chile

condenas por crímenes en santa bárbara

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Ministro Carlos Aldana dicta condenas por secuestros ocurridos en Santa Bárbara y Quilaco en 1973. Se trata en su mayoría de sentencias sin beneficio.

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Chile. El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Concepción dictó sentencia de primera instancia en la investigación por los secuestros de 29 personas, ocurridos en las localidades de Quilaco y Santa Bárbara, Región del Bío Bío, entre septiembre y noviembre de 1973.
El magistrado dictó condena en contra de las personas que participaron en los secuestros calificados de José Rafael Zúñiga Aceldini,  José Secundino Zúñiga Aceldini, José Gilberto Araneda, Juan de Dios Rubio Llancao, Julio Rubio Llancao, José María Tranamil Pereira, José Guillermo Purrán Treca, José Domingo Godoy Acuña, Julio César Godoy Godoy, Desiderio Aguilera Solís, José Nazario Godoy Acuña, Manuel Salamanca Mella, José Mariano Godoy Acuña, Miguel Cuevas Pincheira,  Juan de Dios Fuentes Lizama, Juan Francisco Fuentes Lizama, Elba Burgos Sáez, Sebastián Hernaldo Campos Díaz, Aliro Oporto Durán, Sergio D’Apollonio Petermann (todos ellos ocurridos en Santa Bábara); y de Cristino Humberto Cid Fuentealba, José Félido Pinto, Luis Alberto Cid, Luis Alberto Bastas Sandoval, Raimundo Salazar Muñoz,  Gabriel José Viveros Flores, Segundo Marcial Soto Quejón y José Roberto Molina Quezada (ocurridos en Quilaco).

Los sentenciados por los secuestros de Santa Bárbara son:
-Planté Euclide Aravena Sáez: 10 años y 1 día.  Sin beneficios.
-Héctor Isaías Echeverría Beltrán:  7 años y medio.  Sin beneficios.
-José Jaime  Godoy Godoy: 7 años. Sin beneficios.
-José Heraldo Pulgar Riquelme: 7 años. Sin beneficios.
-Jorge Denis Domínguez Larenas: 6 años y medio. Sin beneficios.
-Sergio Amado Fuentes Valenzuela: 6 años y medio. Sin beneficios.
-Jorge Eduardo Valdivia Dames: 6 años y medio. Sin beneficios.
-José Roberto Valdivia Dames: 6 años y medio. Sin beneficios.
-Luis Enrique Ricardo Barrrueto Barting: 6 años y medio. Sin beneficios.
-Manuel Dario Barrueto Barting: 6 años y medio. Sin beneficios.
-Pedro Segundo Ruiz Pardo: 541 días.  Se concedió el beneficio de la remisión condicional.

En tanto, los condenados por los secuestros de Quilaco son:
-Eugenio Villa Urrutia:  7 años. Sin beneficios.
-José Eleodoro Burgos Sandoval: 7 años. Sin beneficios.
-Juan Carlos Burgos Belauzarán: 7 años. Sin beneficios.
-Carlos Santiago Sepúlveda Rivera: 7 años. Sin beneficios.
-José Feliciano Gutiérrez Ortiz: 7 años. Sin beneficios.
-Exequiel del Carmen Celedón Barrera: 7 años. Sin beneficios.

