chile

ira por lenidad en casos de ddhh

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Senador Naranjo: "una vergüenza" penas por Neghme.

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Santiago, Chile. El senador de Partido Socialista (PS) Jaime Naranjo afirmó que las últimas resoluciones de la Sala Penal de la Corte Suprema, que dictó presidio bajo el beneficio de libertad vigilada para los agentes de la desarticulada Central Nacional de Informaciones (CNI) implicados en el asesinato del mirista Jecar Neghme, se considera como un retroceso en materia de Derechos Humanos.
Para el legislador se "esperaba que con la nueva composición que ha ido adquiriendo en democracia, la Corte Suprema -al ser reemplazados una parte importante de sus integrantes- tuviera un mayor compromiso con los casos de violaciones a los Derechos Humanos, pero en la última semanas vemos un claro retroceso".
Naranjo tuvo duras críticas para los ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema ya que enfatizó que la decisión de mantener e incluso bajar condenas que en primera y segunda instancia por el asesinato del dirigente del MIR "es una vergüenza".
El legislador recordó que el crimen de Jecar Neghme fue premeditado, por lo que "causa indignación que sus asesinos hayan sido condenados a penas tan bajas (remitidas) que permiten que la inmensa mayoría las cumplan en libertad. Sólo aquellos condenados por otros crímenes seguirán en prisión".
Naranjo precisó que "esta decisión como la del caso Binfa (resuelto la semana pasada) son una muy mala señal", ya que a su juicio, "hacen que nuevamente los chilenos nos preguntemos si los Tribunales de Justicia están por hacer justicia. ¿Cómo puede hablarse de justicia en el caso de Jecar Neghme si los cinco miembros de la CNI autores del crimen están libres’?", alegó el parlamentario.

29 de enero de 2009
©la nación 

sentencias por asesinato de prats

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Confirman duras condenas por crimen de Carlos Prats. Hija del ex jefe del Ejército asesinado junto a su esposa dijo que están "emocionados" por resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago contra cúpula de la DINA.

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[Jorge Escalante] Santiago, Chile. La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó en todos sus términos las condenas dictadas en primera instancia por el ministro Alejandro Solís el pasado 30 de junio de 2008, en contra de nueve ex agentes de la DINA, incluido su jefe Manuel Contreras, por el doble homicidio del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert.
El doble crimen fue cometido en Buenos Aires en la madrugada del 30 de septiembre de 1974, mediante la instalación de una bomba en el auto del ex comandante en jefe del Ejército.
La hija del general, Angélica Prats, dijo en el palacio de tribunales que "estamos emocionados como familia porque la Corte ha confirmado todas las condenas aplicadas por el ministro Solís".
Sin embargo, advirtió que "ahora esperamos que la Sala Penal de la Corte Suprema no rebaje las penas". Con ello aludió a que, desde hace unos tres años, este tribunal viene beneficiando a todos los ex agentes con rebajas considerables de condena, lo que permite otorgarles el beneficio de cumplirlas bajo los cinco años y un día en el régimen de "libertad vigilada".
Entre los organismos de derechos humanos existe la interrogante si esta vez los ministros de la Sala Penal "se atreverán" a beneficiar también a los asesinos del general y su esposa.
De los nueve sentenciados, sólo están en prisión cumpliendo otras condenas, Manuel Contreras, el ex segundo de la DINA, Pedro Espinoza, y el ex jefe exterior de esta asociación ilícita criminal, general (R) Eduardo Iturriaga Neumann.
Los otros castigados judicialmente son el brigadier (R) José Zara Holger, los coroneles (R) Christoph Willikie Flöel y José Morales Salgado, el suboficial (R) Reginaldo Valdés Alarcón, y los ex agentes civiles Mariana Callejas Honores (ex esposa de Michael Townley quien hizo estallar la bomba junto a Callejas) y Jorge Iturriaga Neumann.
La resolución fue adoptada por la unanimidad de la Novena Sala integrada por los ministros Jorge Dahm y Mario Rojas, y la magistrado Dobra Lusic.

