la explotación en el campo
Las distintas actividades, zonas y métodos de trabajo rural en condiciones infrahumanas. Las denuncias y allanamientos que detectaron condiciones de semiesclavitud y tráfico de personas en zonas rurales pusieron en evidencia ese sistema de explotación laboral. Aquí, un relevamiento de las provincias y los trabajos involucrados.
[Darío Aranda] Argentina. "El estado de los obreros en el ingenio es mísero y desastroso, la explotación inicua y el trabajo brutal. (...) He visto en todo el interior la explotación. (...) El trabajo de la mujer y del niño se explotan con igual intensidad en Cuyo que en el resto de la República, y acaso más en la época de cosecha." Fechada el 30 de abril de 1904, escrita por Juan Bialet Massé, la frase pertenece al histórico ‘Informe sobre el estado de las clases obreras argentinas’, señalado como el primer compendio de la situación de los trabajadores del país. A 107 años de aquella investigación, en el campo argentino se repiten las escenas de explotación laboral, jornadas de trabajo de hasta 16 horas, pagas mínimas, ausencia de día de descanso, amenazas y maltratos, alimentación escasa, personas obligadas de vivir en taperas o bajo plásticos. Organizaciones campesinas, ONG y académicos coinciden: el trabajo rural en situaciones de explotación está presente en todas las latitudes de la Argentina y es una práctica generalizada.
De sol a sol. Es la característica del trabajo en el campo. Y la cosecha de uva no es la excepción. Mendoza tiene tradición en vinos, y también en explotación laboral. Trabaja toda la familia. Mujeres y niños cortan los racimos y ayudan en el llenado de un tacho rectangular de 20 litros. Los hombres "tachan", que implica el cargado del recipiente y la descarga en camiones. Por cada tacho le dan una ficha (que vale aproximadamente un peso), que la familia acumula hasta el sábado, en que –si no hay despido previo– se cobra. En un día muy bueno (los menos) se pueden reunir 150 fichas, pero también pueden ser 50, por el trabajo de toda la familia. También es común que la ficha sea moneda de cambio en las proveedurías de la finca o los almacenes del pueblo, siempre a menor valor que si fuera dinero efectivo.
"Los cosechadores son llevados en camiones a las fincas como vacas. Y en muchos casos los trabajadores golondrina están en carpas tipo circo donde duermen todos amontonados, cocinan con fuego al aire libre, sin luz y el agua se la venden. Acá los calores son mortales, lo que le agrega un condimento extra. Los baños no existen. La paga es un miseria, sólo para sobrevivir", explica Diego Montón, de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST), organización que practica el trabajo cooperativo, alimentos libres de agroquímicos y el comercio justo. Un ejemplo es su vino "Campesino", libre de explotación laboral.
También en Mendoza, idéntica explotación padecen los trabajadores del ajo, que son obligados a inscribirse como monotributistas para falsas cooperativas y soportaban condiciones de explotación, insalubridad, hacinamiento y trabajo infantil.
En noviembre de 2008, un grupo de trabajadores se rebeló y comenzó una manifestación en el frente de la empresa, en el departamento de Maipú. Denunciaron la explotación en sus tres eslabones: siembra, cosecha y empaque. Sobrevino la represión policial y, producto de las heridas, la muerte del trabajador Juan Carlos Erazo.
"Siempre nos explotaron, trabajamos hasta 16 horas. Pero ya era mucho. Nos animamos y dijimos basta. Nos costó amenazas, golpes y la muerte de un compañero. El sindicato y el gobierno nos dejaron solos, pero salimos adelante", relata Fabián Bravo, presidente de la Cooperativa Irigoyen e integrante del flamante Sindicato de Trabajadores del Ajo y afines (Sitraaj).
En las falsas cooperativas la jornada arranca a las 6, media hora de descanso al mediodía y llegaban a trabajar hasta la medianoche. El cosechador nunca obtiene más de 60 pesos por día, los baños no existen, el agua escasea. "Todo es explotación. Desde lo que se paga al pequeño productor por la cosecha hasta lo que toca al trabajador. Nosotros, autogestivamente, cobramos el doble y también pagamos el doble a los pequeños productores", remarca orgulloso Bravo.
