvia Suppo" esté vinculada a su condición de víctima y testigo de delitos de lesa humanidad, ordena que la causa quede radicada en el juzgado de Rodríguez. El fallo fue votado por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti y sus colegas Elena Higth de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zafarroni.

*1º de abril. La Corte notifica al juez Mognaschi.

* 6 de abril. Mognaschi remite el expediente a Rodríguez.

* 11 de abril. El juez Rodriguez recibe el expediente el 325/10 "Cóceres, Rodolfo y Sosa, Rodrigo s/homicidio agravado", se avoca "al conocimiento de la causa" y resuelve tramitar por cuerda separada otro expediente Nº 325 Bis/10 para investigar la hipótesis del crimen por encargo, que cuando se planteó el conflicto de competencia con Mognaschi se negó a profundizar dos veces.

* 20 de mayo. El Tribunal Oral de Santa Fe recibe el expediente 325/10, reserva las pruebas en la Secretaría de Derechos Humanos y le pide a la Cámara Nacional de Casación Penal que "designe un juez ad hoc para integrar el tribunal en la presente causa".

Esto significa que la investigación llega a juicio oral, tal como la había dejado el juez Mognaschi y con la requisitoria de elevación a juicio que firmó la fiscal Fortunato, el 1º de febrero, en un escrito de dieciocho fojas.
Según la fiscal, las confesiones de Sosa y Cóceres de haber asesinado a Suppo "son verosímiles" y se ensamblan con "las pruebas reunidas de la causa". Y entendió que "se encuentra acreditado con el grado de probabilidad necesaria, no sólo la responsabilidad de los autores, sino la mecánica del hecho, excediendo con creces una sospecha o mera "posibilidad", siendo los elementos incriminantes positivos superiores y preponderantes a los negativos".
"La voluntad realizadora de los imputados ha estado directamente encaminada a la producción del resultado, quedando así evidenciado su claro desprecio por la vida humana que constituye entonces el motivo de la agravación de la figura penal seleccionada", el homicidio agravado. "La poca importancia que los autores le han otorgado a la vida, subestimándola al punto de sacrificarla sin miramientos en aras de alcanzar el éxito en la consumación del delito conexo robo al que consideraron de mayor importancia para salvaguardar su impunidad se presenta aquí en forma diáfana", concluyó Fortunato.
27 de mayo de 2011
©rosario 12

sigue la espera por el adn

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Argumentos de los Noble Herrera y de las Abuelas ante Casación. Los camaristas decidirían el próximo jueves si hacen lugar al pedido de nuevas muestras para realizar el análisis genético de los hijos adoptados por la dueña de Clarín. Las querellas defendieron la posibilidad de extracción de sangre compulsiva.

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[Alejandra Dandan] Argentina. "Esta maniobra de usar a Marcela y Felipe como escudos para defender a Ernestina Noble es lo que les está causando el daño moral; no fuimos nosotros, esa responsabilidad no la tiren para este lado", dijo Pablo Llonto durante la audiencia. "Ellos son víctimas, pero no las únicas, porque también están los hermanos que esperan un resultado de este análisis, los tíos, todas las familias. Y además Felipe fue padre, tuvo una hija, Morita Noble Herrera: ella también es víctima, necesita saber quiénes son sus abuelos; alguien le tiene que poner desde la Justicia un nunca más a esta manía de presentar recursos permanentes, terminar con la costumbre de venir a mentir a la Justicia."
Tal vez fueron las palabras más políticas del debate. Ya terminaba la audiencia pública que había sido convocada por la Sala II de la Cámara de Casación Penal a las once, en la sala de audiencias de los Tribunales de Retiro. La sala integrada por Raúl Madueña, Guillermo Yacobucci y Luis García convocó a un plenario oral y público para escuchar a todas las partes antes de resolver el planteo que presentó la defensa de Felipe y Marcela Noble Herrera, que se opone a la extracción compulsiva de sangre que ordenó en diciembre pasado la jueza de primera instancia Sandra Arroyo Salgado, en el marco de la dilatada causa por la sustracción de identidad de los supuestos hijos de la dueña del diario Clarín.
En la audiencia estuvieron representadas todas las partes, pero no estaban Felipe y Marcela. Estela de Carlotto se sentó entre los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud y Mario Gaitán. Al lado se ubicó simbólicamente el fiscal a cargo de la coordinación de causas de delitos de lesa humanidad, Alfredo Auat, y el fiscal general de Casación, Raúl Plee, en reemplazo notorio de Juan Martín Romero Victorica, quien decidió apartarse por "decoro" y por una recusación, luego de la denuncia pública que hizo en su contra Victoria Montenegro en la causa por robo de menores. Atrás se ubicaron Alcira Ríos y Pablo Llonto, en representación de las familias de las víctimas. Del otro lado, frente a los jueces, los abogados que dicen representar sólo los intereses de Marcela y Felipe –y no los de Ernestina Noble–, entre ellos Alejandro Carrió y Rosana Pigna.
La fiscalía pidió que Casación rechace el pedido de los abogados de Felipe y Marcela: "No se trata exclusivamente de considerar al Estado contra dos personas sino al Estado frente a dos personas y centenares de familias que son víctimas por delitos cometidos por el propio Estado". Y si la Justicia no acepta la extracción de sangre, dijo, "continuaría cometiendo trato inhumano, sería un Estado que seguiría colaborando con aquel ilícito".

