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corrupción en la fuerza aérea


[Luis Narváez] ‘Dossier Mirage': el informe de la Justicia belga. Justicia belga descubrió que los hijos del ex comandante en jefe de la FACH y ex senador designado Ramón Vega Hidalgo y tres altos oficiales recibieron dineros vinculados a comisiones por la compra de los aviones.
Chile. Todo es ceremonioso y programado en Bruselas. Los modernísimos buses pasan a la hora y los bien mantenidos tranvías dan un aire de presente y pasado a esta monumental ciudad. Así es la capital de Bélgica, una mezcla de la modernidad europea con lo que queda de la antigua ciudad de la realeza de Alberto II. En pleno centro, el viejo edificio de los tribunales alberga a los Juzgados de Instrucción y la Corte Suprema. Cruzando una amplia avenida, justo enfrente, se levanta el nuevo e imponente edificio de la Procuraduría General.
Ambos edificios albergan el corazón de una de las investigaciones más importantes que se han realizado en Europa en los últimos 20 años, donde se han visto comprometidos el Gobierno local, partidos políticos y funcionarios públicos en actos de corrupción vinculados a la compra y venta de armamento.
Los mismos que han remecido el ambiente político con escandalosas revelaciones de corrupción, ahora cuentan con fuertes elementos de prueba para sospechar que se pagaron comisiones ilegales por la venta a Chile de 25 aviones Mirage 5, en 1994.
Un exhorto enviado por ellos, en 2003, permitió que se abriera un proceso en Chile para indagar si se pagaron coimas a funcionarios chilenos. El caso, después de cuatro años, está paralizado porque, a pesar de obtener valiosas declaraciones, hasta la fecha no se ha logrado tener acceso a la ruta internacional que siguieron las comisiones pagadas en la operación de venta a Chile de dichos aviones.
Durante casi tres años de investigación, LND pudo acceder, en Bélgica, Estados Unidos y Chile, a documentos exclusivos e información oficial que son parte del material que conforma un grueso expediente de casi 20 tomos, celosamente custodiados en Bruselas. Dicho material ha sido reunido con sigilo por las autoridades de la Procuraduría Anticorrupción, que lidera el fiscal Pierre Morlet, y finamente analizados por el juez Daniel Franzen.
A estas alturas, gracias a los informes elaborados por los comisarios de la policía judicial Claude Bernard y Luc Philippart, el magistrado ha llegado a algunas conclusiones que deberán ser acuciosamente investigadas por la Justicia chilena.
De los 109 millones de dólares que desembolsó el fisco chileno por la compra de los cazabombarderos, 15 millones fueron a parar en comisiones. Si bien eso se estipula en el contrato, la investigación belga revela que se ocultó el pago a intermediarios informales y que éstos habrían realizado transferencias bancarias a cuentas extranjeras de funcionarios públicos chilenos.
Dentro de los secretos mejor guardados de los belgas, se estableció que unos 700 mil dólares (actualizados serían 469 millones de pesos) fueron a parar a las cuentas de los tres hijos del ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea y ex senador designado Ramón Vega Hidalgo. Según fuentes de la investigación internacional, esas transferencias "podrían constituir el pago de comisiones ilegales provenientes de la venta de los aviones Mirage".
Asimismo, luego de que los belgas lograran que las autoridades de Suiza y Estados Unidos levantaran el secreto bancario, se habría establecido que otros tres oficiales de la FACH, que participaron como funcionarios públicos en algunas instancias de la negociación para la compra por parte de Chile de los citados aviones, también habrían recibido dineros desde cuentas de intermediarios que obtuvieron comisiones por la millonaria transacción. Ellos serían los generales en retiro Jaime Estay Viveros y Florencio Dublé Pizarro y el coronel (R) Luis Bolton Montalvo.
A principios de 1990, Chile se encontraba en la necesidad de renovar su flota de cazabombarderos. Pero el presupuesto de la renaciente democracia aún era pequeño para este propósito. Por eso se prefirió adquirir material usado.
Alertados de la necesidad de la FACH, la empresa franco-belga Sabca (Sociét Anonyme Belge de Constructions Aéronautiques) comenzó a indagar el mercado nacional utilizando contactos bien posicionados. Pocos años antes, la empresa, cuyo principal accionista es la misma fabricante de los Mirage, la francesa Dassault, se había adjudicado el Mirage Safety Improvement Program (Mirsip), un proyecto para reacondicionar y comercializar 20 aeronaves Mirage 5 dadas de alta por la Fuerza Aérea belga. Al mismo tiempo, Sabca incluyó a la empresa Europavia, también belga, para explorar los posibles mercados de destino para esos aviones.

