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proponen fiscales secretos


Diputados de extrema derecha proponen dar protección policial a fiscales y a sus familiares que sufran amenazas.
Valparaíso, Chile. Moción de dos diputados de RN también permite prohibir dar a conocer el nombre, rostro u otros datos personales, de los fiscales que se encuentren participando en la investigación de un delito.
El proyecto (Boletín 6353) pertenece a los diputados Lily Pérez y Osvaldo Palma, y modifica el artículo 77 del Código Procesal Penal con el objeto de proteger a los fiscales.
Señala la iniciativa legal que el Ministerio Público podrá requerir a los tribunales y a las policías, todas las medidas de protección necesarias para hacer frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados en contra de algún fiscal o funcionario de esa institución o de sus familiares directos.
Asimismo, los fiscales podrán exigir a cualquier persona o entidad pública o privada, incluyendo instituciones financieras, casas comerciales, u otras que administren o tengan bases con datos o antecedentes personales, que se inhiban de entregar a cualquier tercero, información o dichos datos o antecedentes, con el fin de evitar comprometer la seguridad individual de algún fiscal.
La moción también modifica el artículo 180 del CPP para señala que el Ministerio Público podrá solicitar al Juez de Garantía, que prohíba la difusión del nombre, rostro u otros datos personales, de los fiscales que se encuentren participando en la investigación de un delito.
Se adjunta el texto del proyecto de ley ingresado a la Cámara de Diputados el martes 13 de enero.

27 de enero de 2009
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cráneo en ex escuela de paracaidistas


Indagan restos humanos encontrados en Peldehue. Un cráneo es parte de osamentas descubiertas en excavaciones en la ex Escuela de Paracaidistas del Ejército. En el lugar se perdió el rastro de varios opositores a Pinochet detenidos.
Colina, Chile. Expertos del Servicio Médico Legal tienen en sus manos la investigación del hallazgo en lo que fue la base del Ejército de Peldehue (Colina) de un cráneo, en el que de acuerdo a informes preliminares aún se conservaban restos de cabello, y otros restos humanos no especificados.
Trabajadores de una empresa contratista que construye casas para funcionarios de la minera Anglo American en el lugar donde funcionó la Escuela de Paracaidistas de esa institución encontraron las osamentas en la tarde de este lunes.
Se presume que los restos corresponden a una o más de las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet dado que el lugar, tal como precisó el informe Rettig, al menos sirvió como centro de detención de opositores luego del Golpe de Estado de 1973, aunque otros reportes lo señalan incluso como lugar de asesinato y desaparición.
"El cráneo aún permanece enterrado a la espera que llegue el experto antropólogo para realizar todas las pericias de rigor", detalló anoche a radio Cooperativa el jefe de turno de la Brigada del Crimen de la Policía de Investigaciones de Colina, comisario Sergio Espinoza.
El funcionario detalló que se esperaba que un fiscal se constituyera en el sitio para resolver nuevas pesquisas, mientras tanto las labores de construcción de la villa permanecen suspendidos.
Peldehue es recurrentemente citado como sitio de detención, asesinato, inhumación y exhumación ilegal de víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet. El informe Rettig consigna el traslado al lugar de unas 23 personas que aún permanecen como detenidos desaparecidos.

27 de enero de 2009
©la nación 
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multas para delitos de medioambiente


Aprueban multas millonarias para infractores de Ley Medioambiental. Aunque con el rechazo de los diputados de la Alianza, la Comisión de Recursos Naturales aprobó una considerable alza en los montos de las multas que podrían ser aplicables a los infractores de la Ley Medioambiental.
Valparaíso, Chile. El aumento fue propuesto por el diputado PPD Enrique Accorsi, en el contexto del proyecto del Ejecutivo (boletín 5947) que crea la Superintendencia del Medio Ambiente, nuevo servicio público a cargo de la fiscalización de los instrumentos de gestión ambiental: resoluciones de calificación ambiental; medidas de planes de prevención y descontaminación; normas de calidad y de emisión, cuando corresponda; y planes de manejo.
La norma original enviada al Congreso establecía un catálogo único de sanciones para un conjunto de materias susceptibles de incumplimientos, divididas en tres tipos de infracciones: leves, graves y gravísimas. A su vez, se determinaba que las sanciones podían ser: amonestación por escrito; multas de una a diez mil unidades tributarias anuales (entre $451824 y $4 mil 518 millones); clausura temporal o definitiva; y la revocación de la resolución de calificación ambiental.
En la última sesión celebrada por la comisión, que preside la diputada PS Denise Pascal, la mayoría concertacionista decidió apoyar la propuesta de Accorsi de elevar las multas a un rango que va entre cinco Unidades Tributarias Anuales ($2259120) y 50 mil UTA ($22 mil 591 millones).
"En el día de hoy abordamos el tema de las sanciones. Consideramos que, en algunos aspectos, la definición de gravísimo y grave pasa a ser inocua si las multas son mínimas. Como, por ejemplo, puedo calificar algo de gravísimo y darle una multa que a la empresa le dará lo mismo pagar", explicó la diputada Pascal.
La legisladora indicó que, además, conjuntamente con la aplicación de multas más severas, se ha aprobado el criterio de posibilitar el cierre de faenas para aquellos infractores reincidentes, hasta que se corrija el 100% de aquello que motivó la multa.
Según indicó, en marzo se terminará de aprobar este capítulo de la Ley, dado que quedó pendiente una adecuación normativa entre la nueva consideración de sanciones con el resto del articulado. "En la próxima sesión sólo habría que votar la coherencia de los mismos y, de ahí, si todo va bien y continúa el trabajo como se ha ido desarrollando, podríamos estar despachando a finales de marzo, desde la Comisión, la nueva institucionalidad Medioambiental y la Superintendencia", sentenció.
Otra novedad introducida por el oficialismo es la consideración del "riesgo ambiental". "Mientras que las indicaciones que presentó la Alianza tenían que ver con las sanciones al daño ecológico ya producido, nosotros aprobamos una idea de prevención. Es decir, sancionar cuando haya riesgo de daño ambiental y de daño a la salud de las personas", informó el diputado Accorsi.
Según explicó el parlamentario, no se trata de sancionar "hipótesis", por cuanto las consideraciones de la Superintendencia se basarían en antecedentes científicos concretos. "Si se tiene una planta de petcoke, por ejemplo, se sabe lo que produce y los efectos que puede tener esa planta la salud de las personas y para el medioambiente. Entonces, con esta ley se obligaría a tomar todas las preocupaciones del caso para que ese daño no se produzca", explicó.

