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menéndez, excluido de juicio


Luciano Benjamín Menéndez, excluido de juicio por desaparición de gobernador Miguel Ragone.
Argentina. El represor Luciano Benjamín Menéndez, hospitalizado por un infarto desde la semana pasada en San Miguel de Tucumán, fue excluido del juicio por la desaparición del ex gobernador peronista de Salta Miguel Ragone, ocurrido unos días antes del golpe de Estado de 1976, luego que el médico forense de la Corte Suprema constatara la gravedad del estado de salud del ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército. Si el represor no era apartado del proceso debería haberse suspendido a la espera de su recuperación con el riesgo de que se superarán los tiempos procesales y el posterior cierre del juicio.

Menéndez seguía el juicio, que se desarrolla en Salta, por videoconferencia desde San Miguel de Tucumán, donde cumple condena domiciliaria en la casa de uno de sus hijos, pero ante su internación, la Fiscalía, la defensa y las querellas pidieron su apartamiento del proceso. Los jueces Marta Liliana Snopek, Luis Giménez y Carlos Jiménez Montilla, además, ordenaron que se mantenga el monitoreo del acusado con exámenes médicos bimestrales para constatar su evolución.
Ragone fue electo gobernador de Salta en las elecciones del 25 de mayo de 1973 por el Frente Revolucionario Peronista con más del 57 por ciento de los votos, pero el 24 de noviembre de 1974, el gobierno nacional de la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón intervino Salta y desplazó a Ragone, igual que hizo en las otras provincias gobernadas por sectores de la izquierda peronista: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Cruz.
Ragone entonces volvió a ejercer su profesión de médico hasta que el 11 de marzo de 1976 fue secuestrado cuando salía de su casa a bordo de un automóvil que él mismo conducía y fue interceptado por otros tres vehículos, de los cuales bajaron hombres armados que se lo llevaron por la fuerza.
Durante aquel hecho registrado en los últimos días del gobierno de "Isabel" Perón antes del golpe militar fue asesinado un almacenero, Santiago Arredes, que presenció el secuestro, y también resultó herida de bala una transeúnte, Margarita Martínez de Leal, que se encontraba en el lugar.
El automóvil de Ragone apareció después abandonado a 15 kilómetros de la capital salteña, en la localidad de Cerrillos, y nunca más se supo nada del ex gobernador.
Por aquellos crímenes es enjuiciado, ya separado Menéndez, el ex jefe de la Policía salteña y teniente coronel retirado Miguel Gentil; el ex jefe de la guarnición de Ejército en Salta y coronel retirado Carlos Alberto Mulhall, el ex director de Seguridad de la Policía local Joaquín Guil, el oficial principal Andrés del Valle Soraire y los suboficiales de la Policía Provincial Pedro Javier Herrera y Raúl Nelson Herrera.
También se sienta en el banquillo Jorge Héctor Zanetto, un ex gremialista peronista, al que se señala como vocero por entonces de la banda terrorista gubernamental Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), y quien habría amenazado de muerte a Ragone si no se apartaba de la interna del PJ.
2 de junio de 2011
1 de junio de 2011
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fila para elegir color de piel


Esposas de represores elegían a las prisioneras de cuyas hijas se apropiarían.
[Alejandra Dandan] Argentina. Entre las escenas que Rosa Roisinblit recordó a modo de denuncia, habló de la ESMA. "Hay muchas historias para decir hasta dónde llegó la audacia de la dictadura", dijo. "Como para citar un ejemplo: la gente que estaba secuestrada en la ESMA, las chicas embarazadas, las ponían en fila, mientras las esposas de los marinos iban pasando y mirando el aspecto y elegían si querían una rubia de ojos celestes o les gustaba un varón de ojos negros y así, esa era la audacia que tenían, la crueldad que tenían, la aberración que tenían, al elegir ellas por la apariencia de la madre el bebé que iban a tener".
Rosa Roisinblit hizo de todo en esos años. ¿Usted dígame qué no hice?, preguntó varias veces. Viajó a Naciones Unidas para denunciar lo que estaba pasando en el país, buscó en Estados Unidos los métodos genéticos para identificar a los nietos; visitó al Papa Juan Pablo II para llevarle la tercera carpeta que le presentaban con denuncias; estuvo en la Embajada de Israel, en la DAIA: de todos lados se fue con las manos vacías. "Los jueces no sabían qué hacer con los chicos que recibían –dijo en un momento– porque no había antecedentes en el mundo entero de chicos secuestrados por razones políticas." ¿Usted dice que los jueces no sabían de dónde llegaban los niños?, le preguntó la presidenta del Tribunal María del Carmen Roqueta. "Si yo creo que sí sabían, pero parece que las instrucciones eran no devolvernos los nietos."
1 de junio de 2011
31 de mayo de 2011
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declaró rosa roinsinblit


