estaba preso por tenencia simple
Uno de los jóvenes torturados en Mendoza estaba preso por tenencia simple de marihuana. Cumplía condena por tener siete plantas de cannabis. En el juicio no se demostró que fueran para comercializar, pero le dieron tres años de prisión por tenencia simple. Expertos proponen derogar esa figura.
[Horacio Cecchi] Argentina. Además de que su imagen dio la vuelta al mundo mientras un grupo de penitenciarios lo torturaba contra una pared, de rodillas, esposado y de espaldas, William Vargas González se transformó en una fotografía de los resultados de la guerra santa contra la droga, perejiles y consumidores. Detenido y acusado por tenencia y comercialización de drogas, que jamás le pudieron probar, pero con pesadas condenas a futuro como si se tratara de un narcotraficante, llegó al juicio abreviado donde logró demostrar que los siete plantines de marihuana que le encontraron no estaban destinados a la venta. Inocente para la Corte Suprema pero culpable para la ley, fue condenado a tres años no por fumar ni por vender ni regalar marihuana, sino sólo por tenerla. La llaman tenencia simple, pero es la más complicada. Como morocho pobre, William conoció la tortura en su resocialización carcelaria, luego de ser condenado por tenencia para nada.
En septiembre de 2009, William Vargas González, habitante de la zona rural de Maipú, Mendoza, fue detenido bajo la pesada acusación fiscal federal de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En su futuro más cercano y oscuro pintaban como mínimo cuatro años con un horizonte que superaba los diez. "Lo venían siguiendo, le habían puesto escuchas telefónicas, lo vigilaban", describió su abogado Raúl Sánchez a este diario. ¿Por qué lo vigilaban? Algún vecino habrá visto más de una planta de marihuana. Efectivamente, cuando allanaron su casa le encontraron siete plantines y unos 50 gramos de picadura de marihuana. De un fugaz análisis lo imputaron de tenencia para la comercialización, la parte más dura de la Ley 23.737, con condenas de hasta quince años. No es excarcelable.
Quedó detenido en la moderna unidad de la calle San Felipe, construida a espaldas de la tenebrosa cárcel de Boulogne durante el período de vigilia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En septiembre de 2010, antes de llegar a juicio, y como llevaba un año preso, logró acceder al juicio abreviado, ese curioso sistema que –por desidia judicial o falta de fondos del Ejecutivo– lleva al inocente a aceptar el mal menor, confesarse culpable y recibir una condena más suave que pelear por su inocencia en un juicio tres o cuatro años más tarde.
William llevó pruebas de su inocencia, la fiscalía no pudo probar que comercializaba y se negoció el resultado. ¿Cuál? ¿La absolución por inocente? Jamás. La fiscalía tenía una prueba de nada, irrefutable: los plantines de marihuana, que no ocupaban tres hectáreas, sino un angulito de tierra, y que tampoco habían sido secados, picados, desmenuzados y encendidos para fumar. Pero allí estaban, irrefutables y reconocidos por el transgresor. Tres años parecía el resultado de una buena negociación.
"Es la parte más absurda de la ley, porque se castiga la tenencia simple –sostienen los expertos que siguen la lectura de la Corte Suprema al aplicar una mirada sanitarista y despenalizadora sobre consumidores y perejiles–. Si la usara para consumo sería atenuante, y si la comercializara, sería agravante. Si sólo la tiene es tenencia simple." En los tratados del derecho más moderno, una figura que tiende a ser desterrada, porque castiga la peligrosidad, que es hipotética y moral.
Condenado a tres años y con un año cumplido en prisión, el abogado Raúl Sánchez pidió para su defendido la excarcelación. "Con penas menores a tres años, la condicional corresponde a los 8 meses de detenido, si tiene un buen informe de conducta de parte de los penitenciarios." Fue lo que le faltó a William. Es decir, lo tuvo, pero se le cayó. "Tenía muy buen comportamiento –explicó Sánchez–, pero un día que lo visitó su madre se olvidó los lentes. El guardia los pisó y los rompió, y él muy molesto reaccionó." A William Vargas lo molieron a palos. Las imágenes del video confirman la brutalidad y perversión, siempre tan difícil de aceptar si se presenta sólo en palabras. Pero a esa altura, en junio de 2010, esas imágenes estaban guardadas en el celular de su dueño. Los golpes dejan marcas y terror, y para que desaparezcan unas y se pueda habituar al otro: a William lo encerraron quince días en un buzón de castigo. Como en las cárceles nada es porque sí y tiene su explicación, la estancia en el buzón fue pasada con un parte de mala conducta que la justificara.
"El sistema carcelario de calificación es de lo peor –explicó Sánchez–. Se puede tener conducta muy buena o excelente, pero si hay una sanción se pasa de golpe a pésima. Para volver a buena, que es la que se exige para una condicional, debe subir tres escalones, de pésima a mala, a regular y a buena. Cada escalón dura tres meses." Los jueces rechazaron el pedido del abogado y William siguió preso por el delito de tener para nada. Sus torturadores no tenían demasiado que temer. Un celular jamás había caído en manos de abogados como prueba de la resocialización carcelaria.