Los Argumentos
El debate de tres horas arrancó con la defensa de Felipe y Marcela. Los puntos centrales fueron un planteo de inconstitucionalidad de la decisión de la jueza Arroyo Salgado y la afirmación de que ellos nunca intentaron dilatar la causa. Para eso recordaron que Marcela y Felipe están dispuestos desde 2003 a hacerse la extracción de sangre, aunque todos en la sala sabían que siempre la condicionaron a que la haga el Cuerpo Médico Forense, una medida que las querellas rechazaron desde el comienzo porque cuestionaron un organismo intervenido por la Corte Suprema de Justicia y, como dijo Alcira Ríos, llegó a cobrar dinero por los exámenes: "No lo íbamos a permitir porque los análisis tenían precio y se digitaban".
El otro punto de ataque fueron los resultados del análisis de las prendas íntimas de Marcela y Felipe ordenadas el año pasado por la jueza de primera instancia. Aquellas muestras no sirvieron para extraer el perfil genético porque estaban contaminadas. Carrió dijo que era falso plantear que hubo malicia en el procedimiento y se fundó en declaraciones de algunos testigos, entre ellos el comisario a cargo del operativo, cuya conducta por otra parte fue denunciada en la causa, como recordó más tarde Alan Iud. Ese comisario dijo que Felipe y Marcela siempre estuvieron vigilados y no podían moverse solos, razón por la cual no pudieron haber contaminado las muestras. Dijo además que lo que había ocurrido fue que no habían tenido la ropa puesta el tiempo suficiente como para que se desprenda el perfil genético. Las querellas respondieron a ese planteo, y cada uno a su turno. Sobre ese particular, el abogado de Abuelas recordó que los policías del operativo los habían dejado estar solos entre diez y quince minutos antes del procedimiento.
El resto de los planteos de la defensa giró en torno de fallos de la Corte en causas sobre hijos apropiados. Carrió analizó fallos en minoría para cuestionar la extracción compulsiva frente al derecho de las víctimas. En medio del planteo se abrió paso sin embargo a un pedido sorprendente que fue el que Llonto terminó respondiendo con la idea del "escudo": Carrió pidió que si en todo caso la Cámara habilitaba las pruebas, tuviese en cuenta una serie de consideraciones especiales, entre ellas, permitir que las víctimas no se enteren del resultado y establecer una cláusula para proteger a la acusada: "Debería disponerse al solo efecto de satisfacer la verdad –dijo–; cualquier otro uso que se pretendiera dar a la prueba de histocompatibilidad no debería tener nunca efectos jurídicos, de manera de evitar que las víctimas carguen con todas las consecuencias y eso pueda significar elementos de prueba que pueden eliminar a un ser querido".
Los Contraargumentos
Las querellas basaron su argumentación en la idea de la "última ratio", la última oportunidad que hay para probar o no que Felipe y Marcela sean hijos de desaparecidos. Ese fue uno de los planteos del fiscal, por ejemplo: "Sabemos que es la última posibilidad que tiene el Estado de efectuar (el examen), pero no porque haya existido violación o contaminación ex profeso de las víctimas sino porque entendemos imposible la obtención de otras muestras". Explicó que lo "compulsivo" es "acertado" y hay que entenderlo de acuerdo con el respeto de las garantías constitucionales.
Alcira Ríos señaló que "sólo resta que la Justicia entienda que hay dos intereses, que ya uno está totalmente probado, que es la privación ilegítima de la libertad que los condena a ser personas desaparecidas de por vida; y hay otra parte que quiere seguir eludiendo la responsabilidad amparándose en la impunidad de las responsabilidades que le pueden caber. Es necesario solicitar a esta Justicia que finalmente después de tanto tiempo permita que los familiares accedan a la verdad y justicia, y que las víctimas puedan obtener su libertad".
27 de mayo de 2011
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del periodismo a la lucha armada

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Entrevista a Martín Masetti y Juan Pablo Ruiz, directores de ‘La palabra empeñada’. Jorge Masetti entrevistó a Fidel Castro y al Che Guevara en Sierra Maestra, luego fue uno de los fundadores de Prensa Latina y más tarde colaboró con las guerrillas de liberación, hasta desaparecer en Salta en 1964. Su nieto Martín es coautor del documental.

