el lobby de petra
El presidente de la Cámara de Casación Penal mendocina es acusado de buscar que la Corte Suprema remueva a los jueces que avanzaron con las causas por delitos de lesa humanidad.
[Alejandra Dandan] Argentina. Lo que pasó no es que ya pasó, lo peor es que en algunos sectores continúa pasando. Uno de esos territorios es el Poder Judicial de Mendoza: pese a las denuncias y el largo trabajo de los organismos de derechos humanos para desplazar a los jueces que intervinieron en la dictadura y luego frenaron el avance de los juicios de lesa humanidad, el presidente de la Cámara de Casación Penal de la provincia hace lobby en los últimos días ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para sacar de la Cámara a los únicos jueces que avanzaron con esas causas. Así lo acaban de denunciar los organismos de derechos humanos locales. La denuncia dice que Julio Demetrio Petra ahora busca jueces afines para frenar el procesamiento del aún camarista Otilio Romano, procesado en primera instancia como partícipe necesario en 76 casos de tortura y desaparición de personas durante la última dictadura.
"Esto en Buenos Aires sería un escándalo –dijo el abogado Pablo Salinas a Página/12–, pero en Mendoza nos cuesta que las cosas se conozcan y salgan a la luz."
El caso desvela a los integrantes de los organismos de derechos humanos locales, que impulsaron las denuncias sobre el camarista desde el Ministerio Público Fiscal y los integrantes del Poder Judicial que están en contacto con las causas de lesa humanidad. Uno de ellos, a pedido de Página/12, repasó el contenido de la resolución 228/11 por la que el presidente de la Cámara de Casación Penal le pide a Ricardo Lorenzetti nombrar a una serie de jueces políticamente cercanos –todos objetados por los organismos de derechos humanos– para reemplazar a los dos jueces cuya designación destrabó el avance de estas causas en la provincia.
Los dos camaristas en cuestión son Julio Roberto Naccif y Hugo Echegaray. Ambos fueron designados por la Corte para seguir las causas de lesa humanidad, luego de que los organismos de derechos humanos recusaran en una larga batalla a los antiguos integrantes de la Cámara porque impedían el avance de los expedientes. Entre los recusados estaba el propio Petra, que intentó retener parte de las causas pero tuvo que apartarse por disposición de la misma Corte.
Mientras el proceso avanzó, cobró aire la denuncia de la fiscalía general de Omar Palermo sobre el rol de algunos jueces durante la dictadura. Entre ellos, Luis Miret –hoy destituido– y Otilio Romano. Todos fueron procesados semanas atrás. Romano fue acusado como partícipe por torturas y desaparición de personas en 76 casos, cargos más graves que los de Miret, procesado por omitir investigar.
Pese al procesamiento, Romano no se fue e integra una de las salas de Casación. Para eso apeló el procesamiento y el 28 de abril la sala de Naccif y Echegaray deberá decidir si lo acepta o rechaza. Según uno de los jueces locales, Petra no se quedó tranquilo con la situación. Para ayudar a quien es mencionado como su amigo, retuvo el expediente y lo mandó a la Corte: "Tuvo que venir un emisario de la Corte personalmente, con el expediente en avión y entregarlo a Naccif, para asegurarse de que llegue a sus manos", indicó la fuente. Y no contento con eso, Petra mandó una nueva misiva con el nombre de por lo menos cinco jueces para desplazar a dos camaristas.
La mayor parte de los propuestos son jueces ya jubilados y cuestionados por los organismos de derechos humanos. Entre ellos, Eduardo Mestre Brizuela, ex camarista federal y ex integrante del Tribunal Oral 1 de Mendoza, ahora defensor de Luis Stuldreher, interventor militar en la intendencia de San Rafael y segundo jefe del área operativa. La intervención de Petra terminó salvándolo del juicio en San Rafael: "Stuldreher estaba imputado por 20 hechos, tormentos y privaciones de la libertad", indicó el juez consultado. En ese contexto, otro juez llamado Héctor Raúl Acosta (también propuesto en la lista) le dio falta de mérito en un caso. Como abogado defensor, Mestre Brizuela apeló la imputación porque quería sobreseimiento ante la Cámara de Casación vieja. Petra y su equipo confirmaron la falta de mérito, pero le hicieron un favor: extendieron la falta de mérito a las otras 19 imputaciones. Stuldreher así se salvó del juicio.
18 de abril de 2011
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[Irina Hauser] Argentina. El lunes pasado, en el juicio por el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos, Estela de Carlotto recordó en voz alta lo que le mandó decir en 1978 el entonces juez de menores Gustavo Mitchell a través de un emisario: "El doctor dice que se cuide; por lo que usted hace, podría aparecer en una zanja". Lo que hacía Estela era buscar a su nieto nacido en cautiverio. Todavía lo busca. Mitchell hoy integra la Cámara de Casación, el tribunal penal de más jerarquía. Justo unos días antes del testimonio de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo ante el Tribunal Oral Federal 6, el Consejo de la Magistratura había tomado una decisión que no tuvo gran difusión pero que marca un nuevo rumbo: desentrañar qué papel tuvieron los jueces durante el terrorismo de Estado y cómo actuaron años después, cuando les tocó juzgar a los represores pasó a ser una prioridad para el organismo. Creó, para eso, una subcomisión especial que se ocupará de controlar que avancen y no mueran las investigaciones por la posible complicidad ejercida, desde los juzgados, con los crímenes dictatoriales. Según pudo rastrear Página/12, actualmente tramitan pedidos de juicio político de este tipo contra más de veinte jueces de todo el país, y muchos de ellos tienen rango de camaristas. En Mendoza, caso emblemático, hay varios jueces acusados en cadena, en historias que combinan sus vinculaciones con crímenes de lesa humanidad y el armado de una red de impunidad (para sí mismos y para los genocidas); en Salta, el presidente de la Cámara Federal quedó envuelto en un escándalo por alertar a su hermana sobre la detención de su hermano militar y procurarle un allanamiento "discreto"; aparecen en la lista nombres conocidos como el juez Conrado Bergesio, por la causa sobre los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble; un camarista cordobés denunciado como personal de inteligencia; otros por demoras; y hasta un planteo que compromete a un juez miembro del propio Consejo.
