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funcionarios víctimas de la dictadura

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Las víctimas de la dictadura que se desempeñaban en empresas publicas. La Comisión por la Reconstrucción de Nuestra Identidad ya identificó a 270 trabajadores que, cuando fueron secuestrados o asesinados, trabajaban en ENTel, Segba, Obras Sanitarias y otras empresas. Sus integrantes piden que se enmienden los expedientes adulterados.

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[Gustavo Veiga] Argentina. Primero desaparecieron los trabajadores del Estado y después las empresas. La dictadura cívico militar y el menemismo se repartieron la aciaga faena entre 1976 y 1990. Los integrantes de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad resumen en un puñado de anécdotas cómo fue la dolorosa secuencia. Julián Scabbiolo detalla que hasta ahora se identificó a 270 compañeros gracias a una investigación iniciada a principios de 2007. Con la ayuda de Obdulia García Piñeiro recuerda los nombres de algunas compañías donde ellos se desempeñaban y que ya no existen: ENTel, Segba, Gas del Estado, Obras Sanitarias, ELMA, Encotel... Diego Rodríguez muestra el legajo con los datos de su padre donde resalta uno, cesante, que tergiversa su condición de desaparecido. Silvina Giaganti cuenta que, en el jardín de infantes de su hijo, una mamá identificó a su tío gracias a la revista en la que colaboran todos, Construyendo memoria. Juan José Leiva recuerda su paso por la línea A del subte hasta el día en que lo forzaron a renunciar y lo secuestró el Ejército.
Los cinco comparten una ronda de mates en el Archivo Nacional de la Memoria, desde donde se decidieron a poner la historia en su lugar. "Parecería que la dictadura transcurrió en paz y orden dentro de la administración pública. Hubo sabotajes, paros y hasta trabajo a tristeza", describe el grupo que espera la firma de un decreto presidencial para reparar la adulteración de expedientes que hablan de bajas, suspensiones y despidos. En su lugar, deberían llevar una inscripción: detenido-desaparecido.
"Empezamos a recuperar los legajos de los trabajadores y fue un gran acontecimiento, porque contenían injusticias. El Estado terrorista era el asesino y además el empleador. Tenemos compañeros a los que detuvieron camino a la empresa, otros a los que desaparecieron en las oficinas y los restantes que eran dados de baja y secuestrados seis meses después. Decidimos no juntar papeles porque sí y asumimos el compromiso de conseguir una herramienta para poder reparar esta situación", dice Scabbiolo, de la Juventud de Obras Públicas. Con el aplomo de un veterano señala: "Tenemos identificados a 270 compañeros, aunque sabemos que son más y que la difusión va a ser determinante para que los familiares se acerquen, conozcan la existencia de la Comisión y puedan brindar su testimonio". Invita a presentarse en el Ministerio de Economía, Hipólito Yrigoyen 250, oficina 1141, o en la ex ESMA, Avenida del Libertador 8151, oficina 69.
A su lado, Leiva comenta que es un "sobreviviente" y que trabajaba en Subterráneos de Buenos Aires, de donde lo forzaron a alejarse en 1978 bajo amenazas de muerte. "Fui perdiendo compañeros que iban cayendo uno tras otro: el ‘Flaco’ Agustín Nuñel, el ‘Tano’ Roberto Rizzi, Correa, Chalampa, compañeros de mucha valía que se los llevaron porque eran los más humanos, los más combativos". Hoy todavía lucha de manera infructuosa para conseguir su reincorporación a Metrovías. Militante de la JP, recuerda con minucioso detalle al interventor, el teniente coronel José Luis Pintos: "Un hombre morocho, alto, que vestía ropa de gala del Ejército, con botas largas, anteojos ahumados, una gorra marrón bien puesta sobre los ojos y la fusta con la que se pegaba en las botas. No lo voy a olvidar más, se paseaba entre nosotros preguntándote qué hacías y apelaba al insulto para intimidar".
García Piñeiro trabaja en la ex ESMA, ese espacio recuperado para mantener encendida la memoria. "Un legajo dice muchísimo de las personas, nos dice que eran excelentes trabajadores, que cumplían evaluaciones. Se ven las historias de sus hijos, cómo crecían, los certificados de escolaridad, son historias que te llenan de cariño. El primer familiar con el que me encontré fue Diego y eso me produjo mucha emoción." Rodríguez, abogado y asesor en derechos humanos de la Legislatura porteña, lo corrobora: "Yo me acerqué a la Comisión por intermedio de Obdulia". Ángel Alberto, su padre, era empleado de Obras Sanitarias. Desapareció el 4 de agosto de 1976. Lo secuestraron en el Bajo Belgrano, en Húsares y Monroe, muy cerca de la cancha de River y del centro clandestino de detención más emblemático de la dictadura, donde ahora los cinco reconstruyen la identidad de los trabajadores del Estado desaparecidos.
Tienen una herramienta a mano para lograrlo. El 27 de marzo de 2007 se firmó un acta acuerdo de colaboración entre la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación y el Archivo Nacional de la Memoria. Una ambiciosa tarea los mantiene ocupados: desarrollar las tareas de relevamiento y documentación del personal desaparecido que se desempeñaba en el también desaparecido Ministerio de Obras y Servicios Públicos, creado en 1898 y víctima del desguace del Estado en la década del ’90, casi un siglo después. "Un decreto del ’91 lo disuelve. Nosotros teníamos el edificio de la 9 de Julio y Belgrano que el menemismo planteó tirarlo abajo. Todo el personal pasó al Ministerio de Economía y muchos compañeros se fueron por retiro voluntario", señalan.
Además de recuperar legajos, cruzar sus datos con la Conadep y entregarlos al Archivo, la Comisión organiza ciclos de formación en derechos humanos para la administración pública. Son visitas a la ex ESMA que se realizan todos los meses y de las que ya participaron más de 800 trabajadores desde que comenzaron a mediados de 2008. La iniciativa corrió por cuenta de un ex detenido desaparecido que pasó por aquel centro clandestino y es empleado de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
Giaganti, quien junto a Scabbiolo y Leiva se desempeña en la Secretaría de Obras Públicas, redefine el concepto bastardeado que se tiene del empleo público: "Nosotros sentimos que el trabajador del Estado debe cumplir un rol social, para la gente, lo que equivale a construir viviendas o que llegue el agua a un barrio, o instalar cloacas. Cumplimos tareas todos los días con esa convicción. Trabajar en el Estado no estaba bien visto y hoy para nosotros es un orgullo". Rodríguez rescata "el valor histórico de la labor que cumple la Comisión. Yo, como hijo de un desaparecido que formó parte de una empresa pública, tomé el trabajo que hacen como una bandera propia. Y estoy seguro de que servirá para que los empleados actuales conozcan a compañeros que caminaban por los mismos pasillos, que laburaban como ellos y que una política criminal les sustrajo su identidad".
La reconstrucción de esas vidas y de cómo la dictadura militar irrumpió en los organismos del Estado para arrebatarlas, avanza en diferentes narraciones a lo largo de la entrevista. "A los compañeros los secuestraron con las camionetas de las dependencias de empresas públicas y ahora los micros que nos traen a la ex ESMA son para reconstruir la memoria", compara Scabbiolo. "En los legajos que recuperamos había cartas de compañeros pidiendo por alguien que no estaba asistiendo al trabajo. Firmaban notas sabiendo que arriesgaban su vida al pedir por un desaparecido. Se dice que había delaciones de unos a otros, pero nosotros vemos que los legajos dicen otra cosa", explica Giaganti. "Esto no es trabajar sobre el pasado, es trabajar sobre el futuro", concluye García Piñeiro y todos asienten con el convencimiento de que están completando una historia que tiene muchas ventanas abiertas.
17 de mayo de 2011
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su hermana nació cautiva

