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mejoras en seguro de cesantía

mqh - 03 de febrero de 2009 - 02:43 - chile

Proyecto que mejora el seguro de cesantía fue una de las leyes aprobadas durante el período 2008 - 2009.

Valparaíso, Chile. El proyecto de ley fue aprobado por el Congreso en enero de este año y contempla medidas para palear los efectos de la crisis económica para este año. Este tema será tratado en uno de los capítulos del programa ‘Leyes Aprobadas’, que transmitirá CDTV durante el mes de febrero.
Todos estos programas pueden ser visto a través de la frecuencia de cable del Canal de la Cámara de Diputados, o en la página web de la emisora.
Esta iniciativa (Ley Nº 20.328) que fue analizada por las Comisiones de Trabajo y Hacienda, modifica la ley N° 19.728 para ampliar la cobertura del Seguro Obligatorio de Cesantía, incorporando a trabajadores contratados a plazo, para una obra, trabajo o servicio. Además, establece la obligación del empleador de aportar al Fondo de Cesantía Solidario.
La ley aprobada permitirá de esta manera, reforzar el plan de estímulo fiscal destinado a reducir los efectos de la crisis económica internacional en nuestro país. Hoy contamos con una nueva ley que extiende los beneficios del seguro de cesantía a los trabajadores contratados a plazo fijo, por obra, trabajo o servicio determinado.
Los nuevos requisitos para acceder al fondo de cesantía solidario son: 12 cotizaciones en los últimos 24 meses, de las que sólo las últimas tres deben ser continuas y con el mismo empleador. Lo mismo rige para los trabajadores con contrato indefinido y a plazo fijo.
Cuando los índices de desempleo nacional excedan el promedio de los últimos cuatro años, se pagará a los trabajadores con contrato indefinido, un sexto y séptimo mes de beneficio, que corresponderá al 25% del sueldo. Aquellos trabajadores contratados a plazo fijo tendrán derecho a un tercer giro en dichas circunstancias, del 30%.
La nueva norma establece además un sistema de información laboral y crea la bolsa nacional de empleo, cuya administración será adjudicada mediante licitación pública, y su retribución será financiada por el fondo de cesantía solidario.

Ley Que Protege a Temporeros
Otra de la leyes aprobadas durante el 2008, fue la Nº 20.308 que precisa que todo plaguicida deberá distribuirse en envases sellados, en recipientes aprobados para el producto que se trate y con etiquetas en que se indique, en español y en forma indeleble, la composición del producto y las instrucciones para su uso correcto y seguro.
Lo anterior debido a que la inadecuada manipulación de productos fitosanitarios o plaguicidas se ha transformado en un problema de salud pública, ya que produce efectos crónicos tanto en la salud de quienes los operan, como para los transeúntes que, pasivamente, reciben éstos agentes tóxicos.
La ley también propone que si al aplicar plaguicidas se causan daños a terceros, ya sea en forma accidental o como consecuencia inevitable de la aplicación, los afectados podrán demandar judicialmente la indemnización de daños correspondiente, dentro del plazo de un año desde que se detecten los perjuicios.
También se impone al empleador de trabajadores agrícolas, permanentes y transitorios, que realicen labores que supongan contacto con pesticidas, plaguicidas o productos fitosanitarios tóxicos, la obligación de proporcionarles información suficiente sobre el correcto uso de estos productos y de los riesgos derivados de su manipulación.

