Blogia
mQh

argentina

dónde está lópez 45


Luego de 3 días de rastrillaje, fracasó la búsqueda de López.
Argentina. El fiscal federal Hernán Schapiro confirmó que esta tarde "se resolvió finalizar por el momento las tareas en el Parque Pereyra Iraola, debido a que los resultados del rastrillaje fueron negativos". Rubén, el hijo de Julio López, agradeció el trabajo realizado por los integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense pero lamentó que no se hayan podido encontrar los restos de su padre: "Teníamos esperanza en que esta fuera la última búsqueda".
Durante los tres días de búsqueda, los antropólgos relevaron 5 hectáreas, ubicadas en los alrededores de la estación ferroviaria del Parque Pereyra Iraola, luego de que un testigo de identidad reservada declarara que allí se habían enterrado los restos de López, desaparecido desde septiembre de 2006. Ante la presunción de que se tratara de otra denuncia falsa, la Justicia volvió a citar al testigo para que amplíe su declaración, pero éste decidió no presentarse por consejo de su abogado, quien adujo que "no están dadas las condiciones de seguridad" para cumplir ese trámite.
Luego de un prolijo rastrillaje del lugar, se desmalezó la zona señalada, y se hicieron las excavaciones correspondientes en los sectores donde el georadar, aportado por la Dirección de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, indicó que había habido movimientos de tierra, pero en todos los casos con resultados negativos.
López desapareció el 18 de septiembre de 2006 cuando se dirigía a una de las últimas audiencias de alegatos en el juicio oral contra el ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
7 de febrero de 2011
4 de febrero de 2011
©página 12
rss

dónde está lópez 44


Excavaciones y rastrillajes en busca del cuerpo de Julio López en la estación Pereyra. Por ahora, sólo caños, vigas y ladrillos. Después de la supuesta pista, el operativo continuó con expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense, pero no aparecieron restos humanos. El abogado que llevó el dato fue citado a declarar, pero hasta ayer no se había presentado.
[Adriana Meyer] Argentina. Cada matorral, cada pozo, cada cisterna de la estación Pereyra del ferrocarril Roca fue revisado y analizado con la mayor tecnología existente en Argentina para la búsqueda de restos humanos, tras una nueva pista según la cual habrían arrojado en ese sitio, ubicado en el Parque Pereyra Iraola, en La Plata, el cadáver del desaparecido testigo Jorge Julio López. Pero hasta ahora el resultado fue negativo. El dato fue aportado por un abogado que acudió al Ministerio de Seguridad bonaerense con los dichos de un supuesto cliente suyo, a cambio de la reserva de su identidad y de la recompensa de un millón y medio de pesos prevista para quien aporte datos que conduzcan al hallazgo de López. El abogado fue citado a declarar por la Unidad Fiscal Especial de Derechos Humanos, pero aún no se presentó.
El fiscal Hernán Schapiro había admitido que la información aportada "es escueta" y "no muy precisa". Agregó que "en la causa López hubo muchas denuncias similares y con todas se acudió a verificar". Todo comenzó el martes con el anuncio del ministro bonaerense de Seguridad, Ricardo Casal, de que había nuevos datos sobre López, y la simultánea presencia del abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten en algunos medios. La fiscalía busca ahora que tome estado judicial el acta con apenas unos renglones que llegó desde el ministerio al expediente por la desaparición del testigo clave del juicio contra el genocida Miguel Etchecolatz, y por eso necesita entrevistar al supuesto testigo. Según Kalbermatten, su cliente se habría enterado "por casualidad" de que a López lo enterraron en una zona nueva de la estación Pereyra, a partir de una filtración de la "interna de la Policía Bonaerense". Los investigadores le pedirán precisiones al denunciante, y para eso convocaron a Kalbermatten. Hasta ayer el letrado no se había presentado, aunque prometió hacerlo hoy.
El fiscal, que permaneció durante todas las jornadas del operativo en la estación Pereyra, convocó "para trabajar como auxiliares al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)" que "científicamente son las máximas autoridades en la materia". La Aduana proveyó además un equipo que detecta partículas humanas en el terreno. Descartada la existencia en la estación de las reformas edilicias de las que habla el acta, se extendió el perímetro "más allá de lo que la denuncia con toda su imprecisión indicaba". Luego de la tarea de desmalezamiento, y tras establecer una decena de marcas en las que los georradares habían detectado remoción de tierra, los expertos del EAAF hicieron la mayoría de las excavaciones pero no aparecieron huesos humanos, sólo caños, una viga, un pedazo de ladrillo y otros elementos similares. Además, los bomberos vaciaron los profundos pozos ciegos y tanques cisterna aledaños a la estación, de donde sólo sacaron agua sucia, ramas y basura. Y los perros adiestrados aportados por la Policía Federal, de la comisión López que depende de la Brigada Antisecuestros, recorrieron las vías y todo el resto del predio, luego de haber olisqueado un pulóver que perteneció a López. Los perros no tuvieron ninguna reacción, lo cual era lógico considerando que pasaron cuatro años y medio de la desaparición del testigo. De todos modos, los investigadores afirman que están obligados a usar todos los medios para encontrar o descartar por completo cualquier indicio. Para hoy están previstas las últimas excavaciones y podrían dar por culminado el procedimiento.
La ministra de Seguridad, Nilda Garré, declaró ayer que hay "mucha esperanza" en los resultados del rastrillaje y explicó que se está aplicando "un georradar que el gobierno nacional puso a disposición de los antropólogos forenses que trabajan en la búsqueda". Por su parte, el ex ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian opinó que se generaron "expectativas sin mucho fundamento". Arslanian estaba en funciones cuando desapareció López y su gestión fue cuestionada por los organismos de derechos humanos de Justicia Ya!, querellantes en la causa.
7 de febrero de 2011
4 de febrero de 2011
©página 12
rss