29 de enero de 2009
©la nación

proyecto penaliza a fiscales

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Penas de cárcel en su grado máximo recibirán fiscales que no concurran a una audiencia sin justa causa y provoquen la suspensión de la audiencia.

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Valparaíso, Chile. Así lo dispone una moción de diputados de RN ingresada a trámite el martes 20 de enero. El proyecto de ley castiga conductas de los fiscales y de sus ayudantes. Entre otras, penaliza la ausencia injustificada a sus labores si ello significa un retardo o perjuicio grave para las tareas encomendadas, la desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias que fija la ley; y formular acusaciones que tengan como base hechos notoriamente falsos, prueba obtenida con inobservancia de garantías fundamentales o que no expresen fundamentos legales.
La moción (Boletín 6369), pertenece a los diputados Alberto Cardemil; Cristián Monckeberg y Ximena Valcarce, y "establece modificaciones en materia de responsabilidad de Fiscales del Ministerio Público".
El proyecto de ley castiga "faltar a la verdad en la solicitud de obtención de permisos", "aceptar o ejercer consignas, presiones, encargos o comisiones que impliquen subordinación indebida respecto a alguna persona o autoridad que comprometa el cumplimiento legítimo de los deberes del cargo"; "ocultar información o dar intencionalmente información errónea a los intervinientes"; y la revelación de hechos, informaciones o datos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de éste, que cause algún perjuicio a la tramitación de un proceso o que menoscaben el principio de inocencia de cualquier persona sea o no interviniente;
También sanciona el abuso de la condición de fiscal para obtener un trato favorable e injustificado de autoridades, funcionarios o profesionales; la ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes de servicio y la manifiesta falta de fundamentos en las solicitudes, presentaciones o escritos, siempre que dicha falta haya sido apreciada en resolución judicial.
El proyecto, dicen sus autores, "se encuentra íntimamente ligado con la moción que establece un recurso especial para hacer efectiva la responsabilidad de los fiscales del ministerio público, (boletín 5129-07) y que recomendamos desde ya, iniciar su estudio en forma conjunta, por contener aspectos relacionados y complementarios entre sí".
Añaden que la idea matriz principal es establecer un régimen disciplinario mediante la técnica de un numerus clausus, a fin de hacer eficaces los controles en sede administrativa, evitando que normas genéricas den lugar a interpretaciones ambiguas.

28 de enero de 2009
©diario de la cámara 

sentencias en cuatro causas de ddhh

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Corte Suprema dicta sentencias definitivas en cuatro causas por violaciones a los derechos humanos. Manuel Contreras suma una nueva condena por el secuestro de Sergio Lagos Marín, en 1975.