Medidas para Enfrentar la Crisis Económica
Otro de las leyes importantes aprobadas durante el mes de enero del 2009 fue el proyecto presentado por la presidenta Michele Bachelet, que contemplaba un paquete de medidas por 4 mil millones de dólares para enfrentar la actual crisis económica (Ley Nº 20.326) y que contemplaba un conjunto de normas transitorias de incentivo tributario.
Entre estos beneficios se contempla un bono de $40 mil por carga familiar para los beneficiarios del subsidio único familiar, los receptores de la asignación familiar y para las famili as del sistema Chile Solidario, cuyo ingreso mensual a diciembre sea igual o inferior a los $441.274.
El texto legal también contempla que para las personas que trabajan a honorarios, recibirán en septiembre de 2009 la devolución del impuesto a la renta correspondiente al año tributario del 2010. Este anticipo tendrá un valor máximo de $250 mil.
Asimismo, se elimina el impuesto de timbres y estampillas en todas las operaciones de crédito durante este año y reduce la tasa a la mitad para el primer semestre de 2010.
Con relación a las PYMES, estas también se verán favorecidas, puesto que se les reducirá de forma transitoria en un 15% el pago provisional mensual. Esta rebaja será de un 7% para las empresas de mayor tamaño.
Finalmente, la nueva ley entrega un aporte extraordinario de 41 millones de dólares al Fondo Común Municipal, destinados a apoyar su tarea de servicio e inversión en las comunidades locales.

2 de febrero de 2009
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proyecto para impedir bloqueo

mqh - 03 de febrero de 2009 - 02:25 - chile

Proyecto de ley señala que empresas que practiquen bloqueo comercial no podrán instalarse en Chile.

Valparaíso, Chile. Si incurren en esta práctica una vez ubicadas en el país, su autorización para funcionar será caducada, señala moción de diputados de gobierno que critica directamente la política de bloqueo comercial a Cuba y Venezuela que practica la norteamericana Wal Mart. "Tolerar actos como el descrito significaría que una vulgar y simple empresa podría colocar a Chile en una situación de relaciones internacionales completamente opuesta a nuestros principios", señala la moción.
Los autores del proyecto de ley (Boletín 6368) son los diputados Eugenio Tuma; Gabriel Ascencio; Jorge Burgos; Marcelo Díaz; Rodrigo González; Carlos Montes; Jaime Quintana; Alberto Robles; Eduardo Saffirio y Patricio Vallespín.
El texto "establece normas para impedir prácticas de embargo o bloqueo financiero, económico o comercial, imponiendo sanciones que señala", entre ellas, las ya indicadas prohibiciones de operar en el país.
"Ninguna persona, natural o jurídica, podrá establecer discriminaciones en la venta o comercialización de productos, basados en su origen o lugar de procedencia" y "serán nulas y sin ningún valor las cláusulas que establezcan la prohibición de comercializar productos, o las que impongan restricciones para la prestación de servicios o desarrollo de actividades, cuando se basen, expresa, tácita o presuntamente en su origen o lugar de procedencia o de prestación del servicio", dice el texto, ingresado a trámite a la Cámara el 20 de enero.
Añade que estas empresas "no podrán iniciar actividades en Chile. Si la prohibición de comercializar los referidos productos o de prestar los servicios se produjere con posterioridad al inicio de actividades, ésta deberá ser cancelada. Si se trata de una persona jurídica, la sanción será además la disolución".

2 de febrero de 2009
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impunidad suprema

mqh - 01 de febrero de 2009 - 22:00 - chile

Asesinos de Jecar Nehgme beneficiados por la justicia. La concesión del beneficio de la ‘libertad vigilada’ por bajas penas para los autores del último crimen de la dictadura se sumó a la verdadera ‘liquidación’ de castigos que viene decretando la Sala Penal de la Corte Suprema.