"La vicepresidenta de Abuelas declaró en la causa por el robo de bebés Yo creía que a mi hija la iban a juzgar". Rosa Roinsinblit tiene casi 97 años. Ayer declaró en el Tribunal Oral Número 6 y relató el secuestro de su hija y la recuperación posterior de un nieto con quien perdió la relación cuando detuvieron a los apropiadores.
[Alejandra Dandan] Argentina. "Lo que no me imaginé nunca –explicó Rosa Roinsinblit ante el Tribunal Oral Número 6 que juzga el plan de apropiación ilegal de niños– es que el bebé iba a nacer en un campo de concentración, porque no hablábamos de desaparición en ese momento, sino de gente detenida. Yo pensaba que a mi hija la iban a juzgar, a condenar y yo esperaba, pero el apuro mío era que ella tenía que volver a casa para tener a su bebé. Pasó el tiempo y siguió pasando inexorablemente."
Patricia tuvo a su hijo en la Escuela de Mecánica de la Armada. Estaba secuestrada en un campo de la Aeronáutica en Morón, pero la llevaron a parir a la ESMA. La atendió el represor Jorge Luis Magnacco. "Yo no sabía todo eso, pero un buen día dos abuelas que estaban en Ginebra me dijeron: ‘Rosa, hay señoras liberadas de la ESMA y que fueron testigos del parto de tu hija, tenés que hablar con ellas’."
Rosa se contactó con Sara Osatinsky y Ana María Larralde, entre otras. Su nieto había nacido en el espacio llamado la Pequeña Sardá: "En ese momento me enteré de que en la Esma había una camilla o más bien una mesa de cocina y sobre esa mesa tuvo el parto mi hija, el 15 de noviembre de 1978, y una de ellas, como era enfermera, le puso el goteo para apurar las contracciones".
Patricia le puso a su hijo Rodolfo Fernando y lo tuvo sobre su vientre hasta que le cortaron el cordón umbilical.
En la audiencia de ayer no estaba Magnacco ni otros represores. El fiscal Martín Niklison guió la primera parte de las preguntas. Cuando preguntaba por fechas o nombres, Rosa en ocasiones pedía un momento: "Han pasado muchos años y muchos nombres no van a acudir a mi memoria –dijo alguna vez–. Puedo darme el lujo de no recordar aunque todo el mundo dice que tengo mucha memoria."
A Patricia la secuestraron el 6 de octubre de 1978. Era estudiante de medicina y militante de Montoneros con José Manuel. Ambos tenían una hija de 15 meses que estuvo secuestrada durante unas horas con sus padres, en un auto, mientras la patota buscaba lugar para dejarla. Mariana se crió con los abuelos y años más tarde sería la primera en identificar a su hermano.
Rosa era muy ingenua en ese momento, aseguró. Cuatro o cinco días después del secuestro, recibió una llamada de su hija. "Era una situación muy confusa, todo lo que me decían lo creía. Ella me dijo: ‘Me están atendiendo muy bien’; y yo le creía. Después deduje que la estarían encañonando con una pistola para que dijera eso." Alguien le dijo que iban a liberarla. Y le advirtió que se quedara cerca del teléfono: cuando el niño naciera iban a volver a llamarla.
"Y me quedé cerca del teléfono esperando. Estuve esperando hasta que me di cuenta de que no era así. Y se fueron despertando cosas en mí que no conocía."
"Dije tantas cosas, ya... –dijo Rosa Roinsinblit cuando el Tribunal le preguntó al final si todavía quería agregar algo–. Lo único que quisiera decir es que le pido a mi nieto que no me prive de la niñez de mis bisnietos, que no me haga lo que me hizo la dictadura con él, que yo no disfruté de su niñez, y que para una abuela es llevarlos a una plaza, a dar vueltas en la calesita, y no la vida que yo llevo con las Abuelas, dando testimonio por el mundo entero para que se conozca lo que pasó en Argentina, porque lo que pasó no nos pasó solamente a nosotras, le pasó a toda la sociedad."
Rosa había vuelto a uno de los nudos de su historia. La relación con su nieto Guillermo, recuperado e identificado en 2000, que tuvo un comienzo casi perfecto, un encuentro "idílico" pero que poco después quedó roto cuando la Justicia investigó y condenó a los apropiadores.
Rosa es vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Cumple 97 años en agosto. Ante el Tribunal Oral Federal 6 documentó la historia de Abuelas, el trabajo por encontrar el modo de identificar a los nietos, pero sobre todo habló del secuestro de su hija: Patricia Julia Roinsinblit, embarazada de ocho meses; de su yerno José Manuel Pérez Rojo y del nieto.

