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informe sobre ddhh acusa a gobierno


Viera-Gallo descarta existencia de caso de detenido desaparecido en democracia. Un estudio de la Universidad Diego Portales establece además que el gobierno oculta información a organismo internacionales.
Santiago, Chile. Como "inexacto" calificó el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera- Gallo, el estudio realizado por la universidad Diego Portales que establece que el gobierno oculta información en materia de derechos humanos a organismo internacionales.
El informe va más allá y asegura que el primer caso de detenido desaparecido en democracia, ocurrió en 2003 y se refiere a un joven a quin se le perdió el rastro tras ser arrestado por Carabineros en la ciudad de Puerto Montt.
"Nos parece completamente inexacto e inapropiado hablar de que en Chile haya un caso de detenido desparecido(...) en el concepto de detención y desaparición forzosa de personas hay detrás la idea de persecución, entonces llamar desaparición forzosa de personas al caso al que se refiere el informe de la universidad, no puede sino que confundir a la opinión pública y es algo que esa universidad debe aclarar en forma clara y tajante", precisó la autoridad.
En la misma línea, el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, dijo que "éste es un gobierno sumamente transparente, que no oculta información. Me parece que es una información audaz que no corresponde a la realidad", señaló.
Las conclusiones del estudio explican en la UDP, se refiere a los informes oficiales que ha elaborado el Ministerio de Relaciones Exteriores para dar cuenta de la realidad chilena respecto al cumplimiento de las obligaciones que en esta materia ha asumido Chile con el sistema internacional.
La aseveración se basa en el análisis de los contenidos de tres informes oficiales entregados por nuestro país durante el 2008 y 2009. En todas las ocasiones, sostiene la investigación, la sociedad civil elaboró "informes sombra" -sistema establecido para permitir la entrega de información alternativa con el propósito de aportar otros elementos de análisis y contrarrestar las informaciones oficiales- que han sido omitidos.
Uno de los casos paradigmáticos que plantea el informe, se refiere a la situación de personas privadas de libertad, especialmente menores de edad, donde se plantearon denuncias graves por parte del Informe Anual de DD.HH. de la UDP del año pasado; por la Unicef, por el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Contraloría General de la República.
En el informe de este último organismo, por ejemplo, se denuncia la ausencia de personal suficiente, la aplicación de irregularidades en la aplicación de sanciones, la sobrepoblación de internos y las malas condiciones de los establecimientos, mientras que el informe oficial del gobierno solo hace referencia a esta materia señalando que la implementación de la reforma de responsabilidad penal juvenil no ha estado exenta de dificultades.
"Un caso muy grave de violencia policial contra menores de edad detenidos arbitrariamente ha venido a rememorar prácticas propias del peor período de la dictadura militar: el drama de la desaparición forzada de personas, y de la falta de información y de respuesta oportuna de la justicia y la policía a las demandas de los familiares", denuncia la investigación, al incluir el caso del menor José Huenante (16), detenido en Puerto Montt el 3 de septiembre 2005, sin que hasta hoy se conozca su paradero.
Sólo en marzo de 2009, cuatro años después de los hechos, tres carabineros fueron formalizados por el secuestro y sustracción de José Huenante y dados de baja de la institución. Pero el adolescente (o sus restos) sigue sin aparecer y la investigación judicial registra escaso avance y poca colaboración de parte de Carabineros, se denuncia.
"Si bien es posible destacar avances en áreas específicas, como el acceso a la información pública, el panorama general muestra que aún queda mucho camino por recorrer para hacer realidad las promesas de igual dignidad y libertad contenidas en los tratados que Chile ha suscrito y que recoge la propia Constitución", afirmó Contesse en la primera presentación pública de esta investigación anual que realiza en centro que dirige en la Universidad Diego Portales.
Otro de los ejemplos que cita el estudio del Centro de Derechos Humanos de esta casa de estudios es la situación de algunos inmigrantes en situación de pobreza que, sostiene el informe, no han podido acceder a la nacionalidad chilena pese a haber nacido en territorio nacional.

