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el cura de los vuelos de la muerte


Escrachan al cura confesor de los pilotos de los vuelos de la muerte. Reapareció en San Martín a principios de mes y ya fue escrachado. En 2009, el Ministerio de Defensa le ordenó a la Armada que lo pasara a retiro y desde entonces fue acogido por Bergoglio. Página/12 lo había identificado ese año en San Pedro Telmo.
[Nora Veiras] Argentina. "La mentira y el engaño son las armas del demonio", suele repetir el presbítero Ángel Zanchetta en sus homilías. La advertencia a sus feligreses resuena como una confesión de parte: Zanchetta es uno de los capellanes de la Armada denunciado por aliviar la conciencia de los pilotos de los vuelos de la muerte. Entre el ’75 y el ’77 actuó en la ESMA y ese trabajo le garantizó los vínculos que lo siguen manteniendo a flote. En 2009, el Ministerio de Defensa le ordenó a la Armada que lo pasara a retiro. Lejos de quedar a la deriva, el cardenal Jorge Bergoglio lo acogió en su diócesis. Página/12 lo identificó en la Iglesia San Pedro Telmo y, de inmediato, le buscaron nuevos destinos. A principios de mes reapareció en la parroquia María Inmaculada de San Martín, pero el secreto no duro mucho; un escrache de la Juventud Peronista Evita expuso ante los fieles la historia del pastor.
Después de que la Armada lo pasara a retiro, Zanchetta soportaba con su mirada helada, su porte discreto y su voz suave cada vez más preguntas incómodas en las parroquias porteñas. Bergoglio lo trasladó de San Pedro Telmo apenas apareció en la primera plana de este diario. El Golfo de Génova lo cobijó en Italia por unos meses, hasta que a mediados del año pasado volvieron a buscarle destino. Los jerarcas de la Iglesia pensaron, quizá, que sacándolo de la comuna el confesor de los pilotos de los vuelos de la muerte recuperaría tranquilidad. No fue así: en julio del año pasado reapareció en la parroquia Nuestra Señora de la Merced de Caseros, la principal de Tres de Febrero. Lo reconocieron y el obispo Guillermo Rodríguez Melgarejo pretendió nombrarlo entonces en la Sagrada Familia. Las protestas de familiares de ex detenidos-desaparecidos lo obligaron a rever la designación. Esa iglesia está a pocas cuadras del Colegio Militar y cercana a la Brigada Aérea de Palomar, lugar desde el que partían vuelos para arrojar prisioneros vivos al mar. Vecinos, junto con integrantes del partido Nuevo Encuentro, van a gestionar ante el partido de Tres de Febrero la declaración de "persona no grata" del sacerdote.
Por orden del cardenal, Rodríguez Melgarejo le buscó otro lugar dentro de su diócesis. Zanchetta asumió el 6 de marzo pasado como administrador de la parroquia María Inmaculada de San Martín, el 14 se presentó a la feligresía. Apenas una semana después, una volanteada de la JP Evita le volvió a recordar su pasado, que es presente eterno. "Como a los nazis les va a pasar/ a donde vayan los iremos a buscar", gritaban los militantes. Al presbítero se le acortan los tiempos: ya no son meses sino apenas días los que necesitan los fieles para detectarlo y reclamar que la jerarquía eclesiástica no siga ofendiendo la memoria colectiva.

Los Méritos
En ‘El vuelo’, el libro de Horacio Verbitsky que reproduce la confesión del ex capitán Adolfo Scilingo, el marino cuenta que después del primer vuelo en el que arrojó al mar prisioneros vivos, adormecidos, se sintió mal y fue a hablar con el capellán que "le encontró una explicación cristiana al tema. No sé si me reconfortó, pero por lo menos me hizo sentir mejor", recordó.

¿Cuál fue la explicación cristiana?
No me acuerdo bien, pero me hablaba de que era una muerte cristiana, porque no sufrían, porque no era traumática, que había que eliminarlos, que la guerra era la guerra, que incluso en la Biblia está prevista la eliminación del yuyo del trigal. Me dio cierto apoyo.

El testimonio de Graciela Daleo, una de las sobrevivientes de la ESMA, abunda en esa comunión de religión y milicia. Mientras le aplicaban descargas eléctricas, "yo rezaba Avemarías a los gritos y eso los enfurecía. Pernías tenía al cuello un crucifijo y una medalla de la Virgen Milagrosa". Antonio Pernías fue uno de los primeros oficiales de la Armada que admitió ante el Senado que había torturado. La reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad convirtió a Pernías en uno de los presos de Marcos Paz.
Con poco más de 30 años, Zanchetta era uno de los sacerdotes adiestrados para defender la "civilización occidental y cristiana". Los métodos eran lo de menos, apenas medios consagrados al fin supremo.
En la estructura del obispado castrense, la misión de Zanchetta fue bien recompensada. A partir de la recuperación democrática se desempeñó como jefe del Servicio Religioso del Comando de Operaciones Navales de la Base de Puerto Belgrano y ocupó hasta diciembre del 2004 el cargo de canciller y secretario general del obispado castrense. En el 2007, el entonces arzobispo Antonio Baseotto lo envió a Haití para asistir a las tropas argentinas que integran la Misión de Paz de la ONU. Por entonces ya había estallado el conflicto con el ex presidente Néstor Kirchner, que desconoció a Baseotto como obispo luego de que éste propusiera tirar al mar al ministro de Salud, Ginés González García, por pronunciarse a favor de la despenalización del aborto.
Como los antecedentes podían jugarle una mala pasada a Zanchetta, en 1981 sus superiores lo habían sacado de la órbita de la Armada y lo pasaron a Ejército. En 1984, en democracia, lo devolvieron a jurisdicción de la Marina. La Iglesia oculta esos pases y niega así la presencia de Zanchetta en la ESMA.
Cuando el presbítero Pedro Candia, a cargo del obispado castrense, informó en julio del 2008 a la Armada que Zanchetta cesaba en su tarea pastoral, el cardenal Bergoglio lo sumó a la diócesis metropolitana. El obispo Oscar Ojea lo destinó a principios de 2009 como vicario a la iglesia San Pedro González Telmo, de Humberto Primo al 300. Su llegada provocó algunas preguntas incómodas para el párroco Ernesto Salvia sobre los antecedentes del cura que lo asistiría. A mediados de ese año este diario reveló que a pesar de la orden de Defensa de pasar a retiro a los capellanes que hubieran estado durante la dictadura, la Armada lo conservaba a Zanchetta como capitán de fragata en disponibilidad con un sueldo de 5000 pesos. La información provocó una nueva orden de la entonces ministra Nilda Garré al jefe de la Marina, Jorge Godoy, para que cesara en sus funciones al capellán. La resolución adjuntaba el legajo oficial que daba cuenta del paso de Zanchetta por la ESMA transformada en centro clandestino de detención. Los lazos de complicidad entre oficiales y sacerdotes en actividad desde la dictadura alimentan más de una sospecha: en el Edificio Libertad algunos memoriosos aseguran que Godoy desde su cargo de secretario de Relaciones Institucionales de la fuerza había viajado a México para brindarle apoyo económico a Ricardo Miguel Cavallo, el oficial de la ESMA detenido en ese país en 2000 por orden del juez español Baltasar Garzón, extraditado a Madrid en 2003 y desde 2007 preso y juzgado en la Argentina.
