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el daño está hecho


Tenía dieciséis años cuando fue secuestrada y torturada por pertenecer a un sindicato de estudiantes secundarios.
Argentina. Laura Hanono ingresó decidida a la sala de audiencias. Pidió cambiar la ubicación, para que los acusados pudieran mirarla. "Fui privada ilegalmente de mi libertad a los 16 años, a los 22 pude hacer la denuncia, y ahora que tengo 49 puedo estar declarando", dijo la testigo, que rememoró su detención, el 13 de octubre, en la calle, a cargo del represor apodado La Picha. En el Servicio de Informaciones fue torturada reiteradas veces, en sesiones a cargo de José Rubén El Ciego Lofiego. No sólo la interrogaban por su participación en la Unión de Estudiantes Secundarios -que había cesado- sino también le subrayaban su condición de judía. Allí estuvo detenida también su hermana, Julieta. "Hay una situación de abuso sexual de parte del Cura (Mario Alfredo Marcote), que no llega a consumarse porque llegó un hombre, al que le decían el Armero, que le dijo: ’Dejala tranquila, es muy chiquita’", recordó. En ese momento, Hanono bajó la cabeza y cerró los ojos. Después, siguió declarando. La defensora oficial, Laura Inés Cosidoy, le dijo que iba a estar "20 años presa", después de leer su declaración sobre las torturas sufridas.
"Las personas que estuvimos ahí permanecimos en condición de piltrafas humanas", dijo la testigo, que es psicoanalista, docente universitaria y secretaria académica de una Universidad. Citó a Primo Levi para describir un lugar como el SI, al que consideró un campo de concentración. Antes de terminar, expresó un sentimiento común. "Me preocupa el dispositivo de la sala, seguimos en la misma situación. Ellos nos miran y nosotros no los podemos ver", dijo. La testigo subrayó: "A muchos de nosotros nos detuvieron muy jóvenes. El daño ya está hecho, más allá de que sea necesaria una condena para que no se siga produciendo".
22 de diciembre de 2010
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el hombre que echó al ciego lofiego


La última audiencia del año del juicio a represores rosarinos. Esteban Borgonovo fue secuestrado en el 77, cuando era estudiante secundario. Después fue el funcionario que armó el informe que derivó en la cesantía de varios represores. "Leí cientos de declaraciones, los apodos de la patota se repetían incesantemente", recordó.
[Sonia Tessa] Argentina. La primera vez que Esteban Borgonovo vio a José Rubén Lofiego estaba inerme, a merced de su poder. El represor le hizo sacar la venda. Muchos años después, a fines de la década del 90, el antiguo cautivo era funcionario provincial, y le encargaron elaborar el informe que determinó el retiro obligatorio del hombre que conducía las torturas en el Servicio de Informaciones. El 20 de octubre de 1977, cuando estaba volviendo a su casa -en Tucumán entre España y Presidente Roca- después de hacer un mandado, tres personas obligaron a Borgonovo a subir a un Fiat 128 color rojo, lo pusieron en el piso trasero, boca abajo, y apoyaron los pies sobre su espalda. Lo llevaron al Servicio de Informaciones, donde lo interrogaron y le recordaron la desaparición de muchos de sus antiguos compañeros, todo a los golpes. Borgonovo declaró ayer en la causa Díaz Bessone, que tramita el Tribunal Federal Oral número 2, en la última audiencia del año. El 7 de febrero se retomará el juicio.
Un año y medio antes de su secuestro, Borgonovo había dejado de militar en la Unión de Estudiantes Secundarios por "diferencias políticas, de puntos de vista". No importó. Después del interrogatorio, el Ciego Lofiego le hizo sacar la venda, y le dijo: "Metí en cana a todos tus compañeros". Le preguntó si quería ver una foto de cómo había quedado el desaparecido Raúl Bustos. "Fue una cosa muy perversa", recordó ayer el testigo. Después de 20 días en el SI, lo llevaron a Coronda, donde estuvo detenido hasta el 11 de julio de 1978.
En 1997, Esteban Borgonovo era subsecretario de Asuntos Legislativos del gobierno provincial. Como funcionario del Ministerio de Gobierno que dirigía Roberto Rosúa le encomendaron un informe sobre el personal policial en actividad acusado de formar parte del terrorismo de estado. Para eso, el entonces funcionario pasó meses leyendo la causa Feced, entonces archivada en el subsuelo del edificio de Tribunales federales de Entre Ríos al 400. Como consecuencia de su informe, y de los procesamientos que llegaban desde España e Italia para los represores, al año siguiente el ex gobernador Jorge Obeid firmó el retiro obligatorio de seis comisarios: Lofiego, José Carlos Antonio Scortecchini (estos dos son imputados en esta causa), como así también a Alberto Julio Vitantonio, Ramón Telmo Alcides Ibarra (Rommel), Carlos Alberto Moore y César Heriberto Peralta (La Pirincha). Los últimos cuatro no forman parte de esta causa, sino de la que se conoce como Feced residual.
