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cambio de nombre


Los institutos de formación de la federal dejan de llamarse Ramón L. Falcon, Alberto Villar y Cesáreo Cardozo. El cambio fue anunciado ayer, durante el acto de graduación de los primeros agentes de la gestión Garré. Irá acompañado por modificaciones en los planes de estudio. La Escuela de Cadetes se llamará Comisario Ángel Pirker.
[Eduardo Videla] Argentina. Ramón L. Falcón, Alberto Villar y Cesáreo Cardozo, nombres asociados con la policía más represiva, instrumento del terrorismo de Estado, ya no prestarán sus nombres a las escuelas donde se forman los futuros agentes, oficiales y comisarios. Por una resolución de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, se reemplazaron esos personajes por otros jefes policiales "cuya trayectoria estuvo asociada con la democracia y su trabajo tuvo una fuerte vinculación con la comunidad". Los cambios, explicaron en el ministerio, acompañan modificaciones en los tres niveles de la formación policial. Desde el jueves, la Escuela de Cadetes dejó de llamarse Ramón L. Falcón para denominarse Comisario Angel Pirker, el comisario general designado por Raúl Alfonsín como jefe de la Federal. La Escuela de Agentes y Suboficiales cambió el nombre de Alberto Villar –uno de los fundadores de la Triple A– por el de Don Enrique O’Gorman, un civil que fue jefe de la policía de la Capital desde 1867 a 1874, que prohibió en su gestión el uso del cepo y otros instrumentos de tortura. Y la Escuela Superior de Policía, que recordaba al represor Cesáreo Cardozo, primer jefe de policía de la última dictadura, se llama ahora Comisario General Enrique Fentanes, un policía con perfil académico pero también con experiencia como investigador.
Los cambios fueron impulsados por la ministra Garré, con la idea de "acompañar las modificaciones que se encararon en los tres niveles de formación policial", explicó a Página/12 el subsecretario de Gestión de Personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, Gustavo Palmieri. En todos los casos fueron "consultados con las autoridades de la institución", agregó.
Con respecto a las nuevas denominaciones, tanto el comisario Pirker como Fentanes cuentan con un gran reconocimiento dentro de la fuerza. El primero, porque su gestión es recordada por los oficiales de mayor edad: estuvo al frente de la fuerza desde 1986 a 1989, cuando falleció, dentro del Departamento Central de Policía. En esos años, además, la policía desarrolló importantes investigaciones que desbarataron bandas de secuestradores extorsivos en las que participaban ex represores. En cuanto a Fentanes, es uno de los ideólogos de la federalización de la policía y autor de textos que forman parte de la carrera policial. Su nominación, además, tiene algo de revancha: la Escuela Superior llevaba su nombre hasta que la última dictadura decidió homenajear a Cesáreo Cardozo, que no venía de las filas policiales sino que era general del Ejército. O’Gorman, en tanto, es un pionero en la organización de la policía porteña, en tiempos de lucha entre autonomistas y nacionalistas, y tuvo un papel destacado durante la epidemia de fiebre amarilla, en 1871, junto al médico Francisco Javier Muñiz.
Varias coincidencias unen las trayectorias de los tres nombres salientes. Todos cargan en su haber con muertes de civiles pero no en acciones contra el delito sino en la represión de trabajadores u opositores políticos. Los tres murieron como resultado de atentados con explosivos.
Ramón Lorenzo Falcón, formado en el Colegio Militar, había sido uno de los mejores oficiales del general Julio A. Roca, durante el exterminio de los pueblos originarios que se denominó Campaña del Desierto. En 1906 fue nombrado jefe de la Policía; un año más tarde reprimió una huelga de inquilinos en los conventillos porteños.
El 1º de mayo de 1909, su tropa reprimió a sangre y fuego un acto de obreros anarquistas que habían colmado la Plaza Lorea, en Congreso. El saldo fue de al menos once muertos y ochenta heridos. Tres días después, intentó disolver el masivo cortejo fúnebre. El 14 de noviembre de ese mismo año, el militante anarquista Simón Radowitzky, que tenía 18 años, arrojó un explosivo contra el coche donde Falcón iba con su secretario. Los dos murieron.
La historia del comisario Alberto Villar no es menos cruenta. Había sido miembro de la custodia de Juan Domingo Perón durante sus primeras presidencias y fue designado jefe de la Policía Federal en 1973, durante el tercer mandato del líder justicialista. Lo secundaba otro comisario represor, Luis Margaride, quien se había hecho famoso en los ’60 por sus allanamientos moralizadores en hoteles alojamiento.
La militancia de los ’70 asociaba a ambos con las persecuciones y torturas que habían padecido durante la Resistencia. Pero en su nuevo rol Villar formó parte de la organización de la Alianza Anticomunista Argentina, que comenzó con su serie de crímenes políticos días después de la muerte de Perón, con el asesinato del diputado Rodolfo Ortega Peña.
Villar murió el 1º de noviembre de 1974, junto a su esposa, cuando su lancha, que navegaba por el Delta, voló por el aire, al estallar el explosivo que colocó un comando de Montoneros.