Asimismo, se acogió la demanda civil planteada en contra del fisco, determinando que se debe cancelar $60.000.000 (sesenta millones de pesos) a Gretel del Carmen Godoy Acuña por el secuestro de su hermano Sebastián Campos Díaz; a Jacinta Godoy Acuña $80.000.000 (ochenta millones de pesos) por el secuestro de su cónyuge Manuel Salamanca Mella, y $15.000.000 (quince millones de pesos) por el secuestro de sus hermanos José Domingo, José Nazario y José Mariano Godoy Acuña; a Ana María D’ Apollonio Zapata $70.000.000 (setenta millones de pesos) por el secuestro de su padre Sergio D’Apollonio Petermann; a Ana María Zúñiga Beroiza $70.000.000 (setenta millones de pesos) por el secuestro de su padre José Zúñiga Aceldini, y $10.000.000 (diez millones de pesos) por el secuestro de su tío José Secundino Zuñiga Aceldini.
Además, los condenados deberán pagar solidariamente $80.000.000 (ochenta millones de pesos)  a Norma Panes Panes (cónyuge de Miguel Cuevas Pincheira), y $40.000.000 (cuarenta millones de pesos a Maritza Pilar, Fabiola del Carmen, Víctor Hugo, Dorian Inés y Miguel Ángel Cuevas Panes (hijos de Miguel Cuevas Pincheira), ya que este grupo familiar no presentó acción contra el fisco.
15 de junio de 2011
©poder judicial

querella por asesinato de ronnie moffitt

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Justicia acogió a trámite una querella por la muerte de Ronnie Moffitt.

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Santiago, Chile. La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos presentó la acción judicial ante la Corte de Apelaciones por el asesinato de la secretaria estadounidense, fallecido en 1976 en Washington junto al ex canciller Orlando Letelier en un atentado terrorista realizado por la DINA.
La Justicia acogió a trámite una querella por la muerte de la estadounidense Ronnie Moffitt, asesinada en Washington, junto al ex canciller chileno Orlando Letelier, el 21 de septiembre de 1976, informaron hoy a Efe fuentes del caso.
La querella fue presentada por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y acogida a trámite por el juez Mario Carroza, de la Corte de Apelaciones, quien, según las fuentes, ya ordenó las primeras diligencias.
La acción judicial se enmarca, según dijo a Efe Alicia Lira, presidenta de la AFEP, en los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet, que hasta ahora no han sido investigados por la Justicia chilena,
En ese mismo contexto el juez Carroza investiga ya otras querellas, relacionadas con la muerte del ex Presidente Salvador Allende, ocurrida el 11 de septiembre de 1973 en La Moneda y del poeta Pablo Neruda, ocurrida pocos días después del golpe militar perpetrado por Pinochet.
Hasta ahora, según Alicia Lira, suman unas 700 las querellas presentadas respecto de casos no investigados antes por los tribunales y se espera llegar a unos 1.200.
En el caso de Ronnie Moffitt, que era colaboradora de Orlando Letelier en el Instituto de Estudios Políticos, en Washington, la investigación en Chile se justifica porque "fue cometido por agentes chilenos, aunque el crimen haya sido cometido en Washington y ella sea una ciudadana norteamericana".
Alicia Lira recordó que en Chile sólo se investigó la muerte de Orlando Letelier, proceso en el que en 1995 fueron sentenciados los dos principales hombres de la DINA.
El general Manuel Contreras, jefe del organismo, cumplió 7 años de presidio, y su segundo al mando, el brigadier Pedro Espinoza, 6 años, ambos en la prisión de Punta Peuco.
En la actualidad, ambos siguen encarcelados en una prisión militar, junto a otros antiguos miembros de la DINA, cumpliendo largas sentencias por otros casos de violaciones a los derechos humanos.
En Estados Unidos, el asesinato de Orlando Letelier y Ronnie Moffitt fue juzgado en una corte del Distrito de Columbia, que a finales de la década de los setenta pidió a Chile la extradición de Contreras, Espinoza y del mayor del Ejército Armando Fernández Larios, solicitud que fue rechazada.
La petición se basó en el testimonio del agente estadounidense de la DINA Michael Townley, quien planificó el atentado y que en 1978, tras ser expulsado de Chile, decidió colaborar con la Justicia de su país a cambio de una pena reducida y quedar después sujeto al programa de protección de testigos.
Unos años después, en 1983, Fernández Larios, que en la década de los setenta integró la llamada "Caravana de la Muerte", que ejecutó a unos 75 presos políticos en un recorrido por Chile, tomó el mismo camino y desde entonces vive en Estados Unidos bajo otra identidad.
Los autores materiales del atentado de Washington, contratados para ello por la DINA, fueron los cubanos anticastristas José Dionisio Suárez, Virgilio Paz y Guillermo Novo, quienes fueron sentenciados a penas de 12 años de prisión.
15 de junio de 2011
©la nación

el plan cóndor desde chile

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¿Por qué Hugo Gutiérrez?

