caso suppo pasa a fuero federal
La medida fue pedida por los hijos de la sobreviviente del terrorismo de estado asesinada el 29 de marzo. Un testigo de identidad reservada vinculó a represores.
[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. La Cámara Penal de Rafaela hizo lugar al pedido de la querella para que el juez de Instrucción Nº2, Alejandro Mognaschi, decline su competencia en la investigación del asesinato de Silvia Suppo y la causa pase al fuero federal, donde un testigo de identidad reservada vinculó el crimen con un imputado por delitos de lesa humanidad. "La Cámara falló a favor nuestro", dijo a Rosario/12, la abogada Lucila Puyol, quien representa a los hijos de Silvia, Andrés y Marina Destéfani, junto a sus colegas Paula Condrac y Guillermo Munné. La resolución fue conocida por Andrés y Marina el sábado a la mañana, después de haber estado el viernes en Buenos Aires, donde se entrevistaron con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en la Casa Rosada y luego con el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alén, quienes ratificaron su apoyo al pedido de la familia Suppo para que el caso sea investigado como un hecho de lesa humanidad y no como un delito común.
Por el homicidio de Suppo, el 29 de marzo último, el juez Mognaschi procesó a dos trapitos: Rodrigo Sosa, de 19 años y su primo, Rodolfo Cóceres, de 22, quienes confesaron su participación en el homicidio y negaron cualquier connotación política. En los primeros días de setiembre, un testigo de identidad reservada declaró ante el juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez y vinculó el crimen con un imputado por delitos de lesa humanidad. Sin embargo, el magistrado ante un pedido de la entonces fiscal Cinthia Gómez ordenó desglosar el testimonio de la causa que investiga el martirio de Suppo, en 1977, y lo remitió en sobre cerrado a su colega de Rafaela.
Posteriormente, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como querellante en la causa que instruye Mognaschi, pero éste rechazó el planteo. Y también desestimó un pedido de inhibitoria de la querella para que decline su competencia y remita el expediente al fuero federal. Los abogados querellantes apelaron entonces la resolución del juez, pero éste la volvió a rechazar, por lo que tuvieron que recurrir en queja ante la Cámara Penal de Rafaela.
La Cámara adoptó dos resoluciones, primero, hizo lugar a la queja al considerar que la apelación había sido mal denegada por Mognaschi. Y esta semana, admitió el pedido de declinatoria del juez, por lo que ahora Moghaschi deberá desprenderse del expediente y enviárselo al juez Rodríguez.
Pero la situación aún es más compleja. En setiembre, al ordenar el desglose del testimonio de identidad reservada, el juez Rodríguez consideró que no era competente para entender en el caso. Los abogados querellantes apelaron esa resolución ante la Cámara Federal de Rosario, que hace dos días resolvió avocarse al asunto en un plenario de las dos salas. Así que es probable que hasta que la Cámara de Rosario no resuelva, Rodríguez no avanzará en la investigación del asesinato de Suppo. La otra hipótesis es si la Cámara de Rosario ratifica la incompetencia de Rodríguez, con lo cual el conflicto deberá ser resuelto por el tribunal superior común: la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ayer, Andrés Destéfani ponderó el fallo de la Cámara Penal de Rafaela. "Estamos contentos, es lo que veníamos reclamando", dijo en un diálogo con Rosario/12. "La Cámara tuvo la buena actitud de garantizarnos a todos que el crimen se investigue en el ámbito que tiene que ser, que es la justicia federal, el ámbito que está diseñado y cuenta con los recursos para investigar este tipo de causas. La señal que dio la Cámara de Rafaela es buena. Ahora, habrá que seguir luchando por lo que viene de acá en adelante", agregó.
Andrés y Marina recibieron la noticia el sábado a la mañana porque el viernes habían estado en Buenos Aires, donde el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, los recibió en la Casa Rosada y luego se entrevistaron con el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alén. En las audiencias fueron acompañados por el responsable de la Unidad de Intervención y Victimología del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Alberto Linares. "El jefe de Gabinete renovó su compromiso y su preocupación por la causa porque tiene la misma idea que nosotros, que debía pasar a la justicia federal. Y comprometió todos los recursos que se puedan aportar desde el Estado para llegar a una investigación lo más profunda posible", comentó Andrés.
"Incluso, el jefe de Gabinete nos ratificó todo el apoyo de la presidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, quien no pudo recibirnos porque estaba reunida con el presidente de México, pero nos transmitió sus palabras: que renovaba todo su apoyo y que el gobierno estaba dispuesto a ofrecer todo lo que estuviera a su alcance para que la causa avance", agregó.
