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condenas en caso llidó


Penas de hasta 7 años por crimen de sacerdote Llidó. Manuel Contreras, Marcelo Moren Brito, Miguel Krassnoff y Basclay Zapata fueron condenados a 7 años de presidio por su responsabilidad el crimen del religioso. Jueces también indicaron que fisco debe pagar indemnización de 100 millones de pesos.
Santiago, Chile. La Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia en caso de secuestro de sacerdote Antonio Llidó Mengual, ocurrido a partir de fines de septiembre o comienzos de octubre de 1973 en Santiago.
La Tercera Sala del tribunal de alzada, conformada por los ministros Lamberto Cisternas, Gloria Ana Chevesich y la abogada integrante Claudia Chaimovich ratificaron el fallo de primera instancia del ministro Jorge Zepeda Arancibia, que estableció las siguientes sanciones:
Manuel Contreras Sepúlveda. 7 años de presidio por su responsabilidad como autor.
Marcelo Moren Brito. 7 años de presidio por su responsabilidad como autor.
Miguel Krassnoff Martchenko. 7 años de presidio por su responsabilidad como autor.
Basclay Zapata Reyes. 7 años de presidio por su responsabilidad como autor.
Francisco Ferrer Lima. Absuelto.
Fernando Lauriani Maturana. Absuelto.
Orlando Manzo Durán. Absuelto.
En el caso de Manzo Durán la decisión se adoptó con el voto en contra de la abogada integrante Chaimovich quien estuvo por condenar a este oficial.
En la arista civil del caso se ratificó la condena al Fisco a pagar una indemnización de 100 millones de pesos a la hermana del sacerdote Josefina Llidó Mengual.

16 de octubre de 2009
©la nación 
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interrogatorio por desapariciones


Juez interroga a Corbalán por desaparición de frentistas en 1987. Con los nuevos antecedentes, los querellantes estarían listos para solicitar que se procese al ex jefe DINE, general (R) Ricardo Ortega Prado.
[L. A. C.] Santiago, Chile. El ministro en visita Mario Carroza llegó ayer hasta el Penal Punta Peuco para interrogar al ex jefe operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI), Álvaro Corbalán, en una de las últimas diligencias del proceso por la desaparición forzada de cinco miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), ocurrida en 1987.
Con esta diligencia y la toma de declaración del otrora encargado de la brigada "azul" de la CNI, Krantz Bauer, se culmina con las más de 40 diligencias que la Corte de Apelaciones de Santiago dio curso luego que el Programa de DDHH del Ministerio del Interior solicitara la reapertura del caso, que había sido cerrado en abril por el magistrado.
Con los nuevos antecedentes allegados a la causa, los querellantes quedan en condiciones para solicitar formalmente al juez Carroza que someta a proceso por el delito de secuestro calificado al el ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), general (R) Ricardo Ortega Prado, quien el 21 de agosto pasado declaró en calidad de inculpado en el Hotel Militar.
Esto último, pues -según los antecedentes del caso- en 1987 Ortega tenía grado de mayor y tenía a su cargo el denominado "G4" que era un comando especial del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) y al cual se le otorgó como función, en esa época, labores de vigilancia a grupos opositores a la dictadura en la Región Metropolitana.
El BIE era el brazo operativo del DINE lo que vincularía directamente a Ortega en las operaciones que hubo entorno a los secuestros de los miembros del FPMR, Manuel Sepúlveda, Gonzalo Fuenzalida, Julián Peña, Julio Muñoz y Alejandro Pinochet, ocurridos entre el 9 y 11 de septiembre.
Se presume que esta maniobra fue una reacción de los organismos de inteligencia por el secuestro del coronel Carlos Carreño ocurrido el 1 de septiembre de ese año y que se atribuyó el FPMR por los conocimientos que éste tenía, por el alto cargo que desempeñaba en Famae, en la cual se manejaban importantes negocios de armas de Augusto Pinochet.