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[Ana Bianco] El documental ‘La palabra empeñada’ (que se estrena hoy en el Espacio Incaa Km 0 Gaumont) tiene su gran mérito en la sobriedad con que los directores han enmarcado la historia, además de que constituye un testimonio revelador sobre la vida del periodista Jorge Ricardo Masetti, nacido en Avellaneda en 1929. Masetti fue el único argentino que entrevistó a Fidel Castro y al Che Guevara en plena Sierra Maestra y cubrió la guerra de liberación de Cuba. En 1959 fue el fundador y director de la agencia de noticias Prensa Latina, que hizo frente a los monopolios de la información y en la que participaron Rodolfo Walsh, Gabriel García Márquez y Rogelio García Lupo, entre otros. Embebido del oleaje revolucionario de la época, Masetti dejó el oficio de periodista para volcarse a la lucha armada: colaboró primero en la guerra de liberación de Argelia y luego quedó al frente de la avanzada del Che Guevara en la Argentina, bajo el alias ‘Comandante Segundo’. A través de entrevistas a Gabriel García Márquez, Alejandro Doria, Ciro Bustos (integrante del Ejército Guerrillero del Pueblo) y Conchita Dumois, su última compañera, además de material de archivo inédito, los realizadores Martín Masetti y Juan Pablo Ruiz le dan vida a una biografía poco conocida en la Argentina.

¿Qué desean transmitir con la película?
Martín Masetti: –Juan Pablo y yo contamos una historia de vida que merece ser contada: la historia de mi abuelo, Jorge Masetti. Su figura fue tergiversada para sustentar la teoría de los dos demonios. Han estigmatizado a Masetti como un guerrillero loco y dejado de lado toda su labor profesional previa, como el ímpetu que tuvo en la creación de Prensa Latina. Muchos guerrilleros provenían del ámbito académico y eran profesionales destacados, gente que tenía muchísimo que perder y que entregó su vida. Sin embargo, durante el accionar guerrillero en la Argentina se cometieron errores.

¿Por qué el documental está dividido en tres partes?
Juan Pablo Ruiz: –La película está estructurada de esa manera para contar la vida de Masetti en etapas que son los momentos más valiosos de su existencia: la de la Revolución Cubana, cuando tomó contacto con Fidel y el Che y esto produjo un cambio en su vida; la creación de Prensa Latina y cuando decidió pasar a la lucha armada. Por eso hay una secuencia de Masetti periodista en la Argentina, una segunda en Cuba y una tercera sobre el plan estratégico del Che para América latina, y en particular para la Argentina.

¿Cómo fue el nacimiento de Prensa Latina en Cuba?
M. M.: –Prensa Latina fue creada en 1959, después del triunfo de la Revolución, como una agencia de información alternativa. A los jóvenes que hoy analizan la función del periodismo les resultará una propuesta inusual para la época. La premisa de mi abuelo era: "Somos objetivos pero no imparciales". Prensa Latina contaba con poco apoyo financiero y luchaba contra el hostigamiento de la Sociedad Interamericana de Prensa y las agencias europeas y estadounidenses que acaparaban la información. Los periodistas que trabajaban en Prensa Latina tenían un gran compromiso político. Fue una agencia que contó con el apoyo de la intelectualidad europea y norteamericana, atraída por la naciente Revolución Cubana. Era un periodismo artesanal, construido a fuerza de pasión en la entrega por conseguir la noticia. Era notable la calidad de los profesionales que trabajaron en Prensa Latina: se juntaron Walsh, García Márquez, García Lupo, y fundaron una agencia que fue paradigma del nuevo periodismo. Masetti era el único periodista argentino que había entrevistado a Fidel y al Che en plena Sierra Maestra, antes del triunfo de la Revolución y en pleno cerco al Movimiento 26 de Julio. Al Che le llamaron la atención el coraje y la entrega de este periodista y desde entonces lo tuvo en cuenta para próximos proyectos. Masetti cultivó su amistad con el Che. Ambos compartían el deseo de hacer la revolución en la Argentina. El sectarismo en Cuba hizo que Masetti dejara la agencia en el ’62 y viajara a Argelia en una primera misión militar.

¿Qué motivó a Masetti a regresar a la Argentina?
M. M.: –Ni él ni el Che trataron de exportar la revolución a la Argentina. Era un momento de cambios profundos en el mundo y la idea de llevar a cabo una revolución era plausible. Al palpar el triunfo del Movimiento Independentista en Argelia, se aceleró en mi abuelo la idea de formar una guerrilla en la Argentina. Masetti era el organizador, contaba con una experiencia militar básica pero demostraba entrega, empeño y un convencimiento muy grande. Así se creó una avanzada de guerrilla que terminó trágicamente, con muertos y con problemas dentro del grupo. La guerrilla se conforma con una poética revolucionaria muy grande, pero se rige por la disciplina militar. Masetti, que era un periodista reconocido, terminó desapareciendo en la selva de Orán sin que hasta hoy se hayan logrado recuperar sus restos...