La producción de frutas en Río Negro tiene tradición en mano de obra temporaria. La gran mayoría de trabajadores llega desde el norte del país. Incluso el gobierno tucumano tiene un convenio con Río Negro para "facilitar" los jornaleros. Desde la Dirección de Programas Especiales de la Secretaría de Trabajo de Tucumán se pagan los micros que trasladan aproximadamente a 16 mil trabajadores, de un total de 25 mil que –según cifras oficiales– migran por temporada. La primera quincena de enero los envían a Río Negro (unas once mil personas). El resto migra a Mendoza, San Juan y La Rioja. "Todos en blanco", se apuran a aclarar en las gacetillas oficiales, donde se reconoce que se moviliza a familias enteras.
Escasean las estadísticas referidas al trabajo rural. Según la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) de Río Negro, sólo en las chacras de San Patricio del Chañar, a 55 kilómetros al norte de la capital provincial, cada año llegan 4000 personas para la cosecha de manzana, pera y cereza. El gobierno nacional asegura que, en el campo, el "trabajo no registrado" es del 50 por ciento, en base al Censo Nacional de 2001, la Encuesta Permanente de Hogares de 2010 y el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA, donde figuran registrados 400 mil trabajadores rurales). Pero Uatre maneja otras cifras: 800 mil trabajadores registrados y 700 mil "en negro".
En Río Negro, las denuncias se repiten cada año. En enero de 2010, los diarios provinciales volvieron a poner (como todos los años en época de cosecha) las denuncias. Cientos de trabajadores estaban hacinados en un galpón de la localidad de Lamarque. Les habían ofrecido 81 pesos por día y vivienda. En cambio le daban 30 pesos y un tinglado superpoblado. La mitad de los trabajadores dormía sobre el piso. Si alguien reclamaba, en el predio había policías de la provincia que amenazaban con reprimir.
En diciembre volvieron a repetirse las denuncias, en la localidad de Choele Choel. Los trabajadores no podían salir de las chacras y sólo podían pedir ayuda por mensaje de texto. Se repetían las condiciones de trabajo y alojamiento, les pagaban menos de lo pautado y cobraban los alimentos a precios altos.
Patagonia y Misiones tienen similitudes. "Parte grande de la riqueza de la provincia sale de nuestras manos y espaldas castigadas. Es lo mismo desde mis abuelos", afirma Sonia Lemos, 30 años, delegada del flamante Sindicato de Tareferos de Misiones, nacido hace dos años para luchar por los derechos del eslabón más débil de una industria millonaria. La tarefa consiste en podar la planta y separar la hoja del palo. Se acumula sobre plásticos abiertos como mantel, donde se acumula el montículo de yerba. Luego se unen las puntas y forman una gran bolsa: el "raído". Trabaja toda la familia y cada raído se lo pagan trece pesos.
"Con mucha suerte, cuatro raídos hacemos. Pero hay veces que sólo dos", explica Lemos. Traducido: por día de trabajo obtienen entre 26 y 52 pesos.
"No queremos que ningún hijo nuestro muera más de hambre en Misiones", reclamaron los mismos tareferos en noviembre pasado, cuando llegaron hasta Buenos Aires para denunciar la explotación laboral, salarial y la criminalización que padecen por reclamar. Ante el abandono de la Uatre, se organizaron para enfrentar la explotación de largas jornadas de trabajo, paga escasa y la condena a un círculo de pobreza.
El objetivo era visibilizar la situación que ya se había cobrado la muerte de dos niños por desnutrición. "Nos duele reconocer que el hambre está instalado en nuestras casas desde hace mucho tiempo y que se ha convertido en uno de los dolores más difíciles de enfrentar porque con ella no se puede pensar, no se puede trabajar. De hambre nos estamos enfermando y muriendo", denunciaron y se movilizaron hasta el Obelisco porteño con una consigna que interpelaba en busca de solidaridad: "Que el placer de tomar mate no siga descansando sobre la esclavitud de los tareferos".
