A pesar de los años de democracia, aun subsiste una desconfianza cultural hacia la fuerza. Un hecho de esta semana lo reafirma.
[Alicia Simeoni] Argentina. Alejandro Guerrero es fotógrafo del diario El Ciudadano, esta semana paseaba por la costa central cuando fue detenido en el marco de un procedimiento que realizaba la policía. Estuvo incomunicado por horas y fue brutalmente golpeado en la comisaría 3º. El hecho vuelve a poner en el tapete el accionar de una fuerza que no logra sacarse las sospechas de encima.
El imaginario social en relación con la policía no es bueno. La fuerza supo ganarse la desconfianza, las críticas y el temor de quienes quieren que de verdad sea una instancia a la que se pueda recurrir sin los aditamentos que remiten al miedo, al escozor, al rechazo. ¿No son acaso las sensaciones que experimenta gran parte de la población cuando se acerca a una comisaría? Como en todos los órdenes de la vida las generalizaciones pueden dar lugar a equívocos y para eso están las excepciones, pero también el reconocimiento gubernamental y social de que existe una cultura enraizada en la institución que hace que casos como el del fotógrafo Alejandro Guerrero, del diario El Ciudadano, sean posibles: una persona sale de su casa a tomar un café, a caminar junto al río y termina detenido, incomunicado, literalmente borrado del mapa durante más de 6 horas, golpeado a mansalva. Y eso que el aspecto físico elemento de juicio tan arbitrario como peligroso y estigmatizante , lo muestran a Guerrero como lo que es, alguien que tiene acceso al trabajo y no forma parte del mundo de los excluidos, de esas personas anónimas que cuando sufren el maltrato, la agresión y la violencia policial no pueden denunciar. Por el caso Guerrero hubo imputaciones judiciales para los directos agresores, Ignacio González y Luis Barrionuevo, con 25 años en la fuerza, y decisiones políticas de relevamiento por parte del gobierno provincial en relación con los jefe y subjefe de la comisaría 3ª donde ocurrieron los apremios, Adolfo Luna y Aníbal Giménez, del inspector de Zona 1º Walter Miranda y del jefe de Orden Público, Aníbal Rodríguez.
La licenciada en Historia Zulema Morresi, docente de la Carrera de Comunicación Social en la Facultad de Ciencia Política de Rosario como titular de Perspectivas Sociofilosóficas y la penalista Matilde Bruera, defensora pública oficial en el Tribunal Oral Federal Nº 2 y directora del Centro de Investigación en Derechos Humanos "Juan Carlos Gardella" de la Facultad de Derecho, dan una mirada sobre la institución policial, la extracción social de sus integrantes, los elementos para tener en cuenta a la hora de hablar de una reforma de la fuerza, la relación de esos integrantes con la violencia y el delito y la necesidad de avanzar mucho más allá de las sanciones hacia una reforma que Morresi y Bruera consideran, respectivamente, que es un proceso que fracasó o que todavía no se hizo. Invocación de la cultura policial y la responsabilidad de los tres poderes, no sólo del Ejecutivo.
Para Zulema Morresi el caso Guerrero "revive fantasmas del pasado reciente: tortura, desaparición, oscuras celdas. Nos lleva también a preguntarnos por la Policía que tenemos y si cambió en estos 27 años de democracia". Y dice que más que recurrir a "la dupla terrorismo de estado/ democracia, conviene pensar en que la institución no es una isla y que juzgarla desde un ’deber ser’ no clarifica la singularidad del presente". De allí que explica que: "Esta policía, sus agentes, salen de esta sociedad, de los mismos barrios en que opera la delincuencia y se constituyen como sujetos desde semejantes experiencias familiares y sociales".