La película está sustentada en una buena investigación periodística.
J. P. R.: –Durante un año entero nos dedicamos a recopilar fotos, entrevistas y hasta grabaciones perdidas de los años ’50, como una que Alejandro Doria le dio a Martín. La investigación duró hasta el último día de trabajo. No somos periodistas, pero hemos realizado un trabajo autodidacta. La película tiene un fuerte sustento periodístico. Tomamos testimonios de primera mano de gente que vivió directamente la historia y puede contrarrestar ese aparato que tergiversó a Masetti.

A Gabriel García Márquez se lo ve emocionado en la entrevista. ¿Cómo dieron con él?
M. M.: –Era una entrevista primordial y necesaria. Sabíamos que iba a estar en el Festival de Cine de La Habana del 2008. Lo conocimos en una fiesta con música electrónica y luces de neón, rodeado de jóvenes que pugnaban por sacarse fotos con él. Ante la insistencia nuestra y el amor que le tenía a Masetti, García Márquez finalmente aceptó. A Mercedes, su esposa, le aclaramos que la entrevista no la íbamos a vender, que era sólo para el documental. Nunca nos interesó hacer una película sobre revisionismo histórico ni puntualmente focalizada sobre la lucha armada. Nosotros no provenimos del ámbito académico donde se hacen estos análisis. Al contar una historia de vida, fue difícil entrevistar a la gente sobre temas tan hondos y que afectan su sensibilidad.

¿Qué opinión tienen del libro ‘Muertos de amor’, de Jorge Lanata, que cuenta la historia de la formación y desintegración del EGP?
M. M.: –Es poco serio, falto de rigor histórico. A Masetti se lo puede analizar y no coincidir con sus acciones, pero esa novela basada en hechos históricos carece de una investigación previa y no está a la altura de la trayectoria de Lanata. Me cuesta hablar de él porque me crié escuchando el programa Hora 25 en Rock and Pop, pero me hubiera gustado que tuviera más profesionalismo a la hora de escribir ese libro. La película la empezamos hace cuatro años y el libro salió hace dos. Como lector, tengo el derecho de pedirle a Lanata rigor científico por la talla de periodista que es. A los que quieran profundizar más sobre esta historia, les recomiendo ‘El Che quiere verte’, de Ciro Bustos, que editó Rogelio García Lupo. Es un gran libro, no sólo por lo histórico sino además tiene valor literario. El libro ‘Los que luchan y los que lloran’, de Jorge Masetti –editado por Graciela, una de sus hijas–, y lo digo con cierto pudor, está a la altura de ‘Los 10 días que conmovieron al mundo’, de John Reed. ‘Los que luchan...’ es una crónica periodística que quedó en la historia del periodismo argentino.
27 de mayo de 2011
26 de mayo de 2011
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les queda una semana

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Casación definirá el próximo jueves. Una semana para decidir sobre las extracciones a los Noble Herrera.