16 de octubre de 2009
©la nación 
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las últimas horas de huber


Al coronel Gerardo Huber lo mató el Ejército liderado por Pinochet porque había decidido contar lo que sabía acerca del tráfico de armas a Croacia. La sentencia de 461 páginas del juez Claudio Pavez develó detalles hasta ahora desconocidos.
[Jorge Escalante] Santiago, Chile. El coronel Gerardo Huber se sentó solo frente al televisor para seguir mirando las noticias de la noche. La casa de San Alfonso, en el Cajón del Maipo, estaba más silenciosa. Cerca de las nueve y media de ese 29 de enero de 1992, su familia y sus compadres Eylwin Tapia Cuevas y Ana Guerrero Hinojosa salieron para visitar a Carmen, una hermana de Ana. Caminaron veinte minutos. La noche estaba agradable y estrellada. Les prometió que, terminadas las noticias a las diez, iría a reunirse con ellos. En un acto extraño, Huber pidió a Eylwin las llaves de su auto Nissan. Raro, porque el suyo estaba en casa.
El coronel alcanzaba a oír afuera el canto de los grillos, pero no estaba tranquilo. Durante el día estuvo callado. Sus acompañantes lo notaron taciturno, como ido hacia algún lugar oscuro de sus pensamientos.
Huber escuchó los movimientos que provenían del dormitorio en que estaban Loreto, su ahijada e hija de Eylwin y Ana, y su marido Hernán García Pinochet, nieto del dictador. El hijo de ambos, Felipe, de seis meses, dormía. La pareja preparaba sus cosas para marcharse a la costa a la casona de Augusto Pinochet en Bucalemu. Al día siguiente, el general y Lucía Hiriart festejarían su aniversario de bodas con un almuerzo familiar.
Cuando los García-Tapia salieron del cuarto para despedirse, el coronel les pidió que no viajaran esa noche.
-Es muy tarde y está todo tan oscuro, les dijo.
Pero ellos decidieron partir. Huber se levantó del sillón y los abrazó. Tomó en brazos a Felipe, que despertó, y lo besó en la cara.
-Maneja con cuidado, le aconsejó a Hernán.
La casa quedó todavía más silenciosa y vacía de almas. Lo que ocurrió en los minutos posteriores sólo quedó guardado en la mente aún viva del coronel.
Poco después de las diez de la noche, la niña Julia Salamanca vio descender el auto Nissan lentamente por el estrecho camino. Un poco más abajo, en una pequeña plazoleta que formaba el angosto sendero del Cajón, Julia jugaba al ‘corre el anillo’ con un grupo de amigas. Casualmente, el anillo se le escapó de las manos y fue corriendo para recogerlo en medio de la calle. Se acercó al auto para saludar a Eylwin, a quien conocía, pero no recibió respuesta. Huber era el conductor y no le sonrió. El auto siguió bajando. Ella recogió el anillo y siguió jugando. Fue la última testigo que lo vio con vida.
García Pinochet y Loreto llevaban unos diez minutos de viaje, cuando ella se percató que había olvidado la cartera. Regresaron para recogerla. Al pasar frente al puente El Toyo, Loreto divisó tres automóviles estacionados en fila india a un costado del lugar. Eran vehículos grandes y modernos para la época. No vio a nadie adentro de los coches. Le pareció inusual la presencia de esos autos vacíos y se lo comentó a su esposo.
Cuando llegaron a la casa de vuelta, la puerta de entrada estaba abierta. La casa estaba más iluminada y el televisor seguía encendido. Su padrino no estaba. Lo llamó varias veces. Recogieron su cartera y volvieron al auto. Felipe dormía. Reiniciada la marcha, Loreto recordó que la semana anterior, García Pinochet le comentó en la misma casa de San Alfonso que había que tener cuidado con Huber.
-Se puede suicidar, le dijo una noche en que él volvió con el coronel, después de un largo paseo a caballo por la cordillera. Huber andaba con su pistola Walther PPK, que usaba en la pretina del pantalón. Era su arma favorita. El mismo modelo con la que se suicidó Hitler, y la que blandió siempre James Bond con silenciador.
Loreto y Hernán pasaron de nuevo por el puente El Toyo, pero los tres autos ya no estaban. A las once de la noche, Adriana Polloni, esposa de Huber, sus hijos Astrid (19), Alex (16) y José Ignacio (6), más Eylwin y Ana, se inquietaron porque el coronel no llegó a buscarlos. Regresaron a casa a pie. No encontraron a nadie. Pensaron que habría salido a buscar un teléfono para algo, pues la casa no tenía conexión. Pero, ¿por qué en el auto de Eylwin? Adriana se dio cuenta de que, curiosamente, su marido se había cambiado de ropa.
Esa noche, antes de salir a su destino fatal, quizás como señal de alerta para la familia, tal vez como bálsamo nostálgico de un último baño de cariño, como lo descifró Ana, o para encubrir su figura en la penumbra, Huber se puso un jeans de su hijo Alex, un sweater color marengo de Astrid y zapatillas.
La teoría más macerada es que el coronel recibió una llamada por el radiotransmisor de su automóvil para una cita engañosa sobre el puente El Toyo.
Esperaron hasta la medianoche. Adriana, Ana y Alex salieron en un auto a buscarlo. Nada. Por los alrededores lo llamaron repetidas veces en el silencio de la oscuridad. Hicieron la denuncia en el retén de Carabineros de San Gabriel. Cuando volvían a casa, divisaron el Nissan estacionado a un costado del puente El Toyo. Saltaron del vehículo para mirar, pero no lo encontraron. La llave de contacto estaba puesta. No había signos de violencia. Ningún rastro de Huber. Lo siguieron buscando hasta el amanecer.

