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juez dicta procesamiento por torturas


El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Joaquín Billard, dictó ayer procesamiento contra el brigadier en retiro del Ejército Jorge Zucchino Aguirre por el delito de torturas cometido en octubre de 1973 en la ciudad de Talca, Región del Maule.
Santiago, Chile. En su resolución, el magistrado dispuso además la prisión preventiva en el Batallón de Policía Militar de la comuna de Peñalolén.
Según la encargatoria de reo, "el 19 de octubre de 1973 Daniel Alberto García Soto, dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica del Estado y dirigente del Centro de Alumnos del Servicio Social de la Universidad de Chile, fue detenido por personal de la 4ª Comisaría de Carabineros de Talca" y, tras ello, fue puesto a disposición del Regimiento de Artillería de Talca.
Allí, agrega el encausamiento, "recibió diversos tipos de torturas en forma reiterada, entre ellos golpes en su cuerpo y aplicación de corriente en los oídos, sienes y genitales, siendo luego trasladado a la cárcel pública de esa ciudad".

10 de noviembre de 2009
©la nación 
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aprueban a general fuente-alba


Concertación respalda nombramiento de general Fuente-Alba. También la abogada de DDHH Carmen Hertz dio un espaldarazo al nombramiento, señalando que el nuevo jefe del Ejército "no tiene responsabilidad alguna" en el caso Caravana de la Muerte.
Santiago, Chile. Los presidentes de los partidos de la Concertación dieron su respaldo al nombramiento del general Juan Miguel Fuente-Alba como próximo comandante en jefe del Ejército, tema que fue debatido en la reunión que sostuvieron hoy los timoneles.
"Los presidentes de partidos de la Concertación intercambiamos puntos de vista en esta materia y tenemos una opinión común, en el sentido de respetar el ejercicio de las atribuciones constitucionales de la Presidenta de la República", dijo el presidente del PS, Camilo Escalona.
El senador recalcó que la atribución es de la Mandataria y que "no nos parece que si hubiera temas pendientes la Presidenta hubiera tomado esa decisión".
También la abogada de Derechos Humanos, Carmen Hertz, manifestó su apoyo al nombramiento , señalando que el general no tuvo participación en el caso Caravana de la Muerte.
Afirmó que "el general Fuente-Alba, entonces subteniente, no tiene responsabilidad alguna en la masacre ordenada por Arellano Stark y el propio ministro Montiglio lo determinó así".
Subrayó que "el gran acusador de Fuente-Alba es un conocido perpetrador de crímenes contra la humanidad como el ex brigadier Pedro Espinoza, miembro de la plana mayor de la DINA y mentiroso profesional".

9 de noviembre de 2009
©la nación
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ex conscriptos dispuestos a hablar


Afirman que ex conscriptos estarían dispuestos a entregar información sobre derechos humanos en Chile.
Santiago, Chile. El diario inglés The Guardian, afirma que ex soldados que cumplieron funciones durante la dictadura pedirían a cambio reparaciones al Estado.
Según el diario británico The Guardian, una agrupación de ex conscriptos involucrados en violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de Pinochet, estarían dispuestos a entregar sus testimonios a cambio de inmunidad y beneficios en pensiones. También piden se incluidos como víctimas del régimen militar.
En el artículo, los ex soldados señalan estar abiertos a terminar con casi cuatro décadas de silencio y entregar secretos de crímenes que cometieron o de los cuales fueron testigos.
The Guardian  se basa en testimonios recogidos por la agencia Associated Press (AP). A ella, Fernando Mellado, quien lidera al grupo de veteranos, dijo que "tal vez, es hoy el día para describir lo que vimos y cómo sufrimos dentro de las bases militares, las cosas que vimos y lo que hicimos. Ha llegado el momento para que los reclutas militares le cuenten a sus esposas, sus familias, a los políticos, a la sociedad, al país entero y al mundo, las brutalidades que nos obligaron a hacer". "Es el momento para hablar, por nuestra propia redención", agrega Mellado.
El ex militar dice, además, que aproximadamente un cuarto de los 8.000 reclutas de Santiago en 1973 estarían dispuestos a hablar.
Más adelante la nota habla sobre cómo un conscripto confesó haber disparado contra una familia entera. Otro soldado -ahora alcohólico y vagabundo- que habló con AP dijo que fue obligado a ahogar a un niño de siete años en un barril yeso en proceso de secado.
Otro ex conscripto, José Paredes, cuya misión era hacer guardia en el centro de torturas Tejas Verdes, señala entre lágrimas, que los detenidos "terminaban destruidos, sus caras y dientes rotos" y nombra a los oficiales al mando del lugar.
El diario inglés dice Chile y el resto de los países latinoamericanos, a diferencia de Argentina, no han hecho los esfuerzos suficientes para llevar a juicio los crímenes cometidos por sus respectivas juntas militares. A partir de este artículo, la cadena BBC realizó una nota que incluye la opinión del abogado Hugo Gutiérrez, quien señala que  si bien "existe un daño moral que se cometió con ellos, la obediencia debida (que argumentan los ex conscriptos) está prohibida en temas de violaciones a los derechos humanos".