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Argentina. La Cámara Nacional de Casación Penal dará a conocer el próximo jueves 2 de junio si avala o no la toma de muestras de sangre y saliva sin consentimiento de los hijos adoptivos de la dueña de Clarín. Hoy se realizó una audiencia en la que el fiscal Raúl Plee solicitó que se rechazara la apelación de los abogados de los hermanos Noble Herrera y se llevara a cabo la medida ordenada en primera instancia por la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.
A lo largo de dos horas, los jueces escucharon hoy los argumentos, comenzando por el de los apelantes abogados de Felipe y Marcela Noble Herrera, a quienes se opusieron el fiscal Raúl Plee, los querellantes Abuelas de Plaza de Mayo y los letrados de dos familias que buscan bebés nacidos en centros clandestinos de detención.
El Tribunal anunció la resolución para el jueves próximo, 2 de junio, a las 12, aunque se descuenta que cualquier decisión será recurrida ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como anunciaron todas las partes.
En la apertura, los abogados de los jóvenes sostuvieron que debe revocarse la decisión de la juez federal de San Martín, Sandra Arroyo Salgado, ratificada por la Cámara Federal, que ordenó la toma de muestras de sangre, saliva o cabellos "con o sin consentimiento" de las víctimas. La magistrada busca con esa decisión obtener el ADN y cruzarlo con todas las muestras existentes o de futuro almacenamiento en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) que funciona en el hospital Durand, para determinar si fueron bebés apropiados en la última dictadura.
Los abogados Alejandro Carrió y Roxana Piña argumentaron que sus clientes, Felipe y Marcela, se oponen a la extracción compulsiva por ser "inconstitucional" y "violatoria de su derecho a la autonomía", además de verse eventualmente obligados a aportar con los resultados pruebas que podrían incriminar a la persona a quien "aman", en alusión a la directora de Clarín, imputada en la causa. Además dijeron a los camaristas que si el caso llegase a la Corte en su opinión habría "por lo menos cuatro votos" contra la decisión tomada para con los Noble, en base a posturas sentadas en otros fallos del máximo tribunal relativos a extracciones compulsivas de sangre por apropiaciones de nacidos en centros clandestinos de detención, algo que fue luego rebatido por los querellantes.
La postura de los abogados de los Herrera Noble fue contrarrestada en primer término por el fiscal ante Casación, Raúl Plee, quien estuvo a favor de rechazar la apelación y ordenar el estudio de histocompatibilidad dispuesto en diciembre pasado. "Se han dado los motivos de necesidad y razonabilidad" que fundamentan la medida", en el marco de la cual "se están respetando los principios de identidad" de las víctimas en un caso "donde se han agotado todas las demás posibilidades".
Las exposiciones fueron seguidas por la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, sentada junto al abogado del organismo Alan Iud y el fiscal Plée, quien reemplazó a su colega Juan Martín Romero Victorica, denunciado por supuesta protección a un apropiador de una beba nacida en cautiverio y que se apartó de la causa por razones de "delicadeza y decoro". Plée, el más breve de los expositores, se manifestó a favor de rechazar la apelación porque se sabe que "es la última posibilidad que tiene el Estado de efectuar una medida de estas características".
"Entendemos que concretamente resulta imposible la obtención de muestras y esa frustración es inexorable, porque la defensa se opone a cualquier clase de búsqueda alternativa para extraer ADN para el informe de histocompatibilidad", dijo. "Hubo privación ilegal de la libertad deliberada, la sustracción de un menor es delito de lesa humanidad y hay una deliberada negativa a informar dónde están los desaparecidos y la prole de ellos, fruto de los nacimientos en cautiverio comprobados. Estamos en presencia de un delito que en el tiempo ha ido continuando en su ejecución", advirtió.
"Aquí no se trata de considerar al Estado versus dos personas sino el Estado frente a dos personas y a centenares de familias que son víctimas de un delito cometido desde el propio Estado", agregó en referencia a los Noble y a las familias que buscan bebés apropiados en la dictadura.
A su turno el abogado de Abuelas consideró que "hay sobrados elementos" para barajar la hipótesis de que los dos jóvenes son "hijos biológicos de desaparecidos" por lo cual la medida del análisis sin consentimiento "es legal, constitucional y se adecua a jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", sostuvo Iud. "El fundamento de la medida es la imposibilidad de obtener ADN por vías alternativas", argumentó.
La causa penal se abrió hace diez años con denuncia de Estela de Carlotto ante el entonces juez federal de San Isidro, Roberto Marquevich, y desde entonces se consideran probadas las irregularidades en las adopciones y sólo falta el análisis biológico para determinar la identidad de los dos jóvenes.
27 de mayo de 2011
26 de mayo de 2011
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hiena sufre infarto

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Represor Luciano Benjamín Menéndez internado por un infarto.

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Argentina. El represor Luciano Benjamín Menéndez sufrió un infarto durante la mañana y fue sometido a una angioplastia en una clínica de San Miguel de Tucumán, donde quedó internado en estado estable. El ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, que tiene seis condenas a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, cumple arresto domiciliario en casa de uno de sus hijos en Tucumán, desde donde sigue por videoconferencia el juicio al que es sometido, en Salta, por el secuestro y asesinato del ex gobernador Miguel Ragone.
Menéndez, de 83 años, fue alojado en la Unidad Coronaria del Sanatorio Modelo luego de sufrir el "infarto agudo miocárdico", de acuerdo a las declaraciones de médicos de esa clínica a la radio Cadena 3. Mariano García Zavalía, secretario de Derechos Humanos del Tribunal Oral Criminal de Tucumán, adelantó que un médico forense de la Justicia Federal concurrirá mañana a la clínica para evaluar oficialmente la condición de Menéndez.
Las condenas que carga Menéndez le fueron impuestas en julio y agosto de 2008, en diciembre de 2009, en julio y diciembre de 2010 y en marzo de este año. Menéndez fue sometido a juicio en las provincias de Córdoba y Tucumán por crímenes cometidos cuando ejerció la comandancia del Tercer Cuerpo de Ejército, con asiento en la provincia mediterránea.
26 de mayo de 2011
25 de mayo de 2011
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hace 35 años masacraron a su familia

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Esperanza Labrador tiene 89 años y es la madre de una familia masacrada por la dictadura. Antes de regresar a España, Esperanza Labrador participó de un acto en el que se descubrió una placa con los nombres de sus familiares asesinados por la patota de Feced. Fue el primer caso argentino denunciado ante el juez Baltasar Garzón.

