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rehén de la patota


El testimonio de Rodolfo Fernández Bruera. Rodolfo eludió el secuestro aquella noche, porque su hermano se escapó por los techos de la casa de Laprida 1788 para advertirle del peligro. Pero el padre estuvo 40 días detenido en el Servicio de Informaciones. Falleció hace cinco años.
[Sonia Tessa] Argentina. La vida de Rodolfo Fernández Bruera pendió de un hilo en la noche del 1º de julio de 1977. Su padre, José Esteban Fernández, fue el rehén que la patota eligió como anzuelo para obligarlo a entregarse. Rodolfo es hermano de Gonzalo, uno de los testigos del lunes en la causa Díaz Bessone. Rodolfo eludió el secuestro aquella noche, porque su hermano se escapó por los techos para advertirle del peligro. Pero el padre estuvo 40 días detenido en el Servicio de Informaciones. La larga espera de justicia por los delitos de lesa humanidad impidió que José Esteban pudiera testimoniar en primera persona lo vivido en el centro clandestino de detención. Murió hace cinco años. Su hijo ofreció ayer un documento escrito a máquina por el hombre, que tenía 60 años cuando lo secuestraron. En ese manuscrito hizo una minuciosa descripción física del SI, relató las torturas y simulacros de fusilamiento de prisioneros que escuchó, así como la relación con los guardias. Ese escrito pertenece a un hombre azorado con las arbitrariedades cometidas por el estado. Un hombre que vivió 40 días con gran temor de escuchar la voz de su hijo entre los "detenidos" que llevaba la patota al SI. Rodolfo fue el único testigo de la audiencia, que se suspendió al mediodía porque el juez Jorge Venegas Echagüe, uno de los integrantes del tribunal, estaba descompuesto.
Esa noche del 1º de julio de 1977, la patota llegó primero a la casa de los Fernández Bruera, en Laprida 1788, y luego trasladaron a José Esteban a su taller gráfico de Presidente Roca y Catamarca. "Requisaron todo el taller y a partir de ese momento mi padre termina detenido- desaparecido, porque no estaba legalizado, y mi hermano menor queda a cuidado de mi hermana mayor", relató ayer el testigo, que no llegó a su casa esa noche. "Si hubiese llegado a mi casa no estaría hoy aquí. Me venían siguiendo hacía entre 10 y 15 días. Esa noche fue el último vínculo con mi familia", siguió entregando su memoria para que forme parte del proceso judicial.
Al día siguiente, Rodolfo sabía que su padre había sido detenido. La opción de hierro que enfrentaba era entregarse o huir. "La opción primera fue la que traté de manejar. Me contacté con un pariente mío que tenía buena relación con la dictadura del momento y estimaba a mis padres", contó sobre lo vivido en aquellos días de angustia. A las 8 de la mañana, fue a la casa de ese familiar y lo puso al tanto de lo ocurrido. Le dijo que sí, que era militante montonero, trabajaba en prensa y hacía volantes. "Es algo muy peligroso. Esas palabras me hacían cargo de todo, no tenía nada que ocultar, yo siempre fui colaborador porque me costaba mucho asumir la violencia política, eran tiempos violentos pero yo no lo asumía. Hacía volantes, matrices de películas, ayudaba con eso. A partir del 25 de marzo del 76 viene un compañero a hacer algo y digo que sí, ahora sí. Las cosas cambiaron y empiezo a militar", contó ayer sobre su decisión política tras el golpe de estado. "Ellos cambiaron las reglas del juego y yo asumí todas las responsabilidades, por eso dije que asumía todo, que mi padre no tenía nada que ver", dijo frente al Tribunal presidido esta semana por Beatriz Barabani de Caballero. Por lo demás, Rodolfo llevaba una vida a plena luz: "Trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde y de ahí me iba a estudiar publicidad, también había estudiado ciencias económicas".
En aquella entrevista, Rodolfo le pidió a su familiar que hiciera "todo lo posible por salvar" a su padre, y afirmó que se entregaría. Esa misma persona le confirmó que su padre era un rehén, que lo querían a él. Y Rodolfo le preguntó si garantizaban su vida. "No", fue la respuesta que recibió. Mientras tanto, ahora sí escondiéndose, Rodolfo mantenía comunicaciones telefónicas con su hermano mayor, que un día le dio una opinión gravitante. Le dijo que se presentara si quería, en Balcarce y Córdoba, en el Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, y le dio el nombre de un teniente coronel ante el que debía presentarse. "Eso te lo digo formalmente, pero como hermano te digo que tomes distancia porque te quieren muerto. De papi nos encargamos nosotros". Esas fueron las palabras de Diego, su hermano mayor. Tras la audiencia, Rodolfo habló con Rosario/12 sobre el eterno agradecimiento a su familia.
Otra de las pruebas que el testigo aportó a la causa fue una nota del diario La Capital, publicada el 8 de julio de 1977, en la que se hablaba de un taller con "material extremista". Después de su detención, al padre lo obligaron a firmar que había encontrado su comercio en perfectas condiciones, pero lo habían saqueado y jamás pudo reabrirlo. Aunque José Esteban intentó explicarles a los represores que no se trataba de una imprenta, no hubo forma de que lo entendieran.
