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ana y su hermana


María Pía Josefina Kerz y Ana Lina Klotzman. Ana Lina fue entregada a sus abuelos luego de la desaparición de su madre Liliana Bojanich. La joven tuvo siempre inquietud por el destino de su hermana que acaba de recuperar su identidad.
[José Maggi] Argentina. La nieta 103 recuperada por Abuelas se llama María Pía Josefina Kerz y es hija de quien fuera uno de los máximos referentes del ERP en Rosario Ricardo Horacio Klotzman y de Cecilia Beatriz Barral. Los dos militantes fueron secuestrados el 2 de agosto de 1976 en la vivienda de calle Necochea 2050. Ella estaba embarazada a término. La búsqueda fue impulsada por otra hija de Klotzman, Ana Lina, fruto del matrimonio anterior que el Patón -como le decían sus amigos a Klotzman- formó con Liliana Beatriz Bojanich, quien fuera secuestrada cuatro semanas antes, en junio de 1976, por la calle, en Capital Federal. Ana Lina estaba con su madre en el momento del secuestro, y fue criada por sus abuelos maternos, en Elortondo, en el sur de la provincia de Santa Fe. Desde 2004, buscó sin pausa a su hermana menor. Quienes conocían a Cecilia y vieron alguna vez a María Pía dicen que el parecido es increíble.
Ricardo Horacio Klotzman nació el 24 de mayo de 1951 en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Era el mayor de dos hermanos. Una vez que terminó la escuela secundaria, se mudó a Rosario para estudiar Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de esa ciudad, carrera que, finalmente, abandonó en 1972. Trabajó de profesor particular en una academia dando clases de apoyo a estudiantes secundarios. Fue empleado en una bodega y en una empresa metalúrgica. Militaba en el PRT ERP. Sus compañeros lo llamaban ‘César’, ‘Hugo’ y ‘Juan de Dios Pérez’.
El 21 de junio de 1973 se casó con Liliana Bojanich y el 10 de noviembre de 1974 tuvieron una hija. Tiempo más tarde, la pareja se separó. Liliana fue secuestrada el 8 de junio de 1976 en la vía pública en la ciudad de Buenos Aires y permanece desaparecida. Ese día iba de la mano de Ana Lina que tenía entonces un año y medio. Un grupo de tareas la levantó en plena vía publica dejando sola a la niña, que fue "auxiliada" inmediatamente por un patrullero que "accidentalmente" pasaba por el lugar. No hay registros conocidos del paso de Bojanich por un centro de detención.
Ana Lina Klotzman fue entregada entonces a sus abuelos maternos, los Bojanich que la criaron en Elortondo. La joven tuvo siempre inquietud por el destino de su hermana, pero recién en 2004 tomó el impulso final para encontrarla: el día en que Jorge Pedraza hizo una denuncia judicial, que además difundió vía internet y en la que se daba cuenta de la posible identidad de María Pía Josefina Kerz, basado en su parecido físico a Cecilia Barral, pero sin examen genético alguno. Esta acción --cuestionada por la familia por aventurada-- tuvo una consecuencia: al verse vulnerada su identidad, María Pía Kerz, se negó de plano a seguir dialogando con los jóvenes santafesinos de HIJOS que se habían acercado a la joven.
Ricardo y Cecilia se conocieron por la militancia. Fueron secuestrados el 2 de agosto de 1976 en el domicilio donde vivían en la calle Necochea 2050 de Rosario. En el operativo fue asesinado otro compañero que se encontraban en la casa junto con ellos, Juan Tumbetta.
El trabajo de investigación realizado por la fiscal Mabel Colalongo --que Rosario/12 publicó el 13 de marzo-- se probó con documentos oficiales que ambos fueron llevados la Quinta Operacional Fisherton ubicada, en Mendoza al 9100. Al mismo centro de detención fue llevado Fernando Brarda, secuestrado el 6 de agosto del 76. El 11 de agosto fue liberado, pero antes tuvo que cumplir un ritual extraño: con los ojos vendados, le indicaron donde poner sus manos con las palmas abiertas: así pudo palpar dos vientes prominentes: eran los de Cecilia Barral y de María Laura González, a quienes tenía entre sus empleadas en la fábrica de pantallas de cine, que había heredado de su padre. María Pía Kerz estaba dentro de uno de ellos. Ayer de algún modo volvió a ese mismo lugar, volvió a nacer, ahora con su verdadera identidad.
8 de abril de 2011
7 de abril de 2011
©rosario 12