El Encuentro
Cuando Rosa terminó de detallar centenares de trámites, datos, episodios y documentos, Niklison le preguntó qué sucedió con su nieto. "El tiempo pasa –le dijo Rosa– y pasa inexorablemente. Un día mi nieta, que trabajaba en Abuelas, recibió una llamada anónima donde le decían de un caso de un chico que había nacido en noviembre de 1978, donde intervino la aeronáutica. Enseguida se dio cuenta de que era nuestro caso."
Aunque las Abuelas suelen hacer las búsquedas con discreción, su nieta, que era mucho más joven, salió corriendo a buscar a su hermano. "Agarró unos documentos y se fue al lugar donde trabajaba." Cuando llegó, preguntó por Guillermo. Alguien lo llamó en voz alta. Y Guillermo apareció.
"A mí me parece que podemos ser hermanos", le dijo ella. "El se rió, no quiso saber de nada, pero mi nieta fue muy convincente porque ese mismo día Guillermo estaba en la Casa de las Abuelas y pedía que le saquen sangre porque quería saber si esa chica era su hermana."
Rosa estaba en Boston. Cuando confirmaron la identidad, suspendió la estadía. Compró un regalo a su nieta y un buzo blanco con un escorpión rojo para él. "Si la cosa camina bien –se dijo–, se lo doy; si no, paciencia." Cuando llegó, lo vio en el estudio de un abogado. "Yo estaba sentada y entró él, un muchacho delgado, alto, de un metro ochenta, y le dije: ‘Bueno, yo soy tu abuela’. Y él me dijo: ‘¡Ya lo sé, Baba!’, porque mi nieta me llama Baba. Así que él ya sabía, así que así nomás, me abrazó, me besó y fue un encuentro idílico."
Rosa habló del buzo. Que a él le encantó porque era de River. De cenas, de cumpleaños. "Son detalles, pero muestran lo bien que se desarrollaban las cosas, que cambiaron el día en que la Justicia citó a los apropiadores, los indagó, los procesó, los condenó y los metió en la cárcel. Ahí cambió todo: ellos cometieron un delito, fabricaron una falsa partida de nacimiento, presentándose como los padres, en fin... cosas que componen un delito. Pero eso no le gustó al chico y entonces empezó a repudiarme."
Rosa tomó agua durante toda la declaración. Y en ese momento volvió a hacerlo. La apropiadora era Teodora Jofré y su marido Francisco Gómez. Ella era empleada doméstica de uno de los jefes de la aeronáutica, y él se convirtió en el jardinero que cuidaba el parque del centro clandestino donde estuvo Patricia.
"El repudio hacia mí era y no era –dijo Rosa–. Yo lo llamaba por teléfono y él me decía: ‘¿Para qué me llamás?’, pero no me cortaba. Y yo seguía insistiendo, seguía llamando." Un día, Rosa le dijo algo distinto: "Decime, Guillermo, si esa señora a quien vos llamás mamá es mi hija". Porque "él ya conocía todo, sabía la verdad y creo que hizo un click porque empezamos a vernos, no con mucha frecuencia pero nos veíamos".
Guillermo se casó. Rosa fue al civil, pero no a la Iglesia: "Menos mal que no fui –dijo–, porque la madrina era la apropiadora." Algo del vínculo con su nieto, sin embargo, siguió estando. La relación sigue prendida con "alfileres", como dice Rosa, y ella no ve a sus bisnietos, como dijo una y otra vez. Sin embargo, Guillermo les puso a sus hijos el apellido de sus padres biológicos.
1 de junio de 2011
31 de mayo de 2011
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cerrarán destacamento de lomas de mirador