Sobre aquel informe, Borgonovo remarcó que "si bien la investigación en el país estaba paralizada, había actividad internacional, había reclamos de España e Italia. Por eso, el gobierno tomó la decisión de elaborar un informe basado en la causa Feced".
Aunque el testigo mantuvo durante toda la declaración un tono calmo, admitió que producir el informe fue "tal vez más conmocionante que los fenómenos propios de mi detención". La lectura de la causa lo trasladó nuevamente al centro clandestino que funcionó en la antigua jefatura de policía. "Me permitió leer cientos de declaraciones, donde los nombres y apodos de los integrantes de la patota se repiten incesantemente. Personas que habían sido privadas clandestinamente de su libertad, que habían sido objeto de torturas, violaciones, robos, que habían sido llevadas al SI. Iba todos los días a trabajar bastante conmovido", expresó.
Entre los represores que pudo escuchar -ya que estaba vendado- hace 33 años, como víctima, Borgonovo mencionó también al Cura, Mario Alfredo Marcote, así como al Pelado o Sargento (Ramón Rito Vergara), "que usaba peluquín". Recordó a una persona joven, apodada el Lagarto, Carlitos (Oscar Gómez) y Darío (Julio Fermoselle).
Uno de los abogados defensores, Gritzko Gadea Dorronsoro, le preguntó a Borgonovo si sabía por qué Lofiego le había hecho sacar la venda. "No sé, nunca lo supe. Supuse en aquel momento que sería una especie de fanfarronería", respondió el testigo. El oficial que dirigía las torturas gustaba de hacerse ver por sus víctimas.
22 de diciembre de 2010
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condenan a dieciséis represores


Dieciséis represores fueron declarados culpables y uno fue absuelto en el juicio por los crímenes de los centros clandestinos Atlético, El Banco y El Olimpo. Hubo doce cadenas perpetuas y cuatro represores recibieron 25 años. El juicio abarcó a 183 víctimas.
[Alejandra Dandan] Argentina. Era uno de los dioses del Olimpo. Uno de los torturadores más feroces y una de las figuras más emblemáticas del terrorismo de Estado. Mientras Jorge Alberto Tassara le leía letra por letra la sentencia que las víctimas y sus familiares esperaron durante más de treinta años, se levantó de la silla para salir de la sala porque justo en ese momento necesitaba ir al baño. Poco después, con un cuarto intermedio mediante y mientras escondía la cara revolcándose en la silla el presidente del Tribunal Oral Federal 2 terminaba con la lectura de los cargos: Julio Simón alias El Turco Julián recibió una condena a prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua como autor de cinco homicidios calificados por alevosía en concurso con privación ilegal de la libertad y tormentos; por 74 hechos de privación ilegal y tormentos agravados y 89 delitos de tormentos y privación ilegal con el agravante de que las víctimas permanecieron más de un mes prisioneras. Hubo un único y efusivo aplauso en la sala durante las dos horas de lectura del veredicto: fue en ese momento.
La histórica sentencia por los crímenes del circuito integrando por los centros clandestinos del Banco-Atlético-Olimpo finalmente llegó. A las siete de la tarde, el presidente del TOF 2 leyó las condenas para 16 de los 17 represores acusados en el marco –como especificó– de delitos de lesa humanidad por 183 casos. Detrás del Turco Julián recibieron la máxima condena otros once represores, entre ellos, el apropiador Samuel Miara y el policía Oscar Augusto Rolón que entró en la sala con las manos en alto, saludando con entusiasmo a sus familiares y a la parentela de otros acusados que tiraban besos desde el piso de arriba. Otros cuatro represores fueron condenados a 25 años de prisión con inhabilitación absoluta perpetua, entre ellos Raúl Guglielminetti. Juan Carlos Falcón alias ‘Kung Fu’ quedó absuelto de cargos y se ordenó su libertad.
Después de la lectura del veredicto cuando finalmente acabó el juicio oral que empezó el 24 de noviembre del año pasado, entre las víctimas y testigos había una sensación de llegada, de haber alcanzado un piso de justicia. En la sala de audiencias se escuchó "presentes, ahora y siempre".
"Se hizo justicia", dijo para poner las cosas en su lugar y antes de cualquier otra cosa Ana María Careaga, una de las sobrevivientes del circuito y pilar en los avatares del juicio. "Son muchos los que fueron condenados a cadena perpetua, responsables de estos delitos aberrantes, pero también está la desazón porque nosotros tuvimos que padecer adentro a este represor con el seudónimo de Kung Fu, pero todo lo que hemos vivido se contradice con los parámetros de la justicia, que consideró que no es real que esta persona actuaba ahí."