Caja Pagadora
Fue así como Bernard Carayon, uno de los directores de Europavia-Sabca, se puso en contacto con un conocido suyo, Bernardo van Meer, en ese entonces casado con Rosa Vega Pizarro, una de las hijas del jefe de la aviación chilena, ambos radicados en Gran Bretaña. Así, se registraron varias reuniones entre Carayon, Van Meer y el general (R) de la Fuerza Aérea de Bélgica Jacques Lefebvre, que trabajaba para Europavia.
Paralelamente, se contactó a uno de los representantes de empresas de armamento más influyentes en Chile: Carlos Honzik. De origen checo, este comerciante de armas representaba en Chile a empresas como SIG y Mowag y mantenía una estrecha amistad con Augusto Pinochet Ugarte. Según los antecedentes belgas, Honzik habría preparado todo el dispositivo para repartir los dineros en caso que el negocio resultara. Lefebvre viajó a Chile en dos oportunidades, en 1992 y 1993, para reunirse con Honzik y con un tercer agente del rubro, un ciudadano belga avecindado en Chile desde la década del cincuenta, Francisco de Smet d Olbeck.
Pese a que Ramón Vega ha negado reiteradamente que las negociaciones hayan comenzado antes de 1994, los documentos a los que LND tuvo acceso registran comunicaciones de Van Meer donde manifiesta a los europeos, al menos desde septiembre de 1993, la posición de su suegro, Ramón Vega.
Asimismo, la investigación contradice los dichos del ex senador, ya que el negocio se cerró con la empresa Sabca y no de "Estado a Estado", como él mismo declaró judicialmente.
De esta forma, el Estado chileno pagó directamente a la empresa Sabca 109 millones de dólares, que era, supuestamente, el precio de los aviones. Sabca se quedó con 39 millones y el resto fue entregado al fisco belga.
De los 39 millones, 15 fueron derivados a Europavia. Esta última, luego de recortar 550 mil dólares, depositó 14,45 millones de dólares en la cuenta "Solane Main" que Carlos Honzik había abierto el 8 de febrero de 1994 a nombre de una de sus sociedades de papel, Berthier Investment Inc., con sede en las Islas Vírgenes.
Berthier, según los belgas, habría actuado como una verdadera caja pagadora para todos los intermediarios. Luego de que Suiza levantara el secreto bancario y que el Clariden Bank de Zurich les mostrara todos los movimientos financieros de Berthier, los belgas llegaron a la convicción de que Sabca elaboró una verdadera trama financiera para ocultar los pagos a comisionistas.
La Procuraduría belga logró, por ejemplo, determinar que se pagaron comisiones a Lefebvre, Carayon, De Smet y Honzik. Pero los últimos antecedentes conocidos indican que una parte de los dineros (1.169.735 dólares) fueron a parar a otra sociedad de papel: la Intercountry Holding.
Dicha entidad tenía una cuenta (0116154103) en el Espirito Santo Bank de Miami. Entre el 9 de enero de 1995 y el 18 de marzo de 1997 recibió un total de 12 transferencias.
Con sede en Nassau (Bahamas), Intercountry era representada con poderes bancarios por el chileno Conrado Ariztía O Brien (64 años). Ante la policía chilena, en el marco de la investigación local, Ariztía declaró que nunca participó en las negociaciones.
Sin embargo, los informes bancarios indican, según la autoridad belga, que Ariztía recibió parte de las comisiones y se prestó a su ulterior distribución para tender un manto de humo sobre el movimiento de los dineros.
Ariztía mantuvo cinco cuentas en el Espirito Santo Bank a nombre de empresas suyas (Intercountry, Management Consultants, Technical Ventures, Organizacional Investments, además de I. Systems). Asimismo, tenía en el mismo banco otras tres a nombre suyo (115400327, 115343897 y 106427255).
Uno de los ejecutivos que atendió al empresario fue Edgard Tatman, el mismo que ayudó a Pinochet a ocultar su fortuna por esos mismos años.
Según la Justicia belga, los movimientos de dinero demostrarían que Ariztía envió remesas desde el Espirito Santo Bank a cuentas de terceros que "podrían constituir el pago de comisiones ocultas" a ex funcionarios de la FACH.
El coronel (R) Luis Bolton Montalvo es hoy gerente de operaciones de Aerolínea Principal, dedicada a vuelos privados, de propiedad de los antiguos dueños de la desaparecida National. También representa a HAL, una fábrica de helicópteros india. Según los registros, Bolton recibió tres transferencias: una de 70 mil dólares desde una cuenta de Technical Ventures, otra de 60 mil dólares de una de las cuentas personales de Ariztía y 30 mil de Management Consultants. El coronel (R) Bolton participó, en su tiempo, en las comisiones técnicas de la FACH que optaron por adquirir los Mirage 5.
Otro que habría recibido dineros originados supuestamente de las comisiones de la venta de los Mirage es el general (R) Florencio Duble. Se descubrió que el ex uniformado mantiene una cuenta en el Riggs Bank de Washington (115-16204384) que recibió 60 mil dólares el 7 de abril de 1997, desde la cuenta de Intercountry Holdings. Duble llegó a ser jefe del Estado Mayor de la FACH y fue uno de los sancionados, en 1998, por el escándalo de los envíos personales realizados por oficiales desde el extranjero utilizando la figura de ‘pertrechos militares'.