La agrupación Hijos se presentó ante el juez federal Sergio Torres para solicitar que le pidiera a la Iglesia y a Defensa todos los antecedentes de Zanchetta y lo citara a declarar. Junto al capellán Luis Antonio Manceñido son los dos curas señalados como los confesores de los oficiales que piloteaban los vuelos y fueron reconocidos también por secuestrados en la ESMA.

Formador
Antes de partir a Haití, Zanchetta combinaba su prédica castrense con la civil. Con la bendición del párroco Alejandro Puiggari, recaló entonces como segundo sacerdote en Nuestra Señora del Rosario del barrio de Palermo. Algunos creyentes recuerdan sus palabras desde el púlpito instando a votar por Mauricio Macri frente a Aníbal Ibarra y el aval elogioso a George W. Bush por "la defensa de la vida". Puiggari es el encargado de Catequesis de la Arquidiócesis de Buenos Aires y el director de la Junta Nacional de Catequesis, por él pasa toda la enseñanza del país. El tiempo que estuvo en San Pedro Telmo lo ocupó en el asesoramiento espiritual del grupo scout. En su paso por el conurbano, la Iglesia insiste en reciclarlo para la formación de las nuevas generaciones.
Bergoglio le sigue buscando destino a Zanchetta. Quizá la confesión en los estrados judiciales le permita encontrar su lugar.
27 de marzo de 2011
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carolina recupera su identidad


Recuperó su identidad en 1998 y ahora también su cumpleaños real. El fiscal subrogante Patricio Longo pidió esta semana al juez federal Reinaldo Rodríguez que declare que Carolina nació el 13 de diciembre de 1975, en Rosario, y no el 4 de abril de 1976, en Santa Fe como la anotó un juez de la dictadura.
[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. María Carolina Guallane podrá festejar su cumpleaños el mismo día de su nacimiento: el 13 de diciembre de 1975. Ella comenzó a recuperar su historia en 1998. Descubrió que era la única sobreviviente de la masacre de su familia biológica, que se llamaba Paula Cortassa, que su padre Enrique Cortassa fue desaparecido y su madre, Blanca Zapata, asesinada con un embarazo a término. Su búsqueda incansable le devolvió el nombre y los restos de Blanca. Aún no se reconoce como Paula, pero tampoco acepta la fecha de su nacimiento que anotó el ex juez de Menores, Luis Vera Candioti, convertido hoy en el primer magistrado del país bajo proceso por supresión de identidad de una menor. El fiscal subrogante Patricio Longo pidió esta semana al juez federal Reinaldo Rodríguez que declare que Carolina nació el 13 de diciembre de 1975, en Rosario, y no el 4 de abril de 1976, en Santa Fe, como decidió Vera Candioti y ordene al Registro Civil de Venado Tuerto, donde ella vive, que rectifique la partida de nacimiento. Longo fundamentó la solicitud en el "derecho de cada persona de ser ella misma". Y si eso ocurre, Carolina festejará sus 36 años en su día y no en el que ordenó el juez de la dictadura que ocultó sus orígenes.
En febrero, tras el procesamiento de Vera Candioti, Carolina lo consideró tan responsable como los represores que masacraron a su familia biológica. "Ese juez me tomó como un paquetito y me dio en adopción como NN sabiendo quién era yo", dijo en Página/12.
En otra entrevista le preguntaron: "¿Por qué te seguís llamando Carolina?". Y ella contestó: "Porque no tengo registro alguno de mi vida como Paula". Pero reclamó que en su documento figure la fecha de su nacimiento: el 13 de diciembre de 1975 y no el 4 de abril de 1976 que inventó Vera Candioti. "No logro que me den una respuesta en el Registro Nacional de las Personas. Si me hubieran puesto como nacimiento el 13 de mayo de 1977, que fue el día en que me adoptaron los Guallane, estaría feliz. No diría una sola palabra. Pero bueno, me acostumbré. Desde 1998, festejo mi cumpleaños el 13 de diciembre, aunque mi documento diga otra cosa", relató en "El Litoral".
El fiscal Longo respondió aquel reclamo público y esta semana le pidió al juez Rodríguez que declare que Carolina "nació el 13 de diciembre de 1975, en la ciudad de Rosario y, en consecuencia, se rectifique su partida de nacimiento en lo que respecta a los datos de fecha y lugar".
Longo hizo el planteo en la causa acumulada que investiga crímenes de lesa humanidad en Santa Fe y en la que están procesados Vera Candioti y el teniente coronel Carlos Enrique Pavón, entre otros. Pavón es el militar que puso a Paula Cortassa a disposición del juez de Menores con una nota falsa fechada el 4 de febrero de 1977, siete días antes del secuestro y la masacre de los Cortassa.
"El Ministerio Público ha tomado conocimiento de la intención de Carolina Guallane de modificar la errónea inscripción del lugar y la fecha de su nacimiento", dijo el fiscal. Y recordó que Vera Candioti había ordenado inscribirla "bajo el apellido de su familia adoptiva, sin mención de sus progenitores" y "luego de establecer por "una simple operación matemática" (sic) que la niña había nacido el 4 de abril de 1976 en la ciudad de Santa Fe".
La investigación genética reveló en 1998 que Carolina "es hija de Enrique Cortassa (desaparecido) y de Blanca Zapata" y que nació "con el nombre de Paula Cortassa en la ciudad de Rosario, el 13 de diciembre de 1975", agregó el fiscal.
"La identidad y el estado civil de las personas, hace a una cuestión de orden público que, como tal, deriva en consecuencias jurídicas que tiene efectos sobre los intereses de la sociedad en su conjunto", precisó Longo. "Y en ese sentido, la doctrina ha conceptualizado el derecho personalísimo a la identidad como "el derecho de cada persona de ser ella misma, de distinguirse y de ser distinta, sobre la base de sus propios atributos y de sus propias cualidades personales que hacen a esa determinada persona distinta de todas las otras".
"Y en la Argentina, el derecho a la identidad se ha desarrollado en otra vertiente, como el derecho de cada persona a conocer sus orígenes y su filiación". Por lo tanto, "lo que se busca reparar con la corrección de la partida de nacimiento de Carolina es su dignidad; dignidad que ha sido caracterizada como "el valor esencial, fundamento de todos los demás valores y, por ende, de todos los derechos individuales".
Longo se fundó también en el bloque constitucional que incorporó los tratados internacionales a la Constitución Nacional, en 1994: la Convención Americana sobre Derechos Humanos ("Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos") y la Convención sobre los Derechos del Niño ("El derecho a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas").
27 de marzo de 2011
26 de marzo de 2011
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prohibido escribir nunca más


En el colegio zona oeste negaron haber censurado un mural pero los estudiantes lo confirman. Tanto el director del establecimiento como el Centro de Estudiantes ratificaron a este diario que les prohibieron poner las palabras "Nunca Más", "Treinta mil desaparecidos" y los pañuelos de las Madres en un mural por la memoria.
