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libre criminal pinochetista


Corte se pronunció en fallo dividido. Libre bajo fianza militar procesado en causa de Derechos Humanos. Libre bajo fianza quedó ayer el militar (r) procesado por el homicidio de Jorge Parra Alarcón.
Punta Arenas. Así lo resolvió ayer, en fallo dividido, la Corte de Apelaciones luego que por tercera vez el abogado Guillermo Ibacache solicitara la libertad de su representado.
Eduardo Rafael Mancilla Martínez fue notificado ayer de la decisión del Tribunal de Alzada. De esta manera, previo pago de una fianza (no precisada hasta ayer), el ex teniente del Caupolicán podría abandonar la unidad militar (Regimiento Pudeto) donde se encontraba recluido desde el pasado 11 de septiembre, luego del auto de procesamiento dictado por el ministro instructor Solón Vigueras Seguel.
Su libertad en nada afecta el desarrollo de la causa, donde aparece procesado por la muerte del ex funcionario de Enap y militante del Partido Comunista en octubre de 1973 en Tierra del Fuego.
Ibacache reiteró su convicción de que la privación de libertad no se justificaba, por no encontrarse diligencias pendientes, por la colaboración que Mancilla Martínez ha prestado a la causa, su entrega a la justicia de manera voluntaria y porque sabiendo de la investigación decidió permanecer en la zona.
De acuerdo a la resolución de la Corte, para la decisión de libertad se consideró especialmente el tiempo transcurrido desde la comisión del delito.
Con su cliente en libertad, Ibacache espera seguir preparando los antecedentes necesarios que podrían llevar a solicitar la prescripción de la causa. Lo anterior, considerando los años transcurridos desde el homicidio (36) y al precedente que significa un fallo de la Corte Suprema de agosto de 2005.

30 de octubre de 2009
©prensa austral 
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protestan contra justicia chilena


Familiares de víctimas argentinas de dictadura chilena renuevan reclamos.
Santiago, Chile. La Asociación de Familiares de Detenidos y Ejecutados Políticos argentinos durante la última dictadura chilena (1973- 1990) remitió hoy una carta a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, para mostrar su impotencia por la "falta de seriedad" de la Justicia de ese país.
La carta fue entregada hoy en la embajada chilena en Buenos Aires y está motivada por el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia chilena por el crimen de un matrimonio argentino-mexicano en 1973.
Aunque el asesinato del argentino Bernardo Lejderman y su esposa mexicana, María del Rosario Ávalos, fue reconocido por la Corte chilena como un caso de lesa humanidad, se ha aplicado en él el concepto de "media prescripción" y reducido las penas de los tres militares condenados a cinco años de prisión.
En diciembre de 2007 la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile condenó a diez años y un día de prisión a tres militares retirados por el homicidio del matrimonio Lejderman.
Ernesto Lejderman, hijo del matrimonio y testigo del asesinato de sus padres en 1973 en el norte de Chile cuando tenía dos años, aseguró hoy a Efe que lo único que pretenden es "reivindicar justicia y pedir que no se aplique la prescripción", un concepto para ellos "arbitrario, injusto y que se contradice con los tratados internacionales de derechos humanos".
"No es la primera vez que pasa esto. Se está aplicando mucho en Chile la media o total prescripción para dejar libres a los militares", afirmó Lejderman, para quien "todo depende de cómo se integre la sala de los jueces".
"Es como una ruleta rusa. La justicia no puede ser de acuerdo a cómo está sorteada una sala. Como familiares y sujetos de derechos que creemos en la democracia nos parece muy poco serio y muy increíble esta situación", lamentó.
Lejderman explicó que hace nueve años que está peleando por la causa de sus padres, lo que ha supuesto viajar a Chile entre tres y cuatro veces por año, algo que lo llevó a perder dos trabajos y tener que cerrar un negocio para poder costear los gastos.
"Eso no lo lamento ni me duele, hice lo que creo que tenía que hacer porque la misión en mi vida es buscar justicia, pero ahora la impotencia es muy grande cuando está terminando el juicio y las cosas son en contra", dijo.
Aunque la rebaja de la pena de los tres militares condenados a la mitad fue concedida por la Justicia chilena en junio pasado, Lejderman reconoció que sólo ahora ha podido enfrentar la situación, ya que tras conocer lo ocurrido estuvo "muy deprimido y desesperanzado".
No obstante, relató que no va a darse por vencido y que sus abogados trabajan ya en una presentación que van a hacer a la Comisión Interamericana de Justicia por denegación de justicia.
Los padres de Lejderman, que residían en Chile desde 1971, se vieron forzados a abandonar su hogar por la persecución que desató la dictadura de Augusto Pinochet contra los extranjeros.
Según el Informe Rettig, que documentó las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, el matrimonio fue ejecutado el 8 de diciembre de 1973 por una patrulla militar.
Aunque estiman que fueron entre treinta y cuarenta los argentinos desaparecidos en la dictadura militar chilena, Lejderman reconoció que sólo tiene datos oficiales de once personas.

