chile

políticos no se comprometen con ddhh

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Bajo compromiso parlamentario con derechos humanos.

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Santiago, Chile. Un exiguo compromiso parlamentario con los temas de derechos humanos reveló el tercer informe anual realizado por el Observatorio Parlamentario,que coordina la Corporación Humanas e integran el Centro de DDHH de la Universidad Diego Portales, Oxfam, Fundación Ideas y Centro de Estudios de la Mujer.
El estudio mostró que sólo 14 diputados tuvieron un máximo nivel de compromiso, mientras 25 legisladores, todos de la Alianza, cayeron en los niveles más bajos de compromiso con estos derechos.
Para ranquear a los legisladores se elaboró una escala de 1 a 10, asignando valor uno (1) a cada tratado o proyecto votado favorablemente; valor cero (0) si se abstuvo o simplemente no votó; y menos uno (-1) si votó en contra de las 21 iniciativas legales consideradas en la evaluación y que están relacionadas con la institucionalidad y protección de los DDHH, los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos de tercera generación.
Con un respaldo a todos los proyectos, el máximo nivel de compromiso lo alcanzaron cinco diputados de la DC (Gonzalo Duarte, Sergio Ojeda, José Miguel Ortiz, Mario Venegas y Patricio Walker), tres del PPD (Guillermo Ceroni, Ramón Farías y Guido Girardi Briere), dos del PS (Alfonso De Urresti y Denise Pascal), dos del PRSD (Marcos Espinoza y Carlos Abel Jarpa) y dos independientes (Tucapel Jiménez y Alejandra Sepúlveda).
En la categoría mínimo o nada comprometidos hubo 7 diputados aliancistas, a los que se agregan otros 18 de igual tendencia en la categoría débilmente comprometidos. En suma, 25 parlamentarios de la oposición: Mario Bertolino, Darío Paya, José Antonio Kast, Rosauro Martínez, María Angélica Cristi, Iván Norambuena, Pablo Galilea, Juan Lobos, Ignacio Urrutia, Carlos Recondo, Marcelo Forni, Claudio Alvarado, Maximiano Errázuriz, Andrés Egaña, Alfonso Vargas, Nicolás Monckeberg, Sergio Bobadilla, Gonzalo Uriarte, Amelia Herrera, Enrique Estay, Julio Dittborn, Ramón Barros, Jorge Ulloa, Manuel Rojas y Ximena Valcarce.
Respecto de los senadores, el balance del Observatorio Parlamentario evaluó el compromiso de los legisladores a través de una encuesta en que consultó la disposición a votar frente a diez proyectos y tratados, entre ellos, la ratificación de la Corte Penal Internacional, la iniciativa ciudadana de ley, la paridad y la legalización del aborto terapéutico.
Siete senadores fueron evaluados como "mediana o débilmente comprometidos" con los derechos humanos y la profundización de la democracia, mientras que otros 13 se mostraron "sumamente comprometidos" con dichos principios.

27 de abril de 2009
©la nación 

la caída de santelices

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Los hechos detrás del procesamiento del ex comandante de la Guarnición de Santiago. En 14 meses, el juez Víctor Montiglio logró acreditar la responsabilidad penal del oficial en los crímenes de la Caravana de la Muerte. Aunque el general (R) quiso tomar distancia de los sucesos, los testigos que lo contradijeron terminaron por sellar su suerte.