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Santiago, Chile. La Segunda Sala de la Corte Suprema dictó sentencias definitivas en investigaciones por causas de violaciones a los derechos humanos cometidas en el país entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
En el primer caso, la Segunda Sala Penal del máximo tribunal del país dictó sentencia definitiva en la investigación por el secuestro de Sergio Lagos Marín, ocurrido a partir del 7 de febrero de 1975, en la ciudad de Santiago.
En fallo dividido, los ministros Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller determinaron 5 años de presidio para Manuel Contreras Sepúlveda, Marcelo Moren Brito, Rolf Wenderoth Pozo, Miguel Krassnoff Martchentko, Maximiliano Ferrer Lima y a Basclay Zapata Reyes, a quienes se les concedió el beneficio de la libertad vigilada.
El fallo se adoptó con el voto en contra de los ministros Segura y Ballesteros, quienes fueron partidarios de absolver a los imputados aplicando el principio de la prescripción de la acción penal.
En el segundo caso se determina sanciones por el delito de secuestro calificado de David Urrutia Galaz, ocurrido a partir del 20 de diciembre de 1975, en la ciudad de Santiago.
En fallo dividido, los ministros Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y el abogado integrante Óscar Herrera determinaron 5 años de presidio para Enrique Ruiz Bunger, Juan Saavedra Loyola y a Otto Trujillo Miranda; mientras que a César Palma Ramírez y a Enrique Cartagena Maldonado se les condenó a 4 años de presidio. A todos se les concedió el beneficio de la libertad vigilada.
Los ministros Segura y Ballesteros fueron partidarios de dictar absolución acogiendo la prescripción de la acción penal. Además, en este caso, con la decisión de mayoría de los ministros Dolmestch, Künsemüller y el abogado integrante Herrera, se determinó un pago de una indemnización civil de $75 millones de pesos para los familiares de la víctima.
En el tercer caso se determinó la condena por el homicidio calificado de Jecar Neghme Cristi, ocurrido el 4 de septiembre de 1989, en la ciudad de Santiago.
En fallo unánime, los ministros Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros, Carlos Künsemüller y los abogados integrantes Juan Carlos Cárcamo y Óscar Herrera determinaron las siguientes sanciones: a Enrique Leddy Araneda se le condenó a 5 años de presidio; Pedro Guzmán Olivares, Luis Sanhueza Ross, Jaime Norambuena Aguilar y a Manuel Allende Tello, se les condenó a 3 años de presidio.
En este caso se aprobó el acuerdo económico entre el CDE y los familiares de la  víctima que condena al Fisco a pagar una indemnización de perjuicios.
El cuarto caso se refiere al secuestro calificado de Juan de Dios Sepúlveda González, ocurrido el 23 de septiembre de 1973, en la ciudad de Los Ángeles, Región del Bío-Bío.
En fallo unánime, los ministros Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller rechazaron el recurso de casación presentado en contra del fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción que absolvió a  Juan Abarzúa Cáceres.
El fallo determina que el recurso de casación fue mal presentado por el requirente, por lo que no es posible subsanar el fallo por la Corte Suprema.

28 de enero de 2009
©la tercera

piden quince años para documentalista

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Piden 15 años de prisión para documentalista Elena Varela.

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Rancagua, Chile. La Fiscalía de Rancagua solicitó este martes 15 años de prisión para la realizadora audiovisual Elena Varela, sindicada como autora mediata de los asaltos a oficinas del Instituto de Normalización Previsional (INP) de Machalí, en 2005,  y el robo de cerca de 20 millones de pesos desde una sucursal de BancoEstado el 2004, en Loncoche. 
Para el Ministerio Público los ilícitos fueron cometidos por un grupo de ex miembros de del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), denominado ‘Ejército Guerrillero del Pueblo’ (MIR-EGP), del cual la documentalista formaba parte.
El fiscal jefe de la repartición, Servando Pérez, también pidió 20 años de presidio para Sergio Reyes y Kenny Sánchez, quienes actualmente se encuentran bajo la medida cautelar de prisión preventiva en la Cárcel de Rancagua, a la espera de que se esclarezcan los hechos.
Varela fue detenida en mayo pasado, mientras grababa el documental de su autoría ‘Newen Mapuche’,  financiado con recursos estatales concursables del Fondart.
Según la Fiscalía, los atracos pretendían financiar la defensa del líder frentista Mauricio Hernández Norambuena, más conocido como el ‘comandante Ramiro’, detenido en Brasil por secuestrar al publicista Washington Olivetto
Desde su detención, Elena Varela ha insistido en su inocencia y denunciado una persecución política en su contra por realizar un documental sobre la situación de los mapuches.

28 de enero de 2009
©la nación 

restos de base militar no son de dddd

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SML descarta que restos hallados en ex Escuela de Paracaidismo del Ejército sean de detenidos desaparecidos. Las osamentas encontradas el domingo corresponden a "restos de tipo arqueológico", según su director Patricio Bustos.