29 de octubre de 2009
©la nación
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aprueban facultad de instituto de ddhh


Aprobada facultad de Instituto de Derechos Humanos para iniciar juicios. La diputada del Partido Socialista (PS) Isabel Allende dijo que el gobierno "cumplió su palabra" tras la aprobación del proyecto.
Santiago, Chile. Por unanimidad aprobó ayer la Cámara de Diputados el veto enviado por la presidenta de la República, Michelle Bachelet, al proyecto que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y que busca facultar al organismo para que pueda iniciar juicios por crímenes de lesa humanidad.
En envío del veto por parte de la mandataria responde al cumplimiento de un acuerdo con las bancadas de la Concertación, que abogaron porque se incorporaran las consideraciones expresadas por Naciones Unidas y organismos de derechos humanos.
El nuevo organismo quedó de esta manera en condiciones de ser creado bajo la modalidad de una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio y sin control jerárquico.
Entre otras consideraciones, el proyecto refuerza las políticas de reparación, estableciendo nuevas pensiones para los menores de edad nacidos en prisión y para los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos (DDHH). Asimismo, propone que el informe que cada año publique el instituto pueda ser presentado a Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a instituciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos.
Sobre la aprobación del proyecto, que dará vida a una de las iniciativas emblemáticas de la administración de la presidenta Bachelet, la diputada del Partido Socialista (PS) Isabel Allende afirmó ayer que "el gobierno ha cumplido con su palabra y hemos dado un tremendo paso" en materia de derechos humanos.

28 de octubre de 2009
©la nación
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explotan y abusan de inmigrantes


Denuncian abusos contra inmigrantes. Religiosas mantienen casa de acogida para mujeres extranjeras sin recursos.
Antofagasta, Chile. Condiciones de hacinamiento con 6 o más personas durmiendo en una pequeña habitación, incumplimientos de tipo laboral, salarios más bajos que los del mercado e insultos agobian a los inmigrantes que llegan a Antofagasta buscando mejores condiciones de vida.
La falta de documentación o el hecho de no contar con un trabajo seguro son otros de los problemas a los cuales intentan dar una solución las religiosas y voluntarios de la Iglesia Católica, entidad que, incluso, mantiene una casa de acogida donde son albergadas las mujeres extranjeras sin recursos.

Despidos
Ingrid Rojas, de la Congregación del Buen Pastor, relató que las situaciones más graves ocurren en las poblaciones próximas al centro de la ciudad, donde los inmigrantes son obligados a pagar 50 o 60 mil pesos mensuales por el "derecho" a dormir bajo un techo precario.
La religiosa Justina Humeres, de nacionalidad boliviana, narró que hace pocos días una mujer peruana que carecía de documentos fue despedida de su trabajo sin que su empleadora le pagara ningún tipo de beneficio por el simple hecho de haber quedado embarazada.
Sólo la intervención de un equipo jurídico compuesto por profesionales voluntarios permitió que la mujer recibiera sus indemnizaciones.
Recientemente y con ocasión de recordarse el Día del Migrante, monseñor Pablo Lizama, arzobispo de Antofagasta, formuló un ferviente llamado a evitar las actitudes xenófobas y brindar respaldo a las personas que por diversas razones dejan sus países y vienen a la zona.

