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historia de la nieta 103 (2)


Los documentos sobre la entrega de la nieta recuperada 103. Una carta que confiesa el crimen que se cometía. Rosario/12 revela el contenido de una carta que en agosto de 1976 un grupo de tareas entregó a la familia Kerz junto a una beba de cinco días que, recientemente se comprobó, es la hija de dos militantes del ERP asesinados en Rosario.
[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. Los análisis genéticos demostraron esta semana que María Pía Josefina Kerz es la hija de Cecilia Barral y Ricardo Klotzman, dos militantes desaparecidos el 2 de agosto de 1976, en Rosario. Ellos tenían 24 años. Y ella apenas cinco días, cuando un grupo de tareas la entregó a una familia de la ciudad de Santa Fe con un biberón, un kilo de leche en polvo y dos cartas. Una es la confesión del crimen de sus padres: "La niña proviene de una familia que ya no existe. Nadie la reclamará nunca, debido a que no está inscripta en ningún lado. Dios valorará lo que ustedes hagan por ella", dice la esquela que hoy revela Rosario/12. Era el 21 de agosto de 1976, sábado, casi a las nueve de la mañana, cuando un Ford Falcon verde clarito, estacionó frente a la casa de los Kerz, en Amenábar al 3.000, a cien metros de la Legislatura y a trescientos de la Casa Gris y el Palacio de Tribunales. A bordo, llegaron tres hombres jóvenes: uno de ellos bajó, entró al living sin golpear y dejó la recién nacida. "Esto es para usted", le dijo a la dueña de casa, Mirta Ovidi de Kerz, que estaba en la puerta, como esperando. Su marido, Serafín Kerz, había salido temprano. Afuera, otro de los individuos amenazó con un revólver al vecino de al lado, Francisco Caminos, y lo obligó a encerrase en su casa, aunque antes vio que arriba del auto también había armas largas. Caminos obedeció y los visitantes se fueron. A la semana, los Kerz lograron una guarda y al año siguiente, la adopción, por consejos de la secretaria del Juzgado de Menores de Santa Fe, Margarita Stella Mayoraz, con quien "tenían trato frecuente" y solían verse en la Catedral Metropolitana, después de misa. Antes de su fallecimiento, Mayoraz tuvo que declarar dos veces, en 2002 y 2004, en otra causa por sustracción de identidad de otra menor, hija de desaparecidos, donde le preguntaron si el Juzgado de Menores había investigado el origen de María Pía. Y ella soltó su confesión: "No, nunca lo investigamos", dijo.
Media hora después de que le dejaron la nena, la señora de Kerz llamó a la Policía. Desde la Seccional Primera, enviaron dos oficiales, Jorge Abero y José González. Abero es el mismo que después operó en el Servicio de Inteligencia (el tristemente célebre D 2), según denunció el año pasado la organización Hijos.
La señora de Kerz les contó entonces lo que había pasado. Recordaba bien la hora: "Eran aproximadamente las 8.50", relató. Ella "se encontraba en la puerta principal" cuando ingresó a su casa "un hombre joven, de estatura regular", "quien dejó sobre el piso del living una criatura de corta edad, le entregó un sobre cerrado y una hoja de papel blanco, escrita a máquina y le dijo: "Esto es para usted"". Y se fue tan rápido cómo había llegado.
El vecino de al lado, Francisco Caminos, testigo de la escena, aportó otros datos. Dijo que el "autor del hecho" "como llamó a quien entregó la nena "llegó al lugar acompañado por otros dos hombres", que lo esperaron "en el interior de un automóvil Ford Falcon, color claro". La policía anotició entonces al juez de Instrucción en turno, Angel Rafael D`Andrea, pariente del entonces subsecretario de Justicia de la provincia, Víctor D`Andrea.
A las 10 de la mañana, por orden del juez D"Andrea, la nena ya estaba en el hospital de Niños, donde la revisaron tres médicos, entre ellos el jefe de residentes, Juan Carlos Beltramino y dos enfermeras. Los cinco tuvieron que firmar un acta, según consta en el legajo "NN s/abandono" del Juzgado de Menores (Nº 20.206). La carátula es otra metáfora santafesina: la beba tenía nombre y padres que no la abandonaron.
Según la señora de Kerz, ella no abrió el sobre que le dejaron con María Pía. Lo abrió uno de los policías. Adentro, había otro sobre cerrado dirigido también a ella y a su marido. Y una esquela con indicaciones, que podría haber escrito el médico que atendió el parto de Cecilia Barral: "Señor Kerz y señora: (La beba) nació con unos días de retraso y como consecuencia, sufre un proceso de deshidratación, que aunque no es grave, (debe) tenerse muy en cuenta. Para ello, además del alimento S 26 cada cuatro horas en una cantidad de 40 a 60 gramos (por ahora), debe tomar té con azúcar. Esto es una indicación para lo inmediato (escrito todo con mayúscula). Luego, el médico será el encargado de determinar su dieta".
A las cuarenta y ocho horas, la Policía clausuró las actuaciones por pedido del Ejército. El jefe del Area 212 era entonces el coronel José María González, pero al expediente de María Pía lo reclamó su segundo, teniente coronel Adolfo Alvarez, quien era el jefe de la plana mayor y jefe del Comando de Operaciones Tácticas (COT), al mando de los grupos de tareas. Alvarez murió impune, imputado por decenas de secuestros, desapariciones y homicidios.
El miércoles 25, el Ejército devolvió el expediente a la Seccional Primera y al día siguiente quedó en manos de la jueza de Menores de Santa Fe, Nelly Ruth Casañas de Puccinelli, quien había sido confirmada en su cargo por la dictadura un mes antes (el 29 de julio de 1976, decreto 2087). La secretaria social era la abogada Margarita Stella Mayoraz.
El viernes 27, la jueza llamó a declarar a la señora de Kerz, quien repitió el relato que había hecho a los policías la misma mañana del sábado 21, pero con algunas variantes. Ya no dijo que "se encontraba en la puerta principal", sino en el interior de su casa, cuando escuchó "ruidos en la sala", fue a ver qué pasaba y se encontró con el hombre que dejó la nena, "un tarro de leche S26, un biberón y un sobre grande". Ante una pregunta, Kerz repitió que le había dicho Caminos, que en estaba en la vereda. Y vio que eran tres hombres que se movilizaba en "un Ford Falcon color verde claro", que "había sido intimidado desde el coche para que entrara a su casa" y "amenazado con armas de fuego de corto alcance" y también "pudo ver en el interior del vehículo, armas largas".
La señora de Kerz dijo que uno de los policías abrió el sobre grande en su casa, donde se enteró de la dieta y las indicaciones médicas para cuidar a María Pía, pero ignoraba el contenido del sobre más pequeño hasta que llegó al Juzgado. La segunda carta también está dirigida a ellos: "Ingeniero Kerz y señora": "(") dejando esa niña en su casa, se arbitrarán las medidas necesarias para que sea bautizada e instruida debidamente", dice la esquela. "(No soy) nadie para (im)pedir que ustedes se hagan cargo personalmente, ni tampoco es mi intención, pero por (favor) no la manden a una casa cuna, de donde puede retirarla cualquiera, que puede o no darle una educación cristiana conveniente. (La niña) proviene de una familia que ya no existe. Nadie la reclamará nunca, debido a que no está inscripta en ningún lado. Dios valorará lo que ustedes hagan por ella".
El mismo día, la jueza Casañas de Puccinelli entregó la recién nacida en guarda a los Kerz, y el 15 de setiembre, las dos cartas originales para "completar la documentación que se le hará conocer a la niña en el momento oportuno". A los dos meses, el 11 de octubre, cuando Caminos tuvo que declarar ante la jueza ya no se acordaba de casi nada, que no había visto "ninguna anormalidad" en el grupo que trasladó la niña y si uno le hizo "seña con un revolver para que entrara a su casa", lo interpretó como que eran "muchachos jóvenes exhibiendo inconscientemente un arma de fuego".
10 de abril de 2011
©rosario 12