El tercer nombre de los que ya no están en los institutos policiales es el de Cesáreo Cardozo, un general del Ejército que el 31 de marzo de 1976, días después del golpe, fue nombrado al frente de la Federal. Desde ese lugar, estuvo en la primera línea del plan represivo de la dictadura.
Cardozo murió como consecuencia de otro explosivo. Lo había colocado bajo su cama una chica de 18 años, militante montonera, que había sido compañera de estudios de la hija del militar.
Ni Villar ni mucho menos Cardozo cuentan con demasiada simpatía entre la oficialidad de la Federal. En cambio, Falcón resulta ser para los policías poco menos que un prócer: es el creador de la escuela que los forma, que lleva su nombre desde 1930, mucho antes de la creación de la Federal, en 1943. Fue el cambio que menos gustó.
Las modificaciones se dieron a conocer durante la graduación de la primera promoción de policías de la gestión Garré: son 360 agentes que irán a "reforzar de inmediato al dispositivo de seguridad pública en las calles", informó la ministra.
El cambio de nombres en los institutos de formación "se fundamenta en la obligación del Estado de construir una sociedad donde todos sus espacios, en particular las instituciones formadoras, proclamen valores democráticos y el respeto a los derechos humanos", destacó Palmieri. Por eso, "es pertinente que las denominaciones de las escuelas se relacionen con la trayectoria de personas que han contribuido con su accionar a proteger la vida y las libertades de los ciudadanos", subrayó.
16 de abril de 2011
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largo camino hacia la justicia


Los familiares de las víctimas debieron luchar durante años para llevar a Patti al banquillo. Hubo muchos momentos de frustración, pero también con varios logros, como cuando en mayo de 2006 el Congreso resolvió cortar su carrera política por "inhabilidad moral". Hasta ayer, Patti se defendía diciendo que no tenía condena.
[Adriana Meyer] Argentina. "Es que no tiene ninguna condena", repetían diputados, políticos y juristas autodenominados progresistas y de derecha cuando el Congreso debatía sobre las condiciones que debía tener la impugnación a la banca con la que aspiraba a consolidar su impunidad. Pero fracasó por "inhabilidad moral", y así llegó finalmente al banquillo que debió haber ocupado muchos años antes. Fue un larguísimo camino para los familiares de sus víctimas, que tuvo momentos de desazón y también de festejo, como aquel 23 de mayo de 2006, cuando el Parlamento truncó para siempre su carrera política. Candidato en campaña o impugnado, diputado electo o inhabilitado, libre o preso, en una cárcel o en una clínica, durante la última década cada uno de estos dilemas hacía fluctuar su estado de ánimo. No pudo ser por los asesinatos de Cambiaso y Pereyra Rossi, ni tampoco por las torturas a Bárzola y Guerrero, pero es probable que todos los parientes de sus víctimas hoy sientan que su dolor pesa un poco menos.
Durante aquel proceso en la Cámara de Diputados, el desfile de testimonios del horror generado por Patti evidenció su abultado historial delictivo y mostró que durante la dictadura tuvo predilección por el acoso a militantes justicialistas y delegados sindicales. Alias "el Loco", era apenas un oficial de calle en 1975 cuando fue elogiado por sus superiores, que pertenecían al círculo íntimo de Ramón Camps, por su ferocidad. En su legajo policial hay trece sumarios por apremios ilegales, atentado, resistencia a la autoridad y cuádruple homicidio en riña, privación ilegal de la libertad, hurto, tentativa de robo, abuso de armas y tenencia de arma de guerra.
En 1976 estuvo imputado por la aplicación de tormentos al detenido Julio Di Battista, pero fue sobreseído. Al año siguiente fue acusado por fusilar a tres jóvenes que jugaban al metegol. El hecho fue revelado por el diario El Actual, que dirigía Tilo Wenner, quien permanece desaparecido. En 1983 estuvo detenido por el asesinato de los militantes Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi. Tras enormes presiones, el juez que lo había encarcelado cambió su posición y lo sobreseyó. La Cámara de San Nicolás confirmó aquel sobreseimiento, pero consignó que los testigos habían modificado "extrañamente" sus dichos.
En enero de 1990, una comisión policial encabezada por Patti mató al joven Luis Selaye en Garín. En las manos del muerto apareció un revólver calibre 38 que según el policía Isabelino Miño estaba "en el despacho de Patti con anterioridad, porque siempre hablaba de que debía ser utilizado para justificar su presunto enfrentamiento", tal como publicó este diario en enero de ese año. El ex comisario tampoco fue procesado por este caso de gatillo fácil. El 4 de octubre de 1990, Patti se entregó luego de estar prófugo siete meses y quedó detenido por torturar a los presos comunes Miguel Guerrero y Mario Bárzola. La Corte Suprema bonaerense comprobó el paso de corriente eléctrica por el cuerpo de ambos. El ex comisario daba las órdenes durante una sesión que incluyó "submarino seco" sobre un elástico. "Traé la batería", fue una de las indicaciones que dio. Patti recusó al juez que lo había procesado y cinco años más tarde fue absuelto por prescripción. Al poco tiempo sería electo intendente de Escobar, pero ya había hecho campaña como "investigador" del caso María Soledad en Catamarca, enviado en 1991 por el ex presidente Carlos Menem.