[Lorena Panzerini] Argentina. Para la presidenta del Centro de Estudiantes del colegio Zona Oeste, Cecilia Charrieri, la "censura" que sufrieron por parte de la Comisión Directiva de la institución fue "como volver el tiempo atrás". La adolescente lamentó la situación "en plena democracia" y aseguró que "causó dolor" al cuerpo de alumnos que realizaría su primera acción como centro de estudiantes. Si bien los docentes de la cooperadora, que "se negaron a un mural donde los chicos se expresaran libremente", salieron a desmentir la prohibición, Charrieri aseguró a Rosario/12 que "no permitieron la frase `nunca más’, ni el dibujo de pañuelos de las madres, porque dicen que son imágenes políticas". Pese a la "censura", los chicos pintarán su mural frente al colegio, y realizarán otras dos pintadas "impuestas por la comisión directiva", dentro del establecimiento. Hasta ayer a la tarde, el Ministerio de Educación "todavía no" se había comunicado con los directivos del colegio.
Luego que anteayer el director de la institución privada de Santa Fe y Sucre, Arístides Alvarez, denunciara públicamente la "censura" de parte de la Comisión Directiva del establecimiento a las actividades planeadas por el centro de estudiantes para conmemorar el Día de la Memoria, ayer la presidenta de la asociación cooperadora, Ana Tabares, salió a desmentir las declaraciones. "Los actos del miércoles se realizaron normalmente y duraron como dos horas", aseguró.
Sin embargo, esquivó la consulta de este diario sobre si finalmente los chicos podrán escribir la frase "nunca más" y nombrar a los 30 mil desaparecidos en el mural que pintarán el lunes. "En ningún momento nos negamos, simplemente dimos una opinión para que sea tenida en cuenta. No estamos en contra de la situación, estamos de acuerdo en repudiar esos actos que sucedieron en ese momento, pero tenemos que tener en cuenta la imagen de la escuela, que es plural y nunca hubo ideologías de ningún tipo. Hay que pensar en la diversidad de alumnos que tenemos", dijo.
En una nota que se envió al Ministerio de Educación, la Comisión Directiva intentó aclarar la situación. "Sabemos que todo pasado está sujeto a controversias. En las luchas por la memoria intervienen diferentes sectores sociales que, de acuerdo a sus saberes, sus intereses y sus experiencias, sostienen una visión sobre el pasado y a partir de ahí construyen sus posiciones, que pueden diferir e incluso ser contrapuestas y estar en pugna entre sí", consideraron.
Tal y como expresaron tanto el director del colegio como los alumnos, la comisión directiva reconoció su influencia en la idea gráfica de los estudiantes para el mural. "La pintada no se llevó a cabo por las inclemencias del tiempo y sólo se pidió sepa la comunidad de nuestra escuela qué se iba a pintar, pues la escuela representa la identidad colectiva, por lo que propusimos se incluyan los conceptos de democracia, libertar y paz". Sin embargo, Charrieri dijo: "No nos dejaron expresarnos libremente porque el director ya había aprobado la pintada, y cuando se enteró la comisión directiva llamó a reunión".
"Me pidieron que mostrara los dibujos y nos dijeron directamente que no y comenzaron a tachar frases", detalló la estudiante. Según comentó, lo primero que negaron los docentes fue la frase "nunca más". "Nos dijeron que no era justa para el mensaje que nosotros queríamos transmitir, y cuando tacharon la leyenda `ni olvido ni perdón: Justicia’, una profesora cuestionó la palabra perdón, preguntando quiénes éramos nosotros para perdonar. No lo podíamos creer". Además, dijo que "censuraron el dibujo de un pañuelo de las madres que se transforma en una paloma, acompañado de la frase `30 mil motivos. Tenemos memoria, tenemos futuro’; porque dijeron que el pañuelo no representaba la fecha y que era muy político". A cambio, "pidieron que el mural tenga palomas y que aparezca la palabra paz, cuando lo que menos hubo el 24 de marzo del ’76 fue paz", se quejó la estudiante.
27 de marzo de 2011
26 de marzo de 2011
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polis trataron de rematarlo


Un adolescente recibió un balazo y un puntazo después de protestar por un procedimiento policial. Manuel, de 18 años, está internado en el hospital de San Miguel, con protección de la Gendarmería. Fue herido después de que, junto a un grupo de vecinos, intentara impedir la detención arbitraria de unos chicos de su barrio.
[Emilio Ruchansky] Argentina. Escondido en un cuarto del Hospital Larcade, en San Miguel, Manuel F. pasa las horas, mientras un gendarme controla que solo sea visitado por sus familiares. No está preso ni se lo acusa por algún delito. "Lo están cuidando de la Policía Bonaerense", dice su tía, por lo bajo, en un pasillo del hospital repleto de gente. Hace poco más de una semana Manuel recibió un balazo en la cintura en medio de una discusión con varios oficiales en el barrio Mitre, de esa localidad, y según denuncian los familiares, en su intento por encubrir el ataque, los oficiales lo sacaron del auto que lo trasladaba al hospital, lo subieron a un patrullero y le dieron "un puntazo" en la panza. Luego lo acercaron a la guardia, donde fue operado esa misma noche. La herida de bala le inundó de sangre el estómago y, desde entonces, lo alimentan mediante suero.
El incidente comenzó la tarde del miércoles 16 de abril, cuando dos oficiales de la Bonaerense, una mujer de apellido Ruiz y un hombre que se identificó como Gómez, llegaron en un patrullero de la Comisaría 3ª de San Miguel a una escuela. Al parecer, habían recibido una denuncia anónima sobre una pelea entre estudiantes pero llegaron y no encontraron a nadie. Muy cerca, en Rodríguez Peña al 4300, había un grupo de chicos de 13 y 14 años parados en una esquina. Según los testigos que declararon en la Unidad Fiscal de Investigación 19 de Malvinas Argentinas, ambos oficiales increparon a los chicos y trataron de llevarse a Germán M., hijo de un histórico militante peronista del barrio, afiliado a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
"La hermana mayor de Germán, Carolina, se acercó al lugar con otros vecinos que estaban en la puerta tomando mate. A Germán lo habían agarrado del cuello y lo tiraron contra el capot del patrullero. Los dos policías fueron a provocar a los chicos, pero Carolina se plantó. Hubo un forcejeo, los vecinos le tiraron un par de cascotes al patrullero y la policía se fue. Pero antes, la oficial Ruiz le tiró una piedra a la gente", relata Hugo Grillo, militante del Movimiento Evita y allegado al padre de Germán, en cuya casa terminaron refugiándose los chicos, temerosos de una réplica policial. Por desgracia, no se equivocaron.
Al rato llegaron seis patrulleros y un Duna blanco con agentes de civil a esa casa, ubicada en Rodríguez Peña al 4300. Nuevamente apareció el oficial Gómez, quien se desempeña como jefe de calle, y golpeó la puerta de mal modo. "Carolina le explicó que no podían entrar sin una orden de allanamiento, pero los policías la escupieron. Después rompieron una ventana y entraron por la puerta trasera", detalló Grillo. Afuera, frente a la casa, un grupo de vecinos había ido para impedir el procedimiento policial. Allí, algunos vieron cómo la policía les pegaba a Germán y a su madre.