Es en el que fue visto por última vez el adolescente Luciano Arruga. El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, se comprometió ante la familia del joven Luciano Arruga, desaparecido por policías bonaerenses, a cerrar el destacamento de Lomas del Mirador. El lugar será cedido a los familiares para actividades culturales.
[Adriana Meyer] Argentina. Aunque, a más de dos años de su desaparición, no se sepa nada sobre Luciano Arruga, sus familiares y amigos obtuvieron una respuesta afirmativa que confirma todas sus sospechas respecto del rol protagónico de la policía en este caso: el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, se comprometió a cerrar el destacamento policial de Lomas del Mirador y les cederá el inmueble para que abran un centro cultural y social. Esto ocurrió luego del encuentro que mantuvieron con el funcionario, el juez de la causa y la fiscalía, acompañados del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. "Ese destacamento siniestro se inauguró en 2008, al año desaparecen un chico, desaparecieron un cuerpo y se sucedieron más y más irregularidades para tapar eso –dijo Vanesa Orieta, hermana de Arruga, a Página/12–. Por lo tanto decimos que no tenía razón de existir, fue la base de operaciones de la comisaría 8ª y funcionaba mal como tal, así que esa promesa debía cumplirse."
Orieta se refiere a que el intendente Espinoza les había prometido cerrarlo cuando hubiera algún procesado en la causa. En el encuentro que tuvieron el lunes pasado, del que también participó el presidente de la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) de La Matanza, Pablo Pimentel, los abogados de la familia explicaron que se abrió una causa paralela a la que investiga la desaparición de Luciano. "Fueron los mismos testimonios que involucran a policías bonaerenses en graves hechos de violencia, y todo conduce a lo que venimos denunciando: que la policía tuvo que ver con la desaparición de mi hermano", dijo Orieta. Les dijeron al intendente que en ese expediente hay dos uniformados procesados, y que aún falta averiguar si los desplazaron o no de la fuerza. Ante esto, Espinoza dio su palabra de que cerrará el destacamento y abrirá en su lugar un centro cultural. "Dijo que seguirá manteniendo el alquiler de esa casa, y nuestra idea es crear un espacio de la memoria, y que podamos seguir con las actividades que estamos haciendo en donde vivía Luciano con su mamá", comentó la joven. En enero, Orieta había relatado a este diario que en esa vivienda habían armado "un espacio de contención para que los chicos vayan a pintar, a escuchar música, a aprender algo que les cueste en la escuela". Y destacó que lo hacían como un homenaje a Luciano y para el barrio 12 de Octubre, "para que no vuelvan a aparecer grupos de policías cooptando pibes para mandarlos a robar, para que la gente empiece a participar, para decirles a los padres que hay que hacer algo porque lo que le pasó a Luciano les puede pasar a sus hijos".
Luciano Arruga fue visto por última vez moribundo en el piso de ese destacamento de Lomas del Mirador. Hace poco más de dos años, cuando su hermana salió a reclamar por su desaparición, recordaba que el destacamento había nacido al calor de los reclamos de algunos vecinos por "mano dura" y mayor presencia policial, fogoneados por la agrupación Vecinos Alerta por Lomas del Mirador (Valomi), que se movilizó por los resonantes casos del asesinato del florista de Susana Giménez y del entrenador de Guillermo Cóppola. Según los familiares de Luciano, los miembros de esa agrupación tenían una estrecha y familiar relación con los policías del destacamento que está a punto de ser desmantelado. Allí estuvo Luciano Arruga en dos oportunidades: el 22 de septiembre de 2008, cuando lo golpearon ante la vista de su hermana y su mamá, y el 31 de enero de 2009, cuando desapareció. Dos testigos aseguran haberlo visto moribundo tirado en el piso. Y según el libro de actas, esa noche había ocho policías de guardia.
El mismo día que el intendente Espinoza renovó su promesa, habían tenido un encuentro con la fiscal Celia Cejas, del que no participó la fiscal general Patricia Ochoa. "Le pedimos acelerar tiempos de investigación, al menos intentar desplazar a los ocho policías que aún están en funciones; nos parece tremendo que a más de dos años sigan como testigos en la causa", dijo la hermana de Luciano. También se reunieron con el juez de la causa, Gustavo Banco, a quien le insistieron con que "asuma el compromiso de tomar las decisiones que tenga que tomar en la causa, teniendo en cuenta las pruebas que hay". Según Orieta, viene manteniendo diferencias con el magistrado respecto de la importancia de las pruebas del expediente, en especial los testimonios de los detenidos de la comisaría 8ª y el peritaje con perros que confirmó que Luciano pasó por el destacamento. "Siempre fuimos atendidos de manera más dura, pero con la presencia de Alfredo (Pérez Esquivel) hubo un clima más relajado, algún intercambio de ideas", comentó. Página/12 le preguntó cuáles fueron las respuestas de los funcionarios judiciales sobre la falta de resultados en la investigación. "Tienen una forma muy jurídica de dar respuestas y manejan tiempos que no tienen nada que ver con una causa en la que hay un desaparecido, tiempos larguísimos. La fiscal dice que cuando agarró la causa, investigó a los policías; pero antes otra fiscal la durmió durante 45 días. Pasó demasiado tiempo, recién ahora se están haciendo pericias importantes, no sólo porque faltó decisión, a nosotros también nos faltaban recursos", respondió.
Hace unas semanas, los familiares y amigos de Arruga volvieron a denunciar que siguen recibiendo amenazas. "Mientras la causa principal siga siendo por ‘averiguación de paradero’, como si Luciano estuviera vivo, y los policías sospechados sigan en funciones, nosotros debemos soportar las amenazas, porque esas personas sienten que tienen la libertad de amedrentar", se lamentó Vanesa Orieta.
30 de mayo de 2011
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cardenal responderá por escrito


Causa por robo de bebés. El arzobispo porteño Jorge Bergoglio hará uso de un privilegio reservado para "altos dignatarios de la Iglesia", y dará su testimonio por escrito en la causa en la que se investiga la apropiación de hijos de desaparecidos nacidos durante el cautiverio de sus madres.
Argentina. Bergoglio hará uso del artículo 250 que establece un "tratamiento especial" para "altos dignatarios de la Iglesia". Al momento de la citación, el pasado 9 de mayo, los querellantes se opusieron a que el cardenal hiciera uso de tal prerrogativa y solicitaron que Bergoglio acudiera a la audiencia para "garantizar la publicidad de su declaración", así como también para responder a las preguntas de las partes. "Es un privilegio en función del credo que no puede ser aceptado", dijo el abogado Alan Iud, quien patrocina en el juicio a Abuelas de Plaza de Mayo.
Por su parte, el embajador argentino en Colombia, Martín Balza, hizo saber al Tribunal Oral en lo Federal 5 que viajará al país en el mes de agosto y que puede declarar entonces o que está dispuesto a hacerlo por videoconferencia. Ambas respuestas fueron hechas públicas esta mañana por la camarista María del Carmen Roqueta, presidenta del Tribunal, al inicio de una nueva jornada del juicio oral y público que se sigue contra una veintena de represores.
Esta audiencia, en la que se prevé la declaración de la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Rosa Roisinblit, por la apropiación de su nieto; comenzó con la reanudación del testimonio de Claudia Bellingueri, una perito designada por la Comisión Provincial por la Memoria que analizó los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense.
En ese sentido, la perito explicó que "las acciones que iniciaban las Abuelas en Tribunales, ante los juzgados de menores terminaban en la Dirección de Inteligencia" y señaló que, en el caso de Laura Carlotto, hija de Estela de Carlotto, la presidenta de la entidad, "tenía copia de los expedientes completos".
En este proceso son sometidos a juicio, además de los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Benito Bignone, los represores Jorge "Tigre" Acosta, Santiago Omar Riveros, Rubén Franco, Antonio Vañek, Juan Azic, y el médico Jorge Magnacco, a quien se imputa su intervención profesional en los partos. Todos son juzgados por los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de menores y sustitución de sus identidades en 34 casos.
30 de mayo de 2011
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historia de jesús bonnet