Oposición
Sin embargo, no todos los sectores estuvieron de acuerdo con la rigidización de la normativa medioambiental. Los representantes de la Alianza votaron en contra de dichas propuestas por estimarlas "excesivas".
"Nosotros queremos fortalecer la institucionalidad y, en términos generales, el proyecto nos parece positivo. Ahora, respecto de las multas, yo soy partidario de elevarlas, pero no al nivel que se estableció, porque lo que se hace es, en definitiva, paralizar la industria", enfatizó el diputado RN Francisco Chahuán.
El legislador también lamentó que se impusiera en la ley un criterio que sanciona tanto la comisión de un delito medioambiental, como la expectativa del mismo, difícil a su juicio de anticipar. "Es un tema que creemos preciso revisar. Nosotros perdimos nuestras indicaciones, pero las vamos a reponer en la Sala", anticipó.

27 de enero de 2009
©diario de la cámara
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muestras de sangre de familiares de dddd


SML tomó muestras sanguíneas a familia de detenido desaparecido. Se busca mantener registro de los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos sin entrega de restos.
Santiago, Chile. El Servicio Médico Legal (SML), realizó una toma de muestra sanguínea a Ana González, madre del asesinado líder comunista Luis Emilio Recabarren, en el marco de una acción que busca mantener en los registros a los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos sin entrega de restos.
Junto a ella, también donarán muestras tres de sus hijos y se espera que dentro de un breve plazo, puedan donar también sus nietos que viven en el extranjero.
A la fecha, el Servicio Médico Legal ha tomado 1.300 muestras a familiares de detenidos desaparecidos en 120 comunas de todo Chile, con el fin de conformar un banco de datos sanguíneos que permita avanzar en su identificación.
Ana González perdió a su marido, a dos de sus hijos y una nuera durante el periodo del gobierno militar y recientemente se vio involucrada en las denuncias hechas por la diputada (RN) Karla Rubilar, respecto a falsos detenidos desaparecidos en que incluía al hijo de González.

27 de enero de 2009
©la tercera 
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querella contra diputada rubilar


AFDD se querella contra Rubilar y Contreras por asociación ilícita. Familiares de Detenidos Desaparecidos también acusan a la parlamentaria RN de vejación injusta contra particulares y falsificación de instrumento público.
Santiago, Chile. En tribunales seguirá viéndose el caso de la diputada de RN Karla Rubilar y sus denuncias de falsos detenidos desaparecidos, por las que la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) presentó una querella contra la parlamentaria, así como en contra del ex jefe de la DINA, Manuel Contreras y el procurador de éste, Javier Gómez.
A través de la acción legal se busca perseguir los delitos de asociación ilícita, vejación injusta contra particulares y falsificación de instrumento público, ligando el actuar de Rubilar a los datos aportados por el "Mamo".
El abogado patrocinante, Hugo Gutiérrez, pidió al ministro en visita Carlos Gajardo actuar en este caso y señaló que " esta asociación ilícita constituida entre Karla Rubilar, Manuel Contreras y el intermediario de ambos, como fue el supuesto abogado Gómez, debe ser motivo de investigación".
Recalcó que cualquiera sea la motivación y la forma en que se produjeron los hechos debe ser dilucidada por la Justicia. "Si pisó el palito, si actuó de buena o de mala fe son hechos o circunstancias que tienen  que ser investigadas por el tribunal correspondiente".
La diputada Karla Rubilar, que fue destituida del cargo de presidenta de la comisión de Derechos Humanos a raíz de sus denuncias y la falta de veracidad de las mismas, calificó la acción de la AFDD como "un show mediático".