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[Jorge Escalante y Javier Rebolledo] Santiago, Chile. El general (R) Gonzalo Santelices Cuevas afirma judicialmente que él no vio nada de la masacre de la noche del 18 de octubre de 1973 en el desierto de Atacama. Sostiene que sólo a la distancia escuchó las ráfagas de metralleta con que fueron cayeron las 14 víctimas de la Caravana de la Muerte asesinadas ese día en Antofagasta.
Pero la versión con que el militar intentaba distanciarse de los crímenes de la siniestra comitiva no tuvo eco en el juez Víctor Montiglio, quien el lunes de 20 abril, y tras 14 meses de investigación, lo procesó y ordenó su arresto por su responsabilidad en dichos 14 homicidios, al igual como hizo con el coronel (R) Patricio Ferrer Ducaud y el teniente (R) Pablo Martínez Latorre.
Ese día, Santelices llegó en su automóvil personal, conducido por un familiar, hasta el Batallón de Policía Militar en Peñalolén. Lo esperaban el ministro Montiglio y efectivos de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, que, junto al juez, realizaron las diligencias que condujeron a su encausamiento y detención. En ese momento, el general en retiro fue notificado oficialmente de su prisión preventiva.
El trámite de ingreso al sector VIP de ese centro de reclusión transitorio para altos oficiales de Ejército incluyó el fichaje del prontuario, también ordenado por el juez.
Lo que hundió a Santelices fueron los términos de su declaración del 24 de septiembre de 2002. En ella, el oficial había admitido su participación en una de las fases de este crimen masivo, aunque en esa ocasión entregó su testimonio sólo en calidad de testigo.
Seis años después, el 27 de enero de 2008, LND reveló que esa noche de octubre de 1973, Santelices y Martínez Latorre secuestraron a los 14 prisioneros desde la cárcel de Antofagasta, los trasladaron en dos camiones hasta un sector de la pampa denominado Quebrada del Way, los formaron frente a los vehículos con las luces encendidas y se los entregaron al escuadrón comandado por el general Sergio Arellano Stark, para que diera cuenta de ellos.
Luego, los entonces jóvenes oficiales recogieron los cuerpos semidestrozados, los cargaron en los mismos camiones y los condujeron hasta la morgue donde, en un espectáculo aterrador, fueron identificados por sus familiares.
Una vez publicada la información, y luego de una semana de tratativas entre el Gobierno y el Ejército, el entonces comandante de la Guarnición Militar de la Región Metropolitana fue obligado a abandonar las filas de la institución. Se abría así un largo camino hasta que la espada de la justicia cayera sobre él.

El Crimen
El proceso con que el juez consiguió acreditar la responsabilidad penal del ex comandante de la Guarnición Metropolitana, en uno de los episodios más crueles del exterminio masivo de la represión militar tras el golpe de Estado, fue intenso. Decenas de extensos interrogatorios, careos y diligencias en terreno, dentro y fuera de Santiago, conformaron el puzzle judicial.
La primera indagatoria tomada a Santelices por el juez después de que se reveló su participación, ocurrió ya no en calidad de simple testigo, sino de inculpado en los hechos.
A esa fecha ya se encontraban procesados por estos crímenes los integrantes de la Caravana de la Muerte, incluidos su jefe, el general Arellano, y el director de la Escuela de Blindados de Antofagasta en 1973, entonces coronel Adrián Ortiz Gutmann. Este fue el principal responsable local de la matanza, y quien puso a disposición de Arellano y su gente toda la infraestructura necesaria para cometer los asesinatos. Ortiz fue también uno de los que disparó esa noche. De los integrantes del escuadrón de la muerte, quienes participaron en la ejecución fueron el teniente coronel Marcelo Moren Brito, el coronel Sergio Arredondo, el capitán Juan Chiminelli y el teniente Armando Fernández Larios.
Las víctimas eran Mario Arqueros Silva, Alexis Valenzuela Flores, Dinator Ávila Rocco, Darío Godoy Mancilla, Segundo Flores Antivilo, Marcos de la Vega Rivera, José García Berríos, Héctor Silva Iriarte, Washington Muñoz Donoso, Guillermo Cuello Álvarez, Eugenio Ruiz-Tagle Orrego, Danilo Moreno Acevedo, Luis Alaniz Álvarez, y Miguel Manríquez Díaz.
Antes del minuto de la muerte, Manríquez pidió a Fernández Larios que no le vendaran los ojos y lo conminó a que fuera él quien le disparara, por la amistad que los unía. El dramático diálogo fue reproducido en el proceso por quien era en esa fecha el jefe del departamento de Inteligencia de la Primera División de Ejército, el entonces mayor Ferrer Ducaud, quien estuvo ahí aquella noche.