En medio de la protesta contra la policía, en la calle, sonaron dos disparos. Uno de ellos dio en la espalda de Manuel F., un chico de 18 años que integraba el grupo de los que intentaban impedir las detenciones. El proyectil le perforó el estómago y salió por el vientre. El joven, que trabaja repartiendo comida para un bar de la estación San Miguel, fue socorrido por los vecinos, que dispusieron de un auto para llevarlo al Hospital Larcade. "Lo subieron a una camioneta y cuando hicieron un par de cuadras, se les cruzaron dos patrulleros; los policías sacaron a Manuel a los golpes y lo subieron a un patrullero. Un pibito vio cómo le dieron una puntada en la panza para que parezca una pelea. Después lo tiraron en la guardia", dice la tía de Manuel F., que se turna con otros familiares en el hospital para "no dejarlo ni un minuto solo".
Luego de una operación de emergencia, en la que tuvieron que contenerle la hemorragia interna, y de una transfusión de sangre, Manuel F. fue derivado a una sala común el viernes pasado. Allí, según relata un tío suyo que pidió reserva de su nombre, había entre otros tantos pacientes, dos presos custodiados por agentes de la Bonaerense. "Un peligro. Enseguida pedimos protección y logramos que lo cambien de cama y pongan un gendarme a cuidarlo", agrega el familiar. Manuel F. ya declaró ante el fiscal Diego Guida, quien apartó a la Bonaerense del caso y puso a cargo de las pericias a la Gendarmería Nacional.
Los agentes implicados fueron trasladados de comisaría, pero siguen trabajando, lo que provoca mucho miedo entre los familiares. "La bala que lo hirió ya apareció y también los vecinos juntaron otras vainas porque esa tarde la policía disparó varias veces. La madre y el padre de él están muy asustados pero quieren justicia, aunque se tengan que enfrentar con la Bonaerense", dice el tío del joven, que fue asesorado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La salud de Manuel F. mejora, pero lo carcomen los nervios.
En el barrio Mitre hubo protestas de amigos y vecinos del joven para que sean castigados los responsables. "Fue muy alevoso lo que hicieron y por eso deben estar desesperados por tapar todo, Manuel no quiere hablar por ahora, tampoco sus padres, esto les cambió la vida", dice la tía del joven en el Hospital Larcade. El fiscal recorrió esos pasillos, habló con camilleros, emergentólogos y médicos. Ya declararon al menos 15 vecinos, mientras la Policía Bonaerense mantiene la versión de que las heridas fueron provocadas por el "rebote" de un balazo y un puntazo anónimo.
27 de marzo de 2011
26 de marzo de 2011
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ciudad sin jóvenes


Rosario, los medios, hace 35 años. El discurso de los medios gráficos rosarinos -con especial énfasis en La Capital en torno a la juventud en los primeros años de la dictadura, 1976-1978. El golpe de estado no implicó sólo un cambio de autoridades en la ciudad sino también un claro acatamiento de las pautas del Proceso.
[Laura Luciani] Argentina. El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas en su conjunto derrocaron el gobierno de María Estela Martinez de Perón e instauraron un gobierno de facto a cargo de la Junta Militar presidida por el teniente general Jorge Rafael Videla; con ello se inauguró una de las etapas más represivas que la historia del país ha conocido hasta el momento. El objetivo principal fue trastocar y redefinir las relaciones entre sociedad y estado existentes así como desarticular la movilización social a partir de la implementación del llamado Proceso de Reorganización Nacional (PRN). Ello implicó una doble estrategia que significó por un lado la represión directa sobre aquellos sujetos que consideraban el "enemigo subversivo"; por otro, la incorporación de mecanismos de disciplinamiento efectivizados a través de diversos comunicados y decretos que limitaron la participación de las personas en la vida pública. Los partidos políticos fueron suspendidos, la acción sindical fue restringida y las organizaciones políticas, sindicales y estudiantiles de izquierda y peronista fueron disueltas así como muchos dirigentes nacionales, provinciales y municipales fueron detenidos. Estas medidas tenían como objetivo más amplio reestructurar y modificar las pautas y comportamientos de la sociedad argentina en su conjunto así como redefinir el rol de las distintas instituciones.
En consonancia con los cambios operados a nivel nacional la provincia de Santa Fe fue intervenida. El primer interventor provincial fue el coronel José María González, en abril lo reemplazó en ese cargo el vicealmirante Jorge Aníbal Desimone quien se mantendría en ese puesto hasta 1981. Asimismo en la ciudad de Rosario el intendente Rodolfo Ruggeri fue encarcelado (junto a otros políticos y funcionarios provinciales y municipales) asumiendo el cargo el coronel Hugo Laciar reemplazado luego por el capitán Augusto Cristiani que ocupó ese lugar hasta 1981; luego asumió Alberto Natale como intendente civil en el contexto de un reordenamiento político que se iniciaba con la asunción de Viola como presidente de facto.
El golpe de estado no implicó sólo un cambio de autoridades en la ciudad sino que significó un claro acatamiento de las pautas que el PRN planteaba y la imposición desde arriba de estrategias de despolitización y disciplinamiento social en los diversos ámbitos públicos de la ciudad. La instauración de la dictadura fue posible a partir de este conjunto de medidas coercitivas impuestas desde el Estado y también gracias al apoyo tibio en algunos casos, elocuente en otros que recibió el PRN desde diversas instituciones como la Iglesia, algunos partidos políticos en la provincia de Santa Fe el PDP, por ejemplo e inclusive de los medios de comunicación locales que legitimaron en primera instancia el golpe y sustentaron luego el gobierno militar con mayor o menor énfasis por lo menos hasta iniciada la década del 80.
Así, los medios gráficos de la ciudad de Rosario se constituyeron para los primeros años del gobierno militar en una herramienta esencial en la difusión y legitimación del proyecto dictatorial en el ámbito local, no sólo porque reprodujeron, aplaudieron y apoyaron el discurso militar sino porque además incorporaron toda una agenda de cuestiones que consideraban ineludible para el PRN. Cabe recordar que para marzo del 76 dos periódicos circulaban en la ciudad de Rosario, ambos con características diferentes. La Tribuna, un diario vespertino, de pocas páginas, con información general aunque con una fuerte presencia de las secciones de deportes y quiniela, ya que se constituía como un diario de raigambre popular y barrial. La Capital, matutino que se perfilaba como un periódico hegemónico en Rosario y el cordón industrial, no sólo porque tenía una tirada promedio de sesenta mil ejemplares semanales y cien mil los domingos, o por su trayectoria a lo largo de todo el siglo sino porque era el diario de referencia con respecto a temas de la ciudad. A ellos se sumaría a mediados de 1977 El País, que en su primera etapa y hasta diciembre era de tirada vespertina transformándose luego en matutino. Si bien El País intentó constituirse como una alternativa, no logró consolidarse como una empresa rentable en la ciudad, cerrándose a mediados de 1978. El estudio sobre la prensa gráfica local señala que tuvieron un rol central en la instalación de una agenda de problemas de diversa índole. En ese sentido me interesa destacar aquí las prácticas discursivas que esos medios construyeron en torno a los jóvenes durante el período 1976/1978, ya que esta fue una temática recurrente permitiendo reproducir y consolidar estereotipos hegemónicos respecto de la juventud.