Pese al pedido de la fiscalía encabezada por Alejandro Alagia que pidió para todos la acusación por el delito por genocidio, el TOF 2 dictó una sentencia que las querellas consideraron correcta técnicamente. El Tribunal optó por la fórmula de "crímenes de lesa humanidad" para situar y legitimar las condenas.
Para dictar las cadenas perpetuas el tribunal consideró probado el delito de homicidio agravado por alevosía. Ese delito se pudo incorporar en el trascurso del juicio oral porque cinco cuerpos de víctimas que habían pasado por los campos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense en 2007.
En esa acusación entró el apropiador Samuel Miara que fue jefe de la guardia de los tres centros clandestinos, represor y acusado por la apropiación de los mellizos Reggiardo-Tolosa. Como lo viene haciendo en las últimas audiencias, Mira siguió la audiencia a través de una pantalla conectada al hospital policial Churruca. El Tribunal lo condenó a prisión perpetua e inhabilitación absoluta por los homicidios. Además, lo condenaron por 58 hechos de privación ilegal de la libertad agravada y por tormentos y por otros 81 casos en los que a los agravantes se sumó la característica de haber mantenido a las víctimas durante más de un mes privadas de la libertad. Ese mismo tipo de cargos se repitió con la mayor parte de los represores.
El caso de Guglielminetti fue distinto. Recibió una pena menor de la que se esperaba. El Tribunal lo condenó a 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua como coautor de tormentos en un caso; y partícipe secundario en 22 hechos de privación ilegal agravado y tormentos y como partícipe secundario en otros 46 donde la acción incluyó como agravante el secuestro de más de un mes de cautiverio. Las razones por las que el TOF 2 lo condenó de ese modo se conocerán el 22 de marzo, cuando se lean los fundamentos de la sentencia. Las querellas y la fiscalía ayer hacían algunas hipótesis, entre ellas que el Tribunal evaluó al ex agente de inteligencia del Batallón 601 como alguien que no estaba asignado permanentemente al campo.
Otro de los que no recibió perpetua sino una condena a 25 años de prisión pero está acusado por los cinco homicidios es Ricardo Taddei. El represor fue extraditado desde España y según el convenio con ese país, Argentina se compromete a no condenar a perpetua.
Otro de los casos particulares fue el del teniente coronel (r) Enrique José del Pino jefe del Grupo de Tareas GT2, condenado a perpetua por los casos ya enumerados de homicidios y por los asesinatos de Carlos Fassano y Lucía Révora de De Pedro. Con del Pino fueron condenados por estos mismos crímenes a 25 años de prisión Carlos Alberto Teppedino –sobre quien el Tribunal ordenó la detención urgente– y Mario Gómez Arena.
La decisión de liberar a Falcón será apelada. Pese a eso, anoche entre los consultados por Página/12 se evaluaban algunas explicaciones. Una era que los jueces habían dado por válida una de las coartada del llamado "Kung Fu" adentro del centro que logró acreditar en el debate que durante ese período estaba asignado a la custodia personal de Albano Harguindeguy. Pese a eso, existen testigos que lo ubican dentro de los centros y quienes podrían argüir, como lo hacían anoche, si esa misma cercanía al ex ministro del Interior no lo habilitaba para participar de las torturas.
La condena dejó varias preguntas en el aire. Entre otras, por qué el tribunal no castigó con la pena máxima a las desapariciones aún sin la presencia de los cuerpos.
Ana María se levantaba de la silla contenta, buscando la salida donde se iban reuniendo una marea de militantes, sobrevivientes y familiares. Arriba, entre los familiares de los represores se escuchaban los vivas las patrias, aplausos y hasta algunas estrofas del Himno Nacional. Abajo, una madre de Plaza de Mayo ya muy anciana se abría paso con su pañuelo, y se atajaba contra el cuerpo de Ana María Careaga. "Finalmente hemos llegado", susurró.
22 de diciembre de 2010
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gustavo pon era su nombre


Era un joven maestro de Gualeguaychú, que fue secuestrado en Rosario y trasladado al centro clandestino La Calamita. Ayer, el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó el cuerpo, que estaba enterrado en Laguna Paiva.
Argentina. El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó al segundo desaparecido, entre los ocho cuerpos enterrados en el predio militar Campo San Pedro, cercano a Laguna Paiva. Se trata de Gustavo Pon, un joven maestro oriundo de Gualeguaychú, Entre Ríos. El hallazgo fue notificado por los tribunales federales de Santa Fe. La víctima había sido secuestrada en Rosario y hasta hace tres días formaba parte de uno de los tres grupos de personas desaparecidas que pasaron por el centro clandestino de detención La Calamita, en Granadero Baigorria.