Las Visitas
Casi al alba del día siguiente, 30 de enero, la casa de San Alfonso se llenó de militares de civil. Después, la familia se enteraría que todos eran agentes de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y de su brazo operativo, el Batallón de Inteligencia (BIE). Uno de los primeros en arribar fue el coronel Manuel Provis Carrasco, jefe del BIE. Un temido asesino que operó siempre desde las tinieblas y nunca de cara a sus víctimas. Llegó a interrogar a la familia con aspaviento, como si cooperara para encontrar a Huber. A su alrededor se paseaban observando conspicuos personajes del crimen organizado encubierto: Arturo Silva Valdés, Jaime Torres Gacitúa, Pablo Rodríguez Márquez, Marcelo Sandoval Durán y Nelson Román Vargas, todos oficiales y suboficiales agentes de la Unidad de Operaciones Especiales de DINE. Tres meses antes, los mismos habían sacado clandestinamente de Chile al químico de la DINA, Eugenio Berríos, al que meses después mataron en Uruguay.
Sorprendió la llegada del coronel Hernán Novoa Carvajal, abogado que hasta 2008 fue ministro de la Corte Marcial en Santiago. En una extraña dupla, Novoa llegó con el mayor Maximiliano Ferrer Lima, el jefe del Servicio Secreto de DINE. Novoa explicó tiempo después al juez que llegó ahí por encargo de su jefe en la comandancia en jefe del Ejército y ex agente de la Brigada Mulchén de la DINA, brigadier Jaime Lepe Orellana, uno de los autores del homicidio del diplomático chileno-español Carmelo Soria.
Novoa y Ferrer llegaron inquietos, preguntando por unos documentos que Huber había sacado de su oficina en los días previos. Un mes antes, el 7 de diciembre de 1991, estalló el tráfico de armas del Ejército a Croacia, bajo la inocente pantalla de "ayuda humanitaria" proveniente del Hospital Militar de Santiago.
Huber tuvo mediana participación en la exportación fraudulenta. La autorización final la otorgó Augusto Pinochet, consciente del delito. Algunos generales se beneficiarían económicamente con la venta, incluyendo al propio dictador. Pero el desaparecido coronel, jefe del Departamento de Adquisiciones de la Dirección de Logística del Ejército, firmó su sentencia de muerte cuando se dieron cuenta de que quería bajarse y colaborar con la investigación judicial abierta.
Adriana contestó a Novoa que su marido efectivamente sacó documentos de su oficina, pero que los quemó en el patio de su casa en Las Condes.
-Eran de colores amarillo y rosado, le dijo a Novoa.
El abogado se sintió más tranquilo. Sin embargo, Novoa y Ferrer informaron a Adriana que habían abierto la caja de fondo de la oficina de su esposo para sacar cinco carpetas que contenían escrituras de propiedades que ellos tenían junto a Huber. Antes de retirarse la noche de ese día 30, entregaron a Adriana un puñado de monedas de oro. Según le dijeron, las sacaron de la caja de fondos del coronel.