la otra recuperación de la nieta 103


Estela Carlotto emocionada por la recuperación de la nieta 103. Carlotto dijo que María Pía -tal su nombre- "va a sentir mucho orgullo de sus padres, porque eran chicos con una convicción de lucha". Ricardo Klotzman y Cecilia Barral, desaparecieron en Rosario y la recién nacida, entregada a una familia en Santa Fe.
[Juan Carlos Tizziani,] Santa Fe, Argentina. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dijo ayer que la restitución de identidad de la hija de dos militantes políticos desaparecidos en Rosario, Ricardo Klotzman y Cecilia Barral, es un triunfo de la justicia. "Hoy comienza una nueva vida para ella" y "la relación con su verdadera historia", dijo Estela, emocionada por haber recuperado la nieta 103. Una investigación judicial de siete años reconstruyó una trama desgarradora: el secuestro de Klotzman y su pareja embarazada a término, el 2 de agosto de 1976, el martirio de ambos en la quinta operacional de Fisherton, un centro clandestino de detención donde fueron vistos por un sobreviviente. Y la entrega de la recién nacida, veinte días después, el 21 de agosto, a una familia de la ciudad de Santa Fe, donde un grupo de tareas armado les golpeó la puerta de su casa en el barrio sur y les dijo: "Esto es para usted". Los análisis genéticos terminaron de unir esas dos historias. Hoy, María Pía Josefina Kerz como se llama, tiene 35 años, sabe quiénes eran sus padres biológicos, tiene una hermana mayor, Ana Lina Klotzman, que la busca desde hace años y es querellante en la causa. Y tíos y abuela, que esperan conocerla.
Carlotto dijo que María Pía "va a sentir mucho orgullo de sus padres, porque eran chicos con una convicción de lucha, pero también estudiantes, trabajadores y profesionales", que estuvieron "secuestrados en (la quinta de) Fisherton, que era un centro clandestino de Rosario".
Una de las hipótesis de la investigación es que María Pía podría haber nacido en el Hospital Militar de Paraná, que operaba como maternidad clandestina del Segundo Cuerpo de Ejército.
"Un juez de Menores (de Santa Fe) dispuso darla en adopción a una familia, ignoramos qué clase de familia. Pero este juez está siendo juzgado, justamente, por su comportamiento ilícito", recordó Carlotto, sin mencionar al ex juez de Menores de Santa Fe, Luis Vera Candioti, procesado por "la supresión de identidad" de Paula Cortassa (María Carolina Guallane).
"Ese juez era parte de ese aparato que constituía la Iglesia, porque en su momento la familia (de Klotzman) habló con monseñor (Adolfo) Tortolo, que les dio una información falsa, la justicia de entonces y de ahora porque siguen sin hablar", agregó.
"Hoy comienza para ella una nueva vida. La hermana la quiere ver. Tiene tíos y una abuela. Nosotros vamos a contactarnos para todo lo que necesite", afirmó Carlotto en un diálogo con la TV pública. Estaba emocionada por la recuperación de la nieta 103. "Es un premio dijo a esta tarea tan ardua que llevamos adelante. Falta mucho, pero esto nos hace alentar futuros encuentros. Porque a través de esto vamos viendo la metodología, las formas y la víctimas. En qué lugares puede haber otros nacimientos de los mismos desaparecidos y que dieron a luz en este Hospital Militar (de Paraná)".

María comienza una nueva vida. ¿Cómo la acompañan las Abuelas en el futuro?
Tenemos abogados, sicólogos, así que la atención la va a tener. El propio juez tendrá sus elementos para contenerla. Pero al haber aceptado dar la sangre hay una disposición a saber. La historia que vivió en el pasado no se le va a borrar, es parte de su vida. Y nadie pretende que cambie de forma de vida, de amistades o de afectos, porque eso es de ella y es libre. Las Abuelas de Plaza de Mayo queremos liberarla de la mentira, para entregarle la verdad y que camine ese camino de verdad: el día que tenga hijos sabrán de donde vienen. Y ella también tendrá respuestas para cosas que sentía, pensaba o quería saber y que se le harán realidad ahora, cuando conozca a sus verdaderos padres a través de la historia que le cuenten sus familiares concluyó Estela.

¿Se puede comparar este caso con el de los Noble Herrera? Porque esta chica se negó a hacerse el ADN hasta que actuó la justicia le preguntaron.
No, el caso Noble Herrera es terriblemente distinto, es un caso espantoso y además hay cuestiones profundas de poder económico y mediático. En este caso, como otros chicos, se negaba (a hacerse el análisis genético), tenía miedo. Todo lo que es desconocido produce rechazo. El nieto 102 también se negó y ahora es un chico feliz que transita por la casa de las Abuelas como si fuera su casa y dice: "Gracias". Le va a pasar lo mismo a ella. Es un rechazo momentáneo porque aceptó sin ningún reparo lo que le dijo el juez (federal de Rosario, Martín Bailaque) la extracción de sangre obligatoria.
8 de abril de 2011
7 de abril de 2011
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en la calle hay otro represor prófugo