No los recibió ningún funcionario. Ni siquiera lograron que la Anses cumpliera con la devolución de las asignaciones familiares retenidas arbitrariamente. Volvieron con las manos vacías. "Siempre nos explotaron, pero ahora estamos organizados. No es fácil, pero en eso estamos. Eramos sólo veinte, ahora ya somos 300. Será largo, ya no creemos en los contratistas ni políticos, haremos valer nuestros derechos", advierte la delegada gremial Lemos.
Guillermo Neiman es sociólogo, investigador del Conicet y coordinador académico de la maestría en estudios sociales agrarios de Flacso. "La cadena de complicidades incluye a los empresarios, intermediarios, sindicatos y Estado", resume. Afirma que el "trabajo precario" rural es tan histórico como generalizado, y cuestiona a los empresarios agrarios: "Por el nivel de rentabilidad del agro actual no se entiende que sigan manteniendo el trabajo precario. No se justifica de ninguna manera, desde una lógica de rentabilidad, que los salarios sean tan bajos y que permanezca el trabajo en negro".
Denuncia que para el campo no hay estadísticas actualizadas. Reconoce que deben manejarse con el entrecruce del Censo Nacional 2001 y el Censo Agropecuario de 2002, que es contestado por los patrones, no por los trabajadores. La Encuesta Permanente de Hogares se realiza en ciudades, por lo cual vuelve a quedar afuera el sector rural. "Hay personas que no quieren que se conozca la realidad rural, donde no hay dudas de que la pobreza y la desocupación son superiores a la publicitada, que siempre es una proyección de lo urbano", afirma.
Neiman explica que la explotación laboral no se da sólo en el trabajador "golondrina", sino también en el permanente, aunque siempre es mayor en los trabajos estacionales, donde se requiere mano de obra intensiva por época. "Los controles son insuficientes. Es necesaria una participación activa del Estado, es el único que puede modificar el trabajo rural precario", insta a actuar.
Diego Domínguez es sociólogo e investigador del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. No naturaliza ni resta importancia a la explotación laboral en el campo, pero encuentra una coherencia histórica en la clase dirigente: "Argentina se elevó como Nación sobre la esclavitud encubierta de los gauchos y los indígenas. Entonces hoy no sorprende que, bajo el discurso de un agro exitoso, hombres, mujeres y niños padezcan la peor explotación, es una continuidad histórica".
14 de febrero de 2011
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[Nicolás Lantos] Argentina. La Argentina "formulará una protesta" formal ante los Estados Unidos por el intento de ingresar de forma ilegal "material camuflado" en un avión militar que llegó a Ezeiza el jueves pasado, tal como informó ayer Página/12. Según un comunicado de prensa difundido anoche por Cancillería, entre el material que se incautó tras la inspección "hay desde armas hasta diferentes drogas" que no habían sido declaradas en el manifiesto oficial que consignaba el contenido del envío, destinado a cursos de entrenamiento de fuerzas de seguridad. Mientras avanzan con el análisis del material secuestrado, en el Gobierno no creen que se trate de un mensaje político destinado a Buenos Aires, sino que puede tratarse de una práctica frecuente: "Nosotros lo que hicimos fue mover la superficie –sostuvo un funcionario que siguió el caso de cerca–. Es probable que si hacían el mismo chequeo en San Pablo o en Bogotá encontraran lo mismo."
[Roberto Navarro] Argentina. Mientras en el país la mortalidad infantil disminuyó un 9 por ciento en los últimos tres años, en la ciudad de Buenos Aires la cantidad de niños muertos en su primer año de vida aumentó un 10 por ciento entre 2007 y 2010. Así, el año pasado en el distrito administrado por Mauricio Macri fallecieron 396 niños recién nacidos. Si la evolución de la ciudad hubiese sido similar a la del promedio nacional, se habrían evitado 76 muertes. Según el Ministerio de Salud porteño, la mayor causa de la mortalidad infantil "es la corta duración de la gestación y el bajo peso al nacer". Los especialistas consultados por Página/12 aseguran que "estos problemas son, fundamentalmente, producto de la desnutrición o de la mala nutrición". La situación de los niños está directamente relacionada con el deterioro de los indicadores sociales en la ciudad. Según un informe de la Fundación para el Análisis de Políticas Públicas, dirigida por Leonardo Botto, "mientras en el resto del país disminuyeron el desempleo y la pobreza, entre el tercer trimestre de 2007 y el mismo período de 2010, el desempleo en la ciudad subió un 10 por ciento y la pobreza aumentó un 10,5 por ciento".