El Clan Vega
Dentro de las sorpresas que arrojó el levantamiento del secreto bancario en Estados Unidos, la Justicia belga descubrió que numerosas transferencias realizadas desde cuentas mantenidas por Berthier Investment y Carlos Honzik en el Coutts and Co. de Miami, también podrían corresponder a presuntas comisiones secretas pagadas al seno de la familia del general (R) Ramón Vega Hidalgo.
De esta forma, uno de los documentos indica que Gustavo Vega Pizarro, hijo de Ramón Vega Hidalgo, mantenía una cuenta en el Coutts and Co. (54418911). Pero no era una cuenta cualquiera. En el extracto de presentación del cliente, el banco indica que el titular actúa como representante de su padre. Las fichas están rotuladas con la denominación "Gustavo Vega P. ITF (In Trust For) Ramón Vega H.".
Asimismo, Vega Hidalgo aparece como administrador de Inversiones Calafquen (una sociedad constituida en Chile) y el banco también le asigna una tarjeta de crédito.
El 28 de marzo de 1996 se registra una transferencia de 441 mil dólares desde la cuenta personal (543165) que Carlos Honzik mantenía en el Coutts bajo la denominación de "TABA" a dicha cuenta de los Vega. Llama la atención que el documento que ordena el movimiento tiene la siguiente orden expresa: "Do not mention the name" (no mencionar el nombre).
Informaciones recibidas por LND desde Estados Unidos indican que el Riggs National Bank de Washington tiene entre los titulares de sus cuentas a una persona llamada "Ramón Hidalgo". Los belgas indagan si esa cuenta pertenece o no al ex comandante en jefe de la FACH y si utilizó un sistema similar al del dictador Pinochet para ocultar su identidad en dicha entidad financiar.
El 15 de julio de 1996, Carlos Honzik transfiere desde su cuenta TABA, 20 mil dólares a la cuenta (38336977) que Rosa María Vega Pizarro, una de las hijas del general Vega, mantenía en el Midland Bank de Londres. Dos años más tarde, en marzo de 1998, Rosa María recibe dos depósitos por un total de 100 mil dólares en su cuenta (62983140), esta vez en el Coutts de Londres.
Dentro de los destinatarios inesperados de dineros de los Mirage, revelados por las investigaciones belgas, aparece otro chileno que hasta ahora resultaba desconocido. Se trata de Bartolomé Dezerega Salgado. En el mapa del movimiento de dineros, Dezerega aparece como propietario de Nor-Sur-Management Consultants, titular de dos cuentas en el Espirito Santo Bank de Miami.
Según la investigación europea, Dezerega, mediante la empresa mencionada, recibió casi tres millones de dólares en su cuenta 116154114 desde las cuentas que mantenía Conrado Ariztía.
De estas transferencias, los belgas identifican dos depósitos, por 98.301 y 85.052 dólares, originados posiblemente en la venta de los Mirage, porque sostienen que coinciden "exactamente" con tres lotes de comisiones ingresadas a la cuenta 116154103 de Intercountry Holding.
Vinculado a las cuentas que mantenían Berthier y Honzik en el Coutts de Miami aparece también beneficiado con sumas de dinero el general (R) Jaime Estay Viveros. El ex uniformado fue quien firmó por parte del fisco, ante las autoridades belgas, el contrato de crédito que permitió la adquisición de los aviones. Fue comandante de la IV Brigada Aérea y coordinador del Comité de Asesoría Técnica de la Agencia Chilena del Espacio. Según los antecedentes recogidos en EEUU, Estay Viveros habría recibido, entre junio de 1995 y marzo de 1996, unos 65 mil dólares, a través de tres cheques (114, 122 y 137) distintos girados desde la cuenta que Berthier mantenía en el Coutts. Estay Viveros aparece cobrando uno de esos cheques (el 122, por 20 mil dólares) y transfiriendo su monto a una cuenta que mantenía en el Riggs Bank.
El 15 de diciembre de 1995 fueron transferidos desde la misma cuenta donde fueron liberados los fondos para el general Estay Viveros 20 mil dólares a la cuenta 0051191203 que Verónica Vega, la otra hija del ex comandante en jefe de la FACH, mantenía en el Chase Manhattan Bank de Nueva York.
El yerno de Vega, Bernardo van Meer, recibió un total de 2.774.989 dólares en su cuenta 40361, de la Société de Banques Suisses, de Zurich. Desde allí transfirió 23.282 dólares a la cuenta de Rosa María Vega.