Chiflidos en la Noche
A partir de la desaparición de Huber, la DINE y el BIE iniciaron una cruenta persecución a su familia. Presionaron y amenazaron a Adriana para que dijera dónde había escondido Huber unos documentos. Previendo algo maligno, ella escondió a su hijo menor José Ignacio en el fundo Rabones de su hermana Clina, en Linares. Coincidentemente, los jefes de los organismos involucrados en el crimen estaban oficialmente de vacaciones el día de la desaparición del coronel. Manuel Provis y Víctor Lizárraga, segundo de la DINE, retornaron veloces a sus tareas a primera hora del día siguiente. El general Eugenio Covarrubias, máximo responsable de la DINE, fue más vivo y continuó su feriado.
Provis y Lizárraga descubrieron que el niño José Ignacio estaba oculto en el fundo Rabones. Fueron hasta allá para secuestrarlo, pero Clina y su esposo Ricardo Kostner se resistieron. El padre de Adriana y Clina, el coronel Jorge Polloni, reforzó la negativa. Lizárraga amenazó con sacarlo en helicóptero. A los días regresaron por José Ignacio, volviendo a fracasar. Lo querían para "llevarlo a un sicólogo" al Hospital Militar. Suponían que el niño podría delatar un eventual escondite de papeles de su padre. Para explicar sus viajes al fundo, Provis y Lizárraga, dos de los recientemente condenados por el crimen de Huber, dijeron al juez que en Linares buscaban a una bruja vidente que daría pistas para encontrar al oficial extraviado.
Cuando Loreto Tapia y Hernán llegaron esa noche a Bucalemu para celebrar el aniversario de bodas de los Pinochet-Hiriart, el general abrazó a Loreto.
-Tu padrino Gerardo desapareció, pero no se preocupe mijita, porque lo vamos a encontrar, le dijo cariñosamente.
Tiempo después, al juez le dijo otra cosa.
-Por mi experiencia militar, a Huber lo mataron disparándole con un fusil de alta precisión. Pero a mí me informaron que se había suicidado, magistrado, declaró.
Seis días después de la desaparición del oficial, en San Alfonso sucedió un hecho que terminó de convencer a los Huber-Polloni que el Ejército liderado por Augusto Pinochet había asesinado al coronel. La noche del 4 de febrero, Clina, Adriana, Alex y Astrid estaban en casa de Matilde Hinojosa. Cerca de la medianoche llegó Loreto, quien, de manera altanera, les ordenó que nadie saliera de la casa. Se sorprendieron. Luego, Loreto salió a la puerta y dio un chiflido. Curiosa, Clina salió por una ventana y se escondió tras un árbol. Afuera vio a Hernán García Pinochet con un radiotransmisor en sus manos comunicándose con alguien.
¡Todo en orden, todos están adentro!, escuchó Clina que decía el nieto del dictador a su interlocutor. Acto seguido, García Pinochet chifló y ella vio que de inmediato Loreto llegó a su lado y se fueron.
El 20 de febrero apareció el cuerpo de Gerardo Huber en un islote del río Maipo. La DINE y el BIE cubrieron rápidamente todo, impidiendo el arribo de otros observadores. El primer protocolo de autopsia indicó que Huber se suicidó con un tiro en la cabeza. Lo mismo informó el Ejército. Tres años después, el 24 de agosto de 1995, el juez Claudio Pavez ordenó exhumar su cuerpo. El médico criminalista de la Policía de Investigaciones, Pedro León Rivera, determinó entonces que Huber fue asesinado con un tiro disparado desde larga distancia con un fusil de alta precisión, utilizando una bala con una carga altamente explosiva, que entró en la cabeza del coronel a tres veces la velocidad del sonido, lo que explica que haya volado la caja craneana desde atrás hacia adelante.
Ese informe significó la expulsión de León de la policía civil. También desconocidos lo amenazaron junto a su familia. Temiendo lo peor, León cambió su conclusión. Dijo que se equivocó y emitió un segundo dictamen, asemejando ahora la causa de muerte a un suicidio.
-Me dijeron que toqué círculos de poder muy sensibles, confesó León al juez Pavez.
El criminalista apeló al director de la policía Nelson Mery, quien, luego de unas semanas, lo reincorporó. León volvió por sus fueros y emitió un tercer informe, ratificando el primero y aclarando por qué debió mentir en la segunda versión.
Nunca se halló el fusil. Tampoco al francotirador.

