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vínculos con la dina


Ciper denuncia vínculos de Alfredo Ovalle con socio financiero de la DINA. Investigación de la periodista Mónica González da cuenta de vinculaciones del ex presidente de Sonami con el ex oficial de la Armada Humberto Olavarría, cuestión que se le consultó al empresario poco antes de su renuncia a Sonami.
Santiago. Chile. Un reportaje de la periodista Mónica González relaciona al ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Alfredo Ovalle, con el jefe financiero de la disuelta DINA, el ex oficial de la Armada Humberto Olavarría Aranguren.
De acuerdo a la investigación ambos fueron socios en empresas nacionales y extranjeras, señalando que el tema fue consultado al empresario el pasado jueves 12 de noviembre, cuando Alfredo Ovalle recibió a CIPER en la sede de la entidad gremial, pero se negó a hablar sobre la investigación acerca de los fondos secretos de la DINA.
El trabajo periodístico también lo vincula a Guillermo Endara, ex presidente de Panamá (1990-1994) que constituyó múltiples empresas de la DINA en su país para financiar la Operación Cóndor.
La investigación da cuenta de que "Olavarría se asoció en 1976 con los abogados Alfredo Ovalle Rodríguez y Raimundo Langlois Vicuña, con quienes participó en una red de numerosas sociedades, la mayor parte de ellas creadas mientras controlaba todo el aparato financiero de la DINA".
Señala que "en los múltiples perfiles y entrevistas que se publicaron sobre Ovalle nunca se mencionó su relación con el jefe del aparato financiero de la DINA", a lo que atribuye la periodista la reacción de sorpresa del empresario al ser requerido por el tema.
"Ovalle escuchó y rehusó hablar para esta investigación sobre los fondos secretos de la DINA. Siete días más tarde, anunció inesperadamente su renuncia a la presidencia del gremio minero", plantea la investigación, vinculando este trabajo periodístico con la salida anticipada de Ovalle desde la presidencia de Sonami.

21 de noviembre de 2009
©la nación 
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podlech seguirá en la cárcel


Derechos humanos: Ex fiscal Podlech seguirá encarcelado en Italia. Tribunal le negó la custodia cautelar. Presencia del obispo Bernardino Piñera en la audiencia provocó molestia en familiares de víctimas italianas de la dictadura de Pinochet.
Italia. Con la negación de su custodia fuera de la cárcel, finalizó hoy en Roma la segunda audiencia del juicio contra el ex fiscal militar Alfonso Podlech Michaud, acusado por la desaparición del ex sacerdote de origen italiano Omar Venturelli en 1973. Así lo confirmaron a la agencia Efe los abogados acusadores, Marta Vigola y Giancarlo Maniga.
Ante las peticiones de la defensa de Podlech, los jueces debatieron hoy si el ex fiscal podría obtener el arresto domiciliario o vivir en una casa tutelada.
Sin embargo, en la audiencia, la acusación se opuso a dar este beneficio al ex fiscal, bajo el argumento de que podría escapar del radio de acción de la justicia italiana.
La abogada Vignola explicó que si el tribunal le otorgaba el arresto domiciliario "existía el peligro de huida a Chile" donde Podlech no está perseguido por la justicia con el agravante "de la posibilidad de modificación de pruebas".
Fresia Cea, mujer de Venturelli, y la hija asistieron hoy al juicio, cuya próxima audiencia se celebrará el 9 de diciembre. El ex fiscal continuará encarcelado, al menos hasta entonces, en la prisión de Rebibbia (Roma).
Cea, quien pidió prisión perpetua para el ex fiscal, se mostró muy afectada por la presencia en el juicio romano del actual obispo emérito Bernardino Piñera, tío del actual candidato presidencial de la derecha Sebastián Piñera y quien fue presidente de la Conferencia Episcopal durante la dictadura militar.
En cambio, Carmen Podlech, hermana del imputado, reiteró la inocencia de su pariente en declaraciones a Radio Bío-Bío.
"Mi hermano no firmó nada, está todo acreditado de quién firmó esas órdenes. (...) Está absolutamente todo acreditado que a este señor (Omar Venturelli) se le dio la orden de libertad, la orden ingresó a la Gendarmería y salió en libertad, lo que pasó con él después, no sabemos", alegó la hermana del acusado.
En Rebibbia "durante un año no tuvo acceso a ninguna llamada telefónica, ahora tiene acceso a hablar 15 minutos cada 15 días y únicamente con su señora (esposa), como si se tratara del peor de los delincuentes. Imagínese usted que viajamos para verlo y lo pude ver una hora porque tiene cuatro horas de visita al mes", se lamentó Carmen Podlech.