[Diego Martínez] Argentina. Prefectura no tiene un solo condenado por su actuación durante la dictadura. Más allá del rol de los Skyvan, de pilotos y tripulantes, la fuerza actuó durante el terrorismo de Estado subordinada a la Armada, en la ESMA pero también en el resto del país. Héctor Febres fue quien más cerca estuvo de la condena: murió días antes, envenenado. También murieron impunes el subprefecto Roberto Rubén Carnot, alias Espejaime, que actuó en la ESMA, y Néstor López, El Alemán, interrogador de Campo de Mayo. Juan Antonio Azic sobrevivió a un intento de suicidio y podría recibir su sentencia este año junto con Acosta, Astiz & Cía. En la causa ESMA está procesado con preventiva Jorge Díaz Smith, continúa prófugo Gonzalo Sánchez, alias Chispa, y seguiría libre Víctor Penna, alias Hugo.
[Diego Martínez] Argentina. El Skyvan es un avión irlandés fabricado desde 1962 por la compañía Short Brothers. Por sus formas se lo llamó caja de zapatos o heladera con alas. Atrás tiene una rampa que permite el acceso de un jeep y se distingue porque puede despegar o aterrizar en pistas cortas y terrenos poco aptos. La configuración de los aviones que llegaron a la Argentina permitía transportar a 18 pasajeros o hasta 1450 kilos de carga.
[Diego Martínez] Argentina. El prefecto retirado en servicio Alejandro Domingo D’Agostino y los ex prefectos Enrique José De Saint Georges y Mario Daniel Arru son desde el lunes los tres primeros imputados por los vuelos de la muerte en los Skyvan de Prefectura, denunciados desde 1983. En Necochea vive impune el prefecto general retirado Hilario Fariña, ex jefe de la División Aviación (DAVI), que integraban catorce pilotos y una docena de mecánicos. También están libres los superiores inmediatos de los acusados: el prefecto principal Roberto Antonio Salinas, jefe de la sección Operaciones, "incondicional" según las calificaciones de Fariña, y Roberto Zaldúa, jefe de la sección Logística. Murió en 2003 el mecánico que participó del vuelo del 14 de diciembre de 1977, ayudante de primera David "El Gallego" Fernández, quien según sus superiores tenía un "elevado concepto de la corrección y la fidelidad".
[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. El juez federal Reinaldo Rodríguez procesó a los coroneles retirados José María González y Jorge Roberto Diab, por el homicidio de una militante de la Juventud Peronista, Gladys Lucía Gómez (‘Luci’), en febrero de 1976, la última víctima de la masacre del camino de Las Moras que el Equipo Argentino de Antropología Forense recién logró identificar en setiembre de 2010, tras ser inhumada como NN hace 35 años. González era el jefe del Area 212 y Diab el segundo jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122 y ya estaban procesados por asesinato de las otras tres víctimas del crimen: Olga Teresita Sánchez, Graciela Siryi y María Cristina Mattioli, que también militaban en la JP. Los dos militares formaron parte de una "organización criminal" que tenía como objetivo "la eliminación física" o la "neutralización ideológica de los opositores políticos". Y desde ese aparato del terrorismo de estado, "comandaron, organizaron o ejecutaron" los delitos de lesa humanidad que se les imputan, dice el fallo judicial al que tuvo acceso Rosario/12.
[Diego Martínez] Argentina. Hilario Ramón Fariña fue en 1976 y 1977 jefe del Departamento de Aviación de Prefectura, del que dependían los pilotos y mecánicos de los Skyvan, el avión que protagonizó el vuelo de la muerte por el cual el fiscal Eduardo Taiano pidió esta semana la detención e indagatoria de tres pilotos. Según su legajo, Fariña tenía "poco prestigio entre sus superiores". Ex subordinados consultados por Página/12 lo recuerdan como un hombre "temible". En enero de 1984 fue denunciado ante el gobierno de Raúl Alfonsín como "quien se encargaba de tirar desde los aviones Skyvan al mar a la gente secuestrada y torturada en la ESMA". A pesar de la denuncia y de confesión de Adolfo Scilingo, que estuvo a punto de caer al vacío mientras tiraba al mar a personas adormecidas desde un Skyvan, Fariña nunca rindió cuentas ante la Justicia. Pasó a retiro en 1986, fue en 2001 jefe de seguridad de la agencia Seguridad Zabala SRL, con domicilio en Villa Dominico, Avellaneda, y en 2007 Prefectura lo nombró "jefe honorario del Servicio de Aviación". Hoy tiene 82 años y vive en Necochea.
Argentina. Desde ahora, la Escuela de Cadetes de la PFA dejará de homenajear al jefe policial antianarquista Ramón L. Falcón para llamarse ‘Comisario General Juan Ángel Pirker’, en memoria del jefe policial de la recuperación democrática. Pirker estuvo a cargo de la Fuerza desde 1986, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, hasta su muerte, el 13 de febrero de 1989.