Más tarde, los hijos de Silvia fueron recibidos por el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación. "Fue una reunión bastante extensa, donde le planteamos algunos puntos concretos de la causa y algunas cuestiones que nos preocupan. El doctor Alén también nos dijo lo mismo, que debía intervenir la justicia federal y se comprometió a seguir apoyando y trabajar al lado nuestro para lograr el esclarecimiento del caso", concluyó Andrés.
7 de diciembre de 2010
6 de diciembre de 2010
©rosario 12
[Alicia Simeoni] Argentina. Las violaciones por género cometidas durante los años de la dictadura militar deben ser declaradas crímenes de lesa humanidad. Los relatos espeluznantes de las mujeres que en los días que pasaron tuvieron la decisión y la fortaleza de narrar la tortura sexual de la que fueron víctimas en el Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía de Rosario, cuando Ramón Genaro Díaz Bessone era comandante del II Cuerpo de Ejército en Rosario, no pueden quedar impunes. Así lo piden quienes sufrieron violaciones como un plus, un adicional por su condición de mujeres y que se sumaron a todos los demás padecimientos que tuvieron los hombres en situación de cautiverio, aunque algunos de ellos también fueron ultrajados en su mayor intimidad. Pero no sólo las víctimas piden que se juzgue a los genocidas por la violencia sexual que ejercieron contra sus rehenes ellos se sentían absolutos dueños de la vida de las personas que habían cazado y luego encerrado , sino que ya empiezan a escucharse otras voces que desde lo jurídico señalan por qué estos delitos no pueden considerarse prescriptos y quedar impunes. Es el caso de las abogadas Gabriela Durruty y Analía Aucía, la primera asesora de la organización Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales y patrocinante de querellantes; la segunda integrante del Comité de América latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) quienes invocan elementos del derecho internacional que la Argentina no puede desconocer. Por tanto el Tribunal Oral Federal Nº 2 debería hacer esta declaración de los delitos en cuestión como aquéllos que deben ser calificados como de lesa humanidad. También debe y puede solicitar al magistrado de primera instancia la investigación de los hechos denunciados, mientras que la acusación pública y las querellas, también pueden hacerlo y así lo harán, según surge de los testimonios de Durruty y Aucía.
[José Maggi] Argentina. Uno de los ocho cuerpos desenterrados en Campo San Pedro -el predio militar donde trabaja desde hace seis meses el Equipo Argentino de Antropología Forense-, pertenece a María Esther Ravelo, una no vidente que fue secuestrada el 17 de setiembre de 1977 junto a su esposo Etelvino Vega del domicilio de calle Santiago 2815. La Casita los ciegos, como es conocida hoy en el barrio está a escasos metros de la vivienda donde cumple arresto domiciliario Eduardo ‘Tucu’ Costanzo, quien denunciara ante la justicia y revelara a este cronista que "la cieguita fue una de las 27 personas que luego de ser secuestradas en el centro clandestino de detención La Calamita, fue trasladada a una chalet de Monje y asesinada, y después enterrada en un campo cercano a Laguna Paiva". Esto prueba el circuito represivo, y convierte el caso en el primero en todo el país donde la justicia pudo comprobar enterramientos clandestinos en un predio militar.
[Irina Hauser] Argentina. La Cámara Federal de Mendoza, integrada por jueces suplentes, puso fin a las andanzas de uno de sus miembros permanentes, el camarista Otilio Romano, destinadas a salvarse de la investigación iniciada en el Consejo de la Magistratura por su presunta complicidad con los crímenes del terrorismo de estado, que podría llevarlo a juicio político. El tribunal dejó sin efecto la medida cautelar, concedida por un conjuez amigo, con la que Romano logró que se suspendiera durante medio año el trámite de dos expedientes en su contra en el Consejo, que ahora deberá reanudarlos. La base del pedido de su destitución, impulsado por organismos de derechos humanos, es prácticamente la misma que sostiene su llamado a indagatoria en una causa penal que tramita la Justicia federal: está acusado como partícipe secundario, en sus tiempos de fiscal (entre 1975 y 1976), en 94 hechos de privaciones ilegítimas de la libertad, torturas y desapariciones. Tenía que declarar ayer como sospechoso ante el juez Walter Bento, pero volvió a eludir presentarse con la excusa de que su abogado está de viaje.