Hasta el momento se sospecha que los restos de las personas que formaban parte de las dos primeras tandas de un total de 27 detenidos habrían sido arrojadas al mar, según declaró Eduardo ‘Tucu’ Costanzo, mientras que al tercer grupo, en el que se encontraba Pon, fue enterrado en el campo del Ejército en Laguna Paiva, más precisamente en San Pedro.
El primero de los cuerpos desenterrados en Campo San Pedro pertenece a María Esther Ravelo, una no vidente que fue secuestrada el 17 de setiembre de 1977 de su casa de Santiago 2815.
Daniel Pon, hermano de Gustavo lo recordó: "Gustavo fue un militante que se incorporó a la actividad política a partir de su compromiso cristiano con una profunda convicción. A los 13 años, decidió desarrollar la carrera sacerdotal, la cual abandonó a los 22 años, cuando tuvo la certeza que no podría ejercer el sacerdocio con coherencia". Daniel agregó que su hermano reiteró esta actitud "con su decisión de quedarse en el país pese a los ruegos de nuestra madre, que fue a visitarlo en la clandestinidad".
Daniel aclaró que su hermano Gustavo no ocupó cargos importantes en la organización Montoneros, a la cual incorporó en los últimos años de su vida siendo funcionario del gobierno democrático y luego como organizador del Partido Auténtico en la Provincia de Santa Fe, desarrollando su trabajo político en el frente barrial en especial en barrio Centenario.
Gustavo Pon se licenció en Filosofía y ejerció como profesor en varias Facultades de las Universidades Nacional del Litoral y Católica de Santa Fe. "Hoy existen placas en cada una de esas casas de estudio al igual que en el hall central de gremio docente Amsafé que rescatan su labor de docente comprometido con el cambio social", señaló.
Meses antes de su secuestro, más precisamente en junio de 1977, Gustavo Pon escribió en su diario personal un concepto que sintetiza el sentido de su vida, y es el siguiente: "Estuve varios años buscando la forma más efectiva de cumplir el mandato evangélico hasta que me di cuenta de que el amor evangélico es un amor político, de que la beneficencia no sirve porque humilla y degrada, de que liberación y la salvación son una misma cosa. Para qué vamos a salvar o liberar personas si luego tienen que servir a estructuras opresoras".
22 de diciembre de 2010
21 de diciembre de 2010
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hoy dictan sentencia


Hoy se difundirán las sentencias por la represión ilegal en el circuito ABO. El torturador Julio Simón, alias ‘El Turco Julián’, conocido por su ferocidad, escondió la mirada ante los flashes. Samuel Miara, apropiador de los mellizos Reggiardo-Tolosa, repitió que no tenía nada que agregar. Tienen pedidos de prisión perpetua.
[Alejandra Dandan] Argentina. Era uno de los dioses del Olimpo. El tipo que andaba adornado con cruces en el cuello, y el símbolo nazi en un llavero. El hombre que para divertirse organizaba luchas libres entre los detenidos desaparecidos; los enfrentaba siempre de a dos, dos hombres o dos mujeres, con reglas que corrían por su cuenta. Valía todo excepto el no pelear, porque cuando alguien no pegaba, los sometía a una sesión de tortura. Julio Héctor Simón alias el "Turco Julián", ese mismo dios del infierno, agachó la mirada cuando un fotógrafo de Página/12 ayer intentó retratarlo: Sentado entre otros dieciséis represores en uno de los auditorios de los Tribunales Federales de Comodoro Py, donde empezaba el último día del juicio por los crímenes del circuito Atlético-Banco-Olimpo, un día antes de la sentencia que se escuchará hoy.
Los represores se sentaron en bloque, detrás de Simón que estaba en las primeras filas. Unos detrás de otros se ubicaron en uno de los extremos de la sala alterados por el movimiento del lente de la cámara. Uno de los más altos, el ex hombre de la Federal Oscar Rolón, apenas intuyó el disparo giró rápidamente para ponerse de espaldas, posición desde la que improvisó una charla salvadora con uno de los coroneles. En la sala de audiencias, el Tribunal Oral Federal 2 porteño intentaba una conexión con el represor número 17: el apropiador Samuel Miara, jefe de la guardia de los tres centros clandestinos, represor y acusado por la apropiación de los mellizos Reggiardo-Tolosa. Internado en el Hospital Policial Churruca, Miara sigue las derivaciones del juicio por video conferencia.
¿Señor Miara, me escucha?, preguntó el presidente del Tribunal Oral Federal 2 varias veces, y más tarde volvió a preguntarle lo mismo, pero para saber si –como había sucedido con cada uno de los otros acusados– estaba dispuesto a decir algo. Era el último día de audiencia. Habían pasado unas 80 jornadas de debate y los alegatos de la fiscalía que acusó a todos por genocidio y el pedido a cadena perpetua de las querellas. Miara, que no dijo nada, fue el único de los 17 que respondió, sin embargo, con un poco más de palabras: "Todo lo dicho lo ha expresado mi abogada defensora –dijo–: por lo tanto, no tengo nada que agregar".