"Lo bueno de este relato es que uno lo puede contar, muchos otros no pueden. De esta historia del 76 en adelante vamos a saber el 15 o el 20 por ciento de la verdad. El resto lo perdimos con los desaparecidos y el tiempo que nos llevó replanteando el tratamiento de esta verdad, aquí se consiguió y es un avance de la justicia y para nosotros es importante", dijo Rodolfo en la audiencia. Su testimonio terminó con un agradecimiento por "la oportunidad para relatar un pedazo de esta historia".
Más tarde, cuando se iba del Tribunal acompañado por su familia, su esposa, Gioconda, quiso decir lo suyo: "Después de 30 años, esto está a flor de piel. Uno siente que otra vez están poniendo la piel, el cuerpo. Los ves ahí a ellos, y nos podemos cruzar en cualquier momento en esta ciudad con los acusados".
10 de febrero de 2011
9 de febrero de 2011
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el taller de josé


" Gracias a la circunstancias o el destino, todos seguimos vivos después".
Argentina. Gonzalo Fernández Bruera tenía 16 años el 1º de junio de 1977, cuando la patota irrumpió en su casa de Laprida 1877. Los encontraron a él y a su padre, José Esteban, pero buscaban a Rodolfo, uno de sus hermanos. Los represores, de civil, estuvieron en su casa durante unas horas y después se llevaron al padre, que tenía 60 años y era propietario de un taller de fotograbado, el proceso previo a la impresión, que no tenía máquinas para imprimir. Gonzalo supo que si su hermano llegaba durante las horas de permanencia de la patota, sería hombre muerto, así que aprovechó un descuido para escaparse y advertirle. La suerte quiso que pudiera avisarle antes de llegar a la casa, y Rodolfo pudo escapar.
Pero su padre fue llevado como rehén al Servicio de Informaciones, donde permaneció durante 40 días, lapso que la patota aprovechó para destruir el taller. "Siempre lo quisieron tener para que se entregara mi hermano. Sabía mi papá que la entrega significaba muy probablemente la muerte de mi hermano. Lo mejor que pudo pasar fue que él pudiera escapar. Gracias a la circunstancias o el destino, todos seguimos vivos después", dijo ayer Fernández Bruera, quien recordó que el interventor de la policía rosarina, Agustín Feced, amenazó a su padre con quemarlo dentro de su taller. Esa amenaza fue gravitante para que, una vez en libertad, el hombre decidiera abandonar el comercio.
9 de febrero de 2011
8 de febrero de 2011
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declaró esther bernal


Esther Bernal, torturada en el SI, ofreció un testimonio contundente: "El sótano era un lugar siniestro". Fue secuestrada por una patota de 15 represores. "Quiero que tengas el valor de mirar a quien sobrevivió a tus torturas", le dijo a Marcote -uno de los acusados- y le arrojó un vaso de agua.
[Sonia Tessa] Argentina. Esther Cristina Bernal viajó desde Misiones, donde vive, para contar de su secuestro y el de su hija de 3 años, el 17 de agosto de 1977. Detalló las torturas que sufrió desde el mismo momento en que le arrancaron a su hija de los brazos, imploró a los jueces que hagan justicia, manifestó su desazón porque los imputados están en libertad y reivindicó su identidad política peronista. Cuando terminó, se paró frente a uno de los imputados, Mario Alfredo Marcote, y lo increpó: "Quiero que me mires, que tengas el valor de mirar a quien sobrevivió a tus torturas". El torturador conocido como "El Cura" se mantuvo imperturbable, sin levantar la vista. Mientras los gendarmes se acercaban a la testigo para cumplir con la orden de desalojarla, Bernal atinó a vaciar el agua del vaso del abogado defensor sobre el cuerpo de Marcote. Más de uno de los presentes en la sala se levantaron a aplaudir la actitud. Por eso, al retomar la audiencia, cuatro personas del público no pudieron reingresar. El relato de Bernal, el primero del día de la reanudación de las audiencias por la causa Díaz Bessone en el Tribunal Federal Oral número 2 fue desgarrador. Tuvo unas palabras para la actual jueza federal Laura Inés Cosidoy, cuyo comportamiento calificó de "macabro" como "defensora oficial entre comillas", cuando ella estaba presa en la cárcel de Devoto.
A Bernal la secuestraron en su casa, junto a su hija. La llevaron al Servicio de Informaciones, y una vez en la sala de torturas, le arrancaron a la niña. "El momento más terrible es cuando tiran de mi hija, que se aferró a mí y yo a ella, hasta que decido soltarla porque la estaban lastimando", relató. También contó que recién hace dos días -cuando hablaron ante la inminente declaración judicial supo qué había vivido su hija durante las horas (entre 24 y 48) que estuvo retenida ilegalmente en el SI. En cambio, Bernal pasó cinco años y medio privada de su libertad.
