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pinochetista, demente y gagá

mqh - 18 de noviembre de 2008 - 03:13 - chile

Arellano Stark no va a la cárcel por "demencia". Ministro Montiglio declaró inimputable al ex jefe de la Caravana de la Muerte, anulando de este modo el cumplimiento de la pena de seis años de prisión por los crímenes de San Javier. Querellantes anunciaron apelación.

Santiago, Chile. El jefe de la funesta Caravana de la Muerte, general Sergio Arellano Stark, fue declarado inimputable por el juez Víctor Montiglio, por lo que no irá a la cárcel a cumplir la condena de seis años de presidio efectivo que corresponde por su responsabilidad en los crímenes de San Javier.
El magistrado, que instruye el proceso por este caso de violaciones a los derechos humanos, tomó la decisión luego de recibir el informe del Servicio Médico Legal, que acredita el "deteriorado estado de salud" del jubilado militar, quien sufre de alzheimer hace quince meses.
Lo anterior significa que el "Lobo" Arellano, como es conocido entre sus pares, no irá a prisión, y quedará bajo la custodia de su hijo, el abogado Sergio Arellano Iturriaga. Además, dictaminó una fianza de 500 mil pesos.
El informe de los expertos Ítalo Sigala (salud mental) y Hugo Aguirre (estado clínico general) acreditó que el ex uniformado presenta una "demencia mixta o multifactorial tipo alzheimer", una "enfermedad neuropsiquiátrica que es "progresiva, crónica e irreversible".
La situación de Arellano Stark implica "enajenación mental" por lo que "requiere de tratamiento médico y cuidados perentorios en régimen de hospitalización o clínicas de reposo especializadas, con asistencia médica y contención de enfermería".
El estado de salud del jefe de la Caravana de la Muerte "no le permite participar de instancias procesales", dado que ni siquiera puede "comprender el sentido de una sanción", añade la resolución.
Es más, el magistrado añade que en una diligencia con el acusado, éste dio "respuestas incoherentes", lo que concuerda con los diagnósticos al que llegaron los especialistas del SML.
La resolución de Montiglio tendrá que someterse al veredicto de la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte Suprema por la vía del recurso extraordinario de la casación, dado que los querellantes adelantaron que apelarán al dictamen del juez.

17 de noviembre de 2008
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no estaba desaparecido

mqh - 18 de noviembre de 2008 - 03:09 - chile

AFDD denunció abuso en caso de desaparecido que regresó de Mendoza. Germán Cofré Martínez volvió desde Argentina la semana pasada y, según su familia, después de su detención nunca más supo de su paradero.

[Jorge Escalante] Santiago, Chile. La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) denunció y exigió la "máxima y más profunda investigación judicial" del caso de Germán René Cofré Martínez, quien si bien no figura como detenido desaparecido en Informe Rettig, sí aparece como tal en la posterior calificación de víctimas de la dictadura ampliada en 1996 por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR).
Según la denuncia inicial de su familia, Cofré fue detenido días después del golpe militar de 1973 y nunca más se supo de su paradero, como lo expresó su esposa María del Carmen Cisterna Zapata en la querella que presentó el 20 de marzo de 1992.
Sin embargo, Cofré Martínez apareció la semana pasada en casa de su familia en la comuna de La Cisterna en Santiago.
Si bien su familia lo declaró ante la CNRR como detenido desaparecido, puesto que dicen que nunca más supieron de él, una vecina de Cofré, Margarita Rivera Monsalve, dijo hoy a La Nación.cl que "él estuvo apenas dos días preso en la Base Aérea El Bosque de la Fach, pero volvió a su casa y recién salió a Mendoza en julio de 1975 junto a mi marido Fernando Aguilera Godoy, Romualdo Aguirre Pinto y otro ex preso de apellido Coloma".
La vecina sostiene que "es imposible que su familia, su mujer y sus hijos o su madre nunca hayan sabido nunca más de él, puesto que él venía mucho a mi casa después que lo soltaron y hasta antes de salir a Mendoza con mi marido".
La presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro, dijo a La Nación.cl que "no aceptaremos que alguien enlode nuestra tragedia, el de los detenidos desaparecidos. No aceptaremos que nadie utilice nuestra lucha de una manera tan aberrante y mezquina, y por ello exigiremos que la justicia haga una profunda investigación de este caso".
En 1995, el 22º Juzgado del Crimen de Santiago que investigaba a las víctimas NN del Patio 29 del Cementerio General, dispuso que la entonces Unidad de Identificación del Servicio Médico Legal entregara a la familia de Cofré sus restos, que supuestamente habían sido hallados e identificados entre las osamentas encontradas en el Patio 29.
Sin embargo, luego se supo que los restos entregados a la familia no correspondían a Cofré Martínez. Incluso se realizó una ceremonia en el Memorial de los Desaparecidos y Ejecutados del Cementerio General, donde se sepultó la reducida urna.
Cofré fue presentado hoy por el Programa de Derechos del Ministerio del Interior ante el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Carlos Gajardo, quien tiene a cargo la investigación de los errores del Patio 29.
El supuesto desaparecido vivió todos estos años en Mendoza y tiene una nueva familia. Dijo hoy a las autoridades de Derechos Humanos del gobierno que salió a trabajar a Mendoza y que nunca volvió ni dijo nada a su familia de su existencia porque "en Chile no existían condiciones de seguridad".
La AFDD puso en duda la buena fe de Cofré Martínez, por lo que realizan gestiones para que la justicia aclare el caso.