El juicio por los crímenes del circuito conocido como ABO comenzó el 24 de noviembre del año pasado; en él se juzga a los acusados por 184 casos de secuestros, tormentos y homicidios. La mayor parte de los acusados son hombres de la Policía Federal, pero entre ellos también hay hombres del Servicio Penitenciario, Gendarmería y del Ejército que se fueron incorporando en los distintos momentos de apertura de los centros.
En el primer grupo estaba el Turco Julián, Miara, Roberto Antonio Rosa, alias ‘Clavel’ Eduardo Kalinek, alias ‘Dr K’; Raúl González, alias ‘Negro’; Ricardo Taddei, alias ‘Cura’ o ‘El Padre’, extraditado en marzo de 2007 de España; Juan Carlos Falcón, alias ‘KungFu’, por su forma de golpear a los detenidos con modos del arte marcial; Óscar Augusto Isidro Rolón, alias ‘Soler’, el hombre que no quería la foto; Eugenio Jorge Uballes, alias ‘Anteojito’, que con Taddei también integraron las tropas de la Triple A, y Juan Carlos Donocik, alias ‘Polaco Chico’. Los otros son Juan Carlos Avena, alias ‘Capitán Centeno’, del Servicio Penitenciario; Eugenio Pereyra Apestegui, alias ‘Quintana’, y Guillermo Víctor Cardozo, alias ‘Cortez de Gendarmería’; Raúl Guglielminetti, conocido como el ‘Mayor Guastavino’, civil, de inteligencia, y el ex Enrique José del Pino, teniente coronel retirado y jefe de grupo de tareas GT2 que funcionó en los tres centros. También están acusados Carlos Tepedin y Mario Gómez Arena.
"Cada uno de ellos cumplió distintos roles dentro del centro, estaban ahí", dijo a Página/12 Miguel D’Agostino sobreviviente de los campos. "Estuvieron a lo largo de los dos años que funcionaron los centros cambiando o alternando responsabilidades."
El Atlético funcionó en un predio de la Policía Federal con fuerzas operativas de la policía desde mediados del ’76 hasta diciembre del ’77, y quedó desactivado por la construcción de la autopista 25 de Mayo. El campo se trasladó provisoriamente al Banco, en el cruce de la autopista Riccheri con el Camino de Cintura, a la altura de Puente 12, hasta el 16 de agosto del ’78. A partir de ese día empezó a funcionar el Olimpo en otro predio de la Federal, en Lacarra y Ramón L. Falcón, que quedó desactivado en enero de 1979.
Como sucedió ayer, a lo largo del juicio los acusados casi no hablaron. El pacto del silencio funcionó pese a que no todos pertenecían a la misma fuerza de seguridad, una característica que en Córdoba, por ejemplo, se rompió y les impidió tejer una estrategia defensiva común y, en pos de una defensa personal, varios hablaron. En este caso, no. Y los integrantes de las querellas no se extrañaron: "Esto demuestra que los casos de los que hablan son excepcionales", indicó a Página/12 Ana María Careaga. "Y echa por tierra la posibilidad de una reconciliación basada en la idea del arrepentimiento: son incapaces de ver responsabilidades, hay que juzgarlos y condenarlos". Ana María dice que en general los represores muestran un espíritu de cuerpo: un pacto de silencio que hasta hoy lo siguen cumpliendo. "Desde hace muchos años ellos pueden decir lo que saben, la verdad: tuvieron la oportunidad durante los juicios por la verdad porque estaban vigentes las leyes por las que se los podría juzgar por apropiación de bebés y de bienes, pero no por otros delitos, pero en ese caso tampoco se hicieron cargo de nada".
21 de diciembre de 2010
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policías sin armas y sin gas


La orden de la ministra Garré y la polémica con la oposición. Con el propósito de "desescalar" los niveles de violencia, la cartera de Seguridad dispuso que la policía no vaya armada a operativos relacionados con protestas sociales. La PFA apoyó la medida, pero el gobierno porteño y Carrió la criticaron.
[Nicolás Lantos] Argentina. La flamante ministra de Seguridad, Nilda Garré, ya comenzó a mostrar el perfil de su gestión: este fin de semana se puso en práctica por primera vez el nuevo protocolo que deberá aplicar la Policía Federal cuando se trate de contener manifestaciones sociales y políticas. Como medida principal, durante este tipo de operativos los agentes no podrán portar armas de fuego, ni siquiera cargadas con munición no letal, como las balas de goma, tal como sucedió este sábado en Lugano. "La idea es tratar de desescalar" los niveles de violencia, le explicaron a Página/12 desde la nueva cartera. "Tiene que haber proporcionalidad en la respuesta del uso de la fuerza pública", agregó. Dentro de la Policía Federal, la norma fue bien recibida, según manifestó el vocero de esa fuerza, el comisario mayor Sebastián Seggio. En cambio, las críticas de la oposición no se hicieron esperar.