4 de noviembre de 2009
©la tercera
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avances y reveses en ddhh


Calificando el 2009 como el año de las sentencias, el abogado especialista en casos de derechos humanos, Nelson Caucoto, realizó un balance sobre la situación vivida en nuestro país durante el último tiempo en cuanto a la tramitación de este tipo de causas.
Chile. Es así como Caucoto, afirmó que si "usáramos un concepto de porcentajes, de números, podríamos decir que estos son azules, o sea positivos; se ha creado un país una conciencia sobre los derechos humanos para las futuras generaciones, donde les quedará claro que si alguien es desaparecido por temas políticos, estos delitos serán perseguidos y serán sancionados", sentenció.
El jurista destacó la aparición en los fallos de los tribunales chilenos del derecho internacional respecto a esta temática, lo cual a su juicio demuestra la universalidad que tiene y que Chile no esta inmune a ello.

Falencias
Pese a este saldo positivo, Caucoto destacó dos elementos o hechos que deben ser tomados en cuenta para transformar a Chile en un país del primer mundo, "siendo las señales que debemos dar como país".
Destaca dentro de los elementos a tomar en cuenta, la cuantía de las sentencias "siendo estas muy bajas, ya que los magistrados de la Corte Suprema acogen las medidas de prescripción, las cuales el derecho internacional no las permite, lo que traduce en que las penas bajen en varios grados e incluso habiendo algunos de los sentenciados que ni siquiera van a la cárcel".
Otro tema a tener en cuenta, tiene que ver con la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos "no existiendo un criterio unánime de parte de algunas salas del máximo tribunal, ya que mientras existen algunas que si las decretan, otros no, lo cual genera sin lugar a dudas un conflicto jurídico", sentenció.
El abogado, pese a destacar los fallos en algunas causas emblemáticas, señaló que la mitad de los casos presentes en el informe Rettig han sido investigadas, "siendo una grave falencia que tenemos y demuestra que aún tenemos tarea pendiente".

2 de noviembre de 2009
©estrella de iquique
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ex conscriptos piden compensación


Ex conscriptos piden compensación por ser obligados a violar derechos humanos. Un centenar de soldados que realizaron el servicio militar durante la dictadura militar demandan el pago de sus imposiciones e hicieron un llamado a entregar información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos.
Santiago, Chile. Cerca de un centenar de personas que realizaron el servicio militar obligatorio durante la dictadura de Augusto Pinochet demandaron al Estado el pago de sus imposiciones y una compensación por ser forzados a cometer violaciones a los derechos humanos.
La agrupación de ex soldados y conscriptos, que se reunió hoy en el Paseo Bulnes, la conforma más 80 mil personas.
Fernando Mellado, presidente de la organización, pidió "que nos paguen la plata de las imposiciones debidamente reajustadas. A cada uno debiera ser de un millón a 2 millones de pesos, más o menos".
"Y una compensación económica o pensión", agregó.
Mellado aseguró que más del 50% de los miembros de la agrupación tiene hipertensión y problemas cardíacos producto del abuso de medicamentos que fueron obligados a tomar para inhibir el deseo sexual.
El dirigente también realizó un llamado a sus pares a entregar información sobre el paradero de detenidos desaparecidos.

