tierra, recurso no renovable
Proyecto del ejecutivo que limita la venta de tierras rurales a extranjeros y conserva en el dominio nacional el 80 por ciento. La propuesta que ayer anunció la Presidenta impone límite a la venta de tierras a extranjeros.
[Sebastián Premici] Argentina. "El tema del dominio de la tierra es una cuestión estratégica y vital en este siglo XXI. Con este proyecto estamos dando un paso muy importante sobre el dominio nacional de este recurso no renovable, con la intención de seguir consolidando un país que puede ser uno de los grandes protagonistas de este tiempo." Con estas palabras, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el envío al Congreso del proyecto de ley que regula la venta de tierras a titulares extranjeros. Tal como anticipó Página/12, la iniciativa estipula que los titulares de otra nacionalidad no podrán tener más del 20 por ciento del total de tierras rurales a nivel nacional. Según datos del Ministerio de Agricultura, esa proporción representa hoy 40 millones de hectáreas. De este total, los dueños de una misma nacionalidad no podrán tener más del 30 por ciento. Además, se establece que una persona física o jurídica no podrá adquirir más de 1000 hectáreas en la zona núcleo o su equivalente en otras regiones del país. La iniciativa también prevé la creación de un registro nacional de propietarios.
El otro eje fuerte de la normativa es que define que la comercialización de este recurso no puede ser considerada una inversión privada, por ser un recurso no renovable. De esta manera, la tierra quedará comprendida bajo el dominio público, con el objetivo de evitar cualquier conflicto ante el Ciadi o con los tratados bilaterales de inversión.
"Las decisiones nacionales sobre la titularidad, tenencia y uso de las tierras rurales se inscriben dentro del derecho a la libre determinación de los pueblos, así como su derecho a la independencia económica y a la fijación de las formas de explotación y distribución de lo producido con sus riquezas y recursos naturales, tal como lo establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales", puede leerse en los fundamentos del proyecto, que ingresó ayer por la noche en la Cámara de Diputados. Incluso se aclara que la tierra no puede ser considerada una inversión, porque es "el recurso que aporta el país que recibe la inversión". Así quedaría fuera del alcance del Ciadi.
"Esta definición que damos es la primera batalla legal contra los tratados de inversión, que seguramente se extenderán a otras áreas. Es una de las cosas más novedosas de este trabajo. Esta ley afirma que no puede ser considerada inversión la compra de un bien escaso y no renovable. Inversión es cuando alguien trae tecnología, no cuando compra un campo", explicó a Página/12 Eduardo Barcesat, uno de los juristas que trabajó en la letra chica del proyecto desde noviembre del año pasado. El otro especialista que hizo aportes fue el abogado Aldo Casella, un hombre cercano a la Federación Agraria.
Si bien el proyecto evita avanzar en una definición de "uso social de la tierra", como sí ocurre en Brasil, la normativa enviada ayer al Parlamento se fundamenta en una serie de tratados internacionales incorporados a la Constitución nacional (artículo 75, inciso 22), que avanzan en este sentido. Por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica indica que "si bien toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes, la ley puede subordinar tal uso y goce al interés social".
"Esta es una ley que tiene por objeto conservar en el dominio nacional, no estatal, una cuestión que es de todos los argentinos y fundamentalmente de aquellos que tienen capacidad de producir e invertir en esa tierra que tiene beneficios para todos", agregó la Presidenta. Este proyecto había sido anunciado por primera vez durante la Asamblea Legislativa del 1º de marzo y fue citado nuevamente la semana pasada, durante el acto lanzamiento de la Corriente Agraria Nacional y Popular (Canpo).
Uno de los aspectos más complejos para definir tiene que ver con la nacionalidad de una sociedad anónima, ya que muchas empresas extranjeras suelen adquirir tierras a través de intermediarios locales. Para avanzar en este tema, la iniciativa prevé la creación de un registro nacional de propietarios, que estará a cargo del Ministerio de Justicia, y la realización de un censo que debería estar finalizado a los 180 días de aprobada la norma. El registro deberá comenzar a partir de las operaciones realizadas el 1º de enero de 2010. "Sin este relevamiento catastral y dominial de todas las tierras rurales no podrá regularse fehacientemente la limitación de la tenencia extranjera", explicó el ministro de Agricultura, Julián Domínguez.