Contradicción
La agrupación además sostuvo que resulta "impresentable" la contradicción en la sala penal de la Corte Suprema respecto a distintos casos de detenidos desaparecidos en 1974, absolviendo a la cúpula de la DINA con la integración ocasional de los ministros Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros y Julio Torres Allu, actuando este último como suplente.
La presidenta de la agrupación, Lorena Pizarro, sostuvo que "ante la contundencia de lo que fue el terrorismo de Estado y el genocidio, resulta impresentable y doloroso para los familiares, pero también un acto de profunda injusticia, que según quien componga la sala penal tengamos justicia o impunidad", refiriéndose a las resoluciones discrepantes en los casos de Sergio Tormen y Luis Guajardo, y Jaqueline Binfa..
El ministro Enrique Cury dijo a radio Coperativa que resulta "lamentable" la situación cuestionada por la AFDD, pero apuntó que "no veo honestamente en este momento una fórmula de solución, porque es una cuestión legal y no hay muchas posibilidades de modificarlo", destacando que "al pleno no se le puede obligar a integrarse de cierta manera para ver determinadas causas".

27 de enero de 2009
©la nación 
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suprema aplica prescripción


Suprema rechaza demanda por desaparecido de La Moneda. Máximo tribunal declaró prescrita la acción presentada por los hijos de Claudio Jimeno Grendi. El voto en contra fue del ministro Haroldo Brito, quien consideró que la acción judicial no es tardía.
[Leslie Ayala Castro] Santiago, Chile. El sociólogo Claudio Jimeno Grendi fue un estrecho colaborador del presidente Salvador Allende y como tal integró el último grupo de personas que abandonó La Moneda tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Ese día, cerca de las seis de la tarde, fue aprehendido y trasladado al Regimiento Tacna, lugar en el que permaneció un par de días para luego ser asignado a otro recinto de detención, donde se le perdió su pista. Su nombre engrosó la lista de desaparecidos que fueron calificados como víctimas de la violaciones de los derechos humanos cometidas bajo la dictadura.
A pesar de ello, la Corte Suprema hace algunos días declaró prescrita la demanda interpuesta por sus hijos Diego y Cristóbal Jimeno Chadwick, declarándola prescrita. Esto significa que el máximo tribunal determinó que la acción civil, que buscaba una indemnización por los daños que sufrió la familia del desaparecido militante socialista, excedió los plazos legales de tramitación.
Para los jueces esta acción debería haber sido presentada hasta cuatro años después de ocurrida la desaparición (hasta 1977) o cuatro años desde que los hijos cumplieron la mayoría de edad (hasta 1987) o, en su defecto, cuatro años después de que "el país volvió a la normalidad democrática", plazo que se habría vencido en 1994.
Según consta en el expediente de la causa, la demanda fue proveída en 1999 lo que a juicio de la mayoría de los magistrados que integró la sala excedió todos los plazos y terminó por desechar la acción indemnizatoria.

Voto en Contra
Esta resolución contó con el voto en contra del ministro Haroldo Brito, quien estuvo por acoger el pago de la indemnización a favor de los hijos de Jimeno Grendi pues a su juicio esta no es una acción que se enmarque dentro de una relación contractual, ni de índole patrimonial, pues las motivaciones para presentar la demanda son "simplemente humanitarias". El juez agrega que los demandantes buscan compensaciones por "la detención y posterior desaparición del progenitor en completa indefensión por militares que disponían de gran poder de coerción".
Asimismo, señala que negar esta indemnización vulnera tratados internacionales que indican que "el derecho a la reparación es un derecho fundamental, esto es uno de aquellos que los estados declaran para asegurar y hacer posible la convivencia democrática". Por ello, las acciones compensatorias en este caso "por su naturaleza son imprescriptibles", concluye.

Desconocimiento de Comisión
El argumento acogido por la Corte Suprema respecto a la prescripción fue presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), demandados en esta acción judicial. Antes, la Corte de Apelaciones de Santiago también había acogido la causal de prescripción para rechazar la demanda, sin embargo, en esa ocasión desechó otra tesis planteada por el fisco.
El CDE en su contestación señaló que el Informe Rettig "no constituye una prueba judicial" porque no se logró a propósito de un determinado proceso, por lo que le negó "valor para acreditar la detención y posterior desaparición de Claudio Jimeno Grendi por la acción de agentes del Estado".
A este respecto, el tribunal de alzada llamó la atención indicando que no era posible que el organismo encargado de la defensa de los intereses del Estado niegue o se desentienda de una comisión creada por el mismo Estado más precisamente porque ésta fue una iniciativa del Poder Ejecutivo.
Tras esta resolución, la esperanza de la familia de Claudio Jimeno está puesta en la investigación penal, aún en curso, que busca determinar quiénes fueron los responsables de la desaparición del colaborador del ‘Chicho’.