2 de noviembre de 2009
©la nación 
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berríos camino a la muerte


El juez Alejandro Madrid dictará sentencia en los próximos días en el caso por el asesinato del ex agente de la DINA, el servicio secreto de Pinochet. Un equipo de tres policías, que se convirtió en el brazo derecho del ministro en el proceso, penetró los muros que escondían a sus victimarios y desentrañó el crimen.
[Jorge Escalante] Santiago, Chile. Corrían los primeros meses de 1978 y el químico Eugenio Berríos se sentía abandonado y sin protección. El reino de la DINA había terminado no hacía mucho. En la pugna interna del poder militar, sus principales padrinos yacían derrotados y Augusto Pinochet se había visto obligado a poner fin a la organización criminal. El gobierno de Estados Unidos del demócrata Jimmy Carter presionaba a Chile por el crimen de Orlando Letelier.
Una mañana, Berríos llegó a conversar con dos agentes de la flamante Central Nacional de Informaciones (CNI), sucesora de la DINA: David Morales Lazo y Jaime Cortínez Méndez. Como credencial, presentó su trabajo en experimentos de armas químicas junto a Manuel Contreras y Michael Townley. Los CNI lo llevaron al Comando de Ingenieros del Ejército y lo pusieron en manos del coronel Víctor Barría, ahora ex DINA, quien lo contactó con el general Héctor Orozco. Berríos pedía relacionarse con el Complejo Químico Industrial del Ejército en la comuna de Talagante. Le prometieron trabajo.
Poco después, el agente Ítalo Secattore buscó a Berríos en la panadería San Pancracio de calle Carmen 1167 en Santiago. El químico había transformado el local de su tía Berta en otro búnker: alojaba allí y había construido un segundo laboratorio artesanal. El otro lo tenía en casa de sus padres en calle Antonio Bellet, pero peleaba seguido con ellos.
Después de la visita de Secattore, a quien agasajó con pasteles de la tía Berta, Berríos sintió que recuperaba su vida. El desastroso final de la DINA quedaba atrás. Regresaba en gloria y majestad bajo el manto protector de la milicia. Retornaban las tertulias en Les Assessins, el barcito de calle Merced, y florecía el amor con la atractiva Gladys Schmeisser.
Berríos tenía un humor fino, en sintonía con su voz algo afeminada. Era obediente, ordenado en sus quehaceres, inteligente, aplicado en sus conocimientos, innovador, pero algo ordinario cuando había que serlo. También era un gran consumidor de cocaína, que solía compartir con sus amigos. Bajo el efecto de la droga, en ocasiones Berríos adoptaba un comportamiento violento. Gladys sufría sus golpizas.
Años después, el Ejército volvió a deshacerse de él. Comenzaban las primeras protestas en el país. El dictador perdía terreno. Berríos sintió que regresaban los nubarrones, la soledad, la escasez de dinero y la falta de protección. Ahora las cosas serían más difíciles y peligrosas para él. El hombre del sarín y la botulinia sabía demasiado.
Apesadumbrado, a fines de los ’80, se refugió otra vez en su tía Berta y se hizo cargo de la panadería, que estaba al borde de la quiebra. Aparecieron los prestamistas con sus intereses usureros. Como no confiaba en ellos, filmaba cada transacción con una cámara oculta, mientras aparentaba amabilidad regalando pasteles. Las reuniones con los oscuros dueños de la plata, que acudían a cobrar y a seguir prestando para salvar la pequeña empresa, se hacían alrededor de una mesa redonda, cubierta por un mantel floreado de hule. La tía Berta jugaba al solitario y Berríos sacaba cuentas con lápiz y papel. A lo lejos, un loro adornaba la escena con su parloteo.
En ese tiempo, Berríos cayó preso por giro doloso de cheques y permaneció un tiempo en la cárcel de Valparaíso y después en el anexo cárcel de Capuchinos en Santiago.