[Jorge Escalante] Santiago, Chile. El último crimen de la dictadura quedó impune. Esa es la sensación de la familia del dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Jecar Nehgme Cristi, asesinado el 4 de septiembre de 1989 por integrantes de la Brigada Azul de la CNI.
Aunque los ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema dictaron castigos para los cinco ex agentes que conformaban el grupo, la figura jurídica fue la misma que vienen aplicando en los últimos tres años: penas que no superan los cinco años de cárcel, equivalente al presidio menor en su grado máximo.
Con ello, los magistrados dejan a los sentenciados dentro del rango de penas para concederles el beneficio de cumplir la condena bajo el régimen de ‘libertad vigilada’. En el fondo, "los asesinos de nuestro hermano quedaron libres", concluye Fahra Nehgme, hermana de Jecar.
Es el mismo sabor a impunidad que dicen sentir familiares de las víctimas de la dictadura que han enfrentado este criterio jurídico compensatorio. O derechamente "arbitrario, ilegítimo y vergonzoso", como más de una vez lo ha calificado la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro.
Las penas por el caso de Jecar Nehgme venían bajas desde que el ministro Hugo Dolmestch (hoy integra la Sala Penal), que instruyó la investigación, dictó la sentencia de primera instancia. Luego, la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones las mantuvo bajas.
En el 80 por ciento de las causas por violaciones de los derechos humanos, resueltas en última instancia por la Sala Penal, las "supremas rebajas" ocurren allí. Nadie aclara mucho por qué. Sus integrantes estrujan los códigos para fundamentar las resoluciones.
Para los abogados querellantes como Nelson Caucoto, Hugo Gutiérrez, Hiram Villagra o Boris Paredes, del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior, con ese criterio los jueces violan los tratados internacionales comprometidos por el Estado de Chile, para perseguir efectivamente los crímenes de lesa humanidad.
Todo esto cobra mayor relevancia para los querellantes, especialmente cuando los ministros Nibaldo Segura y Rubén Ballesteros, defensores a ultranza de la amnistía y la prescripción de estos crímenes, encuentran un tercer voto para inclinar la balanza (son cinco magistrados) a favor de la absolución plena de los delincuentes. Pero el clamor no traspasa los muros de la ya, hace tiempo, remozada Sala Penal.
Alguna vez, un magistrado de ese tribunal confidenció en privado "y jamás lo diré en público", que "ya han pasado muchos años y el dolor ha sido grande, entonces es hora de empezar a compensar y cerrar heridas". Una suerte de reconciliación.
Si a esa opinión se suma que, desde hace un corto tiempo, la actual Sala Penal viene acogiendo la tesis jurídica de aceptar, dentro de la causa criminal, la demanda civil para otorgar una reparación económica a los familiares por el daño moral causado, el cuadro se ve más claro.
"Reparación económica para las familias, pero bajas penas para los criminales, esa es la doctrina Dolmestch, que se viene imponiendo", expresa el abogado Hugo Gutiérrez.
La aceptación de conceder esta reparación monetaria, contradice el criterio jurídico de otra instancia de la Corte Suprema, la Tercera Sala Constitucional. Cuando a esta instancia le ha correspondido fallar acerca de este tipo de demandas civiles, para reparar a los familiares, invariablemente resuelve que la acción civil invocada prescribe cuatro años después de producido el hecho por el cual se invoca.

La Otra Sentencia
"Estas decisiones arbitrarias enlodan más al Poder Judicial, de escasa credibilidad en la ciudadanía. Pero en esta búsqueda, Jecar y los miles de ejecutados y desaparecidos gozan de buena salud. Su semblanza se fortalece en la injusticia. Nuestros muertos son héroes en la esperanza de una vida distinta. No perdonamos a los criminales y denunciaremos esta decisión judicial ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
Es la otra sentencia de la familia Nehgme Cristi que el viernes anunció que recurrirá al tribunal internacional para que su máxima instancia, la Corte, vuelva a condenar al Estado de Chile por la denegación de justicia del Poder Judicial, en un crimen de lesa humanidad. Ya sucedió, el pasado 26 de septiembre de 2006 respecto del militante comunista Luis Almonacid Arellano, asesinado en septiembre de 1973.
Si bien el Estado chileno fue condenado por primera vez en 2006 por no hacer justicia en un crimen contra la humanidad, la Comisión Interamericana, instancia previa al dictamen de la Corte, ha demandado al menos en tres oportunidades a Chile para que respete la legislación penal internacional, a la que se encuentra obligada a través de tratados y convenciones firmados y ratificados.