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[Sonia Tessa] Argentina. La placa sólo dice: "Acá descansan los restos de Palmiro Labrador, Víctor Labrador, Tomás Labrador y Elida de López". Desde el jueves pasado, cualquiera que transite por la plaza 25 de mayo, la plaza de las Madres, podrá detenerse un segundo en memoria de una familia masacrada por los militares y una de las primeras Madres de la Plaza de Mayo que tuvo la ciudad. Palmiro, su compañera Graciela Koatz y Víctor fueron asesinados por la patota de Feced el 10 de noviembre de 1976. Tomás falleció electrocutado antes de la dictadura militar, Miguel Angel Labrador continúa desaparecido. El acto de descubrimiento de la placa fue íntimo, con la ciudad en un ritmo inusual por el cierre de la campaña electoral, pero ellas permanecieron fieles a sí mismas. Las Madres hicieron su ronda como todos los jueves. Son cada vez menos, caminan con más dificultad, pero iluminan la ciudad con su ronda. Esperanza Labrador, a punto de volver a España; Lila de Forestello, Elsa Chiche Massa, Norma Vermeulen, Matilde Chocha Toniolli dieron sus vueltas alrededor del monumento central de la plaza, acompañadas por gente joven, por niños, por militantes históricos que comenzaron a pelear por justicia desde el corazón mismo de la dictadura militar.
Este jueves, el contexto era bullicioso: cierre de campaña, bocinazos y caminatas de distintos candidatos. Era difícil escucharse. Después de la ronda, se repartieron flores, y los asistentes se arremolinaron alrededor del pequeño monolito. Era casi imposible escuchar la voz disfónica de Graciela la Gallega Ramírez, quien recordó a los Labrador, habló de Palmiro, los reivindicó como militantes heroicos. En un momento, la caravana de El cambio continúa pasó por calle Córdoba y sus participantes divisaron a esas mujeres. Se pararon a aplaudir. Ellas estaban ahí, paradas, recibiendo el reconocimiento que concitan en la mayor parte de los ciudadanos.
La ronda fue apacible, y más nutrida que muchos jueves. Las históricas militantes de derechos humanos, Alicia Lesgart, Ana Moro, Graciela La Gallega Ramírez, Silvia White, entre muchas otras. Algunos Hijos, como Juane Basso, Darío De Vicenti y Nadia Schujman, con sus propios hijos: Pedro, Juana, Miriam y Sofía. Las nenas juegan, piden jugo, se enredan entre las piernas de los grandes. Hay jóvenes del grupo de apoyo a Madres, como Marianela Scocco y Giuli Marinucci. Todos concurren al descubrimiento de la placa. Son unos cuantos más, cualquier enumeración es arbitraria. La mayoría, de fierro, está allí todos los jueves para que la ronda siga siendo el lugar de referencia que siempre fue. Más tarde, como siempre, se van todos a tomar gaseosa y cerveza en un bar de la última cuadra de la peatonal Córdoba. Hay sándwiches y unas masitas españolas que hace María Manuela Manoli Labrador, la única hija que Esperanza conserva viva, y su puntal en la pelea por justicia para su esposo, sus dos hijos, su nuera. Las Labrador pasaron dos meses en Rosario. Chiche Massa dice que las va a extrañar, porque en este tiempo le aportaron "vitalidad" a las Madres y al aguante que se hace a los testigos en la causa Díaz Bessone.
El acto es breve, cuando las sombras se van apoderando de la plaza. Todos tienen sus flores para dejar al lado de la placa. Es la Gallega Ramírez la encargada de hablar, pero su voz se hace inaudible en una de las zonas atravesada por la campaña electoral. La Gallega militó en los organismos de derechos humanos rosarinos desde la dictadura militar. Acompañó las denuncias, investigó el terrorismo de Estado en Villa Constitución, que considera "el tubo de ensayo del golpe". Entonces, contribuyó a la "denuncia del aparato represivo y la implicancia de la patronal, de Acindar, bajo el mando de José Alfredo Martínez de Hoz, que fue el ministro de Economía de la dictadura". La democracia llegó con sus límites, y la Gallega decidió irse a vivir a España en 1987, cuando las leyes de Obediencia Debida y Punto Final instalaron la impunidad. En España se encontró con Manoli y Esperanza Labrador, en el marco de la Comisión Pro Derechos Humanos de Madrid, contra las leyes de impunidad. Allí participaban Carlos Slepoy, entre otros. De allí nació la estrategia de la búsqueda de justicia universal, y las denuncias contra los represores argentinos ante el juez Baltasar Garzón. La primera denuncia fue por la familia Labrador, que era española.
En 1994, Ramírez se mudó a Cuba, a apoyar la Revolución. "Había una apuesta muy grande del imperialismo para destruir a Cuba, pero ahí está la Revolución cubana", relata Ramírez, que ejerce el periodismo en Cuba, y coordina el Comité Internacional por la Libertad a los cinco patriotas cubanos detenidos en Estados Unidos. Ramírez escribe un libro sobre la familia Labrador, que concibe como "un homenaje a esta familia de luchadores heroicos y todos los desaparecidos de Rosario". El libro tiene un nombre, Esperanza. "Es un libro conmovedor que contará la vida ejemplar de esta familia heroica. Estamos esperando el juicio por los crímenes cometidos contra los Labrador para terminarlos, porque no queremos concluirlo sin que se haga justicia", explicó Ramírez, quien empezó a recopilar datos sobre los Labrador hace 5 años. La familia de crianza de Esperanza era cubana, y en poder de ellos Ramírez encontró una carta escrita por Palmiro Labrador en 1965, donde preguntaba por el paradero del Che Guevara. En esa misiva, Palmiro relataba que había una huelga en el Swift, y también decía que la Argentina debía un largo camino por recorrer hasta alcanzar el socialismo. Los Labrador tenían una fábrica de zapatos que fue desguazada por la patota de Feced. Miguel Angel fue secuestrado el 13 de septiembre de 1976. Víctor Labrador, su hijo Palmiro y Graciela Koatz fueron asesinados el 10 de noviembre de ese mismo año. En apenas una semana, Esperanza y Manoli huyeron con lo puesto y lo que quedaba de la familia, al amparo del consulado de España en Rosario. Las acompañó el Embajador de España en la Argentina, para cuidar sus vidas. Apenas tres meses después, Esperanza volvió a buscar a su hijo Miguel Angel. Junto a Nelma Jalil comenzó a viajar a Buenos Aires para la ronda de la Plaza de Mayo. Nunca más se sacó el pañuelo, el mismo que sigue llevando orgullosa a los 89 años.
22 de mayo de 2011
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las abuelas pueden esperar tranquilas

