cs ordena investigar caso suppo
Fue asesinada hace un año. El máximo tribunal resolvió que la Justicia Federal de Santa Fe deberá investigar si la ex detenida desaparecida y testigo en causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura fue asesinada para evitar que declarara en nuevos procesos penales. 
Argentina. La Corte resolvió esa "cuestión de competencia" y entendió que "no puede descartarse que la muerte de Suppo obstaculice el normal funcionamiento de los tribunales federales donde tramitan causas en las que se investigan delitos calificados como de lesa humanidad".
Además adujo "razones de mejor administración de Justicia" para determinar que la causa deberá tramitar ante el juzgado federal número uno de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, a quien en las próximas horas se le remitirá el expediente, según consigó DyN.
El asesinato de Suppo tuvo una connotación que sembró dudas sobre lo que había ocurrido: fue a las 10 de la mañana, una hora inusual para la comisión de delitos de tamaña magnitud en una comunidad de menos de 100 mil habitantes y normalmente pacífica, aducen los investigadores.
El fallo fue firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni, quienes contradijeron al procurador general adjunto Luis González Warcalde, quien había opinado que la causa debía seguir en la órbita de la Justicia local.
El testimonio de Suppo fue central para que el ex juez federal santafesino -destituido por un jurado de enjuiciamiento- Hermes Brusa fuera condenado por delitos de lesa humanidad cometidos cuando era funcionario judicial durante la dictadura. Pero la de Brusa es una "megacausa" y Suppo debía declarar en al menos otros dos juicios, a los que no llegó porque fue asesinada antes.
29 de marzo de 2011
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Argentina. Por medio de una videoconferencia desde el establecimiento penitenciario ubicado en Campo de Mayo, donde el represor permanece alojado cumpliendo prisión preventiva, Videla aseguró que esa supuesta persecución "comenzó con el prejuzgamiento del Decreto 158/83 dictado por el entonces presidente Raúl Alfonsín", la norma por la cual Cámara Federal enjuició a los comandantes de las tres primeras juntas militares que usurparon el poder el 24 de marzo de 1976 y tras el cual Videla fue condenado a reclusión perpetua.
[Raúl Kollmann] Argentina. La ministra de Seguridad, Nilda Garré, presentará hoy ante los ministros de Seguridad de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como ante los jefes de todas las fuerzas de seguridad del país, la propuesta de un acta-acuerdo en la que se establecen las bases de actuación de las fuerzas de seguridad ante manifestaciones públicas. El texto, al que tuvo acceso exclusivo Página/12 señala, por ejemplo, que la intervención de las fuerzas policiales será progresiva, comenzando por el diálogo con los organizadores de la protesta; que siempre los poderes ejecutivos deberán designar a un funcionario político responsable de coordinar todas las acciones, se establecerá claramente la prohibición de portar armas de fuego a todo el personal policial que pudiera tener contacto directo con los manifestantes, quedando prohibido el uso de pistolas lanzagases; las postas de goma sólo podrán usarse para fines defensivos; todo el personal policial debe estar identificado y esa identificación debe verse claramente sobre el uniforme; habrá un funcionario policial a cargo de la operación y otro funcionario a cargo del control; en las manifestaciones previstas tendrán que establecerse barreras (vallas) para salvar la integridad de los manifestantes y evitar que haya terceras personas perjudicadas; se prohíbe la utilización de vehículos no identificados; todos los detenidos deberán ser transportados en patrulleros o vehículos específicos; los efectivos policiales deberán garantizar la libre cobertura de los medios de prensa y queda prohibido impedir la toma de fotografías, imágenes o testimonios.
[José Maggi] Argentina. "Lo que viví fue una tragedia familiar que me marcó para siempre". Con esta frase, Marta Bertolino comenzó ayer su extenso testimonio de más de cinco horas ante el Tribunal Oral Federal Nº 2. Hablaba del secuestro y la desaparición de su esposo Oscar Manzur, y del calvario al que fue sometida por el Ciego Lofiego cuando estaba embarazada de ocho meses. Relató también cómo un médico la cuidó en el parto y evitó con una simple medicación que su hija naciera ciega. "Esto se lo debo al doctor Zanutini, quien junto a su grupo de trabajo en la ex Asistencia Pública (de Rioja y Moreno), confrontó con la Patota, que no permitía siquiera que recibiera medicación por orden del Ejército". Identificó entre sus captores a Carlos Brunato, alias Tu Sam, y reclamó su detención, al Cura Marcote, y a Dippy Moore. Bertolino pasó desde agosto del 76 por el Servicio de Informaciones, después por la Cárcel de Mujeres de Rosario, para terminar en la cárcel de Villa Devoto, desde donde la liberaron en 1981.