A secuestrarla fue una patota de más de 15 personas, comandada por el Vasco, apodo de Ovidio Marcelo Olazagoitia. Entre sus torturadores, recordó a "Managua" (Ernesto Vallejo), "El Sargento" (Ramón Rito Vergara, uno de los imputados en la causa), "El Ciego" (José Rubén Lofiego, otro imputado), Marcote, otro que ella mencionó como "Carlitos Baravalle", y que podrían ser dos personas diferentes, así como "el Armero". El jefe de la patota, Feced, presenció la tortura con picana eléctrica y golpes. El objetivo de los tormentos era que firmara una declaración que ya estaba elaborada. Tras la picana, la llevaron a una habitación donde Feced, Lofiego y Marcote la interrogaron a cara descubierta. La alojaron en la rotonda, en el SI. Luego, la llevaron al sótano, al que recordó como "el lugar más siniestro que alguien pueda idear o imaginar". "Estaban los torturadores, bajaban, subían, había gente que estaba colaborando con ellos, como el Pollo (Héctor Baravalle) y la mujer (Graciela Porta). No se sabía quién era quién. Era algo totalmente macabro. De ahí se salía para la visita entre la gente que estaba tirada, escuchábamos cuando se torturaba y también cuando la patota festejaba porque había traído una persona", rememoró Bernal.
Lo que recordó como "el summun" fue el día que "Feced organizó un banquete". Era el 5 o 6 de septiembre, en vísperas del día del montonero. "Bajó al sótano, les pidió a todos los presos que le pidieran bebidas y comidas a los familiares. Iba a hacer una cena para celebrar el triunfo sobre la subversión, y nos obligó a los presos a estar presentes. Dijo que había vencedores y vencidos, que él era el vencedor y nosotros, los presos, los vencidos. Pero faltaba algo más, que iba a coronar su triunfo, y era el fusilamiento de siete compañeros", fue el impactante relato de Bernal. Más tarde, recordó por qué estaba segura de que había sido así: habían llevado a un hombre mayor, por error, que fue testigo de los fusilamientos. En tanto, contó: "Era una rutina tremenda que cada vez que pedían ropa era porque estaban por bañar a alguien porque lo iban a fusilar. Ese día nos pidieron ropa para siete. Nos pidieron que nos retiráramos para bañarlos, que era la rutina de todo fusilamiento. No aparecieron nunca más", siguió la testigo. Entre los desaparecidos de ese día estuvieron Finkelman y Esteban, con quienes Bernal había compartido cautiverio en la rotonda.
En la extensa declaración, la testigo hizo más de una apelación al estado de libertad de los imputados. Les preguntó a los jueces cuántas personas tenían que declarar para condenarlos. También describió la actuación de la actual jueza Cosidoy, al contar que presionaba a sus familiares para que la obligaran a ella -presa en la cárcel de Devoto a firmar un arrepentimiento. Les decía que era la forma de conseguir la libertad, o al menos mejores condiciones de detención. Porque Bernal se negaba a arrepentirse, estuvo "cinco años y medio" sin tocar a su pequeña hija. "Este plan sistemático ilegal tenía otras patas, como la justicia. Una pata muy fuerte era Cosidoy", dijo la testigo.
Cuando habló de los efectos de la represión ilegal sobre su hija, fue un momento especialmente conmovedor. "Me enteré hace dos días adónde estuvo mi hija, porque hace 34 años que mi hija no puede hablar de esto", dijo la testigo, que hizo un largo silencio porque lloraba. "¿Qué les puedo ofrecer para curar las heridas a mi hija y a todos los que sufrieron como ella? Yo creo que este daño tiene que ser evaluado por el Tribunal".
Antes de irse, se acercó a Marcote, le gritó que la mirara a los ojos, y le tiró agua. Norma Ríos, Inés Cozzi y Mónica Garbuglia, que estaban en el público, se pararon a aplaudir. Pablo Álvarez gritó "cagón".
9 de febrero de 2011
8 de febrero de 2011
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declaró borda osella


Declaración de Borda Osella. Feced, su tío.
Argentina. Graciela Borda Osella es infaltable en la puerta de los Tribunales Federales, cada uno de los días de audiencias por la causa Díaz Bessone. Con paciencia, documenta con fotos los "aguantes", el espacio de acompañamiento a los testigos que sostienen integrantes del Espacio Juicio y Castigo. Después las sube a la red social facebook. Ayer, muy temprano a la madrugada, escribió en su muro: "Esperé 33 años y por fin es hoy". Poco después de las 12, fue su turno para sentarse en el tribunal. Contó que era sobrina del entonces interventor de la policía rosarina, Agustín Feced, ya que el represor era primo hermano de su padre. Graciela estaba embarazada de dos meses cuando fue secuestrada junto a su esposo y Mercedes Sanfilippo, a la que recordó como "una hermana". Cuando fueron a buscarlos a su casa, ella dijo del parentesco con el mandamás del Servicio de Informaciones. Por eso, la llevaron con mejores modales. Una vez en el centro clandestino de información, dijo que estaba embarazada, y le dieron una silla. "La escuchaba a Mercedes que gritaba que nos dejaran tranquilos, que no teníamos nada que ver", relató ayer, para contar que luego la mantuvieron en la rotonda, donde estuvo con su amiga y Cristina Bernal, la otra testigo de ayer. A las pocas horas de estar en el lugar perdió el embarazo.