Argentina. Los restos del militante montonero Gustavo Pon, desaparecido en agosto de 1977, fueron inhumados ayer a la mañana en el Cementerio Lar de Paz, cercano a la ciudad de Santa Fe. El cadáver del Pon fue encontrado junto a otros siete cuerpos en una fosa común detectada por el Equipo Argentino de Antropología Forense en el predio militar campo San Pedro, cercano a la ciudad de Laguna Paiva. El joven era oriundo de Gualeguaychú, licenciado en Filosofía, se desempeñó como profesor universitario, subsecretario de Cultura de la Municipalidad de Santa Fe en 1973 y era activo militante montonero.
[Horacio Verbitsky] Argentina. La polémica entre el canciller Héctor Timerman y los ministros de Seguridad de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires, el ex juez Guillermo Montenegro y el alcaide mayor penitenciario Ricardo Casal, es secuela de la confrontación del gobierno nacional con el de Maurizio Macrì cuando este proponía reprimir la ocupación del Parque Indoamericano y del Club Albariño, que el gobierno nacional consiguió desalojar sin violencia adicional. En el caso de la Capital el entrenamiento de policías metropolitanos en una academia instalada por los Estados Unidos en El Salvador es un puro desatino, ya que la competencia de la Policía Metropolitana está circunscripta a delitos menores. Durante su reciente visita a la Argentina, el vicecanciller Arturo Valenzuela urgió a la flamante ministra de Seguridad, Nilda Garré, a designar miembros de las fuerzas de seguridad argentinas para los cursos de la International Law Enforcement Academy (ILEA) que comenzarían pocos días después. Garré le sugirió que le hiciera llegar la propuesta por escrito y le anticipó que se tomaría el tiempo necesario para estudiarla. La traducción literal de "law enforcement" es aplicación de la ley, y es la expresión usual en inglés para mencionar a las fuerzas policiales y de seguridad, distintas de las Fuerzas Armadas o "the Military", pero también engloba a jueces y fiscales. El jueves 10, la Cancillería solicitó tanto a Casal como a Montenegro copia de los acuerdos que sus ministerios hubieran firmado con ILEA, los programas de los cursos, los planes de estudio y el listado de sus profesores, y los antecedentes en los que se hubieran basado para asegurar que no contradigan "la Constitución Nacional, la política exterior y la legislación interna argentinas". Una vez recibidos, los evaluará "a la luz de los distintos instrumentos internacionales firmados por la República, tomando en consideración la responsabilidad primaria que la Cancillería tiene en la materia". El canciller también citó a los embajadores de El Salvador y de los Estados Unidos y les solicitó la misma información sobre los cursos y los instructores de la escuela policial. Por Estados Unidos recibió el pedido el segundo a cargo, el ministro consejero Jefferson Brown, cuya ocupación anterior fue como Director de Asuntos Multilaterales del Consejo de Seguridad Nacional. Tal vez Timerman obtenga la respuesta que ILEA le negó al escritor estadounidense Wes Enzinna, graduado en estudios latinoamericanos de la Universidad de Berkeley y ganador del premio de periodismo investigativo de la revista The Nation, quien utilizó la ley de libre acceso a la información pública (FOIA) en su intento de conocer a qué se dedica la hermética escuela instalada en El Salvador. En marzo de 2008, el ministerio de Seguridad Interior (Homeland Security) se negó a contestar las preguntas aduciendo que la divulgación de los materiales de estudio en ILEA podría ayudar a eludir la ley y además "las técnicas y procedimientos en cuestión no son bien conocidos por el público". Creada por el ex presidente Bill Clinton para "combatir el tráfico internacional de drogas, la delincuencia y el terrorismo por medio del fortalecimiento de la cooperación internacional", ILEA posee instalaciones en Roswell, Nuevo Mexico, en Hungría, Tailandia y Botswana.
