queremos saber si son nuestros nietos
A diez años del inicio de la causa Noble. Carlotto: "Queremos saber si los jóvenes son los nietos que buscamos". El espantoso caso de los jóvenes que se niegan a saber quiénes fueron sus padres. 
Argentina. "Necesitamos el apoyo de todos para ayudar a concientizar y que los hombres de la justicia se conmuevan", afirmó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo al convocar al acto que se realizará a las 18 frente a Tribunales. Las Abuelas encabezarán el recordatorio de los 10 años del comienzo de la investigación para establecer si Felipe y Marcela Noble Herrera son hijos de desaparecidos.
La convocatoria, a la que se suman el Archivo Nacional de la Memoria, Madres línea Fundadora y Familiares de ex detenidos Desaparecidos, se realiza al cumplirse 10 años del inicio de la causa que busca establecer la identidad de los hijos adoptivos de la dueña del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble.
En diálogo con la Televisión Pública, Carlotto insistió en que "queremos saber si los jóvenes son los nietos que buscamos" y fustigó a los abogados de la empresaria por "entorpecer las decisiones de la justicia con permanentes recursos que impiden que se conozca la verdad".
"¿Qué hay detrás de todo esto que es imposible llegar a la verdad?", interrogó la titular de Abuelas al acusar a "grupos mafiosos que entregaron a nuestros nietos mediante un complot entre distintos sectores", entre los que mencionó a "grupos económicos y sectores de la iglesia".
La semana próxima será clave en el camino recorrido para obtener muestras de sangre y saliva que permitan realizar los análisis necesarios e intentar establecer si son hijos de desaparecidos de la última dictadura militar. La Cámara Nacional de Casación Penal convocó a una audiencia para el jueves 26 con miras a escuchar a las partes antes de resolver si confirma la decisión de obtener las muestras con o sin el consentimiento de Felipe y Marcela Noble Herrera, como resolvió en diciembre pasado la juez federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y ratificó ya la Cámara Federal de San Martín.
Este fallo se descuenta será apelado hasta las últimas instancias por los defensores de los hermanos, que intentarán llegar a la Corte Suprema de Justicia -con paso previo en Casación- para evitar que se ejecute la decisión judicial. La audiencia del 26 de mayo a las 11 ante la sala II del máximo tribunal penal del país será el paso previo a un fallo que igualmente quedaría en suspenso hasta que se defina si el caso puede o no ser analizado por la Corte Suprema.
Los Noble Herrera se opusieron desde siempre a este examen y sólo aceptaron comparar las muestras con dos familias querellantes en la causa y en la órbita del Cuerpo Médico Forense que depende de la Corte Suprema de Justicia, algo rechazado por los jueces que fueron interviniendo en el caso en distintas instancias.
Casación ya falló en una ocasión a favor de la realización de los estudios en el Banco Nacional de Datos Genéticos con muestras que ya se habían tomado y estaban almacenadas en el juzgado del anterior magistrado del caso, Conrado Bergesio, pero una pericia determinó que se había violado la cadena de conservación. Ante esto, Arroyo Salgado resolvió que no eran confiables y por eso ordenó nuevas tomas de sangre o saliva, que los jóvenes se rehúsan a entregar de manera voluntaria.
17 de mayo de 2011
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[Adrián Pérez] Argentina. Treinta y cinco años después, a Roberto Catalán le llegó el momento de rendir cuentas ante la Justicia por su rol durante la última dictadura. El ex magistrado fue indagado por el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena, quien le dictó prisión domiciliaria por los delitos de imposición de tormentos, incumplimiento de deberes de funcionario público y falsedad ideológica. El testimonio de Leopoldo Juan González fue fundamental para determinar la participación de Catalán en los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. El poeta y escritor bonaerense lo denunció ante la Fiscalía Federal de La Rioja como la persona que le tomó declaración estando detenido y se negó a escuchar su denuncia por las torturas recibidas en el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141, argumentando que "esas cosas no tenían valor porque habían pasado hace mucho tiempo" y recomendándole que olvidara todo.
[Alejandra Dandan] Argentina. La última etapa de los alegatos de las querellas por los crímenes cometidos en el centro clandestino El Vesubio estaba por empezar. Los tres militares acusados, aún en libertad, ya estaban sentados. A los otros cinco imputados, ex agentes penitenciarios, les habían sacado las esposas y estaban ahí, a la espera, en su nueva condición de prisioneros. El fiscal Félix Crous, a cargo del armado de este último tramo en el juicio oral, empezó el alegato con estas palabras: "Pienso que todos los aquí reunidos coincidirán conmigo en que cada vez que, a través de testimonios personales o de documentos, tomamos contacto con la cuestión de los desaparecidos en la Argentina o en otros países sudamericanos, el sentimiento que se manifiesta casi de inmediato es el de lo diabólico. Desde luego, vivimos en una época en la que referirse al diablo parece cada vez más ingenuo o más tonto, y sin embargo es imposible enfrentar el hecho de las desapariciones sin que algo en nosotros sienta la presencia de una fuerza que parece venir de las profundidades, de esos abismos donde inevitablemente la imaginación termina por situar a todos aquellos que han desaparecido".