11 de octubre de 2009
©la nación
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sobreseen causa por fusilamiento


Corte sobreseyó fusilamiento de ex intendente socialista. Máximo tribunal regional ratificó sentencia que atribuyó la responsabilidad al extinto gobernante, Augusto Pinochet.
[Hernán Espinoza] Talca, Chile. En fallo unánime, la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Talca decidió confirmar el sobreseimiento temporal de la investigación que buscaba aclarar posibles responsabilidades penales por el fusilamiento del ex intendente socialista de Talca, Germán Castro, hecho ocurrido tras el golpe militar de 1973.
La sentencia, en estos términos, ratificó la resolución dictada en marzo pasado por la ministra en visita extraordinaria, Olga Morales. Dicho dictamen, en todo caso, estableció judicialmente que "la muerte fue por ejecución realizada al margen de la ley", y que constituye, en dicho contexto, un delito de lesa humanidad.
La sentencia destaca que Germán Castro no fue objeto de un proceso judicial con posibilidades de defensa, sino que el dictamen del Consejo de Guerra -que ordenó la muerte- fue firmado después de que se ejecutara el fusilamiento, tipificado como un homicidio calificado.

Apelación
A su vez, al momento de establecer responsabilidades penales, el dictamen subraya que "no existen antecedentes que permitan apuntar a una persona distinta a Augusto Pinochet como responsable de los hechos", subrayando que por la muerte del ex gobernante militar no es posible seguir adelante con el juicio criminal.
Dicha resolución fue apelada por los abogados de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, encabezada por Myrna Troncoso, donde se solicitó a la Corte de Talca que se reabriera la investigación, con nuevas diligencias.
Pero el tribunal de alzada estimó que dichas solicitudes fueron genéricas e imprecisas, agregando que "no señala a quienes afectaría, ni en que calidad, esto es, si como autor, cómplice o encubridor, ni tampoco por qué delito. Por consiguiente, las peticiones formuladas por la apelando no se ajustan a la normativa legal aplicable".