Los Efectos
En mayo de este año, el fiscal general belga, Pierre Morlet, quien trabaja estrechamente con el juez Daniel Franzen, anunció a LND que estaban preparando el envío de documentación para las autoridades judiciales chilenas.
El alto funcionario dijo en ese entonces que "es probable que las autoridades belgas transmitan pronto una copia íntegra del expediente a las autoridades chilenas, con el fin de permitirles perseguir, si se hace allí, a las personas que residen en Chile y que, por hipótesis, estarían implicadas en los hechos".
En dos viajes realizados a Bélgica, ni abogados ni policías chilenos lograron tener acceso a los antecedentes que manejan los belgas, más que por vía oral.
Sin embargo, informaciones obtenidas por este medio indican que las autoridades europeas despacharon hace más de un mes una copia íntegra del ‘Dossier Mirage', para que sirva de impulso al proceso que actualmente (tras el cierre de la mayoría de los Juzgados del Crimen de Santiago) se encuentra radicado en el 32º Juzgado del Crimen.
Al cierre de esta edición, dicha documentación había pasado por los trámites de rigor en la Corte Suprema y se esperaba su despacho hasta el tribunal donde podría reactivarse el proceso.
Por ahora, los antecedentes conocidos por este medio también revelan vínculos con la red de bancos y cuentas creadas por Óscar Aitken para ocultar la fortuna de Pinochet y algo más.