Víctor Roberto ‘Lindoro’ Olivera, buscado por la Esma.
[Adriana Meyer] Argentina. Un escalofrío recorrió el cuerpo de varios sobrevivientes de la ESMA cuando se enteraron de que uno de los represores que habían identificado hace tres años pasó a engrosar la larga lista de prófugos. El suboficial retirado Víctor Roberto Olivera, alias ‘Lindoro’, fue procesado y detenido en la causa ESMA tras ese reconocimiento, pero al tiempo recuperó su libertad por decisión del Tribunal Oral Federal 5. La fiscalía apeló hasta que el planteo llegó a la Corte Suprema, que ordenó que volviera a la cárcel. Ayer, cuando lo fueron a detener, ya no estaba. Lindoro Olivera es quien se había quebrado en su declaración indagatoria y había confesado que hacían desaparecer cuerpos incinerándolos, en lo que llamaban "asadito", como alternativa a los vuelos de la muerte, cuando las víctimas fallecían en la tortura y no estaba previsto ningún despegue.
"Los sobrevivientes estamos preocupados, los reconocemos, los liberan y se fugan, tranquilamente puede estar en la puerta de mi casa y nadie se entera, esto debería servir para que todos los que excarceló la Cámara de Casación vuelvan a estar presos", se quejó alarmado Carlos Lordkipanidse, víctima y querellante en la causa ESMA. Al respecto, el coordinador de la unidad fiscal de seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos, Pablo Parenti, explicó que estos casos son más irritativos aún porque represores como Olivera no fueron liberados porque venció el plazo de detención sin sentencia, sino porque no existía, según los jueces, riesgo de fuga. "Hay juicios que se hacen con todos los acusados en libertad, como Rosario o Bahía Blanca, y los testigos entran y salen por la misma puerta que los represores a los que acaban de acusar, o se cruzan con ellos en la esquina, es un problema grave de la administración de justicia para el avance de los juicios", dijo Parenti a Página/12. El jefe de la Unidad, fiscal Oscar Auat, afirmó que "las excarcelaciones y la prisión domiciliaria son la consagración de la impunidad con ropaje de legalidad". Auat se comunicó por esta situación con el Programa Nacional de Protección de Testigos. A los querellantes les preocupa que es paciente psiquiátrico.
Osvaldo Barros, Víctor Basterra y Carlos ‘el Sueco’ Lordkipanidse lo habían reconocido en rueda de presos en 2008. Olivera vio pasar los juicios desde su cómoda casa de Pilar, a pesar de integrar una lista de más de 300 sicarios del Estado identificados pero sin imputación judicial. Una denuncia anónima que llegó a HIJOS hizo posible asociar su apodo con su apellido y así terminó preso y habló.
8 de abril de 2011
7 de abril de 2011
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declaró represor adolfo donda


Confirmó que la ESMA fue un centro clandestino de detención. El represor buscó involucrar a superiores y así admitió lo que aseguran los testigos. Hizo un croquis sobre el recorrido por el cual ingresaban los prisioneros. Describió el sótano y nombró a Capuchita, donde estaban los desaparecidos.
[Alejandra Dandan] Argentina. "Había cierta división de tareas con respecto al tipo de organización con la que se trabajaba: las instalaciones de la Escuela de Mecánica eran buenas para que otras Unidades de Tareas pudiesen mantener a otros detenidos por la logística que se les podía brindar." Locuaz y detallista como hace una semana, el ex capitán de la marina Adolfo Miguel Donda volvió a sentarse en la sala de audiencias de los Tribunales de Retiro para ampliar su declaración indagatoria en un relato que por momentos tomó las características de una confesión. Con un discurso enunciado como un pase de facturas a los jefes de las Fuerzas Armadas y el reclamo de haberle soltado la mano, Donda reconoció su participación en los grupos de tareas, a la ESMA como base del centro clandestino y la metodología de los operativos en los barrios. Durante su intervención desempolvó además documentos confidenciales con los nombres de 140 marinos que estuvieron en la ESMA y habló de otras 2000 personas que se instruyeron como rotativos en el combate de la "subversión", de escritos firmados por Ramón Antonio Arosa y la política de la destrucción de documentos en la que involucró al actual jefe de la Armada, Jorge Godoy.
El marino habló ayer desde el mismo lugar que lo había hecho la semana pasada: sostiene que hubo un acuerdo en la cúpula de las FF.AA., que entregaron a un grupo para ser juzgado, y que por lo menos existen otras 2500 personas por arriba de él que deberían estar en ese lugar. "Hay que entender que habla por eso", dijo Ana María Careaga, querellante en la causa. Y si bien durante su intervención no habló de ninguno de los casos que se le imputan o los negó, mencionó otras víctimas, a quienes se refirió alguna vez como "colaboradoras", y de esa forma reconoció su participación en la ESMA y la ESMA como centro de detención.
Dicho esto, el testimonio confirmó lo que los testigos aseguraron acerca del modo de operar del centro clandestino. Dijo que el lugar era tan público, que hasta recibió dos atentados. Hizo un croquis sobre el recorrido por el cual ingresaban los prisioneros, explicó dónde funcionaban las distintas oficinas, dónde el Casino de Oficiales. Describió el sótano, nombró a Capuchita y nombró a la Pecera, aunque dijo no haber subido nunca porque era un área que no estaba bajo su responsabilidad. Habló de los cursos de instrucción para los marinos, para decir que se tuvo la intención de involucrar a la totalidad de las FF.AA. en la represión. Cuando el abogado Luis Zamora le preguntó, entonces, si lo que estaba diciendo es que todas las Fuerzas Armadas estuvieron involucradas en la represión, la defensa terminó oponiéndose.

