el delito de usar a menores
Dos hombres fueron condenados por el asesinato del músico Santiago Urbani, cometido en 2008 en Tigre. Uno de ellos fue sentenciado a 27 años de cárcel por el homicidio y además por haber reclutado a menores de edad para que cometieran ilícitos.
Argentina. En el caso por el asesinato del músico Santiago Urbani, la Justicia emitió una sentencia inédita al condenar a 27 años de cárcel a un hombre que había reclutado menores de edad para que cometieran ilícitos. En la sentencia, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 6 de San Isidro dictó esa pena para Oscar ‘El Pelado’ Pérez Graham, de 44 años, mientras que para otro de los responsables del homicidio, Emiliano Herrera, de 21, resolvió aplicar una pena de 20 años. Julia Rappazzini, madre del chico asesinado en 2008 en Tigre, no se mostró del todo satisfecha por las decisiones judiciales. "Si bien las penas son altas y de cumplimiento efectivo, no es por lo que nosotros vinimos. Los quiero ver adentro hasta el día en que se mueran, no quiero verlos pisar la calle." Rappazini, que había reclamado prisión perpetua, concedió, sin embargo, que "es importante la condena" porque demostró la responsabilidad en el asesinato de su hijo.
Ambos acusados fueron hallados responsables de "homicidio en ocasión de robo producido mediante la utilización de un arma de fuego", pero en el caso de Pérez Graham se sumó el agravante de "la intervención de menores de edad", puesto que durante el debate quedó acreditado que instigó y dirigió a los adolescentes en su actividad delictiva. Los jueces María Angélica Etcheverry, Luis Rizzi y Federico Tuya también declararon "reincidente" a Pérez Graham, lo que le impedirá acceder al beneficio de la libertad condicional y deberá, en cambio, cumplir el total de la pena en la cárcel.
Los fiscales Cosme Iribarren y Rodrigo Caro habían solicitado penas mayores: reclusión para Pérez Graham y prisión perpetua para Herrera. En ambos casos, habían sustentado la demanda en el hecho de que el asesinato de Urbani constituyó homicidio calificado ‘criminis causa’, vale decir, que se trató de matar para ocultar otro delito (en este caso el robo) y así lograr la impunidad. Los jueces disintieron. En su resolución, consideraron que los acusados no mataron para ocultar el robo, aunque sí tuvieron una activa participación en el hecho que se estaba cometiendo en la casa de la víctima. De allí que hayan considerado que Pérez Graham y Herrera, aun cuando no hayan sido los autores del disparo mortal, debieron prever que usarían las armas de fuego que portaban al momento de entrar en la casa amenazando a Urbani. Esa misma hipótesis avaló Rappazini luego de la sentencia. "No es que salieron una noche a bailar, a ver qué hacer. Salieron con un plan para matar, con armas cargadas, cada uno tenía su rol y cualquiera que hubiera fallado no se llegaba a este fin."
Por el crimen, en 2010 el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil 3 de San Isidro declaró responsables a dos adolescentes a quienes se aplicará la pena a mediados de 2011, una vez que cumplan 18 años.
1 de mayo de 2011
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Argentina. La Sala II de la Cámara de Apelaciones absolvió a los cinco policías de la Unidad Regional II condenados por encubrir el asesinato del militante social Claudio ‘Pocho’ Lepratti, ocurrido el 19 de diciembre de 2001. El fallo beneficia a Marcelo Arrúa, Rubén Pérez, Roberto de la Torre, Daniel Braza y Carlos Alberto de Souza, quienes acompañaban en el móvil 2270 al policía del Comando Radioeléctrico de Arroyo Seco, Esteban Velázquez, autor material del asesinato. Los policías absueltos habían sido condenados por la justicia en un fallo de primera instancia por falsedad ideológica de instrumento público y encubrimiento agravado en concurso ideal. Ahora, el tribunal de alzada, que integran los camaristas Carina Lurati, Juvencio Mestre y Ramón Ríos, decidió absolver a los cinco policías por el beneficio de la duda. La abogada de la familia Lepratti, Carmen Maidagan, dijo que "no hay duda alguna" de que existió una actitud de encubrir y falsear documentación pública, y que "existen elementos" para solicitar un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte.
[Alejandra Dandan] Argentina. A dieciséis meses del comienzo, el juicio por los crímenes de la ESMA entró en la etapa final. Después de la última ampliación de la declaración de Jorge ‘el Tigre’ Acosta –que se extendió el lunes pasado hasta las once y media de la noche–, el Tribunal Oral Federal 5 dio lugar a la incorporación de las declaraciones de testigos que están muertos o no están en condiciones de declarar. En una medida celebrada por los querellantes, en las audiencias se están viendo las declaraciones filmadas que esos mismos testigos realizaron en el juicio a la junta de comandantes. Entre ellos hubo testimonios fundamentales como el de Emilio Mignone, uno de los fundadores del CELS, y el ex capitán Jorge Félix Roberto Búsico, uno de los integrantes de la ESMA que reconoció las operaciones ilegales contra los militantes políticos.