27 de noviembre de 2009
©la tercera
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víctor jara murió acribillado


Confirman que deceso de Víctor Jara fue por balazos.
Santiago, Chile. El informe final del Servicio Médico Legal (SML) confirma que el cantautor Víctor Jara murió debido a múltiples impactos de proyectil en el cráneo,tórax, abdomen y extremidades.
También logró establecer que sufrió torturas y golpes, que le produjeron lesiones, especialmente en el rostro y en el tronco.
Según fuentes judiciales, el informe fue entregado ayer por el SML al juez Juan Fuentes Belmar, quien lleva la causa por el crimen de Víctor Jara, ocurrido el 15 de septiembre de 1973.
En junio pasado, a casi 36 años de su muerte, el cuerpo de Jara fue exhumado desde el Cementerio General por instrucción del ministro Juan Fuentes, con el fin de aclarar las circunstancias del crimen, considerando los nuevos antecedentes surgidos tras el procesamiento como autor material del homicidio al ex conscripto José Paredes, quien luego obtuvo la libertad bajo fianza.
En esa oportunidad, los restos del cantautor fueron llevados hasta el SML, donde los especialistas realizaron las pericias solicitadas por el magistrado, orientadas en determinar la causa y data de muerte y una eventual intervención de terceros.
Las pericias incluyeron el envío de muestras óseas del cantautor al laboratorio de Innsbruck, en Austria, para su proceso de identificación.

27 de noviembre de 2009
©diario 21
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destruyen monumento recordatorio


Atentan contra recuerdo de víctimas de la DINA.
Santiago, Chile. El concejal de La Reina Francisco Olea denunció que desconocidos "han violentado y destruido" el monolito y la placa que recuerda a las víctimas del cuartel Simón Bolívar de la DINA.
"Esta acción lamentable es un hecho que atenta contra la dignidad y el futuro de nuestra democracia, el valor de la reparación y la memoria de miles de chilenos y sus familias", dijo el concejal quien entregó una carta en La Moneda donde solicita que el ministro del Interior evalúe los antecedentes a la brevedad para que, "la dignidad y memoria de estas chilenas y chilenos ocupen el lugar que la democracia y el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet han reivindicado y apoyado".
En la misiva añade que "una sociedad no se hace más humana, ni mira mejor su futuro, negando el dolor de su historia. El memorial y placa recordatoria son gestos de reparación y justicia sobre más de 50 casos de detenciones, torturas, asesinatos y desaparición de militantes de la izquierda chilena", sentencio Olea.
La investigación en contra de los agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) que participaron de la Brigada Lautaro revela cada vez hechos más atroces cometidos en la exterminación de opositores del régimen militar en el cuartel de Simón Bolívar 8630 y que se dedicó a la represión del PC en 1976.

25 de noviembre de 2009
©la nación
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cinco años más para chacal contreras


Derechos humanos: Contreras suma otros 5 años de condena.
Santiago, Chile. Por su responsabilidad en el secuestro calificado de Sergio Alejandro Riffo Ramos, ocurrido a partir del 27 de noviembre de 1974, fue condenado el director de la desaparecido DINA, Manuel Contreras, así como el resto de la cúpula del organismo represivo de la dictadura.
En fallo de segunda instancia la Corte de Apelaciones de Santiago fijó de manera unánime las siguientes penas:

-Manuel Contreras Sepúlveda: 5 años y un día de presidio. Sin beneficios.

-Pedro Espinoza Bravo: 5 años y un día de presidio. Sin beneficios.

-Marcelo Moren Brito: 5 años y un día de presidio. Sin beneficios.

-Miguel Krassnoff Martchentko: 5 años y un día de presidio. Sin beneficios.

-Fernando Lauriani Maturana: absuelto por falta de participación.

En el aspecto civil del proceso los jueces Cornelio Villarroel Ramírez, Mauricio Silva Cancino y el abogado integrante Bernardo Lara Berríos estuvieron por mantener el dictamen anterior y ordenar el pago de una indemnización solidaria de 20 millones de pesos por parte de Contreras y Moren a Blanca Ramos Aranda, cónyuge de la víctima.

