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las otras ratas con orden de captura


Otros chilenos con órdenes de captura internacional por violaciones de derechos humanos. Cuando inició proceso contra Augusto Pinochet en España en 1998, el juez Baltasar Garzón requirió a otros 38 chilenos.
Santiago, Chile. El 13 de septiembre de 2002, en virtud de una orden de captura internacional, fue detenido en Buenos Aires el general (R) Luis Ramírez Pineda, acusado de la desaparición de Jorge Klein, detenido en el Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973 y llevado al Regimiento Tacna cuyo comandante era Ramírez Pineda.
Jorge Klein es uno de los tres ciudadanos franceses desaparecidos en Chile bajo dictadura, los otros son Alfonso Chanfreau y Etienne Pesle.
La orden de detención en contra de Ramírez Pineda se había dictado en octubre de 2001, junto a otros 14 pedidos de captura internacional contra ex militares chilenos.
Entre los buscados por la justicia francesa se encuentran el general (R) Javier Palacios y Rafael Ahumada Valderrama, por el desaparecimiento del doctor Jorge Klein; Emilio Sandoval Poo y Andrés Pacheco Cárdenas, por Pesle; y Gerardo Godoy García, Baslay Zapata, Miguel Krasnoff, Marcelo Moren, Pedro Espinoza, Manuel Contreras y Paul Schaefer, por el caso Chanfreu.

Los Pedidos por Garzón
Cuando inició proceso contra Augusto Pinochet en España en 1998, el juez Baltasar Garzón requirió a otros 38 chilenos.
De ellos, están procesados en Chile Manuel Contreras, Pedro Espinoza Bravo, Osvaldo Romo, Álvaro Corbalán, Miguel Krassnoff, Ricardo Lawrence, Sergio Arredondo, Sergio Arellano Stark, César Benavides Escobar, Herman Brady, Washington Carrasco Fernández, Francisco Ferrer Lima, Gerardo Godoy García, Eduardo Iturriaga Neumann, Jaime Lepe Orellana, Odlanier Mena, René Quilhot Palma, Guillermo Salinas Torres, Hugo Salas Wenzel, Manuel Rodríguez, alias El Polaco, Santiago Sinclair, Fernando Laureani, Rolf Wenderoth Pozo y Fernando Torres Silva. Otros seis ya fallecieron: Humberto Gordon Rubio, Miguel Schweitzer, Gustavo Leigh, Marcelo Moren Brito, Humberto Gordon y Javier Palacios.
No tienen juicios pendientes en Chile, pero no pueden tomar vacaciones en Europa porque están requeridos por Garzón, Sergio Fernández, ex senador UDI, ministro del Interior entre 1978 y 1982 y entre 1987 y 1990; Sergio Onofre Jarpa, ministro del Interior entre 1983 y 1985, fundador de RN y ex senador; Mónica Madariaga, ministra de Justicia entre 1977 y 1983; Fernando Matthei, ex comandante en jefe de la FACh; Rodolfo Stange, ex general director de Carabineros y ex senador designado; Ernesto Baeza, general (R) de Ejército, asumió la dirección de Investigaciones tras el golpe militar, hasta 1980, y Pablo Belmar, brigadier de Ejército relacionado al caso Carmelo Soria.

1 de agosto de 2008
©la nación
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quién es alfonso podlech