El Arresto de Podlech
La fiscalía italiana abrió en 1998 una investigación para esclarecer la desaparición de 4 ciudadanos italo-chilenos durante la dictadura: Juan Bosco Maino Canales, Omar Roberto Venturelli Leonelli (cuyo paradero se perdió mientras permanecía en arresto político), Juan Montiglio Murúa y Jaime Patricio Donato Avendaño.
Podlech ejerció como fiscal militar en la ciudad de Temuco, durante la dictadura, cuando se produjo la desaparición de Venturelli.
El ex fiscal fue detenido el 27 de julio de 2008 en el aeropuerto madrileño de Barajas en cumplimiento de una orden europea de detención y entrega emitida por las autoridades italianas. Fue extraditado a Italia desde España el 13 de agosto pasado.

El Caso Venturelli
Omar Venturelli Leonelli, ex cura que había dejado los hábitos para casarse, se presentó voluntariamente en el regimiento ‘Tucapel’, de Temuco, el 25 de septiembre de 1973, tras enterarse por una emisora de radio local de que era requerido por las autoridades castrenses.
Venturelli, que entonces tenía 31 años, estaba casado y era padre de una niña, fue trasladado posteriormente hasta la cárcel de Temuco
Un documento firmado por Alfonso Podlech señaló que el ex sacerdote había sido liberado, pero desapareció mientras estaba detenido.

19 de noviembre de 2009
©la nación
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mapuches denuncian torturas y racismo


Mapuches encarcelados en Angol denuncian torturas y racismo. "Me interrogaron, me pegaron y amenazaron con matar a mi familia", dijo uno de los comuneros.
Angol, Chile. Comuneros mapuches recluidos en la cárcel de Angol, denunciaron hoy ante un grupo de corresponsales extranjeros que  fueron víctimas de torturas, racismo y creación de falsas pruebas para ser inculpados por la Policía y la Fiscalía como terroristas.
Los comuneros, pertenecientes a la comunidad de Temucuicui, en la provincia de Malleco, están acusados de participar en el asalto, incendio y tiroteo de un camión y un automóvil ocurridos el pasado 11 de octubre.
"Fuimos detenidos en Ercilla por unos 50 policías de Investigaciones y de Fuerzas Especiales de Carabineros, nos tiraron al suelo y nos golpearon", explicó en la cárcel Felipe Huenchullán, de 23 años.
Esposados y sin zapatos, fueron trasladados a Collipulli y de allí a la comisaría de Victoria, según el testimonio de Felipe Huenchullán, hermano del "werken" (portavoz) de la Comunidad Autónoma de Temucuicui.
Tras prestar declaración ante el fiscal Miguel Angel Velázquez, los comuneros fueron trasladados al calabozo de la comisaría, pero Huenchullán afirma que cuatro agentes lo sacaron por la noche en una camioneta y se lo llevaron a un campo, donde lo torturaron hasta quedar inconsciente.
"Me interrogaron, me pegaron y amenazaron con matar a mi familia. Quedé inconsciente, cuando desperté en la camioneta, vomité. Los policías dijeron que habían allanado mi casa y que habían encontrado armamento".
De regreso a la comisaría de Victoria, este joven sostiene que un Policía le dijo que iba a violar a su mujer y que jamás volvería a ver a su pequeña hija.
Los cinco comunero recluidos en Angol están acusados de asociación ilícita terrorista, homicidio frustrado terrorista, homicidio frustrado, incendio y robo consumado, cargos por los que podrían recibir una condena de hasta 40 años de prisión.
Este fin de semana recibieron la visita del abogado Pablo Ortega, quien está estudiando hacerse cargo de la defensa de los detenidos, junto con un equipo de defensores de derechos humanos entre los que están Adolfo Montiel, abogado de Concepción.

