pruebas sepultan a patti
La acusación contra Patti por el homicidio de Gastón Gonçalves. Los abogados querellantes Ana Oberlin y Pablo Llonto presentaron un amplio cúmulo de datos que señalan a Luis Patti por el crimen del militante de Montoneros en 1976, así como por su secuestro, las torturas que sufrió y el ocultamiento de su cuerpo.
[Alejandra Dandan] Argentina. Las pruebas se habían escuchado durante todo el juicio. Sin embargo, en la última audiencia, cada una de esas voces quedó encastrada en un relato abrumador y cargado de datos contra el represor Luis Abelardo Patti. Las querellas representadas por Ana Oberlin y Pablo Llonto conectaron el cúmulo de pruebas para acusar a Patti por el homicidio de Gastón Gonçalves, el militante de Montoneros secuestrado el 24 de marzo de 1976 y cuya muerte era uno de los elementos más difíciles de probar. "Patti tuvo en el contexto del terrorismo de Estado la oportunidad de asesinar a Gastón Gonçalves tal y como lo venía amenazando", dijo Ana Oberlin. Patti lo secuestró, lo torturó y fue el responsable de ocultar el cuerpo durante veinte años en una fosa de NN en Escobar. "No hay otra explicación posible, lo que sumado a la abrumadora prueba producida y reseñada nos da la plena certeza de su autoría."
Los alegatos de las querellas particulares empezaron el jueves pasado en el auditorio municipal de José León Suárez. El Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín sigue la etapa oral del juicio a Patti, el ex comisario Fernando Meneghini, el torturador Martín "El Toro" Rodríguez, Reynaldo Bignone y Omar Riveros. Pablo Llonto y Ana Oberlin representan a las familias de las víctimas, y abrieron la audiencia que continuará hoy con los alegatos de otros organismos de derechos humanos. El primer día, al comenzar, Llonto hizo dos pedidos clave: exhortó al Tribunal a acusar por genocidio y a ordenar a los jueces de primera instancia instruir las causas de lesa humanidad como homicidios, un reclamo de un sector de los organismos de derechos humanos que, ante la ausencia de los cuerpos de desaparecidos, en la mayoría de los casos no pueden acusar por homicidio.
Oberlin empezó a presentar luego el cúmulo de 125 pruebas de cada acusación. Pruebas que, con el correr del juicio, "han conmovido totalmente el estado jurídico de inocencia en el que Patti, Meneghini, Rodríguez, Bignone y Riveros se encontraban antes de la realización de este proceso", dijo. A la luz de esos nuevos elementos reconstruyó los secuestros, ejecuciones o desapariciones de Gonçalves, los hermanos Guillermo y Luis D`Amico y empezó con el caso del ex diputado Diego Muniz Barreto, suspendido por un cuarto intermedio hasta la audiencia de hoy.
Con Gonçalves consolidó a Patti en el homicidio. Presentó al Rengo, como le decían por un accidente en la pierna. Habló de su militancia en Montoneros, de la conducción de la Unidad Básica de Garín desde 1972, de las reuniones en Escobar y de cómo a partir de su trabajo social en los barrios pobres de Garín era reconocido por su compromiso y militancia. "En varias oportunidades, debido a sus actividades políticas y sociales, fue amedrentado y amenazado de muerte por el acusado Patti –dijo Oberlin–. Además, antes de su desaparición, en diversas ocasiones fue detenido por razones políticas en dependencias policiales."
Hasta ahora se hablaba del secuestro de Gastón Gonçalves sin decir claramente lo que sí dijo el alegato: a Gastón Gonçalves lo secuestró Luis Abelardo Patti en las primeras horas del 24 de marzo de 1976. Los querellantes lograron probar además cómo intervino Patti en las horas que siguieron. Gastón estuvo secuestrado en un camión celular de la comisaría de Escobar, después de torturarlo, lo ejecutaron y su cuerpo apareció el 2 de abril cerca del río Luján, con otros tres cadáveres, todos con tiros de arma de fuego. Gastón estuvo 20 años enterrado como NN en el cementerio de Escobar. El alegato le dio además una lógica al crimen.