26 de enero de 2009
©la nación
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los asesinos son los mismos


"Los asesinos de mi padre y de Frei Montalva son los mismos". Tucapel Jiménez, a 27 años de la muerte del dirigente sindical. El diputado PPD lanza su tesis más arriesgada: el nexo entre el asesinato del líder sindical y la extraña muerte del ex presidente DC. También denuncia una red que protege desde el Congreso a los represores de la dictadura.
[Libio Pérez] Santiago, Chile. El dirigente sindical Tucapel Jiménez fue asesinado el 25 de febrero de 1982; menos de un mes antes, el 22 de enero, murió el ex presidente Eduardo Frei Montalva, cuyo caso está a punto de ser caratulado como homicidio. El diputado Tucapel Jiménez, hijo del sindicalista, está convencido de que en ambas muertes hay un nexo. Ese verano de 1982, desaparecían dos de los más importantes líderes opositores, en el momento en que se desataba una de las mayores crisis económicas y en que comenzaban a asomar las primeras manifestaciones de protesta popular.
El caso del crimen de Tucapel Jiménez está resuelto judicialmente y hace una semana, uno de los autores materiales del asesinato, el ex oficial de Ejército, Carlos Herrera Jiménez, dijo a LND, que en 1982 había una lista de dirigentes sindicales que estaban señalados para ser "eliminados". ‘Bocaccio’, como también era conocido el ex agente de la represión, dijo que en la nómina estaban Rodolfo Seguel, Manuel Bustos y ‘Don Tuca’, como los trabajadores llamaban al asesinado sindicalista. Nunca antes había hablado de eso. El diputado Tucapel Jiménez sostiene que el ex represor "de seguro dispone de más información, así como ha entregado en el pasado lo hará con alguna no declarada intención en el futuro".
El parlamentario también cree que en el Congreso hay una red de protección a los ex represores. Así como también acusa que el Parlamento ha sido territorio para la realización de operaciones de inteligencia. Mientras el camino de la justicia sigue su curso, el parlamentario PPD se apresta a trabajar en la campaña de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, a quien apoya "incondicionalmente", tanto que fue el primer parlamentario PPD en proclamarlo.

¿Cómo recibió las declaraciones de Herrera Jiménez?
Hubo en el pasado otros episodios más sensibles, como cuando nos pidió perdón; eso fue emocionalmente complicado para nosotros. Creo que mantiene una intención de arrepentimiento. Pero la mejor señal de que su arrepentimiento es verdadero es -más que pedirnos perdón, con lo que no vamos a recuperar a nuestro padre- que entregue la información que tiene y que podría ayudar a otras familias a conocer la verdad y a hacer justicia, de manera especial a la familia Frei, con lo que daría tranquilidad espiritual a esa familia y al país. A la familia Frei y a la mía nos une el tremendo dolor por la pérdida de nuestros padres en circunstancias tan dolorosas y deplorables.

¿Información sobre qué casos?
Soy un convencido de que él maneja información sobre la muerte del ex presidente Frei Montalva. No deja de asombrar que después de tantos años Herrera salga con nueva información. En la última entrevista habló de una lista de dirigentes sindicales señalados para morir, entre los que estaba mi padre. Si fue así, también pudo existir una lista de dirigentes políticos. El Ejército, desde el alto mando hacia abajo, a través del DINE, estaba involucrado en el asesinato de mi padre, son los mismos que están detrás de la muerte de Frei Montalva. Los asesinos de mi padre y de Frei Montalva son los mismos. Los dos enemigos principales de Pinochet en 1982 eran, en lo político, Frei Montalva y, en lo social, mi papá. En un mes, los dos fueron asesinados por las mismas manos. Eso no fue coincidencia. Herrera en un momento quiso cooperar con la justicia, pero el Ejército se lo impedía. Ya en los ‘90 lo enviaron a Uruguay a custodiar a Eugenio Berríos (químico de la DINA), que también mostraba señales de arrepentimiento y de querer cooperar con la justicia. Creo que el Ejército quiso asesinar a los dos, pero por algún motivo Herrera huyó a Argentina, donde después cayó preso y desde ahí fue extraditado a Chile. Acá llegó con intenciones de cooperar, pero el Ejército volvió a darlo vuelta y a impedirlo. Todos sabemos que Berríos terminó asesinado en Uruguay, por la información que tenía sobre algunos crímenes, entre ellos el de Frei Montalva. Herrera y Berríos estuvieron juntos. Aunque Herrera no haya participado en el crimen de Frei Montalva, seguramente debe tener antecedentes.

¿En las investigaciones judiciales hay indicios que crucen los casos de su padre y el de Frei Montalva?
Sí, aunque no conozco el proceso. Muchas veces lo hemos conversado con el ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y los nexos son clarísimos. El juez Madrid sabe que la DINE estuvo involucrada en la muerte de Frei Montalva y la DINE asesinó a mi padre. Tengo la convicción absoluta, como seguramente la tiene la familia Frei, que el Ejército está detrás de estos crímenes; judicialmente está comprobado que a mi padre lo asesinó la DINE y seguro que la justicia se encaminará en ese sentido.