Memoria recuperada. [En la foto el torturador y asesino Luis Abelardo Patti.]
[Alejandra Dandan] Argentina. Jesús Bonnet tiene 51 años. A los 16 lo secuestraron, torturaron y lo sometieron a simulacros de fusilamiento en la comisaría de Escobar. Estuvo encerrado con Gastón Goncalves y otras víctimas de Luis Abelardo Patti. Recorrió otros centros clandestinos y casi dos años después terminó obligado a un exilio en España, donde se casó. Años después volvió a la Argentina –en lo que los psicoanalistas describen como un regreso al espacio sintomático–, donde cometió un delito por el que desde hace 18 años está detenido en una Unidad Penal del neuropsiquiátrico Melchor Romero por una medida de seguridad.
Jesús declaró en los últimos meses en la causa Patti. Su testimonio fue evaluado por los fiscales, querellas y luego validado por el Tribunal. El caso ilumina las complejidades del terrorismo de Estado, dice Fabiana Rousseaux.
Durante los primeros años de encierro, sólo lo visitaba su madre. Ella empezó a hacer el trámite de reparación por su detención durante la última dictadura, pero cuando iba cobrar se murió. Sospechosamente, alguien cobró en nombre suyo, a pesar de que él estaba privado de la libertad y curiosamente los documentos en manos del Servicio Penitenciario Federal, recapitula la funcionaria que está siguiendo el caso con la abogada Ana Oberlín y los hijos de Gastón Goncalves.
Sus compañeros de militancia lo dieron por muerto o desaparecido o preso hasta meses atrás, cuando en medio del juicio a Patti la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y Oberlín lo ubicaron en el penal. "Las querellas lo van a ver y se encuentran con una persona con una memoria intacta de lo que había sucedido –dice Rousseaux– y que daba elementos que constaban en escritos y que nadie podía rememorar". Los testimonios se analizan en relación a la concordancia que tiene con otras pruebas y la coherencia interna del relato: Jesús contó todo sin una sola duda y en ningún momento tuvo contradicciones.
Dicen que en todos esos años, cuando encontraba a Patti en televisión, Jesús decía que era la persona que lo había torturado. Cuando lo hacía, le inyectaban Halopidol y deliraba: "En 18 años nadie le creyó que él había sido torturado por Patti y tiene todo el deterioro en el cuerpo", dice la funcionaria. Cuando Jesús declaró en la audiencia subió al escenario con las manos esposadas. Los represores estaban con las manos libres. Era la primera vez en 18 años que salía a la calle. Cuando terminó, bajó las escalinatas llorando y vio a sus viejos compañeros que lo saludaban con las manos en alto. "Se fue muy emocionado –cuenta la funcionaria que estuvo con él–, y yo vi su dignidad, porque me dijo: ‘Yo me responsabilizo por lo que hice, cometí un crimen, y por esto tengo que estar acá’, y Patti en el mismo escenario dice: ‘Yo no hice nada’."
Jesús "hace un uso de la memoria que nadie podría comprender jamás si no fuera porque se trata de un hombre que durante 18 años había estado sometido al olvido y a la indignidad de perder el valor de su palabra –escribió Rousseaux en un texto sobre Jesús–, convirtiéndose en un sujeto que no puede responsabilizarse ni de sus actos, ni de sus dichos, ni de sus dolores, y ante lo cual cada demanda y cada opinión fueron acalladas del modo más duro".
29 de mayo de 2011
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testigos y víctimas


Una mirada sobre los sobrevivientes del terrorismo de estado que declaran en los juicios contra los represores.
[Alejandra Dandan] Argentina. El Centro de Asistencia Fernando Ulloa trabaja con las consecuencias que una citación judicial puede provocar en quienes fueron víctimas de la última dictadura. Fabiana Rousseaux, su directora, habla de los problemas que aparecen a medida que avanzan los juicios. A partir de esa experiencia, trabaja en un protocolo para ser distribuido en los juzgados.