17 de noviembre de 2008
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general gagá se declara loco

mqh - 17 de noviembre de 2008 - 08:22 - chile

Informe pericial entregado a Montiglio verificó serio deterioro mental y clínico. ‘El Lobo’ Arellano no iría a la cárcel por demencia. El juez Víctor Montiglio podría anular el cumplimiento de la pena de seis años o entregarlo a su familia para que cumpla en su domicilio, pero seguramente no lo enviará a un recinto penitenciario.

[Jorge Escalante] Santiago, Chile. Un severo deterioro mental y clínico arrojaron los resultados de los exámenes practicados por peritos del Servicio Médico Legal (SML) en el Hospital Militar al ex jefe de la Caravana de la Muerte, general (R) Sergio Arellano Stark.
El informe realizado por los expertos Ítalo Sigala (salud mental) y Hugo Aguirre (estado clínico general) fue entregado el viernes al juez Víctor Montiglio que instruye el proceso por los crímenes cometidos por el escuadrón que comandó Arellano entre septiembre y octubre de 1973.
‘El Lobo’ Arellano, como lo conocen sus camaradas de arma, debe cumplir una primera sentencia de seis años que se encuentra ejecutoriada por la Sala Penal de la Corte Suprema.
Sin embargo, lo más probable es que ahora el ministro Montiglio resuelva que éste no puede cumplir su sentencia en un recinto penitenciario como el Penal Cordillera en Peñalolén o Punta Peuco.
Aunque la suerte del general (R) de 87 años deberá resolverse luego de varias controversias procesales que, además de lo que decida el juez Montiglio, tendrá que someterse al veredicto de la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte Suprema por la vía del recurso extraordinario de la casación, si los querellantes rechazan el dictamen del juez como probablemente ocurrirá.
El informe hecho llegar al magistrado avala la percepción que tienen del estado mental y clínico de Arellano, personas que lo vieron en los últimos meses.
‘El Lobo’ está aquejado de un nivel serio de Alzheimer, lo que le produce desubicación en tiempo y espacio, importante pérdida de memoria, y relaciona situaciones de la vida común con dificultad. Además, los tests detectaron otras enfermedades propias de la edad lo que genera un cuadro total complejo.
De esta manera la situación de Arellano Stark se diferencia de la del dictador Augusto Pinochet, también sobreseído en 2002 definitivamente del juicio Caravana de la Muerte por demencia irreversible, que luego se demostró que no era tal.