¿Hay alguna forma de conseguir que Herrera entregue esa información?
Creo que es difícil, ya no lo hizo. Hace un año, para el aniversario de la muerte de mi papá, hice una propuesta que suponía entregar beneficios penitenciarios a cómplices y encubridores de estos crímenes para que entreguen información, para que otras familias tengan tranquilidad al conocer la verdad sobre qué pasó con sus seres queridos. Nosotros, como familia, estábamos dispuestos a que se le entregaran beneficios a Herrera como salidas dominicales a cambio de información fidedigna sobre otros procesos, sobre todo para el caso del presidente Frei Montalva. Conozco a la familia Frei y sé, que aunque las heridas no se cierran, que tendrá tranquilidad cuando conozca la verdad y haya justicia; eso es lo que nos pasó a nosotros. Pero, además, como Frei Montalva fue presidente de Chile, el país merece conocer la verdad.

¿Qué pasó con esa propuesta?
Es muy complejo, la conversé con mucha gente, con las agrupaciones y con parlamentarios, y no ha sido posible avanzar. Esto requiere tiempo y que la justicia siga avanzando. En el Congreso también es difícil encontrar apoyo para estas iniciativas de derechos humanos, porque la derecha siempre las bloquea.

El episodio creado por la diputada RN Karla Rubilar muestra lo complejo que es para la derecha tratar los problemas de derechos humanos.
Tengo una buena opinión de ella, pero cometió errores imperdonables. Esto partió con las denuncias de falsos exonerados y como esto da frutos mediáticamente la derecha quiso hacer lo mismo con los detenidos desaparecidos. Cuando alguien entra en ese terreno es muy delicado, porque toca una fibra muy sensible. Es distinto denunciar casos de falsos exonerados a casos de supuestos falsos detenidos desaparecidos. Ella sufrió de ansiedad mediática y actuó con irresponsabilidad; causó mucho dolor.

Ella hizo esto con información del general Manuel Contreras, que siempre ha sostenido que los detenidos desaparecidos no existen.
Ella dice que no sabía que Javier Gómez era abogado de Contreras. Manifesté que nos asistía la duda de que todo esto fuera parte de una operación de inteligencia, porque Gómez es asesor del ex jefe de la DINA. Ella dice desconocer ese vínculo. Yo escuché en una entrevista a Gómez decir que no consideró relevante decirle a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que él es asesor del mayor criminal de Chile.

Pero no sólo es el abogado de Contreras, sino que le entrega información a la diputada que proviene del ex jefe de la DINA.
Lo que no me cuadra es por qué Karla Rubilar no lo denunció; no basta con decir "Javier Gómez no es mi asesor"; ella debió hacer una denuncia pública, reconociendo que detrás de esto había una operación de inteligencia, porque estaban las huellas del general Contreras, quien utilizaba a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos para insistir en su tesis de que en Chile no hay detenidos desaparecidos. Si ella no se prestó para esto, cosa que yo creo, al menos entonces fue utilizada, pero tampoco lo denuncia. Tampoco reconoce que ella y su cargo fueron utilizados para una operación de inteligencia. Lo que me parece inaceptable es que Contreras, desde su cárcel de cinco estrellas, siga manejando sus redes de inteligencia.

Y tiene terreno fértil donde sembrar sus informaciones y articular sus operaciones.
Claro, en la derecha hay personajes que aún están ligados a la dictadura. Por eso las agrupaciones de derechos humanos presentaron una querella para investigar si Manuel Contreras tiene redes en el Congreso. Hay operaciones de inteligencia. Una de ellas fue la declaración pública que firmaron doce parlamentarios de derecha cuestionando la labor que realiza la jueza del caso del sacerdote Miguel Woodward, asesinado en la Esmeralda. No sólo cuestionaba la labor de la jueza, sino también entrometiéndose en las resoluciones del Poder Judicial. Ese hecho fue gravísimo, porque un poder del Estado no puede entrometerse en otro Poder del Estado. La jueza terminó con protección policial. En un año han sucedido estos dos episodios, por eso hay que investigar qué nexos tienen los aparatos de inteligencia de la dictadura en el Congreso.
Cuando la derecha mutila proyectos como el del instituto de derechos humanos o rechaza los pactos internacionales, como el Tribunal Penal Internacional o la Convención contra la Desaparición Forzosa de Personas, uno podría pensar que están protegiendo a los represores y se está favoreciendo a la impunidad.

Es Más Fácil Aprobar un Tlc Que una Ley de Ddhh
¿Por qué ha sido tan complejo concretar el proyecto de un instituto de derechos humanos?

Una parte de la derecha sigue pegada en el pasado. Cuando se trata de aprobar leyes o ratificar convenios internacionales de derechos humanos, la derecha vota en contra. Cuando llegan al Congreso tratados de libre comercio son aprobados de forma expedita, pero si se trata del Tribunal Penal Internacional o la Convención contra la Desaparición Forzosa de Personas no hay caso, todo se dilata, y la derecha se opone. Es más fácil sacar un TLC que una ley de derechos humanos. Entiendo la importancia de los TLC, porque los países deben desarrollarse en lo económico, pero también en lo humano.