"Estoy Vivo"
A comienzos de 1991, Berríos estrechó sus lazos con los peruanos Juan Cornejo Hualpa, de chapa Jorge Acosta Vargas, y Jorge Sáez Rivero, de nombre supuesto Jorge Saer Becerra. Ambos financiaban dos laboratorios para producir cocaína, uno en una aislada zona fronteriza de Iquique y el otro en Avenida Los Molles 841 en Conchalí, bajo el escudo de la empresa Inversiones Río Cipreses S.A. Berríos colaboraba en la producción y el tráfico junto al peruano Máximo Bocanegra Guevara, especie de administrador del polvo blanco.
El mundo se le venía encima. Ese mismo año, el juez Adolfo Bañados inició la investigación por el asesinato de Orlando Letelier en Washington. Berríos estaba en la lista de quienes debían declarar. Sabía bastante de ese y otros crímenes. Los prestamistas apremiaban y amenazaban. La tía Berta se hundía y él con ella. Su matrimonio estaba por el suelo. Y en el negocio de la coca lo estafaron con 36 mil dólares, como lo registró su propia voz en una grabación telefónica encontrada en su casa allanada tras su muerte (audio en www.lanacion.cl). El escenario era distinto al de junio de 1978, cuando, el ser interrogado por primera vez judicialmente acerca de su trabajo en la DINA en una causa por delitos de lesa humanidad, Berríos sorteó con inteligencia el asunto desconociendo a la DINA y todo cuanto lo vinculara con el crimen.
A comienzos de los ’90, la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) servía de refugio a centenares de funcionarios de la CNI. El organismo puso al agente José Ríos San Martín pegado a los talones de Berríos para controlar cualquier locura. Ríos, ex DINA y miembro de la Brigada Mulchén, sabía cómo vigilar al enemigo. La DINE preparaba su secuestro y salida clandestina del país.
"Estoy en los siete mares de Simbad el Marino. No sé qué me salva, si la ingenuidad o la huevonería, pero el hecho es que estoy vivo, Tata", dijo un día Berríos a su amigo, el coronel Manuel Pérez Santillán, diálogo registrado en la grabación. Su desastrosa situación financiera lo tenía, a 1991, con el teléfono cortado para llamar y sin dinero para hacerlo desde un aparato público, como le confesó al coronel Pérez. Tampoco lo salvó la fracasada venta de anfetaminas en cápsula que producía en el laboratorio de Antonio Bellet.

Dea y Fbi
En su desesperación, el químico decidió delatar en la embajada de Estados Unidos en Santiago, ante agentes antidrogas de la Drug Enforcement Administration (DEA), un gran ocultamiento de cocaína en el norte de Chile. Nunca se supo si a quienes denunció fueron sus socios peruanos.
A cambio quería dinero y que lo sacaran del país. La DINE aumentaba el control de sus movimientos y la investigación del juez Bañados crecía en información. Para llegar a la DEA, el químico se contactó con Jaime Melgoza Garay, un informante de la agencia estadounidense.
A Melgoza lo conocía de sus años mozos, cuando éste era escolta del general Roberto Viaux, quien lideró el alzamiento del Regimiento Tacna en 1969. Un año más tarde, Melgoza disparó al comandante en jefe del Ejército René Schneider, junto a Juan Luis Bulnes Cerda y Julio Izquierdo Menéndez. Según los archivos de inteligencia de la Policía de Investigaciones de la época, Berríos era entonces un joven integrante de la comisión política del movimiento ultraderechista Patria y Libertad, comandado por el abogado Pablo Rodríguez Grez.
Berríos y Melgoza llegaron juntos a la embajada norteamericana, ubicada entonces en calle Agustinas. Se reunieron con el agente de la DEA, el chileno Jorge Alarcón Dubois, y el jefe de éste, "un tal Jeff", según Melgoza. Pero con la DEA nada funcionó. Sus agentes en Santiago sabían que los socios peruanos de Berríos preparaban un importante envío de cocaína a Estados Unidos, que allá sería recibida por el narcotraficante Jesús Ochoa Gálvez, pariente de los Ochoa Vásquez del cartel de Medellín, quien había instalado su operación en Chile. A la DEA no le interesó la denuncia porque querían que el cargamento llegara a destino y así fuese descubierto en Estados Unidos.
Eso explica que la DEA y el FBI no informaran a la Policía de Investigaciones (PDI) ni a la Corte Suprema sobre el paradero de Eugenio Berríos, quien ya se había ocultado con la ayuda de amigos, sin sospechar que la inteligencia militar estaba al tanto de sus andanzas.
Por esos días de 1991 emerge la figura del entonces subcomisario de la Policía de Investigaciones (PDI) Nelson Jofré Cabello, quien, junto al comisario Rafael Castillo, se convierten en crucial apoyo del juez Adolfo Bañados y otros magistrados que comenzaban a investigar más seriamente los crímenes cometidos bajo la opresión militar. Con el tiempo, Jofré se mantuvo más estrechamente ligado a los principales casos.