14 de noviembre de 2009
©la tercera 
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mapuches denuncian torturas y racismo


Mapuches encarcelados en Angol denuncian torturas y racismo. "Me interrogaron, me pegaron y amenazaron con matar a mi familia", dijo uno de los comuneros.
Angol, Chile. Comuneros mapuches recluidos en la cárcel de Angol, denunciaron hoy ante un grupo de corresponsales extranjeros que  fueron víctimas de torturas, racismo y creación de falsas pruebas para ser inculpados por la Policía y la Fiscalía como terroristas.
Los comuneros, pertenecientes a la comunidad de Temucuicui, en la provincia de Malleco, están acusados de participar en el asalto, incendio y tiroteo de un camión y un automóvil ocurridos el pasado 11 de octubre.
"Fuimos detenidos en Ercilla por unos 50 policías de Investigaciones y de Fuerzas Especiales de Carabineros, nos tiraron al suelo y nos golpearon", explicó en la cárcel Felipe Huenchullán, de 23 años.
Esposados y sin zapatos, fueron trasladados a Collipulli y de allí a la comisaría de Victoria, según el testimonio de Felipe Huenchullán, hermano del "werken" (portavoz) de la Comunidad Autónoma de Temucuicui.
Tras prestar declaración ante el fiscal Miguel Angel Velázquez, los comuneros fueron trasladados al calabozo de la comisaría, pero Huenchullán afirma que cuatro agentes lo sacaron por la noche en una camioneta y se lo llevaron a un campo, donde lo torturaron hasta quedar inconsciente.
"Me interrogaron, me pegaron y amenazaron con matar a mi familia. Quedé inconsciente, cuando desperté en la camioneta, vomité. Los policías dijeron que habían allanado mi casa y que habían encontrado armamento".
De regreso a la comisaría de Victoria, este joven sostiene que un Policía le dijo que iba a violar a su mujer y que jamás volvería a ver a su pequeña hija.
Los cinco comunero recluidos en Angol están acusados de asociación ilícita terrorista, homicidio frustrado terrorista, homicidio frustrado, incendio y robo consumado, cargos por los que podrían recibir una condena de hasta 40 años de prisión.
Este fin de semana recibieron la visita del abogado Pablo Ortega, quien está estudiando hacerse cargo de la defensa de los detenidos, junto con un equipo de defensores de derechos humanos entre los que están Adolfo Montiel, abogado de Concepción.

14 de noviembre de 2009
©la tercera 
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conmoción por plan de impunidad