El nuevo protocolo, diseñado personalmente por Garré y su equipo de asesores de mayor confianza durante las primeras horas de su gestión, se aplicará "en los casos que esté involucrado el contacto físico y eventualmente hechos de violencia" derivados de la protesta social y política y prohíbe el uso de armas de fuego. "Sin armas y sin gas: con agua y, eventualmente, irritantes químicos", detallaron desde el nuevo ministerio. "No se descarta el uso de la fuerza legítima por parte del Estado, sino que se atiende a la especificidad del conflicto social –explicaron–. La idea es tratar de desescalar". Así, habrá siempre un carro hidrante en la zona, listo para intervenir en caso de que aumente la tensión.
Como parte de la política de minimizar los enfrentamientos entre manifestantes y policía, se estableció, también, una nueva formación de contención, en la que una fila de agentes de combate con equipo de protección estará rodeada, por atrás y delante, por sendas filas de uniformados con la chaquetilla naranja del trabajo de calle, para "formar un colchón". El sábado, durante la protesta de vecinos del barrio de Lugano ante la continuidad de la ocupación del club Albariño, se puso en práctica por primera vez el protocolo, con resultados que, en la cartera de Seguridad, evalúan como muy positivos. "Las nuevas instrucciones se acataron a rajatabla, aunque los vecinos les prendieron llantas, les tiraron piedras, los escupieron. Cuando la cosa se puso pesada, la primera fila se refugió detrás de la segunda fila, que tiene mayor protección y capacidad de contener", explicaron.
Habrá también una supervisión remota de este tipo de procedimientos por parte de funcionarios del Ministerio de Seguridad, aunque sólo "al efecto de agilizar la comunicación del desarrollo de los hechos", según se aclaró en un comunicado, que aclara que la PFA es "la única responsable de los operativos a su cargo", ante versiones que indicaban que, según el nuevo protocolo, este tipo de operaciones estarían bajo control civil. "Ello implicaría un doble comando operativo impropio por absurdo", descartaron la posibilidad desde la cartera.
La adopción de este nuevo sistema fue bien recibido por la Federal, según aseguró el vocero de esa fuerza, el comisario mayor Sebastián Seggio. "Se trata de una orden exacta, precisa, clara y práctica para cuando los manifestantes utilizan cualquier tipo de incidente para generar repercusiones. Siempre existe la posibilidad de que se infiltre gente. Ocurre que después se duda y no se sabe de dónde provinieron los disparos", se explayó. Esta medida está directamente relacionada con las dos muertes ocurridas durante la primera jornada de conflicto en el Parque Indoamericano: todavía no se sabe de dónde salieron los disparos que asesinaron a Rosemary Chura Puña y Juan Castañeta Quispe en el predio de Soldati.
Desde la oposición, en cambio, criticaron con fuerza la medida. El jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco, mostró su discrepancia y pidió "proteger al personal" en estos casos. "Yo creo que no deben llevar armas de fuego, pero sí armas porque el policía debe poder defenderse", aseveró. "Lo que normalmente se hace es desarmar a quienes van al frente", comentó, pero que los que no están tan expuestos "tienen que poder actuar en una situación de desborde. Además, anticipó que eventualmente podría evaluar la incorporación a la policía porteña de alguno de los 13 comisarios generales que formaban parte de la cúpula de la Federal y que fueron desplazados la semana pasada por Garré.
En tanto, la dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió calificó el anuncio como "un despropósito" porque parte de "una visión ideológica" del asunto. "Están diciendo que vamos a tener una policía desarmada y los que quieren violar la ley van a decir ‘vamos a avanzar sobre los policías’ y los policías se van a retirar", especuló la diputada, que sostuvo que el protocolo "va a generar indefensión en la policía y también en la gente". La legisladora del PRO Gabriela Michetti, por su parte, criticó el "no ejercicio del monopolio de la fuerza de la autoridad" y denunció "un problema de fondo" porque el gobierno nacional ha "dado vuelta todo". Por último, José "Pepe" Scioli, hermano del gobernador bonaerense y actualmente precandidato a jefe de gobierno porteño de la mano de Francisco de Narváez, sostuvo que así queda "todo librado a la ley de la calle" porque "en los últimos años se confundió la defensa de los derechos humanos con la defensa del orden público."
21 de diciembre de 2010
20 de diciembre de 2010
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se hará justicia


Videla, Menéendez y otro medio centenar de represores serán condenados esta semana. Los juicios que se realizan en Córdoba, Buenos Aires y Mar del Plata culminarán esta semana con las condenas de los implicados. La mayoría de los represores juzgados no habían sido juzgados ni detenidos.