Hogares
En dicha oportunidad monseñor señaló que para ellos ya es un drama tener que dejar sus hogares y partir a buscar mejores horizontes en tierras distantes, recordando que el propio Jesús fue un migrante.
Ingrid Rojas aseguró que en Antofagasta muchos extranjeros viven en condiciones sumamente precarias, compartiendo habitaciones y privándose de lo básico para ahorrar un poco de dinero.
Agregó que en ocasiones personas inescrupulosas los engañan ofreciéndoles visas de permanencia más prolongadas a cambio de dinero, cuestión que, en definitiva, nunca ocurre.
Desde la oficina de Extranjería de la Gobernación Provincial se informó que cada semana se gestiona la regularización de unos 150 extranjeros.

26 de octubre de 2009
©mercurio de antofagasta
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mario gonzález, ex prisionero de guerra


Mario González, coordinador del grupo de prisioneros de Guerra FACH: "Resulta increíble la posición de la justicia".
¿Quiénes estuvieron con el general Bachelet en sus últimos momentos?
Prácticamente todo el personal de la FACh procesado en la Región Metropolitana de esa época estuvimos en la Cárcel Pública junto al general Bachelet, quien muere el 12 de marzo de 1974, después de un largo día de interrogatorio en la AGA.

¿Le tocó a usted o a sus compañeros cuidarlo?
La mañana en que él se sintió mal, todos nos dimos cuenta de su estado cuando se retiró a su celda a descansar. Estuvimos atentos a todo lo que sucedía. Antes de mediodía, ya se sabía por Álvaro Yáñez, nuestro médico, también preso, que el general estaba muriendo por un ataque al corazón.

¿Qué sienten como cuerpo de ex aviadores respecto de la condena aumentada a 3 años, pero con pena remitida, igual que la de primera instancia?
Consideramos que las penas impuestas y la confirmación de ellas por el máximo tribunal es insuficiente. Primero, por la gravedad del delito, que está tipificado como apremio ilegítimo y no como tortura. Y los tres años, que son con pena remitida. Pero estamos contentos, ya que se comprobó que hubo tortura para sacar confesiones falsas en los procesos y consejos de guerra implementados como forma de atemorizar al resto del personal de la Fuerza Aérea.

¿Qué le parece que sólo en el caso de algunos de ustedes se hayan acreditado las torturas?
Aquí consideramos que hubo un grave error y que es totalmente discriminatorio. El ministro buscó secuelas de tortura y no la tortura como tal. Pasados tantos años, es difícil de encontrar secuelas físicas. En muchos de nosotros no las encontró o se desentendió, en circunstancias que existen certificados médicos de la fecha en que constan los efectos de los procedimientos que usaron los torturadores.

¿Por qué cree que se condenó sólo a dos de los autores de los delitos de tortura?
Resulta totalmente increíble la posición de la justicia. Este personal era parte de un sistema represivo creado por la FACh para desarticular, según ellos, todo un grupo que estaría dedicado a complotar en contra del mando institucional y que contaría con agentes civiles cercanos al gobierno y partidos políticos, haciendo un trabajo de infiltración a la FACh con el fin de dar un autogolpe, Plan Z y otros más con ese objetivo.

Ustedes, como aviadores, tienen una acción judicial ante la Corte Interamericana de DDHH, ¿en qué está?
Como Grupo Prisioneros de Guerra FACh tenemos una presentación en la CIDH desde 2003, acusando al Estado de Chile por denegación de justicia, por el rechazo de la Corte Suprema a nuestra solicitud de revisión del consejo de guerra en contra de Bachelet y otros. Esta presentación fue admitida y estuve como coordinador en Washington en una audiencia concedida por dicha comisión. Se llamó a las partes para llegar a una solución amistosa en octubre de 2007, pero no ha sido posible llegar a buen puerto por la falta de interés del gobierno para resolver nuestra solicitud de reparación por el daño causado.