Pasaban los años y crecía su impunidad. Estuvo cerca del banquillo más de una vez de no haber mediado un juez que cambió su sentencia, una Cámara que declaró la prescripción y veinte años de parálisis por las leyes de impunidad. La mayoría de sus víctimas están muertas o desaparecidas, sus familiares y los sobrevivientes fueron amedrentados por el poder que acumuló el represor, que además persiguió a funcionarios judiciales con falsas denuncias. Por eso al momento de reclamar su banca, Patti podía invocar su presunción de inocencia, que jamás argumentó porque, al ser indagado, se quedaba callado. Sin embargo, luego de la impugnación en el Congreso y, sobre todo, luego de su detención en noviembre de 2007, se activaron los expedientes que lo llevaron a la primera condena, la de ayer.
Desde la cárcel se permitió proclamarse "preso político" y "proscripto". También mentía Patti cuando vociferaba que no tenía causas abiertas, porque estaba procesado por encubrir a un represor que estaba prófugo en la causa de la Contraofensiva. Y estaba pendiente la reapertura del caso Cambiaso-Pereyra Rossi a pedido del fiscal Juan Murray, quien recordó que Patti confesó en 1983: "Yo los maté en un enfrentamiento". Pero en la causa, reabierta recién el año pasado, hay una prueba que indica que los fusiló por la espalda. Su prédica de "mano dura" le valió 400 mil votos en 2005, cuando compartió boleta con Chiche Duhalde, aunque a esa altura ya había hecho apología del delito y se había confesado torturador.
Juana Muniz Barreto tomó coraje de denunciar al asesino de su padre cuando vio los carteles de la campaña del Paufe (Partido Unidad Federalista). Pero Patti no habría llegado siquiera a los afiches si alguna vez la voluntad política hubiera alcanzado para sancionar alguno de los tantos proyectos de ley que hay en Diputados para inhabilitar el acceso a cargos públicos de represores. Ese era el argumento favorito de los funcionarios judiciales, que pateaban la pelota al Poder Legislativo para sacarse la "Patti" caliente de encima.
La abogada Ana Oberlin hablaba de terquedad, y sí, fue esa obstinación, junto a la firmeza de su colega Pablo Llonto, la vehemencia de los Muniz Barreto y los Gonçalves, la valentía de los testigos más recientes. Ellos y todos quienes conocían los detalles del prontuario de Patti aguantaron durante años con impotencia cuando les decían "pero no tiene condena". Ahora dirán que la histórica sentencia de ayer aún no está firme, porque falta la confirmación de las Cámaras y, eventualmente, de la Corte Suprema. Pero ya tiene condena, que no es poco.
15 de abril de 2011
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prisión perpetua en cárcel común


El represor Luis Abelardo Patti recibió su primera condena por delitos de lesa humanidad. El ex policía y ex intendente de Escobar recibió prisión perpetua a ser cumplida en un establecimiento del Servicio Penitenciario. Reynaldo Bignone, Santiago Omar Riveros y Martín Rodríguez fueron condenados a la misma pena. A un quinto acusado le dieron seis años.
[Victoria Ginzberg] Argentina. Los brazos se unieron en los respaldos de las sillas. Los hermanos Gastón y Manuel Gonçalves, Juana, Diego y Antonio Muniz Barreto, Soledad D’Amico y sus abogados formaron un lazo que los contenía a todos. Cuando la jueza Lucía Larrandart terminó de leer el fallo, se miraron entre ellos, intentaron secarse las lágrimas que seguían apareciendo, se pararon y se abrazaron. La presidenta del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín acababa de anunciar la condena de Luis Abelardo Patti, Reynaldo Benito Bignone y otros tres represores por los secuestros, tormentos y asesinatos de sus padres.
Patti, Bignone, Santiago Omar Riveros y Martín Rodríguez recibieron prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua más accesorias legales y pago de costas. Al quinto acusado, Juan Fernando Meneghini, le tocaron seis años. Meneghini fue comisario de la 1a de Escobar durante la última dictadura, pero el tribunal consideró que no había tantas pruebas en su contra y no lo culpó por homicidios o tormentos. Más allá de este dato, que los querellantes evaluarán si apelarán o no después del 5 de mayo, cuando conozcan los fundamentos, los abogados, fiscales y familiares de las víctimas se retiraron satisfechos del auditorio Hugo del Carril, en José León Suárez, donde se realizó el juicio.
