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extienden plazo de investigación


[Jorge Escalante] Esmeralda: Extienden plazo de investigación a ministra Quezada.
Valparaíso, Chile. El Pleno de la Corte de Apelaciones de Valparaíso revocó su propia decisión de acotar el plazo de investigación que tiene la jueza, Eliana Quezada, quien indaga los delitos de lesa humanidad cometidos a bordo del buque escuela Esmeralda tras el golpe militar de 1973 y que expiraba el próximo 31 de diciembre.
En una reunión extraordinaria del pleno del tribunal de alzada porteño, los integrantes coincidieron que dado el revuelo que tuvo su determinación en la opinión pública, principalmente en las organizaciones de derechos humanos, estimaron prorrogar la investigación de la magistrado por seis meses.
La resolución se emitió tras la cita de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados con la Agrupación de ex Prisioneros Políticos de Valparaíso que preside Enrique Núñez, y Patricia Woodward, hermana del desaparecido sacerdote Miguel Woodward, quien también fue objeto de apremios en la embarcación insigne de la Armada.
Asimismo, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior interpuso un escrito ante ese tribunal advirtiendo que la revertida decisión es "ilegal", porque atenta contra de los principios del derecho penal internacional que condena los delitos contra la humanidad, los cuales obligan al Estado chileno a través de tratados y convenciones.
La ministra Eliana Quezada, integrante de esa Corte de Apelaciones de Valparaíso, fue designada por el pleno de la Corte Suprema para instruir causas por violaciones de los derechos humanos.
Si bien la magistrada ha tenido avances importantes en sus investigaciones acerca de las torturas cometidas en la Esmeralda, así como de la permanencia de Woodward en ese buque y su posterior desaparición, todavía está lejos de poder poner fin a sus indagatorias, según distintas fuentes vinculadas a las causas que instruye. De allí que la extensión del plazo es un aliciente para llegar a la verdad de lo ocurrido al interior de la Esmeralda.

19 de diciembre de 2007
©la nación
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pendiente discusión de reelección


Proyecto limita reelección de parlamentarios.
Valparaíso, Chile. La Cámara inició el debate de la moción que limita a una la reelección consecutiva de senadores y a dos la de diputados. Sin embargo, la discusión proseguirá en una próxima sesión, por haber concluido el tiempo del Orden del Día.
El texto (boletín 5429) corresponde a un proyecto de reforma constitucional, presentado por los diputados Edmundo Eluchans, Jorge Burgos, Juan Bustos, Alberto Cardemil y Guillermo Ceroni, que reforma el artículo 51 de la Carta Fundamental.
La iniciativa establece que las elecciones de diputados y de senadores se efectuarán conjuntamente. Los senadores podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo sólo por una vez; los diputados, en cambio; podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo por dos períodos.
Mediante un artículo transitorio, se dispuso además que esta reforma comenzará a regir en las elecciones parlamentarias de 2009.
Los autores fundamentan esta moción indicando que la posibilidad de que una persona que viene del mundo privado acceda a un cargo de elección popular, desplazando a alguien que detenta el cargo es muy difícil y se da en situaciones excepcionales.
Por otra parte, señalan que es indiscutible que la circunstancia de que las personas ejerzan los cargos públicos por períodos muy largos de tiempo atenta contra la renovación de ideas y propuestas, en contra de la eficiencia y buen ejercicio y, además, en contra de la seriedad, respetabilidad e independencia de las instituciones donde se cumplen esas funciones. Adicionalmente, pueden ser fuente de corrupción.

19 de diciembre de 2007
©diario de la cámara
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rechazan dictamen de corte