25 de noviembre de 2009
©la nación
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se oponen a instituto de ddhh


Agrupación de Ejecutados Politícos: "Instituto de DDHH no nos identifica". La presidenta de la organización dijo que en esta entidad "no se van a presentar querellas en los casos de los ejecutados y detenidos desaparecidos".
Santiago, Chile. La presidenta de la Agrupación de Ejecutados Políticos (Afep), Alicia Lira, manifestó que la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos es un "hecho que no nos llena de satisfacción", debido a que en esta entidad "no se van a presentar querellas en los casos de los ejecutados políticos y detenidos desaparecidos".
"Este instituto no nos identifica y por eso no fuimos a la promulgación de su creación", enfatizó.
Asimismo, recordó que la Afep se opuso permanentemente a la creación de esta institución porque "no cumplía los requisitos que tiene que tener una instancia como ésta, por ejemplo, no contiene la autonomía que exige el principio de París".
En ese sentido, la dirigenta explicó que en los estatutos de este instituto va estar el Presidente de la República y va estar representado por dos representantes del Gobierno y del Parlamento.
Del mismo modo, dijo que el Gobierno no quiso escucharlos como agrupación, debido que ellos pedían que el Estado se hiciera parte de las violaciones de los Derechos Humanos, ya que el "Estado fue el que violentó los Derechos Humanos y, sin embargo, los grandes perdedores son las víctimas".
"En Chile existen mil 100 ejecutados políticos que están al desamparo de la justicia, porque el Estado no generó los recursos ni generó las formas jurídicas para que esos familiares pudieran llegar a los tribunales a denunciar y saber la verdad y pedir justicia por el asesinato de sus familiares", subrayó.
Por otra parte, señaló que lo "básico" que tendría que tener este instituto, es que estableciera un "nunca más", el cual "significa que no se repitan los hechos, y el único precedente para que estas violaciones no vuelvan a ocurrir, es que haya verdad y justicia plena".
"El Gobierno no ha buscado los mecanismos jurídicos ni políticos para que esto ocurra", añadió.
Finalmente, Alicia Lira planteó que para que se pudiese llegar a una solución para el tema de los Derechos Humanos, "el Gobierno debería tener la voluntad de establecer algún tipo de acuerdo con la oposición para que se apruebe el artículo 93 del Código Penal, el cual señala que no se pueden aplicar prescripciones ni medias prescripciones en crímenes de guerra y de lesa humanidad".
"Cuando los militares salen en libertad, violenta el alma, el espíritu y también a la juventud porque ellos ven que acá no hay justicia. Falta que el Estado piense más en las víctimas y no en los victimarios", concluyó.

25 de noviembre de 2009
©la tercera
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presidenta promulga ley de instituto de ddhh