El dato clave de la decisión judicial de ayer, que fue aplaudido tanto o más que las condenas, lo aportó la jueza cuando comunicó que "el cumplimiento de la pena impuesta a todos los acusados se llevará a cabo en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal" y anuló en el acto la prisión domiciliaria de Meneghini. El policía era el único de los acusados que estaba en la sala cuando se leyó la sentencia. El resto habría optado por permanecer en una habitación contigua. No se informó si Patti llevaba puesto su disfraz de enfermo terminal –que incluye un cuello ortopédico y una camilla– que lució las pocas veces que se dejó ver durante el juicio. El ex intendente de Escobar está actualmente alojado en la clínica Fleni de esa localidad, donde, se supone, se repone de un accidente cerebrovascular. Según se desprende del fallo, el represor podría seguir internado, pero en prisión. Una opción podría ser Ezeiza, donde hay un centro de salud nuevo.
"Es un show para victimizarse. Tiene algo, pero no es un cuadro de la gravedad que quiere mostrar", opinaron los fiscales Augusto de Luca y Marcelo García Berro, que junto con Juan Murray fueron los delegados de la Procuración en este juicio y se fueron con la satisfacción del deber cumplido.
"Es un cobarde, como lo demostró todo este tiempo y cuando aparece con la camilla me da vergüenza ajena", dijo a Página/12 Manuel Gonçalves apenas bajó del estrado. Lo importante para él, en ese momento, era cosechar: "Esto es fruto de tanto esfuerzo y peleas, como nos enseñaron las Madres y las Abuelas, porque aunque hubo momentos de derrota, nuestro objetivo era llegar a este día, en el que un tribunal dicte sentencia. Siendo uno de los protagonistas del avasallamiento de la democracia, Patti usó las instituciones para sostener su impunidad. Tuvimos que trabajar el doble que en otros casos. Nos insultaba a todos queriendo ostentar cargos públicos. Y no hay que olvidarse que sus alianzas políticas, por ejemplo con el duhaldismo, llegan hasta hoy".
Tanto los familiares de las víctimas como los abogados Ana Oberlin y Pablo Llonto destacaron el largo camino que tuvieron que atravesar para que Patti sea condenado. "Fue un caso muy difícil, más complejo que otros, tuvimos que pelear para que no sea diputado, ni candidato, tuvimos amenazados a un montón de testigos. Hasta la prueba, que parecía complicada, se demostró que era contundente", manifestó Oberlin.
"Es un día histórico. Esto es un alivio y fortalece a la democracia. Patti es un emblema, es tan asesino como los demás, pero se sustrajo a la Justicia y engañó a la sociedad. Ahora se terminó de derribar esa patraña que alguna gente creía, ahora ya nadie le puede creer, salvo los que sean como él o les convenga", dijo a Página/12 la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, mientras se sacaba una foto con dos muchachas que la abordaron con una cámara digital. Mientras intentaba salir del auditorio y antes de que se acercara otro grupo cámara en mano, agregó: "Cárcel común y cadena perpetua son dos frases para poner en bronce. Es un triunfo del pueblo".
Víctimas, testimonios, pruebas
Patti, Bignone, Riveros y Rodríguez fueron condenados por los secuestros, aplicación de tormentos y asesinatos de Gastón Gonçalves y Diego Muniz Barreto; el secuestro, aplicación de tormentos y tentativa de homicidio de Juan Fernández, las desapariciones de Carlos Souto y Luis y Guillermo D’Amico y la detención ilegal de Osvaldo Arriosti.
El ex diputado Muniz Barreto y Fernández, que era su secretario, fueron secuestrados en Escobar en febrero de 1977. Los llevaron a la comisaría de la zona, a la Unidad Regional Tigre y finalmente a Campo de Mayo. De allí salieron el 5 de marzo en un Fiat 128 adormecidos con alguna sustancia. Fueron arrojados con el auto a un arroyo cercano a Raíces Oeste, en Entre Ríos. Muniz Barreto murió, pero Fernández sobrevivió y antes de irse al exilio dejó su testimonio ante un escribano público.
Patti está implicado en este caso desde el principio. La ex esposa de Muniz Barreto lo denunció en 1977. Así figura en una presentación hecha ante la Nunciatura por la mujer. Un amigo de la familia declaró en la causa que el 17 de febrero se entrevistó con un hombre que dijo venir de parte de Muniz Barreto (era familiar de un preso de la comisaría de Escobar) que le entregó una nota de puño y letra del diputado que decía: "Movete rápido, estamos en Escobar. Nos detuvo el suboficial inspector Luis A. Patti". Muniz Barreto mandó dos mensajes más de este tipo que llegaron a la familia y a su empresa. Según el informe del personal de la comisaría de Escobar, Patti fue promovido el 7 de marzo de 1977, un día después del asesinato de Muniz Barreto.
Los secuestros de Souto, los hermanos D’Amico y Arriosti se produjeron en 1977 en la zona de Garín. Arriosti sobrevivió a su cautiverio e identificó a Patti como uno de los hombres que lo capturó.
Gonçalves fue secuestrado el 24 de marzo de 1976 en Zárate. Dos testigos narraron que estuvieron detenidos con él en un camión celular ubicado detrás de la comisaría de Escobar, donde Patti cumplía funciones de oficial subinspector. El 2 de abril de 1976 el cadáver de Gonçalves fue dejado en el paraje El Cazador, en la ruta 4. Lo habían fusilado y después incinerado. Veinte años más tarde, el cuerpo, que estaba enterrado en el cementerio de Escobar como NN, fue identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Unos meses antes de su secuestro, Gonçalves y su mujer habían discutido con Patti a raíz de la organización de un acto en Escobar. "Ya vas a ver lo que te va a pasar. Te voy a hacer matar", lo amenazó el policía.