Si bien los medios gráficos de la ciudad tuvieron, en general, un discurso de apoyo al gobierno militar nacional y local, ese apoyo se construyó desde distintas estrategias y gradualidades. En líneas generales es posible decir que el discurso de los medios, se construyó durante la fase más represiva de la dictadura en una estructura discursiva binaria afianzando y difundiendo la lógica sobre la cual se asentaba la práctica represiva del terrorismo de estado. Como señala Pilar Calveiro, en ‘Poder y Desaparición’ las lógicas totalitarias son lógicas binarias, construyen su poder a partir de "concebir el mundo como dos grandes campos enfrentados", donde la construcción de la identidad propia rechaza toda posibilidad de otro, otro que es siempre enemigo. Así la "subversión" es ese otro contrapuesto al "ser nacional" que, según el discurso militar, para sobrevivir debe aniquilarla. Esa estructura binaria construida desde los discursos oficiales se reproduce y difunde en otros espacios a la vez que impregna las prácticas enunciativas respecto de múltiples temáticas. Así, los diarios de la ciudad construyeron su discurso también desde una lógica binaria que permeó las interpretaciones sobre la realidad social y que ayudaron en el proceso de legitimidad que se estructuraba respecto de la dictadura impuesta en marzo de 1976, ya no sólo la "subversión apátrida" se oponía al ser nacional, occidental y cristiano, el caos se oponía al orden, un orden que no sólo era la negación del conflicto social y político sino la negación de toda diferencia en los diversos planos de la vida cotidiana. El caos era la inmoralidad, la basura, los perros callejeros, el ruido molesto, el cirujeo, las "gitanas", los jóvenes y el orden era pensado como la erradicación de todos ellos, la restitución de los "valores morales", del decoro.
Dicho discurso se inscribió en la lógica propia del contexto enfatizando una retórica conservadora y fuertemente anclada en la idea de orden, así como en la apelación constante a "salvar la patria". Si bien este pareciera presentarse simplemente como un reflejo del discurso militar y del proyecto del PRN, debemos tener en cuenta que es el mismo periódico quien lo promueve desde las distintas secciones.
En tanto promotor de determinadas acciones y valores el diario La Capital construyó una prédica que intentó ser ejemplar no sólo para la sociedad rosarina sino también para las instituciones y espacios estatales con los cuales entablaba diálogos y discutía. En este sentido algunas de las temáticas a tratar referían específicamente a los problemas cotidianos de los rosarinos como el ruido, la basura, las inscripciones en las paredes, las acciones municipales, etc. Si bien los temas no eran privativos de este proceso histórico y pueden observarse en otros contextos sociopolíticos, en esta coyuntura adquirieron un lugar central en tanto permitió expresar parte de los valores y acciones del "deber ser argentino". Asimismo, junto a los problemas cotidianos que en la narrativa se presentaron como parte de la agenda de cuestiones necesarias a tener en cuenta para constituir ese "bienestar general necesario" , también es posible observar que algunos sujetos eran centro de atención de los editoriales, y como correlato en las cartas de lectores. Es claro que entre esos sujetos se encontraban los jóvenes.
Ya desde el inicio de la dictadura, éstos fueron centro de atención del discurso militar desde una doble mirada. Por un lado los jóvenes representaban el futuro y en ellos se depositaba también la responsabilidad de llevar adelante el PRN. Por otro lado los jóvenes eran vistos en forma negativa, como sujetos peligrosos, rebeldes, por el cual se apelaba a diversas instituciones que llevasen adelante la tarea de "forjarlos" a la propia imagen. En ese sentido los diarios reprodujeron gran parte de ese discurso e incluso ayudaron a construirlo, configurando estereotipos hegemónicos.
En principio es posible observar que los textos periodísticos de aquellos años reprodujeron y difundieron una imagen de la juventud como un todo homogéneo representado en la figura del varón de clase media y estudiante. También es posible observar que en algunos medios, y específicamente en el diario La Capital, se enfatizaba en un discurso que ayudaba a la conformación de percepciones negativas sobre los jóvenes.
En diciembre de 1975, por ejemplo, ante el incendio de una calesita, un editorial aseveraba: "Que en una antigua plaza de Rosario, la plaza López, dos o tres individuos jóvenes hayan quemado una calesita y bailado alrededor del fuego como celebrando un rito, nos parece una acto que linda con lo terrible". Y agregaba: "Vivimos un tiempo en donde todo parece posible, el tiempo del amor y del desprecio, de lo sagrado y lo profano. Las cosas que ocurren se mezclan en un caos que parece preparado con diabólica lucidez. Nos asustan algunos hechos que no deberían asustarnos, sentimos miedo de nada, permanecemos indiferentes ante ciertos horrores. Estamos confundidos, acaso porque la confusión sea el signo secreto de la vida (...) ¿Cómo medir el valor de algo en momentos en que todos los valores parecen subvertidos? ".
Si bien la cita da indicios de la sensación de miedo y caos generalizado que el mismo diario reproduce, no podemos dejar de observar que el editorial se refiere a la acción de jóvenes considerándola abominable, temible. Esa percepción va a surgir frecuentemente en los editoriales y también en las cartas de lectores.
Como ya hemos mencionado, la sección carta de lectores no era un espacio marginal en el diario, ya que no sólo incorporaba la voz del lector al discurso del diario sino que generalmente lo que allí se decía era retomado por los editoriales. En días previos al golpe de estado en una de ellas se aludía al aspecto de los jóvenes: "En estas épocas de cambios hay costumbres de las que duele despedirnos. Por ejemplo la manera en que los alumnos del colegio nacional se presentaban para ir a clase. Me parece bien que cada uno vaya como quiera pero hay algunos alumnos que antes deberían pasar no sólo por una peluquería sino por debajo de la ducha."
En la misma fecha un editorial recibía con beneplácito el uso de saco y corbata en la universidad -especialmente para docentes en tanto "entrañan el propósito de asegurar el umbral de decoro en las aulas superiores". Como es posible observar, entre fines de 1975 y principios de 1976, el problema del aseo, la vestimenta, la salida de los jóvenes en la noche eran cuestionadas tanto desde las cartas de lectores como desde los editoriales y ello no era un elemento casual en su discurso. Por el contrario se inscribía en el marco de un discurso general de existencia de anarquía y desorden en todos los aspectos de la vida, incluso en cuestiones cotidianas. La percepción de que todo estaba "patas arriba" ayudaba no sólo a configurar una visión negativa sobre los jóvenes sino también a plantear la necesidad del restablecimiento del orden.
Ya con el golpe militar las percepciones en torno a ese grupo no difirió, desde otra carta de lectores publicada en agosto de 1976 y titulada "Delincuencia" el lector refería a los 12 consejos para lograr la "delincuencia juvenil", entre ellas transcribo:
"1) Comenzad desde su más tierna infancia a dar al niño todo lo que quiera. 2) No le deis una educación religiosa. Aguardad que sea él mismo quien lo resuelva cuando cumpla 21 años. 3) Jamás le enseñéis la distinción entre el bien y el mal. 4) Permitidle leer todo lo que caiga en sus manos. Preocúpate de esterilizar los vasos y servilleta que usa, pero no os molestéis en vigilar el alimento que nutre su mente. Si seguís estos doce consejos vuestros hijos serán otros delincuentes, si hacéis lo contrario serán un día sanos y honrados ciudadanos".