Las Dos Almas
En la edición del 1 de septiembre de 2007, LND publicó un artículo titulado ‘Supremas rebajas’, acerca del mismo conflicto.
En esa crónica, el abogado Nelson Caucoto manifestaba que "el actuar de estos magistrados se debe a que están por dictar condenas simbólicas, para que nadie pueda reprocharles que no sancionaron los delitos de lesa humanidad. Pero esta es una muy mala señal, porque se pierde el verdadero valor de la vida y la libertad". Caucoto es querellante en la causa por el crimen de Jecar Nehgme.
Son las dos almas de la Sala Penal: la de la absolución total de los criminales por la vía de la amnistía o la prescripción que defienden los ministros Rubén Ballesteros y Nibaldo Segura, buscando siempre el voto que les falta para triunfar con su tesis absolutoria que a veces logran; y, por otra parte, la "compensación benefactora" del resto. Matices más o menos.
Pero ahora las "excelentísimas señorías" (término con el cual los abogados deben referirse a los ministros, en estrados) se verán confrontadas a un problema no menor: qué hacer con las durísimas condenas dictadas por el doble crimen del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, ratificadas íntegramente el jueves último por la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.
De esos nueve sentenciados, tres están ya en prisión cumpliendo otras condenas, incluyendo a Manuel Contreras. Pero sería la primera vez que, por ejemplo, el coronel (R) José Zara (aquel que acuñó la frase de los "corvos acerados" en defensa de Pinochet), o el escurridizo coronel (R) Christoph Willikie, un "as" poco conocido del crimen organizado, o el ex jefe de la temible Brigada Lautaro de la DINA, Juan Morales Salgado, quedarían definitivamente bajo la custodia de Gendarmería.
La rebaja considerable de estos castigos, por parte de la Sala Penal, sería una fuente vital y segura de un largo conflicto que tendría además ribetes internacionales.
Algunos se preparan ya para sondear qué destino podría tener en el Parlamento acusar constitucionalmente a los ministros de este tribunal.
Por otro lado, mantener estas duras penas y mandar a la cárcel a los autores del doble homicidio del matrimonio Prats Cuthbert, sería para otros un signo de que estos jueces esta vez no se atrevieron a meterse con la memoria del comandante en jefe del Ejército asesinado por la DINA.
La teleserie de la Sala Penal de la Corte Suprema continuará después de los abrasadores calores estivales de Santiago.

1 de febrero de 2009
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schaulson implicado en lavado

mqh - 01 de febrero de 2009 - 18:48 - chile

El secretario general de ChilePrimero y abogado Jorge Schaulsohn tuvo que declarar en tres oportunidades ante la justicia luego que uno de sus colegas asegurara que, por mandato de los procesados por lavado de dinero, le entregó 125 mil dólares como pie para que los asesorara en su defensa. Los fondos no están.

[Andrea Chaparro] Santiago, Chile. Una accidentada operación financiera en Perú, un colombiano engañado y un abogado chileno que quiso pasarse de listo fueron el preámbulo para que el nombre de Jorge Schaulsohn apareciera en medio de la investigación que dirige el 34º Juzgado del Crimen de Santiago en contra del denominado clan Mazza, acusado de blanquear cerca de 280 millones de dólares provenientes del narcotráfico a través de sus casas de cambio Turismo Costa Brava.
Su colega, el abogado Yieninson Yapur, viajó en agosto de 2007 a Perú para recuperar cerca de medio millón de dólares que habían quedado "atascados" en ese país producto de la detención de sus clientes cinco meses antes.
Los ingresó a Chile, aunque sabía que el origen del dinero era sospechoso, no lo declaró en Aduanas y cuando fue descubierto contestó a la policía que los fondos habían sido usados para pagar deudas y los honorarios de las defensas de los Mazza, incluido Schaulsohn.
Así lo reseñan los detectives de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) en su último informe de 2008.
Con esos antecedentes, el tribunal resolvió abrir un cuaderno reservado y ordenó citar a todos los abogados del clan para aclarar el destino de los 499 mil 970 dólares que Yapur -actualmente procesado por lavado de dinero en Chile y en Perú-había rescatado.
Schaulsohn declaró por primera vez el 27 de octubre de 2008, en calidad de testigo, y explicó que había acordado con los Mazza que, por concepto de honorarios, recibiría un 10% de los bienes de la familia más los dineros que estuvieran retenidos en Estados Unidos y que fueran liberados por su actuación como defensa. Sobre los fondos traídos desde Perú no había compromisos.
También dijo al juez Jorge Garcés, entonces a cargo de la causa, que cuando viajó a Nueva York habló sobre la posibilidad de recuperar estos dineros con la fiscal Sarah Lai que lleva el proceso contra Mauricio Mazza, presunto jefe de la organización que permanece en prisión preventiva en Estados Unidos (EEUU) desde marzo de 2007 y que, este jueves, fue declarado culpable de realizar cambio de divisas sin licencia y asociación ilícita.
Según explicó el profesional en su declaración, la fiscal le habría dicho que de acreditarse que estos fondos eran "limpios" no había problema en restituirlos.