La intrincada historia del ex fiscal militar Podlech. El día del golpe, García Díaz vio entrar a Podlech vestido de militar a la cárcel para rescatar a diez prisioneros del movimiento de extrema derecha Patria y Libertad. "El señor Podlech traía una orden de la fiscalía", dijo García en 2004.
[Jorge Escalante] Santiago, Chile. El ex fiscal militar Alfonso Podlech cometió el error de mirar a Europa habiendo sido puntal represivo de la dictadura de Augusto Pinochet, sin recordar que existió un Hitler y el holocausto. Lo que para el viejo continente es inolvidable.
Podlech también olvidó los numerosos testimonios de ex prisioneros y funcionarios de Gendarmería que en Chile pesan en su contra como ex fiscal.
Además, él mismo reconoció judicialmente su encuentro con el jefe de la Caravana de la Muerte, general Sergio Arellano, cuando el ‘Lobo’ y su gente aparecieron por Temuco en octubre de 1973 para asesinar prisioneros y comprometer en ello a oficiales locales de regimientos como el Tucapel.
Alfredo García Díaz, ex jefe de la guardia interna de la Cárcel de Temuco, acusó a Podlech en una declaración judicial: "los detenidos eran sacados de la Penitenciaría de Temuco y no volvían. Después por los bandos se sabía que los habían matado por ley de fuga y se les borraba del libro de ingreso. Esas órdenes las daban los fiscales militares como el señor Podlech".
El día del golpe, García Díaz vio entrar a Podlech vestido de militar a la cárcel para rescatar a diez prisioneros del movimiento de extrema derecha Patria y Libertad. "El señor Podlech traía una orden de la fiscalía", dijo García judicialmente en mayo de 2004.
El ex prisionero Víctor Maturana Burgos es más categórico. Procesalmente sostuvo que Podlech amenazaba a los detenidos con que si no "cooperaban" sufrirían las consecuencias en el Regimiento Tucapel, donde estaba la oficina de la fiscalía.
"Esto refleja que el señor Podlech sabía que éramos torturados. Y cuando no quedaba conforme con lo que declarábamos, nos mandaba con gente del Servicio de Inteligencia para que nos ‘trabajaran un poco más’". Maturana fue careado con Podlech en abril de 2002. El ex fiscal negó las acusaciones, pero reconoció que la fiscalía actuaba estrechamente con el Regimiento Tucapel.
Pero el Regimiento Tucapel con Podlech presente tiene otra historia. La noche del 2 de octubre de 1973 allí fueron asesinados los prisioneros José Ortigosa, Daniel Mateluna, Pedro Ríos y el GAP Guido Troncoso. Fue la misma noche en que Podlech reconoce que recibió al ‘Lobo’ Arellano que llegó en el helicóptero Puma al patio del regimiento.
"Me encontraba en la ayudantía, el general Arellano se acercó y nos saludamos. Nos habló de los consejos de guerra y que nadie podía ser juzgado por actos cometidos antes del 11 de septiembre según la irretroactividad de la ley (por estado de guerra)".
Fue lo mismo que Arellano dijo en cada ciudad como supuestamente Pinochet se lo había encomendado: "Velar por procesos justos para los detenidos".
No obstante, el jefe de Estado Mayor del "Lobo" durante la caravana, el teniente coronel Sergio Arredondo, se lo enrostró a Arellano en un careo ante el juez Juan Guzmán: "Para qué seguimos con lo mismo, si todos sabíamos que la misión era matar prisioneros", le dijo a quien fue su jefe.
La caravana pernoctó esa noche en el Tucapel y estuvo yendo y viniendo entre Temuco, Valdivia y Victoria hasta el 6 de octubre de 1973. Precisamente en esos días desapareció desde el Tucapel o desde la cárcel, el ex sacerdote Omar Venturelli (4 de octubre), Dixon Retamal Cornejo y Rubén Morales Jara.
Hay decenas de ex prisioneros que le formulan otras imputaciones similares a Podlech en los distintos procesos que se instruyen en Temuco y Santiago, en los que hasta ahora no se le ha procesado, según abogados querellantes, por el poder que Podlech tiene todavía, sobre todo en Temuco.

1 de agosto de 2008
©la nación
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piden juez de dedicación exclusiva