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[Luciana Bertoia] Hugo Gutiérrez remarca, cada vez que puede, su filiación política. Es uno de los tres diputados con los que el Partido Comunista de Chile (PCCh) logró en 2010 regresar al Congreso tras casi 37 años de ausencia. Allí preside la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados por su larga trayectoria como abogado y militante. "Hoy sigo defendiendo los derechos humanos de todos aquellos a quienes las autoridades públicas o agentes del Estado se los atropellan", se define en su página web.
En plena dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), se creó la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), que funcionaba como una coordinadora para acompañar a la sociedad civil que lograba vencer el terror para movilizarse contra el régimen que había derrocado al gobierno del socialista Salvador Allende (1970-1973). Gutiérrez militó en la Codepu hasta 2002 y fue un referente de ese organismo, especialmente en lo que se refiere a la lucha por la verdad y la justicia.
Como querellante impulsó a fines de los años ’90 la causa por la ‘Caravana de la muerte’. Con ese nombre se recuerda a la comitiva militar que partió pocos días después del sangriento golpe del ‘73, recorriendo norte y sur del país, para sembrar la muerte. En ese viaje de exterminio, la Caravana de la muerte se cobró 96 víctimas. Esa causa constituyó el primer procesamiento de Pinochet. Gutiérrez también intervino en la denuncia de la Operación Colombo, como se conoce a la acción con la que la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) chilena pretendió en 1975 hacer pasar como una caída en combate el asesinato de 119 opositores, la mayoría de ellos pertenecientes al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Por esa causa, se pidió el desafuero de Pinochet. Esa fue otra de las medallas que Gutiérrez se colgó en 2005, cuando la Corte Suprema trasandina le retiró la inmunidad al dictador. Además, al actual diputado y docente universitario fue parte en la causa por la Operación Cóndor, la coordinación represiva tejida por las dictaduras de la región. Intervino en los procesos en España que el juez Baltasar Garzón llevó adelante contra Pinochet.
Días atrás, estuvo en Buenos Aires para organizar junto con su par argentino Remo Carlotto un encuentro de parlamentarios y referentes de derechos humanos para tratar las consecuencias del Plan Cóndor. Un primer encuentro de este tenor ya se realizó en marzo en Buenos Aires; el segundo será en junio en Uruguay y el tercero, en Santiago para el 11 de septiembre. "Estamos tratando de crear una alianza política y social que permita adelantarse a lo que estas mismas oligarquías puedan construir en el futuro cuando vean que peligra su interés. Yo creo que, hoy en día, tenemos la sabiduría, los conocimientos y las capacidades para asegurar el Nunca Más", explicó el abogado chileno a Página/12.
13 de junio de 2011
©página 12

comuneros deponen ayuno

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Termina huelga con creación de Comisión por los Derechos del Pueblo Mapuche después de 87 días de ayuno y con la intervención de la iglesia católica..