25 de octubre de 2009
©la nación
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el misterioso doctor del hospital militar


Ama la cirugía y las armas. También tiene un pasado político. El 21 de octubre de 1969, como subsecretario de Salud y con el grado de mayor de Ejército, extrañamente fue el único que logró aplacar el alzamiento militar conocido como el ‘Tacnazo’, liderado por el general Roberto Viaux.
[Jorge Escalante y Javier Rebolledo] Santiago, Chile. Atrincherado en el Regimiento Tacna de Santiago, el general Roberto Viaux encabezaba un alzamiento militar reivindicativo por mejoras para el personal del Ejército. El 21 de octubre de 1969, centenares de hombres lo acompañaban en esta maniobra, iniciada poco después de las seis de la mañana. Al borde de la medianoche, después de una larga jornada, un personaje de bajo perfil político ingresó al recinto. El médico militar Patricio Silva Garín, subsecretario de Salud del presidente Eduardo Frei Montalva, llegaba al Tacna como último recurso para resolver el conflicto con los sublevados.
Nadie había logrado destrabar la grave situación, pese al intento de ministros de gobierno, altos dirigentes políticos y las máximas autoridades militares. Sí pudo Silva, quien entonces ostentaba el grado de mayor de Ejército y políticamente no pesaba nada.
Pasadas las tres de la madrugada del día 22, Silva, el general Viaux y el comandante de la guarnición de Santiago, general Alfredo Mahn, terminaron la reunión en el regimiento y los dos primeros firmaron el acta de acuerdo. Si bien el levantamiento nunca apareció abiertamente como un intento de golpe de Estado, fue el inicio del proceso que culminó un año después con el asesinato del comandante en jefe del Ejército, general René Schneider.
El mismo Viaux planificó la acción junto a los jefes militares de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Apoyados por El Mercurio y la extrema derecha, su objetivo era gestar la falsa imagen de un caos nacional y así evitar que se hiciera realidad el triunfo en las urnas del socialista Salvador Allende.
A 40 años del Tacnazo, hito en que quedó perpetuado como una figura de escasa envergadura política y oculto peso militar, el coronel (R) Patricio Silva hoy tiene sospechosa presencia en tres crímenes políticos, cuyas víctimas, por diferentes motivos, fueron enemigos de Augusto Pinochet: el general Augusto Lutz, José Tohá y Eduardo Frei Montalva. El ex jefe de inteligencia del Ejército y el ministro de Allende fallecieron en el Hospital Militar en 1974, mientras que el ex Mandatario murió en 1982. Silva tuvo una misteriosa participación clínica en los tres casos.

Bisturí y Armas
Patricio Silva Garín (80) se tituló de médico cirujano hace 57 años en la Universidad Católica, especializándose luego en la cirugía gastroenterológica. En 1956, convencido de su amor por las armas, ingresó a la Escuela de Infantería del Ejército. Tras su egreso, el doctor fue destinado al Regimiento Buin con el grado de teniente. En 1966, Silva viajó a Panamá para inscribirse en la Escuela de las Américas, academia en que se graduaron de golpistas y torturadores los principales militares que aterrorizaron América Latina en los ’60 y ‘70.
A su regreso, incursionó en la política como subsecretario de Salud en el gobierno Frei Montalva, en cuyo gabinete participaba su concuñado Patricio Rojas como ministro de Interior. Arrestado el general Viaux tras el Tacnazo, su defensa solicitó a la Corte Marcial la libertad provisional, que fue rechazada por tres votos a dos. En una entrevista concedida desde la cárcel por el militar sublevado a la periodista Florencia Varas, Viaux aseguró que la misma noche en que se le negó la libertad "el doctor Patricio Silva habló conmigo diciendo que eso fue un error y que la petición sería aprobada por unanimidad". Hasta hoy se desconoce el origen del poder que se arrogó Silva para hacer tal afirmación, que asombró hasta al propio Viaux.
Viaux contó además que Silva Garín estuvo "sondeando" quién, a juicio suyo y de otros generales, podría ser la mejor carta para ser el próximo comandante en jefe. Hablaron de Schneider y el general Carlos Prats.
La enigmática personalidad de Silva Garín adoptó otros ribetes tras el golpe militar. Estaba a cargo de la subdirección del Hospital Militar de Santiago, con absoluto control del recinto, cuando José Tohá apareció ahorcado en su habitación, acto informado oficialmente como suicidio. El experimentado médico criminalista de la Policía de Investigaciones, Alfonso Chelén, examinó en primera instancia el cadáver y calificó el deceso como un estrangulamiento causado por terceros. A raíz de ese ignorado informe, Chelén fue expulsado de la institución.
Días antes de esta confusa muerte, Raquel Morales Etchevers (Moy), esposa de José Tohá, llegó acompañada de su hija, la actual vocera de gobierno Carolina Tohá, al recinto hospitalario para visitar al ex ministro de Allende. Allí se encontraron con el doctor Silva. En junio de 1990, Moy de Tohá declaró a la Comisión Rettig que, de forma sorpresiva, "el doctor Patricio Silva nos comunicó que a José se lo habían llevado a la Academia de Guerra Aérea y que iba en mal estado".
Silva les dijo que Tohá le había pedido un valium para tranquilizarse por el traslado, pero que se lo había negado. "Nos dijo que él era un político y como tal tenía que soportar lo que le pasaba", señaló la viuda.
Ante la insistencia de Moy de Tohá por ver a su marido, el doctor le advirtió que "esto que vivimos es el fascismo y si usted no lo respeta se le va a detener". Las visitas a Tohá quedaron prohibidas.
Miriam Huidobro Reichhardt, esposa del secretario personal de Allende, Osvaldo Puccio Giesen, quien también se encontraba internado en el Hospital Militar, aportó a la Comisión Rettig otro antecedente sobre la conducta de Silva Garín por esos días.
La mujer contó que "el cabo Lara", uno de los custodios de su esposo en ese recinto, les dijo que "el hospital se utilizaba para interrogatorios y torturas". Agregó a la Comisión Rettig que "el cabo Lara nos relató su preocupación por el hecho de que un dentista, cuyas manos estaban quebradas, seguía siendo sometido a torturas bajo la directa vigilancia y dirección del doctor Patricio Silva, quien se encargaba de revivir al dentista para continuar los interrogatorios".