[Jorge Escalante] Comisión de Derechos Humanos recibe hoy a detractores del dictamen de la Corte de Valparaíso. Plazo a jueza de la Esmeralda llega a Cámara de Diputados.
Valparaíso, Chile. El pleno de la Corte de Apelaciones de Valparaíso revisará el lunes su decisión de ordenar a la jueza Eliana Quezada, para que el próximo 31 de diciembre ponga fin a sus investigaciones por los delitos cometidos a bordo del buque escuela en 1973.
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados analizará hoy el controvertido plazo que el pleno de la Corte de Apelaciones de Valparaíso puso a la jueza Eliana Quezada, obligándola a que el próximo 31 de diciembre ponga fin a sus investigaciones sobre los delitos de lesa humanidad cometidos a bordo del buque escuela Esmeralda tras el golpe militar de 1973.
Ante la comisión expondrán sus argumentos en contra de tal decisión la Agrupación de ex Prisioneros Políticos de Valparaíso que preside Enrique Núñez, y Patricia Woodward, hermana del desaparecido sacerdote Miguel Woodward, junto a su esposo Fred Bennett.
Impugnando la resolución del pleno de la Corte de Valparaíso, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior interpuso un escrito ante ese tribunal advirtiendo que tal decisión es "ilegal", porque atenta en contra de los principios del derecho penal internacional que condena los delitos contra la humanidad, los cuales obligan al Estado chileno a través de tratados y convenciones.
El pleno de la Corte de Valparaíso revisará su dictamen en su reunión del próximo lunes.

Máximo Tribunal
La ministra Eliana Quezada, integrante de esa Corte, fue designada por el pleno de la Corte Suprema para instruir causas por violaciones de los derechos humanos, por lo que, independientemente de lo que resuelva la Corte de Valparaíso, es al pleno del máximo tribunal del país a quien en última instancia corresponde decidir sobre este asunto.
Si bien la magistrada ha tenido avances importantes en sus investigaciones acerca de las torturas cometidas en la Esmeralda, así como de la permanencia de Woodward en ese buque y su posterior desaparición, todavía está lejos de poder poner fin a sus indagatorias, según distintas fuentes vinculadas a las causas que instruye.

19 de diciembre de 2007
©la nación
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nuevo ridículo de chile


Resolución en caso Palamara. CIDH instó a Chile a eliminar atribuciones de justicia militar.
Chile. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó a Chile a que ponga fin a las atribuciones de la justicia militar para resolver situaciones jurídicas de ciudadanos civiles.
La resolución fue formulada al fiscalizar al Estado chileno sobre el cumplimiento de la sentencia de ese tribunal (22/11/2006), en que Chile fue condenado de violar los derechos del ex empleado civil de inteligencia de la Armada, Humberto Palamara (en la foto).
La justicia naval prohibió en 1993 la publicación de su libro "Etica y servicios de inteligencia", en el cual Palamara relata delitos de lesa humanidad cometidos por la Armada en 1973, a través del Servicio de Inteligencia Naval (SIN). La corte destacó que Chile cumplió con varios de los puntos de la sentencia -devolver los libros, indemnizar al autor y autorizar la publicación- expresó que el Estado chileno aún no excluye a la justicia militar atribuciones para juzgar civiles.
La nueva resolución insiste en que Chile aún no elimina de su legislación normas que atentan contra de la libertad de pensamiento y expresión. Palamara fue representado ante la CIDH por abogados del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

19 de diciembre de 2007
©la nación
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buscan a hijos del general vega


[Luis Narvaez] Justicia belga pide interrogar a hijos de general (R) Vega. Oficiales niegan haber recibido dineros vinculados a comisiones por los aviones Mirage.
Chile. Exhorto enviado desde Europa comenzará a ser analizado en los próximos días por el tribunal. El CDE, parte en el proceso, analizaría el jueves los pasos a seguir. Generales mencionados niegan haber conocido operaciones descubiertas en EEUU.
Una batería de diligencias solicitó la justicia belga en el marco de un exhorto con que ese país pretende colaborar con la investigación que se desarrolla en Chile sobre el pago de comisiones ilegales por la compra de 25 aviones Mirage, en 1994.
En la comisión rogatoria enviada por el juez de instrucción de Bruselas, Daniel Franzen, se adjunta copiosa información, especialmente financiera, sobre la ruta que habrían seguido los cerca de 15 millones de dólares que se habrían pagaron en comisiones a los intermediarios del negocio entre nuestro país y Bélgica y que implicó un desembolso de 109 millones de dólares para las arcas nacionales.
Tras lograr levantar el secreto bancario en Suiza y EEUU, los investigadores europeos determinaron que existen transferencias a diversas cuentas de bancos -en ambos continentes- sospechosas de provenir de comisiones ilegales que podrían haber beneficiado a los tres hijos del ex comandante en jefe de la FACH, Ramón Vega, y a otros tres ex oficiales que, incluso, participaron en las etapas que llevaron al fisco a elegir ese cazabombardero para la flota nacional.