Las amenazas –dijo Oberlin– "no fueron banales, sino que tuvieron tal entidad que Gonçalves tenía miedo de que Patti lo matara y así se lo manifestó a varios de los testigos que depusieron en este debate". Sus compañeros de militancia, además, consideraron que las intimidaciones eran serias –dijo–, al punto de tomar precauciones para protegerlo. Los elementos del juicio permitieron entender además que Patti hacía tareas de inteligencia sobre su grupo político desde por lo menos el año 1974: "Gastón Gonçalves era una figura destacada en el grupo y Patti estaba focalizado en Gonçalves porque era uno de sus dirigentes con mayor exposición pública, reconocido y querido en la zona. Sin dudas ese es el motivo de la continua persecución a Gonçalves de Patti, la que se extendió durante por lo menos dos años, hasta que Patti tuvo la oportunidad, en el contexto y los medios que le brindó el terrorismo de Estado, de cumplir sus amenazas de muerte".
Patti lo torturó varias veces, dijo, mientras estaba secuestrado, al punto de que en un momento Gonçalves dijo que "lo estaba matando de a poco con la tortura". En la última sesión, Patti le dijo que lo iba a matar –según el relato de dos testigos–. Y en ese momento, le sacó la capucha para que lo viera. Oberlin se preguntó en la audiencia: "Siendo así, si el acusado Luis Abelardo Patti no tenía claro que iba a asesinar a Gonçalves como lo hizo, ¿tenía lógica que le mostrara su rostro? La acusación alcanzó además a Fernando Meneghini y Riveros.
Enseguida, avanzó con el caso D’Amico por allanamiento ilegal de la casa de la familia, privación ilegal de Josefa Molina y de Luis (padres) y los hermanos Luis y Guillermo D’Amico. Además, la aplicación de tormentos a los dos hermanos que permanecen desaparecidos. La inexistencia del cuerpo de ambos hermanos fue una de las razones que disparó el pedido de Llonto para revisar la instrucción de las causas.
En agosto de 1976, Guillermo tenía 17 años y era aprendiz de zapatero. Luis Rodolfo tenía 26, le decían Pico, estaba casado y esperaba a su primera hija para septiembre. Ambos eran militantes de la JP, dijo Oberlin, ámbito que sirvió de base a la organización Montoneros, participaban de la Unidad Básica de Garín, el espacio que había conducido Gonçalves y antes del secuestro se integraron con grupos del PRT de la zona. Los secuestraron el 10 de agosto de 1976: al mediodía un grupo de hombres ingresó ilegalmente a su casa, quedó probada por los relatos de varios testigos la presencia de Patti. Entre otros, Oberlin mencionó una declaración del padre de los hermanos D`Amico, quien explicó que sus vecinos le comentaron que del procedimiento formó parte un policía de Garín que estaba vestido de civil y que se trataba de un oficial de nombre Patti.
Los volantes de la Dipba, los relatos de los militantes de Escobar, las persecuciones narradas por los testigos, son muchos de los otros elementos que sostuvieron el alegato. "Durante todos estos años de proceso, desde el primer caso que empezó en 2004 –dice Oberlin ahora a Página/12–, escuchamos de parte de la defensa decir que es un proceso sin pruebas, y sólo con connotaciones políticas, que Patti era un perseguido político... Con todo esto quisimos demostrarles que es tanta la prueba y tan aplastante, que demuestra que los hechos fueron así, lo que va a provocar que lo que los termine condenando sea justamente eso: la solidez de la cantidad de pruebas contra ellos."
9 de febrero de 2011
7 de febrero de 2011
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[Carlos Rodríguez] Argentina. Unas 300 personas acompañaron ayer a los familiares de Franco Almirón, de 16 años, y Mauricio Ramos, de 17 –los dos chicos asesinados el jueves en José León Suárez–, durante el sepelio que se realizó en el cementerio de San Martín. Las inhumaciones se hicieron por separado y en forma previa se celebraron misas al aire libre, en la puerta de acceso a la necrópolis, dado que la presencia masiva de amigos y vecinos de las víctimas hizo imposible que se pudieran realizar en la capilla. En el barrio de La Cárcova, ayer por la tarde, la situación se mantenía calma, aunque los vecinos siguieron reuniéndose en grupos para tratar de reconstruir lo ocurrido el jueves. Todos afirman que "los disparos fueron policiales" y que "no se trató de tiros al aire sino que hubo intención de matar". Mientras tanto, en el Hospital Thompson, sigue internado en terapia intensiva el joven Joaquín Romero, de 19 años, quien experimentó "una leve mejoría", según dijeron sus allegados a Página/12.
Argentina. Ahora la Cámara Federal de San Martín deberá resolver si confirma la decisión de la magistrada de ordenar la toma compulsiva de muestras sanguíneas a Felipe y Marcela, en la causa que investiga sus identidades.