Patti, representado por Silvio Duarte y el ex juez Alfredo Bisordi, intentó mostrarse como un "perseguido político" pero testimonios y pruebas documentales desarmaron su estrategia. Durante el juicio, por ejemplo, se presentó un volante elaborado en 1975 por la Juventud Peronista –que terminó archivado en la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires– en el que se denunciaba que en la comisaría de Escobar "se atropellaba la dignidad humana" y se mencionaba al oficial "Patti" como uno de los "siniestros personajes que llevan a cabo estos bestiales hechos".

Canciones
Los acusados tuvieron la posibilidad de decir sus "últimas palabras" por la mañana. Hicieron uso de su derecho Bignone y Rodríguez. El primero aprovechó para criticar a Carlotto, que había narrado, en la causa sobre el plan sistemático de apropiación de bebés, dos encuentros que tuvo con él. "Me arrepiento de haberle abierto mi casa y mi corazón", dijo el represor. Carlotto contestó después: "No dijo que se arrepentía de los crímenes que cometió". Rodríguez, que hasta febrero del año pasado fue profesor en la Universidad Católica de Salta, hizo un largo alegato político que hasta incluyó una queja porque no se había sancionado el 82 por ciento móvil para los jubilados, lo que provocó la risa del público.
La condena a Rodríguez fue ponderada por Llonto. "Hace mucho sabíamos que había un represor al que llamaban ‘Toro’, pero recién el año pasado pudimos identificarlo y ya está condenado. Debe ser el caso que más rápido se resolvió", señaló.
Juana Muniz Barreto apretaba dos pulseras de mostacillas de colores y pelo de elefante. Se las trajo su papá de Africa, cuando viajó para escapar de persecuciones de la Triple A y las levó al juicio también el día que declaró. Ante las cámaras de televisión que la abordaban después del fallo contaba que ahora le toca hacer de mamá. "Tengo dos hijos y no creo haber sido mala madre hasta ahora. Les dejo el legado de pelear por lo que uno cree justo, pero hasta ahora estuve muy dedicada a mi papá. Ahora es el momento de mis hijos."
Cuando Larrandart leyó la decisión que ella y sus colegas Horacio Segretti y María Lucía Cassain habían tomado, en el auditorio se escucharon aplausos y gritos. Muchos "bravo" y algún "vamos Argentina". Se alzaron decenas de fotos en blanco y negro de desaparecidos vistos en Campo de Mayo y se entonó el clásico "Como a los nazis, les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar". Afuera se habían montado dos pantallas gigantes y un escenario al que luego subirían Los Auténticos Decadentes. Allí, mientras hablaba la jueza, se escuchó una canción compuesta especialmente para la ocasión: "Miren, miren que alegría/ miren, miren qué emoción/ Luis Abelardo Patti se pasea en tanga por el pabellón".
15 de abril de 2011
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se votó ley contra desaparición forzada


Con el voto de diputados, se incorporó al Código Penal la figura de desaparición forzada de personas. La Argentina incorporó una norma sin precedentes a escala internacional.
[Miguel Jorquera] Argentina. Los diputados convirtieron ayer en ley la incorporación al Código Penal de la figura de Desaparición Forzada de Personas, cuyo delito –"en el que participen las fuerzas de seguridad y con el apoyo o la aquiescencia del Estado"– no prescribirá "hasta tanto la persona sea hallada o restituida su identidad". La ley sancionada por la Cámara baja salda una deuda pendiente desde hace tiempo con la sociedad sobre todo en el enjuiciamiento de los crímenes del terrorismo de Estado cometidos durante la última dictadura militar y a la vez incorpora a la legislación argentina una norma sin precedentes a escala internacional.
La sanción de la ley ni siquiera requirió de debate, sino algunas precisiones sobre el proyecto de la senadora kirchnerista Blanca Osuna y que ya tenía media sanción de la Cámara alta. "La incorporación de la desaparición forzada de personas, establecida en el Estatuto de Roma como crimen de lesa humanidad e imprescriptible, tiene un enorme valor simbólico social", dijo el presidente de la Comisión de Legislación Penal, el cívico Juan Carlos Vega.
El diputado cordobés dijo que de esta manera se cumplía con el mandato de la reforma constituyente del ’94 que dio jerarquía institucional a diez tratados internacionales y que la incorporación de esta figura al Código Penal "no registra antecedentes" internacionales, así como la "palabra desaparecidos tampoco tiene homónimos en otros idiomas".
Para salvar las circunstancias de la falta de quórum para votar y a la espera de que otros diputados volvieran al recinto, el diputado kirchnerista Remo Carlotto tomó la palabra. "Es una acción de carácter puramente político, no sólo jurídica. Estamos dando respuesta a nuestra historia y a nuestra lucha, con la construcción de una patria que respete irrestrictamente los derechos humanos", sostuvo antes de afirmar que "el término desaparecido fue acuñado por los familiares de las víctimas, ante la indefinición de su situación".