16 de diciembre de 2007
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condenan a tres suboficiales


Corte de Apelaciones condena a tres carabineros por crimen en 1973, pero rechaza demanda civil contra el estado.

Santiago, Chile. Tres ex suboficiales de Carabineros fueron condenados por secuestro de profesor.
Los uniformados en retiro José Salazar y José Bertrán fueron sentenciados a 12 años de cárcel, mientras Juan Villablanca a ocho años.
El ministro de fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago Joaquín Billard condenó a tres suboficiales en retiro de Carabineros por el secuestro calificado del profesor Juan Heredia Olivares, detenido el 16 de septiembre de 1973 en Los Angeles, Región del Biobío.
El magistrado sentenció a los ex uniformados José Salazar Muñoz y José Bertrán Gálvez a penas de 12 años de presidio como autores del secuestro, mientras que Juan Villablanca Méndez fue sentenciado a ocho de cárcel por el mismo delito.
No obstante, el tribunal de alzada capitalino determinó rechazar la demanda en materia civil, planteada contra el fisco por la cónyuge y los hijos de la víctima.
Según se informó, esta sentencia irá en revisión a la Corte de Apelaciones y posteriormente a la sala penal de la Corte Suprema, informó Radio Cooperativa.

15 de diciembre de 2007
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duelo nacional por matanza de 1907


Bachelet accede a petición de duelo nacional por conmemoración de matanza en Iquique.
Valparaíso, Chile. El próximo 21 de diciembre se conmemoran 100 años de la matanza de obreros salitreros ocurrida en la Escuela Santa María de Iquique.
El titular de la Cámara de Diputados, Patricio Walker (DC), afirmó este viernes que la Presidenta Michelle Bachelet accedió a que se decrete duelo nacional el próximo 21 de diciembre con motivo de la conmemoración de los 100 años de la matanza ocurrida en la Escuela Santa María de Iquique.
La petición fue formulada junto al diputado del PPD Antonio Leal, ocasión en que además entregaron formalmente una edición del libro ‘La Masacre de la Escuela Santa María de Iquique: Mirada Histórica desde la Cámara de Diputados', de autoría de la Biblioteca de la Cámara Baja.
De acuerdo con lo señalado por el presidente de la Cámara, "la Presidenta accedió a nuestra petición de manera transversal de decretar duelo nacional el 21 de diciembre, para conmemorar los 100 años de la masacre de la Escuela de Santa María de Iquique. Es decir, para que no se borre de la memoria, para no olvidar, para que no se repitan esos errores".
"Se va a decretar duelo nacional, y eso va a significar que las banderas van a tener que estar a media asta, y va a ser una instancia de reflexión para todo el país, para recordar a los obreros que fueron mártires del abuso de una decisión arbitraria, irracional, criminal, tomada por quienes detentaban el poder", argumentó Walker.
Por su parte, Antonio Leal aclaró que la Cámara Baja "valora la decisión de la presidenta Bachelet de acceder a la petición que le habíamos planteado con el diputado Walker y los parlamentarios de todas las bancadas".
"Ella estaba muy conmovida con el libro editado por la Cámara de Diputados, porque efectivamente este representa una forma de mantener la memoria sobre un hecho tan trágico que vivió el mundo obrero, las mujeres, los niños de nuestro pueblo que fueron masacrados", explicó.
La publicación recoge distintas miradas sobre el acontecimiento, puesto que participaron en su elaboración profesionales de distintas disciplinas, tales como antropólogos, sociólogos, politólogos, abogados e historiadores, investigación que además se apoya en elementos fotográficos de la época, los cuales dan cuenta del hecho y contextos gráficos que rodearon la situación.