Pero el instituto chocó también con la oposición de las agrupaciones de derechos humanos y con parlamentarios de la Concertación.
Es que el instituto tiene su historia. Este proyecto viene de 2005 y yo lo conocí cuando presidí la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Entonces planteé que había que reactivar el proyecto y a abrirlo a la participación de las organizaciones de derechos humanos. Así se hizo y presentaron indicaciones que fueron en su mayoría acogidas. De ahí salió un proyecto que contaba con el consenso y apoyo de todas las organizaciones de derechos humanos y de los parlamentarios de la Concertación. Así fue aprobado en la sala de diputados y pasó al Senado. Pero ahí se produjo el gran error del ministro José Antonio Viera-Gallo que, por tratar de asegurar su aprobación, se sentó a negociar con los senadores Espina y Chadwick, hicieron cambios en la ley que la entramparon. El proyecto volvió a la Cámara de Diputados y lo rechazamos, por lo que partió a comisión mixta, pero ya estaba totalmente desnaturalizado. En las organizaciones de derechos humanos la negociación con la derecha de un proyecto como éste causó un dolor profundo.

¿Qué tanto cambió el proyecto?
Le quitaron la facultad de querellarse por crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, por ejemplo. Eso se cambió por facultades para "iniciar acciones legales ante la justicia". También se le sacó todo aquello que tenía que ver con organismos internacionales. El instituto debía hacer un informe anual de los derechos humanos que tenía que presentar a todas las autoridades, como también a los organismos internacionales. Todo eso fue sacado. También es impresentable que la actual ley iguale a las víctimas de violencia política con las de particulares. Están mezclando el terrorismo de Estado con los delitos comunes, siendo ambas cosas graves. No es lo mismo que entre a tu casa un hombre civil con un cuchillo y amenace tu vida, a que entre uno que haga lo mismo y luego te enteras que es policía, que además obedecía órdenes de una cadena de mando y que el gobierno estaba enterado que lo hacía. El civil que hace eso comete un delito común, pero el carabinero que lo hace por órdenes del alto mando, con el conocimiento del gobierno, está cometiendo terrorismo de Estado. Por eso, y otros puntos, se desnaturalizó el proyecto y por eso lo rechazamos. Esto no se puede transar con la derecha, por la historia que vivimos y porque en estos proyectos siempre estaremos detrás de lo que digan las agrupaciones de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos.

25 de enero de 2009
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el clan pinochet y los mirage


Las pistas sobre millonarios depósitos transferidos en diciembre de 1998. El vínculo del albacea de Pinochet con el lobbista de los Mirage. Antecedentes indican que los dineros de las comisiones pagadas por la venta de los aviones pasaron por cuentas de sociedades vinculadas al ex dictador, que fueron creadas por Óscar Aitken en paraísos fiscales.
[Luis Narváez] Santiago, Chile. Mucha documentación, llamados telefónicos y reuniones debieron sortear los investigadores de Bélgica para levantar el secreto bancario de todas las personas y empresas sospechosas de recibir comisiones ilegales por la venta de 25 aviones Mirage a Chile en 1994. Al igual como sucedió cuando se descubrió la fortuna oculta en bancos de Estados Unidos, fue la flexibilización de las medidas que resguardan esta información, provocada por la promulgación del Patriot Act (Ley Patriota), la que facilitó que el Departamento de Justicia ordenara a los bancos revisar sus bases de datos a partir de los dramáticos acontecimientos del 11-S en 2001.
Para las autoridades norteamericanas, la conjunción de lavado de dinero y tráfico de armas pasó a ser suficiente argumento para colaborar con investigaciones criminales, donde instituciones financieras instaladas en Estados Unidos aparecen guardando en sus bóvedas dineros provenientes de esos negocios.
Sin saberlo, a partir de 2004, la justicia de Bélgica y de Chile estaban analizando dos tramas financieras, con objetivos distintos, que pretendían borrar el rastro de dineros obtenidos de actividades ilícitas: la de los Mirage y la de Pinochet.
Del análisis de los documentos bancarios se estableció que en ambos casos se creó lo que el Consejo de Defensa del Estado llamó "una ingeniería financiera de alto nivel", para distribuir y ocultar los dineros.
Pero entre ambos casos hay denominadores comunes. Uno de ellos es el abogado Óscar Aitken Lavanchy, conocido como ‘el albacea de Pinochet’. Según la investigación que tenía a su cargo el ministro Carlos Cerda (hoy en manos del juez Manuel Valderrama) para determinar el origen de la fortuna de Pinochet, también llamado caso Riggs, el profesional fue el artífice de una compleja red de más de 15 sociedades al portador (off shore) creadas en paraísos fiscales. Por cada una de estas sociedades se abrieron cuentas en bancos extranjeros (EEUU, Suiza, España, Gibraltar, Chile y Bahamas), por donde circularon durante más de 20 años los dineros que conformaron una fortuna del ex dictador Augusto Pinochet, que fue calculada en más de 25 millones de dólares.
Pero Aitken era un hombre vinculado a los círculos de los negocios de armas que se realizaban en Chile. Y es así como a finales de la década de 1980, también era un conocido de Carlos Honzik Hubka, probablemente el más destacado representante de empresas fabricantes de armamento (SIG y Mowag, entre otros) con que las Fuerzas Armadas de Chile negociaron en las últimas tres décadas.

