desaparición forzada es delito
Diputados aprobó en comisión la figura de la "desaparición forzada". Cuenta con media sanción del senado. El plenario de las comisiones de Derechos Humanos y Legislación Penal, presididas por Victoria Donda (Libres del Sur) y Juan Carlos Vega (Coalición Cívica) aprobó el proyecto que incorpora al Código Penal el delito de desaparición forzada de personas y modifica el Codigo Procesal Penal.
Argentina. La iniciativa, aprobada el año pasado en la Cámara alta, crea un nuevo tipo penal: la privación de libertad de una persona cometida por un funcionario público o una persona que actúe con autorización, con apoyo o aquiescencia del Estado. Encuadra además ese hecho en la falta de información brindada desde el Estado, o en la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a informar sobre el paradero de esa persona. El proyecto contempla, asimismo, penas de 10 a 25 años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada.
La norma determina que cuando las desapariciones forzadas terminen en la muerte de la víctima o con la imposibilidad de sus familiares de hallarla, la pena será de prisión perpetua. Esa misma condena se aplicará también en el caso de que la víctima sea una mujer embarazada, un menor de dieciocho años, un mayor de setenta, una persona con alguna discapacidad, o para alguien nacido durante la desaparición forzada de su madre. La escala penal podrá reducirse en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo si los involucrados liberan con vida a la víctima o proporcionan información que permita la efectiva aparición con vida.
La norma dispone también que el juez podrá apartar a las fuerzas de seguridad que intervengan en la causa si surge la presunción de que podrían estar involucradas en el hecho como autores o partícipes. De acuerdo con el texto, los magistrados no podrán disponer el archivo de las causas hasta que la víctima no sea hallada o restituida su identidad.
13 de abril de 2011
12 de abril de 2011
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Argentina. Estela de Carlotto vio a su hija Laura por última vez el 1º de agosto de 1977. Movió cielo y tierra en su búsqueda, hasta que a fines de octubre del año siguiente recibió un llamado de la comisaría de Isidro Casanova. Le pedían que se presentara, y "oportunamente" le "notificarían" por qué. Allí fue con su marido. "Fue un viaje interminable", contó, en el que pensaron desde lo peor hasta lo más esperanzador, al punto de ilusionarse con "que encontraríamos a Laura y su hijo". Pero lo que hallaron fue el cuerpo de ella sin vida. Estela atinó a levantar los diarios que la cubrían, y sólo vio su vientre perforado, cubierto de pólvora. "Se ve que le dispararon para no dejar rastros del embarazo", dijo, ya que había dado a luz dos meses antes, en cautiverio. "Cuando pregunto dónde está el bebé, me dicen ‘aquí no hay bebé’ (...) Yo no suelo elevar el volumen de mi voz, pero en ese momento no pude más y (al guardia) le grité ‘¡asesino!’ y le señalé el crucifijo que tenía en la pared y le dije ‘¡El los va a juzgar, asesinos!’" Carlotto todavía busca a su nieto, uno de los 34 casos de menores apropiados durante la última dictadura que están siendo juzgados por el Tribunal Oral Federal 6 (TOF6), donde la titular de Abuelas de Plaza de Mayo declaró ayer.
[Darío Aranda] Argentina. "Garantizar la vida y la integridad personal de la comunidad Paichil Antriao." Es la orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el gobierno nacional luego de aceptar la medida cautelar solicitada por el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi). La comunidad mapuche vive en la localidad de Villa La Angostura desde el siglo XIX, reconocida por documentos del propio Estado nacional. La ciudad creció sobre territorio indígena, en un lento pero sostenido proceso de apropiación territorial. En noviembre de 2009, parte de la comunidad sufrió un nuevo desalojo y la destrucción de viviendas. Desde hace dos años denuncia el hostigamiento y violencia por parte del gobierno provincial, el Poder Judicial local, la policía y guardias privados. La decisión de la CIDH, que instó a tomar "medidas urgentes", se da en un contexto provincial en el que existen 40 causas penales que mantienen imputados a 200 miembros de comunidades mapuches, siempre por defender su territorio.