14 de diciembre de 2007
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fortuna mal habida sigue embargada


[Andrea Chaparro] En fallo dividido, magistrados confirmaron resolución de ministro instructor del caso Riggs. Corte mantiene embargados US$ 4 millones a los Pinochet.
Santiago, Chile. Los jueces desecharon petición de viuda del general (R), Lucía Hiriart, por no estar acreditado origen de los fondos y continuar pendiente auditoria que ordenó la Suprema.
En fallo dividido, la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó liberar los cuatro millones de dólares embargados a la familia Pinochet en el caso Riggs, tras desechar la petición de la viuda del general (R), Lucía Hiriart, quien reclamaba la titularidad de esos dineros.
En la resolución, los ministros Juan Escobar y Jorge Dahm fundaron su negativa en que "aún subsisten dudas acerca del origen de los fondos cuyo giro se ha solicitado".
Añadieron, en el dictamen, que "se sospecha que son dineros del Estado de Chile que estaban destinados a actividades propias del servicio público y que los usó para fines particulares".
Esto independientemente de si el fallecido Augusto Pinochet justificó y declaró o no sus ingresos ante la autoridad competente, consignaron en el fallo.
Además, sostuvieron que precisamente es materia de la investigación establecer la procedencia de la fortuna el general (R) y si ésta dice relación con el desvío de gastos reservados de la Presidencia o de la Comandancia en Jefe del Ejército.
En ese sentido, recordaron que la misma Corte Suprema -cuando revisó los procesamientos por malversación- ordenó al ministro instructor del caso Riggs, Carlos Cerda, encargar una auditoría contable respecto de estos dineros para aclarar su origen.
Con esto, los magistrados confirmaron el dictamen del ministro instructor (S) de la causa, Juan González, quien ya había rechazado la solicitud el 23 de mayo pasado.
El embargo que pesa sobre los cuatro millones 093 mil 493 pesos fue decretado en agosto de 2004 por el actual supremo y entonces juez del caso, Sergio Muñoz. En esa oportunidad, dispuso como medida cautelar preventiva "la prohibición de enajenar o de transferir a cualquier título, dineros de los fondos fiduciarios tomados en el Banco de Chile Nueva York".
Luego, ordenó traer a Chile los dineros y depositarlos una cuenta a nombre del tribunal. La familia Pinochet intenta desde entonces recuperar la suma retenida. Así, en resoluciones de abril y septiembre de 2005, el ministro Muñoz autoriza levantar parcialmente el embargo para que Pinochet pueda pagar impuestos que adeudaba históricamente al organismo fiscal.

Voto de Minoría
El voto de minoría fue el abogado integrante Ángel Cruchaga, que se basó justamente en estos alzamientos concedidos. A su juicio, esto permite concluir que el tribunal, en ese momento, excluyó la posibilidad de que "los fondos retenidos fueren efectos del delito, pues de otra manera, no habría autorizado pagar los impuestos con dineros provenientes de un delito o dicho de otra manera, con fondos mal habidos", expresó en el dictamen.
Agregó que si se liberó fondos a Pinochet para pagar sus impuestos fue por considerarse que ellos le pertenecían. Para Cruchaga este tipo de embargo por eventuales responsabilidades civiles no es sostenible tras la muerte de Pinochet y la consecuente dictación de sobreseimiento definitivo, distinta sería la situación si el embargo respondiera a "efectos del delito", subrayó en la resolución.

14 de diciembre de 2007
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fondo solidario de pensiones