propósito del terror


El alegato de los querellantes en el juicio a Riveros, Bignone, Patti, Meneghini y Rodríguez. El abogado Pablo Llonto pidió prisión perpetua para los represores acusados de los secuestros y asesinatos de Gastón Gonçalves y Diego Muniz Barreto. Hizo hincapié en el carácter de "genocidio" del plan sistemático aplicado por la dictadura.
[Alejandra Dandan] Argentina. "Quisieron que tuviéramos miedo de la ideología y que ese miedo nos paralizara, pero queremos decir que Gastón Gonçalves era un cuadro de Montoneros; que los hermanos Guillermo y Luis Rodolfo D’Amico eran orgullosamente militantes de la JP y Diego Muniz Barreto, diputado de la Tendencia y un militante político que luchó contra todo tipo de injusticias: ésos son nuestros héroes y desaparecidos –dijo Pablo Llonto– y quienes en la ausencia nos enseñaron a vivir pensando en construir un mundo más justo, más libre y más igualitario."
Con uno de los ejes puestos en la militancia política de las víctimas de la represión, se abrió la última etapa de alegatos del juicio a Luis Abelardo Patti, y los generales Omar Riveros y Reynaldo Bignone entre otros represores. En el auditorio municipal de José León Suárez, las querellas representadas por Pablo Llonto y Ana Oberlín retomaron la condición de militantes políticos de las víctimas para fundamentar un pedido de condena a prisión perpetua para todos los acusados en el marco de un genocidio. En la lectura del marco general y de las pruebas, pidieron en distintos momentos a los jueces del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín que, como viene sucediendo en otros juicios, mencionen la palabra genocidio en la condena y además exhorten a los legisladores a avanzar con una legislación penal que empiece a mirar desde ese lugar la historia reciente en Argentina. Un genocidio definido a su vez como político: "Preferimos calificarlo como genocidio político reconociendo que todos los genocidios son ideológicos, pero los genocidas, entre los que se encuentran los cinco que se están juzgando aquí, querían exterminar a quienes querían impulsar una revolución en la sociedad", dijo Llonto. El rol de la prensa durante la dictadura y la discusión sobre cómo avanzar con las condenas a perpetua cuando para hacerlo la Justicia todavía requiere de cuerpos o de la materialidad a los desaparecidos.
Las audiencias de José León Suárez recomenzaron después de un mes. El debate había terminado en diciembre con el alegato de los fiscales que pidieron perpetua a los cinco acusados de la causa: Riveros, Bignone, Patti pero además Fernando Meneghini que era el jefe de la comisaría de Escobar durante la dictadura y superior directo de Patti y Martín "El Toro" Rodríguez, torturador de Campo de Mayo y uno de los jefes del centro clandestino. La sala estuvo repleta desde temprano de militantes, integrantes de los organismos de derechos humanos y de la Comisión de Campo de Mayo, hijos y familiares de las víctimas. Del lado de los acusados, estuvo Meneghini y como en cada una de las audiencias, volvió a faltar la figura de Patti. El represor permaneció alojado en una ambulancia durante las primeras tres horas, luego de las cuales uno de los médicos anunció que debía irse por problemas de presión.
Llonto habló poco más de tres horas. Explicó especialmente por qué se estaba hablando de genocidio. Antes de arrancar, sin embargo, detalló una de las particularidades del juicio con un dato: entre las víctimas –dijo– no hay ningún sobreviviente: los dos que no murieron durante la represión, lo hicieron más tarde. Son Juan José Fernández, secretario privado del ex diputado Diego Muniz Barreto que se escapó del auto en el que los arrojaron al río y murió en España. Y también murió el secuestrado y luego liberado Osvaldo Ariosti.
"Las víctimas no están, los victimarios son los que están vivos –marcó Llonto–, pero a las víctimas no las derrotaron, van a retornar sus pensamientos, sus vidas, sus rostros." Este juicio, siguió, tiene entre los acusados a uno de los represores más jóvenes que tuvo la dictadura: Luis Abelardo Patti que entonces tenía 28 años y acaso uno de los más viejos: Omar Riveros, el general de la muerte, dijo, que entonces tenía 53 años y ahora tiene 87.
Luego de algunos acuerdos, la querella descartó la idea de acusar por el delito de genocidio cuya tipificación en el país está en discusión y que fue un camino de avanzada que usó la fiscalía de Alejandro Alagia en la causa ABO (Atlético, Banco y Olimpo). Optó, en cambio, por el modelo abierto a partir de la sentencia de Carlos Rozanski en La Plata y reforzado por el fallo del Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero en el juicio de Cecilio Kamenetzky del año pasado. Ambos fallos, con diferencia de matices, incluyeron la palabra genocidio en la condena: lo que ahora las querellas pidieron al tribunal.
"La represión nazi no incluyó sólo a los judíos", dijo Llonto cuando intentó explicar por qué el exterminio al enemigo político debería ingresar en la misma categoría. La represión nazi, dijo, incluyó además a "comunistas, anarquistas, homosexuales, gitanos, discapacitados, como aquí sucedió donde miles de ellos estuvieron secuestrados en los campos de concentración". Para marcar el carácter político del exterminio nazi habló de la Operación Barba Roja y del caso de Margaret Neumann, miembro del Partido Comunista que tras exiliarse en la Unión Soviética a pedido de Hitler fue devuelta a las cárceles alemanas por Stalin. Nombró, además, las presiones de la Unión Soviética y Estados Unidos para retirar la mención de "grupo político" de la definición de genocidio de la Convención de 1948. "Entonces nos quedó el fatídico artículo dos –dijo–: cualquiera de los actos mencionados a continuación para destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso son considerados genocidio y ya no hay más grupo político", indicó. "Pero aun usando esa estrecha definición, señoras juezas y señor juez, queremos decir que acá en Argentina hubo un genocidio." Pero, aclaró, "a no preocuparse: porque no discutimos la tipificación, discutimos el concepto para saber si hubo o no".