"A la noche me llevaron a ver a mi tío, que se cansó de hablar mal de mi padre, de decir todo lo que le iba a hacer. Me preguntó por Mercedes y me dijo que cómo me metía con esa gente. Yo le dije: ’Pero tío, cuando fue el golpe la tuviste 48 horas detenida y después la largaste, no me digás que es guerrillera’", relató ayer su surrealista relato con el represor, al que siempre llamó "mi tío".
Feced despotricó contra el padre de la testigo, le dijo que era comunista. "’Tío, si vos te afiliaste con él a la Juventud Comunista’", le dijo Borda Osella. "Yo haciéndome la que no entendía nada. Creo que me creyeron, no sé. Me pasaron a una habitación con mi marido", continuó su relato. Estuvieron detenidos 6 días. Antes de ser liberada, se le acercó un hombre que hablaba como cura, que le decía que su detención había sido un error y que no se lo contara a nadie para no tener más problemas. Casi una amenaza. Sin embargo, ella le dijo que era la primera persona que la trataba bien, y le pidió verle la cara. El hombre le bajó la venda. Según contó ayer la testigo, en 1984 vio una foto del sacerdote Eugenio Zitelli en el diario La Capital, y era "idéntico" a aquel que le habló en el SI.
Junto a su marido, Graciela fue liberada el 25 de agosto a la madrugada. "Teníamos un miedo tremendo, porque habíamos oído hablar de que mataban gente simulando la fuga", relató ayer. Durante mucho tiempo, un represor que había conocido en el SI -"el Picha" la "visitó" en distintos lugares para hablar. Según relató ella ayer, fue él quien le contó que "a (Jorge Luis) Francesio lo habían fusilado en enero en Santa Fe". Francesio está desaparecido desde septiembre de 1977. Aunque Borda Osella no mencionó ayer más que el nombre de pila del represor, se trata de Eduardo Dogour.
Cuando se iba, Graciela se paró frente a los represores que siguen el juicio en la sala -Vergara, Marcote y Ricardo Chomicky y les gritó: "Encantada de verlos acá".
9 de febrero de 2011
8 de febrero de 2011
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piden perpetua para patti


La Secretaría de Derechos Humanos pidió prisión perpetua en cárcel común para Luis Patti y otros represores. El ex intendente de Escobar fue acusado por el asesinato de Gastón Gonçalves y otros delitos de lesa humanidad. Como los abogados de las víctimas, la Secretaría de Derechos Humanos enmarcó la acusación en un genocidio y pidió que la figura se incorpore a la ley.
[Alejandra Dandan] Argentina. La acusación a Luis Abelardo Patti está a punto de terminar. Ayer, a un día de la última jornada de alegatos, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación acusó al ex intendente de Escobar del asesinato de Gastón Gonçalves, entre otros cargos, y pidió para él y el resto de los represores imputados la pena de prisión perpetua en cárcel común. Tal como sucedió con las querellas de los familiares de las víctimas, la secretaría presentó la acusación en el "marco de un genocidio". Para eso amplió los fundamentos que hasta ahora viene repitiendo en los pedidos de condenas y exhortó además al Congreso a "adecuar definitivamente nuestra legislación positiva interna a los tratados internacionales que el Estado argentino ha ratificado".
El juicio volvió a empezar en el auditorio municipal de José León Suárez, en medio de un descampado, a dos cuadras de donde los cartoneros del Tren Blanco cuentan con las guarderías para los niños y sobre el mismo lugar que hace años recorrió uno de los testigos del juicio, a horas de los fusilamientos del ’56. Nuevamente, Patti estuvo ausente de la sala. La jueza Lucila Larrandart lo nombró cuando el único de sus dos abogados que estuvo en la audiencia de pronto desapareció de la silla para ir al baño. "¿Dónde está la defensa de Patti?", preguntó impetuosa la presidenta del Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín y, ante la novedad, ordenó un cuarto intermedio en la sala.