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Clara Petrakos busca a una hermana nacida en cautiverio. Su madre fue secuestrada cuando tenía cuatro meses de embarazo y estuvo detenida en el Pozo de Banfield junto a otras embarazadas y donde habría dado a luz. Juan Miguel Wolk era el jefe de ese centro clandestino.

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[Alejandra Dandan] Argentina. Otros sobrevivientes habían hablado de su madre, del nacimiento de un niño y también habían hablado de Clara. Clara Petrakos finalmente se sentó en la sala de audiencias de los Tribunales de Retiro para contar su historia en nombre propio. Y ante preguntas que la llevaban directamente al centro clandestino, se abrió paso a los tumbos para quedarse en los momentos previos, en el antes, en las historias de sus padres vivos, en el compromiso político.
Clara nació el 6 de febrero de 1976, nueve meses más tarde secuestraron a su madre, María Eloísa Castellini. María tenía un embarazo de cuatro meses. Poco tiempo después desapareció su padre, Constantino Petrakos. Su madre, su padre y una hermana o hermano que nació en cautiverio están desaparecidos.
"Quiero seguir un orden cronológico para no olvidarme de nada", dijo Clara ante una pregunta de la fiscalía. A principios de 1974, su madre, que tenía 18 años, trabajaba con un grupo de estudiantes universitarios y con un sacerdote. "Durante el verano se fueron a hacer trabajos voluntarios en vez de irse de vacaciones a Mar del Plata, hacían albañilería y construyeron una escuela, y mi mamá pensaba que era necesaria porque todos debían tener acceso a la educación." Para 1976, ella era maestra en un jardín de Merlo. El 11 de noviembre de ese año la secuestró una patota desde la puerta de la escuela a las 12.45 del mediodía.
"Lo que conozco de ese episodio lo sé por los relatos de las personas que estuvieron con ella", explicó Clara, que una y otra vez intentó fundar el relato en esos datos, tomando en manos un cruce que debería haber hecho la Justicia.
"Mi mamá iba a tomar un colectivo a media cuadra de la escuela, en ese momento se acercan dos o tres, la agarran de los pelos y la meten adentro de un auto."
Clara estaba en ese momento con una de sus tías. A las siete de la tarde, una patota entró al departamento con la madre. "Mamá estaba embarrada y lastimada, yo no me acuerdo pero leí el testimonio de mi tía del ’83 y el del portero del edificio que también la ve embarrada, y que por el estado no la reconoce." Dicen que María estaba con signos de tortura en el cuerpo, en la boca, en el pecho y en la ingle a pesar del embarazo. Que no podía comer ni hablar demasiado, y le pidió a su hermana que la cambiara. La patota estaba ahí esperando a su padre, que nunca llegó porque vio el operativo desde la calle y escapó. Clara estuvo con él algún tiempo, pero después él viajó a España, desde donde desapareció a fines de 1977.
Por mucho tiempo tampoco supo cuál fue el recorrido de su madre. En 2003 conoció a una sobreviviente del Protobanco en Puente 12 que reconoció una foto en una marcha de Abuelas. "Cristina Comandé tenía presente la imagen de mamá, pero mi mamá no le había dicho cómo se llamaba, así que ella no sabía su nombre y ni de mi existencia hasta que me reconoce en la muestra de fotos, reconoce a mi mamá."
María estuvo en el Protobanco hasta fines de diciembre de 1976. Entre enero y marzo no se sabe dónde estuvo y en abril de 1977 estuvo en el Pozo de Banfield.
"Además de mi mamá –dijo Clara– se sabe que hubo otras veinte mujeres embarazadas ahí, hay constancias de que diez tuvieron a sus hijos. Hubo dos abortos por los malos tratos y del resto no se sabe cuál fue el destino. De los diez nacimientos de los que existen constancias, sólo cuatro recuperaron su identidad y muchos años más tarde: María José Lavalle Lemos, Carlos D’Elía, Carmen Gallo Sanz y Victoria Moyano." Entre los que nacieron está además su propia hermana, que todavía no está ubicada.