11 de octubre de 2009
©el centro
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piden libertad para criminal pinochetista


Ex coronel esta detenido en el Pudeto. Piden libertad para procesado por homicidio de Jorge Parra.
Punta Arenas, Chile. La ministra de fuero María Isabel San Martín deberá pronunciarse acerca de la libertad provisoria que pidió la defensa del ex oficial de Ejército procesado por el homicidio de Jorge Parra Alarcón.
El abogado Guillermo Ibacache Carrasco explicó que la solicitud se funda en el tiempo transcurrido de la investigación y porque no existen diligencias pendientes, razón por la que se considera que no se justifica que (Eduardo Rafael) Mancilla Martínez siga privado de libertad.
La presentación deberá ser resuelta por la ministra María Isabel San Martín, quien asumió el conocimiento del sumario en reemplazo del ministro Solón Vigueras, trasladado a otra Corte.
Los hechos por los cuales está siendo procesado el ex teniente del Regimiento Caupolicán de Porvenir y por los cuales permanece en prisión preventiva (en el Regimiento Pudeto), dice relación con el homicidio del ex trabajador de Enap y militante del Partido Comunista, Jorge Parra Alarcón. Fue el 24 de octubre de 1973 cuando fue llevado a Porvenir luego de ser detenido y torturado en Cerro Sombrero. En el camino fue ultimado a bala.
El pasado 11 de septiembre, el ministro Solón Vigueras decretó el auto de procesamiento y cuatro días después Mancilla Martínez se presentó voluntariamente ante la Corte de Apelaciones para quedar a disposición de la justicia.

Prescripción en Carpeta
Por otra parte, Ibacache -quien asumió recientemente la defensa de Mancilla- no descarta solicitar la prescripción de la causa, en base a los años que han transcurrido desde el homicidio de Parra (octubre de 1974).
Recordó que, en este punto, la parte querellante invoca el ‘Tratado de Ginebra’.
Por lo anterior, en agosto de 2005 el abogado (de Concepción) Alejandro Espinoza logró que la Corte Suprema por primera vez aplicara la prescripción en un juicio por la muerte de dos civiles durante la dictadura del general Augusto Pinochet.
Se trató del homicidio calificado en contra de Ricardo Rioseco Montoya y Luis Cotal Alvarez, ambos ejecutados en Angol durante octubre de 1973. Por este delito fue procesado, reconociendo responsabilidad, el coronel (r) Joaquín León Rivera González.

9 de octubre de 2009
©prensa austral
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recuerdan a detenidos desaparecidos


En segundo aniversario de memorial. ¿Cómo explicar tanto horror? Necesitamos saber dónde están sus cuerpos, o qué pasó con ellos, afirmó Pedro Roa, presidente de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos.
Mulchén, Chile. A 36 años de la detención de 30 personas en Mulchén, la gran mayoría de ellos campesinos, la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y de Ejecutados Políticos realizará hoy un acto junto al memorial, que recuerda a cada una las víctimas de las violaciones a los derechos humanos en esa comuna.
La ceremonia se efectuará hoy, a las 11 horas, en el memorial que se ubica en Avenida Matta esquina Manera, en las afueras del estadio municipal.
En conversación con La Tribuna, el presidente de la AFDD, Pedro Roa, afirmó que al conmemorarse hoy el segundo aniversario del memorial, se reunirán para recordar a 30 hombres que en 1973 sufrieron en manos de agentes de carabineros y civiles que se ensañaron con trabajadores en cuatro puntos de la comuna de Mulchén, en los fundos Carmen y Maitenes, El Morro y Pemehue al igual que en el sector urbano de la comuna.
"Han pasado 36 años y aún no se sabe dónde están o cuál fue su destino" agregó el presidente de la AFDD al acudir, en la víspera al acto, a visitar el memorial, y detallar que de las víctimas, once desaparecieron en el sector urbano y otros 19 en apartados sectores pre-cordilleranos de la comuna.
Agregó que por años, las esposas, hijos y hermanos recorrieron muchos lugares en busca de sus seres queridos, aferrándose en medio del profundo dolor, a la esperanza de lograr alguna vez encontrarlos, lo que en más de treinta años no ha ocurrido.
"¿Cómo explicar tanto horror? Se pregunta el presidente de la agrupación, mientras sostiene que "la razón no alcanza a explicar dichos comportamientos humanos donde predomina la crueldad extrema, más aún considerando los relatos de quienes sobrevivieron, y relataron haber sufrido torturas".