Antes del alegato de la Secretaría de Derechos Humanos, los abogados Ana Oberlin y Pablo Llonto terminaron la acusación que habían empezado el jueves pasado. Como representantes de las familias de Gastón Gonçalves, los hermanos Guillermo y Luis D’Amico y Diego Muniz Barreto, los abogados presentaron las pruebas del caso del ex diputado: su secuestro, la detención ilegal en la comisaría de Escobar, las torturas, el traslado al centro clandestino de Campo de Mayo y el homicidio dentro de un auto que arrojaron al río. Al terminar, Ana Oberlin –como hizo luego la Secretaría de Derechos Humanos– pidió prisión perpetua en el marco de un genocidio para los cinco imputados: Patti, Fernando Meneghini, Martín Rodríguez, Reynaldo Bignone y Omar Riveros. Como publicó ayer este diario, acusó a Patti por el homicidio agravado por alevosía de Gastón Gonçalves, y además por privación ilegal de la libertad agravada en los casos de Gonçalves, Muniz Barreto, los hermanos D’Amico y sus padres; aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos; y allanamiento ilegal de la casa de los D’Amico. Para todos pidió cárcel común y la suspensión de los beneficios de la jubilación. Antes del final dejó los papeles a un lado y habló cara a cara con el Tribunal. "Espero –les dijo–- que haya tenido sentido todo esto para todos los testigos que valientemente se acercaron a contar todo lo que vivieron, a conectar las piezas de este rompecabezas... Esperamos que haya tenido sentido que los familiares hayan venido a todas las audiencias y se hayan sentado a escuchar una y otra vez las cosas terribles que pasaron con sus familias." Agregó que esto no va a hacer que la ausencia cotidiana de las víctimas deje de pesar; "eso es parte de lo irreparable. Pero lo que sí se puede hacer es devolverles a sus familias la credibilidad: demostrarles que ustedes, señores jueces, no son un nuevo eslabón en la cadena de impunidades o de mentiras que sufrieron todos estos años. Por eso les pedimos que la sentencia esté impregnada de memoria y de verdad y, sobre todo, de una vez por todas, de justicia."
Ciro Annicchiarico y Rosario Alvarez Garriga presentaron después la acusación de la Secretaría de Derechos Humanos en "nombre de todas las víctimas del terrorismo de Estado que hubo en el país". Annicchiarico, que ya había acusado "en el marco de un genocidio" cuando estuvo al frente de la querella en el caso de Floreal Avellaneda, agregó en esta ocasión nuevos fundamentos. Entre ellos, parte de las lecturas que están revisando las definiciones del Estatuto de Roma y de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Por caso, la lectura del francés Yves Ternon y el argentino Daniel Feierstein, cuyas miradas permiten ampliar la restringida categoría del "grupo nacional" como víctima necesaria para configurar el delito de genocidio, para pensar en cualquier grupo de un país o nación, donde la característica de "grupo" es determinada por el violador o represor, según sintetiza Annicchiarico a pedido de Página/12. "Es el agresor el que determina cuál es el grupo", dice, en un esquema en el que sigue la interpretación que abrió el juez Baltasar Garzón en el fallo "Pinochet", seguido por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata en las sentencias de los casos "Etchecolatz", "Von Wernich" y "Unidad Nº 9".
Para el caso argentino, y a partir de esas lecturas, dijo el abogado, "el plan sistemático de exterminio estuvo dirigido a la destrucción de una parte, un grupo diferenciado de la Nación argentina, caracterizado por los perpetradores como ‘delincuentes subversivos’, opositores al régimen, quienes, según los agentes del Estado terrorista, amenazaban el modo de existencia ‘occidental y cristiano’". Pretendieron "destruir los lazos de solidaridad y protesta social, para la imposición de nuevas relaciones caracterizadas por la atomización y el individualismo, en el marco de un determinado modelo económico social". Esa descripción, según el abogado, permite decir que los delitos de lesa humanidad cometidos en el país se perpetraron en el marco de un genocidio, pero hasta tanto no haya legislación positiva, a su criterio, no puede acusarse a los represores por genocidio. Eso que sí hizo la fiscalía de Alejandro Alagia en la causa "Atlético-Banco-Olimpo" no fue reproducido en este caso por dos razones. Primero, explicaron, porque los acusados no fueron indagados por ese delito. Y segundo, porque no está prevista la pena. Aun así, lo que se pidió intenta abrir los caminos que faltan recorrer: "Queremos que el tribunal reconozca que hubo un genocidio en la Argentina".
9 de febrero de 2011
8 de febrero de 2011
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dónde está lópez 47


No hallaron rastros de Julio López. Ayer continuó sin resultados la búsqueda en la estación Pereyra de La Plata. Tras la aparición de un nuevo testigo, la fiscalía volvió a revisar la zona examinada la semana pasada. Pese a la citación judicial, siguen sin presentarse el informante y el abogado que aportaron los primeros supuestos datos.
[Adriana Meyer] Argentina. Tras el fracaso de la semana pasada en la búsqueda de Jorge Julio López en base a información aportada al Ministerio de Seguridad bonaerense por un supuesto testigo, ayer la fiscalía volvió a revisar un sector cercano a la estación Pereyra. Es que esa repartición pública acercó un nuevo testigo que dijo haber visto tierra removida hace dos años a pocos metros de la parada ferroviaria ubicada en el Parque Pereyra Iraola. Una vez más, los expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) revisaron el lugar con elementos de alta tecnología, pero el resultado volvió a ser negativo. Mientras tanto, ni el testigo cuyos dichos impulsaron el operativo del martes pasado ni su mediático abogado se presentaron a la citación oficial de la Unidad Fiscal Especial de Derechos Humanos, ni lo harían en las próximas horas, porque dicen no tener "garantías".