Las Pruebas
"Cuando mi mamá empieza con el trabajo de parto, las compañeras de celda empiezan a gritar o pedir que se acerque alguien para que pueda salir –dijo Clara–, pero lo único que consiguen es que un guardia abra la puerta de la celda, la celda era muy chiquita, un lugar en el que ni siquiera entraba acostada. Ahí la hacen acostarse en el pasillo, nace mi hermano, la ayudó Patricia Uchanski, que está desaparecida." Todo esto, dijo Clara, me lo "relató" Adriana Calvo, que llegó al Pozo de Banfield cuando Patricia todavía estaba ahí. Entre otros datos, Clara supo que el guardia cortó el cordón umbilical con un cuchillo de la cocina y que después de unas horas a su madre le sacaron al niño al que todos mencionan como niña, "Mi mamá siguió ahí hasta el 25 de abril del ’77, cuando hubo un traslado masivo, sólo quedaron Adriana y Ana de Gatica, que son liberadas."
"El Estado que debería haber buscado en los primeros años hizo poco y nada, no las buscó", dijo Clara. "La excepción fue una comisión que en algún momento pidió investigar las adopciones y las partidas de nacimiento firmadas por el médico Bergés. Las partidas se encontraron en los ochenta, tres de esas partidas recuperaron la identidad, pero muchos años después porque durante años no se hizo nada." La primera causa del caso es de 1986. Entre 1997 y 1998, Clara se acercó a Abuelas. Había leído la historia de Ana Caracoche de Gatica, que había estado con su madre. "Tuvo dos hijos secuestrados en distintos operativos y luego de que es liberada, por muchos años los buscaron hasta que finalmente los ubicaron a los dos, la hija había sido apropiada por un comisario. Yo me dije: ‘¿Cómo teniendo dos hijos apropiados los pudo recuperar a los dos y relativamente en pocos años?’. Ahí fue cuando dije: ‘Tengo que participar en la búsqueda’, y empecé haciendo difusión en los diarios, en las revistas, en Internet."
Un defensor le preguntó en la audiencia por los padres. Puntualmente por la militancia política con esa pose con la que intentan volver a la lógica de la guerra.
"Empecé hablando de la militancia, pero no veo la relación del plan sistemático de apropiación de niños y esa pregunta –le dijo Clara–: pero sí, militaban en el PRT."

–¿Qué es el PRT? –la provocó el abogado. Clara no respondió. No inmediatamente. Lo miró con una mueca. La presidenta del Tribunal, María del Carmen Roqueta, respondió para salir del apuro que era Partido Revolucionario de los Trabajadores. "¿Es así?", le preguntó a Clara. Y entonces Clara dijo que sí.

"Yo quisiera que el Estado busque y encuentre los archivos en donde están los datos de qué pasó con mi hermana y los niños robados", dijo al terminar. "Que pregunten a Juan Miguel Wolk, jefe del Pozo, qué sabe de mi hermana, dónde están los otros chicos, dónde están las personas."
17 de mayo de 2011
16 de mayo de 2011
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la nieta paula logares

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Paula Logares tenía poco más de ocho años cuando fue una de las primeras nietas recuperadas. Su abuela Elsa la ubicó en poder de los apropiadores en 1982, pero recién logró que Paula recuperara su identidad en 1987.