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Santiago, Chile. El director nacional del Servicio Médico Legal (SML), Patricio Bustos descartó que las osamentas encontradas el domingo en terrenos de la ex Escuela de Paracaidismo del Ejército pertenezcan a restos de detenidos desaparecidos.
"El análisis realizado directamente por parte de nuestro arqueólogo, fotógrafo forense y odontólogo forense nos muestra que se trata de restos de tipo arqueológico", expresó.
Según Bustos, la conclusión "se hace por la característica de la posición del cuerpo y por algunas señas de desnutrición que se encontraron en la órbitas del cráneo, que indican que se trataría de osamentas de vieja data, de varios centenares de años".
"No se trata, por lo tanto, de un caso vinculado a situaciones de represión durante la dictadura o víctimas de la violación a los derechos humanos como ocurrió en 2004, sino que igual que como ocurrió en otros cinco casos que periciamos durante 2008 se trata de restos arqueológicos", aclaró el director del SML.
Más temprano, el gobernador de la provincia de Chacabuco, Nicolás Pavéz, llamó a "ser responsable" y no emitir juicios apresurados tras visitar los terrenos donde operó la Escuela de Paracaidismo y Fuerzas Especiales de Peldehue, y donde ayer fueron encontraron restos óseos. "Pueden ser osamentas de 100 años, de 50 años, de 30 años, dijo.
Tras las diligencias, los peritos del Servicio Médico Legal (SML) y los detectives de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI se retiraron del lugar para seguir con las investigaciones en los laboratorios del organismo y determinar el origen de los restos, la data y las causas de muerte.
Trabajadores de una constructora encontraron un cráneo humano y otros restos óseos fueron hallados mientras los operarios realizaban la remoción de los terrenos para construir un complejo habitacional.
El fiscal a cargo de la investigación es Mauricio Vergara.
El informe Rettig detalla que Peldehue fue utilizado como centro de detención luego del 11 de septiembre de 1973. Al lugar habrían sido trasladadas unas 23 personas que aún permanecen en el registro de detenidos desaparecidos.

28 de enero de 2009
©la tercera

libro sobre salvador allende

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Presidente de la Cámara presentó libro sobre vida política y parlamentaria de Salvador Allende.

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Valparaíso, Chile. En el Hemiciclo del ex Congreso Nacional en Santiago, el presidente de la Corporación, Francisco Encina, encabezó la ceremonia de lanzamiento del libro ‘Salvador Allende, vida política y parlamentaria 1908-1973’.
El libro, que es el primero de la serie que conmemora los cien años del natalicio de Salvador Allende y que recoge aspectos de su vida pública, desde sus inicios como diputado en los años 30, es fruto del trabajo realizado por la Biblioteca del Congreso Nacional, dirigida por Soledad Ferreiro, con el apoyo de la Cámara de Diputados.
El proyecto fue impulsado por el fallecido presidente de la Cámara, diputado Juan Bustos. Con esta edición se da inicio a una serie de publicaciones que incluyen la vida e historia de presidentes del Congreso que han sido mandatarios de la nación, entre ellos: Eduardo Frei Montalva, Arturo Alessandri Palma, Ramón Barros Luco, José Joaquín Pérez y Pedro Montt.
El presidente Encina destacó la importancia de esta iniciativa y dijo que "la presentación de este libro fue espectacular, este es un esfuerzo tremendo de la Biblioteca del Congreso por recuperar la memoria política de aquellos presidentes que además, en algún momento fueron parlamentarios".
A la presentación del libro también asistió la diputada Isabel Allende, quien señaló que "el libro explica los distintos momentos de la vida de Salvador Allende, como profundo conocedor de la realidad social y dirigente estudiantil, con lo que se va gradualmente ampliando su mundo hasta que culmina en la presidencia de la República".
"Esta es la invitación a que mucha gente conozca la vida de Salvador Allende, una vida de coherencia y consecuencia, sin necesariamente tener que reducirlo a 3 años de gobierno, o a un 11 de septiembre", manifestó la diputada e hija del ex mandatario.
El libro además contiene una selección de fotografías de todas las épocas y actividades públicas de Salvador Allende. Se estructura en 7 capítulos a cargo de investigadores de distintas disciplinas del departamento de estudios de la Biblioteca del Congreso.
La obra fue presentada también por el senador Ricardo Núñez, el historiador Rafael Sagredo, la Directora de la Biblioteca Soledad Ferreiro y el senador Mariano Ruiz-Esquide, quien narró parte de las reuniones privadas efectuadas con el presidente Allende, antes del golpe militar de 1973.