Por otro lado, en el artículo 3 de la norma se especifican todos los tipos jurídicos que podrían ser considerados titulares extranjeros. Por ejemplo, una empresa que tenga más del 51 por ciento de su capital en manos extranjeras quedará incluida dentro de este régimen. También quedarán comprendidas las UTE, los fideicomisos y las empresas vinculadas que no respeten los límites establecidos.
El objetivo inicial del grupo de juristas que estuvo involucrado en la realización del proyecto era armar una ley federal de tierras rurales, donde quedaran contemplados todos los tipos de propiedad, incluidos los pueblos originarios y la propiedad cooperativa. Sin embargo, una vez que la iniciativa llegó a manos de la Presidenta se decidió acotar el proyecto, con la intención de que pudiera ser tratado en el Congreso.
"Nos dijo que debíamos copiar lo que hicieron otros países para cuidar este recurso natural", resumió a este diario Barcesat. En los fundamentos del proyecto se incluye un capítulo dedicado a la legislación comparada que se utilizó para formular la iniciativa. Allí se mencionan las leyes de Francia, Italia, Canadá, Brasil, Australia y Bolivia.
Además de los límites generales, se estipula que una persona física o jurídica (en cualquiera de sus formas) no podrá comprar más de 1000 hectáreas en la zona núcleo. "Seguramente en el debate parlamentario se definirá la equivalencia para otras regiones del país. Por ejemplo, si 1000 hectáreas equivalen a 15 millones de dólares en la pampa húmeda, se podría fijar que el límite para un inversor extranjero en la Patagonia sean esos 15 millones de dólares", explicó a este diario un asesor legal de Agricultura.
Como otro dato clave de la iniciativa, no se afectarán las adquisiciones ya realizadas. Así lo manifestó Fernández de Kirchner. "Con este proyecto procuramos efectivizar el derecho irrenunciable del gobierno nacional al ejercicio de su soberanía y la preservación de la titularidad de los pueblos sobre sus recursos y riquezas naturales", concluyó Domínguez.
28 de abril de 2011
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Argentina. Dice que estar "en el ojo de la tormenta informativa" no la altera. "Estoy tranquila, en paz, porque creo que lo que hago es lo correcto, lo que tengo que hacer", dice Victoria Montenegro, entre tímida y firme. El proceso de recuperación de su identidad le llevó una década, pero anteayer se animó a denunciar al fiscal de Casación Juan Martín Romero Victorica como cómplice del asesinato de sus padres. Tuvo coraje para contar que su apropiador, el represor Herman Tetzlaff, le confesó que él los mató y le entregó a ella el arma con la cual los había asesinado. "Hace dos años me llegó la verdad, una Navidad, cuando extrañé por primera vez a mi papá biológico, y pude separar al apropiador, dejar de defenderlo", dijo.
[Irina Hauser] Argentina. La carrera judicial del fiscal de la Cámara de Casación Juan Martín Romero Victorica se tambalea. Es porque para Victoria Montenegro, hija de una pareja de desa-parecidos, "se acabó el miedo" y siente "la obligación de denunciarlo". El lunes declaró que mientras la Justicia tenía que investigar a su apropiador, el coronel de Inteligencia del Ejército Herman Tetzlaff, el fiscal Romero Victorica lo llamaba para anticiparle información de la causa y hasta le consiguió abogados para su defensa. Ayer, Victoria le dijo más a Página/12: "Romero Victorica sabía que Herman mató a mi padre", en un operativo que comandaba. Ahora, "el Potro" –como le dicen al fiscal– tendrá cinco días para presentar un descargo ante el procurador general, Esteban Righi, jefe de todos los fiscales, quien enseguida abrió un expediente administrativo y evaluará si impulsa su destitución. Por lo pronto, además, el Tribunal Oral Federal 6, que lleva adelante el juicio sobre el plan sistemático de apropiación de menores durante la dictadura, donde Victoria hizo su relato revelador, resolvió enviar la grabación de toda su declaración a la Cámara Federal para que se abra una causa penal ante algún posible "delito de acción pública".