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[Alejandra Dandan] Argentina. Paula Logares tiene un recuerdo antiguo de las playas de Mar del Plata, de haber estado una o dos veces ahí. En esas playas aparece una escena, la imagen de los aplausos de la gente. Cree que alguna vez preguntó a quienes suponía sus padres qué es lo que hacía esa gente. Que en ese momento le explicaron que los aplausos eran porque un niño se había perdido, y eran señales para buscar a la familia. "No me acuerdo bien –dice Paula ahora, miles de años después–, pero creo que en ese momento, yo misma, entonces, fragüé una pequeña perdidita, creo que fue así."
Hubo otras dos veces en las que intentó perderse como si intuyera algo de su historia y de un padre que era subcomisario de la brigada de San Justo y, aún bajo la dictadura, aparecía con autos de la Mercedes Benz porque estaba contratado por la compañía. Una vez sucedió en el patio, cuando se quedó mirando una puerta pequeña convencida de que podía llevarla a algún lado. Otra vez ocurrió cerca del Obelisco. Quien hacía de madre entró a un hotel, ella se quedó atrás, imaginó qué pasaría si no la seguía. Lo hizo. No la siguió. Caminó unos metros en dirección contraria hasta que de repente sintió que su apropiadora la agarraba de los brazos.
"Me parece interesante marcar esto de que yo no estaba tan cómoda ahí, desde la perspectiva de una nena", dice Paula. "Yo les decía papá y mamá a ellos pero era como si eso no fuese natural, como si yo estuviese de alguna manera enajenada, viviendo una situación sin vivirla y aun así es como que podía ver los roles de cada uno, tal vez algo que para una criatura no es habitual."
A Paula la secuestraron a los 23 meses de edad. El 18 de mayo de 1978 en Uruguay una patota se la llevó con su madre Mónica Grinspon y su padre Claudio Logares. Era un día feriado, ellos bajaban de un colectivo y subían a otro camino al parque Rodó. Paula estuvo los siguientes seis años con los apropiadores: Raquel Teresa Mendiondo y Rubén Lavallén, el subcomisario de San Justo. Su abuela Elsa Pavón caminó todos esos años para encontrarla. La vio una vez cuando Paula había cumplido seis años, pero cuando quiso volver a verla los Lavallén habían dejado la casa. Las dos contaron la historia en las audiencias por el plan sistemático de robo de bebés. Elsa habló tres horas. Lloró la sala, los abogados y tres de los cuatro jueces del Tribunal Oral Federal 6 que no sabían cómo taparse la cara. La mujer habló de esa lógica siniestra del "acá está" y "acá no está" que reproducen las vueltas de una calesita. Y mientras lo hacía, y revivía cada aparición y desaparición, dijo lo que respondió cuando estaba a punto de encontrarla: "Y si me dicen finalmente que no es ella, no importa: al otro día me pongo los zapatos y empiezo otra vez".

La Reconstrucción de Paula
Paula está convencida de que Lavallén conoció a sus padres porque pasaron por el centro clandestino de la Brigada de San Justo. Los Lavallén la anotaron como hija biológica con dos años menos de edad, como si hubiese nacido más tarde.
Una vez, dice, escuchó en televisión una especie de juego en el que decían: socorro y auxilio. "Me acuerdo que con Lavallén nos pusimos a jugar en la calle, íbamos caminando y cuando él me agarraba yo empezaba a gritar socorro y auxilio. Era un juego –dice–, pero hoy lo miro distinto: creo que hay juegos y juegos y uno no se pone a jugar así, a pedir socorro y auxilio en la calle porque sí."
Dicen que sus apropiadores no pudieron cambiarle el nombre. Que cuando llegó a la casa Paula lo repetía constantemente. "Del nombre yo no me acuerdo tanto –dice Paula–, pero sí de un juego que se repetía. Un día estaba ella, Raquel, y una especie de vecina en el departamento y me dicen: ‘A ver, hoy jugamos a que te llamás de tal manera’. Yo en esos momentos me recostaba en la cama, daba vueltas y cuando me insistían era como si me cansara y me iba a jugar a otra parte."
Años más tarde, ya en casa de su abuela, Paula le preguntó si tenía su ropa de bebé. Habían pasado pocos días desde la recuperación, Paula la estaba midiendo. Ante una imagen de las rondas de las Madres por televisión, ya le había dicho a su abuela que esas mujeres eran locas y los hijos tirabombas. Ahora pedía la ropa. Elsa se la dio. Paula le dijo que una vez también se la había pedido a su apropiadora. La primera vez, la mujer le dijo que no la tenía porque la había donado a los chicos pobres. La segunda vez le dijo lo mismo, pero le preguntó si era egoísta. La tercera vez, le dijo egoísta y le dio una cachetada.
Paula no se acuerda. "Siempre me acuerdo que él le pegaba a ella en general en el baño –dice–, aunque alguna vez lo hizo delante mío. Me acuerdo que ella me pegó una vez, y es más, yo siempre pensé que era la única: yo tiré un plato de porcelana, tendría cerca de ocho años, y sólo me acuerdo que la miré y no volvió a pegarme."