Asimismo, aseguró al magistrado que los honorarios pactados nunca llegaron a cancelarse.

Us$125 Mil de la Discordia
Pero su versión era totalmente distinta a la de Luis Mazza y Yapur, quienes afirmaron que habían entregado a Schaulsohn el equivalente a 125 mil dólares en euros en efectivo, en un maletín, a través de otro abogado de la causa, Andrés Levine.
De hecho, en su declaración de 3 noviembre último, Mazza detalló al juez una reunión de 5 de septiembre de 2007 en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) donde conversó con Schaulsohn sobre sus honorarios y concordaron que ese sería el pie.
Dos días después, decidió ordenar el pago porque de otro modo el profesional le había advertido no iniciaría ninguna gestión, reseña su declaración.
La semana siguiente, según Mazza, comenzó a realizar una serie de actividades vinculadas con la defensa del clan: los visitó en la cárcel, viajó a EEUU y tuvo múltiples reuniones con los otros abogados de la familia. Esto duró hasta junio de 2008, explicó al juez, cuando se supo públicamente del pago.
Así lo detalló el encausado en los careos de 1 diciembre pasado, donde además agregó que la negociación del pie partió en 150 mil dólares y que tras varios tiras y aflojas consiguieron rebajar la cifra a lo que se pagó en septiembre de 2007, no obstante, precisó que al adelanto se sumaba el 10 por ciento de los bienes que tuvieran en Chile, dejando como piso un mínimo de 15 mil UF, unos $300 millones, y como techo 40 mil UF, equivalentes a unos $800 millones.
A casi un año de la cita donde se pactaron los honorarios, Schaulsohn lo volvió a visitar en la CAS y le advirtió que jamás reconocería que recibió esos dineros. "Cárgale la mano" al resto, le habría dicho, según declaró ante el tribunal.
Yapur, en ese careo, confirmó esta versión y dijo que él mismo le dio el dinero a Levine en su oficina para que se lo hiciera llegar a Schaulsohn. Cumplida la diligencia, según Yapur, el intermediario le dijo que la entrega de los fondos se había hecho.
Levine, al ser consultado en esa oportunidad, negó haber actuado como "correo" e incluso dijo que en la reunión de la CAS
-en la que él también estuvo presente- no se había hablado de platas.
En cada entrevista que el secretario general de ChilePrimero debió enfrentar mantuvo su declaración original e insistió que nunca recibió un solo peso de los Mazza, precisando, que ya no asesora a estas personas, según consta en el expediente.
A mediados de diciembre del año pasado, la causa llegó a manos de la jueza del 34º Tribunal del Crimen de Santiago, Cheryl Fernández, quien tras estudiar los antecedentes y constatar la existencia de estos testimonios contradictorios resolvió despachar citaciones para todos los involucrados en el lío del maletín y tomarles declaración como inculpados.
El turno de Schaulsohn fue el viernes 16 de enero. Según fuentes judiciales, la diligencia duró cerca de tres horas y el abogado respondió 61 preguntas relacionadas con el pago sin variar un ápice su primera versión.

