niños robados, legajos desaparecidos
Investigan en San Nicolás 66 expedientes de adopciones durante la ultima dictadura. Como en Capital y San Isidro, en San Nicolás estudian viejos casos que pueden ayudar a encontrar jóvenes que fueron apropiados. Pero allí, hay 44 expedientes que no aparecen y un juez que se resiste a entregar dos legajos.
[Irina Hauser] Argentina. La fiscalía federal de San Nicolás, que encabeza Juan Patricio Murray, investiga 66 expedientes de guarda y adopción que tramitaron durante la última dictadura, con la sospecha de que al menos algunos de ellos pudieron haber escondido la entrega de hijos de desaparecidos. Es el mismo tipo de rastreo que, como reveló Página/12, están realizando el juez Norberto Oyarbide en los juzgados de menores de Capital Federal y la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en el juzgado (de la fallecida Ofelia Heft) que dio en adopción a Marcela y Felipe Noble Herrera, mientras la Corte Suprema bonaerense arma una base de datos de consulta permanente sobre procesos de adopción durante el terrorismo de Estado. El caso de San Nicolás pone en evidencia no sólo las irregularidades en los trámites originales de guarda, sino los mecanismos del propio Poder Judicial para, aún hoy, impedir la reconstrucción de historias de vida y la restitución de la identidad de los chicos apropiados. Tan es así que de los expedientes que están en la mira hay 44 que no aparecen, y hasta le abrieron una causa a un juez por resistirse a entregar dos legajos.
El ex juzgado de menores (ahora de responsabilidad penal juvenil) de San Nicolás funciona en una casa. Los expedientes de guardas que ya no están en uso fueron quedando amontonados en una habitación al fondo. "Prácticamente a la intemperie, sucios, con manchas de humedad, rotos", describía un informe de un grupo de especialistas de Abuelas de Plaza de Mayo, que participaron en esta investigación. "Cuando un joven quiere iniciar una búsqueda sobre su origen biológico esta información es fundamental, dato que los empleados (judiciales) no pueden desconocer", resaltaba el documento. Tanto Abuelas como la fiscalía que asumió la pesquisa parten de la idea de que el recorrido y las anomalías en los papeles que dan cuenta de guardas y adopciones durante la dictadura podrían facilitar el hallazgo de chicos nacidos en cautiverio o arrancados a sus padres secuestrados. A su vez, esta información ayudará a establecer la responsabilidad de los jueces en las apropiaciones, a las que procuraron dar aspecto de legalidad.
El equipo de investigaciones de Abuelas pidió al juzgado de San Nicolás 66 expedientes que debieron haber tramitado allí. La respuesta fue que sólo había 22 y el resto era imposible encontrarlos. La mayoría de los que aparecieron son del período 1976-1979, cuando el juez a cargo era Carlos Marchetti, el mismo que la semana pasada la Cámara Federal de Rosario ordenó volver a investigar por las irregularidades advertidas en la adopción de Manuel Gonçalves Granada, quien había sido entregado a personas conocidas del magistrado, y recuperó su identidad en 1995.
Marchetti había dado en guarda a Manuel a una prima de su primo. Nunca publicó edictos ni solicitadas para intentar hallar a su familia biológica y el único papel que daría cuenta de "citaciones cursadas a los familiares" sería falsa: estaba firmada supuestamente por el principal Jorge Russo, que dijo que no conocía a Marchetti, y además por su rango no podía rubricar ese trámite. Los adoptantes figuraban como casados –aunque no lo eran– y se obviaron los informes socioambientales propios de una adopción. En 1977, a una pareja de San Nicolás que preguntaba por el chiquito, el juez les dijo: "Muerto el perro se acabó la rabia". Reconstruir todo esto no fue sencillo ya que faltaba lo fundamental para poder empezar: había sido arrancada la hoja del libro índice que es la que permite identificar el expediente de guarda. En muchos de los casos que están bajo investigación sucedió lo mismo. Faltan esa y otras páginas.
Manuel Goncalves se convirtió en el impulsor de la investigación contra Marchetti, el juez civil de Lomas de Zamora Juan Delfín Castro y otros funcionarios judiciales que posibilitaron la supresión de su identidad. El juez de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo los había sobreseído con el increíble argumento –revertido por la Cámara– de que la culpa había sido de Ana, la mamá de Manuel, que como forma de protegerse y protegerlo había cambiado su nombre y el de su bebé.
Los 66 expedientes que Abuelas y la fiscalía de Murray rastrean se corresponden con niños que son hallados y entregados al juzgado como "NN". Los documentos fueron requeridos al actual juez de esa dependencia, José Emilio Luciano. La primera respuesta del magistrado fue que las causas de guarda con fines de adopción habían sido remitidas a juzgados civiles. Sin embargo, allí informaron que los datos de los libros del juzgado de menores eran inexactos. No fue el único entuerto que tuvieron las Abuelas y la fiscalía con el juez Luciano. Cuando pidieron la búsqueda de los papeles de un caso específico que había sido señalado por la Conadi (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad) como el de un probable hijo de desaparecidos, tanto su juzgado como el de la jueza civil Amalia Fernández Balbis contestaron que no los encontraban. El 21 de marzo último fueron intimados por la Suprema Corte bonaerense a "efectuar una exhaustiva búsqueda", "con la celeridad que el caso amerita". Para ese entonces, Luciano ya tenía abierta una causa por resistencia a la autoridad por negarse a dar los expedientes de dos menores hijos de desaparecidos. Murray pidió la indagatoria de Luciano a fines del año pasado, pero hasta ahora el juez Villafuerte Ruzo no le hizo lugar.