Argentina. El 22 de febrero de 1977, un grupo de civiles y militares rodearon la casa de Adrián Sánchez, un militante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), que sólo tenía 16 años, y lo llevaron secuestrado hasta el Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía de Rosario. Durante 40 días sufrió terribles tormentos y luego pasó casi dos años en la cárcel de Coronda. Desde Londres, donde vive actualmente, el testigo declaró ayer en teleconferencia ante el Tribunal Federal Oral número 2 que juzga a Ramón Genaro Díaz Bessone, José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote, José Antonio Carlos Scortecchini, Ramón Rito Vergara y Ricardo Chomicky por los delitos cometidos en el mayor centro clandestino de detención de la provincia. El testigo recordó cómo Chomicky lo instó a colaborar con la patota, a los golpes, en medio de una sesión de torturas, y también relató cómo fue testigo de un abuso sexual a Carmen Lucero, otra militante de la UES que estuvo secuestrada en el SI.
[Adriana Meyer] Argentina. Cuando se habla de las rémoras del pasado que impiden la renovación del Poder Judicial y bloquean el avance de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura surge su nombre como uno de los protagonistas de tales enclaves detenidos en el tiempo. El fiscal de Casación Juan Martín Romero Victorica, a quien apodan ‘el Potro’, pertenece a la rama más conservadora de la corporativa familia judicial, por eso se junta con defensores de represores como el ex camarista Alfredo Bisordi a rumiar su bronca por los vientos progresistas que soplan en estos días, y se filtran, de a ratos, por los pasillos de Tribunales. Cuando los aires llegan al quinto piso de Comodoro Py provocan la alergia del ocupante de la fiscalía de Cámara 1.
[Alejandra Dandan] Argentina. Entró en la sala de audiencias sin pañuelo, convencida de que no le iba a hacer falta. Su apropiador se lo había dicho muchas veces: que no llorara, que ésa era una forma de mostrarse débil ante el enemigo. Victoria Montenegro ayer lloró, lloró mucho, acompañada por buena parte de la sala. Contó escenas de sus años de hija de desaparecidos apropiada por un coronel de Inteligencia del Ejército. Por primera vez en su vida declaró contra él y, de alguna manera, a favor de la recuperación de la historia de sus padres biológicos. En medio de ese relato denunció al fiscal de Casación Juan Martín Romero Victorica porque, mientras la Justicia investigaba a su apropiador, el fiscal filtraba información hasta veinte días antes. Al terminar la audiencia, en la causa sobre el plan sistemático para apropiar hijos de desaparecidos, el fiscal Martín Niklison pidió al Tribunal Oral Federal 6 que impulse una denuncia penal a Romero Victorica y envíe los datos al procurador general.
[Alejandra Dandan] Argentina. "Yo no cito la Causa 13, me parece la peor causa, aunque sus protagonistas están considerados héroes. Si uno la lee completa, observa que además de levantar la teoría de los dos demonios adelanta la Obediencia Debida." La Causa 13 es el emblemático fallo del Juicio a las Juntas de Comandantes. Lucila Larrandart vuelve a ella para confrontarla con los juicios que se están desarrollando en este momento y en los que ya no se está juzgando sólo a las cúpulas sino, por primera vez, a los ejecutores directos de la represión. A Luis Patti, entre ellos. En ese sentido, discute las teorías jurídicas que en los primeros años de la democracia dejaron a salvo a los responsables directos. Y dice: "No es que cualquiera era intercambiable: eran grupos operativos que realmente actuaban sabiendo lo que hacían y queriendo hacerlo".
Argentina. Félix Díaz, explicó que han decidido iniciar una nueva huelga de hambre, medida de fuerza que ya llevaron a cabo durante una semana el pasado diciembre, porque ya no saben "qué más hacer para que el Ejecutivo nacional los ayude".