Argentina. "Todavía lo estoy deglutiendo", dijo, conmovido hasta las lágrimas, Edwin ‘Peco’ Tissenbaum, abogado de presos políticos en los ’70 y una especie de "padre jurídico" del juicio por la Masacre de Margarita Belén. Sentado en su silla de ruedas, abrazado por sus seres queridos, contó: "Fueron 35 años de impunidad, porque hasta los gobierno democráticos fueron frenando este juicio". A Peco le disgustó la absolución del policía Alfredo Chas, al igual que a Mirta Clara, ex presa política y esposa de Néstor Sala, una de las víctimas de la masacre. Martín Díaz, hijo de Luis Díaz, otra víctima de la masacre, dijo: "Siento dolor, pero también mucha alegría". Y su madre, Norma Cajal, señaló: "Desde el sentimiento, era previsible el desborde, después de que durante la dictadura, incluso en democracia, se nos negara reiteradamente el reclamo de justicia". Mario Bosch, abogado querellante, dijo estar "conforme con las condenas a cadena perpetua, no así con la absolución de Chas, porque entendemos que había elementos probatorios suficientes para condenarlo. Respetamos el fallo del Tribunal, pero lo vamos a apelar en Casación", señaló. Y concluyó avisando que ahora esperan otros dos juicios, las causas Margarita Belén II y Caballero II.
[Marcos Salomón] Resistencia, Argentina. Transcurridos treinta y cinco años de los fusilamientos, diez de la reapertura de la causa judicial, luego de escuchar a más de 120 testigos, en 60 audiencias orales y públicas, la lectura de la parte resolutiva de la sentencia llevó menos de 30 minutos para escuchar la condena a cadena perpetua a ocho militares y al único policía sentando en el banquillo de los acusados, por el asesinato de quince víctimas, cuatro de las cuales permanecen desaparecidas. Pero nada fue tan sencillo, la convocatoria original, para las 8.30, apenas dio lugar a las "últimas palabras" de Alfredo Chas, quien en un discurso políticamente correcto hasta el hartazgo ya se había declarado inocente. El policía consiguió, en forma inesperada, la absolución.
Argentina. Cuatro organizaciones de defensa de los derechos humanos de la ciudad de Santa Fe convocan a una marcha, el próximo jueves, a las 10.30, para expresar el repudio a los dos fallos de Cámara en los casos Storni y Lepratti, bajo el lema "Basta de Impunidad". La movilización es motorizada por Madres de Plaza de Mayo, la Casa de los Derechos Humanos de Santa Fe, la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos por razones políticas de Santa Fe y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, integrantes del Foro Contra la Impunidad y por la Justicia.
[Darío Aranda] Argentina. El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba emitió una sentencia que sienta jurisprudencia respecto de los derechos de las familias campesinas. En un conflicto del noroeste de Córdoba, absolvió a ocho campesinos acusados de "usurpación" de un territorio que siempre utilizaron y, en un cambio de paradigma jurídico, priorizó la posesión ancestral de la tierra por sobre los derechos de un empresario que había comprado las tierras. "Es un fallo histórico porque el máximo tribunal reconoce los derechos campesinos a la tierra y los derechos posesorios de las familias campesinas por sobre los supuestos derechos de un privado que llega a un lugar y pretende barrer con las familias con posesión ancestral y acabar una forma de vida comunitaria", explicó Ramiro Fresneda, abogado del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), y recordó que en toda la Argentina se repiten los conflictos "y el Poder Judicial, sobre todo del interior, suele negar los derechos a campesinos e indígenas, reconocidos por el derecho interno e internacional".
[Gustavo Veiga] Argentina. La Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad espera por un decreto que disponga –como dice el borrador de su artículo 1º– "la inscripción de la condición de detenido-desaparecido en los legajos de las personas físicas que (...) revistaban como personal dependiente de la Administración Pública Nacional, aun cuando las mismas figuraran dadas de baja". Los empleados que se desempeñan básicamente en el Ministerio de Planificación Federal descubrieron que sus pares, víctimas del terrorismo de Estado, tienen sus legajos plagados de palabras como "baja", "cesante", "suspendido", "despido" o "limitar servicios" y que esto fue posible por leyes como la 21.260, promulgada el mismo día del golpe, y la 21.274, que decretaron despidos masivos entre los trabajadores.