encontraron vivo a víctor martínez
"Apareció anoche, gracias a Dios con vida", confirmó Gabriela Scopel, abogada de Víctor Martínez, el testigo en la causa por la muerte en 1977 del obispo Carlos Ponce de León. Scopel relató que Martínez estaba "bajo los efectos de ansiolíticos o de alguna droga que le impedía caminar correctamente".
Argentina. "Estaba muy confundido y balbuceante", señaló Scopel, quien detalló que, en ese contexto, lo único que el testigo pudo relatar fue que "lo tuvieron en una habitación, que lo trataron bien, que no le pegaron, que le daban de tomar pastillas y que le decían qué tenía que decir". En diálogo con Télam, la letrada consignó que Martínez "apareció anoche, gracias a Dios con vida, bajo los efectos de ansiolíticos o de alguna droga que le impedía caminar correctamente porque le afectaba el equilibrio".
Según precisó la abogada, Víctor Martínez fue hallado anoche "en la avenida Rivadavia y Acoyte", en el barrio porteño de Caballito, y desde allí se comunicó telefónicamente con su esposa. Luego, indicó la abogada, "alguien tuvo la gentileza de dejarlo en la comisaría 11", ubicada en la avenida Diaz Vélez al 4600, y posteriormente fue traslado al Hospital Durand, donde "le hicieron los análisis de rutina".
"Seguramente los análisis de sangre determinarán qué sustancia le fue suministrada", sostuvo Scopel, quien también consignó que Martínez apareció sin los anteojos que utilizaba en forma permanente. Por otro lado, la letrada indicó que el testigo descansaba esta mañana junto a su familia en su casa del barrio porteño de Palermo.
Martínez, de 52 años, había sido visto por última vez el lunes a las 14, cuando salió de su casa hacia una escribanía a la que nunca llegó, según denunció la familia. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenó que todas las fuerzas de seguridad trabajaran para localizarlo, según informó ayer el ministro de Justicia, Julio Alak, en una conferencia de prensa en la que distribuyó una fotografía del testigo y pidió colaboración de la población.
La ministra de Seguridad, Nilda Garré, por su parte, había ordenado la creación de una división especial integrada por la Superintendencia de Interior y Delitos Federales Complejos para investigar la desaparición y habilitó una línea telefónica especial para recibir información.
El obispo de San Nicolás Ponce de León murió en circunstancias sospechosas en un supuesto accidente automovilístico el 11 de julio de 1977, en plena dictadura, cerca de la ciudad bonaerense de Ramallo. En la causa que investiga esa muerte, Martínez declaró como testigo y el principal imputado es el ex teniente coronel Manuel Fernando Saint Amant, procesado en varias causas de desaparición forzada de personas.
22 de abril de 2011
21 de abril de 2011
©página 12
[José Maggi] Argentina. Un ex policía; un sobreviviente del Servicio de Informaciones que identificó con nombre y apellido a sus torturadores como ‘el Ciego’ Lofiego y ‘Caramelo’ Altamirano; la hija de un emblemático dirigente de SMATA -que escapó dos veces de las garras de sus captores- y también víctima del SI, fueron tres de los testimonios que se escucharon ayer en el marco de la causa Díaz Bessone en los tribunales federales de Oroño al 900.
[Adriana Meyer] Argentina. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió al Estado argentino un pedido de Jorge Portillo –víctima de la represión policial del 20 de diciembre de 2001, que lo dejó paralítico– para que en dos meses dé una respuesta. Se trata de un paso previo a que la CIDH admita el caso de Portillo contra Argentina por "violación al derecho de justicia": su causa fue archivada a pesar de haber sido identificados los policías que dispararon aquella jornada en el barrio de Saavedra.