Cita a Declarar
El documento, que se encuentra en poder del 32º Juzgado del Crimen de Santiago, pide al menos 20 diligencias para que se realicen en Chile. Lo que más llama la atención es que se cite a declarar a Gustavo, Rosa María y Verónica Vega Pizarro en cuanto a la profusa información relativa a sus movimientos bancarios.
Junto con sus hijos, el ex senador institucional Ramón Vega nuevamente deberá declarar en este caso. Anteriormente, en 2003, el Primer Juzgado del Crimen de Santiago hizo declarar a Vega en el marco de la tramitación de otro exhorto solicitado por Bélgica. En esa oportunidad, respondió por escrito a un cuestionario, pues aún ostentaba fuero en su calidad de legislador. Posteriormente, en 2006, volvió a declarar voluntariamente. Así, ésta será la tercera vez que lo hace.

Entrevista a Tvn
En el tribunal del crimen, el documento internacional, que consta de cerca de 20 tomos, comenzaría a ser analizado en los próximos días. De ese análisis y de lo que eventualmente pueda solicitar el Consejo de Defensa del Estado (CDE) dependerá si la familia Vega declarara como testigo o en calidad de inculpados. Este último es el paso previo para someter a proceso a una persona.
Fuentes del caso indicaron a La Nación que el CDE se ha tomado con calma la información y que no se descarta que este jueves el Comité Penal del organismo analice los pasos a seguir.
En una entrevista concedida a TVN, el ex comandante en jefe de la FACH negó que su familia haya recibido dineros provenientes de las supuestas comisiones. "Cómo voy a poner a mi familia para que reciba comisiones, es algo casi burlesco".
Asimismo, negó que su yerno, Bernardo Van Meer (quien habría recibido más de 2,7 millones de dólares por ese negocio), tenga relaciones comerciales y que, lejos de las sospechas, la compra de los aviones "fue excelente, cumplió su objetivo y se pagó un precio sumamente conveniente".
Pese a negarlo, los policías europeos tienen copia de un fax, fechado el 3 de diciembre de 1993, en el que el propio Van Meer da cuenta a uno de los principales gestores del negocio, el general belga (R) Jacques Lefebvre (que se suicidó en 1995 una vez que estalló este y otros casos de corrupción), representante del consorcio franco belga Sabca que finalmente recibió el dinero chileno.
En el papel, Van Meer dice que "el general Vega (su suegro entonces) confirmó que estaba muy interesado en la propuesta belga". Además, para ocultar su rastro y suspicacias sobre la relación familiar que tenían, solicita en el documento que "mi nombre no debe ser mencionado en ningún momento y las comunicaciones oficiales deberían ser vía el señor Honzik (amigo de Vega), el representante de Sabca y Europavia (las dos empresas encomendadas por el gobierno belga para reacondicionar y vender los aviones).

"Pobres Militares"
La investigación que realiza Bélgica ya habría descubierto elementos que desprenden sospechas también sobre el general (R) Jaime Estay Viveros. El ex uniformado participó en las negociaciones que terminaron con la compra de los Mirage al punto de que firmó, a nombre del fisco y de la FACH, el acuerdo financiero con una entidad belga que permitió financiar la operación.
Desde una cuenta que la sociedad de papel Berthier Investment (de propiedad de Carlos Honzik) mantenía en el Coutts and Co Bank, de Miami, se emitieron tres cheques a nombre de "Jaime Estay", entre junio de 1995 y marzo de 1996, por un monto total de 65 mil dólares.
Al respecto, el general retirado se negó tajantemente a explicar la razón de haber recibido esos cheques. "¡Cómo se le ocurre que le voy a contestar por teléfono eso yo, con quién cree que está hablando, por Dios! ¡Qué manera de tratar de amargarle la vida a los pobres militares! No tengo nada que ver con eso, ésa es mi respuesta oficial, no he recibido nada y no le voy a contestar más", concluyó.
Por su parte, el general (R) Florencio Duble confirmó haber tenido una cuenta, "hace muchos años", en el Riggs National Bank, tal como lo descubrieron las autoridades de Bélgica. Pero sobre el depósito que recibió desde una cuenta de la sociedad off shore Intercountry Holdings, en abril de 1997, por 60 mil dólares, dijo que "no tengo nada que ver con eso que usted me dice".
Dicha empresa, que según los belgas habría distribuido comisiones ilegales, es de propiedad del chileno Conrado Ariztía, un ingeniero que también participó en el estudio de compra de aviones en ese periodo. Sobre Ariztía, Duble dijo que "somos amigos de muchos años, pero no sé nada de eso".