Victoria Donda, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos e hija de desaparecidos, tampoco quiso estar ausente a la hora definir la importancia de la sanción de la ley. Coincidió con Carlotto en definir que la norma "viene a saldar una deuda pendiente desde hace tiempo" y a "cumplir con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)".
"Sabemos lo que es no encontrar a un ser querido, de los padecimientos de los familiares y allegados de las personas que no encuentran", dijo Donda. La diputada también se refirió a los "desaparecidos en democracia", como los jóvenes Luciano Arruga –"existen testigos de que fue llevado detenido (hace más de dos años) a una comisaría de La Matanza, donde fue torturado antes de su desaparición"– e Iván Torres, "desaparecido hace ocho años en Chubut, donde testigos protegidos por la CIDH murieron en situaciones muy dudosas".
El primer artículo del proyecto establece que se "impondrá prisión de 10 a 25 años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada al funcionario público o la persona o miembros de un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma, privare de la libertad a una o más personas, cuando ese accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o informar sobre el paradero de la persona".
La pena será de prisión perpetua si la víctima resultara muerta o se tratara de una mujer embarazada, de una persona mayor de 70 años o con discapacidad. En cambio, podría reducirse la pena a "un tercio del máximo y la mitad del mínimo" para los autores o partícipes del delito que "liberen con vida a la víctima o proporcionen información que permitan su aparición con vida".
"La Argentina es pionera en llevar adelante los juicios a los genocidas, sin embargo para dictar sentencia por ejemplo a (Antonio Domingo) Bussi y (el sacerdote confesor de la bonaerense, Christian) Von Wernich los jueces debieron apelar a otras figuras penales, ya que no existía una categoría específica para la desaparición forzada", ejemplificó ante Página/12 la autora del proyecto.
"Esta ley representa un avance muy importante en la profundización de la política de derechos humanos que tiene la Argentina desde 2003, y con la incorporación de esta figura estamos completando la tipificación de todos los delitos de lesa humanidad en la ley penal argentina", expresó la senadora Osuna, quien además integra la Comisión Interpoderes para la Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad, creada por la Corte Suprema, y que tiene como objetivo aunar esfuerzos que permitan resolver dificultades y demoras en la sustanciación de estas causas.
15 de abril de 2011
14 de abril de 2011
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condenados son peligrosos


Carlotto: "Son peligrosos tengan la edad que tengan". La titular de las Abuelas de Plaza de Mayo manifestó esta tarde su satisfacción por las condenas perpetuas en cárcel común a las que fueron sentenciados los represores Reynaldo Bignone y Luis Abelardo Patti.
Argentina. Carlotto afirmó que los represores "son peligrosos tengan la edad que tengan" y afirmó que la reclusión en cárcel común evita que "se burlen de la justicia saliendo, veraneando, estando de fiestas familiares, como si fueran personas comunes".
"No son personas comunes, tengan la edad que tengan, son reincidentes. Si le permitiera lo volverían a hacer", afirmó Carlotto, que además sostuvo que "hay muchos países que están mirando a la argentina con mucho respeto, porque llevamos la bandera, como pueblo, de la verdad y la memoria".
Por su parte, Taty Almeyda, de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora afirmó que las organizaciones de Derechos Humanos "nunca pensamos que este día llegaría". "Les hemos dado la oportunidad a estos genocidas para que se defiendan con abogados, pero, sinceramente, son delitos de lesa humanidad. Ningún tipo de perdón puede haber acá, para eso está la justicia, que los ha condenado", concluyó.
14 de abril de 2011
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perpetua para patti y bignone


Juicio por delitos de lesa humanidad. El Tribunal Oral Federal N°1 de San Martín condenó al ex subcomisario y ex intendente de Escobar al hallarlo responsable de los delitos de allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos y homicidio.
Argentina. El ex intendente de Escobar y ex subcomisario Luis Abelardo Patti fue condenado a prisión perpetua a cumplirse en una cárcel común por el asesinato de un militante de la juventud peronista y el secuestro de un ex diputado nacional en la última dictadura militar, entre otros delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
El dos veces intendente de Escobar, diputado electo impedido de asumir su banca por las denuncias en su contra y ex subcomisario de la Policía Bonaerense recibió así la primera condena en su vida, en particular por la privación ilegal de la libertad y partícipe primario del asesinato del militante de la Juventud Peronista, Gastón Gonçalves, y el secuestro del ex diputado nacional Diego Muñiz Barreto, asesinado luego en un simulacro de accidente.
El Tribunal Oral Federal 1 encuadró además los delitos como de "lesa humanidad" y ordenó revocar beneficios de prisión domiciliaria vigentes para que todos los condenados cumplan sus penas en cárceles comunes, decisión que provocó un cerrado aplauso en la sala de audiencias del auditorio Hugo del Carril en la localidad bonaerense de José León Suárez.