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Chile. Luego de 87 de ayuno terminó la noche de este jueves la extensa huelga de los prisioneros políticos mapuche con el acuerdo entre instituciones de Derechos Humanos, la Iglesia Católica y las comunidades para crear una Comisión permanente de Defensa de los Derechos de este pueblo indígena.
La directora del Instituto de Derechos Humanos, Lorena Fries afirmó esta noche a CNN que "luego de varios días de negociación" se logró desistir del ayuno y se acordó crear esta comisión que estará "abocada a la defensa de los derechos del Pueblo Mapuche para respetar y dar garantías a los derechos individuales y colectivos" de las comunidades. También trabajará para la "reforma de la Ley Antiterrorista para que esta se acoja a estándares internacionales".
La Comisión estará integrada por la misma  directora del Instituto Nacional de DD.HH.; por el representante del Alto Comisionado de la ONUsobre estas materias, Amérigo Incalcaterra; el arzobispo de Concepción, monseñor Fernando Chomalí, que participó activamente en la negociación; y el arzobispo de la pastoral mapuche, Fernando Díaz. Por parte del pueblo Mapuche en tanto participarán Millaray Garrido -esposa de José Huenuche-,  Natividad Llanquileo y Pamela Pezoa, esposa de Héctor Llaitul.
Según el comunicado firmado por los anteriores representantes, "Chile se ha comprometido a través de diversos tratados internacionales a promover, respetar y garantizar los derechos políticos, territoriales, económicos, sociales, culturales y de acceso a la justicia, sin discriminación, tanto en el ámbito colectivo como individual, de los pueblos originarios. A lo cual están obligados todos los poderes del Estado chileno".
"En el contexto de las distintas huelgas de hambre de los presos políticos mapuche, como una expresión del problema de fondo, es que venimos a asumir un compromiso real y permanente para el cumplimiento de dichas obligaciones, a la cual esperamos se sumen otros actores".
Los firmantes además instaron "a toda la sociedad a adherir a esta declaración y a trabajar por la paz, fruto de la justicia".
Consultada la directora del Instituto de DD.HH.,  sobre el rol del Estado en este acuerdo, afirmó que el Insituto de Derechos Humanos es un órgano del Estado y que además están haciendo un llamado al gobierno y al Parlamento para que mejoren las garantías y derechos del Pueblo Mapuche.
Jonathan Huillical, José Huenuche, Ramón Llanquileo y Héctor Llaitul fueron condenados luego de una investigación que uso elementos de la Ley Antiterrorista y acusados de lesiones menos graves a un fiscal.
Según el último informe médico la condición de los prisioneros políticos es que estaban con hidratación límite, desnutrición severa, compromiso orgánico moderado a severo, trastornos de sueño y concentración y pérdida de más de 20 kilos de peso.
La huelga de los prisioneros Mapuche estuvo acompañada por la permanente protesta social que comenzó a acrecentarse luego que la Corte Suprema cerrara la semana pasada la puerta a una salida judicial y avalara la aplicación de la Ley Antiterrorista en el proceso investigativo.
A pesar del término de la huelga los familiares anunciaron que la discusión judicial seguirá y recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Declaración del Término de Huelga
Los firmantes de esta declaración, convocados por los presos políticos mapuche en huelga de hambre, sus lonko, machi y familiares, compartimos el interés por el respeto de todos los derechos del Pueblo Mapuche y asumimos el compromiso de su promoción y defensa. Por lo anterior declaramos:

1. Que Chile se ha comprometido a través de diversos tratados internacionales a promover, respetar y garantizar los derechos políticos, territoriales, económicos, sociales, culturales y de acceso a la justicia, sin discriminación, tanto en el ámbito colectivo como individual, de los pueblos originarios. A lo cual están obligados todos los poderes del Estado chileno.

2. Pese a lo anterior, se ha acrecentado el despojo territorial, la ausencia de derechos políticos y, principalmente, la militarización, criminalización y judicialización de sus legítimas demandas, cuya responsabilidad recae en todos los poderes del Estado chileno.

3. Es de suma gravedad la estigmatización y discriminación que ha sufrido el Pueblo Mapuche, por medio de la aplicación de leyes de excepción, tal como la Ley Antiterrorista. Dicha ley ha sido condenada ampliamente por no ajustarse a los estándares internacionales de un debido proceso. Responsabilidad que, nuevamente, recae en todos los poderes del Estado, sin excepción, al no derogarla o reformularla, y otros por invocarla y aplicarla.