El presidenciable de la derecha de Chile dijo que velará por la aplicación de la prescripción de los delitos. Piñera prometió a militares no alargar los juicios.
[Christian Palma] Santiago, Chile. Cuando en 1988, el fallecido dictador chileno Augusto Pinochet llamó a un plebiscito para definir si la ciudadanía decía Sí o No a su continuidad en el poder, la derecha dura –obnubilada por las botas, bayonetas y medallas de los militares– que votó por él perdió inapelablemente, pues la opción de perpetuarse en el gobierno sólo alcanzó oficialmente un 43 por ciento de los votos en las urnas.
De a poco la fuerza del genocida fue decayendo tanto como el apoyo de sus adherentes, al menos en público, más cuando se supo que además de asesino, Pinochet amasó una fortuna ilícita en bancos internacionales. Las caras de horror y las muecas no se hicieron esperar, en especial de los civiles que perdonaron los asesinatos, secuestros y desapariciones, pero no que el militar "metiera las manos en lo ajeno". Hoy, gran parte de ese porcentaje persiste, como lo indica el alto apoyo que el candidato de derecha, el multimillonario Sebastián Piñera, anota en las encuestas.
De ese grupo, más otros que han vuelto a ser derechistas envalentonados por el aire triunfalista de Piñera, destaca una fracción que jamás le dio la espalda al dictador: los ex uniformados pinochetistas, muchos de los cuales siguen siendo perseguidos por la Justicia o procesados por su participación en la violación sistemática de los derechos humanos en Chile desde 1973 a 1989, lapso en que las fuerzas armadas gobernaron de facto este país.
Con este mismo grupo de oficiales se reunió de manera privada el pasado martes Sebastián Piñera. Consultado el miércoles por el carácter de la cita, el dueño de Lan Chile y Chilevisión, declinó hablar de los trascendidos que emanaron del encuentro, en el cual habría establecido no "estirar" más los juicios relacionados con violaciones de los derechos humanos. Por más que Piñera, acostumbrado a esconder lo que no le conviene o a tapar lo que lo enloda, intentó frenar la información, de a poco, como goteras de una casa que se llueve, los propios ex uniformados ligados a la dictadura fueron dando detalles que agradecidos valoraron "el gesto" del empresario.
Según cita el diario La Nación de Chile, el presidente de Chile Mi Patria, organismo que congrega a oficiales retirados, Rafael Villarroel, elogió al candidato que lidera las encuestas para llegar a La Moneda en diciembre asegurando que su promesa "es una demostración de buena predisposición, de buena voluntad y de dar una solución definitiva a la situación que afecta a un sinnúmero de oficiales y suboficiales en retiro de la Defensa Nacional", mencionados, investigados y/o procesados por violaciones de los derechos humanos. "Como agrupación –sostiene la publicación– estamos muy contentos, muy conformes (pues) él nos interpretó plenamente."
Otros antecedentes entregados por la Organización de Soldados Presos Políticos en Democracia (Ospped) señala que "el tema que motivó los mayores aplausos se refiere a la situación de persecución, de procesamientos y condenados en cárceles que afecta a uniformados por haber enfrentado la acción del terrorismo marxista".
Llama la atención el uso de la palabra marxista, el mismo calificativo usado despectivamente por los militares dictatoriales, por ejemplo, para referirse al presidente Salvador Allende, o a todo el que oliera a democracia y libertad, por esos años.
"Velaré por la aplicación correcta –de acuerdo con nuestra legislación– de los tratados internacionales, el principio de prescripción de los delitos. Vamos a apelar para que la Justicia se aplique a todos los ciudadanos de nuestro país, incluyendo por supuesto a las personas que están en servicio activo o retiro de nuestras fuerzas armadas y del orden, sin arbitrariedades", agregó Piñera. Más aplausos.
Para entender el tono del "perdonazo" se puede decir que sería equivalente a que un eventual presidenciable como Mauricio Macri se presentara ante represores de la ESMA, les pidiera el sufragio y les prometiera que en su eventual gobierno procurará que los tribunales apliquen con rapidez la amnistía y la extinción de penas por el transcurso del tiempo. Así de duro.
Y con sus típicas frases para la galería –cualquier galería– Piñera insistió en que, en caso de llegar a La Moneda, "tomará medidas para que la justicia se aplique en forma oportuna y sin mantener procesos ad eternum, que nunca terminan".
Desde el gobierno, la vocera de La Moneda, Carolina Tohá, aclaró que el candidato de derecha "se refiere a crímenes de lesa humanidad que el mundo se ha puesto de acuerdo en que son imprescriptibles", mientras que el vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, recordó que existe el debido proceso, y que "si alguien estima que ello no se produce, debiera señalar caso por caso o situación por situación, en qué ejemplo ve lo que no se ha respetado".
Esto hasta el miércoles. Cercado por la prensa, Piñera no tuvo más remedio que hablar de ello ayer. Pero, como viejo zorro, montó todo un show mediático para hacerlo. Mandó levantar un muro de cartón, con conceptos escritos sobre él, como abuso, respeto, temor, indiferencia. Tras derribarlo, accedió a hablar con los medios, dando la sensación de que todo eso es parte del pasado, haciendo un símil con la caída del Muro de Berlín hace 20 años.
"Por supuesto que me he reunido con muchos de ellos (fuerzas armadas), me reuní con muchos de ellos en Talcahuano, me he reunido con ellos en Santiago y me voy a reunir con ellos en Valparaíso y en Iquique."
En las agrupaciones de detenidos-desaparecidos y de derechos humanos, el encuentro no pasó inadvertido. De hecho, que Piñera pretenda dirigirse a Iquique, en la zona norte de Chile, hizo recordar los peores momentos de la dictadura, cuando la Caravana de la Muerte, comandada por el general Sergio Arellano Stark –delegado por Pinochet para matar si era necesario a dirigentes contrarios al régimen– llegó hasta Iquique, la última ciudad de esa nefasta gira. En esa ciudad Pinochet vivió por años. Siempre obtuvo una alta aprobación y, de hecho, adquirió varios inmuebles, pues era de todo su agrado.