Argentina. El dictador Jorge Rafael Videla volverá a escuchar una sentencia después de un cuarto de siglo. El general Luciano Benjamín Menéndez, impune en los ’80, alcanzaría el récord de cinco condenas a prisión perpetua. Julio Simón va por su tercer fallo adverso. Los coroneles Carlos Alberto Tepedino y Mario Gómez Arenas van por el segundo. Debuta el civil Raúl Antonio Guglielminetti, el mayor Guastavino, que supo ser custodio del presidente Raúl Alfonsín. Celebridades al margen, más de medio centenar de imputados por crímenes de lesa humanidad serán condenados o absueltos en los próximos días por secuestros, torturas, violaciones y asesinatos cometidos durante la última dictadura.
"La acción del Estado de administrar justicia y las condenas correspondientes revalidan la palabra histórica y el testimonio de las víctimas del terrorismo de Estado porque le dan credibilidad", explicó Martín Fresneda, uno de los sobrevivientes que impulsó una de las querellas del juicio a Videla. "La condena es muy reparadora no sólo para los muertos sino para los vivos, para los que son sobrevivientes del horror. Lo primero que hace una persona que pasó por una situación similar es ir y hacer la denuncia, pero el hecho de que el Estado genere impunidad es un modo de invisibilizar el horror, la palabra y el cuerpo de la persona que denuncia y, en ese sentido, la condena es absolutamente reparadora porque vuelve a tomar credibilidad la palabra".
Las cifras de 2010 marcan un quiebre histórico en el proceso de justicia. Según la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos de la Procuración General de la Nación, en lo que va del año fueron condenados 66 represores en catorce procesos orales y públicos. La cantidad de acusados que llegaron a juicio es casi cinco veces mayor que la de 2009. Creció también la base de la pirámide: ochocientos procesados aguardan turno para sentarse en el banquillo. Son 166 más que el año pasado. En el debe, producto del "notable incremento de las excarcelaciones" dispuestas por distintos tribunales, la unidad que encabezan Jorge Auat y Pablo Parenti destaca que sólo el 57 por ciento de los procesados tienen prisión preventiva. De ese universo, el 56 por ciento está en una cárcel, el 37 encerrado en la casa.
Mañana, a las 10, en Mar del Plata escucharán su sentencia el general Alfredo Arrillaga, el contraalmirante Luis Pertusio y el capitán de navío Justo Ignacio Ortiz. El juicio es por delitos en el campo clandestino que funcionó en la Base Naval local, donde operó la Fuerza de Tareas 6, que encabezaba Ortiz. Pertusio dirigía la Escuela de Submarinos e integraba la FT6. Arrillaga, que volvería a torturar y matar en La Tablada en 1989, era jefe de Inteligencia de la subzona militar 15, que coordinaba la actuación de todos los grupos de tareas. Será la primera sentencia contra marinos desde la condena a Massera en 1985. El turno de Acosta, Astiz & Cía. sería recién en abril. El fiscal Daniel Adler y los querellantes Gloria León, César Sivo y Alejo Ramos Padilla coincidieron en el pedido de penas: prisión perpetua. Los imputados confían en los votos de Nelson Jarazo y Alejandro Esmoris, que estiraron el proceso al máximo y ya absolvieron en 2009 al coronel Alejandro Duret, identificado a la cabeza del grupo de tareas que llevó a Carlos Labolita encapuchado, torturado y descalzo a allanar la casa familiar antes de desaparecer.
También mañana, pero a las 19, el Tribunal Oral Federal 2 porteño dictará sentencia a un grupo de diecisiete represores del circuito Atlético-Banco-Olimpo, incluidos Simón, Guglielminetti, el apropiador Samuel Miara y el capitán Enrique José del Pino, que hoy podrán decir sus últimas palabras ante jueces, víctimas y seres queridos. Se trata del primer juicio a un número significativo de imputados en la ciudad de Buenos Aires, por secuestros, tormentos y homicidios contra 184 víctimas. El proceso que condujeron Jorge Tassara, María Laura Garrigós de Rébori y Ana María D’Alessio duró trece meses, dato relevante si se tiene en cuenta que 800 procesados esperan turno. El fiscal Alejandro Alagia reclamó en su alegato que se condene por genocidio. Los organismos querellantes coincidieron en el pedido de prisión perpetua. Hijos, Familiares, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, entre otros, organizan un festival mañana desde las 17.30 frente a los tribunales de Comodoro Py. El fallo se podrá seguir en vivo en pantallas instaladas en la calle y los canales podrán tomar la filmación oficial, a cargo del Incaa. La Televisión Pública estará con móviles en vivo, aunque hasta ayer un problema con la programación impedía obtener la certeza de que esta sentencia histórica pudiese ser trasmitida en vivo. En la calle, habrá un recital de Dancing Mood, Actitud María Marta, La Chilinga y Fidel Nadal.