Otro editorial publicado en julio de 1977 refería a su comportamiento en el transporte público del siguiente modo: "Lo mismo que se trate de varones o de niñas, hacen gala de una total falta de urbanidad. Forman corrillos en los pasillos, dificultando en extremo la de por sí difícil en las horas ’pico’, se comunican entre si a gritos y no son escasas las veces que hacen objeto de pesadas burlas al resto del pasaje".
Los jóvenes en general se presentaban así como un foco de atención: "faltos de moral y de urbanidad" o posibles "delincuentes"; se constituían en sujetos potencialmente peligrosos que, desde la prédica del periódico, tanto las instituciones como el estado debían encauzar. Aún cuando desde La Capital se evidenciaba un cuestionamiento general respecto de la juventud, era frecuente la asociación entre "delincuente subversivo" y joven. Dicha asociación se realizaba especialmente desde los comunicados -y desde el discurso militar insistiendo generalmente en la "corta edad" del "enemigo subversivo". Sin embargo esta asociación trascendía los comunicados y desde los medios se alertaba a la población respecto de la necesidad de investigar la documentación de las parejas jóvenes que quisiesen alquilar un inmueble. Según José Lofiego, miembro del Servicio de Informaciones de la policía de Rosario: "Les habíamos dado una especie de formulario mimeografiado con algunos interrogantes básicos, sobre todo movimientos sospechosos de personas que nadie los conocía en el barrio, de personas jóvenes con hijos de poca edad, hacíamos hincapié sobre todo en eso". Como es posible observar, en el imaginario militar de aquellos años subversión y juventud eran términos que se articulaban proponiendo un abanico de interpretaciones y aunque no todos los jóvenes eran considerados subversivos la construcción discursiva ayudaba a crear un ambiente de duda sobre ellos estigmatizándolos.
Aún cuando la llegada del golpe no modificó las percepciones que el diario construía en torno a la juventud, sí se propuso enfatizar las acciones del gobierno de facto que buscaban encauzarla, refrendando no sólo el discurso sino también apoyando fervientemente esas acciones. El 24 de marzo Videla en nombre de la Junta Militar llamaba a "restituir los valores esenciales" y convocaba a los jóvenes a sumarse a esa tarea. Tanto su incorporación en el PRN como las acciones disciplinarias tendientes a "guiar" los comportamientos sociales juveniles se constituyeron en cuestiones subrayadas por los medios locales desde diversas secciones; asimismo no sólo se informaba de temas tales como las nuevas normativas impuestas en algunas escuelas sobre la vestimenta de estudiantes o sobre la campaña moralizadora llevada adelante por la Jefatura de Policía, sino que desde los editoriales se aplaudía tales acciones en tanto se sostenía que "la juventud, en especial, desprovista muchas veces del resguardo necesario dentro de este tipo de cosas es, indudablemente la principal beneficiaria de esta acción moralizador".
En abril de 1976 una carta de lectores de La Capital recibía con satisfacción las medidas tendientes a restringir la circulación de los jóvenes en los horarios nocturnos ya que "con medidas así, lograremos aunque sea de a poco, encauzar a la juventud. Si los padres no se ocupan, ya se ocuparán las autoridades de que no anden a deshoras por allí, a merced de las malas compañías y de todos los peligros que acechan por las calles".
En septiembre de 1977 La Capital planteaba que "la juventud también es valiosa protagonista en el presente" pero que en los años pasados: "desvirtuóse el papel de la juventud en nuestra comunidad, haciéndosela tempranamente destinataria de funciones y atribuciones que no sólo no le correspondían sino que atentaban contra esenciales valores de la civilidad argentina. No debe olvidarse que en los oscuros días en que el terrorismo había montado su maquinaria al amparo oficial, fue calificada de ’maravillosa’ a aquella parte de la juventud argentina enrolada en la subversión, y que equivocadamente creían que poner bombas era parte de una tarea patriótica".
En tanto los jóvenes eran llamados a actuar en ese presente el diario los incluyó en su discurso sin dejar por ello de marcar la potencialidad del peligro que surgía cuando eran "manipulados" por el "terrorismo" que los influía con valores ajenos al "ser argentino". Al presentarse a la juventud como un peligro latente, se apelaba especialmente a la responsabilidad instituciones consideradas claves para la formación de esa nueva juventud. Por ello también se enfatizaba desde diversas perspectivas el lugar que ocupaban la familia, la educación secundaria, la Iglesia para inculcar los valores necesarios que no permitiesen esta "intromisión foránea". En diciembre de 1976 La Capital se refería a la familia planteando que "debe constituirse en un bastión inexpugnable para cualquier clase de ataque que pretenda destruirla o desnaturizarle sus funciones esenciales y su protección acabada y plena depende de un justo ordenamiento social". En octubre de 1977 otro editorial planteaba que ante la posibilidad de que los jóvenes fueran "blanco propicio para tentaciones que pueden desviar su camino" la responsabilidad de los padres se volvía ineludible: "El sentido ético de la existencia basado en los tradicionales y permanentes valores morales, debe ser inculcado cotidianamente por los padres pues nada ni nadie puede reemplazarlos en esa responsabilidad que es divina y humana. Vigorizar a la familia como institución equivale a vigorizar a la subsistencia misma de la sociedad, porque esta se basa primaria y fundamentalmente en aquella".
El análisis realizado nos permite pensar que la construcción discursiva de los medios en torno a la juventud no era casual ni menor, sino que se constituía en una herramienta esencial en el proceso de construcción de representaciones más generales que legitimaban el PRN a la vez que impartía pautas y valores que consideraban "esenciales" en esa construcción del "ser nacional".
Mientras La Tribuna y El País retomaron desde sus páginas algunos de los puntos más contundentes del discurso oficial, insistieron en menor medida en cuestiones como, por ejemplo, la temática de la juventud. Sin embargo en la construcción de esas representaciones cobró fuerza la acción discursiva de La Capital, que en tanto se consideraba un claro defensor del PRN, promovió actitudes, valores y problemáticas que no dudó en levantar como banderas de su propio discurso. Así las representaciones hegemónicas en torno a la juventud instituyó a los jóvenes como un todo monolítico y homogéneo -y masculino , presentándose desde los editoriales como una problemática recurrente incluso desde los meses previos al golpe de estado. La construcción de los jóvenes como peligrosos, ajenos y contrarios a la sociedad llevaba a excluirlos, dejando de ser un sujeto social con sus propias pautas, con sus propios comportamientos para convertirse en un problema a resolver, una cuestión de la cual el estado debía encargarse para ordenar, disciplinar y en ocasiones reprimir.
[La autora es docente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y becaria de CONICET.]
25 de marzo de 2011
24 de marzo de 2011
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ayudaron a hacer justicia


En Santa Fe se recordaron en la plaza situaciones que ayudaron a que haya justicia. El gobernador Binner y varios de sus ministros se entremezclaron con la multitud integrada, en su mayoría, por pibes que nacieron en democracia. La memoria apuntó a personas que con su accionar posibilitaron que haya castigo para los represores.
[ Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. La Plaza de la Memoria recordó ayer tres historia de solidaridad y coraje. El testimonio de un baqueano, Carlos Castellanos, que permitió descubrir en junio de 2009 una tumba clandestina en el campo San Pedro, de propiedad del Ejército, donde se rescataron los restos de ocho desaparecidos, cuatro de ellos ya identificados. La entrega de un militante del peronismo revolucionario, Juan Perassolo, que alentó a sus compañeros a denunciar el genocidio ante la Conadep, en 1984, en tiempos de incertidumbre y desconfianza, que cuarto de siglo después, en 2009, permitió enjuiciar a siete represores de Santa Fe. Y el ejemplo de una familia del barrio Santa Rosa de Lima que escondió en su casa los 120 legajos de la Conadep Santa Fe, en 1984, cuando un grupo de tareas asaltó los Tribunales de Rosario y cargó en un camión las pruebas contra el terrorismo de estado y las complicidades civiles y económicas. "Queremos rendir homenaje a quienes contribuyeron con su trabajo a la lucha por los derechos humanos. El camino del pueblo está hecho por hombres y mujeres de carne y hueso.", dijo Jorge Castro, uno de los oradores.
El acto reunió a cientos de santafesinos en la plaza de Mayo. El gobernador Hermes Binner y varios de sus ministros se entremezclaron en la pequeña multitud integrada, en su mayoría, por pibes que nacieron en democracia, después de la dictadura. Esa fue la característica de la convocatoria: la masiva participación de jóvenes que ayer levantaron las banderas del Peronismo Militante, el Movimiento Evita y agrupaciones como Martín Fierro y la Cámpora, que tomaron el legado de Néstor Kircher y defienden a la presidenta de la Nación.
Antes de los discursos se exhibieron dos videos. Uno sobre el martirio de Silvia Suppo, la testigo de lesa humanidad asesinada hace un año en Rafaela, el 29 de marzo de 2009, y otro del testimonio de Carlos Castellanos, cuando volvió al campo San Pedro, en 2009, para guiar a los investigadores de la Casa de Derechos Humanos e indicarles el lugar donde había un enterramiento clandestino. Le erró sólo por 300 metros.
En la plaza estaban la esposa y tres de los cuatro hijos de Castellanos y algunos de sus nietos. El baqueano falleció antes del descubrimiento de la fosa común. "Acá el verdadero héroe es Castellanos", dijo Castro al recordar que el testigo reveló por primera vez el secreto de los represores, en 1985, cuando la Conadep se había disuelto "lo que le valió que lo echaran del campo como un perro". Los investigadores de la Casa de Derechos Humanos lo volvieron a localizar en 2006 y ratificó el mismo testimonio que había brindado 21 años atrás. "Tuvo el mismo compromiso. Por eso queremos rendirle el homenaje que se merece", agregó Castro.
El 2 de setiembre de 2006, Castellanos volvió al campo San Pedro junto con los investigadores y los guió hasta el lugar donde, en junio de 2009, se encontró la tumba clandestina. "Lo único que nos pidió es que reserváramos su nombre y el de su familia. Y ese recorrido que hizo entonces por el campo siguiendo las huellas de su memoria sirvió para que el Equipo de Antropología Forense pudiera encontrar la fosa común con los restos de ocho compañeros", agregó. Cuatro de ellos ya fueron identificados: María Esther Ravelo, Gustavo Pon, María Isabel Salinas y Carlos Alberto Bosso.
Castro recordó también a Perassolo, ya fallecido, "un compañero con su compromiso político cuando salió de la cárcel y su militancia sin renunciamientos", señaló. Perassolo era esposo de Anatilde Bugna, testigo y querellante en el primer juicio de lesa humanidad en Santa Fe.
Al final, Castro reveló otro secreto santafesino. "Eran momentos difíciles", dijo. "En 1984, un grupo de tareas había asaltado los Tribunales de Rosario y se llevó todas las pruebas contra el terrorismo de estado y las complicidades civiles. "En Santa Fe, la Conadep tenía en su poder 120 denuncias. Y en esos 120 legajos fueron llevados y escondidos en la casa de la familia Salas, en el barrio Santa Rosa de Lima que los custodió", concluyó.
25 de marzo de 2011
24 de marzo de 2011
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matan a sexto testigo


Murió baleado Juan Caba, otro testigo de la desaparición de Iván Torres en Chubut. Juan Caba era cuñado de Iván y testigo en la causa por su desaparición. La policía de Chubut, el gobierno y la Justicia arrastran al Estado argentino al banquillo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La de Caba es la sexta muerte en el caso.
[Horacio Cecchi] Argentina. La causa por la desaparición de Iván Eladio Torres, ocurrida el 2 de octubre de 2003 a manos de la policía de Chubut, con ayuda de su brazo gubernamental y tribunalicio –según acusación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos– sumó un nuevo escabroso hecho: la muerte de Juan Pablo Caba, cuñado de Iván y testigo de la causa, pese a que tenía orden de protección sobre su persona por parte de la CIDH en enero de 2005 y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en julio de 2006. Caba fue baleado en la calle el 7 de marzo pasado, y murió después de 15 días de agonía en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. La dudosa fuente policial dijo que fue baleado en un "confuso incidente" y que murió por infección hospitalaria. Caba es el sexto testigo de la desaparición de Iván que sufre muerte violenta en circunstancias "confusas". Dos de ellos estaban detenidos el día en que Iván fue amasijado a golpes en la comisaría 1ª de Chubut. Y un tercero vive, pero un homónimo fue asesinado. Las familias de Iván y de los testigos son constantemente amenazadas. Tamara, una amiga de Iván, fue violada creyendo que era hermana de Iván. Cuando el violador la dejó, le dijo: "Andá a la comisaría 1ª que te tomo la denuncia". La muerte del protegido Caba es el síntoma de la desaparición forzada de personas: para mantener silenciado el secuestro de Iván debe continuar silenciando bocas en el tiempo.
Dos días antes del 24 de marzo, que hace memoria sobre las miles de desapariciones forzadas durante la dictadura, Juan Pablo Caba murió en la terapia intensiva del Hospital Regional de Comodoro. Fue baleado en el estómago el 7 de marzo en un incidente que, según las versiones policiales regadas a diestra y siniestra, fue "confuso". Caba no pensaba lo mismo. Consciente, cuando lo internaron, dio a entender que lo habían emboscado. Para entender quién y por qué, la memoria siempre trae aire fresco: Caba era cuñado de Iván Torres, desaparecido en democracia el 2 de octubre de 2003. Junto a Iván, indiazo, pobre, de piel oscura, y sostén de los chicos de la calle, eran perseguidos permanentemente por los policías, especialmente de la 1ª. Caba y un grupito de amigos de Iván (Tamara Bolívar, Cristian Gamín, Gerardo Colín, Luis Oliva y Mauricio Agüero) conocían los métodos de persecución policial y habían escuchado del propio Iván el relato de su detención anterior, el 26 de septiembre de 2003, cuando lo llevaron a la comisaría, lo molieron a palos y después lo llevaron a un monte fuera de la ciudad, lo desnudaron y le gatillaron en la cabeza.