Los Dólares del Perú
Y es que los dineros que quedaron "atascados" en Perú eran parte de la cadena de lavado de activos montada por la organización simulando la existencia de un negocio de "arbitraje de divisas", según establece la ampliación de querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de Yapur, su procurador Roberto López Pintado, quien lo acompañó en el viaje y le facilitó su cuenta corriente para ingresar los dineros, y un actual empleado de Costa Brava, Allans Tapia Moreira, quien permitió la utilización de la casa de cambio chilena para disimular el origen de los fondos.
En Perú, Yapur contactó al dueño de la empresa peruana Global Exchange, Francisco Moyano, el que accedió a entregarle los 499 mil 970 dólares. En "compensación", el abogado chileno le depositó 65 mil dólares.
También con parte de esos dineros, debía pagar a su vez un compromiso que los Mazza mantenían con el representante de una casa de cambio colombiana, Franklin Ladino pero aunque lo hizo viajar hasta Lima, tras pensarlo un poco más, decidió no pagarle nada y regresar a Chile con los casi 440 mil dólares restantes. El destino final de esos dineros se desconoce.
Cinco meses después, en mayo de 2008, hubo operativos simultáneos en Perú y Colombia. Sobre el peruano con el que cerró el trato pesaba una orden de detención por lavado de dinero mientras que el colombiano al que burló, estaba preso por el mismo delito. Habían caído las familias Velit Núñez y Jiménez Urrego, los nexos extranjeros de los Mazza en el lucrativo negocio del lavado.

1 de febrero de 2009
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indignación por libertad vigilada

mqh - 31 de enero de 2009 - 04:57 - chile

Familia de mirista asesinado Jecar Nehgme "indignada" con fallo. Las hermanas de la víctima de la dictadura aseguraron que la resolución "premia a los criminales".

Santiago, Chile. La familia del militante y dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) Jecar Nehgme Cristi (28), asesinado por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) el 4 de septiembre del año 1989, declararon este viernes su indignación, rabia e impotencia con la resolución del adoptada por la Sala Penal de la Corte de Apelaciones, que condenó a libertad vigilada a los cinco autores confesos del crimen.
En esta línea las hermanas de Nehgme aseguraron que la resolución "premia a los criminales", y asimismo sostuvieron que este "es un fallo divino e inexpugnable ya que no existe recurso alguno que examine su legalidad".
Agregaron que "seguramente el día de hoy estos Ministros (Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros, Carlos Künsemüller) recibirán los agradecimientos tácitos o expresos de los asesinos y sus superiores y las felicitaciones de sus abogados por tan preciada "condena"", acusaron.
Por este crimen fue condenado a cinco años de presidio el ex jefe metropolitano de la CNI, brigadier (r) Enrique Leddy Araneda; y tres años de cárcel remitida para el coronel (r) Pedro Guzmán Olivares; al capital (r) Luis Sanhueza Ross; Jaime Norambuena Aguilar; y Manuel Allende Tello.
La molestia de la familia, no cesó ahí y replicaron "que la paz social se construye en justicia y el triunfo que hoy celebran es efímero, porque lo han obtenido mediante una determinación injusta que no resiste análisis alguno. Han transgrediendo normas mínimas de ajusticiamiento, aunque lleve la firma del máximo tribunal", lamentaron.
Además culparon a los magistrados de haber dictado un fallo "carente absolutamente de imparcialidad, privilegiando a los criminales y denegando justicia a los familiares, argumentando que los jueces Nibaldo Segura y Rubén Ballesteros, son jueces de la dictadura que siguen ocupando estos cargos gracias a un anquilosado mecanismo de designación que privilegia las componendas políticas entre la Concertación y a la derecha".

31 de enero de 2009
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dina era organización terrorista

mqh - 30 de enero de 2009 - 14:39 - chile

Corte de Apelaciones confirmó altas condenas y calificó a la DINA de "terrorista". Ahora familiares del ex comandante en jefe general Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, esperan que la Sala Penal de la Corte Suprema no rebaje las penas a los nueve sentenciados.