Su Amigo Duque
Por orden de Augusto Pinochet, a comienzos de agosto de 1991, la DINE encerró a Berríos en un sótano del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) en calle García Reyes 12. El juez Bañados lo había citado a declarar varias veces sin que concurriera. Los policías Jofré y Castillo no daban con su paradero. La DEA y el FBI seguían en silencio. Los prestamistas caían encima de la tía Berta y para ellos ya no había pastelitos de regalo. Su amigo, el abogado y ex fiscal militar Aldo Duque, el hombre del sombrero alón y compañero de banco en la carrera de Derecho del "Mamito" Contreras y el abogado Cristián Espejo en la Universidad Gabriela Mistral, no pudo salvarlo de los protestos ni usura de los prestadores. Su mujer estaba en la ruina. La suerte del químico estaba echada.
El 26 de octubre de ese año, la Unidad de Operaciones Especiales de DINE, al mando del mayor Arturo Silva Valdés, lo sacó de Chile a Uruguay vía Argentina con la chapa de Manuel Antonio Morales Jara. Horas antes, un grupo de amigos le dio al químico una curiosa despedida mientras continuaba encerrado en el sótano del BIE. Aldo Duque brindó por él.
Eugenio Berríos desaparecía del mapa. La milicia uruguaya, aún impregnada de sus propios crímenes bajo el mando militar, ayudó con valiosa infraestructura a sus amigos chilenos para mantener oculto al químico. Tras un año, Berríos quiso volver a Chile para contar a la justicia sus secretos. Por eso lo mataron en noviembre de 1992, cuando intentó fugarse desde una casa en el balneario Parque del Plata, cerca de Montevideo.
Un equipo de tres policías inició la búsqueda de las pistas del crimen: los subcomisarios Palmira Mella San Martin y José Araneda Isamit, bajo la conducción del actual prefecto Nelson Jofré Cabello. Partían de cero, porque, en Chile, el Ejército cuidó celosamente el acceso a cualquier antecedente. Comenzaron a indagar desde Uruguay y Argentina para llegar a Chile. En Uruguay tuvieron que sortear múltiples obstáculos porque a nadie le interesaba que afloraran pistas. Los tres altos oficiales uruguayos involucrados en el homicidio mantenían poderosas redes de protección.
En Montevideo, recurrieron a la DEA y el FBI locales y allí sí obtuvieron pistas. Se las arreglaron para interrogar a decenas de testigos y revisaron miles de tarjetas migratorias para identificar militares chilenos que viajaban a ese país. También ubicaron a los tres uruguayos que sirvieron de apoyo a los agentes chilenos. Lo mismo hicieron en Buenos Aires, donde incluso penetraron la estructura del servicio secreto exterior de la inteligencia del Ejército chileno. De vuelta en Santiago, cruzaron toda la información con las estructuras de la DINA, CNI y DINE que manejaban y así quedó en evidencia el núcleo chileno que había mantenido a Berríos secuestrado en el exterior. A pesar de los continuos intentos de los agentes por borrar sus huellas en Argentina y Uruguay, cometieron un gran descuido: siempre arribaron a Montevideo con sus nombres reales. Fue el gran error de la inteligencia del Ejército de Pinochet en este caso.
Los últimos días de noviembre de 1992, arrodillado y atado por los brazos, al químico lo obligaron a bajar la cabeza. Arturo Silva le dio el primer tiro. El otro lo disparó uno de los tres militares uruguayos bajo arraigo en Chile. Fue un pacto de honor y silencio. Una bala por cada país. En el proceso que instruyó el juez Alejandro Madrid, cuya sentencia está pronta a dictarse, el único ex agente chileno que contó cómo murió Berríos y quienes lo mataron fue el coronel (R) Mario Cisternas Orellana. El resto niega hasta hoy el asesinato.