Aviva Giles
Durante las audiencias, uno de los testigos contó que alguna vez Patti le explicó por qué se habían llevado a su hermano: "Tu hermano era peligroso –le dijo– porque avivaba giles". Llonto lo retomó para hablar de ese mismo rol político de los militantes y recuperar palabras como la lógica revolucionaria. "Un término muy argentino que marca a este genocidio político –dijo– al que le molestaba que hubiera jóvenes que avivaran a otros jóvenes, que era despertarles una conciencia de militancia; los genocidas querían giles; querían jóvenes que no discutieran de política, de derechos laborales, de revolución o de lo que pasaba en Latinoamérica."
El alegato que incluyó la construcción sobre qué sucedió con cada una de las víctimas y la evaluación de las pruebas, se detuvo en asuntos pendientes que están siendo revisados en los juicios. Uno de ellos fue el rol de la Justicia durante la dictadura y la prensa: "Nunca fue debidamente publicado cómo murió Diego Muniz Barreto", dijo Llonto. Los medios publicaron la falaz noticia del accidente, y eso no era cierto. Habló de "esta vergüenza de la prensa" y también de las escasas excepciones como la agencia Ancla y Rodolfo Walsh que 17 días después del crimen llegó a incluir el dato del asesinato en su Carta a las Juntas. También, el caso de Robert Cox que desde el Buenos Aires Herald "abrió una pequeña ventana para que las penas de los familiares se convirtieran en gritos de auxilio".

Los Cuerpos
La ausencia de cuerpos hizo que los fiscales primero y luego Llonto y Oberlín no pudieran pedir condenas a perpetua por cuatro homicidios, sino por dos porque los otros dos cuerpos no están, son desaparecidos. "Los hermanos D’Amico están desaparecidos pero no vamos a negar que están muertos, sin embargo no vamos a poder reclamar por el homicidio de ellos." Es la paradoja, dijo, de tener que pedir dos condenas por homicidio por el caso de Gonçalves y de Muniz Barreto, mientras habrá que seguir buscando los otros restos. En ese sentido, también pidió al Tribunal una revisión hacia atrás: que exhorte a los juzgados de instrucción para entender que en los casos de genocidio y terrorismo de Estado, el hecho de que los cuerpos de las personas asesinadas no hayan sido encontrados no impida que se encare la instrucción por homicidio: "Penal y procesalmente se sabe que la ausencia de un cadáver no impide tener probado un homicidio".
Luego de describir la responsabilidad de cada uno de los acusados con las víctimas, indicó que en Escobar "hubo un circuito que comenzaba en la comisaría de Escobar o Garín, seguía en la Unidad Regional y terminaba en Campo de Mayo, como le pasó a Muniz Barreto. Allí se decidía el destino final del secuestrado o a veces se lo decidía en la misma comisaría, como les ocurrió a Gonçalves y los hermanos D’Amico", concluyó Llonto.
En la sala se escuchó un "uh" cuando los defensores de Patti anunciaron que debía irse por su estado de salud. Luego un aplauso cuando estaba hablando Llonto. La jueza Lucila Larrandart a cargo del TOF1 pidió silencio en la sala mientras se acercaba el final.
7 de febrero de 2011
4 de febrero de 2011
©página 12
rss