Confidencial y Secreto
"A pedido de la fiscalía me comprometí a proporcionar un dato", dijo casi al comienzo. Entusiasmado, el presidente del TOF 5 le preguntó si se trataba de papeles para entregar. Pero Donda aclaró los tantos: "Tengo el documento pero no me parece oportuno mostrarlo en esta instancia", dijo y advirtió que sólo los leería. Como los papeles ya están incorporados a la etapa de instrucción, explicó que lo que deseaba era que la fiscalía tomara nota y se los pidiera al juzgado de Sergio Torres.
Entre el primer grupo de papeles, mencionó dos tipos de notas. Unas, con la sigla de la Secretaría General Naval (SGNA), discriminada como A1 E número 210/09, rotulada con una "C" de "Confidencial" y otra nota con el número 250/09, también rotulada como "Confidencial". Lo único que destacó de esos documentos fue la característica de secretos y que llevaban la firma del actual jefe de la Armada, el almirante Jorge Godoy. El otro grupo de notas pertenece a la Dirección de Armamento de Personal Naval (DIAP) 3HO, número 693-09 rotulada como "Confidencial". Una de ellas, con cinco agregados, contiene una nómina de oficiales superiores y subalternos de la dotación de la Unidad de la ESMA en el año ’78. La lista es de 140 nombres, personas que él presentó como quienes pueden dar cuenta de su coartada, que es que no estuvo en el área del Casino de Oficiales o el Grupo de Tareas hasta diciembre de 1978. A la lista le sumó otra con nombres del personal, suboficiales y otra con los integrantes de la Banda de Música de la llamada Agrupación de Seguridad y Ceremonial de la ESMA, donde él dice que estuvo hasta ese momento pese a que su legajo no lo refleja. "Y si eso no fuera suficiente –dijo después– están los nombres de más de 200 conscriptos de la Agrupación que también pueden hablar."
En un momento le preguntaron por la cantidad de integrantes de los Grupos de Tareas. El respondió que toda la ESMA era un grupo de tareas. Fuera de eso, el hombre continuó soltando papeles. Entre ellos, hubo varios que parecían un pase de facturas interno: hacia Arosa, que fue jefe de la Armada con el alfonsinismo, declaró en el juicio y a ojos de las defensas se lavó las manos; y el otro es el propio Godoy.
"Tengo en mi poder un oficio secreto que ha sido relevado del secreto, identificado con la foja 2204, dirigido al Juzgado de Instrucción Naval de Roque Pedro Funes, firmado por Arosa el 3 de septiembre de 1986", explicó. En uno de los párrafos, Arosa comunicó que entre ’76 y el ’81, hubo un sector de instrucción destinado a la lucha contra la "subversión". Según el documento, se dieron 6 u 8 cursos por año, con 50 hombres por curso que debía ser "multiplicador de efectos", dijo Donda. Y agregó: "50 hombres por un promedio de 7 cursos anuales, en 6 años me da total de 2100 en ese centro de instrucción". Un total de hombres que funcionaron como rotativos y que aseguró que deberían estar siendo juzgados en este momento.
La intervención de Donda tuvo dos partes. Primero habló solo durante una hora y luego respondió preguntas del TOF 5 y las querellas. Parte de su alocución la destinó a explicar palabras castrenses, términos que las querellas preguntaron durante el juicio a los testigos de la defensa y que muchos de ellos se negaron a contestar.
Una de esas palabras era "Copese", un término que se lo habían preguntado al ex jefe de la Armada. "Significa Comisión Permanente de Asuntos Especiales o de Estudios Especiales", dijo haciendo alarde. "Fue creada por el almirante Franco en el año 1983, y de acuerdo a lo que vi cuando fui citado estaba dedicada al seguimiento de lo que se consideraba la persecución en particular de la Armada por su participación en la lucha contra el terrorismo en los años ’70; y en esa comisión al seguimiento hay que tomarlo literalmente: iban atrás de los problemas, nunca adelante, ni pudieron prever que había que guardar la documentación que se debía resguardar, con la historia de lo que había sucedido, porque se iba a llegar a una instancia como ésta en la que hay que asumir la responsabilidad que corresponde y así las responsabilidades se diluyen." Dijo que el último miembro de ese ámbito fue Godoy, y volvió a nombrarlo.