Luciano fue secretario de Marchetti en el Juzgado Penal Número 3 de San Nicolás entre 1979 y 1984. Allí tramitó la causa por el asesinato de Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereira Rossi en la que fue sobreseído hacia finales de la dictadura el ex subcomisario Luis Abelardo Patti. Luciano luego devino fiscal y, finalmente, juez de menores. Marchetti se fue a la actividad privada. Es abogado personal de Naldo Brunelli, secretario general de la UOM local quien, según fuentes judiciales, tiene un hijo adoptivo dado en guarda por Marchetti en 1977.
Los 44 expedientes faltantes siguen sin aparecer. Como informó este diario, según explicó el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud, el 30 por ciento de los 104 nietos que pudieron recuperar su identidad "fueron robados por procedimientos de guarda y adopción", lo que demuestra la importancia de poder sacarlos a la luz.
22 de mayo de 2011
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[Victoria Ginzberg] Argentia. El 10 de mayo de 1976, Gustavo Alejandro Cabezas y Florencia María Villagra estaban repartiendo panfletos en una plaza de Martínez cuando fueron abordados por un grupo de la Sección Segunda de la Compañía Demostración de la Escuela de Comunicaciones de Campo de Mayo a cargo del teniente primero Carlos Tomás Macedra. A Gustavo lo subieron a un auto y se lo llevaron. Florencia logró desprenderse del soldado que la sujetaba y empezó a correr. Recibió un disparo en la espalda y murió. El relato del hecho figura en la declaración de José Luis Aguas, que en ese momento era un conscripto. Aguas vio y sintió cómo ella se apagaba. La agonía duró un minuto. Hasta que dejó de respirar. Al rato llegó la policía. Un agente se acercó, se agachó al lado del cuerpo e intentó sacarle el reloj y una cadenita. Aguas le mostró la pistola. "Si la tocás, te mato", lo amenazó.
[María Inés Luchetti de Bettanín] Argentina. Mi suegra Juani Bettanín y yo recorrimos junto a muchos familiares distintos foros en el extranjero, e iniciamos junto a otros sobrevivientes, la causa Feced en Rosario en diciembre de 1983. Hemos reclamado por la aparición con vida de mis cuñados Jaime Colmenares, Guillermo Juan Bettanín y Leticia Jones y denunciamos nuestros propios secuestros y el de mis hijas Mariana y Carolina Bettanín, el nacimiento en cautiverio de mi hija Cristina Inés Bettanín, y los asesinatos de mi marido Leonardo Bettanín y mi cuñada Cristina Bettanín el 2 de enero de 1977. Hoy nos encontramos al final de las testimoniales del juicio oral a Díaz Bessone. Quiero decirles que antes de declarar en este juicio el pasado 30 de noviembre, recorrí los recortes periodísticos de 1984 que aún preservo. Y no sólo en mi testimonio y el de mi suegra, sino en el de casi todos los compañeros denunciábamos entonces a cinco ex militantes que optaron por pasar a formar parte del aparato represivo para preservar sus vidas. Nadie en aquellos días objetó nuestra palabra. Como tampoco se objetó en la elevación a Juicio Oral de la Causa Díaz Bessone.
Brasil / Argentina. El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil determinó este jueves por mayoría la extradición del mayor del ejército argentino, Norberto Raúl Tozzo, acusado de participar en la masacre de Margarita Belén, ocurrida en 1976.
Argentina. "Ramón Genaro Díaz Bessone me dijo que participó en entrenamiento en la guerra contra la subversión con franceses presentes en Rosario", dijo la periodista francesa Marie Monique Robin, autora del documental ‘Escuadrones de la muerte en la escuela francesa’, quien ayer declaró vía teleconferencia ante el Tribunal Oral Federal N? 2 en el marco de la causa Díaz Bessone. El trabajo muestra al ex general del Ejército reconociendo la instrucción de militares franceses, método con el que se llevó adelante la represión en Argentina. "En él se inscribe acabadamente la influencia de la escuela francesa en la metodología del terror aplicada en Latinoamérica", señaló Robin, quien además remarcó otra confesión militar. "Los generales argentinos me confesaron que no pensaron que después de la guerra iban a encontrarse con los familiares por la calle", afirmó la periodista.
Argentina. El tribunal envió copia del expediente a la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura para acumular en el trámite de destitución ya iniciado. Otilio Romano está imputado por varios hechos de torturas, homicidio y privación ilegítima de la libertad en la década de 1970 cuando se desempeñaba como fiscal en el tribunal que subrogaba Miret, ya destituido.
Argentina. Ayer, en la provincia mediterránea, también detuvieron al integrante de los grupos de tareas de la dictadura y ex carapintada Carlos ‘el Indio’ Castillo.
[Victoria Ginzberg] Argentina. Dieciocho años. La pena máxima que, hasta ahora, recibió un apropiador de un hijo de desaparecidos. Esa fue la condena impuesta por la jueza María Servini de Cubría a Luis Antonio Falco por retener y ocultar a Juan Cabandié, además de adulterar su estado civil y falsificar sus documentos. Dieciocho años. Uno más que los que tenía Alicia Alfonsín cuando parió en un cuartito de la Escuela de Mecánica de la Armada. "Estoy aliviado. Feliz de que la Justicia haya actuado", dijo el legislador kirchnerista con voz pausada y calma cuando lo rodearon los micrófonos y las cámaras, todavía dentro de la sala del Palacio de Tribunales.