hallan cuerpo en campo san pedro


Estaba en una fosa clandestina en el campo de San Pedro. Identificaron al tercero de los ocho cuerpos descubiertos en una fosa clandestina en el campo San Pedro. Es María Isabel Salinas, una militante de Santa Fe que fue secuestrada en Rosario junto con su esposo, en setiembre de 1977.
[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. El Equipo Argentino de Antropología Forense logró identificar al tercero de los ocho cuerpos descubiertos el 9 de junio del año pasado en una fosa común en el campo San Pedro, de propiedad del Ejército, cerca de Laguna Paiva. Se trata de María Isabel Salinas, oriunda de la ciudad de Santa Fe, pero que militaba en Rosario junto a su esposo, Carlos Alberto Bosso, hasta que ambos fueron secuestrados y desaparecidos, el 17 de setiembre de 1977. En la tumba clandestina, la investigación forense halló los restos de ocho personas cinco hombres y tres mujeres , seis de ellas con disparos en la cabeza. Y hasta ahora, identificó a tres: María Esther Ravelo, Gustavo Adolfo Pon y María Isabel Salinas, por lo que resta devolverle el nombre a cinco más: cuatro hombres y una mujer. Ravelo había sido secuestrada, junto a su marido, Emilio Etelvino Vega, el mismo día que los Bosso: el 17 de setiembre de 1977, en su casa de Santiago 2815, conocida como la Casita de los Ciegos, mientras que Pon cayó en agosto de 1977, también en Rosario.
La investigación de la fosa clandestina del campo San Pedro está a cargo del juez federal Francisco Miño. El informe del EEAF con la identificación de Salinas llegó al tribunal el último día del año pasado, pero el juez recién se anotició el martes último, en el primer día hábil después de la feria judicial, informó el diario electrónico Notife.
Según la denuncia de la Conadep, la fecha de la desaparición de los esposos Salinas y Bosso, es el 17 de setiembre de 1977 (el mismo día que Ravelo y Vega), pero probablemente cayeron algunas semanas antes, porque la pequeña hija del matrimonio, Mariana Bosso, de un año de edad, fue entregada en la ciudad de Santa Fe en agosto de 1977, junto con algunas ropitas y una carta de sus padres.
La niña fue entregada en la casa de un hermano de Bosso, en Santa Fe, por dos hombres de unos 35 años, según denunció Liliana Salinas ante la Conadep, en 1984. "En agosto de 1977 recordó , unos familiares suyos fueron visitados por dos hombres que le hicieron entrega de la pequeña Mariana Bosso, de un año de edad y de una carta firmada por su hermana María Isabel Salinas, donde le manifestaba que ’cuidaran a la nena, que ellos estaban bien y que pronto iban a tener noticias", relató Liliana. "Posteriormente, por la misma fecha, una persona mayor de 50 años, canoso, entregó una (segunda) carta de similares características de la anterior. Y desde entonces, no volvimos a tener noticias de María Isabel Salinas y de Carlos Bosso", agregó.
Una de las cartas se conserva en el legajo de la Conadep, en realidad, está escrita por los dos esposos Salinas y Bosso, como si estuvieran juntos, en el mismo lugar. Y es el último testimonio de ambos. Bosso comienza el relato, dirigido a sus "queridos padres": "Como ustedes saben les dice , a Mariana la queremos mucho, pero creemos que por un tiempo es mejor para ella que esté con ustedes. Luego nos volveremos a encontrar y todo será distinto que hasta ahora y le explicaremos bien todo", escribió Carlos.
La línea de investigación la aportó el ex agente de inteligencia del Ejército, Eduardo Constanzo, quien informó a la justicia y al periodista José Maggi de Rosario/12 sobre el traslado de 27 prisioneros en el centro clandestino La Calamita que fueron asesinados en un campo de Monje y luego sepultados en fosas clandestinas en un campo cercano a Laguna Paiva. Una de las víctimas era ‘la Cieguita’, como Constanzo llamó a María Esther Ravelo, la primera identificada en San Pedro.
7 de febrero de 2011
4 de febrero de 2011
©rosario 12
rss