Paso a Paso
¿Se usaba la palabra zona liberada? –preguntó el juez Germán Castelli.
-Se decía zona libre al lugar donde se fijó operación. En realidad no era libre, pero sí la policía evitaba tomar contacto con los que hacían operaciones en ese lugar. Se daba descripción de los autos para evitar las dudas.

¿En esos operativos había vehículos que se repitieran?
Los utilitarios sí, pero no se usaban a menudo. Quiero recordarle señor que no eran situaciones estáticas, sino móviles: cuando se encargaba la vigilancia, eso podía motivar un seguimiento por lo tanto había que tener vehículos de fácil uso para asegurar a la persona, desplazarse del lugar rápidamente.

¿Se usaban autos Swat?
Se les decía así a unas camionetas que permitían el desplazamiento rápido del personal para poder participar de un operativo o a un vehículo que permitiera estar algún tiempo en determinado lugar. Pero era muy difícil que se usara en esa época porque la gente desconfiaba mucho cuando aparecía un auto de esas características en los barrios.

En los operativos, explicó, el grupo de tareas rellenaba formularios, para "no perder demasiado tiempo después en tareas burocráticas". La coordinación de la zona la hacía el Primer Cuerpo del Ejército, dijo. Y eso significaba que ellos eran quienes "coordinaba con las comisarías".
Castelli preguntó sobre quién era el "enemigo": "En esa guerra, el enemigo que yo identificaba como tal cuando se me impartía una orden –dijo– era generalmente personal terrorista vinculado a una organización, perteneciente a la organización revolucionaria de Montoneros".
Sobre su rol en la ESMA, reconoció haber estado en 1978 en la Agrupación de Vigilancia y Ceremonial. Pasó a la Unidad de Tareas 3.3.2 en febrero aunque en diciembre ya estaba: "Cuando llegué me presenté a Chamorro porque generalmente el que llega se presenta con el director, pero se obvió ese trámite y me presenté directo con el subdirector. Fue la primera vez que hablé con él en la ESMA: me impuso de la situación, me dijo que estaba al servicio de la Unidad de Tareas".
Donda aseguró que en ese momento le preguntó a Chamorro por su hermano, el padre de Victoria Donda actualmente desaparecido. Dijo que Chamorro lo mandó a hablar con una persona de la columna oeste de Montoneros. El explicó que esa persona luego lo denunció en el exterior. Al final de la audiencia, Myriam Bregman del colectivo Justicia Ya! preguntó por los cuerpos de los desaparecidos. Si podía decir dónde están. Y él dijo que también a él le gustaría saber dónde está su hermano. La respuesta provocó una profunda molestia entre las querellas. Su cuñada, desaparecida como su hermano, parió en la ESMA a su sobrina, la diputada Victoria Donda, que fue apropiada por otro represor de ese centro clandestino. Donda fue jefe del grupo de tareas y torturó a víctimas que pasaron por ese lugar con sus manos.
8 de abril de 2011
7 de abril de 2011
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la nieta 103


Estela de Carlotto, la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo se refirió a la joven cuya identidad fue restituida ayer, luego de que se realizara en el Banco Nacional de Datos Genéticos el examen de ADN que había sido ordenado por la justicia federal de Rosario.
Argentina. "Va a sentir mucho orgullo de estos dos padres, porque eran chicos con una convicción de lucha, pero también estudiantes, trabajadores y profesionales", sostuvo Carlotto sobre la joven hija de desaparecidos identificada ayer a través de un examen de ADN realizado por el Banco Nacional de Datos Genéticos.
Se trata de la hija menor de Cecilia Beatriz Barral, secuestrada el 2 de agosto de 1976 junto a su pareja por un grupo de tareas. Para Carlotto, la restitución de María, cuyo nombre fue asignado por una familia adoptiva luego de que su madre diera luz en cautiverio, "es un premio ante esta tarea tan ardua que llevamos adelante" los organismos de derechos humanos. "Su hermana la quiere ver", aseguró la titular de Abuelas en declaraciones a la Televisión Pública, y señaló que "tiene tíos y una abuela".
Carlotto explicó que "como otros chicos, María se negaba, no quería saber, tenía miedo. Todo lo que es desconocido produce rechazo". "El nieto 102 también se negó y ahora es un chico feliz que transita por la casa de las Abuelas como si fuera su casa", subrayó, y consideró que "le va a pasar lo mismo a ella". De todas formas, resaltó que la nieta recuperada 103 "aceptó sin ningún reparo la extracción de sangre obligatoria" que determinó el juez Martín Bailaque.
"La historia que vivió en el pasado no se le va a borrar, es parte de su vida, y nadie pretende que cambie de forma de vida, de amistades o de afectos, porque eso es ella", explicó. Y consideró que "las Abuelas de Plaza de Mayo queremos liberarla de la mentira para entregarle la verdad y que camine ese camino de verdad" porque de esta manera "el día que tenga hijos sabrán también de dónde vienen y ella también tendrá muchas respuestas para cosas que sentía".
8 de abril de 2011
6 de abril de 2011
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identifican a hija de desaparecidos