19 de diciembre de 2007
©la nación
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juez guzmán rinde homenaje


[Alejandra Lobo] Ex juez Juan Guzmán rinde homenaje a víctimas de Escuela Santa María. El ex magistrado calificó la masacre de pampinos como un acto "ignominioso y cobarde".
Iquique, Chile. El ex magistrado Juan Guzmán Tapia y la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Dobra Luksic, depositaron una ofrenda floral en el monumento que recuerda a los caídos en 1907 en la Escuela Santa María de Iquique y pidieron que "nunca más en Chile vuelvan ocurrir violaciones a los derechos humanos".
En el marco de las actividades del centenario de la masacre obrera, Luksic y Guzmán rindieron un homenaje a los obreros fallecidos a nombre de la Universidad Central, de donde son académicos. En el lugar estuvieron acompañados de los coordinadores nacionales de la conmemoración y de autoridades locales.
Ambos jueces consideraron el asesinato de los calicheros como un acto "ignominioso y cobarde" sobre todo por la vergonzosa aceptación de las autoridades de turno en esa masacre.
Guzmán aseveró que es necesario mostrar a la comunidad los hechos ocurridos en 1907. "Hay que demostrar esto a la comunidad para que nunca más ocurra en nuestro país que autoridades hagan vista gorda o se involucren en una violación a los derechos como la que sucedió aquí. En la historia se destaca, muchas veces exagerando, hechos que podrían ser heroicos. Sin embargo, un suceso como la matanza de la Santa María, ordenada por un Presidente de la República, después por un intendente, por el ministro de Defensa o del Interior, y por último, por un general del Ejército, encuentro que son actos que ignominiosos, tan cobardes, que es por eso que la historia los cubre. En este momento hay que mostrar la gente lo que ocurrió, para que haya el respeto a los derechos humanos que las personas merecen", sentenció.
Haciendo una comparación con los casos de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen militar, el ex magistrado aseveró que "la Corte Suprema alguna vez deberá pedir perdón a los miles de torturados y desaparecidos en Chile durante la dictadura militar".
En esa línea, Guzmán valoró el gesto del ministro del Interior, Belisario Velasco, de pedir perdón por la responsabilidad de las autoridades en el asesinato de miles de obreros y sus familias. "Aunque no se trate de los mismos personajes, es importante dar una señal, hacerse responsable de estos hechos, aunque sea 100 años después", indicó.

19 de diciembre de 2007
©la tercera
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suspenden huelga de hambre


Tras 65 días el sábado fue suspendida la huelga de hambre que desde el 10 de octubre llevaban a cabo cinco comuneros mapuches presos en Angol.
Angol, Chile. Así lo informó el obispo de Temuco, Manuel Camilo Vial, tras reunirse con los huelguistas y asumir como mediador en las negociaciones con el Gobierno. "Les pedí un mandato por escrito y asumí esa responsabilidad. Hice los contactos privadamente (...) pudimos establecer contacto entre los huelguistas y la gente de Gobierno que podrían buscar soluciones concretas para las demandas que ellos tienen", explicó Vial a Radio Cooperativa.
Sin embargo, otras versiones señalan que sólo José Huenchunao, Jaime Marileo y Juan Millalén terminaron el ayuno y lo continuarían Patricia Troncoso y Héctor Llaitul.