4. En el contexto de las distintas huelgas de hambre de los presos políticos mapuche, como una expresión del problema de fondo, es que venimos a asumir un compromiso real y permanente para el cumplimiento de dichas obligaciones, a la cual esperamos se sumen otros actores. Asumimos este compromiso entendiendo que es un deber de todos hacer valer dichos derechos y denunciar toda vez que estos sean vulnerados, en forma activa y coordinada.

5. Esta voluntad se expresara en una instancia de trabajo denominada Comisión por los Derechos del Pueblo Mapuche.

6. Por tanto llamamos al Gobierno a abrirse a un diálogo permanente y transparente con el fin de avanzar en el respecto y garantía de los derechos de los pueblos indígenas, en particular a reformar la Ley Antiterrorista para, tal como los señaló el Presidente de la República en su cuenta pública ante el Congreso Pleno, para adecuarla a los estándares internacionales de derechos humanos.

7. Ante este compromiso es que nuestros hermanos mapuche han decidido levantar su huelga de hambre.

8. Instamos a toda la sociedad a adherir a esta declaración y a trabajar por la paz, fruto de la justicia.

-Monseñor Fernando Chomalí, Arzobispo de Concepción
-Lorena Fríes, Directora Instituto Nacional de Derechos Humanos
-Amerigo Incalcaterra, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
-Monseñor Pedro Ossandón, Obispo Auxiliar de Concepción
-Padre José Fernando Díaz, Comisión Nacional de la Pastoral Indígena Zona Sur
-Natividad Llanquileo Pilquimán, vocera
-Millaray Garrido Paillalef , vocera
-Pamela Pessoa Matus, familiar
10 de junio de 2011
©radio del mar

modifican ley antiterrorista

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Cámara despacha proyecto que excluye a menores de la Ley Antiterrorista.

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Valparaíso, Chile. Sin debate, con 86 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados dio su aprobación, en segundo trámite constitucional y en los mismos términos que lo hizo el Senado, a un proyecto de ley que establece que a los menores de 18 años no se le aplicará la legislación antiterrorista.
La iniciativa legal (boletín 7529) se originó en un mensaje del Ejecutivo y su idea central tiene por objeto disponer expresamente que las disposiciones de la Ley 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, no serán aplicables a las conductas ejecutadas por personas menores de dieciocho años de edad.
El 5 de octubre de 2010 se promulgó la Ley N° 20.467, modificatoria de la Ley 18.314, que perfeccionó la legislación en materia de delitos terroristas con el fin de adecuarla a los estándares internacionales existentes. Durante la tramitación del proyecto que dio origen a esa ley, se propuso establecer que a los menores que incurrieran en delitos calificados como terroristas se les aplicaría únicamente la Ley 20.084 sobre responsabilidad penal adolescente y no la Ley sobre Conductas Terroristas, en cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Esta iniciativa adecua las disposiciones de la legislación sobre conductas terroristas a los principios del derecho penal especial sobre adolescentes y a las convenciones internacionales suscritas por el país. Se advirtió que ello no significará impunidad para las conductas ilícitas cometidas por menores, sino solamente su penalización conforme a los tipos penales generales de nuestro ordenamiento jurídico.
El proyecto agrega dos incisos al artículo primero de la Ley Antiterrorista donde se señala que "la presente ley no se aplicará a las conductas ejecutadas por personas menores de 18 años" y precisa que esta exclusión "no será aplicable a los mayores de edad que sean autores, cómplices o encubridores del mismo hecho punible. En dicho caso la determinación de la pena se realizará en relación al delito cometido de conformidad a esta ley".
La iniciativa ahora debe ser remitida al Presidente de la República para su promulgación como ley.
8 de junio de 2011
7 de junio de 2011
©diario de la cámara

defensoría penal no tiene autonomía

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Defensora nacional se despide del cargo con críticas a poca autonomía del servicio. Paula Vial rindió su última cuenta anual luego de tres años al frente de la Defensoría Penal Pública (DPP). Fue nombrada en julio de 2008 y en febrero pasado, el gobierno le informó que no la renovará en el puesto.