Bachelet promulga ley que crea Instituto de Derechos Humanos.
Santiago, Chile. Sin la presencia de los principales representantes de las agrupaciones de derechos humanos, la presidenta Michelle Bachelet promulgó esta mañana la ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, cuya principal labor será velar por la protección y promoción de ellos.
"No ha sido fácil llevar al punto en el que estamos, pero el camino recorrido nos ha permitido asumir nuestra historia para tener un futuro mejor para que Chile no repita una experiencia tan dolorosa como la vivida en derechos humanos", sostuvo la mandataria.
En la ceremonia en la que participaron algunas agrupaciones, el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, y de la Secretaría General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, Bachelet destacó que además del resguardo de los derechos humanos, el instituto tendrá una importante labor en materia de memoria histórica.
"La ley que promulgamos hoy día representa un compromiso moral y político del país consigo mismo. Es cierto que hemos llegado a ese convencimiento por la vía del doloroso, pero eso le da consistencia a nuestro aprendizaje", indicó la presidenta.
Durante la promulgación, la mandataria recordó la importante labor que cumplió el fallecido diputado Juan Bustos en las primeras etapas de este proyecto.
Uno de los hitos que marca la creación de este instituto en la reapertura de las comisiones Valech y Rettig, en una sola, según explicó el ministro Viera-Gallo, quien además explicó una de los principales reparos de las agrupaciones de derechos humanos frente a este instituto, el que no se puede querellar por casos anteriores a esta fecha.
"Respecto de los juicios del pasado siguen manos del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Y a ese programa se le da un respaldo legal para que pueda querellarse y no sólo participar como tercero coadyuvante. Los juicios van tener un nuevo impulso por las nuevas facultades del programa del ministerio del Interior", precisé Viera-Gallo.
En esa línea, explicó que los casos de derechos humanos que se produzcan a partir de hoy "se aceptó el veto de la presidenta de la República en el sentido que el instituto puede querellarse cuando se produzcan casos graves como genocidio, crímenes de lesa humanidad o de guerra, trata de blancas y desaparición forzosa o de tortura".
En cuanto a la ausencia de los principales representantes de las agrupaciones, Viera-Gallo dijo desconocer cuál es el balance que hacen ellos del proyecto "que en los avatres del debate parlamentario sufrió modificaciones, pero al final, al probar el veto de la presidenta quiere decir que el Instituto quedó dotado con todas las facultades y características que establece la Unesco".

24 de noviembre de 2009
©estrella de valparaíso 
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garzón reactiva caso soria


Juez español Baltasar Garzón reactiva caso Soria e imputa a ministros de la dictadura.
Madrid, España. Los ex ministros de Defensa e Interior de la dictadura, Herman Brady y César Raúl Benavides, y el subsecretario de Interior, Enrique Montero Marx, fueron imputados por el juez español Baltasar Garzón en el caso por el asesinato del diplomático Carmelo Soria, perpetrado en julio de 1976.
El juez -informó el diario español El País- cursó una comisión rogatoria para interrogar a los ex personeros de la dictadura y a los otros imputados que se encuentran en Chile. Éstos son los ex miembros de la DINA Raúl Iturriaga Neumann, Manuel Contreras, Jaime Enrique Lepe, Jorge Remigio Ríos, Guillermo Salinas, Pablo Belmar, René Patricio Quiloht, Rolf Wenderoth, Ricardo Lawrence y Pedro Espinoza.
El caso se inició en 1998 en el marco del proceso contra el dictador Augusto Pinochet por genocidio, terrorismo de Estado y torturas. Soria era diplomático de la ONU cuando fue secuestrado por agentes de la Brigada Mulchén de la DINA para torturarlo hasta causar su muerte.

23 de noviembre de 2009
©la nación
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críticas por justicia en casos de ddhh


Mireya García acusa "impunidad" en juicios por violaciones a los derechos humanos.
Santiago, Chile. La vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Mireya García, dijo que el organismo tenía "expectativas mucho mayores" del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, haciendo un balance en materia de derechos humanos.
"Ha habido grandes avances en el tema simbólico y de recuperación de la memoria, pero en los temas gruesos, que tienen que ver con la Justicia, no hay avances", indicó.
Recalcó que "hay una cantidad importante de juicios, sin embargo, en el momento de la condena se aplica la prescripción o media prescripción y los violadores de derechos humanos quedan libres y no cumplen un solo día de cárcel. Para nosotros, eso no es justicia, es impunidad".
A su juicio,  el país "no cumple a cabalidad los tratados internacionales" en materia de Derechos Humanos, ya que "según los tratados internacionales que ha firmado Chile, la prescripción no se puede aplicar, y sin embargo se aplica porque existe en la legislación chilena".
Mireya García sostuvo que la presidenta Bachelet "es víctima y es hija de víctima. Sin embargo, faltó un compromiso mayor con los derechos humanos que significa enfrentar un conjunto de situaciones que no siempre son gratas, que pueden significar incluso bajar en la popularidad de las encuestas".

21 de noviembre de 2009
©la nación 
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