Identifican a la hija de Cecilia Barral y su pareja, desaparecidos en agosto de 1976. Barral estaba embarazada de 9 meses cuando la secuestran de su casa de calle Necochea. Dio a luz a una niña que fue llevada a Santa Fe, donde fue criada por otra familia. El estudio genético determinó en un 99,99 quiénes eran sus padres biológicos.
[José Maggi] Argentina. La hija de un pareja de militantes del ERP desaparecidos en Rosario durante la última dictadura fue identificada ayer a través de un examen realizado por el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), ordenado por el juez federal Nº 4 Marcelo Bailaque. Se trata de la hija de Cecilia Beatriz Barral, secuestrada en agosto de 1976 cuando cursaba un embarazo a término. Gracias a la infatigable tarea de su hermana Ana, María tiene desde hoy su nueva identidad. El caso tiene un parangón con el de los hijos de Ernestina Herrera de Noble, ya que Maria no aceptaba en sus comienzo hacerse un análisis de ADN, hasta que la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario ordenó la misma. El juez Bailaque informó ayer a las partes del resultado.
María estaba en el vientre de su madre Cecilia el 2 de agosto de 1976, cuando junto a su pareja fueron secuestrados de la vivienda de Necochea 2050 en un operativo clandestino llevado adelante por el Destacamento de Inteligencia 121, donde fueron secuestrados además otras dos personas y otro asesinado. Barral y su pareja fueron trasladados a la "Quinta Operacional de Fisherton", donde fueron vistos por última vez el 11 de agosto de 1976 por Fernando Brarda. Dos hombres armados la llevaron con solo unos días de vida a una vivienda de calle Amenábar al 3000 en la ciudad de Santa Fe, donde una familia la crió. El juez que blanqueó la entrega fue Luis Vera Candiotti, procesado en febrero último por supresión de identidad de María Carolina Guallane. Ana, quien tenía dos años entonces, supo que su padre podría haberle dado una hermana con otra madre. Nunca bajó los brazos, pensando en encontrarla. En 2004 el abogado santafesino Jorge Pedraza denunció el caso.
En marzo de 2010, Rosario/12 publicó la ampliación de aquella primera denuncia de Pedrazza: "Barral fue secuestrada en Rosario a punto de parir en agosto de 1976, le roban su hijita al nacer (probablemente en el Hospital Militar de Paraná) y se la entregan a un matrimonio de la ciudad de Santa Fe, en un hecho ocurrido a mano armada, donde fue amenazado en la vereda el vecino Francisco Caminos, ex integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. Luego de eso el juez Vera Candioti autorizó en diciembre de ese año la inscripción en el Registro Civil de la niña "N.N. (más el apellido de quienes la tenían en su poder)" en vez seguir el camino legal de internación en Casa Cuna y otorgamiento de guarda conforme el orden de la lista de inscriptos para tal fin. Esto debió ser así toda vez que era absolutamente verosímil considerar que los padres biológicos de la beba habían sufrido la violencia que los mismos integrantes del grupo de tareas mostraron frente al doctor Caminos, al lado de la puerta de la familia, hecho que fue denunciado oportunamente en las instancias del Juzgado de Instrucción en turno y en el Juzgado de Menores".
Pedraza recordó que "el 30 de diciembre de 1976, la niña, que permaneció siempre en poder de la misma familia, es inscripta en el Registro Civil como María". Y agrega que al año de guarda se inician los trámites de adopción plena en el Juzgado en lo Civil y Comercial de la Novena Nominación, dictándose sentencia en diciembre del 77.
El fallo conocido ayer y al que accedió Rosario/12 tramitó ante la Secretaría de Derechos Humanos del juzgado, a cargo de Gonzalo López Quintana, dentro del expediente n? 260/09, caratulado "Sumario Averiguación Violación a los Derechos Humanos", en el que se ha logrado determinar la identidad de una persona que naciera en cautiverio luego de que su madre biológica fuera privada de libertad, permaneciendo a la fecha desaparecida".
Y agrega: "En el expediente mencionado se investiga entre otros hechos la privación ilegítima de la libertad mediando violencias y amenazas y posterior desaparición física (homicidio) de Cecilia Beatriz Barral, como también de su pareja, en oportunidad de desarrollarse un procedimiento de fuerzas conjuntas a cargo del Ejército durante el último gobierno de facto instaurado a través del llamado ’Proceso de Reorganización Nacional’, en el domicilio de calle Necochea N 2050 de Rosario".
Según el dictamen "el procedimiento ocurrió el día 2 de agosto de 1976 comenzando la privación ilegítima de la libertad en la fecha y lugar indicada precedentemente y continuando en la llamada ’Quinta Operacional de Fisherton’ sita en la calle Calasanz n? 9100 de la ciudad de Rosario. En el momento del procedimiento Cecilia Barral estaba cursando un embarazo muy avanzado considerándose muy probable que ella diera a luz en ese estado de cautiverio".
Ante el caso planteado se ordenaron las pruebas pertinentes por parte del Juzgado quedando a cargo de la realización de la pericia el Banco Nacional de Datos Genéticos. Ayer, se hizo presente en el Juzgado Federal N? 4, la directora del BNDG quien presentó personalmente el correspondiente informe. Según el mismo se pudo determinar que "según los cálculos matemáticos estadísticos efectuados a partir de la información biológica obtenida de la investigación del polimorfismo del ADN en regiones microsatélites STRs, el padre alegado que se encuentra desaparecido y la madre alegada quien también se encuentra desaparecida, tienen una probabilidad de parentalidad del 99,99 por ciento con respecto al perfil genético obtenido de la muestra hemática de la persona sometida a estudio".
"Esto significa que la pareja de personas desaparecidas tienen la probabilidad porcentual indicada anteriormente de haber sido los padres biológicos del perfil genético obtenido", concluye el fallo judicial.
8 de abril de 2011
6 de abril de 2011
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la patota del norte