nunca se investigó el origen


Mayoraz, secretaria del juzgado de menores.
Santa Fe, Argentina. La secretaria del Juzgado de Menores de Santa Fe, Margarita Stella Mayoraz, ya fallecida, admitió en dos declaraciones judiciales que el tribunal nunca investigó "el origen" de María Pía Josefina Kerz, la hija Ricardo Klotzman y Cecilia Barral. Y que ella aconsejó al matrimonio Kerz qué debía hacer para quedarse con la recién nacida que un grupo de tareas dejó en su casa. "Yo le aconsejé que pidiera la guarda y después gestionara la adopción para darle un vínculo indestructible", reveló.
Mayoraz declaró dos veces en la causa que investiga "la supresión de identidad" de María Carolina Guallane, en la que está procesado el ex juez de Menores, Luis María Vera Candioti. La primera, el 13 de mayo de 2002, ante la entonces fiscal federal Griselda Tessio. El abogado querellante, Jorge Pedraza le preguntó si recordaba algún caso análogo al de Carolina.
"Me acuerdo del caso de una niña, María Pía Josefina Kerz, que fue dejada en un canasto en la casa del ingeniero Serafín Kerz y de su esposa Mirta Ovidi", respondió Mayoraz. "Yo me encontraba con el ingeniero en misa y me relató el caso, que le habían dejado un canasto con una niña en su domicilio. Entonces, yo le aconsejé que pidiera la guarda y después gestionara la adopción para darle un vínculo indestructible", agregó.
Pedraza quiso saber si "había alguna evidencia (que la recién nacida) proviniera de un operativo antisubversivo". Mayoraz contestó: "Sólo por la fecha. Yo lo único que pensé que era una auténtica NN, hija de padres desconocidos. No pensé en un operativo militar".

El abogado insistió: "¿Cómo es que con su problema de memoria se acuerda del caso Kerz?"
-Porque tengo trato frecuente con los Kerz- explicó Mayoraz.

Tessio le preguntó entonces si "el Juzgado de Menores había investigado el origen de esa niña".
No -cerró Mayoraz.