Familiares de detenidos desaparecidos y parlamentario dicen que el proceso, a cargo del magistrado Julio Miranda, está en etapa clave.
Valparaíso, Chile. Una solicitud al pleno de la Corte de Apelaciones de Valparaíso para que le otorgue al ministro Julio Miranda Lillo dedicación exclusiva en la causa conocida ‘Asalto a la Patrulla’ de Quillota, solicitaron familiares de detenidos de desaparecidos, parlamentarios y los abogados querellantes, para que pueda dictar sentencia en este caso.
El hecho se produjo el 18 de enero de 1974, cuando una patrulla militar trasladaba prisioneros políticos desde el regimiento de Ingenieros hasta la Escuela de Caballería Blindada, cuando fueron acribilladas seis personas, entre ellos el alcalde de ese entonces Pablo Gac y otras tres, de las que aún se desconoce su paradero.
La querella criminal fue presentada en la Corte de Apelaciones de Santiago en abril de 2000, siendo posteriormente traspasada a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, quedando en manos de la ministra Gabriela Corti y más tarde del magistrado Julio Miranda Lillo.
En 2003, el juez sometió a proceso a seis altos oficiales del Ejército y dos suboficiales. Tres años después cierró definitivamente el sumario para dejar el proceso en estado de sentencia, hecho que hasta la fecha no ocurre.
"Son ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, víctimas de un Estado que hoy tiene la posibilidad, a través de la justicia, de la aplicación definitiva de las sentencias a sujetos que están claramente identificados en el proceso", manifestó el diputado Marco Enríquez-Ominami.
El abogado del Codepu, Federico Aguirre, dijo que "en esta etapa el magistrado necesita una dedicación exclusiva en la causa para la dictación de sentencia, sin distraerse en otros hechos".

31 de julio de 2008
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viviendo con 52 mil pesos


"Hace un mes que no veo un plato de comida". Estremecedor relato de una trabajadora de San Antonio.
San Antonio, Chile. Con la plata que gano sólo me alcanza para tomar desayuno y once. Me tomo una taza de Milo y me como un pan amasado, no me alcanza para más", afirmó la encarnadora Cecilia Chávez, quien representa la realidad de muchas mujeres vinculadas a la pesca artesanal en San Antonio.
La esforzada trabajadora que recibe una pensión de 52 mil pesos, aseguró que debido a la crisis del sector, ya no cuenta con un ingreso extra que le permita solventar los gastos de su hogar.
"Hace casi un mes que no veo un plato de comida, ya que debo pagar un préstamo de 15 mil pesos y en el arriendo se me van 30 mil pesos. La falta de plata me ha hecho pedir fiado en los negocios de barrio, así estamos muchas encarnadoras. Lo malo es que cobran intereses, entonces nos vamos hundiendo cada vez más", especificó.
Según la encarnadora, la necesidad, cubre como un manto toda su existencia. "Necesito ponerme urgente un marcapasos, pero no tengo plata para hacer los trámites para operarme en Santiago. En el último tiempo he sufrido dos preinfartos", dijo.
Según Cecilia Chávez a pesar de que muchas veces llega a casa con las manos vacías, debe acudir sagradamente a la lonja pesquera, ya que las embarcaciones pueden salir a la mar si sus dueños reúnen el dinero necesario para pagar los gastos del zarpe. "Hoy (ayer) cumplimos dos días sin trabajar, a pesar de esto apoyamos a los pescadores, ya que entendemos su situación", puntualizó.

31 de julio de 2008
©líder de san antonio
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película sobre crimen de berríos


Presentan película sobre asesinato del agente de la Dina Eugenio Berríos.
Chile. El filme fue producido por cineastas de Uruguay, Chile y Argentina, y narra la historia ficticia de una jueza uruguaya que trata de esclarecer el caso.
El filme ‘Matar a todos’, que aborda el caso de Eugenio Berríos, el químico y agente de la Dina asesinado en Uruguay, fue presentado hoy por el director uruguayo Esteban Schroeder en Santiago.
La película, producida conjuntamente por Uruguay, Chile y Argentina, narra la historia ficticia de una jueza uruguaya que trata de esclarecer el caso de Berríos, pero que se encuentra con la resistencia de los ejércitos uruguayo y chileno, y de su propia familia, integrada por militares.
Eugenio Berríos, a quien se atribuye la fabricación de gas sarín que utilizó el gobierno militar, fue sacado de Chile en 1991 para evitar que declarara en el juicio por el asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier, perpetrado en Washington en 1976.
"La película pretende echar luz sobre momentos oscuros de la historia reciente en clave testimonial, tiene una mirada hacia el pasado, pero fuertemente empuja hacia el futuro", señaló el director uruguayo durante el preestreno del filme para los medios.
Schroeder agregó que unir el género de acción con hechos históricos recientes le brindó la oportunidad de que "grandes audiencias disfruten de una película que entretiene y emociona por la historia de una mujer que cree que revisando su pasado tendrá una vida más linda".
El cineasta, que reside en Chile desde 2002, señaló que el título de la película permite varias lecturas, como la idea de Berríos, quien fue agente de la policía secreta del gobierno de Pinochet, al elaborar gas sarín o el sentimiento de las personas que conocen de primera mano los efectos de la tortura y el asesinato.
"Es la mejor manera de expresar la mente de alguien que concibió entregar su sabiduría a la elaboración de armas de destrucción masiva, pero también puede ser el sentimiento de alguien que conoce la tortura", dijo Schroeder.
La producción tiene un valor especial para el director, que experimentó en persona el terror de un régimen militar en su Uruguay natal, donde varios de sus familiares fueron asesinados.
Eugenio Berríos fue visto por última vez en 1992, cuando se presentó en una comisaría de Uruguay para denunciar que estaba secuestrado, pero fue entregado a unos militares y no se supo más de él, hasta que en abril de 1995 fue encontrado su cadáver en una playa de ese país, atado y con disparos en el cráneo.
Por esos hechos fueron procesados varios funcionarios del ejército chileno y además fueron extraditados a Chile los oficiales uruguayos Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli.
En el elenco del filme figuran, entre otros, la uruguaya Roxana Blanco, que interpreta a la jueza, y los actores chilenos Patricio Contreras y María Izquierdo.