Muerte de Frei
En el caso del general Augusto Lutz y el Presidente Frei Montalva, Silva condujo las operaciones que derivaron en muertes bajo inexplicables y fulminantes circunstancias de agravamiento. De acuerdo a los antecedentes de la investigación judicial del juez Alejandro Madrid sobre el deceso de Frei, Silva es uno de los principales sospechosos de participar en las acciones que indujeron su fallecimiento, a pesar de su cercanía con el líder DC. Silva armó y lideró el equipo médico militar que realizó las tres intervenciones postoperatorias en la Clínica Santa María, por las que además rondó el cirujano de la DINA y la CNI, Pedro Valdivia Soto, otro de los vinculados al desenlace fatal de acuerdo al proceso.
Silva, entonces hombre de confianza de la familia Frei, tomó el mando médico el 6 de diciembre de 1981, poco más de dos semanas después de que el médico Augusto Larraín operara al cofundador de la Falange de una simple hernia al hiato, presentando nuevas molestias días más tarde. El epílogo fue una progresiva septicemia generalizada, que le causó la muerte el 22 de enero de 1982.
En la investigación se determinó que en los restos del ex Mandatario, revisados en Chile y el extranjero, se hallaron rastros de talio, un metal blando fácil de licuar que también se usa como raticida, además de elementos químicos componentes del gas mostaza.
Patricio Silva Garín ha sido prácticamente "dueño" del Hospital Militar en las últimas décadas, ocupando cargos de dirección médica y administrativa. Hoy es el jefe del Departamento de Contraloría Médica con un contrato indefinido por $1. 618.711 por 33 horas semanales. Hasta ahora, el misterioso doctor no ha sido procesado en ninguno de los casos.