Dos años después, el 25 de febrero de 2004, volvió a declarar en la causa, ahora ante el juez federal Reinaldo Rodríguez. El doctor Pedraza también estaba presente. Y en una de las preguntas le pidieron que ampliara su declaración anterior: "¿Cómo llegó a poder de la familia Kerz esa recién nacida?"

Se la dejaron en un canasto en la puerta del domicilio de la familia Kerz. La encontró el ingeniero Kerz y me consultó qué hacía y le dije que no tenía ningún dato, que podía ser una NN y que hiciera la guarda para mayor seguridad, y luego la adopción. Nunca se supo el origen de esa chica pese a que el tema se debatió en el Juzgado", respondió Mayoraz.
10 de abril de 2011
©rosario 12

fuga de un represor


"Su fuga implica no sólo que pueda evadir la acción de la Justicia, sino que constituye un peligro para el avance de la causa y, fundamentalmente, para la seguridad de los testigos".
Argentina. "Estamos sumamente preocupados por la fuga del genocida de la ESMA Víctor Roberto ‘Lindoro’ Olivera, posibilitada por los responsables de su excarcelación, la Cámara Nacional de Casación Penal, y por quienes debían vigilarlo, el Tribunal Oral y Federal Nº 5", señalaron ayer las Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, H.I.J.O.S. y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. En un comunicado de prensa, recordaron que el represor había sido identificado "gracias al trabajo de los organismos de derechos humanos, algo que debió haber hecho la Justicia", pero "Casación lo dejó en libertad con el argumento de que no se fugaría". Además, subrayaron que el tribunal que debía garantizar que Olivera no se fugara, el TOF Nº 5, integrado por los jueces Ricardo Farías, Daniel Obligado y Germán Castelli, es "el mismo que tuvo a su cargo la seguridad del represor de la ESMA Héctor Febres, quien murió antes de las sentencias a causa de la ingesta de cianuro en su lugar de detención, sede de la Prefectura". Olivera confesó que en la ESMA hacían desaparecer los cuerpos de los secuestrados incinerándolos, en lo que llamaban "asadito", como alternativa a los vuelos de la muerte. "Su fuga implica no sólo que pueda evadir la acción de la Justicia, sino que constituye un peligro para el avance de la causa y, fundamentalmente, para la seguridad de los testigos que deben declarar desde su condición de sobrevivientes, familiares y compañeros de las víctimas".
10 de abril de 2011
©página 12

la abogada del diablo


La declaración de Piumato contra la camarista Cosidoy reavivó otros testimonios. La actual camarista federal era defensora oficial en la época de la dictadura y muy cercana al general Galtieri. La mayoría de los testigos recuerda que en realidad "no sentíamos que nos estaba defendiendo, sino que continuaba interrogándonos".
[José Maggi] Argentina. El lunes 4 de abril el secretario de Derechos Humanos de la CGT nacional Julio Piumato, provocó una fuerte polémica en el seno mismo de la justicia federal rosarina al declarar ante el Tribunal Oral Federal Nº 2, en la causa Diaz Bessone. "Laura Cosidoy visitaba a los detenidos que tenían causa federal en calidad de defensora federal. En esas visitas al Gringo Aloisio y el Tortuga Nassini dos presos rosarinos que estaban en la cárcel de La Plata, junto a Piumato , daban cuenta de la bajeza de la conducta de esta persona, que iba con vestimenta provocativa mostrando sus partes pudendas de manera de cautivarlos, y después sin ningún tipo de vergüenza les proponía que si ellos colaboraban y le daban información de lo que pasaba allí, podía interceder ante Galtieri". Tras la declaración Piumato dejó en claro que están dadas las condiciones para pedir un jury de enjuiciamiento a Cosidoy, "con la larga lista de testigos que están dispuestos a testimoniar en el jury en su contra".
A lo largo del juicio al general Diaz Bessone fueron varios los testimonios que apuntaron contra la actual camarista presentada por algunos comunicadores como "la jueza antidrogas". Estos son algunos de estos testimonios.

* Juan Pablo Bustamante: Denunció que la actual camarista Laura Inés Cosidoy "amenazó a mi madre con hacerla detener por desacato sino dejaba de molestarla pidiéndole información sobre mí persona". El testigo se detuvo en narrar puntualmnte un caso que invoclura a Cosidoy. "En su momento fui condenado por la justicia militar en 1976 y en 1979 el juez federal Guillermo Tschopp me inicia un juicio donde tenía como defensora oficial a Cosidoy, a quien no vi nunca. Sin embargo mis familiares sí la vieron, aunque no tuvieron información a través de ella, e incluso recibieron el maltrato de quien era entonces mi defensora".

* Azucena Solana: "En 1977, estando en Devoto, me trasladan a Rosario para Consejo de Guerra. Tuve causa judicial en la justicia federal; me sobreseyeron. Ahí tuve de defensora oficial a la Dra. Cosidoy, que se presentó en Devoto, nunca me sentí contenida, la justicia estaba en connivencia, para mí era lo mismo la defensora que el coronel González Roulet".