30 de julio de 2008
©la tercera
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garzón encarcela a ex fiscal militar


Garzón derivó a prisión al ex fiscal militar Podlech. Juez español que logró detención de Pinochet en Londres tiene en sus manos al ex uniformado capturado en Madrid. Desde Chile, la Cancillería aseguró "protección consular".
Madrid, España. El juez de la Audiencia Nacional española, Baltasar Garzón, a la espera de que se resuelva en ese país una eventual entrega a Italia, fue quien decidió enviar a prisión al ex fiscal militar durante la dictadura de Chile, Alfonso Podlech Michaud, detenido el domingo en ese país.
Así se dio a conocer en esta jornada en medios hispanos con lo que se confirma una nueva actuación en un caso relacionado con crímenes de derechos humanos en Chile del mismo magistrado que mantuvo detenido al ex dictador Augusto Pinochet en Londres, en 1998.
Garzón, en su calidad de titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, adoptó dicha medida después que el chileno compareciera en la Audiencia Nacional el domingo último cuando fue identificado y detenido, mientras se tramita una orden de extradición a Italia.
En Santiago, en tanto, el canciller (s), Alberto van Klaveren, informó que el consulado en Madrid dará protección al ex uniformado."Estamos averiguando la situación procesal en que se encuentra y nuestro consulado en Madrid ha recibido instrucciones muy claras en el sentido en otorgar la protección consular que corresponde a todo ciudadano chileno que se encuentra en esas circunstancias", explicó.
Podlech Michaud fue capturado en el aeropuerto de Barajas en cumplimiento de una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por las autoridades italianas por su presunta relación con la desaparición del ex sacerdote de origen italiano Omar Venturelli Leonelli, en 1973.
La fiscalía italiana abrió en 1998 una investigación para esclarecer la desaparición de cuatro ciudadanos italo-chilenos durante la dictadura militar (1973- 1990), entre ellos el religioso cuyo paradero se perdió mientras permanecía arresto político.
En julio de 2006, su familia presentó en Chile una querella contra el dictador chileno Augusto Pinochet, fallecido en diciembre de ese mismo año, y contra Podlech, quien cuando se produjo la desaparición ejercía como fiscal militar en la ciudad de Temuco, donde ocurrieron los hechos.
Venturelli, ex cura que había colgado los hábitos para casarse, se presentó voluntariamente en el regimiento Tucapel, de Temuco, el 25 de septiembre de 1973, tras enterarse por una emisora de radio local de que era requerido por las autoridades castrenses.
Entonces tenía 31 años, estaba casado y era padre de una niña, fue trasladado posteriormente hasta la cárcel de Temuco, donde fue visto por otros presos hasta el 4 de octubre de ese mismo año, fecha en que se pierde su rastro. Un documento firmado por el hoy detenido señaló que el ex sacerdote había sido liberado, pero nunca más se supo de él.