De aquella detención quedaron los testimonios de Dante Camaño y Diego Alvarez. Camaño porque estaba detenido y vio cuando lo ingresaban. Y Alvarez porque fue detenido junto con Iván. Camaño, testigo de la metodología de persecución de la policía chubutense, apareció muerto en otro incidente "confuso". Alvarez, no, pero otro muchacho, Hugo Alvarez, apareció colgado en lo que sostienen que se trató de una "confusión" de identidades. El Alvarez sobreviviente fue intimidado por la propia fiscal Ibáñez, a cargo de la causa, cuando enterada de que el joven sostenía su declaración cayó en su casa a la 1 de la mañana acompañado por Bustos, jefe de la Brigada de Investigaciones, "El, que no entre porque es el que me pegó cuando me detuvieron", dijo Alvarez. "Es de mi absoluta confianza", cruzó la fiscal y lo hizo pasar.
Testigos de la segunda detención de Iván fueron Alberto Gajardo, Miguel Sánchez y David Hayes, que estaban alojados en las celdas de la 1ª el 2 de octubre de 2003. Hayes escribió una carta que entregó a María Leontina Millacura Llaipén, madre de Iván, en la que describía cómo, dónde y quiénes habían golpeado a su hijo, y quién lo había retirado del lugar. El 10 de enero de 2005, los familiares de Iván pidieron a la CIDH la protección de los testigos, entre ellos Hayes. La orden de protección llegó el 18 de enero. Un día antes, Hayes fue acuchillado y detenido, en un incidente "confuso". Gajardo no murió, pero asesinaron a un homónimo. Tras la muerte de Hayes, Sánchez también escribió una carta a la madre, relatando lo que vio. Amenazado y golpeado, le salvaron la vida al trasladarlo a Río Grande por indicación de la Corte Interamericana. Otros dos testigos, Walter Mansilla y Gastón Vara, también murieron en hechos "confusos", el primero apareció como NN y el segundo, cuya acta de defunción apareció cuando fue citado a declarar.
Habrá que agregar la violación a Tamara con tarjeta policial y las amenazas a familiares y a las abogadas, Verónica Heredia y Silvia de los Santos. Todos, con protección de la CIDH y la Corte. Pero en Chubut, la protección es confusa y policial.
25 de marzo de 2011
24 de marzo de 2011
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delitos cometidos por revolucionarios


Fallo de Casación sobre un atentado de 1976. La Cámara Nacional de Casación Penal ratificó que los delitos sindicados a organizaciones armadas durante la dictadura no configuran violaciones a los derechos humanos.
Argentina. La Cámara Nacional de Casación Penal ratificó que los crímenes atribuidos a organizaciones armadas durante la dictadura no son delitos de lesa humanidad y por ende se encuentran prescriptos. Los jueces Juan Fégoli, Raúl Madueño y Mariano González Palazzo se pronunciaron en el expediente por el atentado en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, ocurrido tres meses después del último golpe de Estado. Destacaron la "orfandad probatoria" y la escasa "seriedad" de una imputación "generalizada" que incluye desde el ex jefe montonero Mario Firmenich hasta sobrevivientes de la ESMA e incluso desaparecidos, y confirmaron los sobreseimientos. Los abogados José María Sacheri y Norberto Giletta anunciaron que apelarán la resolución ante la Corte Suprema de Justicia.
Al mediodía del 2 de julio de 1976 una bomba explotó en el comedor del edificio de Moreno 1431. El atentado provocó la muerte de 23 policías y de una mujer, civil, que visitaba a una amiga. Hubo sesenta heridos. La dictadura encabezada por Videla, Massera & Agosti hizo justicia a su manera. "Por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal", firmaron dos días después en una pared de la iglesia de San Patricio los asesinos de los sacerdotes palotinos. La causa llevó finalmente el nombre de José María Salgado, un miliciano montonero que había trabajado hasta el día anterior como policía en Superintendencia. Salgado fue secuestrado el 12 de marzo de 1977, fue torturado en la ESMA y entregado a la Federal, que antes de ejecutarlo le arrancó los ojos. "Abaten al autor de un trágico atentado", titulaba Clarín el 4 de junio, al difundir el comunicado del Primer Cuerpo de Ejército sobre el supuesto "enfrentamiento armado".
El primer intento de reabrir la causa fue frustrado por la jueza María Servini de Cubría. El pedido lo había formulado Hugo Biazzo, uno de los heridos, con el patrocinio de Giletta, ex juez de la dictadura y célebre por rechazar hábeas corpus por medio de su secretario Alfredo Bisordi, actual defensor del torturador Luis Patti. Los acusados por Giletta, que nunca llegaron a estar imputados por un fiscal, fueron Firmenich, Horacio Verbitsky, Laura Sofovich, Miguel Lauletta, Lila Pastoriza (ambos sobrevivientes de la ESMA), Norberto Habegger y Marcelo Kurlat, ambos desaparecidos. En 2007, la Cámara Federal confirmó que el atentado no era un delito de lesa humanidad. En 22 carillas los jueces Gabriel Cavallo, Eduardo Freiler y Eduardo Farah admitieron que era un episodio "aberrante", pero que "no basta el inconmensurable daño ocasionado" para aplicar la imprescriptibilidad contemplada en el derecho penal internacional.
Los querellantes interpusieron un recurso de casación, que rechazó el martes la Sala I del tribunal penal. Los camaristas descartaron que Montoneros hubiera perpetrado crímenes generalizados contra la población y destacaron que ni siquiera está demostrado que Salgado haya sido el autor del atentado. "La orfandad probatoria es de un grado tal que impide formular cualquier tipo de imputación. Ni siquiera hay evidencias que arrojen mayores precisiones acerca de las circunstancias que rodearon el hecho", destacó Madueño. "Ningún tribunal de Justicia puede aceptar con visos de seriedad la imputación que hace la querella en forma generalizada respecto de personas que dice pertenecieron a una agrupación que militaba en la época bajo la nominación Montoneros", agregó.
Los magistrados rechazaron la aplicación de la categoría de lesa humanidad al hecho. "Para que una conducta sea calificada como de lesa humanidad, el acto debe haber ocurrido en el marco de un ataque generalizado o sistemático a una población civil. Esto es lo que se conoce como ‘elemento de contexto’", apuntó Madueño. Enumeró cinco "elementos esenciales": la existencia de un ataque; que se encuentre dirigido contra una población civil; que sea generalizado o sistemático; que la conducta del infractor forme parte del ataque, y que el autor sepa que su conducta forma parte de ese ataque.
Los jueces citaron como antecedente el fallo "René Derecho" de la Corte Suprema de Justicia, en el cual estableció que "lo que distingue a los crímenes de lesa humanidad radica en que son atrocidades cometidas por los gobiernos u organizaciones cuasi gubernamentales en contra de grupos civiles que están bajo su jurisdicción y control". Ante los delitos comunes, como la autoría no proviene de una estructura estatal o análoga, la víctima cuenta con la protección de la organización política que integra (en tal caso el Estado), que cuenta con medios para investigar y condenar a los culpables. En cambio, en los crímenes de lesa humanidad "las víctimas se encuentran absolutamente desamparadas porque la agresión proviene, por hipótesis, precisamente de la organización política que debe protegerla y defenderla, a lo que se suma la posibilidad de destruir pruebas y garantizar la clandestinidad por parte de quienes deberían investigar los delitos".
25 de marzo de 2011
24 de marzo de 2011
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