Los Nexos
Honzik se había transformado en el primer nombre en las agendas de los jefes castrenses chilenos a la hora de comprar material de guerra nuevo o usado.
Según ha podido establecer la investigación belga, Honzik se hizo asesorar por Óscar Aitken. Juntos se encargaron de idear dispositivos financieros para burlar los controles y mover grandes sumas de dinero, haciendo casi imposible seguir su rastro.
Tanto en el expediente del caso Riggs como en el proceso belga, Aitken aparece junto a Honzik creando y participando en la propiedad de Berthier Investment Inc., la firma que recibió, a través de sus cuentas bancarias, unos US$14,4 millones de las comisiones pagadas por la venta de los Mirage para que las distribuyera por el mundo.
Aitken y Honzik nuevamente aparecen como socios de otra sociedad de papel: Eastview Finance. Esta empresa fue creada en Islas Vírgenes, por donde pasaron dineros que terminaron en manos de Pinochet y su esposa, Lucía Hiriart.
Cada vez que se menciona a empresas que aparecen vinculadas a las comisiones de los Mirage y al dictador, los belgas se detuvieron para realizar un exhaustivo análisis con el objetivo único de determinar si Pinochet también fue un beneficiado por las comisiones de los Mirage.

Berthier y Eastview
Sobre la principal sociedad usada para distribuir los más de 14 millones de dólares de comisiones por el negocio de los Mirage, el dossier belga destaca que se descubrió que mediante Chemical Bank y el Citibank de Nueva York, Berthier Investment Inc., junto con Lehman Brothers Inc., Cornwall Overseas Corporation y Marchill Investment Ltd., "establecen la existencia de relaciones estrechas entre el supuesto dispositivo del señor (Carlos) Honzik y el que podría pertenecer al señor Pinochet".
Los antecedentes reunidos en el expediente del caso Riggs señalan que Cornwall y Marchill fueron empresas creadas por Aitken para hacer perder los rastros de la fortuna del clan Pinochet.
Dentro de esta misma línea se descubrió una transferencia de US$51.693, realizada por Óscar Aitken Lavanchy en favor de Berthier Investment Inc., el 8 de junio de 1995. La transferencia se efectuó desde una cuenta que Eastview Finance tenía en el Coutts And Co. de Miami, de la cual Aitken era fundador y controlador.
Después que Estados Unidos permitió levantar el secreto bancario respecto de las cuentas de Berthier y Eastview, guardados celosamente en dicho banco, éstas aparecen como empresas que tienen la denominación ‘related accounts’, que quiere decir que son cuentas relacionadas. Se determinó que tanto Berthier Investment Inc., cuyo titular era Honzik, como Eastview, de Aitken, utilizaron al mismo ejecutivo del banco: Ricardo Dougherthy.
Este ejecutivo era el encargado de efectuar las transferencias ordenadas por teléfono, cartas o fax, tanto por Honzik como por Aitken.
Por otra parte, la similitud de ambos dispositivos queda más de manifiesto, porque Berthier Investment fue creada por el mismo bufete de abogados que utilizó Óscar Aitken para abrir las sociedades de papel de Pinochet: ‘Alemán, Cordero, Galindo and Lee’, con sede en Panamá. Con mayor precisión, Aitken llegó a ser uno de los socios de este estudio jurídico.

Levant
Siguiendo dólar por dólar el pago por la venta de los Mirage, los investigadores belgas descubrieron que una entidad llamada Levant Management Corp. recibió una transferencia de US$35 mil, el 19 de mayo de 1998 en su cuenta Nº 116155995, del Banco Espirito Santo, de Miami. Dicho movimiento se originó desde una cuenta de I. Systems, entidad del mismo tipo (off shore), perteneciente al empresario Conrado Ariztía O Brien.
Según los informes belgas, Ariztía fue uno de los distribuidores de las comisiones de los Mirage, que utilizó las cuentas de cinco de sus sociedades y tres cuentas personales para transferir dineros, entre otros, a los generales en retiro de la FACh Jaime Estay, Florencio Dublé y el coronel (R) Luis Bolton, hoy sometidos a proceso y en prisión, junto al ex comandante en jefe Ramón Vega.
Uno de los informes enviados desde el Primer Tribunal de Instrucción de Bruselas, sostiene que "Levant Management Corp. podría estar vinculada a un dispositivo de recolección de fondos vinculados al antiguo Jefe de Estado chileno Augusto Pinochet, según algunos elementos contenidos en el mandato judicial de arresto pronunciado por un juez de instrucción chileno en contra de María Lucía Hiriart Rodríguez y de Marco Antonio Pinochet".