30 de julio de 2008
©la nación
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en barajas cae fiscal pinochetista


Abogado Gutiérrez celebra detención en España de ex fiscal militar. Alfonso Podlech Michaud fue aprehendido en Madrid bajo una orden emanada de la justicia italiana por la desaparición del sacerdote Omar Venturelli.
Santiago, Chile. El abogado de Derechos Humanos Hugo Gutiérrez manifestó hoy su "satisfacción" por la detención en España del ex fiscal militar Alfonso Podlech Michaud (en la foto), inculpado por violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de Augusto Pinochet, informaron fuentes judiciales.
"Nos produce una tremenda satisfacción la detención de este individuo que está involucrado en los crímenes de la dictadura", afirmó a EFE el abogado Gutiérrez, que enfatizó que la justicia chilena "no ha sido capaz de perseguirlo y se mantiene impune".
El ex fiscal militar fue detenido este martes en el aeropuerto de Barajas, Madrid, cuando se aprestaba a seguir un viaje vacacional a la República Checa.
Podlech tenía una orden de captura internacional emitida por la justicia italiana, país donde se instruye un juicio por la detención y desaparición en la sureña ciudad chilena de Temuco el 4 de octubre de 1973, del sacerdote italochileno integrante del movimiento Cristianos por el Socialismo, Omar Roberto Venturelli Leonelli.
También está ‘inculpado’ en el proceso que se sigue en Francia por la desaparición en Temuco, a 673 kilómetros de Santiago, del ciudadano francés Etienne Pesle de Menil, mientras Podlech desempeñaba funciones en la fiscalía militar de esa ciudad y tomó contacto con el detenido según las investigaciones judiciales.
En su calidad de ex cadete militar, Podlech fue llamado luego del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, por el comandante del regimiento Tucapel de Temuco, Pablo Iturriaga, "para que organizara los Consejos de Guerra que iban a tener lugar en adelante", declaró Podlech a EFE en enero de 2005, consultado por las violaciones a los derechos humanos en ese tiempo en Temuco.
"Yo acepté ayudar y busqué gente para que colaborara en esta tarea porque había muchos detenidos en Temuco", añadió Podlech, que indicó que "entre el 11 y el 12 de septiembre de 1973 hubo centenares de detenidos en el regimiento".
Si bien hasta ahora Podlech no ha sido procesado por ninguna de las víctimas desaparecidas o asesinadas en Chile está ‘imputado’ por varios asesinatos.
Entre ellos, el asesinato en el regimiento Tucapel el 2 de octubre de 1973 de los prisioneros Daniel de los Ángeles Mateluna, José Ortigosa Ansoleaga, Pedro Ríos Castillo y Guido Troncoso Pérez, acusados de intentar fugarse mientras permanecían arrestados, lo que quedó desacreditado en las indagatorias judiciales de estos casos.
Igualmente está imputado por el secuestro y desaparición el 4 de octubre de 1973 del académico de la Universidad de Chile, sede Temuco, Rubén Eduardo Morales Jara.

30 de julio de 2008
©la tercera
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sospechas sobre schaulsohnn