[Sonia Tessa] Argentina. Luisa Tita Marciani estuvo muy presente toda la semana en el juicio oral contra los represores rosarinos, en distintos testimonios. La mujer fue secuestrada el 31 de enero de 1977, al igual que gran parte de su familia: su hija de 20 años, Gladis Gómez, sus dos hermanas, Teresita y Gladis Marciani, su esposo, Carlos Gómez y su cuñado Eduardo Márquez. Tita tenía un embarazo a término. Después de estar retenidas en el Servicio de Informaciones, las mujeres fueron llevadas a la Alcaidía. Tita comenzó a sentirse mal, cada vez peor, sentía que su bebé no se movía dentro del vientre, y sufrió hemorragias de sangre oscura, casi negra. Las compañeras de cautiverio -Stella Hernández, Olga Cabrera Hansen, María del Carmen Sillato, María Inés Luchetti de Bettanín, Elida Deheza, sus hermanas, entre otras les pedían con insistencia a las celadoras que internaran a Tita. Pero jamás recibió atención médica, hasta que fue tarde. Cuando la llevaron a la Asistencia Pública de entonces (actual Maternidad Martin), no quisieron recibirla por su comprometido estado de salud. En el hospital Provincial, su hijo nació muerto y ella falleció dos días después, el 13 de marzo de 1977. Las carceleras entraron a la Alcaidía, le comunicaron la noticia a la hija de Tita y le prohibieron llorar.
[Sonia Tessa] Argentina. María Inés Luchetti de Bettanín empezó a declarar con un fuerte tono político. Acusó al Ejército Argentino de "traición a la patria", por haber actuado de "barrendero" del poder económico concentrado y mancillar su tradición heroica. "En mi familia hay tres muertos, dos desaparecidos y tengo otros dos cuñados desaparecidos. Eramos todos militantes montoneros", dijo para enmarcar su extensa declaración. Antes de levantarse de la silla donde dio testimonio durante más de una hora les dijo a los magistrados: "Esperamos mucho de ustedes". La testigo contó como una película el operativo en su casa del barrio Gráfico, el 2 de enero de 1977 a las 17.30, donde fue asesinado su esposo Leonardo Bettanín, que había sido diputado nacional de la Tendencia. Acorralada, a escondidas de la patota que había entrado en la casa, Cristina Bettanín se acurrucó sobre María Inés -Nené, le dicen los amigos y tomó la pastilla de cianuro. Su esposo, Jaime Colmenares, fue secuestrado.
El primer juicio por robos de bebés en el Segundo Cuerpo de Ejército será el de la hija de Raquel Negro y Tucho Valenzuela, ambos desaparecidos en la quinta de Funes. El juez federal de Paraná, Gustavo Zonis elevó ayer a juicio oral y público la investigación de una maternidad clandestina que operó en el Hospital Militar de Paraná, donde Raquel estuvo secuestrada y dio a luz a una parejita de mellizos, en marzo de 1978. La niña es Sabrina Gullino, quien recuperó su identidad en diciembre de 2008. Pero se desconoce qué sucedió con su hermano, así que el juez resolvió desdoblar la causa y seguir la pesquisa porque está probado que el niño nació con vida y fue derivado al Instituto de Pediatría de Paraná por problemas de salud. Por el caso están imputados cuatro de los condenados a perpetua por los desaparecidos en el centro clandestino de Funes: Pascual Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong y Walter Pagano, más otro oficial del Destacamento de Inteligencia 121, Marino Héctor González y un médico de Paraná: Juan Antonio Zaccaría.
[José Maggi] Argentina. Stella Hernández era una adolescente de 19 años cuando fue secuestrada por la patota de Feced el 11 de enero de 1977, junto a su novio de entonces Carlos Arroyo, y llevada al Servicio de Informaciones. Este sería sin embargo solo el inicio de un "descenso a los infiernos" que culminaría el 23 de junio de ese mismo año. Y el resultado fue otra mujer, que ayer decidió terminar con la carga enorme que significa un secreto guardado celosamente durante 34 años, para desenterrarlo y confesarlo públicamente frente a su violador: Mario ‘el Cura’ Marcote. Hernández -actual secretaria gremial del Sindicato de Prensa de Rosario- desgranó ayer ante los jueces del Tribunal Oral Federal Nº 1 la violación a la que fue sometida en el SI para después plantear que estos hechos deben ser reconocidos como delitos de lesa humanidad, en el marco del plan de exterminio. "No eran casos aislados, Marcote era el violador serial del Servicio, y esta era una forma más de humillación, de denigración para doblegarnos. No eran errores, eran cosas planificadas. Lo hago por mí, por Juani Bettanín, por todas las compañeras que están muertas o desaparecidas y no lo pueden denunciar y por las que estando, no pueden hacerlo porque les resulta doloroso". Las lágrimas cerraron el pedido de Stella, tanto de un lado como del otro del grueso blíndex que separa la sala de audiencias del público. Es que gran parte del relato de Stella también estuvo ligado a los últimos días de vida de su compañera de cautiverio Marisol Pérez, hermana de la ex concejal justicialista Iris Pérez, que se contaba entre el público. Stella aseguró que a Marisol la entregó Ricardo Chomicky, y que fue asesinada el mismo día que Analía Urquizo, en enero de 1977.