14 de noviembre de 2009
©página 12
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reconocen a general como torturador


Testigo reconoce a general (R) Ricardo Ortega como uno de sus torturadores. Una ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) reconoció, entre otros, al que era jefe de Inteligencia del Ejército hasta febrero pasado, como uno de sus represores, mientras estuvo detenida.
[L. Narváez / J. Rebolledo] Santiago, Chile. En febrero de este año, el general Ricardo Ortega se fue a retiro. Era el jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército. En junio debió declarar como inculpado, por el crimen de cinco rodriguistas, ocurrido en 1987.
"Dos hematomas en la región occipital y uno en la región preauricular izquierda y mandibular derecha, ocular izquierda; chasquido en articulación de mandíbula; contusión torácica en 1/3 inferior de hemitórax izquierdo y contusión epigástrica".
Es el informe médico con que Gendarmería certificó las condiciones en que llegó a la cárcel Karin Eitel, la joven que en 1987 fue detenida por la Central Nacional de Informaciones (CNI), acusada  por el ex fiscal Fernando Torres Silva de ser cómplice del secuestro del coronel Carlos Carreño.
Fue detenida, procesada y condenada por el fiscal "ad hoc" que investigó el plagio del gerente comercial de las Fábricas y Maestranzas del Ejército (Famae).
Tenía 26 años y su rostro se hizo conocido cuando apareció en las pantallas de TVN, demacradamente maquillada, ante un periodista que supuestamente la entrevistaba, donde confesaba que el FPMR había secuestrado a Carreño y que eran terroristas.
La mujer no había tenido ocasión de reconocer a ninguno de los que la maltrataron. Hasta ahora.Hace un mes, Karin Eitel se acercó voluntariamente ante el ministro en visita Mario Carroza.
Con un recorte del diario La Nación en la mano le dijo que había reconocido a uno de sus torturadores: Ricardo Ortega.
El juez investiga la desaparición forzada de cinco rodriguistas, ocurrida en 1987. Ella estuvo detenida en el mismo cuartel de la CNI, donde estaban los jóvenes.
De inmediato se gestó una diligencia para que mediante un set fotográfico pudiera identificar al resto de sus torturadores. El viernes 6 de noviembre, Karin Eitel, revivió una vez más esa situación.
Las imágenes en papel, volvieron a la memoria. Agentes de la DINE, del Batallón de Inteligencia del Ejército y de la CNI, pasaron por su vista.
En una declaración a la cual este diario tuvo acceso, Eitel señala que "mientras permanecí detenida en una celda al interior del cuartel Borgoño, se me acercaron varias personas, quienes me interrogaron y me sometieron a múltiples torturas, y en este mismo contexto podría reconocer a tres de las personas que pude ver en esa ocasión, entre éstas a una mujer".
Su mención al ex general de la DINE es crucial, ya que viene a reforzar los antecedentes que existen contra Ortega, quien está inculpado, a un paso de ser sometido a proceso.
Éste tenía el grado de mayor y siendo jefe de la brigada G4, del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), destinada a reprimir la oposición contra el régimen en poblaciones, sólo ha reconocido que estuvo una vez en el Cuartel Borgoño, donde estuvieron detenidos los cinco rodriguistas desaparecidos.
Sobre el ex alto oficial, Eitel declaró que "con el paso del tiempo y debido a una publicación que apareció en el diario La Nación Domingo, correspondiente a la semana del 25 al 31 de enero del presente año, pude reconocer a uno de estos agentes, ya que en la página número 27 se publicó la fotografía de un oficial de Ejército al cual reconocí inmediatamente y que corresponde al general Ricardo Ortega".

Caso Abierto
El caso había sido cerrado en abril. Sin embargo, el Programa de Derechos Humanos (DDHH) del Ministerio del Interior solicitó nuevas diligencias, dentro de las cuales se solicitó que a Karin Eitel se le mostrara un set fotográfico para que reconociera agentes.
Así, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó la reapertura de la investigación en junio.
Dentro de estas nuevas pesquisas, Ortega declaró como inculpado. Tanto su superior como su subalterno, están procesados.
Él dice que sólo tuvo funciones de enlace, mientras era teniente del BIE, entre la institución y la familia del coronel secuestrado.
Durante la diligencia, Karin Eitel también sostuvo que Ortega fue "uno de los agentes que me interrogó y sometió a torturas, preocupándose en esa ocasión que se me grabara bien su rostro".

Llamados y Seguimientos
Karin Eitel fue detenida el 1 de noviembre de 1987. En el expediente sobre el secuestro de Carreño (rol Nº 1510-1987, del Segundo Juzgado Militar), ella dice que realizó varios llamados telefónicos a la familia de Carreño, el primero de ellos, el 4 de septiembre de ese año.
El 26 de septiembre, después de realizar el último llamado, se da cuenta que la están siguiendo.
Hoy se sabe que esos seguimientos correspondieron al G4, de Ortega.
El caso de los cinco rodriguistas, hasta ahora, suma 27 procesados, entre los que se encuentran Bustos, el jefe del BIE, Julio Cerda, y el director de la DINE de la época, Hugo Prado.