"Es la primera vez que se estarán condenando a los actores más cercanos a la plan exterminio", explicó Miguel D`Agostino, sobreviviente de los campos. "Tenemos hasta ahora las condenas a los autores intelectuales pero no a los que tomaron la decisión de ejecutarlo." Todos los acusados estuvieron en los centros clandestinos, como dice D`Agostino: "Estaban ahí, a lo largo de los dos años que funcionaron los centros, cambiando o alternando responsabilidades o tareas". En la línea de acusados hay gendarmes, policías, hombres del servicio penitenciario, y esos son los nombres y apellidos de los asesinos. Detrás de los 17 acusados, hay otros siete que están en lista de espera para la segunda parte del juicio y otros cinco están muertos, una suma que eleva a 29 el número de criminales identificados. El juicio termina después de unas 80 audiencias que empezaron el 24 de noviembre del año pasado. Por decisión del Tribunal, los acusados estuvieron presentes en casi todo el debate y aquellos como Miara que no estuvieron en condiciones de estar presente por razones de salud, debieron seguir la audiencia por videoconferencia.
El miércoles, en tanto, Córdoba volverá a marcar un hito en la historia del proceso de Justicia. A la sana costumbre de condenar a Menéndez, que hasta los ‘90 solía integrar palcos oficiales de gobiernos radicales y ahora carga con cuatro perpetuas, se suma esta vez la imputación al dictador Videla, indultado por Carlos Menem en 1990, y una diferencia sustancial con todos los juicios anteriores: hay 31 imputados, desde el presidente de facto hasta torturadores. Militares, policías y civiles, incluida una mujer, juzgados por los fusilamientos a presos políticos de la Unidad Penitenciaria 1 y por tormentos. Según Será Justicia, semanario abocado a la cobertura del juicio, la acumulación de alegatos de los querellantes arroja como resultado pedidos de prisión perpetua para 21 imputados. Los fiscales pidieron cuatro absoluciones y la pena máxima para 17 imputados.
"Como juicio histórico ha servido mucho porque ha interpelado las distintas capas de la sociedad", indicó Fresneda. "Distintos niveles de la cultura política como a la justicia misma, estoy pensando en que se han conocido durante el juicio niveles de responsabilidad inusitados de la justicia, no sólo en relación a los episodios del pasado sino que los imputados arrojaron datos sobre personas que han participado de los servicios de Inteligencia."
Córdoba fue, por lejos, el escenario donde los acusados hablaron poco más. Una de las explicaciones es que al integrar distintas fuerzas no pudieron articular una defensa conjunta y por lo tanto, muchas veces, en el afán de defenderse, castigaron a otro acusado: "Esa es la ventaja de tener como imputados a toda la cadena de mandos", indicó Fresneda. Y en esa línea, plantea el mismo tipo de reparación que marcó D’Agostino: hasta ahora no estaban condenados los responsables directos del horror. "No teníamos ningún torturador, que son los mismos que tiene la foto en sus ojos de los desaparecidos o de los muertos."
La sentencia de Córdoba será transmitida en directo por la Televisión Pública. La programación incluirá una conexión en directo con el auditorio de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que desde las 16.15 retransmitirá las condenas en pantalla gigante y un debate en la sala del que participarán organismos de derechos humanos y organizaciones sociales como Carta Abierta, entre otros.
20 de diciembre de 2010
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patti en la recta final


El juicio a Luis Abelardo Patti por crímenes de lesa humanidad entra en la etapa final.
Argentina. El equipo de fiscales federales de San Martín integrado por Juan Murray, Marcelo García Berro y Augusto de Luca comienza a partir de hoy con la primera jornada de alegatos. Patti es juzgado por el secuestro y homicidio de Gastón Gonçalves; el diputado Diego Muniz Barreto y secuestro e intento de homicidio de su secretario Juan José Fernández entre otros casos. Con el ex subcomisario y ex intendente de Escobar, son juzgados además los condenados generales Omar Riveros y Reynaldo Bignone jefe y subjefe en 1976 del Comando de Institutos Militares con sede en Campo de Mayo; también el ex comisario de Escobar Fernando Meneghini y Martín Rodríguez, alias ‘El Toro’, uno de los torturadores de Campo de Mayo.
De acuerdo con el cronograma, la fiscalía terminará con los alegatos en la audiencia del miércoles. A partir de allí, el debate que se lleva adelante en el auditorio municipal de José León Suárez entrará en receso hasta la primera semana de febrero. A partir de entonces, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, presidido por Lucila Larrandart, dará la palabra a las querellas. El primer turno será para Ana Oberlin y Pablo Llonto, que representan a los familiares de Gonçalves; de los hermanos Guillermo y David D’Amico, de Daniel Souto, Diego Muniz Barreto y Juan José Fernández. A continuación, seguirán las otras querellas entre las que se encuentran Justicia Ya! y la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.
20 de diciembre de 2010
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