El viernes pasado, cuando el fiscal Hernán Schapiro se disponía a cerrar el procedimiento que había durado tres días, el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Ricardo Casal, se comunicó con el fiscal federal Carlos Dulau Dumm, de la misma Unidad Fiscal, porque había aparecido otro testigo que estaba en camino. Un señor que había bajado en la estación Ringuelet pasó por Pereyra y al ver el gran despliegue recordó que dos años antes había visto allí un montículo de tierra removida, a unos 40 metros por un camino de asfalto, pero en medio del monte. Apenas bajó del tren comentó esto a un guardia, que a su vez lo hizo llegar al 911. Según explicó a Página/12 una fuente del caso, el hombre vive en la zona y tuvo la buena intención de colaborar.
En el lugar que marcó había un árbol caído, lo que en principio dificultó las tareas ordenadas por la fiscalía, con la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Federal, pero finalmente los miembros del EAAF excavaron en cuatro o cinco puntos marcados por el georradar. Encontraron diversos elementos, como una parrilla, pero nada de interés para hallar a López. La jornada había comenzado con otra llamada de Casal en la que decía tener datos aportados por una nieta recuperada, pero a la tarde la información ya provenía del nuevo testigo. Por su parte, familiares del albañil desaparecido pidieron "cautela" en el manejo de la información, para no repetir la ansiedad que vivieron en el anterior procedimiento, que había comenzado con la noticia en un portal de Internet y en la conferencia de prensa de Casal y el gobernador Daniel Scioli en la Casa de Gobierno provincial.
En la noche del viernes apareció en televisión alguien que se hizo llamar "Facundo", acompañado por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten. Además de afirmar que "Julio López está muerto y enterrado en esa estación de trenes", que creía que lo secuestraron por haber acusado al genocida Miguel Etchecolatz y que obtuvo el dato de una persona de su confianza, que a su vez lo supo "de las internas de la Policía Bonaerense", opinó que los investigadores no estaban buscando en el lugar que él había indicado. Durante el fin de semana, en otra entrevista, especificó que López estaría "debajo de las baldosas de la estación". Página/12 confirmó que en los operativos, además del georradar, se usó un GP 200 que aportó la Aduana, que detecta moléculas de sangre, también participaron bomberos y perros, más allá del perímetro señalado. La fuente consultada enfatizó que "se buscó exhaustivamente en toda la estructura de la estación, y donde el testigo apuntó es donde más se buscó, sólo que no se vio por televisión".
9 de febrero de 2011
8 de febrero de 2011
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rodaron cabezas en la bonaerense


La comisaría de José León Suárez fue intervenida y quince policías fueron separados de la fuerza. El gobierno provincial puso a disposición de la Justicia a quince efectivos que participaron de la represión en el presunto intento de saqueo a un tren la semana pasada.
[Carlos Rodríguez] Argentina. A cuatro días de los sucesos de José León Suárez, el gobierno bonaerense resolvió intervenir la comisaría cuarta de esa localidad y puso "a disposición de la Justicia" a quince de los policías que participaron en los sucesos que terminaron con el asesinato de dos jóvenes y en los cuales resultó herido de gravedad un tercero que continúa internado en terapia intensiva. El anuncio fue realizado por el ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, quien anunció que hoy se reunirán con familiares de las víctimas. Fuentes allegadas a la investigación le dijeron a Página/12 que hay al menos un par de testigos de identidad reservada que podrían aportar datos sobre cómo fue la represión policial. Las autopsias habrían determinado que los dos chicos muertos, Franco Almirón, de 16 años, y Mauricio Ramos, de 17, fueron asesinados "desde una corta distancia" con disparos de postas de plomo de las que se utilizan en las escopetas calibres 12/70 que usan habitualmente los policías de la provincia de Buenos Aires.
"Hay muchos testimonios que desvirtúan lo dicho por la policía en el sentido de que hubo un enfrentamiento armado con personas que querían robar el tren que había descarrilado. Es posible que haya habido algunas personas que se acercaron a los vagones con fines de robo (existe un video presentado como prueba), pero lo que está confirmado por los testimonios es que los tres chicos que fueron víctimas no tuvieran nada que ver ni con los robos ni con ningún supuesto enfrentamiento", declaró una fuente del barrio De la Cárcova, que hace de nexo entre los familiares de los chicos asesinados y la prensa.
Algunos vecinos se reunieron ayer con el fiscal Raúl Soracco, uno de los que está al frente de la causa, quien estuvo trabajando en el barrio durante toda la jornada. "Las reuniones con los fiscales tienen que ver con la presentación de testigos presenciales, cuyos nombres se preservan por razones de seguridad. Hay mucho miedo entre la gente del barrio y por eso hay que manejarse con mucho criterio", precisó otro de los voceros que colaboran con los vecinos. Mañana, durante la marcha que se realizará a partir de las 17 serán inaugurados dos monolitos para recordar a los chicos asesinados el jueves.