El veredicto fue leído por la presidenta del Tribunal, Lucila Larrandart, quien también actuará como jueza de ejecución penal, es decir, instrumentará la condena a la hora de resolver el traslado a establecimientos penitenciarios, aunque aún habrá que definir si esto se cumplirá de inmediato o una vez que la pena quede firme, ya que será apelada por las defensas ante la Cámara Nacional de Casación Penal.
En el caso de Patti, aún permanece internado bajo custodia en la clínica privada Fleni de Escobar, tras sufrir un accidente cerebro vascular y se presentó al juicio casi siempre en camilla mientras que siguió casi todas las audiencias desde una ambulancia estacionada en el ingreso al recinto.
El veredicto se dio a conocer al término de un juicio oral donde se condenó además a perpetua al ex dictador Reynaldo Bignone, al ex general Santiago Omar Riveros, al ex agente de Inteligencia del Ejército Martín Rodriguez y a seis años de cárcel al ex comisario de Escobar Juan Fernando Meneghini.
Bignone y Riveros ya tenían penas de 25 años de prisión e inhabilitación perpetua en un juicio anterior ante el mismo Tribunal Oral Federal 1 de San Martín en otro tramo de la causa por violaciones a derechos humanos en la jurisdicción de Campo de Mayo.
La audiencia final del juicio no contó con la presencia de Patti en el recinto. El único acusado que escuchó la condena en persona fue su ex superior en la comisaría de Escobar y también condenado por primera vez, Meneghini.
Patti fue juzgado desde setiembre de 2010 y condenado hoy por el secuestro de militantes de la JP en Escobar, entre ellos de Gastón Gonçalves, por cuyo asesinato fue encontrado partícipe primario; de la privación ilegal de la libertad del ex diputado Muñiz Barreto y su secretario Juan José Fernández y también del secuestro y desaparición de jóvenes estudiantes de la zona, todo apenas concretado el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Para los jueces Patti es culpable también de "tormentos agravados a un perseguido político" en referencia a Muñiz Barreto y otros dos casos por los que fue condenado, los de Guillermo y Luis D´Amico, desaparecidos.
Salvo en el caso del ex comisario Meneghini, las condenas coincidieron con los pedidos de pena hechos por los fiscales Marcelo Garcia Berro, Javier De Luca y Juan Murray y los querellantes hijos de Goncalvez, Gastón y Manuel y los hijos de Muñiz Barreto, Juana y Antonio y Maria Isabel D´Amico, presentes todos en la audiencia.
14 de abril de 2011
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hijos rosario cumple dieciséis


Festejo de cumpleaños frente a los tribunales. Padres que viven en sus Hijos.
Argentina. "Los juzga un tribunal, festejamos todos", es el lema que eligió Hijos Rosario para salir a la calle a conmemorar sus 16 años. Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido (H.I.J.O.S.) nació en la semana santa de 1995, en Cabalango, Córdoba. La mayoría eran veinteañeros, o menos aún. Mucho camino recorrieron desde entonces. Mañana, a las 18, harán una instalación urbana frente al Tribunal Federal donde se juzga a Ramón Genaro Díaz Bessone, ex jefe del Segundo Cuerpo de Ejército, cuatro policías que integraron la patota de Feced y un civil, el único al que la agrupación no acusa. La fiesta será también una forma de volver a la vida a sus padres. El encuentro tendrá música también. Tocará la banda Sinapsis y cerrará El regreso del Coela Canto, liderada por Andres Abramovsky.
"Elegimos ese lugar porque nos parece muy significativo, por el momento que se está viviendo, que se ha logrado llevar a los represores al juicio oral después de tantos años, así que decidimos festejarlo ahí, con un encuentro y una instalación urbana con fotos cotidianas de aquellos militantes de los 70", expresó Ingrid Schegtel, militante de Hijos. Recopilar esas fotos familiares, de sus padres, de compañeros de sus padres, les llevó casi un año pero el viernes estarán allí. Al mismo tiempo, hoy se cumple un año del fallo de la causa Guerrieri, que condenó a prisión perpetua, de cumplimiento efectivo en cárcel común a cinco represores del Ejército.
Mucho camino recorrió Hijos desde la época en que escrachaban a los represores en su casa, bajo el lema "Si no hay justicia, hay escrache", para combatir la impunidad. Hoy, muchos militantes de aquella agrupación se sientan como querellantes en los juicios orales y públicos que ya condenaron a 200 represores en todo el país. En Rosario, hubo cinco condenas en la causa Guerrieri, el año pasado, y está en marcha la producción de prueba de la causa Díaz Bessone. Entonces y ahora, Nadia Schujman, Lucas Ciarnello, Alvaro Baella y Ana Claudia Oberlin (en la causa Guerrieri) representan como abogados a querellantes, no sólo hijos, sino también Madres y sobrevivientes.
Schegtel forma parte de los equipos de investigación sobre lo ocurrido durante la represión ilegal en la zona. Desde su creación, Hijos se sumó a la lucha por la memoria y la justicia, que en 2003 tomó otro impulso. "Tuvimos un crecimiento muy importante. Fue muy diferente en la década de los 90, cuando era pura resistencia, y ahora, si se quiere, estamos más aplicados, porque estamos con los juicios y nos sentimos actores directos porque elegimos formarnos, ya sea con los compañeros abogados, o con los equipos de investigación para ser partícipes activos en el armado de las causas", expresó Schegtel.