Los Negocios del Médico
Patricio Silva Garín figura en el registro de Dicom como uno de los socios de Clínica Astra, una red de centros hospitalarios creada en 1982, a través de una de la empresa constituyentes llamada Clínica Quirúrgica Ambulatoria Limitada. Según su página institucional, Astra fue fundada por "un grupo de amigos y médicos traumatólogos, la mayoría proveniente del Servicio de Traumatología del Hospital del Salvador, con un objetivo inicial de ofrecer a la comunidad su experiencia en la Atención Médica Traumatológica de Urgencia".
La participación comercial de Silva en Astra se inicia en Clínica Quirúrgica Ambulatoria Limitada, inscrita en 1987 y que, posteriormente, cedió su RUT al nombre comercial Clínica Quirúrgica Astra Limitada.
Con locales en siete comunas emergentes, se especializa en kinesiología, ortopedia, traumatología y obesología. Ha atendido, según sus datos, a cerca de 2 millones de chilenos.
Además, Patricio Silva figura con la Sociedad Agrocomercial Los Peumos Chinihue, de explotación mixta, ubicada en la Ruta 78, kilómetro 55, en Talagante. Figura aportando 47 millones de pesos para su constitución, mientras que su actual mujer, Patricia Olmedo, y sus hijos José Miguel, Pablo Antonio y Luis Felipe, desembolsaron 4 millones 800 mil pesos cada uno. Los últimos registros comerciales respecto de esta firma corresponden a este año.
Según Dicom, dos de las tres consultas efectuadas en los últimos tres meses a la situación comercial de Patricio Silva fueron hechas por el Hospital Militar de Santiago, donde todavía trabaja. A su nombre sólo figura una propiedad de tipo agrícola, ubicada en la comuna de El Monte, cuyo avalúo fiscal es de poco menos de 20 millones de pesos.
También registra participación en las sociedades ‘Instituto de Especialidades Médicas’, con domicilio en Ramón Carnicer 61, e Inversiones en Especialidades Médicas.

25 de octubre de 2009
©la nación
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liberan a torturadores pinochetistas


Más de 700 detenidos pasaron por las temidas dependencias de la FACh en Las Condes, entre ellos el general Alberto Bachelet, quien falleció debido a las torturas sufridas en el lugar. Pese al carácter inédito de la resolución, los querellantes no quedaron conformes con el dictamen y lamentan el extraño desarrollo que tuvo la investigación a cargo del ministro Eduardo Fuentes.
[Javier Rebolledo] Santiago, Chile. La Academia de Guerra Aérea (AGA) fue uno de los primeros centros de tortura establecidos tras el golpe militar de 1973 y la cuna del Comando Conjunto, organismo encargado de exterminar al Partido Comunista. En las dependencias de Las Condes se realizaron consejos de guerra en contra de aviadores leales a la Constitución y al Presidente Allende. Las numerosas condenas incluyeron la cadena perpetua y la muerte. Una parte importante de ellas luego fueron conmutadas por extrañamiento.
El actual subsecretario de Aviación, Raúl Vergara, y el general Alberto Bachelet pasaron por la AGA. En ese tiempo, el padre de la Presidenta de la República tenía 51 años y tres hijos. Bastó su rol de secretario de la Dirección Nacional de Abastecimiento y Comercialización durante la Unidad Popular para justificar su detención, marcada por la brutal tortura ejercida por sus ex alumnos. Debido a su pésima condición de salud, derivada de los tormentos, el general fue trasladado al Hospital de la FACh. Murió el 12 de marzo de 1974 en la Cárcel Pública.
Aunque por la AGA circularon más de 700 detenidos, la mayor parte miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), el recinto no desarrolló la triste celebridad de instalaciones similares a cargo de la DINA. Sin embargo, sendas querellas interpuestas en 2001 y 2002 por ex miembros del MIR y aviadores detenidos en la AGA, a las que se sumó una demanda civil indemnizatoria, acaban de construir un hito en materia de derechos humanos. Hace casi un mes, la Corte Suprema reconoció estas torturas como crímenes de lesa humanidad y obligó a pagar 10 millones de pesos por víctima a uno de los condenados.
Pese al carácter histórico de la decisión del máximo tribunal, el fallo no dejó completamente conformes a los querellantes. Se logró la indemnización económica, pero la condena penal fue baja y favoreció sólo a 17 víctimas, de un total de 46 denunciantes originales. Además, sólo dos funcionarios que operaron en la AGA fueron encontrados responsables: los coroneles (R) Edgar Cevallos Jones y Ramón Cáceres Jorquera.