[Diego Martínez] Argentina. El 14 de diciembre de 1977, entre las siete y las ocho de la tarde, un secuestrado de la ESMA fotografió a Alice Domon y Léonie Duquet con un cartel de Montoneros de fondo y un ejemplar de La Nación en primer plano. La imagen de las monjas francesas, ideada por el capitán Jorge Acosta para desviar las miradas que se posaban sobre la Armada, es la última prueba de vida del grupo de Madres de Plaza de Mayo y familiares de desaparecidos secuestrados en la iglesia de la Santa Cruz. A las 21.30 de aquel miércoles, día habitual de "traslados" en la ESMA, el Skyvan PA-51 de Prefectura Naval Argentina despegó desde el aeroparque Jorge Newbery. Según la planilla del vuelo, no transportó pasajeros, voló tres horas y diez minutos, y, sin escalas, regresó al punto de partida. Seis días después aparecieron en playas de San Bernardo y Santa Teresita los restos de Duquet, que en 2005 identificó el Equipo Argentino de Antropología Forense. El uso de los Skyvan está denunciado desde 1983 y es el avión del que estuvo a punto de caer Adolfo Scilingo mientras arrojaba prisioneros al mar. A partir de documentos obtenidos por el fiscal federal Miguel Osorio y del trabajo de la Unidad Fiscal de coordinación y seguimiento de causas de lesa humanidad de la Procuración General de la Nación, que permitió por primera vez identificar un vuelo de la muerte concreto, el fiscal Eduardo Taiano pidió ayer la detención e indagatoria de los tripulantes del Skyvan: Enrique José De Saint Georges, Mario Daniel Arru y Alejandro Domingo D’Agostino. La decisión sobre sus futuros depende del juez federal Sergio Torres, que a más de tres lustros de la confesión de Scilingo todavía no indagó al abogado Gonzalo Torres de Tolosa, el superior que le acercaba a las personas drogadas para arrojar al vacío. Ayer al mediodía, a pedido de Página/12 y con el fin de evitar una nueva fuga en la causa ESMA, la fiscalía informó al juzgado de Torres que Arru debía volar a las nueve de la noche rumbo a Madrid como comandante de un Boeing 747 de Aerolíneas Argentinas.
Argentina. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo reanudó esta mañana su testimonio en el juicio oral y público contra los represores Jorge Rafael Videla, Reynaldo Bignone y Jorge 'el Tigre' Acosta, entre otros. Carlotto relató la forma en la que le fue entregado el cuerpo de su hija, afirmó que la apropiación de bebés era "una práctica permanente y siniestra" y manifestó que "no queremos revancha, solamente justicia para que se escriba la historia con toda la verdad".
[Darío Aranda] Argentina. Otro revés para una empresa y un estado provincial que impulsan la minería a cielo abierto. Y, al mismo tiempo, un nuevo reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios y de los pueblos que rechazan la actividad extractiva con grandes consumos de agua y sustancias tóxicas. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) denegó un pedido del gobierno de Neuquén que, mediante una compañía de origen chino, pretende extraer cobre en la zona de Campana Mahuida (al oeste provincial), donde la población local y la comunidad Mellao Morales habían logrado, en 2009, la prohibición de la actividad. Con la nueva decisión de la Justicia se reafirmó la paralización de la actividad minera en territorio mapuche y se remarcó la necesidad de atender el derecho indígena, que legisla sobre la obligatoriedad de consultar a los pueblos originarios en toda actividad territorial que pudiera afectarlos.
[Carlos Rodríguez] Argentina. Una novedad de suma importancia –y también sorprendente– se produjo en la causa en la que se investiga la muerte de dos jóvenes y las lesiones graves que sufrió un tercero en José León Suárez, como consecuencia de una represión policial que incluyó disparos con balas de plomo. Por los hechos ocurridos el jueves 3 de febrero pasado había un solo policía detenido, el oficial subinspector Ezequiel Vega, de la comisaría 2ª de San Martín, quien fue el primero en reconocer que había utilizado postas de guerra –de plomo– para reprimir a un grupo de personas que se había movilizado en torno de un tren de carga de la empresa Nuevo Central Argentino (CNA), que descarriló en las cercanías del barrio De la Cárcova, donde vivían las dos víctimas fatales y el joven herido. La sorpresa es que, durante un reciente reconocimiento judicial en el lugar de los hechos, un policía citado como testigo de lo ocurrido fue denunciado por vecinos del barrio como otro de los agentes que habían disparado contra los tres chicos. Ahora, luego de que se reunieran una serie de pruebas que se suman al testimonio de los vecinos, el juez de la causa dispuso la detención del policía en cuestión, Gustavo Sebastián Rey, mientras que los fiscales solicitaron que se le dicte la prisión preventiva como presunto autor de las dos muertes.
[Victoria Ginzberg] Argentina. Durante diez años se opuso a que le hicieran una prueba de ADN para establecer si era o no hijo de desaparecidos. Allanaron su casa y se llevaron su ropa, pero eso tampoco dio resultado. Lo pararon en la calle, lo escoltaron al juzgado, le pidieron la remera y otras prendas y entonces sí, se estableció que sus padres eran María Graciela Tauro y Jorge Daniel Rochistein, secuestrados en julio de 1977. La confirmación de esa noticia no se la dio un juez, sino la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré. Es que Ezequiel Vázquez Sarmiento trabajaba en la Fuerza Aérea. Es el nieto 102 recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo y es la primera vez que da una entrevista. De hecho, él la propuso. "Quiero agradecer", explica: "Yo pensaba que querían revancha y venganza y al final nada que ver. Uno después habla con la gente de allá y lo único que fue es contención y calidez. Para mí, el post enterarme e interactuar con las personas de Abuelas fue muy importante para cambiar los prejuicios".