Los Escenarios
Para decidir lo que ocurrirá con el cumplimiento de la sentencia del ex jefe del pelotón, cuya formación estuvo estrechamente vinculado al nacimiento de la DINA en los días posteriores al golpe militar, el ministro Montiglio tiene cuatro escenarios posibles según establece el Código de Procedimiento Penal en sus artículos 687, 688 y 689.
El primero es que resuelva que, debido a su estado de salud mental y clínica, Arellano no está en condiciones de cumplir la condena.
En el segundo el juez puede decidir que el sentenciado la cumpla bajo la protección de su familia, vale decir, un tipo de cárcel domiciliaria.
En el tercero puede dictaminar que el reo constituye un "peligro para la seguridad de la sociedad" y por ello debe cumplir la pena en un recinto público destinado a enfermos psiquiátricos.
La cuarta alternativa, y la menos probable, dice relación con la suspensión de la condena hasta que el reo se recupere de su deterioro mental, momento en el que deberá entrar a cumplir la pena.
Aunque de acuerdo al resultado de los exámenes la lesión mental de Arellano sería irreversible.
Pero al ex jefe de la caravana le esperan todavía al menos siete nuevas condenas por otros episodios del mismo caso.
Por ello, es probable que -independiente de por cual de los cuatro escenarios posibles opte Montiglio- además sobresea definitivamente al ‘Lobo’ de todo el proceso caravana, cuestión que también deberá ser revisada por las cortes si los querellantes se oponen, como todo indica que sucedería.
Si el juez y las cortes anulan la condena a Arellano debido a que no la puede cumplir por su estado mental y clínico, sería primera vez que esto sucede en una causa por violaciones de los derechos humanos.

17 de noviembre de 2008
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nuevas diligencias por crimen de cni

mqh - 16 de noviembre de 2008 - 23:09 - chile

Decretan nuevas diligencias para esclarecer muerte de mirista angelino. Ayer se efectuó la reconstitución de escena por este hecho, ocurrido el 23 de agosto de 1984, y que significó el deceso de Mario Ernesto Mujica Barros, en su domicilio de la población Orompello.

Los Ángeles, Chile. "Era una diligencia esencial, pues se hizo con las personas que participaron en el hecho, en el cual se verificaron los testimonios de los testigos presenciales y, de eso, se han derivado otras diligencias posteriores para poder establecer realmente cómo aconteció el hecho que investigo".
Así resumió el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana Fuentes, la reconstitución de escena por el presunto crimen perpetrado en contra del dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), el contador angelino Mario Ernesto Mujica Barros.
El profesional local quien, de acuerdo a lo sostenido por el magistrado penquista era "observado" en ese entonces por la Central Nacional de Inteligencia (CNI), cayó –asevera la versión oficial de la época- abatido en medio de una confrontación armada, la cual tuvo lugar el 23 de agosto de 1984.
"Lo que contiene el parte que se hizo en su oportunidad fue un enfrentamiento, pero los querellantes señalan que habría sido ajusticiado. Esas son las teorías que se están aclarando", explicó Aldana, quien participó activamente de la trascendental diligencia, llevada a cabo en el inmueble donde vivió el occiso, localizada en calle Bombero Carlos Vyhmeister 841, en la población Orompello de nuestra ciudad.
El trámite se inició a eso de las 10 de la mañana, y en ella estuvieron presentes dos de los 16 de los querellados en este proceso, además de otros ciudadanos que presenciaron cómo ocurrieron los hechos.
El ministro expuso que el objetivo fue verificar la veracidad de los testimonios entregados por las personas para, de esta manera, poder adquirir una convicción de cómo ocurrió, efectivamente, este acontecimiento.
"Además, la importancia que tuvo es que fue asistido por un perito balístico de Santiago, por un médico del Demecri (Departamento de Medicina Criminalística) de Santiago y por el Laboratorio de Criminalística de Concepción", todas unidades de la Policía de Investigaciones, cuyo trabajo permitirá llegar a una explicación científica de lo que pasó.