[Jorge Escalante] Santiago, Chile. Por primera vez en un fallo judicial, la DINA fue calificada como una "organización de carácter terrorista".
Así lo estableció la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, al confirmar en todas sus partes las altas condenas dictadas el 30 de junio pasado por el ministro Alejandro Solís, en contra de nueve ex agentes, incluido su jefe Manuel Contreras, por el doble homicidio del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert.
El doble crimen fue planificado y cometido por agentes de este organismo a las 00:40 del 30 de septiembre de 1974.
El agente Michael Townley instaló 48 horas antes una bomba en el auto Fiat del general, estacionado al interior del edificio de calle Malabia 3359, barrio de Palermo en Buenos Aires. En el tercer piso habitaba Prats junto a su esposa.
La resolución adoptada en forma unánime por los magistrados Jorge Dahm y Mario Rojas y la ministra Dobra Lusic, fue conocida en medio de las fuertes críticas que organismos de derechos humanos, abogados, parlamentarios y familiares de las víctimas, han formulado en contra de los jueces de la Sala Penal de la Corte Suprema.
Desde hace tres años este tribunal de última instancia viene aplicando un criterio jurídico benevolente con los ex agentes, rebajando considerablemente todas las condenas y otorgando a éstos el beneficio de la "libertad vigilada" para cumplir las penas inferiores a cinco años y un día que decretan.
La hija del general, Angélica Prats, dijo en el palacio de tribunales que "estamos emocionados como familia porque la Corte ha confirmado todas las condenas aplicadas por el ministro Solís. Se ha confirmado el grado de responsabilidad de cada uno de los oficiales del Ejército que participaron en el crimen del comandante en jefe y nuestra madre".
Sin embargo, advirtió que "esperamos que la Sala Penal de la Corte Suprema no rebaje las penas".
Entre los organismos de derechos humanos existe la interrogante si esta vez los ministros de la Sala Penal "se atreverán" a beneficiar también a los asesinos del general y su esposa.
Igualmente contenta se manifestó la abogada querellante Pamela Pereira, quien junto al abogado Hernán Quezada representan a la familia de los dos asesinados.

Críticas a Dictamen
El abogado Jorge Balmaceda defensor del ex segundo hombre de la DINA, Pedro Espinoza, y los hermanos Eduardo y Jorge Iturriaga Neumann, criticó el dictamen por "escaso análisis jurídico de los hechos y fundamentos" y anunció que recurrirá ante la Sala Penal de la Corte Suprema por la vía extraordinaria de la casación.
La ministra Dobra Lusic, redactora del fallo, afirmó que con la resolución "hemos querido dejar testimonio de los hechos que están establecidos en el proceso, de los delitos y la participación criminal de los encausados".

Los Condenados y Sus Penas
De los nueve sentenciados, sólo están en prisión cumpliendo otras condenas Manuel Contreras, Pedro Espinoza y el ex jefe exterior de esta asociación terrorista, general (R) Eduardo Iturriaga Neumann.
Contreras fue condenado a dos presidios perpetuos y a 20 años de prisión como jefe de una asociación terrorista para cometer los dos homicidios. Espinoza fue sentenciado a tres castigos de 20 años cada uno, por los dos homicidios y como jefe de asociación terrorista.
Eduardo Iturriaga recibió dos condenas de 15 años por los crímenes y 541 días como miembro de asociación terrorista.
Los otros castigados judicialmente son el brigadier (R) José Zara Holger (dos condenas de 10 años y un día por los dos homicidios y 541 días por asociación terrorista), los coroneles (R) Christoph Willikie Flöel y José Morales Salgado (ambos dos condenas de 10 años y un día por los dos homicidios y 541 días por asociación terrorista), el suboficial (R) Reginaldo Valdés Alarcón (dos condenas de 541 días por los dos crímenes en calidad de cómplice), y los ex agentes civiles Mariana Callejas Honores (ex esposa de Michael Townley quien hizo estallar la bomba junto a Callejas, sentenciada a dos condenas de 10 años y un día por el doble homicidio) y Jorge Iturriaga Neumann, hermano de Eduardo, quien sufrió dos penas de 5 años y un día como cómplice del doble homicidio.

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rescatan lobos de mar

mqh - 30 de enero de 2009 - 06:54 - chile

Voluntarios rescatan a lobos de mar en Cobquecura.