28 de enero de 2009
©diario de la cámara

drama de niños soldados inaugura cpi

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Fiscal acusó a dirigente rebelde de la República Democrática del Congo por reclutar menores. El primer juicio de la alta corte, casi siete años después de su creación, es considerado crucial para establecer las confianzas necesarias que faciliten otros procesos contra sospechosos de crímenes contra la humanidad.

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La Haya, Holanda. "El grupo armado de Lubanga reclutó y entrenó a cientos de niños para matar, saquear y violar". Así fueron descritos ayer los crímenes de los que se acusa al dirigente rebelde de la República Democrática del Congo (RDC), Thomas Lubanga, al abrirse el primer juicio de la Corte Penal Internacional (CPI), a casi siete años de su creación.
"Los niños siguen padeciendo las consecuencias de los crímenes de Lubanga. No pueden olvidar lo que vivieron ni lo que vieron. Tenían 9, 11, 13 años", afirmó el fiscal Luis Moreno Ocampo, quien además explicó al tribunal que cientos de menores aún "no pueden olvidar los golpes que recibieron, el terror que sintieron. No pueden olvidar que violaron y fueron violados ( ), ahora algunos de ellos toman drogas para sobrevivir y otros se prostituyen".
Lubanga, trasladado a La Haya en marzo de 2006, está acusado de crímenes de guerra, específicamente de haber enrolado y reclutado niños de menos de 15 años y de hacerlos combatir en el brazo armado de su milicia, la Unión de Patriotas Congoleños (UPC), en la guerra civil en Ituri (este de la RDC), entre septiembre de 2002 y agosto de 2003.
En el momento más álgido de los enfrentamientos, alrededor de 30 mil niños soldado participaron en la guerra tribal en el este de la RD Congo.
El magistrado argentino presentó varios videos y mencionó a un testigo arrepentido que admite haber dado palizas de muerte a niños de su edad que intentaban escapar.
Las niñas eran las que más padecían, explicó Moreno Ocampo: "Además de llevar un arma, hacían la comida y, de vez en cuando, el comandante las violaba. Si oponían resistencia las mataba".
Estos "crímenes de masas" han dejado "centenares de miles de víctimas" y han "afectado a toda una generación", aseguró el fiscal, por lo que anunció que va a pedir el "máximo castigo" de treinta años.
Pero como ya había adelantado la abogada de Lubanga, Catherine Mabille, el ex líder rebelde se declaró "no culpable" de los cargos.

Histórico Juicio
El primer proceso llega casi siete años después de la fundación de la CPI, el primer tribunal internacional permanente encargado de juzgar a los autores de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidios.
El largo preparativo del tribunal y las grandes expectativas que despierta su accionar, especialmente entre los grupos de defensa de los derechos humanos, hacen pensar a muchos que es imprescindible que este primer juicio se desarrolle óptimamente, para hacer acreedora a la alta corte de la confianza necesaria para que avancen otras causas.
Se espera que este año se juzgue al ex vicepresidente de la RDC, Jean Pierre Bemba, pero para muchos ese juicio dependerá mucho del resultado del proceso contra Lubanga.

27 de enero de 2009
©la nación