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[Claudio Leiva Cortés ] Santiago, Chile. La defensora nacional Paula Vial lamentó la falta de autonomía de su servicio con respecto al Gobierno. Esta falta de independencia –según dijo- es la principal desventaja en comparación con el Ministerio Público (fiscalías de Chile).
Paula Vial rindió este lunes su última cuenta anual luego de tres años al frente de la Defensoría Penal Pública (DPP). Fue nombrada en julio de 2008 y en febrero pasado, el gobierno le informó que no la renovará en el cargo.
La Defensoría Penal Pública es un servicio dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, pero está sometida a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia. En cambio, el Ministerio Público es completamente autónomo del gobierno.
En las tres cuentas públicas rendidas por Paula Vial, sólo la primera contó con la asistencia del fiscal nacional Sabas Chahuán. Además, este último personero tiene una duración en el cargo de ocho años.

Demasiadas Prisiones Preventivas
Vial, quien se alejará de la institución el próximo 4 de julio, también criticó la gran cantidad de prisiones preventivas que piden las fiscalías en contra de personas que, muchas veces, son liberadas por falta de méritos.
"Pedir siempre la cárcel sin hacer distingos y bajar los estándares de exigencia para esta afectación de derechos tan grave, provoca cada vez más un número mayor de errores. Mientras más personas encerradas por error, menos dignidad para nuestra sociedad", indicó.
Por lo mismo, llamó a hacer un esfuerzo mayor "por poner el acento en las alternativas a la cárcel para lograr mejores resultados rehabilitadores, con el fin de disminuir con el hacinamiento en las prisiones del país y terminar con la indignidad e inhumanidad en la que viven las personas condenadas".
Explicó que si bien en 2010 la prisión preventiva se aplicó a 18.437 personas (5,8% menos que en 2009), en los últimos cuatro años el número de afectados ha crecido en 26%.

Cifras Destacadas
En cuanto a las cifras más relevantes de 2010, Paula Vial destacó que tanto los abogados institucionales como aquellos licitados atendieron a 320.223 personas durante el año pasado, lo que implicó una baja de 1,1% respecto de los imputados ingresados en 2009.
Agregó que en 2010, un 67,6% de los procesos finalizaron por una salida alternativa o una sentencia condenatoria, las dos principales formas de término.
Asimismo, los delitos más recurrentes fueron las lesiones (19,7 %), los hurtos (12,1 por ciento), aquellos contra la libertad e intimidad de las personas (11,5 %) y los que contempla la Ley de Tránsito (9,7 %).
Finalmente, mencionó el constante esfuerzo de la DPP por mejorar en los distintos ámbitos especializados que ofrece a sus usuarios -defensa juvenil, defensa penitenciaria y defensa indígena- estimulando las particularidades técnicas o culturales de cada una de ellas.
7 de junio de 2011
6 de junio de 2011
©la nación

familiares de mapuches inician ayuno

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Familiares de comuneros mapuches inician ayuno indefinido en Victoria. En una sala facilitada por la Universidad Arturo Prat, doce personas comenzaron con esta manifestación en respaldo a quienes están en huelga de hambre en hospital local.

