juicio por los obreros de astarsa
El secuestro de sesenta trabajadores en los astilleros del Tigre. Al finalizar el juicio a Luis Abelardo Patti, comenzará en San Martín el proceso a los responsables de la desaparición de un grupo de trabajadores del astillero que encabezaba las luchas sindicales. El mismo día del golpe militar devastaron el cuerpo de delegados.
[Alejandra Dandan] Argentina. La consigna del cartel resumía en 1973 lo que estaba detrás de esa huelga que se abría paso entre los navieros de Astarsa, y que en horas se convertía en huelga general entre los astilleros. "Queremos un astillero, no un matadero", habían colocado en la fábrica los obreros, indignados por una nueva muerte entre sus compañeros. La historia de la fábrica desde donde secuestraron a 60 operarios la mañana del 24 de marzo de 1976 comenzará a ventilarse en San Martín, cuando concluya el juicio oral a Luis Abelardo Patti. Pese a que aún no hay fechas precisas, la querella prevé el juicio para mitad de año. La elevación no incluye toda la causa sino una primera parte por un grupo de obreros que permanece desaparecido. Como no son parte del grupo que secuestraron en la fábrica, el juicio no permitirá avanzar sobre uno de los factores sobre los que sí se espera poder ir adelante en la segunda parte, que es la responsabilidad de la burocracia sindical y de los empresarios sospechados de haber entregado los listados de la comisión interna y de los obreros más combativos a la dictadura.
"Los navales fueron un gremio muy combativo en la zona norte", indica a Página/12 Adriana Taboada, de la Comisión Zona Norte. "El eje represivo en esta zona siguió la línea de organización obrera porque había un grado de participación y de organización muy importante: en el caso de los navales, el gremio estaba copado por sectores del vandorismo y en los ‘70 surgieron compañeros que les disputaron la dirigencia sindical; en el caso de Astarsa, aunque no siempre fue así, el núcleo fuerte venía de la JTP."
La Comisión Zona Norte es el grupo de organismos de derechos humanos y militantes viejos y nuevos que impulsa la causa, y pasa días buscando a víctimas, a viudas de esos obreros, compañeros de la fábrica, colimbas de Campo de Mayo que pueden acercar datos no sólo para ese expediente sino para otras decenas de causas sin sobrevivientes que, paradójicamente, necesitan de testigos para poder ir adelante.
En la madrugada del 23 al 24 de marzo de cada año, la Comisión vuelve a donde vuelven muchos de esos navieros: la plaza Canal, a media cuadra de la estación Carupá de la línea Mitre, en el límite entre San Fernando y Tigre, sobre la Ruta 197, donde llegaban los obreros de Astarsa para hacer las diez cuadras que separaban la estación de la fábrica. "Es un lugar histórico porque ahí se hicieron asambleas obreras de 3500 trabajadores y, en la década del ’70, las ollas populares de los días de huelga."
A comienzos de 1976, los obreros de la naviera llevaban tres años manteniendo el control obrero de la fábrica: Astarsa era uno de los astilleros más importantes, con 1500 trabajadores de los cuales 700 eran navieros y 800 metalúrgicos. En 1973, el proceso comenzó con la muerte de José María Alessio. Hasta ese momento, el trabajo parecía convertirse en una condena a muerte: trabajan doce horas por reglamento y sabían que con la fabricación de cada barco, durante catorce meses de trabajo, uno o dos compañeros se moría. Aquella muerte disparó la huelga, en medio de un proceso que venía creciendo por abajo, entre otras cosas a partir de la llegada a la escuela de oficios de la fábrica de una camada de jóvenes, cercanos o que comenzaron a estar próximos a la Juventud Sindical de Montoneros. Tras la huelga, tomaron el control de la Comisión de Seguridad e Higiene, y en los siguientes tres años no hubo muertos. Pasaron a trabajar 6 horas 45 minutos, y se movilizaron y consiguieron la liberación de muchos de ellos en 1975, cuando un grupo de trabajadores fue secuestrado y torturado por grupos paramilitares.
Luis Benencio es un testigo histórico de la causa, porque estuvo a cargo de esa Comisión de Seguridad: "Nosotros no estábamos ahí el día del golpe, pero teníamos compañeros adentro", dice a Página/12. "Estábamos avisados desde antes, muchos de los activistas veníamos levantados y bancados por la organización, o sea que hacíamos el trabajo desde afuera." Hacia adentro y a esa altura habían armado una agrupación no visible: "De este modo supimos y conocimos lo que pasó con las listas".
A las 6.30, entonces, tres camiones entraron a la fábrica. Hubo helicópteros sobrevolando el cielo, carros de asalto y tanques custodiando el operativo en tierra. "Empezaron a pedir documentos a todos los que llegaban y entraban; tan claro estaba que esas listas se las habían proveído de la patronal –dice Benencio– que en un momento había dos compañeros de apellido Sosa, y cuando detienen a un Sosa y lo suben arriba del camión, uno de los de abajo de la patronal les dice: ‘¡Ese Sosa no es!’"
Hubo 60 secuestrados ese día; pero además otro tanto en Mestrina, que era otra de las navieras de la zona que había seguido el mismo proceso. La mayoría pasó por la comisaría de Tigre, una parte fue liberada y otra siguió a Campo de Mayo. Existe el caso de un obrero de apellido Villalba, cuya hija supo a través de un preso que estaba en el destacamento de Garín, un caso por el que puede llegar a estar imputado Patti nuevamente. Cuando fueron a buscarlo, el destacamento lo negó y dos días más tarde apareció muerto en un arroyo. Entre Astarsa y Mestrina hay 30 obreros navieros desaparecidos.