* Víctor Salami: "Nos hicieron una causa Federal a mí y a mi ex compañera, donde nos condenan a 8 años y 6 meses. Como un año y medio después o más se presentó la doctora Cosidoy y se me comunica la condena. Apelan la condena, la confirma la cámara, y después nos enteramos que no se hizo lugar al recurso ante la Corte, pero bueno luego un recurso de queja y el fallo de la Corte llega en el año 82 cuando nosotros habíamos salido con libertad condicional; se anula el fallo del juez y un nuevo fallo que nos absuelve".

* Juan Luis Girolami. Denunció torturas pero nunca pudo ver a su defensora oficial, que era Laura Cosidoy.

* Olga Cabrera Nansen. "Mi padre empieza a hacer gestiones para ver cómo me sacaba de allí y va al tribunal federal donde toma contacto con la Dra. Cosidoy a la que le llevaba flores para congraciarse, cuando me va a ver me dice que a lo mejor ese jueves próximo la Dra. Cosidoy lo ve al mayor Soria y le va a plantear mi situación...".

* José Berra. "En el año 77 me abren una causa judicial de la cual salgo absuelto. Tenía de defensora a la Dra. Cosidoy. No la vi nunca".

* Mirta Castellini. "Mi abogada Defensora era Cosidoy. Cuando iba a Devoto sentía que me interrogaba, nunca sentí que fuera mi defensora porque parecía el enemigo".

* Marta Bertolino. "Al juez Tshopp también le pregunte por mi marido y lo mismo hice con la Dra. Cosidoy que era mi defensora y a mi me acusaron de ser jefa de una organización y ella me dijo que mi marido no figuraba como detenido, que se había fugado. Ante las irregularidades renuncié a los servicios de la doctora Cosidoy ya que me recomendó que no nombrara a mi marido y que confesara. Tomé la decisión de nombrar a Oscar Borgonovo como mi defensor aun asi el juez Tschopp me dio 8 años de condena, la verdad que no había ni pruebas ni nada".

* Esther Bernal. Calificó el comportamiento de Cosidoy como "macabro". Dijo que presionaba a sus familiares para que la obligaran a ella presa en la cárcel de Devoto a firmar un arrepentimiento. Les decía que era la forma de conseguir la libertad, o al menos mejores condiciones de detención. Porque Bernal se negaba a arrepentirse, estuvo "cinco años y medio" sin tocar a su pequeña hija. "Este plan sistemático ilegal tenía otras patas, como la justicia. Una pata muy fuerte era Cosidoy", dijo la testigo.

* Laura Hanono. En el Servicio de Informaciones fue torturada reiteradas veces, en sesiones a cargo de José Rubén El Ciego Lofiego. "Hay una situación de abuso sexual de parte del Cura (Mario Alfredo Marcote), que no llega a consumarse porque llegó un hombre, al que le decían el Armero, que le dijo: ’Dejala tranquila, es muy chiquita’", recordó. En ese momento, Hanono bajó la cabeza y cerró los ojos. Después, siguió declarando. La defensora oficial, Laura Inés Cosidoy , le dijo que iba a estar "20 años presa", después de leer su declaración sobre las torturas sufridas.

* Carlos Corbella. Le designaron como defensora oficial a Cosidoy. "Nunca vi la causa, salvo cuando fueron a Coronda y me hicieron el peritaje caligráfico", recordó. A Corbella le atribuían una declaración que nunca había firmado. Se hizo una pericia caligráfica que demostró el fraude. En julio de 1979, Corbella salió con libertad vigilada. Desde ese momento, buscó en vano entrevistarse con su defensora para que apurase el sobreseimiento, imprescindible para sus posibilidades de conseguir un trabajo. La funcionaria pública jamás lo atendió.
10 de abril de 2011
©rosario 12