agentes disparan contra saqueadores


Un grupo quiso robar la carga de un tren que sufrió un descarrilamiento. La policía reprimió. Murió un joven de 16 y hay otro muerto, aunque no se sabe si está vinculado al hecho. Luego, vecinos atacaron con piedrazos la comisaría. Hubo corridas y saqueos a comercios.
[Soledad Vallejos] Argentina. Fuentes judiciales confirmaron a este diario que un joven de 16 años murió baleado en las vías mientras efectivos policiales de la provincia de Buenos Aires reprimían el saqueo a un tren descarrilado, en José León Suárez. Otro chico, de 17 años, murió en un centro de salud, presuntamente tras haber sido herido en la misma escena, algo que anoche los investigadores aún no habían confirmado. Al cierre de esta edición, un tercer muchacho se encontraba internado en grave estado. Poco después de que corriera la noticia de las muertes, la violencia continuó en las calles del barrio: algunos de los heridos habían sido llevados a la sala de salud ubicada frente a la Comisaría 4a de San Martín. Familiares y amigos cortaron las calles. Luego de algunos minutos, sobre la avenida Márquez comenzaron las corridas, los saqueos y los disparos. Hubo al menos seis detenidos.
La policía detuvo al menos a 15 personas, todas ellas menores de edad. Ante las cámaras de los móviles de tv, en la puerta de la comisaría, un hombre acusó a los oficiales de haber detenido a su hijo de 12 años mientras caminaba junto a su madre por la avenida.
Por orden de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) 5ª, a cargo de Marcelo Sendot, la Policía Bonaerense fue apartada de la investigación. Se secuestraron las armas de los efectivos involucrados en los episodios cuyo confuso derrotero no llegó a ser despejado anoche; también fueron secuestrados patrulleros con impactos de balas. Cerca de medianoche, el fiscal Sendot, quien se encontraba recorriendo los lugares donde todo había transcurrido, confirmó que la investigación será realizada exclusivamente por su oficina y peritos de Gendarmería.
En la tarde, siete vagones del tren 8232, del Nuevo Central Argentino (NCA), descarrilaron a la altura de José León Suárez. Se trataba de un carguero que transportaba autopartes entre Retiro y Zárate. En un comunicado, NCA sostuvo que "un grupo de personas arrojó al paso de un tren (...) troncos de árboles con el fin de producir su descarrilamiento para posteriormente saquear la mercadería transportada". Este caso, añadió la empresa, no resultó inusual, porque en "los últimos 90 días se produjeron dos hechos similares con la misma finalidad".
En conversación con este diario, fuentes judiciales también sostuvieron que no se habría tratado de un accidente, sino que habría sido un sabotaje cometido por "gente del barrio Villa Independencia", cercano a las vías.
La carga de los vagones comenzó a ser saqueada por habitantes de ese asentamiento. Un llamado al 911 alertó de la situación. "La Policía Bonaerense llega al lugar; se produjeron enfrentamientos con la gente de la villa", aun cuando al cierre de esta edición seguía siendo incierto si esas personas estaban o no armadas.
El primero de los muertos llegó al Centro de Atención Primaria Nº 4 "José Luis Agote", ubicado frente a la Comisaría 4ª de San Martín. Fuentes de la investigación dijeron a este diario que, al llegar al lugar, el joven ya había fallecido. Una de las balas que recibió habría sido disparada desde cierta altura, porque el recorrido es descendente.
Al cierre de esta edición, por la distancia que existe entre el hospital donde falleció y el lugar de los hechos, los investigadores aún procuraban establecer si el segundo muchacho también habría muerto a consecuencia de heridas inflingidas al pie del tren.
Al trascender la noticia de las muertes, los heridos y las detenciones, la tensión estalló en las inmediaciones de la Comisaría 4ª y la sala de salud. Mujeres, niños y varones jóvenes dejaron las veredas para tomar la calle y obligar a colectivos, autos y motociclistas a desandar camino. Ya atardecía. A esos cortes de calle sobrevinieron corridas en cuanto efectivos de la comisaría procuraron liberar el lugar. La tensión estalló mientras chicos jóvenes, muchos de los cuales luego serían detenidos, arrojaban piedras a los policías, mientras otros rompían vidrieras y saqueaban comercios, como una casa de computación de la que anoche apenas quedaban algunos muebles.
Los móviles de la televisión transmitían en vivo. Las versiones eran confusas y hasta contradictorias. En la puerta de la comisaría, el jefe de la DDI de San Martín, Mario Briceño, confirmó la primera de las muertes, y sostuvo la hipótesis de que en las vías del tren se había producido "un enfrentamiento" entre habitantes del barrio carenciado y efectivos policiales. Briceño, sin embargo, procuró no relacionar a los heridos con el descarrilamiento.
7 de febrero de 2011
4 de febrero de 2011
©página 12
rss