17 de diciembre de 2007
©la nación
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sigue juicio por crimen de berríos


[Javier Rebolledo] Caso Berríos. Testimonio clave complica a uruguayos procesados.
Santiago, Chile. Los tres militares uruguayos extraditados niegan su vinculación con la muerte del ex químico de la DINA, pero la declaración de un ex agente de la CNI indica que junto a dos militares chilenos estuvieron en Parque del Plata, el lugar desde donde desapareció Berríos.
Hoy se llevarán a cabo en la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago los alegatos correspondientes a la solicitud para levantar el arraigo que pesa sobre los tres militares uruguayos procesados por asociación ilícita en el caso del crimen del químico de la DINA, Eugenio Berríos.
El general en retiro del Ejército uruguayo Tomás Casella y los coroneles en servicio activo Wellington Sarli y Eduardo Radaelli se encuentran en Chile desde abril de 2006 luego de que el gobierno de Tabaré Vásquez accediera a la extradición para que fueran juzgados por el ministro que instruye la causa, Alejandro Madrid.
La parte querellante usará como argumento principal para evitar que los militares vuelvan a Uruguay el testimonio del teniente de Ejército (R) y ex agente de la CNI, Luis Arturo Sanhueza Ros -parte del proceso- y que hasta ahora no era de conocimiento público.
Según la declaración de Sanhueza, la noche del 14 de noviembre de 1992, el mayor de Ejército Arturo Silva Valdés "El Peineta" (procesado como autor material del crimen de Berríos junto al también mayor retirado, Jorge Torres Gacitúa) llegó a la casa de Sarli, ubicada en Parque del Plata a pocos metros del chalet de Eduardo Radaelli, desde donde el químico de la DINA se escapó al día siguiente para dirigirse a la comisaría del balneario y denunciar que lo tenían secuestrado.
Esa fue la última vez que el químico fue visto con vida. Posteriormente, en abril de 1995, sus restos óseos aparecieron en la playa El Pinar, ubicada a poca distancia de Montevideo con varios balazos en la cabeza. Sin embargo, se estima que habría sido asesinado entre enero y abril de 1993.
Tanto Sanhueza como Eugenio Berríos habían salido del país en una operación efectuada por la DINE conocida como ‘control de bajas'. En ella, el Ejército trasladó a Argentina y Uruguay, con la colaboración de los secretos de inteligencia de esos países, a agentes chilenos que manejaban información trascendental en causas de lesa humanidad y que podían afectar la institucionalidad castrense: mientras el químico de la DINA había sido requerido a declarar, y posteriormente el ministro Adolfo Bañados extendió una orden de detención en su contra -en el marco de la investigación por la muerte del canciller Orlando Letelier-, algo similar ocurría con Sanhueza, implicado en los crímenes de Jecar Neghme y Operación Albania.
Según consta en el proceso del caso Berríos, Sanhueza se encontraba en la casa de Sarli debido a que era uno de los agentes uruguayos que lo cuidaba en Uruguay. El oficial uruguayo lo habría invitado, junto a su mujer, a su casa en la playa luego de enterarse que el padre del ex agente CNI había muerto recientemente.
El testimonio de Sanhueza agrega que al día siguiente de la visita de Silva Valdés a la casa de Sarli -el 15 de noviembre de 1992- fue a la iglesia. Al regresar, se encontró con que la residencia estaba llena de militares. Del lado chileno, Valdés y Torres Gacitúa se lamentaban amargamente. Sarli y Radaelli hacían lo mismo.
De acuerdo a su declaración, Sanhueza asegura que en ese momento no tenía idea del motivo del evidente pesar de los efectivos. Recién en 1993, cuando estalló el escándalo por el secuestro de Berríos, el ex CNI asoció los hechos y llegó a la conclusión de que la razón del desconsuelo de los militares se debía a que pocos minutos antes el químico se les había escapado.
Sin embargo, hasta ahora la estrategia de los militares uruguayos ha sido negar la versión judicial de Sanhueza, apoyada por el testimonio de su esposa. Durante este año, incluso fueron careados. Según Sarli, la visita del matrimonio chileno a su casa nunca se materializó y Radaelli niega haber estado en ese lugar. Lo mismo declararon los militares chilenos nombrados en el testimonio del ex agente CNI. Lo particular es que, según los testimonios del proceso que se siguió en Uruguay, originalmente un militar de ese país junto a dos civiles de nacionalidad chilena fueron a reclamar la entrega de Berríos.
La investigación sumaria del caso se encuentra próxima a terminar, para entrar al plenario y luego dictar las sentencias correspondientes. Además de los uruguayos, están procesados como presuntos autores materiales del secuestro y homicidio los mayores en retiro Arturo Silva Valdés y Jaime Torres Gacitúa. Por obstrucción a la justicia y asociación ilícita, están encausados los generales retirados Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias, ambos ex jefes de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).

17 de diciembre de 2007
©la nación
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