La Búsqueda
Elsa buscó y buscó. Su consuegro le dijo una vez: "¿Se miró al espejo, Elsa?". O: "¿Vio en qué estado está?". Le sugirió que dejase la búsqueda, que a lo mejor su nieta ya estaba con otra familia: "¿Y usted qué va a hacer? ¿Va a volver a sacarle a los padres?". Elsa respondió con lo que iba a decir siempre: que iba a seguir, que ésos no eran los padres.
Con el tiempo, Abuelas tuvo fotos de los Lavallén por una vecina que escuchó una discusión. Elsa vio a Paula en la puerta de la casa, pero cuando intentó volver encontró un cartel de alquiler con el departamento vacío. Dos años después, con la apertura democrática y los murales de Abuelas en las calles, alguien aportó otro dato. Paula estaba ahora a cuatro cuadras de Chacarita. Elsa viajó todos los días desde Banfield a comprar verduras frente a la casa. La primera vez que la vio entró en shock porque su nieta tenía un guardapolvo de preescolar cuando debería haber tenido uno de primaria. Elsa no sabía de la inscripción de nacimiento retrasada ni de lo que después los psicólogos le explicaron como estrés de guerra: desde el secuestro, Paula había empezado a tener retrasos de crecimiento.
Un día siguió a un micro, y supo dónde estaba la escuela. Otro día le pidió a su marido que se acerque a la niña para preguntarle nombre y apellido para la denuncia. Cuando su marido se topó con la niña tuvo la impresión de que ella estuvo a punto de decirle "abuelo". "Mi abuela me contó eso después, pero yo tengo presente otra escena –dice Paula–: tengo el registro de gente que me miraba, y un día hubo alguien que me llama la atención y entonces me acuerdo de haber mantenido la mirada, era la hora de la salida de la escuela, yo iba camino al micro. Yo miro, sostengo la mirada pero no de forma desafiante sino como para ver qué pasaba".
Paula después supo que ése era su abuelo. Que ese día se quedó preocupado porque no sabía si ella había reconocido en forma instintiva algún detalle y que pudiera decir algo en la casa.
Luego de las búsquedas, llegó la denuncia. Hubo jueces que hicieron todo lo posible para retrasar el encuentro. No ordenaron allanamientos, no permitieron los exámenes con los que pese a la diferencia de edad entre las dos Paulas se podía saber si era o no. Cuando el dato finalmente estuvo, hubo quien no quiso entregar a la niña hasta que no resolviera la cuestión de fondo de la causa. Paula finalmente conoció a su abuela en diciembre de 1987, fue la primera nieta restituida por ADN. El juez Andrés D’Alessio de la Cámara de Casación las presentó: "El lugar era como un castillo con sillones enormes y había una mesa ratona. Me acuerdo que me presentan a mi abuela y yo daba vueltas alrededor de la mesa porque no quería entrar en contacto con ella, ella se sienta y me muestra unas fotos de cuando yo era chica, una a upa de mis padres y otra donde estaba yo de beba. Lo que sucedió en ese momento es que en una de esas fotos yo me reconozco, me doy cuenta de que era yo, porque era una foto igual a las primeras que me habían sacado en la otra casa, pero miro y en ese momento no dije nada, y no dije nada por mucho tiempo, tal vez se lo dije años después".
Paula tenía ocho años. "Eso era por el escepticismo que yo tenía, creo que me manejaba un poco así, desconfiaba. De pronto no sé muy bien cómo pero estoy llorando y me agarra sueño, y no era natural. Quería dormirme, como si necesitara descansar, pero no me animaba porque no estaba segura dónde hacerlo. Ahí había una asistente social. Me acuerdo que me dijo que me duerma tranquila, que ella me daba un anillito que tenía: ‘Vos te dormís con el anillo y cuando te despertás me lo das’. Yo le dije que no, y le pedí el otro anillo que tenía en la mano porque me imaginaba que si no me lo había ofrecido era porque tenía más valor."
17 de mayo de 2011
16 de mayo de 2011
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detienen a otro juez fascista

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Otro miembro de la familia judicial involucrado en la represión. Roberto Catalán, ex magistrado federal de La Rioja, está acusado de "imposición de tormentos, incumplimiento de los deberes de funcionario y falsedad ideológica".

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Argentina. Hasta ahora el único juez condenado por delitos de lesa humanidad es el santafesino Víctor Brusa, que recibió una pena de 21 años de prisión por participar en sesiones de tortura en 1976 y 1977. En Mendoza se investiga la complicidad los camaristas federales Otilio Romano y Luis Francisco Miret, mientras en Córdoba hay un proceso similar abierto contra dos fiscales y un ex magistrado.

El pasado viernes por la tarde se le recibió declaración indagatoria a Catalán, y finalizada la misma el juez Daniel Herrera Piedrabuena ordenó la detención y alojamiento en el Servicio Penitenciario Provincial, pero debido al estado de salud del imputado se dispuso "preventivamente" la prisión domiciliaria.
Catalán fue denunciado por Leopoldo Juan González, quien expresó que luego de ser detenido en abril de 1976, fue visitado dos años después por el entonces juez Catalán en el Batallón de Ingenieros en Construcciones 151 de La Rioja. Según la declaración de González, Catalán le notificó que habían encontrado en su domicilio "una carpeta con materiales subversivos, a lo que respondí que siendo escritor yo entendía que dichos volantes y papeles recogidos en actos en la calle, eran para mi documentos históricos y servirían para algún día escribir sobre los acontecimientos vividos en el país antes del golpe".
"También me notificó que habían encontrado una pistola calibre 22 que reconocí como mía. Cuando quise declarar sobre las torturas recibidas, se negó a ponerlo en el escrito diciendo que ’esas cosas no tenían valor por haber pasado mucho tiempo’, y que era mejor olvidar", detalló. Catalán "dio por terminada la declaración, dobló la hoja y pretendió que la firmara, cuando me negué, el escribiente dio la vuelta al escritorio me tomó de los pelos y tirando mi cabeza para atrás me metió una pistola en la boca, diciendo que si no firmaba era boleta, así firmé lo que no fue mi declaración, sino lo que el Dr. Roberto Catalán quiso poner", indicó González.
Ante dicha denuncia, el Ministerio Público Fiscal, representado por Marta Kunath, fiscal federal subrogante, promovió acción penal en contra Catalán, solicitando su detención, que finalmente ordenó el juez Herrera Piedrabuena.
Mientras tanto, hace un mes en Córdoba la Justicia dejó la puerta abierta para seguir investigando a los ex fiscales federales Alí Fuad Alí y Antonio Sebastián Cornejo y al ex juez federal Miguel Angel Puga, a partir de la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones cordobesa de rechazar por unanimidad los planteos de prescripción elevados por los abogados defensores. La causa está también en manos de Herrera Piedrabuena.
En Mendoza, el fiscal general Omar Palermo detalló la connivencia de la Justicia con los represores y solicitó que se cite a declaración indagatoria a los actuales camaristas federales de Mendoza Otilio Romano y Luis Francisco Miret y al ex juez Gabriel Guzzo, entre otros, por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, por omitir hacer cesar detenciones ilegales y por encubrir por omisión el deber de denuncia. Calificaciones que tributan en delitos de lesa humanidad. Miret y Romano ya fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura por organismos de derechos humanos y el propio ministro de Justicia provincial.
16 de mayo de 2011
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mantienen secreto sobre guerra sucia