la tenebrosa cárcel de mendoza


El historial negro de la cárcel de Mendoza.
Argentina. Si bien el 26 de noviembre de 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos levantó las medidas provisionales para las penitenciarías mendocinas, que habían sido ordenadas el 22 de noviembre de 2004, la situación de las cárceles mendocinas está lejos de ser envidiable. Los principales centros de preocupación del organismo internacional eran la Colonia Penal de Gustavo André, de Lavalle y La Penitenciaría, ubicada en la calle Boulogne Sur Mer y ubicada al frente del complejo San Felipe, donde fueron filmadas las escenas de tortura. La Penitenciaría tuvo el triste record de 28 reclusos muertos entre principios de 2004 y mediados de 2006, entre ellos uno de los adolescentes condenados a perpetua, Ricardo David Videla. La lista de vidas perdidas aumentó en el tiempo.
"No subsiste la situación fáctica que ha motivado la adopción y mantenimiento de las presentes medidas a favor de las personas privadas de libertad en la Penitenciaria Provincial de Mendoza y en la Unidad Gustavo André, disponiendo en consecuencia el levantamiento de las mismas", informó la Cancillería en base a la resolución del máximo tribunal americano de derechos humanos. Según sostuvieron desde el Estado argentino, el guiño de la Corte llegó, entre otras cosas, por "la construcción y puesta en servicio de un nuevo penal en la localidad de Cacheuta, la demolición de pabellones obsoletos en La Penitenciaría, y la modernización del servicio penitenciario local".
A fin del año pasado, el organismo resaltó que "las medidas provisionales han tenido indudablemente un efecto positivo para superar la grave situación que ha caracterizado principalmente a la Penitenciaría provincial desde el año 2004". En agosto de ese año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició un largo periplo de reclamos.
El primer avance fue solicitar a los gobiernos nacional y mendocino que informen cada quince días sobre la integridad física de los reclusos en los penales de esa provincia. El motivo: para el octavo mes de 2004 ya había doce muertos en las cárceles de esa provincia. Los impulsores de estas acciones internacionales fueron los abogados Diego Lavado (el mismo que ayer presentó la denuncia por torturas), Pablo Salinas, Carlos Varela y Alfredo Guevara, del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, que comenzaron con denuncias a nivel local en enero de 2000.
El 16 de marzo de 2004 un enfrentamiento entre internos derivó en el primero de los asesinatos de la serie. El 22 apareció otro interno muerto. En un supuesto intento de fuga dos presos murieron baleados el 28 de junio. Entre el 30 de ese mes y el 27 de agosto, otros tres fueron asesinados a puñaladas. Para el 8 de septiembre otro presunto intento de fuga terminó con un muerto a tiros y mordidas de perros. Otro preso fue hallado muerto el 27 de ese mes. Un puntazo dejó sin vida el 9 de noviembre a otro recluso, como si fuera un número más.
El 4 de noviembre del mismo año, el presidente de la Corte Interamericana, Sergio García Ramírez, envió una carta a la Cancillería instando a cumplir las medidas dispuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que instaba a solucionar los gravísimos problemas por los que pasaban los internos del penal. El 29 del mismo mes, el gobierno argentino respondió a la Corte, envió un informe y se comprometió a trabajar en la problemática. Como contrapunto, para diciembre eran 16 los muertos durante ese año.
En un mensaje más que contundente, la Comisión visitó la emblemática cárcel mendocina entre el 13 y 17 de diciembre. "Hemos constatado que la situación en la cárcel no es grave, es gravísima", sentenció el salvadoreño Florentín Menéndez, presidente de la CIDH. Días antes de la inspección del organismo se dio uno de los más violentos asesinatos en el penal. Un interno apareció decapitado, con los brazos y piernas arrancados. La situación provocó la renuncia del director de la cárcel, Mariano Cortez Murillo, a esa altura un mínimo gesto de obviedad.
El juez mendocino Eduardo Mathus dio un plazo de diez días a contar desde el 14 julio de 2005, para que se ordene la situación en La Penitenciaría. El magistrado pidió que las autoridades "den un mínimo trato humano a los internos", de lo contrario ordenaría el traslado de los reclusos a otros penales. El ordenamiento quedó en la nada. Unos días antes, el 22 de junio de ese año, en el mismo penal apareció ahorcado Ricardo David Videla, el adolescente que había iniciado de la mano de su representante, Fernando Peñaloza, los reclamos ante los organismos internacionales por haber sido ilegalmente condenado a perpetua.
En abril de 2006, la Corte Interamericana presentó un fallo contra el Estado, en el que le exigió que "adopte en forma inmediata e inexcusable" medidas "efectivas" para proteger a los reclusos.
Los abogados del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, representantes de los reclusos y quienes motorizaron la intervención de la CIDH, habían aceptado formar parte de una Comisión de Seguimiento de Políticas Penitenciarias, que intercedía en las negociaciones con el Estado argentino y el gobierno mendocino. Cansados de la falta de apoyo de los poderes públicos decidieron abandonar esa misión en junio de 2006 y continuar actuando por fuera de los entes oficiales.
La Corte Suprema de Justicia también pidió informes y ordenó, en septiembre de 2006 y febrero de 2007, a los gobiernos nacional y de Mendoza que informen sobre la situación penitenciaria en la provincia cuyana y que mejoren las graves situaciones existentes.
El último caso resonante en la ya mítica cárcel, fundada en 1900, había sucedido el 6 de enero de 2010. Un detenido procesado por abuso sexual, fue hallado en su celda ahorcado con sábanas.
[Informe:Leonardo Rossi.]
7 de febrero de 2011
3 de febrero de 2011
©página 12
rss
 