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[Juan Antipán] Victoria, Chile. Los familiares de los comuneros que se encuentran en huelga de hambre en el hospital de Victoria contarán con un espacio para realizar un ayuno indefinido en la Universidad Arturo Prat, luego que no se les permitiera instalarse en las afueras del centro asistencial.
El director del hospital, Joaquín Sanzana, dijo haber conversado con los familiares, a quienes les explicó que bajo esa condición no les podía permitir permanecer en el centro asistencial.
Los familiares habían solicitado la capilla del nosocomio para permanecer en ayuno.
El facultativo agregó que la Corte de Apelaciones acogió a tramitación el recurso interpuesto por el Servicio de Salud Araucanía Norte, en orden a poder intervenir la huelga y que probablemente la acción legal sea revisada durante la jornada del martes por el pleno del tribunal de alzada regional.
Natividad Llanquileo, parte del grupo de familiares, dijo que en la casa de estudios les facilitaron una sala en la que se encuentran unas doce personas, cuatro de las cuales, ella incluida, iniciaron este ayuno indefinido para "acompañarlos mientras ellos estén en la huelga".
Están ahora en ayuno, entre otros, Pamela Pezoa y Hernán Llaitul, esposa y hermano de Héctor Llaitul; Juan Raiman, mamá de José Huenuche; y Natividad Llanquileo, hermana de Ramón Llanquileo.
En las últimas horas, el arzobispo de Concepción, Fernando Chomali, se reunió con los presos en huelga de hambre y los familiares para interiorizarse de la marcha de la situación, pero sin tener propuestas concretas aún sobre el tema.
7 de junio de 2011
6 de junio de 2011
©la tercera

contra los testigos protegidos

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Defensora nacional: "Hay que seguir dando la pelea contra testigos protegidos". Paula Vial insistió en sus críticas al juicio que condenó a los 4 mapuches en huelga de hambre. Por su parte, el presidente de la Suprema, Milton Juica, afirmó que Poder Judicial sólo acata las leyes aprobadas por el gobierno y Congreso.

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[Claudio Leiva Cortés] Santiago, Chile. La defensora nacional Paula Vial, después de entregar su última cuenta pública anual, dijo este lunes que "hay que seguir dando la pelea" contra los testigos protegidos, porque "no prestigian nuestro Estado de Derecho".
Paula Vial, quien dejará el cargo el próximo 4 de julio, aseguró que este tipo de testigos lleva a condenas como la de los 4 comuneros mapuches que se encuentran en huelga de hambre.
"Hay que castigar los delitos, pero respetando los derechos y las garantías de todos, y los testigos sin rostro son baches en este camino", añadió la defensora, a quien el gobierno no la confirmó después de tres años en el cargo
"Una democracia como la nuestra no se enaltece cuando las condenas se basan en testigos NN, respecto de los cuales los defensores no podemos hacer nada para enfrentarlos", insistió Paula Vial.

Presidente de la Suprema
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, dijo que si en el juicio contra los comuneros mapuches se utilizaron testigos protegidos, "al Poder Judicial sólo que le queda aceptar el procedimiento que la ley establece".
Añadió que "las críticas no son por el fallo mismo, sino que por el sistema, que establece una Ley Antiterrorista, una forma de procedimiento, y los jueces tiene que cumplir lo que el sistema".
Agregó que la Ley Antiterrorista y sus disposiciones son obra de los órganos colegisladores (gobierno y Congreso) y que "cambiar esa norma corresponde a otros actores y no al Poder judicial".

Campamento fuera de Hospital
En Victoria, en tanto, los familiares de los cuatro comuneros condenados se instalaron en carpas en el exterior del hospital y anunciaron la posibilidad de sumarse a la huelga de hambre.
Este lunes, los condenados Héctor Llaitul Carrillanca, Ramón Llanquileo Pilquiman, José Huenuche Reiman y Jonathan Huillical Méndez cumplieron 84 días sin consumir alimentos, en rechazo al juicio de Cañete.
El viernes, la Corte Suprema rebajos sus sentencias. Llaitul recibió un total de 14 años de cárcel, mientras que los otros tres fueron condenados a 8 años de presidio cada uno. Las condenas iniciales eran de 25 años para Llaitul y de 20 para el resto.
7 de junio de 2011
6 de junio de 2011
©la nación