Días de Muerte
Según el Informe Rettig, entre el 23 y 24 de agosto de 1984 la CNI, "con agentes enviados desde Santiago, ejecutó una operación destinada a eliminar a los dirigentes del MIR en la zona sur del país, específicamente en Concepción, Los Ángeles y Valdivia. Muchos de ellos habían ingresado ilegalmente al país y se encontraban realizando trabajo clandestino. Todos estaban siendo seguidos por agentes de seguridad con anterioridad y, por lo mismo, éstos tenían claridad absoluta sobre sus actividades. En todos los casos se informó públicamente de la existencia de enfrentamientos a consecuencia de los cuales murieron las víctimas. Sin embargo, por los diversos antecedentes reunidos, la Comisión ha llegado a la convicción de que ellas fueron ejecutadas".
El primer episodio se registró en la mañana del 23 de agosto de 1984 en Hualpencillo, cerca de Concepción. En la zona fue ejecutado próximo a su casa el obrero Luciano Humberto Aedo Arias quien -según testigos- fue asesinado con disparos a poca distancia, sin que opusiera ninguna resistencia.
Más tarde, y en un hecho en el que hubo al menos una decena de testigos, fueron interceptados en el bus en que viajaban Mario Octavio Lagos Rodríguez y Nelson Herrera Riveros, obrero y comerciante, respectivamente, en el sector de Lorenzo Arenas de Concepción. El conductor del vehículo fue obligado por agentes de la CNI a detenerse frente a la Vega Monumental. Las dos personas ejecutadas bajaron del bus con los brazos en alto, no obstante, y tal como lo prueba la autopsia de uno de ellos – la de Herrera- fueron asesinados a corta distancia e, incluso, con un disparo en el cráneo.
Luego, a las 18 horas, fue muerto a disparos el contador angelino. Casi en paralelo, otro equipo de la CNI se trasladó hasta el camino que une a Valdivia con Niebla, dando muerte a Raúl Jaime Barrientos Matamal y Rogelio Humberto Tapia de la Puente. Al respecto, el informe señala que "las víctimas habrían sido detenidas en Valdivia y conducidas a ese lugar para su ejecución por los agentes de la CNI".
La jornada de horror tuvo una segunda partida al día siguiente, cuando fue muerto Juan José Boncompte Andreu. El economista fue sorprendido en su domicilio por un elevado número de agentes. Testigos indicaron que él intentó huir, pero fue cercado por los efectivos quienes le dispararon en varias oportunidades, falleciendo de inmediato.
En referencia al contador Mujica Barros, el magistrado Aldana confirmó que "era un dirigente del MIR que estaba dentro de una investigación que hacía la CNI en diferentes lugares (Concepción, Los Ángeles, Valdivia). Todas estas causas están relacionadas y ésta era la que no se había investigado acuciosamente", sostuvo, aclarando que en estas siete muertes actuaron equipos distintos, pero que todos ellos pertenecen a una misma dirección, que apuntaba en ese tiempo en contra de los cuadros directivos del MIR.
Los integrantes de la patrulla involucrada en los decesos de Concepción, actualmente, son los únicos sometidos a proceso y será la Fiscalía Militar de esa ciudad, la que determine las respectivas sanciones en su contra.
En lo referido a Los Ángeles, los dos participantes en la reconstitución mantuvieron su versión del enfrentamiento, por lo que las otras diligencias sugeridas por los peritos definirán su destino procesal.

16 de noviembre de 2008
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reconstituyen crimen de cni

mqh - 15 de noviembre de 2008 - 07:55 - chile

Presuntamente cometido por la CNI. Realizan reconstitución de escena por crimen de contador angelino. Mario Ernesto Mujica Barros entraba a su domicilio de la población Orompello, el 23 de agosto de 1984, cuando fue ultimado a balazos.

Los Ángeles, Chile. Cuatro sospechosos, que tras la diligencia podrían ser procesados en calidad de autores por el ministro que lleva esta causa, Carlos Aldana Fuentes, participarán de la reconstitución de escena por el crimen del angelino Mario Ernesto Mujica Barros, asesinado presuntamente por una patrulla de la CNI, el 23 de agosto de 1984.
La víctima, de profesión contador, fue interceptado cuando entraba a su domicilio y –según estableció la Comisión Rettig- no existe constancia que haya opuesto resistencia que justificara la tesis del enfrentamiento, señalada en la versión oficial de este suceso, acaecido en la calle Bombero Carlos Vyhmeister de la población Orompello.
En la trascendental actividad estarán presentes familiares de la víctima, médicos legistas del Departamento de Medicina Criminalística (Demecri) de la Policía de Investigaciones -procedentes de Santiago-, además de los detectives penquistas encargados de las diligencias ordenadas por el juez Aldana.