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Congreso estadounidense decide mantener secretos documentos sobre la guerra sucia en Argentina.

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Washington, Estados Unidos. Un intento de desclasificar documentos de la inteligencia estadounidense sobre la dictadura argentina se frustraron el viernes en Washington, decepcionando a activistas de derechos humanos en Argentina que creen que los documentos secretos podrían ayudarles a identificar a los bebés robados por la junta militar. La moción presentada por el representante Maurice D. Hinchey, demócrata de Nueva York, fue rechazada por 214 contra 194 votos. Si hubiese sido aprobada, habría obligado a las agencias de inteligencia estadounidenses a desclasificar sus archivos sobre la dictadura de 1976-1983, que fue estrechamente vigilada por agencias estadounidenses. Una moción similar en 1999 resultó en el proyecto de desclasificación de archivos sobre Chile durante la presidencia de Bill Clinton, que hizo posible la publicación de más de veinticuatro mil documentos que ayudaron en los procesos por crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet. La mayor parte de los documentos sobre Argentina siguen siendo secretos.
16 de mayo de 2011
13 de mayo de 2011
©new york times
cc traducción mQh

tres deudas de la dictadura

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Argentina se niega a pagar deudas contraídas por dictadura. Club de París acepta.

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Argentina. Cuando comenzó esta ronda de negociación con el Club de París, la quinta desde la vuelta a la democracia, el Club reclamó diez préstamos entre los que se contaban deudas de la dictadura militar sin documentar y pasivos de las empresas privatizadas en los noventa, que debían absorber las compañías compradoras. En total sumaban más de 100 millones de dólares.
El caso que más discusiones involucró gira alrededor de un contrato de construcción de un gasoducto en la Patagonia, contratado por Gas del Estado. La contratista era una empresa extranjera, que tenía un seguro otorgado por la agencia oficial de exportaciones de su país. El contrato, celebrado en 1978, preveía la realización de un arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio, y cuando surgieron diferencias en torno del cumplimiento del contrato por parte de Gas del Estado, la empresa activó esa cláusula. El laudo arbitral, fechado en septiembre de 1982, fue favorable a la empresa, la que sobre esa base reclamó y obtuvo el pago reclamado por parte de la agencia aseguradora oficial. En atención a que el Estado nacional se hizo cargo de los pasivos de Gas del Estado, esta agencia solicitó la inclusión de la suma pagada en el marco de la negociación con el Club de París.
Sin embargo, el gobierno argentino no reconoció la validez del arbitraje, sobre la base de que el procedimiento para la constitución del tribunal no se ajustó a derecho, y que existe una causa en la Justicia argentina que aún debe expedirse sobre esta cuestión. La posición es que el reclamo es ilegítimo, y que el gobierno argentino no va a reconocer deuda alguna derivada del mismo.
Otros dos casos involucraron reclamos de deuda efectuados al Ministerio de Defensa, por contratos firmados en diciembre de 1977 y en febrero de 1979, por provisión de material estratégico, con la garantía de una aseguradora oficial. Dichos reclamos no fueron presentados oportunamente en las negociaciones del Club de París realizadas entre 1985 y 1992, y la aseguradora oficial pretendió incluirlos en esta instancia. Se le respondió que no nos era posible verificar la legitimidad del reclamo, por lo que no resultaba aceptable su inclusión.
15 de mayo de 2011
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argentina no pagará deudas de dictadura

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El gobierno acordó con el Club de París la deuda legítima con refinanciación. Argentina rechazó diez préstamos de la dictadura o de pasivos de las empresas de servicios públicos privatizadas, y el Club aceptó. El total a pagar es de 8470 millones de dólares y sólo falta acordar si el plazo es de tres o cinco años.