guardias torturan a reo


Guardias de Mendoza grabaron con un celular suplicios a un interno. La ONG mendocina Xumek presentó videos grabados en su celular por un penitenciario. Se ve cuando un grupo tortura a un preso. Cinco guardias detenidos y un jefe en disponibilidad.
[Horacio Cecchi] Argentina. Las horrorosas imágenes de un grupo de penitenciarios de la cárcel de San Felipe, en Mendoza, golpeando y pateando a un preso que se encontraba arrodillado y con las muñecas esposadas por la espalda, mientras pedía clemencia y como respuesta obtenía risas y más golpes, ayer ya daban la vuelta al mundo a expensas de la modernidad virtual. Las imágenes fueron filmadas impunemente en el celular de uno de los integrantes de la patota carcelaria. El sentimiento de impunidad fue lo que en definitiva derivó en la publicidad de las torturas: la semana pasada, un hombre que dijo haber hallado el celular caído al costado de la cárcel de Mendoza entregó el teléfono a la ONG mendocina Xumek, especializada en derechos humanos. Ayer, luego de lograr rescatar los videos de la memoria del móvil, Diego Lavado, presidente de Xumek y ex secretario de Justicia del actual gobierno mendocino, presentó la denuncia ante la Justicia. El fiscal de asuntos complejos Santiago Garay ordenó la detención de cinco guardias identificados, y el gobierno ordenó el pase a disponibilidad del jefe de seguridad del penal. Los videos del horror saltan en momentos en que en Mendoza se llevan adelante los Juicios de la Verdad contra torturadores y colaboradores, y el gobierno post Cobos intenta impulsar su proyecto de ley de conformación de los mecanismos para la prevención de la tortura, cuyo objeto es evitar situaciones horrorosas como las que revelan las imágenes.
El complejo San Felipe fue construido recientemente como unidad de Fase de Confianza, que en la jerga carcelaria viene a representar un espacio para internos que pasan por su última etapa en prisión, bajo un régimen supuestamente más benigno. El San Felipe, que toma su nombre de la calle sobre la que se encuentra, está a espaldas de la tétrica Penitenciaría de Mendoza o cárcel de Boulogne Sur Mer, cuya historia negra de presos descuartizados, suicidios y asesinatos derivó en denuncias que llegaron hasta las más altas autoridades de Justicia del continente americano.
El jueves pasado un hombre, que se presentó como familiar de un preso, llegó ante las oficinas de Xumek para entregar un celular que había hallado cerca del complejo San Felipe cuando salía de la Penitenciaría, aparentemente perdido por su dueño. "El celular es un aparato de formato viejo pero capaz de tomar imágenes y de filmar –describió Diego Lavado a Página/12–. Después de trabajar técnicamente para obtener las imágenes del chip de la memoria, descubrimos que había varios videos y fotos caseras incluso algunas en las que el dueño del celular se identificaba a sí mismo." Entre las imágenes que obtuvieron del celular había algunas porno, escenas de sexo entre el dueño del celular y una mujer, y las imágenes del grupo de penitenciarios que se repite en diferentes situaciones, de guardia y demás, entre ellas los videos de torturas que motivaron la denuncia.
En el escrito presentado ante el fiscal 17 de Asuntos Complejos, Santiago Garay, los denunciantes describen cuatro videos que aparecen en el celular identificados con los números 04092010067, 03122010080, 06062010050 y 06062010051. El primero, en el celular aparece grabado por el dueño como 067 y tiene como fecha asignada el 4 de septiembre de 2010. En el video se ve a cinco penitenciarios que en un turno nocturno practican boxeo con guantes en el gimnasio del complejo. El segundo, fue grabado con el número 080 con fecha 3 de diciembre de 2010. En él se ve a dos funcionarios que golpean con puños y patadas a un interno, aparentemente joven-adulto, es decir, mayor de 18 y menor de 21. En las escenas se puede ver cómo dos guardias golpean a un joven que grita y se encuentra de pie contra una pared, grita y se queja. Luego, uno de ellos aplica una patada en los tobillos haciéndolo caer. De inmediato, el que hizo caer al joven se da vuelta, y lamentándose de que no se podía filmar, cerró la puerta para obstruir las imágenes.
Siguen los videos categorizados como 06062010050 y 06062010051.
Ambos fueron grabados el 6 de junio de 2010 identificados con los números 050 y 051. En ellos participan al menos 5 penitenciarios y tienen a un interno que al ser presentada la denuncia aún no había sido reconocido. En el primero, que fue grabado como 050, se ve al preso de rodillas contra un rincón, con las manos esposadas a la espalda y la frente contra el piso. Uno de los guardias levanta sus brazos hacia la pared en sentido contrario al que da el físico. Mientras el preso grita de dolor y exclama "¡ya está!", otros guardias lo golpean con los puños y patadas en las costillas y la espalda.
El interno se queja diciendo que tiene una costilla fracturada, lo que provoca risas entre los torturadores y más golpes en el costado donde siente el dolor. "¡Ya está, por favor!", se escucha rogar al preso mientras uno de los torturadores le pregunta "¿cómo dice cuando toca con las manos en la pared? ay! ay... dice ", y le levanta las manos en forma antinatural. El interno ruega mientras llora.
El segundo video, grabado como 051, reproduce imágenes semejantes y tienen como víctima al mismo interno y los mismos penitenciarios. Otros dos videos grabados como "Fuego para un pucho" y "Milicos en Acción", demuestra lo que los denunciantes detectan como una conducta habitual. En el primero, se ve a un preso que pide fuego para un cigarrillo y un penitenciario con una especie de lanzallama echa fuego contra la mirilla, mientras los otros se ríen y se jactan del trato. El otro video, muestra el momento en que un grupo de presos se encuentra duchando y los guardias con bastones de madera y hierro los hacen entrar violentamente en las celdas.
Los denunciantes agregan que "es importante destacar que además de los videos descriptos, con el mismo dispositivo se han registrado diversas fotos, que son nombradas como ‘Yo’ y permiten colegir que esa persona sería la propietaria del celular en cuestión y quien ha realizado las filmaciones".
Ayer, luego de la denuncia, los videos comenzaron a circular por los medios mendocinos on line y por la tevé provincial. Fueron esas imágenes precisamente las que permitieron identificar al interno cuyo rostro no era visible. Cuando otros internos del penal las vieron en la pantalla rápidamente informaron para decir de quién se trataba.
El fiscal Santiago Garay pidió la inmediata detención de todos los penitenciarios que se encontraban en el lugar incluido el presunto dueño del celular y del impune "yo" fotográfico. Por su lado, el ministro de Gobierno, Mario Adaro, aseguró en conferencia de prensa que "sin lugar a dudas el gobierno (de Celso Jaque) va a aportar todas las pruebas necesarias". Adaro informó el pase a disponibilidad del jefe de seguridad del penal, Leonardo Escobar, y dijo que "nos hacemos cargo de esta situación" y consideró que "es una vergüenza que sucedan estas violaciones a los derechos humanos". Si bien no es comparable la disposición del gobierno de Jaque con la de su antecesor, el "no positivo" Cobos –durante cuyo gobierno el Estado argentino recibió fuertes cuestionamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ver aparte)–, la situación carcelaria en Mendoza ofrece hábitos y costumbres que no fueron desterrados. Pese a que el gobierno definió el escándalo con la presunción de que se trata de "un hecho aislado", las imágenes y la impunidad de su grabación no dejan demasiados fundamentos optimistas a esa expectativa.
No se trata de intenciones, ya que el gobierno, en ese aspecto, viene batallando desde hace casi dos años con tropa propia y ajena para que el Parlamento mendocino apruebe el proyecto de ley de mecanismo para la prevención de la tortura, que estará conformado por representantes de las ONG especializadas en cuestiones carcelarias, y que permitirá ingresar a los penales con filmadoras, realizar inspecciones, entrevistas a los internos y hacer propuestas a las autoridades, mecanismos que fueron comprometidos internacionalmente por Argentina y que en territorio nacional sólo la provincia de Chaco conformó tal cual exige el tratado internacional ratificado por el país. Ayer, precisamente, la Comisión Bicameral de Seguridad había convocado a Adaro para dar explicaciones e intentar dar un golpe de timón hacia la votación del proyecto.
7 de febrero de 2011
3 de febrero de 2011
©página 12
rss