El Silencio de los Familiares
Según expresó a La Tribuna Pedro Roa, los familiares de las víctimas durante muchos años guardaron silencio por miedo, y, más aún, porque durante muchos años seguían viendo caminar por las calles de su pueblo a quienes llegaron hasta sus casas a buscar a quienes en esos años, comenzaban a formar sus familias.
"Este cinco de octubre en Mulchén, dejamos escrita en la historia de nuestro pueblo este memorial, con los nombres de nuestros 30 detenidos desaparecidos y ejecutados políticos" expresó, al referirse a los episodios ocurridos hace 36 años y que los llevan a preguntarse dónde están.
En el acto a efectuarse hoy, se considera la intervención de directivos de la AFDD de Mulchén; de Marina Rubilar, hija de un detenido-desaparecido y de Patricia Parra, abogada del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, en la región.

Los Cuarteles del Infierno
Las investigaciones por causas de violaciones a los derechos-humanos están en manos del Ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, quien mantiene en reserva las diligencias desarrollas en el marco de la llamada "Operación Retiro de Televisores", que habría sido ordenada a comienzos de 1979 con la finalidad de desenterrar los cuerpos de los prisioneros, para hacerlos desaparecer definitivamente.
Según información proporcionada a La Tribuna por Pedro Roa, presidente de la agrupación de detenidos desaparecidos de Mulchén, la mayoría de los cuerpos exhumados desde fosas clandestinas en esa zona cordillera fueron traídos a Los Ángeles, y quemados en hornos y tambores dentro del Regimiento, tal como ocurrió en Linares, según consta en informes de derechos humanos.
"Ese habría sido el final de nuestros detenidos desaparecidos", lamentó, al rememorar las conversaciones y testimonios logrados durante todos estos años entre los mismos familiares.

Fusilamientos
Según testimonios de la época, añadió, los prisioneros en octubre de 1973 fueron fusilados en tres lugares puntuales de los fundos El Morro, Carmen y Maitenes y Pemehue.
Días después, sus familiares, una vez que se aseguraron que los victimarios habían abandonado el lugar, se atrevieron a salir de sus casas en busca de las víctimas. Encontraron cuerpos en la ribera de los ríos, semitapados con unas pesadas piedras. Presentaban evidentes huellas de tortura y numerosos impactos de balas.
Por el tiempo transcurrido, estaban destrozados y mostraban mordeduras de perros y roedores. Los árboles del entorno, recuerda, presentaban numerosos impactos de bala en sus troncos.
Los familiares cavaron en el mismo lugar una fosa, de más o menos un metro de profundidad, donde colocaron los cuerpos que habían encontrado, cubriéndolos con tierra. Procedieron a marcar el lugar con piedras, o con cercas de madera.
En el caso del fundo El Morro, éste se ubica a más de 50 kilómetros de Mulchén; El Carmen-Maitenes, a más de 80 kilómetros; siendo el fundo Pemehue el más apartado y cercano a la alta cordillera, situado cerca del Río Negro, a una distancia que supera los 100 kilómetros desde la ciudad del Bureo.