Para la complejidad del análisis de la estructura de la población policial y de las relaciones que muy, pero muy a menudo se establecen con el delito, la docente en Perspectivas Sociofilosóficas sostiene que si gran parte de la sociedad reclama "mano dura", si también se piensa que la inseguridad se resuelve con castigo y represión y si personalidades mediáticas consideran que "hay que matar", no es de extrañar que aquellos encargados de mantener el orden actúen con tal impunidad. "La sociedad -sigue , no está dividida entre delincuentes y gente decente: otra vez la dupla `ladrón y poli` no es el juego que creíamos de niños, son dos costados de una misma realidad. Sujetos tramados por racismos de clase, de etnia, de sexo, lo vimos estos días con los sucesos de Villa Lugano. No sólo es el mismo marco de intolerancia, sino que en muchos casos se trata de circuitos de delincuencia compartidos y que sostienen esas experiencias comunes. La crudeza del delincuente no es de otra naturaleza que la del policía. Crudeza, por otra parte, necesaria para moverse en ese medio".
Además Zulema Morresi plantea que: "Los intentos de reforma del aparato policial no han dado los resultados esperados" y que enseñar derechos humanos "no alcanza para transformar mentalidades con autoritarismos arraigados y menos para romper la trama delictiva en la que están inmersos". De allí que formula otro interrogante entre la distancia que media y las operaciones que obturan la relación entre la intencionalidad política "de excelentes profesionales que intentan modificar la institución y la práctica cotidiana de esos agentes que ya está naturalizada". Por eso sostiene que se trata, entonces, de un problema que refiere al funcionamiento de la normatividad y la violencia en nuestra sociedad, "por este motivo sancionar al responsable no alcanza. Habría que reformular la idea de seguridad, ya que el principio de toda seguridad ciudadana pasa por el respeto a los derechos humanos. La diferencia entre la violencia delictiva y la violencia policial es que la segunda se ejerce dejando a la víctima en las sombras de una absoluta indefensión. Luego, afirma Morresi, desarticular los circuitos: violencia delictiva y violencia policial. Difícil desafío, de todos modos, comenzar por la denuncia y el repudio de estos hechos es imprescindible".
Desconocidos y Vulnerables
Para Matilde Bruera se puso en evidencia una vez más cómo acciona la policía de Santa Fe, en este caso en Rosario y en pleno centro de la ciudad. "Desgraciadamente -dice la privación de libertad de las personas sin ningún motivo, o por motivos ilegales, la tortura y las vejaciones en dependencias policiales no son hechos excepcionales, sino que son prácticas muy enraizadas en la cultura policial. Lamentablemente lo he visto, y lo sigo viendo en mi tarea profesional cotidiana, ocurre que nunca salen a la luz pública, porque las víctimas son desconocidas y vulnerables, la policía goza de impunidad, y las crónicas policiales de los medios de comunicación, suelen entusiasmarse con denuncias y condenas, y no suele abrir otros interrogantes, que también podrían ser bien evidentes".
Para Bruera: "El poder político no se decide a reformar la institución policial, que sigue con la misma estructura, ineficiencia y prácticas sistemáticas ilícitas que ha tenido siempre, y que tantas vidas ha costado a la sociedad argentina. Esto no se modifica con meros cambios curriculares en la formación, ni con cursos de derechos humanos. Para ello resulta necesario una rotunda decisión política que no admite ambigüedades, un conocimiento profundo del tema, que tiene que ver con estudios teóricos sobre la policía, sobre cómo se debe organizar para adecuarse a un estado democrático de derecho, tomar experiencias positivas de otros países, pero además de ello, resulta imprescindible conocer cómo opera en concreto en nuestra ciudad, sus vinculaciones con el delito, sus prácticas en ámbitos de prevención e investigación -para llamarlas de alguna manera , y también cómo opera en sus prácticas dirigidas a la administración de justicia. A saber, cómo presenta, cómo informa, cómo relata, cómo testimonia en las audiencias. Hay que deshilvanar el discurso policial concreto, para saber quién es quien, con qué y con quien está vinculado, como actúa, y que hace".