Duro Trámite
Fue un proceso complejo. La causa llegó a manos del ministro Eduardo Fuentes Belmar en junio de 2005. El 9 de septiembre de ese mismo año se declaró incompetente, aduciendo que, como los delitos fueron cometidos por personal y dentro de un recinto militar, le correspondía investigar a la justicia militar. La parte querellante apeló a la decisión del tribunal civil, al estimar que esta instancia no daba garantías de independencia e imparcialidad. De todas formas el ministro traspasó la causa el 22 de septiembre a la justicia castrense. Sin embargo, el 28 de ese mes, esta instancia se declaró igualmente incompetente, generando un conflicto que fue dirimido por la Corte Suprema, que resolvió que la causa siguiera en manos de Fuentes.
Los testimonios de los detenidos, recogidos en la investigación, dan cuenta de la brutalidad con que operaron los funcionarios de la AGA, repartición que poco tiempo después se organizaría como Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea y luego derivaría en el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA), principal integrante del Comando Conjunto.
Según las declaraciones de los detenidos en la AGA entre 1973 y 1975, tanto Cevallos como Cáceres eran parte fundamental de un grupo bestial de torturadores. El entonces coronel de Aviación, Augusto Galaz Guzmán, declaró que el 14 de septiembre de 1973 fue detenido desde su oficina en el Ministerio de Defensa junto al actual subsecretario de Aviación, Raúl Vergara, el general Bachelet y el coronel Rolando Miranda. Luego de llevarlos a la Fiscalía de Aviación y a la Base Aérea de Colina, donde fueron interrogados, los trasladaron en conjunto a la AGA. En el proceso, Galaz señaló que se les mantenía con capucha "durante el interrogatorio, levantándonos con cordeles colocados entre las piernas, aplicando agujas en el nacimiento de las uñas de las manos y dándonos golpes de puño en el rostro". Galaz agregó que Cevallos y Cáceres estaban a cargo de los maltratos. No fue difícil reconocerlos: ambos habían sido alumnos suyos en la Escuela de Aviación.
De acuerdo a la condena en primera instancia, dictada en 2006 por el ministro Fuentes, tanto miembros de las Fuerzas Armadas como sujetos pertenecientes a grupos de izquierda, contrarios al régimen militar, fueron detenidos en la AGA. Eran mantenidos con la vista vendada en un subterráneo e interrogados por miembros de la FACh.
"Y en ocasiones eran sometidos a diversos apremios sicológicos o físicos, consistentes estos últimos en mantenerlos constantemente con la vista vendada, con piernas o brazos flectados; pasándoles un palo entre sus extremidades y dejándolos suspendidos en el aire (pau de arara); aplicándoles descargas de corriente eléctrica en partes sensibles del cuerpo, tales como lengua, órganos genitales, sienes; obligándolos a permanecer de pie durante muchas horas o días sin suministro de agua o comida; sometiéndolos a simulacros de fusilamiento", señala la condena de primera instancia.
Fuentes dictaminó, tanto para Cevallos como para Cáceres, una pena de 541 días con presidio remitido. No consideró que los delitos cometidos fueran de lesa humanidad, sino que los enmarcó dentro del artículo 150 del Código Penal, que describe los apremios ilegítimos. El ministro aplicó al máximo las atenuantes esgrimidas por los culpables.
El argumento del ministro para aplicar este castigo fue la irreprochable conducta anterior de los imputados, sin anotaciones penales. Respecto de Cevallos Jones, la condena señala que "dicha atenuante será considerada como muy calificada, toda vez que en su comportamiento pretérito se dan especiales connotaciones, como lo son su calificada preparación profesional, espíritu laboral y ejemplar comportamiento social. En efecto, de los antecedentes del proceso aparece que el encausado es titulado como ingeniero aeronáutico y cumplió satisfactoriamente toda su carrera en la Fuerza Aérea".
En cuanto a Cáceres Jorquera, el ministro Fuentes consideró una atenuante muy calificada su permanencia en la Aviación durante treinta años y que haya cursado un magíster en ciencias políticas y un postítulo en Economía de Guerra, todo sumado a sus "armoniosas relaciones familiares".
El coordinador del Grupo de Prisioneros de Guerra FACh y torturado en la AGA, Mario González, considera que el argumento de Fuentes queda en cero "desde el momento en que dan el primer golpe a un indefenso detenido, sin siquiera considerar si eran hombres o mujeres, luego aplicando electricidad. Hubo premeditación y un proceder reiterativo. Por eso, acá no corre la intachable conducta anterior en la institución ni tampoco sus estudios posteriores", critica.
En esta misma línea, la Corte de Apelaciones, en fallo del 6 de noviembre de 2008, además de subir las condenas de ambos a tres años, aún con presidio remitido, desestimó este argumento por no encontrarse debidamente acreditado.
Con respecto al pago de indemnización en contra de las víctimas, el ministro Fuentes eximió de esta responsabilidad al Consejo de Defensa del Estado y a Ramón Cáceres, entre otros aspectos, debido a que el plazo para iniciar acciones legales por este concepto vence a los cuatro años, lo que fue confirmado por la Corte de Apelaciones y la Suprema.
Cevallos tendrá que pagar a las víctimas exclusivamente porque su defensa no contestó la demanda civil a tiempo. Si no fuera por ese error legal, nadie recibiría un peso por las consecuencias de su traumático paso por la macabra AGA de Las Condes. Según el registro de Dicom, Cevallos posee dos bienes a su nombre, avaluados fiscalmente en 200 millones de pesos.
Hace unas semanas, sin embargo, la Sala Penal de la Corte Suprema no sólo confirmó la sentencia de segunda instancia que subió las penas de Cevallos y Cáceres a tres años con presidio remitido. También agregó que "de acuerdo a los antecedentes reunidos durante la indagación, es procedente concluir que se está en presencia de lo que la conciencia jurídica ha dado en denominar delitos contra la humanidad". De esta forma, este fallo es el primero en que el máximo tribunal reconoce las torturas como delitos de esta índole.
Federico Aguirre, secretario ejecutivo de la Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), organización querellante, destaca que esta causa sienta un precedente para otras similares, pero "consideramos que las penas impuestas no se condicen con el daño ocasionado. No son proporcionales al atentado grave a la integridad física y síquica que importa el crimen de tortura".
A pesar de que Fuentes Belmar sólo procesó a Cevallos y Cáceres en la causa de torturas de la AGA, en el caso de la desaparición de José Luis Baeza Cruces y el crimen de Alfonso Carreño Díaz, ambos ocurridos en el recinto, la Corte de Apelaciones decidió en 2006 procesar a nueve miembros de esa repartición por el delito de asociación ilícita genocida. Esto, luego de que el ministro Fuentes, quien también lleva esta causa, se negara a hacerlo luego de la solicitud del Programa de Derechos Humanos. Actualmente, la causa está en la etapa previa a la sentencia de primera instancia.