Son la cara visible de los juicios. Y a la vez, protagonistas de una trama invisible. Los testigos. Los que llegan a declarar a los juicios de lesa humanidad y producen sentidos sobre el pasado. Pero también están los que no pueden hacerlo. Los que no continuaron conectados con ninguna de las redes u organizaciones que los vinculan y que, de pronto, escuchan el llamado de un juzgado que tan de repente les dice que deben ir a declarar por lo que sucedió hace más de 35 años. Les ponen fechas, cortan y ellos, en ese instante, vuelven a caer al pozo del que salieron años atrás. Son muchas y variadas las situaciones en torno del universo de las víctimas del terrorismo de Estado. Fabiana Rousseaux trabaja sobre la tensión entre la lógica penal que los considera "testigos-prueba" y la lógica subjetiva que intenta pensarlos como víctimas. Directora del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Fernando Ulloa, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, mapea constantes y singularidades de las víctimas en todo el país.
"Nuestro trabajo es mantener la mirada de la dignidad de la víctima y de lo que significa el testimonio de estas personas, que no es un testimonio de lo que les ocurrió a ellos solamente como podría suceder en cualquier otra causa, sino que dan testimonio de lo que ocurrió a nivel social."
El Centro Ulloa está preparando un protocolo de atención a las víctimas del terrorismo de Estado para ser distribuido en los juzgados de todo el país. Los diagnósticos surgen de datos en ocasiones estremecedores, experiencias que se repiten detrás de cada una de las escenas de los juicios.
El Centro trabaja con los testigos antes, durante y después de las declaraciones y generalmente lo hace sólo en los casos en los que alguno de los operadores judiciales les pide intervención. Antes, por lo que una llamada puede disparar en las víctimas. Después, para trabajar con lo que "resuena" en ellas, dice Rousseaux, lo que queda semanas después de enfrentarse a los jueces y se manifiesta en sueños, pesadillas o miedos.

El Interior
El Centro empezó el trabajo en serio tras la desaparición de Julio López. Entonces era un programa recién nacido. El día de la desaparición, mientras hacían un seminario sobre las huellas del terrorismo de Estado, empezaron a preguntarse por las herramientas que el Estado debía proporcionar a las víctimas en ese contexto.
La mirada está puesta sobre los testigos. Y lo primero que aparece es una distinción entre los testigos de Capital Federal y las provincias. Hay lugares donde aún no hubo juicios, como Jujuy, Formosa, Entre Ríos, Catamarca, La Rioja o San Juan. En esos lugares aún existe una "imaginería" sobre un juicio oral, como si no se lo pudiesen representar socialmente. En los lugares donde sí los hubo, el testigo aparece sujeto, en ocasiones, a Tribunales que parecen estar a punto de incriminarlo.
Sobre su escritorio, Rousseaux extiende un mapa con la distribución de los centros clandestinos de todo el país. Se detiene en Tucumán, uno de los lugares más inundados de puntos rojos pero desde donde la Secretaría de Derechos Humanos recibió menos testimonios de supervivientes de los campos. "Probablemente –dice la funcionaria– muchos eran campesinos, y muchos no sólo no saben que se están llevando adelante juicios o que pueden ser citados porque lo que no saben es que lo que les sucedió está vinculado con lo que se enjuicia en Argentina." Hay pueblos que estuvieron tomados enteros como centros clandestinos.

¿Qué significa? ¿Hubo un centro en cada pueblo?
No –dice Rousseaux–. Fueron tomados los pueblos. Famaillá, por ejemplo, es el caso más conocido donde estaba la escuela, pero el resto de los pueblos fueron directamente intervenidos militarmente.

¿Qué significa?
Los militares se instalaron en las casas de la gente. Cuando fuimos hace un tiempo, la gente del lugar nos mostraba el álbum familiar de un cumpleaños de 15 y ese álbum estaba intervenido por las Fuerzas de Seguridad. Si cumplía años una niña, iban a la casa, tomaban la casa e iban a las fiestas porque eran los dueños del pueblo. Vivían en las casas que querían; usaban a las mujeres que querían; en la fiesta soplaban las velitas, se metían en las fotos, abusaban a la niña, y obligaban a las familias a sacarse fotos con ellos. En otros lugares, los testigos tienen ciertos temores sobre qué declarar.

¿La idea de presentarse como militantes tiene que ver con eso?
Totalmente –insiste Rousseaux–. En el primer juicio oral en Salta, por ejemplo, a un juez se le ocurrió hacer un careo entre una víctima y un genocida. Es cierto que no hay una legislación que lo prohíba y ellos se ciñen a la lógica judicial de la prueba, pero lo que no se entiende es qué están trabajando. En Tucumán, por ejemplo, (Antonio Domingo) Bussi interpeló directamente a un testigo. Hubo que pararlo, pero el Tribunal no se lanzó a pararlo. ¡Lo dejaron!

La Ciudad
En la ciudad de Buenos Aires el relato de los testigos parece enfrentarse con una sociedad más "audible". "Aparecen elementos más complejos porque hay un social que está dispuesto a escuchar una mayor complejidad como pasa en este momento en la causa ESMA", dice.

¿Qué quiere decir?
Poder hablar del nodo central de ESMA, lo que significó el staff, el ministaff o ser mujer en ESMA, este modo tan particularmente perverso de matar al esposo de una mujer y a la noche llevarla a bailar a Mau Mau y vestirla y regalarle ropa. Lo que significó ese espanto y que muchas mujeres hayan testimoniado y hayan dicho: `Sí, yo estuve ahí pero yo no fui responsable de nada de eso porque yo estuve detenida en todo este tiempo’; llegar a decir eso era impensable cuando se reabrieron las causas.