Argentina. Hace una semana, una joven boliviana de 15 años fue internada en el Hospital de Niños de La Plata debido a un cuadro de deshidratación. En brazos traía a su beba, de un mes, que estaba desnutrida. "Los médicos se dieron cuenta de que estaba muy asustada y no cerraba su historia, así que se comunicaron con la Dirección de Niñez y Adolescencia", comentó ayer a este diario Carlos Dabalioni, titular de esa dirección, desde donde se ubicó al padre de la chica. Luego el abogado de este organismo hizo la denuncia por "trata de personas": la joven habría sido "vendida" a unos quinteros de la localidad platense de Olmos. Allí trabajaba de sol a sol, al igual que un hermano suyo de 17 años. El lunes pasado, ellos, la beba y el padre de ambos hermanos, que vino desde Bolivia a buscarlos, regresaron en avión al país vecino.
[Irina Hauser] Argentina. La Corte Suprema estableció en un fallo unánime que toda persona tiene derecho a saber qué información sobre su vida y asuntos personales tiene la Secretaría de Inteligencia (SI, ex SIDE) y que el organismo deberá proporcionársela a menos que demuestre que revelarla podría afectar la defensa de la Nación, el orden, la seguridad pública o los derechos e intereses de terceros. La resolución del tribunal hace lugar a un recurso de hábeas data presentado por un ex militante del Movimiento Nacionalista Tacuara, quien le pidió a la central de espías los datos sobre su actividad entre 1961 y 1973 para obtener el pago de la jubilación por ese período. Más allá del caso puntual, en el alto tribunal presentan la decisión como una forma de limitar a la SI, al advertir que la ciudadanía puede ejercer sobre ella un control del que hasta ahora está exenta.
Santa Fe,Argentina. El Tribunal Oral Federal de Santa Fe pidió ayer informes al Servicio Penitenciario de la provincia para saber si se cumplieron todas las "medidas de seguridad" en un traslado del ex juez federal Víctor Brusa, desde la cárcel de Las Flores donde cumple una condena a 21 años de prisión por delitos de lesa humanidad hasta el hospital Italiano, donde funciona la Dirección Provincial de Salud Mental. El viernes, Brusa fue visto en cercanías del hospital, acompañado por un custodio de civil, pero sin esposas en las muñecas, por lo que el Tribunal quiere saber si la salida se hizo de acuerdo a las normas reglamentarias. La visita médica obedece a que el defensor oficial Fabio Procajlo, comenzó a gestionar para Brusa el beneficio de la "prisión domiciliaria" con el argumento de su estado de "salud mental", pero hasta ahora el Tribunal no tomó ninguna decisión al respecto, a la espera de una serie de medidas que solicitó el Ministerio Público Fiscal, entre ellas un dictamen de especialistas en el ramo que determine si el ex juez es "un enfermo mental" o si "la privación de la libertad en un establecimiento carcelario le impide recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia".
Argentina. La suerte de los ex fiscales federales Alí Fuad Alí y Antonio Cornejo y del ex juez Miguel Puga comenzará a resolverse hoy, cuando la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba se expida sobre el pedido de prescripción elevado por los defensores, en la causa donde se investiga la responsabilidad de los magistrados durante la dictadura. Tal como informó Página/12, las defensas argumentan que el delito –esto es, privación ilegítima de la libertad agravada– no configura un tipo penal susceptible de ser encuadrado como delito de lesa humanidad. Esa había sido la calificación de Daniel Herrera Piedrabuena, juez federal subrogante de La Rioja, quien se hizo cargo de la causa tras el planteo de inhibición presentado por Alejandro Sánchez Freytes, juez federal de Córdoba.
Mendoza, Argentina. El juez Luis Miret fue removido por el jurado de enjuiciamiento el mes pasado, acusado de haber omitido investigar y/o denunciar torturas y vejaciones a los detenidos en el Departamento de Informaciones (D2) de la Policía local, hechos que conocía –desde 1975– por recibir las denuncias en su despacho y por lo que pudo ver con sus propios ojos al punto de decirle cara a cara a un detenido recién torturado que tenía que "aguantar". En el plano penal, Miret fue procesado por el juez Walter Bento, que también imputó a otro camarista mendocino, Otilio Romano, como partícipe secundario en 76 casos de secuestros, torturas y robos ocurridos entre 1975 y 1983, mientras fue fiscal y juez.