[Norma Slepoy] Argentina. Durante mucho tiempo, distintas voces advirtieron que el terror que cundió en la sociedad durante la dictadura no era una simple consecuencia de la represión, destinada a aniquilar a quienes se opusieran al proceso de reorganización económico-política de la nación. Se decía que el terror en sí mismo había sido planificado. Estas inferencias hallaron amplia corroboración al hallarse un documento del Ejército en el que se establecieron las acciones psicológicas a implementar para producir el terror en la población; su sola lectura provoca una gran impresión.
[Pedro Lipcovich] Argentina. Allanamiento. Entró la policía y las mujeres retroceden. Los hombres las separan, las interrogan. Ellas están de pie, contra la pared, les tiemblan las piernas. Los hombres les revisan las cosas personales, hay alguna risa obscena, alguna cachetada. Les quitan los celulares, les quitan el dinero, se llevan sus documentos, les hacen firmar quién sabe qué. "Nos tratan como a perros", resume la presidenta de la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (Ammar); según la entidad, estos procedimientos se incrementaron en las últimas semanas en la zona de La Plata, con intervención de la Policía Bonaerense y la Gendarmería, en el marco de acciones que estarían destinadas a combatir la trata de personas. Ammar propuso "trabajar en conjunto en la capacitación del personal que interviene en esos operativos, pero para eso deberían reconocer que tenemos saberes", dijo la titular de la entidad, que el año pasado fue premiada por la ONU.
[Gustavo Veiga] Argentina. Mauricio Macri ya no podrá interponer recursos ante la Justicia para evitar su indagatoria en la causa UCEP. De nada valdrán excusas como actos electorales o viajes al exterior que ya utilizó en dos ocasiones para no presentarse ante el Juzgado de Instrucción Nº 49. La Sala 1 de la Cámara Nacional en lo Criminal ordenó que su declaración en condición de imputado es procedente, devolverá el expediente al magistrado de primera instancia Facundo Cubas y éste ahora fijará una nueva audiencia para citarlo bajo apercibimiento de pedir su desafuero como jefe de Gobierno. El tribunal integrado por Jorge Rimondi, Luis Bunge Campos y Alfredo Barbarosch determinó la medida que lo ubica en una situación judicial que siempre quiso esquivar. De cualquier modo, el todavía indeciso candidato a la presidencia de la Nación o a la reelección en la ciudad de Buenos Aires podría negarse otra vez al pedido de Cubas, pero "a un costo político muy alto", como describió ayer una fuente con acceso al voluminoso expediente. Su pedido de desafuero, en ese caso inexorable, ingresaría a la Legislatura para su tratamiento.
[Alejandra Dandan] Argentina. Lidia Eva Papaleo de Graiver llevaba un rato declarando. Había hablado de su secuestro, de los interrogatorios bajo tortura que le hicieron en presencia de otros hombres vinculados al grupo Graiver. De las preguntas sobre el dinero, del destino de los fondos del banquero. Pero estaba en el juicio por el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos para hablar de otra cosa. De su paso por el centro clandestino ubicado en el Pozo de Banfield, y de la embarazada y del parto que escuchó a unos metros, en el pasillo "inmundo" que estaba frente a su celda.
[Irina Hauser] Argentina. Había algo más que Victoria Montenegro tenía atragantado desde hacía muchos años, aparte de que el fiscal de la Cámara de Casación Juan Martín Romero Victorica le pasaba información a su apropiador sobre la causa en su contra. Eso otro era un recuerdo nítido: en una casa donde solía pasar los fines de semana con sus apropiadores en Marcos Paz había visto documentos y papeles vinculados con el terrorismo de Estado, algunos puntualmente con operativos en los que había participado el coronel de Inteligencia Herman Tetzlaff, a quien la mayor parte de su vida creyó su padre, hasta que él mismo le dijo que había matado a sus padres biológicos en marzo de 1976. Así lo relató ante el Tribunal Oral Federal 6 (TOF6), que lleva adelante el juicio sobre el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos. A partir de ese testimonio, los jueces ordenaron allanar la vivienda a la que Tetzlaff, con evidente sadismo, llamaba "El Campito", como el centro clandestino de detención que funcionó dentro de Campo de Mayo. En el procedimiento, que se hizo ayer, se hallaron algunas de sus pertenencias, como una tarjeta de fin de año que le mandó el ex general Santiago Omar Riveros y el libro ‘El Ejército hoy’, de 1976, promotor del régimen dictatorial.