Un pendrive incautado el año pasado a un preso en la Cárcel de Alta Seguridad sindica al ex diputado y líder de Chile Primero como jefe de la defensa de los tres más importantes inculpados de liderar una organización criminal que lavó casi 300 millones de dólares. Se investiga si el abogado recibió dinero y cuál es el origen del nexo.
[Luis Narváez] Santiago, Chile. Desde hace varios años, cuando abandonó su cargo como diputado por Santiago, Jorge Schaulsohn divide su vida profesional entre Chile y Estados Unidos.
Pese a sus eventuales regresos, como cuando postuló sin éxito a la alcaldía de la capital (2004), o cuando fue expulsado de las filas del PPD y se unió al senador Fernando Flores como opositor al gobierno de Michelle Bachelet, buena parte de su tiempo lo destina a sus labores como abogado.
Entre esas actividades profesionales hay una que está causándole tantos o más dolores de cabeza que su incursión en la política. Se trata de la defensa de una banda acusada de lavar cerca de 300 millones de dólares cuyo origen, a todas luces dudoso, provendría del narcotráfico.
El año pasado, una operación simultánea realizada en Chile y Estados Unidos permitió la captura de Mauricio Mazza Alaluf y varios integrantes de su familia, dueña de varias casas de cambio entre ellas Costa Brava, ubicada en calle Agustinas sospechosas de lavar millones de dólares.
El ex parlamentario, aunque no niega alguna vinculación con el caso, insiste en que no ha sido él quien ha asesorado a Mazza Alaluf, sino el estudio jurídico del que es socio en Chile y Nueva York. Se trata de la sucursal que Allamand & Schaulsohn mantienen en Manhattan, en el 505 Park Avenue, 16th Fl., oficina que, según su propio sitio en internet, se ocupa de "representar a empresas y personas en áreas de regulación, litigios, arbitrajes y mediaciones, asesorías a instituciones financieras y joint ventures. De igual forma, ofrece un servicio de excelencia a inversionistas que requieran asesoría legal en operaciones financieras, fusiones y adquisiciones, financiamiento de capital de riesgo, proyectos de e-business y, en general, de la nueva economía".
Sin embargo, los avances en la investigación, que se desarrolla paralelamente en Chile, Perú y Estados Unidos, han arrojado indicios de que el vínculo podría ser mucho más estrecho de lo que el propio abogado admite.
Tanto es así que, en los próximos días, Schaulsohn deberá enfrentar a los policías de la Brigada Investigadora de Lavado de Dinero (Brilac), quienes tienen una orden con amplias facultades para determinar todos los delitos cometidos por este clan y también por otras personas que hayan participado en sus operaciones.

Los Millones
Mazza Alaluf no ha podido ser procesado en Estados Unidos por lavado de dinero, puesto que no está probado que le haya cometido ese delito. Sin embargo, la fiscal especializada en lavado de dinero o blanqueo de capitales Sarah Lai, que lleva el caso en ese país, sí logró procesarlo y mantenerlo en prisión por infracción a la ley cambiaria, una normativa legal muy estricta en EE UU y que puede llegar a implicar penas de cárcel si se comprueba el ejercicio de una actividad financiera no autorizada.
En mayo pasado, el diario El Mercurio le consultó a Schaulsohn: "¿Por qué defiende al empresario chileno Mauricio Mazza Alaluf?" A lo que el abogado respondió: "No está procesado en Estados Unidos por ningún delito que tenga que ver con lavado de dinero, sólo por infracciones a normas bancarias que tienen eventuales sanciones de tipo penal, las que son muy menores".
Sin embargo, la misma fiscal Lai entregó un decidor antecedente a los agentes chilenos que pesquisan el caso. Este informe señala que Mazza Alaluf nunca ha tenido abogado privado, ni tampoco se algún representante del estudio jurídico de Schaulsohn. Es más, consultada al respecto, la fiscal Lai ha dicho que no ha escuchado nunca ese apellido.

El Factor Yapur
No es el único testimonio que contradice la versión del ex diputado. Y ha sido el mismo abogado que ha estado manejando la defensa de los Mazza en Chile, Yieninson Yapur, quien lo ha puesto en entredicho.
Yapur fue formalizado en Perú acusado por los delitos lavado de dinero proveniente del narcotráfico, asociación ilícita para delinquir y por atentar contra la tranquilidad pública en la investigación que se sigue en ese país contra una organización internacional dedicada al blanqueo de capitales.
Al abogado, al igual que a otras 20 personas, se le imputa haber efectuado actos de recepción, custodia, transferencia, conversión de dinero y ganancias provenientes de actividades de tráfico de drogas internacional.
Según la justicia de ese país, sólo dos días después del operativo que permitió la detención de todo el clan Mazza en Chile (el 31 de marzo de 2007), Yapur recuperó cerca de 500 mil dólares desde una casa de cambio limeña con la que operaba Costa Brava, de propiedad de Mauricio Mazza.