el veredicto


El jueves se conocerá la sentencia en el juicio. Los familiares de las víctimas cuentan cómo vivieron el proceso judicial. Esperan que el ex subcomisario reciba una pena en cárcel común, ya que la defensa buscará mantenerlo en una clínica privada. También se resolverá la situación de Reynaldo Bignone, Omar Riveros y otros dos represores.
[Alejandra Dandan] Argentina. Para cada uno, el juicio significó algo distinto. Antonio Muniz Barreto nunca logró dormir antes de las audiencias. Diego, su hermano mayor, el que lleva el nombre del padre, dice que cada día era como limpiar una herida todos los lunes y jueves: "Y empiezo a tener la sensación de que ahora la estoy curando pero que siempre va a estar la cicatriz". Algo de eso sucedió con Manuel y Gastón Gonçalves. Algo de eso, también, con Marisa D’Amico, que sigue convencida de que todavía no termina nada porque tiene que encontrar el cuerpo de sus hermanos. Todos se preparan para acercarse otra vez a José León Suárez, esta vez para la última audiencia: el jueves van a escuchar la sentencia del Tribunal Oral Federal No1 de San Martín, que podrá condenar o no a Luis Abelardo Patti, a Reynaldo Bignone y Omar Riveros, entre otros, por un tramo de los crímenes de la causa Campo de Mayo.
"Fui a todas las audiencias y cada vez que fui abrí esa herida, la limpié todos los lunes y todos los jueves", dice Diego Muniz Barreto. "Y empiezo a tener la sensación de que hay algo de reparación en todo esto muy importante, donde cada uno empieza a estar del lado que tiene que estar y no en ese espacio de los grises: porque cuando yo veía a esa gente circulando por la calle, cobrando pensiones de ex presidentes o convertida en intendente, me parecía que era una situación muy gris: ahora no, más allá de los resultados, el juicio ubicó de un lado a los encausados y del otro lado a las víctimas, nítida y concretamente."
Los Muniz Barreto son tres hermanos, Diego, Juana y Antonio, el músico que vive en Barcelona, es el menor y durante los últimos meses se la pasó yendo y viniendo. "Para mí fue una especie de exposición íntima del dolor más absoluto", explica. "Cuando empecé me sentía súper emocionado, pero por momentos eso cambiaba, de pronto estaba muy cansado, con mucho abatimiento, a veces festejaba y otras quería salir corriendo a hacer aikido, y es eso, no sé, como quedarte desnudo delante de todo el mundo."
El dolor tenía que ver con muchas cosas, como volver a escuchar o conocer detalles de la historia de su padre, el ex diputado Diego Muniz Barreto. Oír cómo lo hundían en un río. Escuchar los detalles de una carta que dejó escrita su secretario privado, la persona a la que arrojaron al río junto a él y se salvó. Una carta que el mayor de los hermanos había leído una vez, y guardó de un golpe en un cajón.
Esos relatos convertidos en prueba durante el juicio a los genocidas ahora terminan. Mañana habrá una audiencia para escuchar las palabras finales de los acusados, que continúa el jueves a la mañana. En la lista están Riveros y Bignone, en ese entonces a cargo del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo; Martín Rodríguez alias "El Toro", uno de los torturadores del campo de exterminio; y los dos policías, Fernando Meneghini, jefe de la comisaría de Escobar durante la dictadura, y Patti, oficial de esa misma comisaría sobre quien se ha comenzado a revelar durante el juicio la posibilidad de que además haya sido espía del Ejército.
En el plano formal, todos tienen pedida la prisión perpetua. Se espera que Meneghini hable en la audiencia del lunes. Lo hizo largamente al comienzo del juicio y tomó notas en cada audiencia. Patti no estuvo casi nunca en la sala. En ocasiones permaneció adentro de una ambulancia privada enviada por la clínica Fleni, donde sigue internado por un supuesto ACV. La suya es acaso la condena más esperada. Las querellas le pidieron prisión perpetua por imputarle el crimen de Gonçalves. A esta altura, las querellas no temen realmente una absolución, pero la tensión está en el lugar de detención. Los defensores de Patti pidieron que permanezca en el Fleni, un espacio que Patti solía usar de bunker político incluso durante su teatralizada situación de enfermo. Los familiares piden cárcel común, que lo trasladen a Marcos Paz, aunque aclaran que si eso no es posible existen lugares alternativos como la cárcel de Ezeiza, donde funciona un centro de salud.