Camino al Cadalso
Los careos que ordenó el juez Montiglio fueron escenario de tensos enfrentamientos entre los involucrados. Como ocurrió cuando Santelices afirmó que esa noche no había podido ver cómo murieron los detenidos, explicando que minutos antes Ortiz le había ordenado retirarse con su gente a cien metros de distancia detrás de los camiones. Fue el mismo Ortiz quien lo desmintió: "No estoy de acuerdo con que lo haya ordenado", dijo al juez. También descartó que su entonces subordinado no se hubiese enterado cuál sería el destino final de los prisioneros que había sacado desde la cárcel: "Me parece raro que a Santelices no le explicaran la misión a que iba, ya que la situación era grave".
Santelices se mantuvo siempre frente al juez, sosteniendo que jamás escuchó gritos de los prisioneros. Sin embargo, careado con el suboficial (R) Samuel León, presente en la matanza, y al escuchar que éste declaró que los detenidos comenzaron a "gritar y pedir piedad", el general (R) cambió su versión. "Yo no tengo en mi memoria la imagen de los fusilamientos, sí recuerdo el ruido de los balazos, ráfagas y griterío".
Los abogados querellantes intentarán ahora que la Corte de Apelaciones de Santiago recalifique la calidad de cómplice de Santelices y los otros, por la de coautor. Mientras, el ministro Montiglio continúa investigando este episodio junto a la policía civil. Hay antecedentes que indican la existencia de un grupo de oficiales encubiertos que servían en Antofagasta, quienes también habrían tomado parte en esta acción de exterminio.

26 de abril de 2009
©la nación 

navarro quiere conocer leyes secretas

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Senador Navarro solicita a Jovino Novoa publicar leyes secretas entre 1973 y 1990. A juicio del legislador, la nueva ley "no puede limitarse sólo a la publicación de los sueldos de los funcionarios en una página web".

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Valparaíso, Chile. En el marco de la incipiente puesta en marcha de la Ley de Acceso a la Información Pública, también conocida como Ley de Transparencia, el senador y candidato presidencial del Movimiento Amplio Social (MAS), Alejandro Navarro, exhortó al presidente del Senado, Jovino Novoa, a publicar leyes dictadas entre 1973 y 1990.
A jucio de Navarro, la nueva ley "no puede limitarse sólo a la publicación de los sueldos de los funcionarios en una página web, sino que hay que ir más allá", razón por la cual solicitó a Novoa para que "publique y facilite el acceso público a la información de las 56 Leyes, 82 Decretos Leyes y 29 Decretos con Fuerza de Ley o Decretos Supremos dictados entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, y que tienen el carácter de secretos o reservados".
Aunque Navarro valoró la Ley de Transparencia, agregó que se debe continuar con la tarea de dar claridad a los contenidos de leyes, como en el caso de las secretas, las cuales "hasta ahora les han sido negados al país".
Finalmente, el presidenciable del MAS aseguró que de darse a conocer dicha información, será "otro gran paso en la consolidación de una transparencia verdadera entre los órganos del Estado".

25 de abril de 2009
©la tercera

procesan a los ocho de valparaíso

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Dictan procesamiento en contra de seis agentes en denominado caso de ‘los Ocho de Valparaíso’. La causa tiene relación con el secuestro de Neftalí Carabantes y Sonia del Tránsito Ríos.

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Santiago, Chile. El ministro de la Corte de Apelaciones Alejandro Solis, dictó el auto de procesamiento en contra de seis inculpados de secuestros durante el año 1975 en el regimiento Maipo.
Los seis coautores en el denominado caso de los ‘Ocho de Valparaíso’, ex agentes de la Dina, fueron identificados como Rolf Wenderoth, Miguel Krassnoff, Fernando Lauriani, Daniel Cancino, Pedro Herrera y Rubén Fiedler.
Por su parte, el ex jefe del cuartel Cuatro Alamos, Orlando Manzo Durán, fue encausado como autor de secuestro de Horacio Neftalí Carabantes, María Isabel Gutiérrez, Fabián Ibarra Córdova, Sonía del Tránsito Ríos y Carlos Rioseco.

25 de abril de 2009
©la tercera
cc traducción mQh

gobierno prohíbe spice

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Spice fue decretada como sustancia prohibida por el gobierno. La sustancia sintética es cuatro veces más potente que la marihuana y se estuvo vendiendo en Chile como incienso.

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Santiago, Chile. El subsecretario del Interior, Patricio Rosende, anunció este jueves que se decretará la calificación de sustancia prohibida para la droga Spice, o marihuana sintética, luego de determinarse su alta adictividad y peligrosidad tóxica.
"Tiene características muy similares a la marihuana, de alta adictividad, de alta peligrosidad tóxica, razón por la cual hemos decidido incorporar esta sustancia en el decreto que establece y regula la circulación venta y comercialización de sustancias prohibidas", sostuvo Rosende.
El producto se estaba vendiendo sin restricción como incienso en locales del rubro, hasta conocerse una investigación hecha en Europa en donde se comprobó que la sustancia sintética es cuatro veces más potente que marihuana.
"Efectivamente en países europeos como Austria, Alemania y Bélgica ha sido prohibido. Chile se pone a la cabeza en la región para este tipo de lucha", informó Rosende.
La incorporación a dicho decreto se realizará entre hoy y mañana y el subsecretario destacó la rapidez de las autoridades para detectar su peligrosidad.
"Estamos ante un procedimiento que ha sido extraordinario por lo rápido tanto en el ISP y Conace. Esto demuestra una vez más que estas instituciones encargadas de velar por la prevención, frente a la amenaza que pueden sufrir niños, jóvenes y adolescentes con este tipo de sustancias, actúan y actúan de manera rápida", agregó.