Alarma en Santiago
Apenas llegó a Chile esa información, las alarmas de la red se activaron de inmediato y Yapur cayó en pánico. El Consejo de Defensa del Estado (CDE), que aportó los principales antecedentes para desbaratar la trama del clan Mazza, podía en cualquier momento solicitar su procesamiento.
Desesperado, Yapur se reunió con algunos abogados del organismo estatal para explicar su conducta y tratar de justificar los cargos que le habían formulado en Perú. En dicha ocasión sostuvo que los 500 mil dólares sospechosos fueron sacados desde Perú para cancelar honorarios. "El abogado dijo también que cerca de la mitad de ese dinero era para pagarle a Jorge Schaulsohn", sostiene una fuente del caso.
La instrucción para Yapur, en ese momento, fue que entregara ese testimonio directamente ante la policía. El mismo día que visitó el CDE, el profesional se dirigió hasta dependencias policiales, pero en aquella ocasión la versión cambió y no volvió a vincular a Schaulsohn en la operación.
Yapur es conocido en el ambiente. Alcanzó notoriedad a fines de septiembre de 2007, cuando ingresó ilegalmente un pendrive y medicamentos no autorizados a la Cárcel de Alta Seguridad, donde fue a reunirse con Luis Mazza. Los objetos le fueron incautados a este último después de la visita de su abogado.
Pero más sorprendente aún fue lo que se halló al pesquisar el contenido del pendrive. En el dispositivo se encontraba una presentación en Power Point en la que se resumían todos los argumentos de la defensa, y que, se presume, había sido elaborada en una reunión de trabajo previa.
En el pie del informe, al menos, aparece el 30 de septiembre como fecha de redacción del borrador. Una de las páginas destaca la defensa de "Turismo Costa Brava vs. Querella CDE por lavado de dinero". El documento también está rotulado como: "presentado por los abogados de la causa Jorge Schaulsohn, Andrés Levine y Yieninson Yapur".
En otra presentación de Power Point contenida en el mismo pendrive se detalla un organigrama de los procesados y sus sociedades, y en cada uno de ellos destaca el abogado a cargo. Schaulsohn aparece con tres clientes: Mauricio, Luis y José Mazza.
Éste es un hecho que hoy la justicia indaga y por el que Schaulsohn tendrá que declarar en los próximos días, al igual como lo harán nuevamente los Mazza y algunos parientes de estos. Los únicos que aún permanecen en prisión hasta hoy son precisamente los cabecillas de la red, Luis y Mauricio Mazza, detenidos en Chile y Estados Unidos, respectivamente.
Fuentes de la investigación señalan que se está tras la pista de una propiedad que habría sido transferida para cancelar honorarios a los abogados involucrados, en los cuales se también menciona al ex parlamentario como beneficiario de ese traspaso.

Los Correos Humanos
La investigación contra el denominado Clan Mazza fue abierta en el 32º Juzgado del Crimen de Santiago y afecta a Luis, José y Daniel Mazza, primo, hermano e hijo, respectivamente, de Mauricio Mazza Alaluf, presunto jefe de la organización criminal que utilizó como fachada la red de casas de cambio Costa Brava para blanquear, entre 2004 y el 31 de marzo de 2007, cerca de 280 millones de dólares. Ese día, la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la policía civil desmanteló el rentable negocio familiar en una operación denominada ‘Suspiro Europeo’.
Mazza Alaluf, en tanto, fue detenido el año pasado, en el aeropuerto de Los Ángeles, en Estados Unidos, con un maletín que en su interior ocultaba 2,5 millones de dólares. La fiscalía lo formalizó por infracción a la ley cambiaria.
Según los antecedentes, desde 2003 que los Mazza blanqueaban divisas a través de toda su red de casas de cambio, que incluía las marcas Andino Ocho y Costa Brava. Para ello, contrataban a personas que estuvieran dispuestas a trasladar desde Chile a EEUU desde 500 mil hasta un millón de euros en billetes de alta denominación, llevándolos en bolsos de mano o mochilas.
Tras monitorear los ingresos y salidas del país que hicieron los ‘correos humanos’, la policía determinó que los fondos provenían de Colombia y que estaban vinculados con uno o varios carteles dedicados al narcotráfico de esa nacionalidad.
La ruta del dinero partía en Bogotá, continuaba con un paso por Perú –donde era recibido por entidades cambiarias locales– y luego era traído a Chile, para que luego los Mazza lo transportaran a Estados Unidos. La fiscalía de ese país se encuentra reuniendo pruebas de cómo esas platas eran convertidas a dólares para retornar ‘limpias’ a Colombia.

28 de julio de 2008
©la nación
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