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[Roberto Navarro] Argentina. El equipo económico acordó con el Club de París la cifra total que adeuda el Estado nacional: son 8470 millones de dólares. El arreglo lo negoció directamente el ministro de Economía, Amado Boudou. La disputa final fue por diez préstamos por más de 100 millones de dólares que correspondían a créditos tomados por la última dictadura militar y por pasivos de las empresas de servicios públicos que fueron privatizadas. El ministro se negó a cancelar esos créditos y el Club de París terminó aceptando. En Economía estiman que el acuerdo por la forma de pago –el último punto que resta negociar– está cerca. Argentina propone, al igual que en las renegociaciones con los acreedores privados de 2005 y 2010, una refinanciación que permita que el Estado no dependa de los mercados internacionales de crédito para su cancelación. Está dispuesta a pagar aproximadamente 1500 millones de dólares anuales. Así el plazo de pago se extendería a cinco años y medio. El club de potencias extranjeras, que comenzó exigiendo un pago al contado, se acercó a aceptar una financiación a tres años. Por esa diferencia se está discutiendo. Alemania es el país más remiso a aceptar la propuesta.
El equipo económico está negociando más de 200 préstamos, tomados con 50 empresas de 16 países. Una alta fuente de Economía explicó a Página/12 el proceso de negociación: "A partir de 2010 se reinició el proceso de negociación con el Club de París, a los efectos de cancelar las deudas pendientes con los países miembros. Paralelamente se llevó a cabo un proceso de conciliación de deudas, consistente en establecer cuáles son elegibles para su negociación y reestructuración en el marco del Club, cuáles son los montos de capital de cada una, las tasas de interés aplicables y la metodología establecida en los contratos para la aplicación de intereses y punitorios, de lo cual resultó el total de cada deuda a una fecha determinada".
En la cartera económica aseguran que todas las deudas que se incluyeron tienen como fundamento contratos acordados luego del 10 de diciembre de 1983. Esto llevó a rechazar varios reclamos de acreedores, que sumaban más de cien millones de dólares, que pretendían incluir presuntas deudas basadas en contratos efectuados durante la dictadura militar, no convalidadas por un gobierno democrático, las cuales no se consideraron legítimas. "Las discusiones al respecto con las agencias oficiales de los países reclamantes consumieron una parte importante del proceso, pero la decisión se mantuvo firme en el sentido de no admitir estos reclamos", señaló una fuente de Economía.
Por el peso de sus economías y por los montos involucrados en cada caso, hay cinco países que están definiendo la negociación: Estados Unidos, Japón, España, Italia y Alemania. Estados Unidos fue el país que tuvo mayor influencia para que el Club accediera al pedido de Argentina de negociar sin el "paraguas" del Fondo Monetario Internacional. Japón y España tienen un fuerte lobby de sus empresas para acordar con Argentina y así destrabar la posibilidad de hacer negocios que hoy están vedados por el default con el Club. Alemania, gobernada por una administración poco flexible en general en sus negociaciones, carga con el estigma de aceptar las condiciones excepcionales que propone Argentina al tiempo que impone severos procesos de ajuste a países europeos que están pasando momentos difíciles. El gobierno italiano se alinea con Alemania.
Las negociaciones con el Club de París están estandarizadas. El proceso habitual marca que una condición necesaria para comenzar la negociación es que el país deudor tenga un acuerdo standby con el FMI o que cumpla con el artículo 4, que exige una revisión anual de las cuentas nacionales. Con este requisito cumplido, el Club presenta un menú de financiación prestablecido, según las condiciones de cada país. El deudor sólo puede elegir una opción de ese menú.
Argentina se presentó a negociar luego de nueve años sin mantener contactos oficiales para reabrir la negociación, no aceptó la inclusión del FMI en la negociación y presentó su propia propuesta, sin aceptar un menú prestablecido unilateralmente. "Esta situación incomoda a los integrantes del Club: están recorriendo un camino desconocido y les cuesta convalidarlo", señaló a Página/12 una fuente de Economía. "Una de las preocupaciones es que Argentina estaría creando un precedente para futuros casos", completó. A pesar de esto, las posiciones no son homogéneas entre los países con mayor peso en la negociación: hay quienes ven que Argentina viene pagando su deuda, que plantea una propuesta razonable y que quieren volver a hacer negocios.
La posición argentina es que un acuerdo es útil para el país sólo en las condiciones propuestas. "Un acuerdo difícil de cumplir generaría desconfianza en los mercados y terminaría siendo negativo para el país", es la opinión del gobierno nacional. En Economía quieren acordar con el Club de París no sólo por cerrar definitivamente el capítulo del default nacional, también para que puedan llegar al país inversiones directas con financiamiento a largo plazo y baja tasa de interés.
Por el fuerte crecimiento de la economía en los últimos ocho años, el país requiere de obras de infraestructura de alto precio. Hay empresas internacionales que se están fondeando a 20 años a tasas del 2 por ciento anual, que podrían ofrecer plazos similares y una tasa de interés de alrededor del 4 por ciento anual. Pero esas empresas sólo consiguen las condiciones adecuadas de crédito con la garantía de entes oficiales de los países del Club de París. Hay agencias de garantías, como Ermes, Coface, Securitas y JVIC, entre otras, que esperan el acuerdo del Club para hacer negocios con las empresas que quieren hundir capital en Argentina para realizar obras de infraestructura.
Otro elemento que tiene en cuenta el Gobierno es que el acuerdo dispararía cambios en la nota que deciden las calificadoras de riesgo al país. Una suba en la calificación permitiría a algunos fondos de pensión habilitar créditos para empresas argentinas e invertir en títulos públicos nacionales, hecho que redundaría en una baja de interés en el país. Sin embargo, afirman en el equipo económico, el país no tiene previsto apurar el acuerdo. "La pelota la tienen ellos; Argentina ya definió su posición; ahora hay que esperar que los mismos lobbies de los interesados en invertir en el país desbloqueen las últimas resistencias."
15 de mayo de 2011
©página 12

los papeles que firmó cosidoy

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Los hábeas corpus que rechazó Cosidoy durante en la dictadura. El hecho pasó casi desapercibido en la testimonial de la camarista federal en la causa Díaz Bessone. Fue más espectacular el trato de "mentirosos" a una docena de ex detenidos. Pero estas pruebas en particular podrían perjudicarla.