Siete Muertos
De acuerdo a lo señalado en el Informe Rettig, entre el 23 y 24 de agosto de 1984 la CNI, "con agentes enviados desde Santiago, ejecutó una operación destinada a eliminar a los dirigentes del MIR en la zona sur del país, específicamente en Concepción, Los Ángeles y Valdivia. Muchos de ellos habían ingresado ilegalmente al país y se encontraban realizando trabajo clandestino. Todos estaban siendo seguidos por agentes de seguridad con anterioridad y, por lo mismo, éstos tenían claridad absoluta sobre sus actividades. En todos los casos se informó públicamente de la existencia de enfrentamientos a consecuencia de los cuales murieron las víctimas. Sin embargo, por los diversos antecedentes reunidos, la Comisión ha llegado a la convicción de que ellas fueron ejecutadas".
El primer episodio se registró en la mañana del 23 de agosto de 1984 en Hualpencillo, cerca de Concepción. En la zona fue ejecutado próximo a su casa el obrero Luciano Humberto Aedo Arias quien -según testigos- fue asesinado con disparos a poca distancia, sin que opusiera ninguna resistencia.
Más tarde, y en un hecho en el que hubo al menos una decena de testigos, fueron interceptados en el bus en que viajaban Mario Octavio Lagos Rodríguez y Nelson Herrera Riveros, obrero y comerciante, respectivamente, en el sector de Lorenzo Arenas de Concepción. El conductor del vehículo fue obligado por agentes de la CNI a detenerse frente a la Vega Monumental. Las dos personas ejecutadas bajaron del bus con los brazos en alto, no obstante, y tal como lo prueba la autopsia de uno de ellos – la de Herrera- fueron asesinados a corta distancia e, incluso, con un disparo en el cráneo.
Luego, a las 18 horas, fue muerto a disparos el contador angelino. Casi en paralelo, otro equipo de la CNI se trasladó hasta el camino que une a Valdivia con Niebla, dando muerte a Raúl Jaime Barrientos Matamal y Rogelio Humberto Tapia de la Puente. Al respecto, el informe señala que "las víctimas habrían sido detenidas en Valdivia y conducidas a ese lugar para su ejecución por los agentes de la CNI".
La jornada de horror tuvo una segunda partida al día siguiente, cuando fue muerto Juan José Boncompte Andreu. El economista fue sorprendido en su domicilio por un elevado número de agentes. Testigos indicaron que él intentó huir, pero fue cercado por los efectivos quienes le dispararon en varias oportunidades, falleciendo de inmediato.
La Comisión de Verdad y Reconciliación estimó que "está convencida de que estas siete personas fueron ejecutadas por agentes estatales, en violación de sus derechos humanos".

15 de noviembre de 2008
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rebajan penas a reos pinochetistas

mqh - 15 de noviembre de 2008 - 05:27 - chile

Corte rebaja condena a ex jefe DINA por crímenes de Lumi Videla y Sergio Pérez. En fallo dividido el tribunal de alzada capitalino ratificó la mayoría de las sentencias dictadas por el ministro en visita Alejandro Solís en contra de siete ex integrantes del organismo represivo del régimen militar.

Santiago, Chile. La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rebajó la condena dictada contra el ex jefe de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), general (r) Manuel Contreras Sepúlveda, por su implicancia en los crímenes de Lumi Videla y Sergio Pérez, acaecidos en 1974.
En fallo dividido el tribunal de alzada capitalino -compuesto por los ministros Cornelio Villarroel, Mario Carroza y el abogado integrante Carlos López - ratificó la mayoría de las sentencias dictadas por el ministro en visita Alejandro Solís en contra de siete ex integrantes del organismo represivo del régimen militar.
El dictamen de segunda instancia establece las siguientes sanciones:

- Ciro Torré Saéz: absuelto por falta de participación.
- Manuel Contreras Sepúlveda: 5 años y un día de presidio por el secuestro de Pérez Molina y 10 años y un día por el homicidio de Videla Moya (autor).
- Miguel Krassnoff Martchentko: 5 años y un día por el secuestro de Pérez Molina y 10 años y un día por el homicidio de Videla Moya (autor).
- Cristoph Willike Floel: 10 años y un día por el homicidio de Videla Moya (autor).
- Francisco Ferrer Lima: 10 años y un día por el homicidio de Videla Moya (autor).
- Marcelo Moren Brito: 10 años y un día por el homicidio de Videla Moya (autor).
- Basclay Zapata Reyes: 5 años y un día por su participación como cómplice en el homicidio de Lumi Videla Moya.