14 de noviembre de 2009
©la nación
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piñera ofrece prescripción a militares


Familiares de detenidos desaparecidos rechazan reunión de Piñera con militares en retiro.
Santiago, Chile. La dirigenta de la Agrupación de Familiares de DD.DD, Mireya García, acusó al presidenciable de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, de "sacarse la careta", tras la reunión que sostuvo el candidato con los militares en retiro.
"Lo que ha pasado con este encuentro entre Sebastián Piñera y ex miembros del Ejército es positivo en el sentido que Piñera se saca las caretas y se muestra como es, una persona de derecha, comprometida con la dictadura y las violaciones de derechos humanos", dijo García.
Asimismo, criticó la decisión de Piñera, de no asistir a la cita que convocó la Agrupación, para firmar un compromiso con los derechos humanos.
"Hasta ahora se había mostrado como demócrata, que había votado por el No y cuando lo invitamos para que firmara el compromiso por los derechos humanos no acusó recibo de invitación", alegó la dirigenta en radio Cooperativa.
García llamó a las personas a "sancionar esta nueva cara" de Piñera, asegurando que no tiene compromisos con los derechos humanos y tampoco intenciones de que se alcance la verdad y la justicia.
El martes pasado, el candidato de la Alianza, ante cientos de militares en retiro, se comprometió a que en caso de ser electo, en su gobierno los procesos "no se eternizarán" y se aplicará "correctamente el principio de prescripción de los delitos".
En tanto, García también comentó la aprobación del Senado, respecto a que el Instituto de Derechos Humanos pueda querellarse en casos de crímenes de lesa humanidad.
"Es un tremendo paso adelante en relación a lo que habíamos logrado como Instituto, principalmente por esta posibilidad de querellarse ante situaciones de vulneración de los derechos de las personas. No cumplirá todas las expectativas, pero sin dudas la aprobación de este veto mejora sustancialmente el proyecto de creación del instituto", celebró la dirigenta.

12 de noviembre de 2009
©estrella de iquique
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revisan condenas en caso prats


Caso Prats: Corte Suprema revisa condenas contra cúpula de la Dina. El ex director del organismo Manuel Contreras y al brigadier Pedro Espinoza Bravo fueron sentenciados por homicidio calificado y asociación ilícita.
Santiago, Chile. La Corte Suprema revisará este martes las condenas dictadas en contra del ex director de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Manuel Contreras, y otros ocho ex agentes del organismo, sentenciados en primera instancia por el homicidio del ex comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats, y de su esposa Sofía Cuthberth ocurrido en 1974 en Buenos Aires, Argentina.
El máximo tribunal resolverá en torno al recurso de casación presentado por la defensa de los ex uniformados, a quienes se les confirmó la sentencia de primera instancia dictado por el ministro Alejandro Solís que condenaba por el doble crimen a Manuel Contreras y al brigadier Pedro Espinoza Bravo (r), a dos penas de presidio perpetuo calificado por los homicidios y 20 años por el delito de asociación ilícita.
En el mismo oficio evacuado en julio de 2008 se condenó al general (r) Raúl Iturriaga Neumann a 15 años y un día de presidio y 541 por participar en la asociación ilícita, mientras que el brigadier (r) José Zara Holger; el coronel (r) Cristoph Willeke Floel; el coronel (r) Juan Morales Salgado, fueron condenados a dos penas de 10 años y un día por los homicidios calificados y 541 días por formar parte de la asociación ilícita.
Asimismo, se condenó al ex agente civil de la Dina Mariana Callejas Honores a la pena de 10 años y un día de presidio, y a Jorge Iturriaga Neumann, también agente civil de la desbaratada entidad represiva, se le condenó a dos penas de 5 años y un día por su complacencia en el doble crimen. Conjuntamente, la Corte condenó al suboficial (r) Reginaldo de la Cruz Valdés a dos condenas de 541 días de presidio remitido, como cómplice de los homicidios calificados.
Lo que resuelvan los jueces de la Sala Penal Ruber Ballesteros, Hugo Dolmestch,
Haroldo Brito, Guillermo Silva, Carlos Künsemüller, según se informó, zanjarán de manera definitiva este bullado caso, con lo cual se dejará ejecutoriada la sentencia definitiva en contra de los retirados militares.

10 de noviembre de 2009
©la tercera
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