En ese escenario novedoso, aparecen también los problemas. Como si esa complejización no encajara o se chocara con la lógica con la que evalúa la Justicia un testimonio.
Una de las preguntas que se hace Rousseaux –psicoanalista, además– es ¿qué es una memoria 35 años después? ¿Y qué memoria se le exige al testimonio?
En el juicio oral por los crímenes del centro en Automotores Orletti declaró a Carla Rutila Artés, apropiada por el parapolicial Eduardo Ruffo en el campo de exterminio. Carla tenía alrededor de un año cuando la separaron de su madre. Durante su testimonio recordó ese momento. Un juez le preguntó cómo estaba vestida la persona que la separó de su madre. "¿Por qué se le pide ese recuerdo?", dice Rousseaux y agrega: "Lo peor y lo mejor es que Carla respondió".
Poco después, el fiscal de la causa le preguntó a Rousseaux sobre ese momento. Quería saber cómo funciona la memoria histórica desde la perspectiva de un niño que no tiene la edad de recordar: ¿el recuerdo puede ser tomado como prueba?

¿Usted qué respondió?
Nosotros no tenemos una mirada biologicista sobre la memoria, la memoria es una reconstrucción y está muy estudiado y publicado lo que significan los procesos de memoria y olvido y de reconstrucción. En estos procesos de reconstrucción no es el testigo solamente el que reconstruye, sino que hay una memoria social.

¿Una memoria social que habla a través del testigo?
Muchos de ellos han planteado dos problemas. Uno es el temor al olvido de cuestiones que fueron centrales: aquello de lo que fueron depositarios, el nombre de los compañeros, ese deber memorístico que los aplasta porque se prometieron que quienes sobreviviesen iban a dar testimonio, y eso juega. Se desesperan porque piensan que la memoria puede fallar. Temen decir un nombre y no otro. Pero también les pasa que durante el testimonio empiezan a aparecer recuerdos que no habían aparecido nunca en 35 años.

Isabel Fernández Blanco, por ejemplo, declaró en varias oportunidades desde la Conadep en adelante. El año pasado la convocaron como sobreviviente del circuito ABO (Atlético-Banco-Olimpo), un juicio en el que se juzgaba a ejecutores directos de los centros clandestinos, represores que estuvieron en contacto con los detenidos. En el juicio se los juzgaba por una cantidad de víctimas, Isabel, entre ellas. Ella suele decir que por primera vez sintió que iba a declarar por "su caso", a individualizarse frente a la represión. Eso activó de un modo distinto la memoria. Así, habló de su rol en el área de prensa de Montoneros y de datos que hasta ese momento nunca había contado. "El juicio oral tiene efectos impactantes –dice otra vez Rousseaux–. No es lo mismo la instrucción que un juicio oral con un social que escucha: en instrucción uno recuerda, y cuando uno declara en el juicio oral, revive, nos decía un testigo."
Otro de los efectos de los juicios entre los testigos es el poder de lo que se habla en las audiencias. "Se da el caso de mujeres que testimonian sobre su violación por primera vez frente a sus hijos en el contexto del juicio", dice la funcionaria. "Hubo una persona que lo hizo, sus hijos estaban presentes en la sala, ella recordó que cuando la torturaban le decían: `Vos no vas poder tener hijos, ¡hija de puta!’. Estaban ahí ellos. Eso fue tremendamente fuerte para ellos, presenciar ese relato que a lo mejor en la intimidad familiar aparece descontextualizado del proceso donde eso va a quedar penalizado y donde el reconocimiento social le da otro sentido, dignifica. En el ámbito de lo familiar eso mismo puede sonar un poco indigno, por decirlo de alguna manera."

Los Síntomas
Una de las preguntas que se abren con los testigos es sobre los efectos del reingreso al horror. ¿Qué despierta la situación del juicio? ¿Cuánto puede movilizar la llamada de un juzgado? Mientras explica que una de las víctimas de Orletti, cuando recibió el llamado del Tribunal se encerró seis meses en su casa con un cuadro de fobia, Rousseaux insiste en que la preocupación del Centro es cómo hacer para evitar el reingreso al agujero. "Nosotros somos muy insistentes con eso, y si un testigo –como sucedió en Orletti– no puede presentarse porque tiene terror de ver a los represores adelante, ¿por qué tiene que declarar igual?"

¿Cuáles son los problemas que el testigo experimenta después de una declaración?
Hay sueños o se abre la necesidad de contar lo que nunca se contó, pero también suceden otras cosas. Una de las hijas apropiadas por un represor que declaró en un juicio, alguien que fue abusada desde los tres años por el apropiador, entró a la sala de audiencias con un audífono porque él la dejó sorda de los golpes que le pegaba cada vez que aparecía la familia buscándola en televisión. El le daba la cabeza contra la pared, siendo una niña y la culpaba de eso. Ella quiso contar eso en la declaración, y en ese momento se dio un debate entre las partes.