Marisa D’Amico es la hermana de Luis Rodolfo y Guillermo, dos de las víctimas de Patti, casos en este juicio, militantes secuestrados de su casa, sumergidos por el ex intendente de Escobar en un tanque de agua, todavía desaparecidos. Su hermana pasó años buscando respuestas a la pregunta sobre dónde están sus cuerpos. Quiere saber al menos si tiene que poner flores en el Paraná, el Dique del Luján o un arroyo donde tiraron cuerpos carbonizados 18 días después de la desaparición. El 1º de noviembre ella declaró en el juicio: "Al margen de las condenas, que hasta tengo miedo que no sean lo que esperamos, pienso en las cuestiones de privilegio: el privilegio de estar en el Fleni, eso quiero que se corte, porque cómo puede ser que haya gente que está presa por robo de autos, sin matar a nadie y esté en prisiones comunes y éste, que es mucho más que un ladrón de autos, éstos que son asesinos, estén en otro lugar: tengo miedo a esto, a las condenas flojas y al privilegio, por eso digo que para mí el 14 no termina el juicio: termina en todo caso una etapa". Este viernes por la noche, Marisa volvió tarde a casa, preocupada porque "con tantas cosas malas" que le pasaron en la vida, no está segura de llegar en condiciones al día de la sentencia.
Mientras, Manuel Gonçalves termina de organizar a todo correr las cosas con la Municipalidad de San Martín para conseguir un escenario. Manuel y Gastón son los hijos de Gastón Gonçalves, militante de la JP, activista en el territorio de Patti, secuestrado el día del golpe de Estado, encerrado en un celular en el predio de la comisaría de Escobar y asesinado días más tarde en un camino rumbo al río Luján. Buena parte del juicio se trató de probar la relación del crimen con la comisaría y con Patti. Sus hijos también estuvieron cada día de audiencia. Gastón, que es músico de Los Pericos, aparecía cada tanto rodeado de otros músicos de otras bandas, un mundo del rock sumergido en los juicios. Manuel, vestido casi siempre de negro, no lograba entender, antes del verano, cómo iba a hacer para poder esperar todo enero y febrero a la condena.
Los músicos tendrán mucho que ver también el día de la sentencia. A las cuatro de la tarde, cuando comience la audiencia, afuera del tribunal habrá pantallas para seguir el debate. HIJOS prepara para el escenario una radio abierta y luego tocarán Los Auténticos Decadentes.
Pero todo empezará un poco más temprano. Entre las últimas palabras y el momento de la sentencia, la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo marchará con organizaciones sociales, partidos políticos y organismos de derechos humanos desde la esquina de Avenida Márquez y San Martín hacia el auditorio. Si alguna singularidad tuvieron estas audiencias, es que muchas de las pruebas están basadas en el testimonio de las víctimas. Muchas son sobrevivientes de la zona norte, ex militantes, secuestrados muchos de ellos por Patti. Varios sostienen ahora a la Comisión, un espacio que crearon para darle aire a los juicios de Campo de Mayo, organizar las estrategias jurídicas y buscar las pruebas en el territorio. "Este es el cierre de la impunidad de Patti", dice Carlos "Nica" González, de la Comisión. "Patti, porque es el personaje siniestro de la convocatoria, y es Patti como será Rico en un próximo momento, las personas más reconocidas para la gente de los barrios, los hombres comunes, no sólo para la militancia."
El nombre de Patti es lo que se acaba en ese día. El nombre de un hombre vinculado al reciclado en la democracia: "Este personajes usó a las instituciones –dice Giselle Tepper, de HIJOS–, lo que se hace con esto es condenar todo este blanqueo y me parece que si no hubiera habido familiares y abogados detrás de esto, hoy el tipo estaría en el Congreso".
10 de abril de 2011
©página 12