Y el rescate de la lucha de sus padres es otra premisa de Hijos, por eso decidieron poner sus imágenes en el encuentro. "Son fotos de esa generación de los 70, eso es lo que queremos reivindicar, ese espíritu de lucha, a través de la cotidianidad. También hay dedicatorias de libros, distintos elementos, porque apuntamos a rescatar la vida", afirmó Schegtel.
14 de abril de 2011
13 de abril de 2011
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el coronel que marcaba gente


Procesado por 79 casos de secuestros y torturas y 22 homicidios. Al ex jefe de Inteligencia militar se le dictó la prisión preventiva pero bajo la modalidad de arresto domiciliario, por ser "partícipe necesario" de secuestros y homicidios y se le trabó un embargo por 7 millones 250 mil pesos.
[José Maggi] Argentina. El juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, procesó ayer al ex jefe del Destacamento de Inteligencia 121, coronel Alfredo Sotera, por 79 casos de secuestros y torturas y 22 homicidios. Se trata del autor del informe que lleva su nombre y que detallaba los objetivos marcados por la represión y que fuera aportada a la causa Guerrieri por el ex policía y agente de inteligencia, Adolfo Salzman. El rol asignado a Sotera -que fue jefe de la inteligencia militar hasta diciembre de 1976- es el de haber "marcado a los objetivos" que luego fueron detenidos o secuestrados tanto por la Patota de Feced, como por el personal del Ejército.
Para la justicia federal, Sotera fue "partícipe necesario" de 13 casos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas; otros 66 casos de secuestro seguido de tormentos, por 17 hechos de secuestro, torturas y homicidios (entre los que se cuentan la Masacre de los Surgentes) y otros 5 homicidios. Y le dictó un embargo por 7 millones 250 mil pesos.
Bailaque procesó a Sotera por las muertes de José Oyarzabal, Sergio Jalil, Daniel Gorosito, Oscar Manzur, Santiago Werle, Eduardo Pérez, Cristina Constanzó, Daniel Barjacoba, Eduardo Laus, María Cristina Márquez, Analía Murgiondo, Roberto De Vicenzo, Rut González, Miriam Moro, Estrella González, Antonio López y Héctor Vitantonio.
También lo encontró penalmente responsable como partícipe necesario de las muertes de Miguel Gauseño, Carlos Kruppa, Osvaldo Matosky Szeverin,
Cristina Cialceta (la joven asesinada junto a su novio el francés Yves Domergue y cuyos cuerpos fueron identificados en Melincué). La justicia también responsabilizó a Sotera por el crimen de Alejandro Stancanelli ocurrido en plena vía pública en Oroño y San Luis en 1976.
A Sotera se le dictó la prisión preventiva pero bajo la modalidad de arresto domiciliario.
El ex jefe de Inteligencia había sido indagado por el juez Bailaque en el marco de la causa Feced, en su etapa instructoria, el pasado 3 de marzo en San Isidro. Del procedimiento participaron los fiscales Gonzalo Stara y Mario Gambacorta quienes concretaron las imputaciones, que ascienden a más de un centenar de víctimas que en su mayoría pasaron por el Servicio de Informaciones (SI).
Los fiscales le atribuyeron "haber formado parte en su carácter de jefe del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario de un grupo de personas incluyendo, entre otros, a Leopoldo Fortunato Galtieri, Ramón Genaro Díaz Bessone, Carlos Ramírez, Agustín Feced, Raúl Guzmán Alfaro, José Rubén Lofiego, Mario Marcote, Ramón Rito Vergara, César Peralta, José Carlos Scortecchini, que operaron en la época del gobierno de facto en el marco del plan clandestino y sistemático de persecución, secuestros, torturas y desaparición física de personas que integraban movimientos agrupaciones tildadas de realizar actividad subversiva", vale decir, el delito de asociación ilícita.
En aquella indagatoria al referirse a su actuación a la fecha de los hechos, Sotera dijo que "los problemas subversivos los averiguábamos con nuestro personal y con la policía, quienes estaban en la calle". Reconoció además que "tenía contacto con jefes policiales" así como que en las denominadas reuniones de información que se llevaban adelante tanto en el Comando como en Jefatura y que participaban de las mismas el comandante, personal del Destacamento de Inteligencia 121, la policía y otros elementos, como sacerdotes, como el obispo. De la misma manera, manifestó que parte del personal estaba en la calle, buscando información en universidades y sindicatos.
En esa indagatoria dijo también que "el destacamento, como parte del Ejército, estuvo a cargo de la lucha como todas las armas, porque si no la subversión tomaba el país, era un problema gravísimo. Sufrimos esas circunstancias y las resolvimos. Eran problemas que teníamos y queríamos evitar que llegara a las casas de uno".
13 de abril de 2011
12 de abril de 2011
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