12 de febrero de 2011
©horacio cecchi
©página 12
Argentina. El condenado Luciano Menéndez es el único responsable por los secuestros y torturas en el Instituto de Rehabilitación Social (IRS) de La Rioja, el principal centro clandestino provincial durante la dictadura. La cadena de mandos que estaba debajo del ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército es inocente, desde los interrogadores hasta el juez federal Roberto Catalán, que recibía declaraciones a personas vendadas y las dejaba en cautiverio, o el médico Carlos Leónidas Moliné, que diagnosticaba cuánto se podía torturar sin matar. El particular criterio, que contraría toda la jurisprudencia aplicada por tribunales argentinos a partir del juicio a los ex comandantes, pertenece al juez federal Daniel Herrera Piedrabuena, que acaba de dictar faltas de mérito y sobreseimientos en masa a los represores riojanos y fue denunciado ayer por la Unidad Fiscal abocada a las causas por crímenes de lesa humanidad de la Procuración General de la Nación. Las medidas ya fueron apeladas por el fiscal federal Darío Illanes y deberán ser revisadas por la Cámara Federal de Córdoba.
[Carlos Rodríguez] Argentina. El oficial subinspector Ezequiel Vega, quien se desempeñaba en la comisaría segunda de San Martín, con sede en Villa Ballester, fue detenido anoche acusado de ser el autor material del doble homicidio cometido en José León Suárez, cuyas víctimas fueron Franco Almirón, de 16 años, y Mauricio Arce Ramos, de 17. El mismo Vega está también imputado por el delito de "lesiones graves" en perjuicio de Joaquín Romero, de 19, quien se encuentra todavía internado en el Hospital Thompson de San Martín, en estado delicado, aunque se presume que está fuera de peligro. El oficial Vega fue el primer agente de la Bonaerense desplazado de la fuerza, luego de que le confesara a un superior que en la tarde del jueves 3 de este mes había disparado con "postas de guerra" (de plomo) durante los sucesos que siguieron al descarrilamiento de un tren de carga que llevaba autopartes en el cruce de las vías del ex Ferrocarril Mitre con el canal José León Suárez, en el barrio De la Cárcova.
Argentina. El grueso de los miembros de la Concentración Nacional Universitaria de Mar del Plata, acusados por crímenes al amparo del terrorismo de Estado antes y después del golpe de 1976, gozó de impunidad durante 35 años. En noviembre el juez federal subrogante, Rodolfo Pradas, ordenó siete detenciones. Sólo dos se concretaron de inmediato. El martes, mientras aún quedan cuatro ex CNU prófugos, el presidente de la Cámara Federal de Mar del Plata, Jorge Ferro, denunció por "facilitar las fugas" al propio Pradas. La acusación se produce en un contexto de feroces internas dentro de la corporación judicial marplatense y luego de que la causa estuviera un año en la Cámara Federal, tribunal que, según fuentes con acceso al expediente, también tuvo responsabilidad en las fugas.
[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. Veinte años de búsqueda le llevó a María Carolina Guallane saber que su verdadero nombre era Paula Cortassa, que sobrevivió a la masacre de su familia biológica durante la dictadura, el 11 de febrero de 1977, que su padre Enrique Cortassa fue secuestrado y desaparecido y su madre, Blanca Zapata, embarazada a término, murió dos semanas después de agonizar con un balazo en la cabeza en un hospital Cullen, donde perdió a su segundo hijo. Y treinta cuatro años tuvo que esperar para que comience a hacerse justicia. El juez federal Reinaldo Rodríguez procesó al ex juez de Menores de Santa Fe, Luis María Vera Candioti, por la "supresión de identidad" de Paula y lo acusó de haber cortado sus raíces cuando apenas tenía dieciocho meses para "ocultar la detención" de su padre, evitar que sus abuelos puedan "reclaman la tenencia" de la pequeña o "encubrir" la responsabilidad del Ejército "en el cautiverio" y "la apropiación" de la niña. "La verdad sale a la luz con peso propio y la mentira cae como un efecto dominó", dijo ayer Paula -que como se sabe sigue usando el nombre de María Carolina- al enterarse del procesamiento de Vera Candioti y de otro militar imputado en el caso, el teniente coronel Carlos Enrique Pavón, quien puso la niña a disposición del juez de Menores con una nota falsa porque tiene fecha de 4 de febrero de 1977, siete días antes del secuestro de los Cortassa.
[Emilio Ruchansky] Argentina. Por primera vez desde que se difundió la situación infrahumana de miles de peones golondrina, un informe oficial revela las prácticas sistemáticas de las empresas multinacionales que los explotan. Fue elaborado por la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia nacional y demuestra cómo son reclutados en su lugar de origen a partir de engaños y falta de información. Los que quieren irse al ver las pésimas condiciones son amenazados y presionados por capataces e ingenieros, desfloran maíz aunque estén enfermos y cocinan carne podrida por la que pagan el doble del precio de mercado. En el informe al que accedió Página/12 se habla de "trabajadores", siempre entre comillas, porque para los especialistas "en verdad son víctimas del delito de trata de personas".
Argentina. La llamada ‘Unidad de registro, sistematización y seguimiento de hechos de tortura y otras formas de violencia institucional’ fue creada por la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, a través de una resolución firmada en diciembre último.
Argentina. Luis María Vera Candioti, ex juez de menores de Santa Fe, se convirtió en el primer magistrado procesado por haber dado marco legal a la adopción ilegal de una hija de desaparecidos durante la dictadura. Es por el caso de la ahora nieta recuperada Paula Cortassa, quien sobrevivió al sangriento secuestro de sus padres Enrique y Blanca Zapata en febrero de 1977 y luego fue dada en adopción bajo el nombre María Carolina Guallane.