Procesan a ocho represores.
[Juan Carlos Tizziani] Argentina. El juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, que investiga el circuito represivo en el norte de la provincia que estaba bajo jurisdicción de la Tercera Brigada Aérea procesó a ochos detenidos en la causa. Dos son oficiales retirados de la Fuerza Aérea: el comodoro Danilo Sambuelli y el mayor Jorge Alberto Benítez. Y seis, policías santafesinos que integraban los grupos de tareas: Carlos Nickish, Eduardo Luque, Rubén Molina, Arnaldo Neuman, Horacio Machuca y Héctor Aglieri. Todos están acusados por secuestros y torturas entre diez y cuarenta casos, pero cuatro de ellos (Sambuelli, Molina, Neumann y Machuca) también por "violaciones reiteradas", en lo que significa el primer procesamiento de represores en Santa Fe que considera la tortura sexual en centros clandestinos como un delito de lesa humanidad. En la investigación, están imputados además otros tres policías: uno de ellos, Alberto Leguizamón, aún no pudo ser indagado por problemas de salud y los restantes: Juan Antonio Mulasano y Omar Noce, siguen prófugos. "La resolución del juez es un paso importantísimo porque revela el mapa de la represión en el norte santafesino", dijo el fiscal Roberto Salúm en un diálogo con Rosario/12.
Salúm explicó que a diferencia de lo que ocurría en Rosario y Santa Fe donde operaba el Ejército en el norte de la provincia (en los departamentos General Obligado, Vera, 9 de Julio y San Javier) el circuito represivo estaba bajo jurisdicción de la Fuerza Aérea. El responsable era el jefe de la Tercera Brigada de Reconquista, brigadier Jorge Arturo Van Thienen, quien estuvo imputado y detenido en la causa hasta su fallecimiento. Y después, seguían en la cadena de mandos otros dos oficiales: el comodoro Sambuelli (que en esa época era capitán) y el mayor Benítez (que era teniente). Tras el golpe del 24 de marzo de 1976, Sambuelli asumió como interventor de la Municipalidad de Reconquista y Benítez como interventor de la Unidad Regional 9 de Policía de Reconquista, que estaba bajo el "control operacional" de la Fuerza Aérea.
"Los procesamientos son importantísimos porque después de la detención de Benítez (a fines del año pasado), logramos establecer el nexo que existía entre la Tercera Brigada Aérea y la Policía de la provincia", explicó el fiscal. "Benítez manejaba el sistema represivo. Las órdenes bajaban desde el jefe de la Base Aérea, que en ese momento era Van Thienen y de Sambuelli y llegaban a los ejecutores directos que eran los policías que están detenidos", agregó.
"Incluso, uno de los imputados admitió que después del golpe de 1976 la Policía dependía de la Tercera Brigada. Entendemos que hemos hecho un mapa importante de cómo funcionaba el sistema represivo en el norte santafesino", explicó el fiscal.
Sambuelli y Benítez fueron procesados por "privación ilegítima de la libertad, tormentos y vejaciones" en cuarenta casos y Sambuelli también por "violación" de una de las víctimas. Mientras los seis policías están acusados por los mismos cargos en ocho a veinte casos, y tres de ellos -Molina, Neumann y Machuca- por "violaciones reiteradas" de dos víctimas. El Tribunal Oral de Santa Fe ya dijo en sus fallos que la tortura sexual en centros clandestinos era un delito de lesa humanidad, pero el doctor Alurralde es primer juez federal de la provincia que procesa a represores por este hecho.
8 de abril de 2011
5 de abril de 2011
©rosario 12