vuelos de la muerte


Hoy declara oficial vinculado a los vuelos de la muerte.
Argentina. Un oficial retirado de la Armada investigado por su vinculación con los vuelos de la muerte durante la dictadura declararía hoy como testigo en el juicio a los represores de la ESMA. Se trata de Rafael Carlos De Elía, denunciado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación por su actuación como segundo jefe de la base aeronaval Comandante Espora de Bahía Blanca entre 1977 y 1979. Como subordinado de De Elía, prestó servicios en el mismo período Hemir Sisul Hess, con prisión preventiva firme por su actuación en los vuelos, que confesó en privado.
El juez Sergio Torres, quien procesó a Hess y debe investigar a sus superiores, notificó ayer sobre la denuncia contra De Elía al presidente del Tribunal Oral Federal 5, Daniel Obligado, que antes de escucharlo debería tomarle juramento de decir verdad, y a los fiscales Pablo Ouviña y Mirna Goransky, que representan el Ministerio Público en el juicio a Acosta, Astiz & Cía.
La Secretaría de Derechos Humanos pidió la detención de De Elía y la revocatoria de su citación, que vulneraría su derecho a no autoincriminarse en delitos de lesa humanidad. Hess está preso por desapariciones que se produjeron mientras integraba la Primera Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros, con sede en la base Espora, donde aún se expone como pieza de museo un Electra que la Armada utilizaba para desaparecer a sus enemigos. De Elía tiene 77 años y vive en San Isidro, donde funciona su empresa de alquiler de taxis y remises.
7 de febrero de 2011
3 de febrero de 2011
©página 12
rss