La problemática de la institución policial aparece como una responsabilidad que es sólo del Ejecutivo. ¿Y a los otros poderes, qué rol les corresponde?
Claro que la responsabilidad es de todos los poderes, tanto en el ámbito provincial como nacional. Los legisladores santafesinos han tenido el mérito de reformar el procedimiento penal, pero no arremeten definitivamente contra las amplias facultades policiales, y el Congreso de la Nación, legisla ampliando el poder punitivo para satisfacer las campañas sobre seguridad, y cada vez hay más espacios de arbitrariedad policial.
Es una vergüenza que después de tantos años de democracia, todavía se mantengan vigentes, las leyes nacional y provincial que permiten la detención por averiguación de antecedentes, a las que si bien se les ha puesto un límite conceptual -indicios serios de culpabilidad , y otro limite horario, lo cierto es que a esos límites no los controla nadie, y es la herramienta que usa la policía para privar de libertad a quien se le da la gana.
La privación ilegal de la libertad, es la que expone más seriamente a la tortura y los tratos crueles y degradantes, como en el caso de Alejandro Guerrero.
Responsabilidad Judicial
La defensora oficial del Tribunal Oral Federal Nº 2 explica además que también tiene gran responsabilidad el Poder Judicial, "ya que son los jueces los que garantizan la impunidad del accionar policial. Si ellos que deben controlar las garantías, no lo hacen, o en sus sentencias avalan todo tipo de detenciones, allanamientos e inteligencia ilegales que se hacen sobre las personas, y la sistemática invocación de denuncia anónima que encubre la complicidad policial con el delito, la policía nunca va a entender cuáles son sus límites".
Usted plantea que existen investigaciones espúreas.
Como ejemplo, hace pocos días salió publicado en los diarios un fallo de casación que ratificó una nulidad declarada por el T.O.2 de Rosario, ya que una joven había sido víctima de presiones policiales para obligarla a confesar, y en el mismo fallo se denunció que la joven fue sometida a una intervención quirúrgica con presencia policial en un quirófano. Este tipo de vejaciones espantan, pero lo más preocupante, es que una investigación de origen tan espúreo, y de prácticas tan abusivas, haya podido transitar los tribunales rosarinos durante un tiempo, y mantener privada de libertad a una persona. Afortunadamente este caso tuvo un final feliz, pero son los menos, y el sufrimiento ya estaba infringido.
Y como si esto fuera poco, en nuestra ciudad, a los concejales no se les ocurrió mejor idea que incursionar en temas penales, y se dedicaron a ampliar espacios de corrupción policial. Se sancionó una ordenanza que habilita un mecanismo de denuncias penales anónimas, absolutamente ilegales e inútiles, que llenan las fiscalías de peleas entre vecinos, e impide el trabajo serio. Por otra parte habilita un instrumento más de corrupción policial, ya que se le otorga a la policía un nuevo recurso para avalar sus persecuciones ilegales inventando denuncias anónimas a diestra y siniestra, para cubrir a algunos, y punir a otros.
Cuando suceden estas cosas, también debemos reclamar a los medios de comunicación su responsabilidad cuando generan reclamos punitivos contra la inseguridad. Estos son los resultados de la llamada "mano dura". Esta vez, atacaron a alguien conocido y con capacidad para defenderse, y por quien han reaccionado sus colegas, el Sindicato de Prensa Rosario y la sociedad democrática que se enteró del hecho.
Pensemos que esto que le pasó a Alejandro Guerrero, y que es realmente gravísimo, es lo que sufren cotidianamente los desconocidos de siempre, y no debe sucederle nunca más a nadie si queremos vivir en una sociedad democrática, igualitaria, y segura para todos.