[Horacio Verbitsky] Argentina. El gobierno nacional impidió el ingreso de "carga sensitiva" secreta que arribó al aeropuerto internacional de Ezeiza en un vuelo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y sobre cuyo empleo no se ofrecieron explicaciones satisfactorias. La expresión carga sensitiva fue utilizada el lunes pasado por la Consejera de Asuntos Administrativos Dorothy Sarro al solicitar autorización para que un camión con acoplado pudiera ingresar a la plataforma operativa. El enorme C17, un carguero Boeing Globmaster III, más grande que los conocidos Hercules, llegó en la tarde del jueves con un arsenal de poderosas armas largas para un curso sobre manejo de crisis y toma de rehenes ofrecido por el gobierno de Estados Unidos al Grupo Especial de Operaciones Especiales de la Policía Federal (GEOF), que debía tener lugar durante todo febrero y marzo. El gobierno estima que el costo total del transporte y el curso ronda los dos millones de dólares. El curso estaba autorizado por el gobierno argentino, pero cuando el personal chequeó que el contenido de la carga coincidiera con la lista entregada de antemano, aparecieron cañones de ametralladora y carabina y una extraña valija que no habían sido incluidas en la declaración. Aunque el curso estaba destinado a fuerzas policiales argentinas, la carga llegó en un transporte militar y en Ezeiza la recibieron los agregados militar y de defensa, coroneles Edwin Passmore y Mark Alcott. Todas las cajas tenían el sello de la 7ª Brigada de Paracaidistas del Ejército con sede en North Carolina. Intentaron pasar en forma clandestina mil pies cúbicos, equivalentes a un tercio de la carga con que llegó el avión, luego de escalas en Panamá y Lima.
[Karina Micheletto] Baradero, Argentina. El asesinato de un joven de 19 años por un agente de la Bonaerense, según la reconstrucción de los hechos de un balazo por la espalda, sacude a la ciudad de Baradero. El caso volvió a poner en tela de juicio la actuación de una fuerza cuyo jefe máximo, Juan Carlos Paggi, se hizo presente ayer para prometer investigaciones del caso. Los baraderenses se dividen entre la indiferencia de algunos, las justificaciones veladas con argumentos difusos sobre la inseguridad de otros, y la impotencia y la bronca de muchos que denuncian ésta como "una muerte anunciada". Los familiares y amigos de Lucas Rotela, el joven asesinado, organizaron ayer diversas marchas frente a la municipalidad, el hospital donde fue atendido el chico y la comisaría, donde se registraron algunos incidentes.
[Sonia Tessa] Argentina. Era un hombre mayor, padre de cuatro hijos. Había quedado viudo en un accidente automovilístico y logró superar la depresión con cierto esfuerzo. Su taller gráfico le permitía vivir con holgura, era culto. La noche que comenzó su pesadilla había invitado a su hijo más chico, Gonzalo, de 16 años, al cine. Ese 1º de julio de 1977, le tocaron la puerta, le dijeron que eran policías de Drogas Peligrosas pero apareció gente de civil. Buscaban a Rodolfo, el tercero de sus hijos. Según él mismo, el más mimado. Como no encontraron al joven, militante del Partido Montonero, se lo llevaron de rehén y lo tuvieron secuestrado durante 40 días. José Esteban Fernández Bruera observó azorado cada detalle de su cautiverio. Sabía que el objetivo de la patota era forzar la entrega de su hijo. Cada vez que llegaba algún joven, temía que fuera Rodolfo. Una vez, le dijeron que tenía una visita y se aterrorizó. Estuvo en el Servicio de Informaciones (SI). Primero en un corredor, luego en la Favela, más tarde en el Sótano. Unos años después, escribió 16 páginas con su máquina de escribir, que esta semana fueron incorporadas a la causa como parte del testimonio de Rodolfo Fernández Bruera, su hijo, el que la patota de Feced buscaba para matarlo.