Ayer se conoció la decisión del gobierno bonaerense de intervenir la comisaría cuarta y de "poner a disposición de la Justicia a 15 policías" que participaron en la represión que siguió al descarrilamiento del tren de carga de la empresa Nuevo Central Argentino (NCA). Siete vagones de los 32 salieron de las vías en el cruce con el canal José León Suárez. Esto ocurrió a las 14 del jueves y una hora y media después comenzó la represión policial. Según dijeron los ahora ex jefes de la comisaría cuarta y el ministro Casal, los policías "repelieron el ataque perpetrado por una banda organizada que hizo descarrilar el tren con fines de robo". Ese punto, el de si fue un descarrilamiento provocado o accidental, todavía no fue determinado fehacientemente por la Justicia.
Hoy se reveló la existencia de un video, realizado con un celular, en el cual se ve correr a muchos jóvenes hacia el tren descarrilado. Las imágenes señalan la presencia de armas de fuego en manos de dos o tres personas que se están acercando al lugar del descarrilamiento. Desde el comienzo los vecinos del barrio denunciaron "la existencia de ‘transas’" presuntamente vinculados a la policía local "que podrían haber tirado, pero esto no tiene nada que ver con los tres chicos que fueron baleados". Al principio, la policía dijo que hubo heridos de bala entre sus filas, pero eso fue desmentido por los fiscales del caso.
El ministro Casal aseguró que hay patrulleros que recibieron balazos "en los baúles, en las puertas y en los vidrios". Por ahora, al menos a nivel periodístico, no se han mostrado imágenes de esos móviles policiales. Los testigos presenciales del barrio le dijeron a Página/12 que hubo tres lugares desde los cuales dispararon los policías bonaerenses. "Primero lo hicieron desde unos montículos que hay a unos 15 metros de las vías, cerca de un ‘cementerio’ de autos robados que hay en la zona. Luego dispararon contra el barrio desde arriba de los durmientes de las vías y también hicieron disparos los ocupantes de al menos dos motos del puesto caminero del Camino del Buen Ayre, que en un momento dado entraron al barrio", le comentaron a este diario fuentes cercanas a las familias afectadas.
"A mi hijo lo mató la policía y lo único que quiero es que se haga justicia", le dijo a este diario la madre de Mauricio Ramos.
El ministro Casal adelantó que hoy varios funcionarios se reunirán con los familiares de las víctimas, aunque la mamá de Ramos le dijo a este diario que no había tenido "ningún contacto" para invitarla a ese encuentro. Según Casal, a la reunión irían funcionarios de su cartera y el jefe de la Policía Bonaerense, Juan Carlos Paggi. Estarán presentes el subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales, César Albarracín, y el titular del Centro de Protección de los Derechos de las Víctimas, Alberto Palacio, quien ya estuvo antes en el barrio.
Al frente de la seccional cuarta, que fue intervenida, quedó designado el comisario inspector Claudio Ignacio Chirino. El ministro Casal precisó que, a través de Asuntos Internos, se dispuso la "desafectación del suboficial que reconoció haber disparado con otros cartuchos (se refiere a los de plomo) no autorizados". El uniformado quedó a disposición del fiscal general de San Martín, Marcelo Sendot. De todos modos la sanción contra ese oficial y contra los otros 15 que fueron declarados en disponibilidad preventiva son simples "medidas administrativas, porque por ahora procesalmente la Justicia no ha tomado ninguna medida en contra de ningún policía". Lo que se hizo fue secuestrar las 45 armas cortas y largas en manos de los uniformados que estuvieron el jueves en José León Suárez. Todos ellos fueron identificados.
Casal comentó ayer que hay otros 15 desafectados "a la espera de la resolución judicial". De acuerdo con los resultados de las autopsias, los chicos asesinados presentaban "impactos de postas de guerra (plomo) que fueron disparadas con escopetas calibre 12/70", de uso habitual entre los policías bonaerenses. La fiscalía ya les tomó declaración a unos cincuenta testigos, entre ellos a una mujer que bajo identidad reservada aportó "datos de importancia sobre la actuación policial".
Lo que trascendió es que la testigo dijo que "al principio llegaron unos pocos policías que tiraban gases lacrimógenos y postas de goma, pero enseguida se fueron y llegaron otros que, cuando los incidentes llevaban unas dos horas, comenzaron a disparar con perdigones de plomo". En ese momento, recién habría intervenido "un grupo de ‘transas’", que se dedican en el barrio al tráfico de drogas, que habrían disparado contra los policías. Los vecinos tienen miedo de hablar porque "acá o te mata la policía por nada o los ‘transas’ te queman la casa".
9 de febrero de 2011
8 de febrero de 2011
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por más justicia histórica


Se reanudan las declaraciones en los juicios por la causa Díaz Bessone. A partir de las 8 en el Tribunal Oral Federal Nº2 de Rosario declararán los testigos y querellantes de la primera audiencia del año. En la puerta del edificio de Oroño 940 habrá una muestra de fotos y recuerdos de las víctimas.