2 de noviembre de 2009
©la nación
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vecino fue asesinado por dictadura


Tribunal Militar de Valdivia estableció como culpable de la muerte ocurrida hace 25 años a un carabinero que llevada dos años en la institución.
Valdivia, Chile. Ya se reunieron todos los antecedentes para la presentación de una denuncia por la muerte del vecino castreño Ramón Cárcamo durante el gobierno del general Augusto Pinochet.
Así lo afirmaron sus familiares, quienes manifestaron que la acción judicial será presentada con el patrocinio del abogado de la Comisión de Derechos Humanos, Nelson Caucoto.
El caso del isleño que vivía en la población Manuel Rodríguez, y que aparece publicado en el Informe Rettig ocurrió el 31 de octubre de 1984.
"Como familia no estamos conformes con la sentencia dictada por un tribunal militar", expresó su hija María Inés Cárcamo, en relación a los expedientes que indican que en el momento del hecho que terminó con la vida del chilote participaron cuatro piquetes de Carabineros, al mando de un mayor y cuatro tenientes.
Según la justicia militar, fue declarado como único culpable del hecho el carabinero Luis Rodríguez Hofmann, quien esa época tenía 2 años de servicio.
"Lo mataron con un Winchester y solamente los oficiales estaban autorizados para usar esta arma", manifestó igualmente la vecina respecto a su padre, quien fue baleado en calle Chorrillos, tras ir a dejar a su hijo al concluir una jornada violenta en todo el país, a raíz de un paro nacional que dejó como saldo nueve muertos en diferentes regiones.

1 de noviembre de 2009
©estrella de chiloé 
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día del ejecutado político


Bachelet fijó el Día Nacional del Ejecutado Político. Presidenta abogó por el Instituto de DD.HH. al firmar decreto que establece el 30 de octubre para la conmemoración.
Santiago, Chile. Un decreto firmado este viernes por la presidenta Michelle Bachelet estableció que en adelante el 30 de octubre será el Día Nacional del Ejecutado Político para conmemorar los cientos de casos de asesinados por agentes de la dictadura de Augusto Pinochet.
En una ceremonia en el Palacio de La Moneda, a la que asistieron dirigentes de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, la mandataria destacó que "este día es sin duda (dedicado) a quienes fueron víctimas de la intolerancia y de la violencia"
"Para que nunca más sea atropellada la vida humana por el Estado, para que nunca más se simulen enfrentamientos para ocultar ejecuciones sumarias, para que nunca más se oculte la verdad o se mienta acerca del destino o las circunstancias de la muerte del ser querido", agregó.
Enfatizando que con la iniciativa "no se trata de revivir permanentemente el pasado" insistió en que "verdad, justicia y reparación han sido los pilares de la acción de sucesivos gobiernos democráticos frente a los crímenes de la dictadura y esos pilares deben mantenerse. Hemos acometido esta tarea sin espíritu de revancha ni sectarismo".
En este contexto, la presidenta Bachelet expresó la importancia de contar con un Instituto de Derechos Humanos que asegure guardar la memoria y promover la cultura de respeto a las personas de forma permanente.
"Nos parece muy importante que logremos contar con un instituto de derechos humanos que esta semana dio un paso significativo en la aprobación de la Cámara a las observaciones que yo presenté para su perfeccionamiento y espero que en el Senado ocurra otro tanto", manifestó.
Argumentó que "necesitamos contar con un organismo que funcione permanentemente y que asegure en nuestra sociedad guardar la memoria, promover la cultura de los derechos humanos que deben ser parte del sustrato moral de nuestra sociedad".
El objetivo general de ésta y otras iniciativas relacionadas es, dijo, "conservar viva la memoria de lo que nos pasó como sociedad para que las nuevas generaciones asimilen las lecciones de nuestra historia y contribuyan a sostener el compromiso moral de impedir que la sociedad chilena cometa los mismos errores y los mismos horrores".

31 de octubre de 2009
©la nación
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