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Congreso norteamericano rechaza desclasificar archivos sobre la dictadura argentina en claro gesto de hostilidad.

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[Martín Granovsky] Argentina. En la Cámara de Representantes (diputados) de los Estados Unidos, 214 miembros pasarán a la historia por haberse negado a desclasificar documentos de inteligencia que ayuden a identificar nietos secuestrados en la dictadura argentina. A la cabeza estuvo el republicano Mike Rogers, diputado por Michigan y presidente de la Comisión de Inteligencia. Su argumento: "Tenemos que dedicarnos de lleno a Al Qaida. El tema de la Argentina puede esperar. Ya esperó 25 años. Unos años más no harán la diferencia".
Maurice Hinchey, veterano de la Marina, opositor de la guerra de Irak del 2003 y diputado por Nueva York, fue el autor del proyecto de desclasificación y encabezó la minoría de 194 miembros que perdió la votación. Ni Rogers ni su staff contestaron las preguntas enviadas por este diario.
Consultado por Página/12, un vocero de Hinchey dijo ayer por la tarde: "No hay ninguna razón para sospechar que la iniciativa de Hinchey podría significar un problema para los esfuerzos en la lucha actual contra el terrorismo. Pensar eso sería ridículo". Hinchey había piloteado una iniciativa similar para Chile en 1999. Tuvo éxito: los organismos de Inteligencia desclasificaron entonces 24 mil documentos que fueron útiles a la Justicia chilena.
En la Cámara baja la mayoría demócrata es de 240 contra 192 republicanos. El voto sobre la Argentina, de 214 contra 190, revela que además de los ausentes no todos los demócratas votaron por el proyecto de Hinchey. En el caso argentino, el Departamento de Estado (Cancillería) ya desclasificó un pelotón de documentos. Hinchey buscaba que hicieran lo mismo la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Oficina de Investigaciones Federales (FBI).
También los argumentos de Hinchey quedaron registrados para la historia de los derechos humanos. Esta fue la secuencia de su argumentación en la Cámara de Representantes:

- La Argentina y otros regímenes militares del Cono Sur realizaron la Operación Cóndor, que consistió en la captura y el asesinato de disidentes a través de las fronteras.

- La mayoría de los 30 mil desaparecidos fueron torturados y arrojados al agua.

- "Durante la dictadura, cientos de chicos nacieron en cautiverio y fueron entregados a miembros de las fuerzas de seguridad, mientras que sus madres presuntamente eran asesinadas."

- "Se descubrió la identidad de muchos de estos chicos, pero la mayoría no se conoce."

- "Dada la relación estrecha (de los Estados Unidos) con sus contrapartes argentinas de las comunidades de inteligencia, seguridad y militar, es probable que la documentación de la comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos contenga información de gran valor útil para apoyar las nuevas investigaciones sobre la búsqueda de los hijos de los ‘desaparecidos’."

- "Recomiendo que la Cámara se dirija al director nacional de Inteligencia para que suministre a los paneles de inteligencia de la Cámara y del Senado información relacionada con las violaciones a los derechos humanos del gobierno militar en la Argentina y que también sirva para echar algo de luz sobre los niños nacidos en cautiverio."