Nemesis
Del análisis de los documentos bancarios que las autoridades de Suiza permitieron conocer, en el marco de la investigación por el pago de comisiones ilegales por la venta de los aviones Mirage, se estableció que Carlos Honzik abrió la cuenta Nº 9741 en el Clariden Bank de Zurich. Estaba a nombre de Berthier Investment Inc. Como es usual en este tipo de bancos, esa cuenta recibió una denominación: ‘Solane Main’2 y, además, de ella se derivaron dos subcuentas: ‘La Rosa’ y ‘Taxes’. Desde allí salió todo el dinero de los Mirage.
Al cerrarse la cuenta ‘Solane Main’, el 3 de diciembre de 1998, lo que quedaba (más de seis millones de dólares) fue transferido internamente, pero en efectivo, a una cuenta en el mismo banco, perteneciente a una entidad llamada Limelight Holdings Ltd., sobre la que las autoridades del Clariden Bank "no dieron ninguna información" a los belgas.
Pese a que habían logrado levantar el secreto bancario, el dictamen con que la justicia helvética obligó a la poderosa institución bancaria, nunca mencionó esta última.
Durante 1998 se registró una de las ofensivas judiciales más fuertes para intentar descubrir la ruta de los dineros pagados por los Mirage. Por ello, la policía belga sostiene que el traspaso registrado entre Solane Main y Limelight Holdings Ltd. fue una operación de pantalla para ocultar el rastro de las comisiones.
Esta conclusión fue tomada, porque en menos de 24 horas (el 4 de diciembre) se realizó otra transferencia para mover los fondos de Honzik a una tercera sociedad, Nemesis Holdings Ltd. Una operación sospechosa que, según los belgas, "parece haber sido preparada por el Clariden Bank para el señor Honzik".
Lo anterior, sostienen los investigadores europeos, hace concluir que el banco suizo "habría tenido un papel activo de consejo con miras a la creación de un sistema destinado a hacer desaparecer todo indicio de Berthier Investment Inc. y de los fondos que fueron girados en esta cuenta". Y advierten que este dispositivo se puso en marcha justo cuando Bélgica comenzó a investigar a Honzik y solicitó información oficial a Suiza.
"El dispositivo elaborado había utilizado puntualmente Limelight para una transferencia de fondos vía cash payment (en efectivo) hacia otra entidad llamada Nemesis Holdings Ltd.", dice la investigación. Nemesis fue una sociedad off shore creada bajo las instrucciones del Clariden Bank en la Isla Gran Caimán, el 5 de noviembre de 1998. Lo sospechoso es que esta estrategia se pone en movimiento un mes después del arresto de Augusto Pinochet en Londres, el 16 de octubre de 1998, por orden del juez español Baltasar Garzón. El número de la nueva cuenta que disponía en el Clariden era 73928 y sus beneficiarios o "derechohabientes" eran Carlos Honzik y su esposa, Bahna Hamwi.
Los belgas se preguntan qué sucedió con esos seis millones de dólares.

El Amigo y el Inglés
Las piezas del expediente belga, que hoy forman parte del proceso que instruye el ministro en visita Omar Astudillo, abren serias sospechas de que vinculada a estas operaciones de la misteriosa sociedad Nemesis estaba la intención de Honzik de permitir la transferencia hacia otras dos personas que aún no han sido del todo identificadas, pero "designadas por el gestor de la cuenta del Clariden Bank, respectivamente, como ‘El Amigo’ y ‘El Inglés’, quienes habrían sido destinatarios de una parte de las comisiones abonadas en las cuentas del señor Honzik. Parece que ‘El Inglés’ debía también a ‘El Amigo" una parte de dichas comisiones".
En este punto nuevamente hay que recordar que toda esta operación se constata en diciembre de 1998, a menos de dos meses de que fuera detenido Pinochet en Londres.
El juez Daniel Franzen, titular del Primer Juzgado de Instrucción de Bruselas, tomó conocimiento de que en el marco de la investigación por las cuentas secretas de Pinochet, el ministro instructor de la época, Sergio Muñoz, había ordenado el embargo de bienes del clan Pinochet en Estados Unidos y Chile.
Dentro de las sociedades que aparecen en la fortuna del dictador está Nemesis Holding Ltd. Los belgas sostienen que "en la hipótesis que se tratase de la misma sociedad que la descrita en la presente exposición de los hechos, los haberes embargados podrían estar constituidos en parte por comisiones vinculadas al contrato de los Mirage belgas".
Algunas semanas después de llegado el expediente belga a Chile, a fines de 2007, el tribunal que investigaba el caso Riggs, solicitó copia de las piezas donde los belgas realizan este análisis, hecho que aún se investiga.
¿Quiénes son ‘El Inglés’ y ‘El Amigo’? Hasta ahora sólo hay sospechas de que ‘El Inglés’ pudo ser Bernardo van Meer, el yerno de Ramón Vega, el principal lobbista del negocio entre la empresa Sabca (Sociedad Anónima Belga de Aeronáutica) y Chile, quien recibió más de 2,7 millones de dólares en comisiones. ¿Y ‘El Amigo’? ¿Quién es ‘El Amigo’? ¿Será Ramón Vega, quien efectivamente mantuvo una estrecha amistad con Honzik y fue clave para que el gobierno chileno se decidiera por los Mirage en 1994? ¿O será Augusto Pinochet Ugarte, también antiguo amigo de Honzik, quien por esos días comenzaba un largo y costoso período privado de libertad en Londres?

25 de enero de 2009
©la nación 
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