historia de la nieta 103


La carta delatora.
[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. Los análisis genéticos demostraron esta semana que María Pía Josefina Kerz es la hija de Cecilia Barral y Ricardo Klotzman, dos militantes desaparecidos el 2 de agosto de 1976, en Rosario. Ellos tenían 24 años. Y ella apenas cinco días cuando un grupo de tareas la entregó a una familia de la ciudad de Santa Fe con un biberón, un kilo de leche en polvo y dos cartas. Una es la confesión del crimen de sus padres: "La niña proviene de una familia que ya no existe. Nadie la reclamará nunca, debido a que no está inscripta en ningún lado. Dios valorará lo que ustedes hagan por ella", dice la esquela que hoy revela Página/12.
Era el 21 de agosto de 1976, sábado, casi a las nueve de la mañana, cuando un Ford Falcon verde clarito estacionó frente a la casa de los Kerz, a cien metros de la Legislatura de Santa Fe y a trescientos de la Casa Gris y el Palacio de Tribunales. A bordo, llegaron tres hombres jóvenes: uno de ellos bajó, entró al living sin golpear y dejó a la recién nacida. "Esto es para usted", le dijo a la dueña de casa, Mirta Ovidi de Kerz, que estaba en la puerta, como esperando. Su marido, Serafín Kerz, había salido temprano. Afuera, otro de los individuos amenazó con un revólver al vecino de al lado, Francisco Caminos, y lo obligó a encerrarse en su casa, aunque antes vio que arriba del auto también había armas largas. Caminos obedeció y los visitantes se fueron. A la semana, los Kerz lograron una guarda y, al año siguiente, la adopción, por consejos de la secretaria del Juzgado de Menores de Santa Fe, Margarita Stella Mayoraz, con quien "tenían trato frecuente" y solían verse en la Catedral Metropolitana, después de misa.
Antes de su fallecimiento, Mayoraz tuvo que declarar dos veces, en 2002 y 2004, en otra causa por sustracción de identidad de otra menor, hija de desaparecidos, en que le preguntaron si el Juzgado de Menores había investigado el origen de María Pía. Y ella soltó su confesión: "No, nunca lo investigamos", dijo.
Media hora después de que le dejaran a la nena, la señora de Kerz llamó a la policía. Desde la Seccional Primera enviaron dos oficiales, Jorge Abero y José González. Abero es el mismo que después operó en el Servicio de Inteligencia (el D-2), según denunció el año pasado la organización Hijos.
La señora de Kerz les contó entonces lo que había pasado. Recordaba bien la hora: "Eran aproximadamente las 8.50", relató. Ella "se encontraba en la puerta principal" cuando ingresó a su casa "un hombre joven, de estatura regular", "quien dejó sobre el piso del living a una criatura de corta edad, le entregó un sobre cerrado y una hoja de papel blanco, escrita a máquina y le dijo: ‘Esto es para usted’". Y se fue tan rápido como había llegado.
El vecino de al lado, Francisco Caminos, testigo de la escena, aportó otros datos. Dijo que el "autor del hecho" –como llamó a quien entregó a la nena– "llegó al lugar acompañado por otros dos hombres", que lo esperaron "en el interior de un automóvil Ford Falcon, color claro". La policía anotició entonces al juez de instrucción en turno, Angel Rafael D’Andrea, pariente del entonces subsecretario de Justicia de la provincia, Víctor D’Andrea.
A las 10 de la mañana, por orden del juez D’Andrea, la nena ya estaba en el Hospital de Niños, donde la revisaron tres médicos. Según la señora de Kerz, ella no abrió el sobre que le dejaron con María Pía. Lo abrió uno de los policías. Adentro, había otro sobre cerrado dirigido también a ella y a su marido. Y una esquela con indicaciones, que podría haber escrito el médico que atendió el parto de Cecilia Barral: "Señor Kerz y señora: (La beba) nació con unos días de retraso y como consecuencia sufre un proceso de deshidratación, que, aunque no es grave, (debe) tenerse muy en cuenta. Para ello, además del alimento S-26 cada cuatro horas en una cantidad de 40 a 60 gramos (por ahora), debe tomar té con azúcar. Esto es una indicación para lo inmediato (escrito todo con mayúscula). Luego, el médico será el encargado de determinar su dieta".
A las cuarenta y ocho horas, la policía clausuró las actuaciones por pedido del Ejército, que devolvió el expediente a la Seccional Primera. Al día siguiente, quedó en manos de la jueza de Menores de Santa Fe, Nelly Ruth Casañas de Puccinelli, quien había sido confirmada en su cargo por la dictadura un mes antes (el 29 de julio de 1976, decreto 2087). El viernes 27, la jueza llamó a declarar a la señora de Kerz, quien repitió el relato que había hecho a los policías la misma mañana del sábado 21, pero con algunas variantes.
La segunda carta también estaba dirigida a los Kerz: "Ingeniero Kerz y señora": "(...) dejando esa niña en su casa, se arbitrarán las medidas necesarias para que sea bautizada e instruida debidamente", dice la esquela. "(No soy) nadie para (im)pedir que ustedes se hagan cargo personalmente, ni tampoco es mi intención, pero por (favor) no la manden a una Casa Cuna, de donde puede retirarla cualquiera, que puede o no darle una educación cristiana conveniente. (La niña) proviene de una familia que ya no existe. Nadie la reclamará nunca, debido a que no está inscripta en ningún lado. Dios valorará lo que ustedes hagan por ella".
[La foto viene del blog danielmancuso.]
10 de abril de 2011
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indemnización confirmada