- "Miles de familias esperaron más de 30 años para conocer el destino de sus seres queridos y hoy tenemos la oportunidad de hacer una contribución significativa a la verdad y a la justicia y ayudar el cierre de un capítulo problemático de la historia argentina."

En su refutación de Hinchey, Rogers admitió que se trataba de un "asunto particularmente difícil en la Argentina" y que tal vez un pedido como el de su colega por Nueva York "pudiera aportar cierta información que terminara atenuando las heridas". El problema, para el republicano por Michigan, es que aceptar el criterio de Hinchey "dañaría el esfuerzo actual de lucha contra el terror". ¿De qué modo? Así: "Podría desviar a la comunidad de inteligencia de su misión de proteger a los Estados Unidos y nuestros intereses respecto de las amenazas actuales". Y así: "Cuando uno piensa sobre qué difícil es obtener algo de información e identificar un alias en árabe, se da cuenta de que el aparato entero de inteligencia estuvo años tratando de desarrollar la pista que nos permitió traer a Osama bin Laden a la Justicia". En su negativa a ayudar a las Abuelas, Rogers argumentó que la comunidad de Inteligencia reclama "más analistas y más recursos humanos". Para él la iniciativa de Hinchey, "a pesar de su buena intención", sería un perjuicio porque absorbería "recursos para un problema que tiene 20 o 30 años de antigüedad".
"Lo lamento, pero hoy no podemos darnos ese lujo", dijo Rogers. "La comunidad de inteligencia está preocupada porque los próximos seis meses serán cruciales y Al Qaida buscará retomar posiciones luego de haber perdido a su líder inspirador y sus puestos operacionales para lanzar un nuevo ataque. Tenemos que dedicar cada minuto de nuestro día a identificar a los que quieren matar norteamericanos o a ciudadanos de nuestros aliados."
Agregó Rogers que "no es momento de interrumpir a nuestros analistas en contraterrorismo, a nuestros oficiales, a la CIA o a cualquiera de nuestras agencias de inteligencia ocupados en combatir a Al Qaida y ponerlos en actividades que sucedieron en la Argentina 25 años atrás". Hinchey no se dio por vencido. Dijo que no era verdad que su proyecto tuviera algún costo significativo. "La operación (Cóndor) ocurrió en el pasado. La información que queremos obtener está disponible ya mismo. No insumirá recursos importantes y puede conseguirse muy muy rápido. Lo que pasó en la Argentina debe corregirse. Fueron hechos violentos que afectaron profundamente a la sociedad y se dieron en el contexto de muchas, muchísimas familias, muchas de ellas completamente inocentes. Los perjuicios fueron desastrosos. Lo que proponemos se puede realizar con facilidad y rapidez y la última vez que lo planteamos fue una iniciativa apoyada por todos de manera unánime."
El diputado por Nueva York pidió a la oposición republicana que reconsiderase su postura. "Piensen bien en esto, en cuán importante es para la Argentina y para los Estados Unidos y con qué facilidad puede llevarse a la práctica. Nadie lo objetaría. Necesitamos hacerlo. Es algo honesto y será positivo, además de efectivo."
Cuando consiguió por última vez el uso de la palabra, Rogers aludió a su propia experiencia. Con todo respeto por la pasión demostrada por Hinchey, contó que él mismo fue agente del FBI y sabe lo que significa un minuto para un oficial. "Es un minuto que se quita de un caso, de la búsqueda de información, de una investigación, del tiempo de alguien que trabaja como analista u opera en el terreno para conseguir datos y procesarlos."
Fue en ese punto de su respuesta que Rogers dio su opinión en el sentido de que la restitución de chicos hijos de padres secuestrados y asesinados podía esperar, porque ya había pasado mucho tiempo. "Es probable que los próximos años no marquen una diferencia para este tema, pero sí serán importantes para la vida o la muerte de ciudadanos norteamericanos a manos de Al Qaida", dijo. El presidente de la Comisión de Inteligencia dijo tener la esperanza de que el caballero, es decir Hinchey, no piense que él condena su esfuerzo. Simplemente, se trata de una cuestión de "prioridades de seguridad nacional".
El proyecto original del diputado por Nueva York pedía información y documentos sobre la Secretaría de Inteligencia del Estado, el batallón de Inteligencia 141 de Córdoba, el 601 del Estado Mayor, el 121 de Rosario, y también detalles sobre operaciones de colaboración con fuerzas de Brasil, Paraguay, Uruguay. Sobre los chicos nacidos en cautiverio, solicitaba información disponible que diera cuenta de los campos de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada, Automotores Orletti, La Perla, Campo de Mayo e Institutos Militares. Si la comunidad de Inteligencia se rehusara a desclasificar un documento, Hinchey quería saber de qué manera ese documento podía herir la seguridad nacional de los Estados Unidos. Pero Rogers y 213 diputados más opinaron que las Abuelas tienen tiempo y pueden esperar.
[La foto viene de este blog.]
22 de mayo de 2011
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