[José Maggi] Argentina. En el marco de la causa Feced, donde se investiga entre otros el accionar de quien fuera capellán de la policía Eugenio Segundo Zitelli, se recibieron en la última semana dos nuevos testimonios que complican aún más la situación de sacerdote. Silvio Alcoba Rosa y Gladys Bonnafede de Bracaccini testimoniaron luego del pedido realizado a los fiscales a cargo de la Unidad Fiscal de derechos humanos Gonzalo Stara y Mario Gambacorta, por parte UMANO de Casilda y Familiares, la LADH y APDH Rosario. Los organismos defensores de derechos humanos entienden que sus dichos acreditan entre otras cuestiones el rol de la iglesia, en general, durante la dictadura y en particular el rol de Zitelli en el ámbito del Servicio de Informaciones. Cabe recordar que con el mismo objetivo, la anterior semana lo habían hecho Claudia Nigro, Juan José Noste y Héctor ‘Chinche’ Medina.
[Lorena Panzerini] Argentina. Lo que en principio se había planteado como un hecho delictivo sembró "serias dudas" en el área de Diversidad Sexual de la Municipalidad y el Movimiento Evita, luego que una militante transexual de la organización, de 25 años, resultara herida de bala en el cráneo. "Nosotros lo tenemos como imputado", dijo el comisario de la 19º sobre la persona baleada el viernes pasado en Amenábar y Matienzo. Sin embargo, los interrogantes son varios: "¿Por qué dicen que Julieta está internada con custodia por robo calificado si ella le temía a las armas? ¿Quién la identificó con su nombre de varón en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) si ella entró intubada? ¿Por qué la primera versión de la policía fue que tenía un roce de bala?" Noelia Casati, titular del área de Diversidad Sexual del municipio, exigió "que se esclarezca el caso" y adelantó que hoy pedirán, junto con el Movimiento Evita, que el Juzgado de Instrucción 3º, donde recayó la causa, "investigue cómo sucedió" el hecho en el que se inculpa a una trabajadora sexual trans, que fue baleada, y permanece internada con coma inducido y respirador artificial. Además, al momento del hecho Julieta estaba con otra transexual, de 35 años, de la que hasta anoche no había paradero.
[Noemi Ciollaro] Argentina. En 1997 inicié la búsqueda de otras mujeres esposas o parejas de detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar. No podía explicarme nuestro silencio en lo privado y en lo público vinculado con el destino corrido por nosotras y nuestros hijos en los veintiún años transcurridos. Así surgió el libro ‘Pájaros sin luz. Testimonios de mujeres de desaparecidos’ (Planeta 2000), una investigación periodística en la que veinte mujeres, algunas militantes, otras ex detenidas, otras amas de casa, hablamos por primera vez rompiendo el hermetismo que nos abarcó tras el secuestro y desaparición de los hombres a quienes habíamos unido nuestras vidas y que, en muchos casos, fueron los padres de nuestros hijos.
[Carlos Rodríguez] Argentina. Cinco años después de acudir a la Justicia salteña para defender sus derechos sobre tierras que ocupan desde siempre, las comunidades wichís de El Traslado, El Escrito y Zopota lograron un reconocimiento parcial a partir de un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de esa provincia. La resolución judicial –que revocó otra de primera instancia– le ordenó al Estado nacional que "inicie de inmediato la demarcación y delimitación de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades" mencionadas "conforme a los usos y pautas culturales reconocidas" por la Constitución nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El recurso de amparo había sido presentado en 2006 por más de 60 familias que estaban siendo virtualmente expulsadas de sus dominios, a partir del desmonte compulsivo que sufrían sus tierras, a manos de los productores sojeros. La Cámara salteña estableció un plazo de 90 días hábiles –desde la notificación–, para que se ejecute la tarea de delimitación territorial.