complicidad entre justicia y dictadura


Declaró el secretario de Derechos Humanos de la CGT nacional. Para Piumato están dadas las condiciones para pedir el jury de enjuiciamiento a Cosidoy. "Hay una larga lista de testigos que están dispuestos a testimoniar en su contra", remarcó.
[José Maggi] Argentina. "Laura Cosidoy visitaba a los detenidos que tenían causa federal en calidad de defensora federal. En esas visitas al Gringo Aloisio y el Tortuga Nassini -dos presos rosarinos que estaban en la cárcel de La Plata, junto al testigo de ayer-, ellos daban cuenta de la bajeza de la conducta de esta persona, que iba con vestimenta provocativa mostrando sus partes pudendas de manera de cautivarlos, y después sin ningún tipo de vergüenza les proponía que si ellos colaboraban y le daban información de lo que pasaba allí, podía interceder ante Galtieri". La descripción corresponde al testimonio que ayer brindó el secretario del Sindicato de Judiciales, Julio Piumato, ante el Tribunal Oral N 2 de Rosario, en el marco de la causa Díaz Bessone. El actual secretario de Derechos Humanos de la CGT, dejó en claro que están dadas las condiciones para pedir un jury de enjuiciamiento a Cosidoy, "con la larga lista de testigos que están dispuestos a testimoniar en el jury en su contra". Para el dirigente de la CGT, lo más grave que hizo la jueza Laura Cosidoy es que "una vez terminada la dictadura tenía la "responsabilidad de denunciar las atrocidades cometidas, sin embargo su silencio demuestra hasta qué punto fue cómplice de la dictadura genocida".
El dirigente judicial agregó que la jueza era amiga del ex dictador, y que incluso se jactaba de "comer asados con otros represores en la Quinta de Funes", lugar donde funcionó uno de los centros clandestinos de detención de la dictadura.
Estos elementos demuestran para Piumato la complicidad entre la Justicia y la dictadura, ya que al estar sometidos a juicio federal "eran los jueces y no Galtieri" los debían decidir la libertad o no de los presos.
Para Piumato están dadas las condiciones para pedir un jury de enjuiciamiento a Cosidoy: "En esta oportunidad noté un cambio positivo en Rosario: yo hablo por terceros y en el marco de un jury esto puede ser objetado. Pero hoy me llevo una larga lista de testigos que están dispuestos a testimoniar en el comienzo del jury a la jueza Cosidoy. Desde esta perspectiva me voy satisfecho, porque una vez desafectada de su rol en la justicia se podrá probar su complicidad con la dictadura".
El secretario de Derechos Humanos de la CGT fue ofrecido al Tribunal por la querella que representa el caso de Oscar Manzur, quien al momento de su secuestro era delegado gremial por la lista opositora del gremio de los trabajadores del Sanatorio Británico de Rosario, y que permanece desaparecido. La abogada querellante Gabriela Durruty solicitó al testigo que en su doble condición de víctima del terrorismo de estado (Piumato estuvo privado de su libertad desde el 76 al 82) y de secretario gremial explique por qué "el genocidio ocurrido en el país tuvo como principal objetivo a la clase trabajadora".
En su rol de dirigente gremial Piumato señaló: "Desde el 24 de marzo del 76, la represión estuvo fundamentalmente dirigida a delegados gremiales como el caso de Manzur, ya que se pretendió garantizar la implementación del programa económico de Martínez de Hoz. El objetivo era evitar la resistencia de los trabajadores a ese programa, neutralizar, había estrategias de cooptación (comprar dirigentes y delegados) y cooperación, al que no lo hacía se lo eliminaba".
Ante una pregunta del fiscal Gonzalo Stara señaló: "Se prohibió el derecho de huelga, se cercenaron todos los derechos, hubo una persecución permanente y pública. No solo se congelaron los derechos colectivos, sino que a muchos dirigentes sin que se les demostrara nada fueron investigados sus bienes, fueron encarcelados y torturados. Hubo dirigentes que desde adentro trabajaron para cooptar dirigentes jóvenes, el caso de Jorge Triaca que estuvo conmigo y que decía que había que tener diálogo con los militares. La Ley de Contrato de Trabajo fue el punto más alto de cobertura de los derechos laborales, fue prácticamente diezmada".
Según repitió Piumato en su declaración sobre Cosidoy, Aloisio y Nassini eran "invitados a que colaboraran, que de ese modo ella se comprometía a interceder ante su amigo Galtieri para darles la libertad. Ellos no estaban a disposición del PEN sino del Poder Judicial Federal de Rosario, no se entendía qué tenía que ver Galtieri, a partir de eso he denunciado esto porque esa persona es camarista".
"A nosotros como organización sindical nos parece que no corresponde que sea así, las personas que han sido complacientes con la dictadura y que se han enterado -por su condición de defensora, en este caso-, de condiciones y atrocidades que nunca denunciaron ni en tiempo de dictadura ni en democracia, deben responder".
8 de abril de 2011
5 de abril de 2011
©rosario 12