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[José Maggi] Argentina. La provocativa testimonial de la camarista federal Laura Inés Cosidoy, vertida el último martes ante el Tribunal Oral Federal No. 2 en la causa Díaz Bessone en la que trató de mentirosos a una docena de testigos que la habían cuestionado por su rol de defensora oficial y en la que se autorrelevó de respetar el secretario profesional eclipsó el verdadero motivo para el que fue citada por Germán Artola, defensor de tres imputados: Para reconocer su firma al pie de dos habeas corpus que rechazó en favor de dos detenidos durante la última dictadura. Se trata de los casos de Osvaldo Daniel Bas y Mansilla y el de Olga Delfina Cabrera Hansen.
El reconocimiento de su rúbrica la compromete en una acción reñida con la legalidad: el habeas corpus es una herramienta jurídica a la que se hecha mano cuando se sospecha que alguien ha restringido la libertad de una persona. Así era una herramienta más que necesaria durante la última dictadura, y su resolución favorable implicaba dejar claro bajo la responsabilidad de qué organismo o estructura se hallaba el detenido, y con qué leyes se lo iba a juzgar. También podía disparar el blanqueo de un detenido o la liberación, en otros casos. Pero básicamente el reconocimiento sobre quien lo tenía bajo su órbita. El rechazo obviamente era mantener un manto oscuro sobre el destino.
En este sentido un detenido podía estar bajo la responsabilidad de la justicia federal, la justicia militar o a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, a través de un decreto. En ninguno de los dos casos los detenidos estaban a disposición de la justicia militar sino del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército: una gruesa irregularidad, que no se corresponde con la respuesta de Cosidoy cuando el fiscal de la causa, le preguntó si recordaba cuál era la normativa que aplicaba al contestar los recursos de hábeas corpus, a lo que respondió: "La normativa que estaba vigente en ese momento dado el estado de sitio y la disponibilidad de la autoridad militar en ese sentido".
Sin embargo todo se desprende del análisis de la documental: Osvaldo Daniel Bas y Mansilla fue secuestrado el 23 de febrero de 1977 del domicilio de Wilde 1043, en la casa de tía Benita Lizondo. Su madre Francisca de Humer lo comenzó a buscar ese mismo día. El recurso de habeas corpus presentado recae ante el juzgado federal No. 1 a cargo de Pedro Barta, secretaría de Pedro Tiscornia.
El magistrado pide informes a la Policía Federal, y la Unidad Regional II de Rosario. El subcomisario Raúl Haroldo Guzmán Alfaro en su rol de Jefe del División Informaciones es quien contesta positivamente " que el llamado Osvaldo Daniel Bas Mansilla se haya detenido en esta dependencia desde las 7 horas del día 23 de febrero a disposición del Comando del II Cuerpo de Ejército ‘Teniente Gral Juan Carlos Sánchez’.
Pero el juez Barta, sabiendo que la respuesta no se ajustaba a derecho, vuelve a librar un oficio al Comando del Segundo Cuerpo el 1 de marzo de 1977 en el que solicita "se sirva informar a este Tribunal, con recomendación de pronto diligenciamiento dada la índole de la causa, si Osvaldo Bas y Mansilla se encuentra detenido y en su caso, porqué causa, desde cuándo y a disposición y por orden de qué autoridad".
El que responde entonces al día siguiente es el teniente coronel Horacio Verdaguer : "el ciudadano mencionado se encuentra detenido a disposición de este Comando de Cuerpo en averiguación de actividades presuntamente relacionadas con la subversión, desde el día 23 de febrero". Nótese que en ningún momento se revela la disposición del detenido bajo la órbita de la justicia militar.
Sin desfallecer en su intento por obtener la respuesta deseada, el juez Barta envía un tercer pedido de aclaración: le pregunta al "Comando del Segundo Cuerpo si la detención de Bas y Mansilla implica la puesta a disposición del mismo a la Justicia Militar".
El que contesta entonces con fecha 14 de marzo es el coronel Julián Gazari Barroso, quien no termina de echar una luz de legalidad sobre el ciudadano privado de su libertad. "La persona aludida se encuentra detenida a disposición de esta autoridad para ser puesta a disposición de PEN, por delitos que hacen a la jurisdicción de la Justicia Militar". Ni fu ni fa, ni una ni otra. Un cambalache, que sin embargo le sirve a la Fiscal Subrogante Laura Inés Cosidoy (que cambió de defensora a fiscal momentáneamente) para aconsejar el rechazo del recurso de hábeas corpus, algo que formaliza el 21 de marzo el juez federal Pedro Barta.
El otro caso es el de la abogada Olga Delfina Cabrera Hansen detenida el 9 de noviembre de 1976, y cuyo hábeas corpus fue presentado el 22 de febrero de 1977, terminó de la misma manera y una fecha emblemática: El 24 de marzo de 1977 -a un año exacto del golpe de estado-, la fiscal subrogante Laura Inés Cosidoy aconseja a su señoría que "corresponde no hacer lugar al recurso interpuesto".
15 de mayo de 2011
©rosario 12