6 de octubre de 2009
©la tribuna h
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condenan a generales en retiro


Caso Huber: dictan condenas contra tres generales en retiro. Los procesados por homicidio calificado y asociación ilícita son los generales (R) Carlos Krumm, Eugenio Covarrubias y Víctor Lizárraga, además del brigadier (R) Manuel Provis Carrasco y el coronel (R) Julio Muñoz.
[Claudio Leiva Cortés] Santiago, Chile. Después de 17 años de cometido el crimen y otros cuatro de investigación, el ministro en visita Claudio Pavez dará a conocer hoy las condenas de primera instancia contra tres generales, un brigadier y un coronel en retiro del ejército, procesados por el homicidio del coronel Gerardo Huber, perpetrado en 1992 para ocultar la exportación ilegal de armas a Croacia.
El magistrado de la Corte de Apelaciones de San Miguel citó para este lunes al mediodía a los abogados de los acusados, de la familia del oficial asesinado y del Consejo de Defensa del Estado.
En la causa se encuentran procesados por los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita el general (R) Carlos Krumm (ex director de Logística del Ejército y jefe de Huber), el general (R) Eugenio Covarrubias (ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército), el general (R) Víctor Lizárraga (subdirector de la DINE), el brigadier (R) Manuel Provis Carrasco (ex jefe del Batallón de Inteligencia) y el coronel (R) Julio Muñoz, "amigo" y compadre de Huber.
El abogado Ciro Colombara, representante de la familia de Huber, se mostró confiado en que los altos oficiales en retiro recibirán altas condenas.
"Nos parece que una investigación tan acuciosa como la que ha llevado el ministro Claudio Pavez adelante, necesariamente va a terminar en una sentencia condenatoria respecto de los responsables. Por lo tanto, confiamos en que esa sentencia va a establecer la culpabilidad de las personas, altos oficiales del Ejército que están procesados en esta causa", señaló Colombara.
En febrero de 1992 y tras 20 días desaparecido en el Cajón del Maipo, el entonces jefe del Departamento de Exportaciones del Ejército, coronel Gerardo Huber, fue encontrado sin vida en un montículo del río Maipo y con un disparo en su cabeza. Tres meses antes del hecho se había descubierto el armamento exportado ilegalmente por Famae a Croacia.
El coronel Gerardo Huber era jefe del Departamento de Logística del Ejército y fue hallado muerto el 20 de febrero de 1992 cerca del río Maipo, en el sector La Obra.
El juez Pavez determinó que el 29 de enero, mientras Huber se encontraba escondido en San Alfonso, su "compadre" Julio Muñoz lo llevó bajo engaño al puente El Toyo, donde fue asesinado de un tiro a larga distancia, presuntamente por un francotirador, según detalla el expediente. El magistrado determinó el tipo de fusil empleado, del cual existían en ese tiempo cuatro.
Los inculpados se encuentran en libertad provisional y tendrán 15 días para apelar y recurrir al tribunal de alzada de San Miguel.

Contrabando: por lo más Delgado
En diciembre de 1991 en el aeropuerto de Budapest, Hungría, fueron halladas 36 toneladas de armas que iban en cajas enviadas desde Chile bajo el rótulo de "ayuda humanitaria" con destino a Sri Lanka, pero que serían desviadas a Croacia.
Las Naciones Unidas habían impuesto un embargo de armamentos debido al conflicto bélico que afectaba a la ex Yugoslavia. Un sargento y un capitán de Ejército y un capitán de la FACh fueron condenados por la justicia militar a penas de entre 541 días y cinco años de prisión.

5 de octubre de 2009
©la nación 
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prefecto avala disparar


Prefecto avala devolver los disparos en enfrentamientos de carabineros con comuneros.
Malleco, Chile. El prefecto de Malleco, coronel Iván Bezmalinovic, respaldó el accionar de carabineros en los últimos días y advirtió sobre el permanente uso de armas de fuego por parte de los encapuchados a la hora de enfrentarse con los efectivos policiales, en la Araucanía.
La policía fue cuestionada nuevamente después de que Pablo Catrillanca, hijo del lonko de Temucuicui, Juan Catrillanca, fue herido por un perdigón en un ojo.
La autoridad policial manifestó que "yo tengo que preocuparme de mi personal, y cuando estoy observando que nos están disparando en forma continua, lógicamente que en cualquier momento puede haber un desenlace fatal".

5 de octubre de 2009
©la nación 
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