25 de octubre de 2009
©la nación 
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recuerdan a ejecutados por caravana


En Copiapó: Recuerdan a ejecutados por Caravana de la Muerte.
Copiapó, Chile. En esta fecha tan triste y dolorosa para los familiares de los ejecutados por la Caravana de la Muerte en su paso por Copiapó, se desarrolló un acto en el mausoleo donde se encuentran los restos de los mártires.
En esta línea, Jimena Araya Carvajal, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Copiapó señaló que "con este acto queremos mantener vivo el recuerdo de nuestros familiares y amigos, cuya vidas nunca debieron ser cegadas. Queremos construir esta memoria en paz, en concordia y con tolerancia, no ofendemos a nadie con la verdad de los hechos, creemos que los familiares con el dolor, nos hemos ganado el derecho a tener libertad a recordarlos este día".
La emotiva ceremonia se realizó a las 12.00 horas en dependencias del Cementerio Municipal, donde se efectuó lo que los organizadores denominaron como una "reflexión religiosa cultural".
Por otra parte, en la actividad estuvieron presentes los familiares de ejecutados políticos, amigos y la comunidad en general.
Por otra parte, la ocasión empezó con una introducción por parte de Nidia Gamboa Farías, para posteriormente escuchar las palabras de la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.
Luego, la pobladora Mirta Flores, rindió un sentido homenaje a los ejecutados, junto con la entonación de diversos temas y la declamación de poemas por parte de familiares de ejecutados políticos de la Caravana de la Muerte.
Finalmente, el sacerdote Juan Barraza realizó una bendición y reflexión en el mausoleo de los ejecutados políticos de Copiapó, para posteriormente entregar cada familia los tradicionales claveles como ofrendas para los mártires políticos de Chile.

19 de octubre de 2009
©chañarcillo 
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