23 de abril de 2009
©la nación 

allanan oficina de general vega

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Caso Mirage: PDI allana oficina de Vega.

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[Luis Narváez] Santiago, Chile. Documentación, discos compactos y archivos fueron incautados este miércoles desde la oficina del general (r) de la FACH, Ramón Vega, quien se encuentra sometido a proceso por malversación de caudales públicos en el marco de la investigación por el pago de comisiones ilegales en la compra de 25 aviones Mirage 5 a Bélgica, en 1994.
El grupo de detectives de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la PDI llegó sorpresivamente cerca de las 9 horas, hasta la calle Hernando de Aguirre 201, piso 8.
En el lugar se comunicaron con el abogado del ex uniformado, Luis Cifuentes, y el propio general para que concurrieran al lugar.
Ambos llegaron pocos minutos después para presenciar la diligencia, que se prolongó hasta pasadas las 16 horas.
La acción fue ordenada el 9 de abril por el ministro en visita que investiga el caso, Omar Astudillo, con el objetivo, dijeron fuentes a La Nación, de encontrar más pruebas acerca de su participación en el negocio que terminó con el desembolso de US $109 millones, 15 de los cuales fueron para pagar comisiones.

23 de abril de 2009
©la nación 

interrogan a hijo de dictador

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Marco Antonio Pinochet es nuevamente interrogado por pasaportes falsos. Pinochet Hiriart fue procesado por el delito de sustracción y falsificación de estos documentos los que habría utilizado para ocultar el verdadero propietario de las cuentas bancarias que su padre tenía en el extranjero.

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[L. Ayala] Santiago, Chile. El ministro de fuero Juan Manuel Valderrama interrogó ayer por cerca de dos horas a Marco Antonio Pinochet Hiriart, hijo menor del fallecido general Augusto Pinochet Ugarte, en el marco de la arista "pasaportes falsos" del denominado caso Riggs.
La toma de declaración corresponde a una diligencia solicitada hace algunas semanas por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), entidad que obra como querellante en esta investigación que busca esclarecer el origen de la fortuna del dictador.
El 2006 el juez Carlos Cerda -otrora instructor de la causa- procesó a Pinochet Hiriart por el delito de sustracción y falsificación de pasaportes, documentos que habría utilizado para ocultar el verdadero propietario de las cuentas bancarias que su padre tenía en el extranjero.
Este encausamiento y el de malversación de caudales públicos -por el cual fueron procesados su madre y sus hermanas- fueron más tarde revocados.
Sin embargo, ayer Pinochet volvió a responder si reconocía su firma en pasaportes y documentos bancarios allegados a la causa.

21 de abril de 2009
©la nación

condena por detención ilegal en 1973

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Corte de Apelaciones de Talca dicta condena en derechos humanos. Claudio Abdón Lecaros Pozo tendrá remisión condicional, razón por la que deberá someterse a la supervigilancia de Gendarmería por el tiempo que dure la condena.

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Talca, Chile. La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Talca dictó este martes sentencia de segunda instancia por la detención ilegal y arbitraria del agricultor de Linares Miguel Antonio Figueroa Mercado, hecho ocurrido en septiembre de 1973, en cercanías del fundo Peñuelas de la comuna de Villa Alegre, Región del Maule.
En fallo unánime, los ministros Hernán González García y Víctor Stenger Larenas determinaron aplicar la pena de 541 días de presidio para Claudio Abdón Lecaros Pozo.
El tribunal de alzada del Maule concedió el beneficio de la remisión condicional de la pena, razón por la que Lecaros Pozo deberá someterse a la supervigilancia de Gendarmería por el tiempo que dure la condena.
En julio de 2008 la ministra en visita Juana Venegas determinó en julio de 2008 la absolución del condenado, aplicando la figura de la prescripción de la acción penal.

21 de abril de 2009
©la nación