En lo civil, la Sala rechazó la demanda que había condenado a Krassnoff Martchenko, Willike Floel y Ferrer Lima a pagar una indemnización de cincuenta millones de pesos a cada demandante: Lautaro Videla Moya y Eduardo Pérez Molina.
La decisión en cuanto a las condenas se adoptó con el voto en contra del ministro Cornelio Villarroel, quien estuvo por dictar la absolución de todos los sentenciados, aplicando el Decreto Ley N 2191 de 1978, conocido como Ley de Amnistía.
En tanto, el abogado integrante López se pronunció en contra de la decisión que absolvió a Ciro Torré y el rechazo a la demanda civil.
En primera instancia, el 23 de julio de 2007, el ministro Alejandro Solís Muñoz, había establecido las siguientes condenas:

-Manuel Contreras Sepúlveda: 10 años y un día por el secuestro de Sergio Pérez y 15 años y un día por el homicidio de Lumi Videla.
-Miguel Krassnoff Martchenko: 5 años y un día por el secuestro de Sergio Pérez y 10 años y un día por el homicidio de Lumi Videla.
-Ciro Torré Saez, Cristoph Willike Floel, Francisco Ferrer Lima y Marcelo Moren Brito: 10 años y un día por el homicidio de Lumi Videla Moya.
-Basclay Zapata Reyes: 5 años y un día como cómplice del homicidio de Lumi Videla Moya.

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nueva condena para chacal

mqh - 13 de noviembre de 2008 - 18:11 - chile

Manuel Contreras suma nueva condena en causa de Derechos Humanos. Esta causa corresponde al secuestro calificado de Ariel Santibáñez Estay.

Santiago, Chile. A cinco años y un día de presidio efectivo fue condenado el ex jefe de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), general (r) Manuel Contreras Sepúlveda, por su responsabilidad en el secuestro calificado de Ariel Danton Santibáñez Estay, ocurrido en noviembre de 1974.
El ministro en vista de la Corte de Apelaciones de Santiago Juan Eduardo Fuentes Belmar dictó sentencia de primera instancia en esta causa donde también fueron sancionados: Marcelo Moren Brito a 3 años de presidio efectivo; y Ricardo Lawrence Mires, 3 años de presidio, con beneficio de remisión condicional.
Santibáñez Estay era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y se le perdió el rastro en su paso por el centro de detención clandestino de Villa Grimaldi.
Esta es la segunda condena dictada por el ministro Fuentes Belmar durante el año 2008 y la décimo quinta desde el año 2005 en causas por investigaciones de violaciones a los derechos humanos.
Del total de 61 procesos que recibió el magistrado en 2005 por violaciones a los derechos humanos que tramitaban los antiguos juzgados del crimen de Santiago, sólo quedan 21 pendientes.

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procesan a hijo de pinochet

mqh - 11 de noviembre de 2008 - 02:39 - chile

Acusan a hijo de Pinochet en caso Riggs. Arista tributaria tiene al borde de la condena a Marco Antonio Pinochet, al ex albacea del dictador, Óscar Aitken y a quien fuera su secretaria privada, Mónica Ananías.

Santiago, Chile. La jueza del 32 Juzgado del Crimen de Santiago, Blanca Rojas, formuló una acusación en contra del ex albacea de Augusto Pinochet, Óscar Aitken, el hijo del ex dictador Marco Antonio Pinochet y a su otrora secretaria privada Mónica Ananías, en una de las aristas tributarias del caso Riggs.
La acusación formal, etapa previa para dictar condena, es por declaraciones maliciosamente incompletas o falsas en el proceso para establecer el origen del enriquecimiento de la familia Pinochet tras descubrirse en junio de 2004 cuentas secretas millonarias en el exterior.
La jueza Rojas investiga un fraude tributario en el caso Riggs, que en total alcanza a más de mil 912 millones de pesos, de los cuales a Aitken se le atribuyen cerca de mil 692 por ciento de esa suma, mientras que a Marco Antonio Pinochet unos 128 millones de pesos, y a Ananías unos 92 millones de pesos.

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