La corte fallo que el estado deberá resarcir a una víctima de la AMIA. El máximo tribunal dejó firme un fallo que había ordenado al Estado indemnizar a Laura Ginsberg, compañera de José Enrique Ginsberg, fallecido en el atentado de 1994. En aquella sentencia se había reconocido el rol del Estado como encubridor del ataque.
[Adrián Pérez] Argentina. A pocos meses de cumplirse un nuevo aniversario del atentado a la AMIA, la Corte Suprema de Justicia dejó firme un fallo que había ordenado al Estado indemnizar a Laura Ginsberg, la compañera de José Enrique ‘Kuki’ Ginsberg, quien murió en la mañana del 18 de julio de 1994 por la explosión provocada por un coche bomba. Con esta definición, la Corte Suprema confirma y deja asentado el fallo dictado el 23 de octubre de 2008 por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, donde se había reconocido al Estado nacional como el "principal encubridor" del atentado contra la mutual judía.
El máximo tribunal de Justicia rechazó los recursos de apelación que habían sido presentados por Ginsberg y el Estado nacional: el primero por el monto del resarcimiento y el segundo pidiendo "la revocación de la sentencia apelada" y "el rechazo íntegro de la demanda". Así, quedó firme el fallo que habían firmado los jueces Marta Herrera y Carlos Manuel Grecco.
"Yo acuso al gobierno de (Carlos) Menem y (Eduardo) Duhalde de consentir la impunidad, de consentir la indiferencia de los que saben y callan", fueron las palabras pronunciadas por Laura Ginsberg durante el tercer aniversario del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina. Aquel mensaje había sido un claro señalamiento al gobierno nacional de entonces como encubridor de la conexión local que participó en el ataque a la mutual judía. Ayer, en diálogo con Página/12, Ginsberg analizó la resolución adoptada por la Corte Suprema. "La Corte se tomó dos años para no resolver nada, porque, en principio, lo que queda en pie es la resolución que había tomado la Cámara dos años atrás", dijo, y agregó que todavía debe resolverse la cuestión de fondo. Ginsberg consideró que es "muy poco serio" tomarse dos años para expedirse sobre una situación que "tiene una mora de quince años. Me parece que es grave", dijo. "Mientras los asesinos y encubridores siguen sueltos –señaló–, hay una condena al Estado argentino, por lo menos, por su rol de encubridor hasta el día de hoy."
En la demanda que presentó oportunamente, Ginsberg había manifestado que el Estado argentino era el "principal encubridor de uno de los mayores crímenes de la historia argentina". En su momento, la Cámara reconoció –y ahora la Corte lo avaló implícitamente– que "si bien los dichos vertidos" podían "resultar excesivamente severos, lo cierto es que la motivación del decreto 812/2005, en cierta medida, puede dar lugar a ello". Con ese decreto, firmado el 12 de julio de 2005, el entonces presidente Néstor Kirchner reconoció el acta rubricada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Estado argentino "reconoció su responsabilidad por incumplimiento de la función de prevención, por no haber adoptado medidas idóneas y eficaces para intentar evitar el atentado", recordaba el fallo.
9 de abril de 2011
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Retraso en las causas sobre el terrorismo de estado en Jujuy. La Unidad Especial de la Procuración señaló que Jujuy es el distrito con "mayores problemas". El Centro Europeo para los Derechos Constitucionales se presentó en la causa sobre La Noche del Apagón y responsabilizó al Ingenio Ledesma.
[Adriana Meyer] Argentina. Que los juicios por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura están en marcha es un hecho, pero no es menos cierto que atraviesan variados escollos, sobre todo en algunas provincias. Jujuy es una de las que más retraso lleva en el juzgamiento de los represores que actuaron en la denominada Noche del Apagón, cuando fueron secuestradas centenares de personas en Libertador General San Martín, con el apoyo logístico del Ingenio Ledesma. Esa jurisdicción "es la que mayores problemas presenta para el avance de los procesos por graves violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado", afirmó la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, que acusó al juzgado a cargo de estos expedientes por la paralización de los mismos. En ese contexto, y con el objetivo de reactivarlos, el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales presentó un escrito para fundamentar que la empresa azucarera y papelera de los Blaquier colaboró con el terrorismo de Estado.
El Centro Europeo para los Derechos Constitucionales (Ecchr, según su sigla en inglés) hizo llegar al juzgado un amicus curiae en las tres causas en las que se investigan delitos cometidos contra 55 personas que trabajaban o vivían en la zona del Ingenio Ledesma. Bajo esa forma jurídica que le permite participar en el caso, Wolfgang Kalek, director del Ecchr, aportó argumentos de Derecho Penal Internacional para fortalecer la acusación fiscal contra Alberto Lemos y Mario Paz, al momento de los hechos administrador de la empresa y gerente de personal, respectivamente, acusados de haber colaborado con las fuerzas de seguridad facilitándoles las instalaciones, vehículos, empleados e incluso información de Inteligencia sobre los trabajadores de la compañía. "Los cómplices de violaciones a los derechos humanos no sólo pueden ser individuos particulares sino también empresas públicas o privadas cuyos modos de participación y complicidad han venido siendo desarrollados por medio del derecho internacional", dijo Kalek en el escrito. "La conducta de Ledesma, a través de sus empleados Paz y Lemos, se encuadra en el tipo de complicidad por cooperación necesaria y encubrimiento, toda vez que sus actos facilitan la comisión de tales delitos por parte del autor material, con pleno conocimiento de su contribución", afirmó.
Las tres causas contra los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos con la colaboración del Ingenio Ledesma fueron impulsadas por el fiscal federal Domingo Batule, quien solicitó la detención y citación a indagatoria de 28 imputados, incluyendo a Lemos y a Paz, recientemente fallecido, lo que dio lugar a la formación de la causa conocida como grupo Guerrero. Se los acusó de los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio contra 43 personas ocurridos durante La Noche del Apagón, en julio de 1976, cuando en medio de un corte del suministro eléctrico y con vehículos del Ingenio fueron secuestradas unas 400 personas, de las cuales 55 permanecen desaparecidas. Hace dos años la fiscalía presentó nuevos pedidos de detenciones e indagatorias respecto de Lemos, Paz y 14 miembros del Ejército y la policía provincial por cinco víctimas, entre ellas el desaparecido Luis Arédez, ex intendente y médico del Ingenio. La fiscalía también pidió detenciones e indagatorias de 25 militares y policías provinciales por los casos de 7 empleados de Ledesma que sufrieron tormentos y homicidios antes del golpe de Estado.
"El avance procesal de todas estas causas ha sido obstaculizado desde un inicio por la inacción y la denegación de los pedidos fiscales por parte del juzgado federal a cargo de Carlos Olivera Pastor", expresó la Unidad que dirige el fiscal Jorge Auat. Y agregó que "las contundentes conclusiones del amicus sobre la obligación del Estado argentino de investigar no sólo a los responsables directos sino también a los asistentes y colaboradores del terrorismo de Estado dictatorial refuerzan la acusación fiscal contra la empresa". Por lo tanto, "pesará sobre el doctor Olivera Pastor la responsabilidad de tomar las medidas necesarias para investigar a fondo el rol que tuvieron los representantes del Ingenio Ledesma en los aberrantes delitos cometidos en Jujuy durante la dictadura".
La semana pasada, en la segunda reunión de la comisión interpoderes que analiza el avance de estas causas, fue tratada la situación de Jujuy con la presencia del juez de la Cámara Federal de Salta (que tiene competencia en Jujuy), Renato Rabbi-Baldi Cabanillas. Este magistrado intentó defender la actuación de su colega Olivera Pastor y fue duramente criticado por los integrantes de la comisión por intentar negar el grave retraso y dispersión de las causas jujeñas.
9 de abril de 2011
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