¿Por qué?
Algunos decían que era someterla a una nueva victimización y el testimonio a su vez tampoco aportaba demasiado a la causa. No había sucedido en el marco del centro clandestino, sino en el marco intrafamiliar.

¿Y cuál es la respuesta?
El asunto es que finalmente ese es el debate, y no había acuerdo. Y lo que decía ella era que había esperado todos estos años para volver a cruzarse con la mirada de él, con un Tribunal atrás. Finalmente, el Tribunal le propuso terminar la declaración en instrucción. Tres días más tarde nos juntamos y ella me dice que no sabía qué hacer con recuerdos buenos respecto de su apropiador que habían emergido luego del testimonio.

Esa zona gris aparece también en otros relatos de quienes fueron apropiados.
Aparece todo el tiempo, es terrible, pero es así. Mariana Zaffaroni, por ejemplo, a los 17 años supo que no era hija de los Furci y a los 34 decide enterarse de su historia, pero le llevó 17 años poder hacerlo. En la audiencia de robo de bebés, Victoria Montenegro declaró algo que es muy importante: "Yo tengo derecho a mis contradicciones, también en esta declaración".

Estas cuestiones que aparecen una vez que el testigo abandona la sala también es material de trabajo para Rousseaux: "El cómo hacer para frenar a los fantasmas".
29 de mayo de 2011
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trasladan a patti a cárcel común


Luis Patti fue trasladado al penal de Ezeiza.
Argentina. La lucha que inició Diego Muniz Barreto en cautiverio y que durante 34 años impulsaron centenares de personas, finalmente rindió su fruto: Luis Abelardo Patti, condenado el mes pasado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad, comenzó a cumplir su sentencia en una cárcel del Servicio Penitenciario Federal. Luego de casi un año y medio internado en el centro de rehabilitación Fleni de Escobar, los pagos donde en tiempos de impunidad llegó a ser intendente, el torturador y asesino fue trasladado por orden de la Justicia al hospital del Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza, donde continuará con su tratamiento de rehabilitación.
Patti estuvo detenido desde noviembre de 2007 en el penal de Marcos Paz junto con Etchecolatz, Von Wernich & Cía. En enero del año pasado sus abogados Alfredo Bisordi y Silvio Duarte consiguieron la autorización del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín para que el represor se operara de una lesión en los ligamentos cervicales, maltrechos desde un accidente que sufrió en 1997 como copiloto de un auto de Turismo Carretera. Durante la intervención, en el hospital que la Universidad Austral posee en Pilar, Patti sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) que le permitió tomar distancia de la cárcel. La recuperación comenzó en la clínica Fleni del barrio de Belgrano y continuó en el imponente hospital de la familia Pérez Companc en Escobar, donde el torturador recibía a sus amigos a toda hora y se sacaba fotos sonriente, con cuello ortopédico y abundante cotillón.
A mediados de 2010, mientras el tribunal rechazaba los insistentes pedidos del fiscal federal Juan Patricio Murray para que el policía fuera examinado por el Cuerpo Médico Forense y no por los médicos de la clínica que había inaugurado como intendente, quienes justificaban una y otra vez su permanencia, los defensores de Patti fueron por más y pidieron el arresto domiciliario. Argumentaron que el tratamiento bajo la modalidad "hospital de día" sólo se lo podía brindar el Fleni y que los traslados desde cualquier penal serían letales para la salud del cliente. Pero una pericia realizada a pedido de las querellas frustró la maniobra. Un médico ofrecido por los abogados Ana Oberlín y Pablo Llonto corroboró que el torturador simulaba y que no hablaba para disimular su verdadero estado. El tratamiento indicado por el Fleni "no es imprescindible", concluyó.
Sin devolverlo a su casa pero tampoco al Hospital de Ezeiza, el mejor equipado del Servicio Penitenciario, el tribunal que preside Lucila Larrandart inició el juicio con Patti internado. Incapaz de mirar a los ojos a los hijos de sus víctimas, el torturador enfrentó el proceso disfrazado de enfermo terminal, ingresó al auditorio sólo cuando el tribunal lo obligó y ni siquiera de pie, sino acostado en una camilla y con los ojos cerrados. Lejos de la locuacidad que lo caracterizó en tiempos de impunidad, respondió con monosílabos cuando la jueza le preguntó si iba a prestar declaración indagatoria, en las audiencias iniciales, y si iba a hacer uso de las últimas palabras, antes de recibir la sentencia.
El 14 de abril, Patti fue condenado a prisión perpetua. "El cumplimiento de la pena impuesta a los acusados se llevará a cabo en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal", leyó Larrandart. Luego aclaró que por decisión del tribunal sería ella la responsable de controlar la ejecución de la sentencia. El jueves la jueza dio el último paso. En un documento que apenas supera la carilla, fechado en Olivos, dispuso el "traslado, reingreso y alojamiento" de Patti en una cárcel del SPF. Argumentó en base a un informe del médico Lisandro Olmos, para quien Patti "no requiere permanecer internado y se encuentra en condiciones de continuar con un programa de rehabilitación ambulatorio".
28 de mayo de 2011
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