Argentina. "Justicia, respeto y cárcel común". Con esos tres pedidos por parte de familiares, sobrevivientes, testigos y querellantes, retoma hoy el juicio a represores de la última dictadura militar, en el marco de la causa Díaz Bessone. Los mismos se llevan adelante en el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario, de Boulevard Oroño 940. Mientras adentro de la sala, a partir de las 8, declararán los testigos y querellantes de la primera audiencia del año, afuera habrá una muestra con paneles itinerantes. "Son fotos y recuerdos: retazos de las vidas de nuestros compañeros que ya no están, pero nos dan fuerza en cada asistencia al Tribunal. Queremos que la gente los conozca, les vea las caras y se enteren que eran hombres y mujeres tan jóvenes, dispuestos a luchar y comprometerse", dijo a Rosario/12 Elida Luna, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas.
Al ser consultada sobre qué espera para este nuevo año del juicio, que se extenderá hasta junio o julio, apuntó directamente a los magistrados: "Que no sean tan condescendientes con los imputados", pidió. Luna aseguró que el año pasado fue "muy duro", aunque consideró que "se avanzó mucho". En ese sentido señaló: "Ahora se puede entender lo que queríamos decir cuando pedíamos por estos juicios". Por su parte, y tras los intentos frustrados de que los imputados permanecieran encerrados en el transcurso de las audiencias, Laura Ferrer, querellante de la causa y miembro del Espacio Juicio y Castigo, aseguró: "Vamos a seguir insistiendo para que los metan presos".
Para que estos represores sean condenados, se tomará declaración a más de 180 testigos. Los cinco imputados, son juzgados por los delitos de lesa humanidad cometidos en el mayor centro clandestino de detención de la dictadura en Santa Fe: el Servicio de Informaciones de la ex Jefatura de Policía de Rosario.
En este primer juicio, se juzgan crímenes de lesa humanidad cometidos contra 94 personas que sufrieron secuestro, privación ilegítima de la libertad y torturas, de las cuales 17 fueron desaparecidas y asesinadas. Se trata del accionar de Ramón Genaro Díaz Bessone (oficial superior y ex Comandante del II Cuerpo de Ejército), José Rubén "El ciego" Lofiego (oficial principal de la Policía de Santa Fe), Mario Alfredo Marcote (oficial de la Policía de Santa Fe), Ramón Rito Vergara (suboficial de la Policía de Santa Fe), José Carlos Antonio Scortechini (comisario principal de la Policía de Santa Fe) y Ricardo Miguel Chomicky (civil). Todos son juzgados por el tribunal compuesto por los magistrados Otmar Paulucci, Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echagüe.
A un mes y medio del receso, que comenzó el 22 de diciembre pasado, Ferrer señaló que durante este tiempo "hubo miedo, bronca e impotencia ante la falta de detención" de los imputados, que "al haber pasado 34 años, ya se sabe que ellos son los culpables". Por su parte, Luna agregó: "Esperamos que se respete a los testigos y querellantes con respecto a los horarios. Y que los jueces no sean tan condescendientes con los represores, en cuanto a que estén en salas apartadas, porque creemos que tienen que estar ahí".
A modo de balance del año anterior, en el inicio del juicio, Luna sostuvo que "fue muy duro". "A pesar que nosotros venimos trabajando durante tanto tiempo, y todo lo que dicen los compañeros ya está escrito después de tantos testimonios, es muy importante escucharlos, estar con ellos, y eso a la vez es muy duro", aseguró. Sin embargo, remarcó: "Creemos que se ha avanzado muchísimo en cuanto a que se puede entender lo que queremos decir, y lo que queríamos decir cuando pedíamos estos juicios. Esperemos que los jueces estén a la altura y se les den condenas que se merecen a los cinco represores. Todos, incluido el civil --dijo en referencia a Chomicky-- porque para nosotros es tan responsable como los otros. Esperamos que sean condenas con cárcel común, perpetua y efectiva. Tenemos que seguir avanzando porque es la forma de composición de la democracia".
Con la firme idea de "acompañarse y apoyarse" entre los compañeros, Luna aseguró: "Estamos muy orgullosos de quienes fueron nuestros compañeros, hombres y mujeres tan jóvenes, dispuestos a luchar y a comprometerse". En ese sentido, la muestra itinerante que se montará frente al Tribunal contará con "paneles hechos por cada uno de los familiares de nuestros compañeros, quienes depositaron su confianza en nosotros para que los saquemos a la calle y que toda la sociedad pueda ver en ellos la historia de vida de esa época: cuando eran pequeños, cuando iban a la escuela, cuando fueron creciendo, cuando eran adolescentes, cuando se casaron y mientras las mujeres estaban embarazadas". Las fotos "también reflejan el compromiso militante de los queridos desaparecidos y asesinados por quienes en este momento están siendo juzgados".
9 de febrero de 2011
7 de febrero de 2011
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