20 de diciembre de 2010
19 de diciembre de 2010
©rosario 12
Argentina. El juicio por la apropiación de Bárbara García Recchia es otro de los que están llegando al final. Las audiencias de la semana pasada terminaron con el alegato de la defensa del ex oficial del Batallón 601 de Inteligencia Luis José Ricchiutti y su mujer Elida Hermann, que pidieron la nulidad de las pruebas del allanamiento y de extracción de sangre y, luego de quitarle la entidad de crimen de lesa humanidad, pidieron la prescripción de la prueba. Mañana deberán replicar la fiscalía y la querella a cargo de los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo. La fecha prevista para la sentencia es el 28 de diciembre.
Santa Fe, Argentina. Los ocho cuerpos hallados en la fosa clandestina del campo San Pedro estaban cubiertos de cal: el elemento clave que guió la búsqueda y llamó la atención a Carlos Jesús Castellanos, en 1977. "Un día, a media mañana llegó un grupo del Ejército. Por experiencia, logro distinguir entre ellos a algunos que pertenecían a Inteligencia. Yo sabía que cuando venían los de Inteligencia, me tenía que retirar. Días atrás habían descargado gran cantidad de bolsas de cal, cosa que me había llamado la atención. Las habían apilado en una de las habitaciones de lo que era el casco antiguo del campo", relató el baqueano.
[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. La pregunta ronda en la Casa de Derechos de Santa Fe, donde una pesquisa de años descubrió el centro de exterminio que operó en el campo militar San Pedro, en las cercanías de Laguna Paiva, durante la dictadura. Y la respuesta ofrece el nombre de un baqueano que por primera vez se revela en público: Carlos Jesús Castellanos, el cuidador del campo que conservó los secretos del terrorismo de estado durante treinta años, aportó datos sobre los enterramientos clandestinos ya 1985, sufrió las consecuencias y ratificó su testimonio, en 2006. El hallazgo de una fosa común con ocho cuerpos en junio de este año, uno de ellos ya identificado: María Esther Ravelo, desaparecida en Rosario en 1977, confirmó su relato. "Acá el verdadero héroe es Castellanos", dijo uno de los investigadores.
Argentina. El hallazgo ocurrió ayer, en un terreno ubicado en la calle 13 y 170, de la localidad vecina a la capital provincial, tras un procedimiento ordenado por el fiscal de la causa, Fernando Cartasegna. El testigo de identidad reservada había indicado que el estudiante de periodismo desaparecido y asesinado hace 17 años en La Plata había sido enterrado en un cañaveral dentro de ese predio. Los restos encontraron restos óseos que serán analizados.
Argentina. El ex miembro de la junta militar argentina Jorge Rafael Videla y otros 30 acusados, entre ellos el general Luciano Benjamín Menéndez, recibirán el próximo miércoles la sentencia del histórico juicio que se les sigue en la provincia argentina de Córdoba por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura (1976-1983).
[José Maggi] Argentina. De los 17 procesados con los que cuenta la causa Feced (residual) sólo dos de ellos están efectivamente detenidos. Los restantes solo tiene prisión domiciliaria o bien están en libertad. Lo dos reos tras las rejas son Lucio César Nast alias ‘el Ronco’ y Carlos Ulpiano Altamirano, alias ‘Caramelo’ que fue el último en intentar pasar las fiestas en familia, aduciendo sufrir de "diabetes e hipertensión". Al menos hasta el momento le negaron esa posibilidad: el fiscal Gonzalo Stara argumentó su denegatoria ante el juez federal Marcelo Bailaque quien le dió la razón, y ante la apelación de Altamirano, envió el expediente a la Cámara de Apelaciones para que resuelva.
Bogotá, Colombia. Se esfuman las posibilidades de que el Congreso de Estados Unidos apruebe próximamente el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y ese país (TLC). Robert Gibbs, portavoz principal del presidente norteamericano Barack Obama, lo dijo ayer clarísimo. "En los meses que vienen, el acuerdo con Colombia no irá a la Cámara de Representantes ni al Senado", le indicó Gibbs a la prestigiosa página ‘web’ Politico, "porque no cuenta con los votos suficientes".