El juicio oral avanzará ahora sólo sobre algunos casos. Ninguno de esta primera parte corresponde a los secuestrados del 24 de marzo sino a obreros que fueron secuestrados días después: "Este es uno de los subcasos de una causa principal que es la de Campo de Mayo", explica Pablo Llonto, abogado querellante. "El tema es que se van elevando a juicio pedacitos de esa megacausa, con algunos obreros y algunos responsables, y eso hace a la enorme dificultad que tenemos con los juicios orales con pocas víctimas y pocos acusados; mientras tanto continúa la investigación sobre las restantes víctimas y acusados, como la probable complicidad de algún miembro de la fábrica."
Entre los accionistas principales estaban los Braun Menéndez: "No se entiende la represión en Astarsa –dice Luis–, si no se entiende qué fue el control obrero de las condiciones de trabajo: nosotros decíamos qué era salubre y qué insalubre en cada lugar, lo mismo sucedió en Mestrina y así durante tres años que siguieron, y eso que es un tema que siempre fue vendido y entregado por la burocracia sindical".
El Sindicato de Obreros de la Industrial Naval estaba manejado por grupos operativos de la CNU y del CdO lopezrreguista. Una de las caras visibles era Jorge Rampoldi, a quien Luis viene siguiéndole el paso desde entonces. Lo denunció en Italia en el juicio a Carlos Suárez Mason. Para entonces, Rampoldi era viceministro de Trabajo de Carlos Ruckauf. Rampoldi negó sus vínculos con Astarsa y la CNU, pero Luis insistió explicando que llegó a la fábrica cuando la empresa buscó colar sectores de la derecha en los espacios donde los obreros eran poderosos, como el sector de personal. Rampoldi frecuentó hasta 2006 el sindicato Uatre, el gremio de Gerónimo ‘Momo’ Venegas.
16 de febrero de 2011
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Argentina. Luz Faingold conoció a Luis Miret en agosto de 1975, durante la experiencia más terrorífica de su vida. Ella tenía 17 años y estaba en cautiverio con otras diez personas en el Departamento de Informaciones (D2) de la policía de Mendoza, donde había sido torturada y violada. El la visitó como juez federal subrogante, supo por el novio de Faingold que la adolescente pedía por favor que dejaran de ultrajarla, pero la dejó varios días más en manos de los torturadores. Ayer, luego de soportar durante 35 años que el hombre siguiera en carrera como un juez honorable, Faingold relató por primera vez sus padecimientos ante el jurado de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura que analiza la conducta de Miret, suspendido en su función de juez de la Cámara Federal de Mendoza y acusado de haber colaborado con la represión ilegal durante la dictadura.
Argentina. Los oficiales fueron procesados por la desaparición forzada del joven que fue visto por última vez en un calabozo de la ciudad de Comodoro Rivadavia en 2004. En la causa interviene la jueza federal Eva Parcio de Seleme, quien además de las detenciones dispuso un embargo de 200 mil pesos para cada uno de los procesados, aunque no les dictó la prisión preventiva.
Argentina. El Máximo Tribunal nacional decidió de esta manera no pronunciarse sobre tres recursos (por el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) que reclamaban la suspensión de medidas probatorias, la declaración de inconstitucionalidad de las normas que crearon el Banco Nacional de Datos Genéticos y el hábeas corpus preventivo. Las decisiones adoptadas por la Corte no interfieren respecto de las nuevas medidas probatorias ordenadas por la jueza Sandra Arroyo Salgado en diciembre de 2010, las cuales han sido objeto de otra impugnación por los hermanos Noble Herrera, acerca de la cual ahora deberá expedirse la Cámara Federal.
Argentina. Tres testigos ocuparon en la tarde de ayer la atención de los miembros del Tribunal Oral Federal No. 1: Eduardo ‘el Turco’ Azum, Laura Ferrer Varela y Rafael Stancanelli, hermano del ‘Pato’, militante asesinado en San Luis y Alvear, uno de los homicidios que serán imputados a esta causa al propio Genaro Díaz Bessone.
[Sonia Tessa] Argentina. Carlos Pérez Rizzo se sentó frente al Tribunal Federal Oral número 2 y comenzó a contar su secuestro, el 14 de octubre de 1976, junto a una compañera, Cristina Costanzo. "Voy a hablar de aquellos que no están y no tienen más que a nosotros para que contemos la verdadera historia", dijo el testigo, a quienes sus compañeros llaman ‘Cabezón’. Afirmó que en el Servicio de Informaciones había 16 personas que estaban cautivas y luego fueron asesinadas en supuestos enfrentamientos, o continúan desaparecidas. Entre ellos, las siete víctimas de la masacre de Los Surgentes, así como Marisol Pérez y Daniel Gorosito. De 57 años, Pérez Rizzo salvó su vida gracias a la gestión de su padre, comisario principal y amigo del entonces interventor de la policía rosarina, Agustín Feced. Tenía 24 años cuando lo detuvieron. Después de unos meses en el SI, fue trasladado a Coronda, Rawson y Devoto. Recuperó su libertad el 17 de abril de 1984.
[Nicolás Lantos] Argentina. "Los Estados Unidos nos deben una respuesta." Con esas palabras, el canciller Héctor Timerman anunció el envío a Washington de una nota de protesta formal por el material bélico que militares de ese país intentaron ingresar sin autorización a la Argentina, tal como había anticipado anteayer Página/12. Así plantó bandera en la disputa bilateral que se desató tras el secuestro de "material sensitivo" no declarado en un vuelo de la Fuerza Aérea de ese país que llegó el jueves pasado a Buenos Aires con elementos bélicos para un curso que dictarían a miembros de la Policía Federal: "Queremos que Estados Unidos cumpla las leyes argentinas", completó.