Cobquecura, Chile. Son cerca de las 17 horas y Cobquecura se cubre de flashes. En el medio de un círculo de personas se encuentra Patricio Ortiz, coordinador de trabajos voluntarios de la Corporación de Defensa de la Flora y Fauna (Codeff), como si fuera el personaje principal de esta historia. Sin embargo, lo acompaña alguien más. Un pequeño lobito de mar que tiene sólo semanas de vida y que por motivos naturales se alejó de su roca, distante a unos treinta metros de la playa donde ahora era objeto de fotografías.
Junto a Ortiz, otros veinte jóvenes estudiantes, se trasladaron hasta Cobquecura con el fin de proteger a los lobos marinos más pequeños, ya que en esta fecha las crías tienden a salir de su hábitat, acercándose demasiado a la orilla, con lo que el regresar, se transforma en la tarea más agotadora de su vida.
Hace quince años, Codeff se encuentra implementando un programa que va en ayuda de los lobos marinos, iniciativa apoyada por el Consejo de Monumentos Nacionales y la Municipalidad de la comuna.
"Hoy más que nunca con la amenaza que se nos viene con respecto a los riles de la celulosa, necesitamos el apoyo de una entidad como es Codeff, ya que es hora de irnos adaptando a lo que significa este riesgo", comentó Julio Fuentes, alcalde de la turística comuna.

Voluntarios
El trabajos de los jóvenes es rescatar a los cachorros, brindándoles una rehabilitación, que consiste en sacarlos del mar, ponerlos en una carpa, para que descansen uno o dos días y recuperarlos.
Posteriormente, se devuelve a su hábitat natural. "Cuando los lobos son pequeños, no necesitan estar constantemente en el agua como los más grandes, ellos deben estar en las rocas" explica Pedro Arrey, director regional de Codeff.
Frente a esta noble causa, el alcalde llamó a la gente, especialmente a los turistas, a la conciencia. "En esta fecha el mar baja y si la gente ingresa a la lobería caminando, produce que emigren los lobos y la hembras voten a sus crías" sentenció el edil.

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detectan carga de animales exóticos

mqh - 30 de enero de 2009 - 06:21 - chile

La importación de animales exóticos está penalizada por las leyes chilenas. Se trata de loros habladores argentinos.

[Francisco Bonifaz] Paso Los Libertadores, Chile. Detectan en paso Los Libertadores contrabando de animales exóticos. Funcionarios del SAG y Aduanas detectaron el ingreso ilegal de cinco loros argentinos protegidos por tratados internacionales.
Un nuevo caso de contrabando de animales exóticos quedó al descubierto a las 4:00 de la madrugada de hoy por personal de Aduanas y el SAG, apostados en el paso fronterizo Los Libertadores, luego que los funcionarios de ambas reparticiones detectaran la presencia de cinco loros habladores argentinos, al interior de una caja de cartón escondida debajo de un asiento de un bus de la empresa Tas Choapa.
El administrador (s) de la Aduana de Los Andes, Nelson Ortega, explicó que las especies incautadas se encuentran incluidas en la lista de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), por lo que la importancia del hallazgo radica, "no en la cantidad, sino en la necesaria toma de conciencia de la ciudadanía de que no se puede comerciar ni transportar animales o plantas que estén en peligro de extinción, ni sus partes o subproductos", explicó a través de Aduanas.
Según se conoció después los cinco loros habladores argentinos pertenecían a la variedad ‘frente azul amazona estiva’, la cual es vendida en Argentina desde los 500 a 650 pesos argentinos, lo que supera los cien mil pesos en plata chilena.
En la audiencia de formalización se identificó como H. del C.C.V. (63) al conductor, mientras que el auxiliar C.M.G.C. (33), ambos con domicilio en Santiago, los que fueron formalizados por el delito de contrabando de especies exóticas.
El Ministerio Público estimó una salida alternativa al procedimiento, dado que ninguno de los involucrados tenía antecedentes penales, por lo que accedieron a una suspensión condicional del procedimiento, mientras que los loros fueron derivados a una institución de protección animal en Argentina.

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