Argentina. [Soledad Vallejos] Lo que sucedió a la vera de las vías de José León Suárez "nos parece una masacre", dijo el diputado provincial Fernando ‘Chino’ Navarro a este diario mientras regresaba de una recorrida por el barrio La Cárcova. El chico herido, Mauricio Ramos, "está muy ligado a la JP Evita", explicó, por lo que en la tarde de ayer, junto con el dirigente Emilio Pérsico, acudió al lugar en tanto "presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad" bonaerense e integrante del Consejo de Seguridad provincial. "No me cerraba lo que veía", acota, en referencia a las transmisiones en vivo del jueves en la noche desde José León Suárez.
[Carlos Rodríguez] Argentina. "Yo hablé con mi hijo cuando lo llevamos a la salita (de primeros auxilios) del barrio. Me dijo que la policía tiraba a matar." En la puerta del Hospital Thompson, de San Martín, la mamá de Joaquín Romero, de 19 años, aseguró que su hijo "estaba cerca del tren mirando porque nosotros vivimos casi al lado de las vías. En ese momento había salido en bicicleta hacia el basural (se refiere al predio del Ceamse sobre el Camino del Buen Ayre) a buscar cartones. Cuando vio que el tren descarriló, se quedó a mirar y le pegaron dos balazos en la espalda". Uno de los proyectiles "le afectó el pulmón y está estable, pero grave. No me dicen mucho sobre su estado". La mujer, que eludió dar su nombre y pidió no ser fotografiada, le comentó a Página/12 que a su hijo "lo operaron anoche (por el jueves) y sigue en terapia intensiva. Está grave". Los vecinos del barrio De la Cárcova hablan, pero piden mantener su nombre en reserva. "Hoy están los fiscales, pero mañana quedamos nosotros solos con la policía y los ‘transas’ que trabajan para los policías", se justificaron.
[Carlos Rodríguez] Argentina. El fiscal de San Martín, Raúl Soracco, acompañado por tres colaboradores, hizo ayer una minuciosa recorrida por el barrio De la Cárcova, en José León Suárez, para tratar de establecer si lo ocurrido el jueves fue "un enfrentamiento", como afirma la policía, o si se trató de una "represión indiscriminada que terminó con dos muertos de los nuestros y un herido grave", como aseguran los vecinos. Por una decisión administrativa, un policía bonaerense que reconoció haber disparado perdigones de plomo con su escopeta fue separado en forma preventiva de la fuerza, aunque todavía no pesa sobre él ninguna acusación formal por parte de la Justicia. El fiscal secuestró 45 armas largas y de puño que estuvieron en manos de otros tantos policías y dice que "están identificados" todos los uniformados que intervinieron en los episodios donde murieron Franco Almirón, de 16 años, y Mauricio Ramos, de 17. Ayer seguía "muy grave", en terapia intensiva, Joaquín Romero, de 19, según informaron sus familiares a Página/12.
[Adriana Meyer] Argentina. La esperanza abierta el martes con la aparición de una nueva pista en el caso de la desaparición del testigo Jorge Julio López quedó ayer clausurada sin éxito con el final de la búsqueda en la estación ferroviaria del Parque Pereyra Iraola. El dato, cuyo origen está bajo sospecha judicial, había sido recibido por el Ministerio de Seguridad y Justicia bonaerense de manos de un abogado, que a su vez lo difundió en los medios. Durante las 48 horas siguientes la fiscalía no logró que el letrado, Alejandro Sánchez Kalbermatten, se hiciera presente con su supuesta fuente –para quien había pedido la millonaria recompensa que ofrece el gobierno de la provincia– para plasmar esa información en el expediente judicial. Aunque dijo que su cliente temía que lo mataran, Página/12 pudo saber que rechazó el ingreso al programa de protección de testigos. Y anoche apareció en TV, con el informante de espaldas que afirmó: "Julio López está muerto y enterrado en esa estación de trenes".
[Emilio Ruchansky] Argentina. La Justicia federal llamó a declaración indagatoria a doce directivos de las semilleras Satus Ager y Southern Seeds Production (SSP), bajo la sospecha de que sometieron a condiciones de esclavitud a peones rurales en campos del norte bonaerense. Se los acusa de "trata de personas" y "reducción a servidumbre", tras conocerse la situación infrahumana en la que vivían y trabajaban los peones traídos desde Santiago del Estero para el desflore del maíz en Ramallo, San Pedro y Arrecifes. Además, ayer el Ministerio de Trabajo bonaerense multó por un millón de pesos a Satus tras inspeccionar esos campos, mientras desde la AFIP aseguraron que encontraron "el mismo modus operandi denunciado" en otro campo de esta empresa semillera en la provincia de Buenos Aires.