[Cecilia Yañez] Pensión con aporte estatal comenzaría a incrementarse progresivamente hasta llegar a $ 255.000 en 2012. Gobierno firma acuerdo con senadores.
Santiago, Chile. Documento suscrito por senadores de las comisiones de Hacienda y Trabajo y los ministros del ramo permitirá una tramitación más rápida de la reforma previsional. No hubo consenso respecto a la creación de una AFP estatal.
Con retraso y no exento de dificultades de último minuto, finalmente ayer se firmó el protocolo de acuerdo de las comisiones de Hacienda y Trabajo del Senado para la reforma previsional.
Es así como el titulares de las carteras de Hacienda y del Trabajo y los senadores que participan de esta instancia acordaron 22 puntos del proyecto de ley que deberá finalizar su segundo trámite constitucional el próximo martes 8 de enero.
Como cada lunes y jueves, las comisiones unidas debían empezar a sesionar a las 11 de la mañana en la sala número uno del tercer piso del ex Congreso Nacional, en la capital, pero el retraso de algunos senadores hizo aplazar el encuentro.
En cuanto llegó el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, se reunió con los parlamentarios de la Alianza en la oficina del senador Andrés Allamand. Tras permanecer allí durante más de una hora, todos juntos subieron hasta el tercer piso. Los aplausos que sellaron la firma del acuerdo demoraron otra media hora más, hasta que finalmente salieron del salón.
El más entusiasta fue el ministro Velasco. "Palabra de mujer, dicho y hecho. La presidenta comprometió un nuevo sistema de pensiones para Chile y eso es lo que este acuerdo hace posible. Esa es una gran noticia para todos los chilenos y chilenas", dijo.
"Hay acuerdo respecto de las fechas. El día 8 de enero se estaría votando el proyecto de ley (en el Senado), por lo tanto (se cumplirá) el compromiso de que se estén pagando los nuevos beneficios a partir de julio del próximo año", señaló Velasco.
El ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, valoró el acuerdo de 22 puntos señalando que en lo único que no hubo acuerdo fue en el tema de ingreso de la banca al mercado de las AFP. Según Andrade, no habían puntos que frenaran el acuerdo, lo que había eran temas de redacción. Lo más complejo, fue lo referente a las licitaciones.
"El acuerdo señala que las bancadas comprometen el respaldo de sus senadores y senadoras en su totalidad. Suscriben los miembros de la comisión, pero hacen extensivo (el acuerdo) al resto", señaló. Andrade destacó la gran voluntad de senadores y senadoras de las diversas fuerzas políticas para avanzar en esta materia. "Las mejoras al pilar solidario permitirán que 400 mil personas adicionales van a recibir beneficios en el curso de este gobierno", puntualizó.
El senador UDI Pablo Longueira dijo que éste "ha sido un gran acuerdo, importante para los chilenos. A lo mejor cuando comenzamos nunca pensamos llegar a acuerdos en tantas materias. Creo que hemos perfeccionado el proyecto y los chilenos pueden tener la tranquilidad que una vez que el Senado despache el proyecto en el Congreso van a tener un sistema previsional que mejore sus pensiones, mejorará la rentabilidad de los fondos, habrá más competencia y todos los chilenos tendrán una vejez más digna".
Consultado por el retraso en la firma, el parlamentario negó que fueran "trabas". "Lo que pasa es que el acuerdo es de una envergadura tal, que incluimos todos los temas. En algunos quisimos que la redacción quedara establecida previamente al acuerdo, porque son materias muy técnicas, muy complejas y eso requería chequeos con equipos técnicos que nos han venido asesorando hace varios meses", indicó. Longueira también destacó que "se perfeccionarán los gobiernos corporativos de las AFP, que nos van a dar a todos garantías de que los eventuales conflictos de intereses van a evitarse al máximo. Esto es importante porque cuando las administradoras manejan gran parte de los fondos de los chilenos, es bueno que se genere el menor conflicto de intereses".
En tanto, el presidente del Partido Socialista y vocero de la Concertación, Camilo Escalona, calificó el acuerdo de "sólido" y dijo que si bien en algún momento de la mañana estuvo preocupado producto del retraso y hasta temió que no se llegará a acuerdo, "afortunadamente se hizo un gran esfuerzo de parte del Ejecutivo, de parte de la oposición, de parte de los senadores de la Concertación", cuestión que es una "señal de madurez política de que los temas de diferencia se pueden resolver".
El senador socialista Juan Pablo Letelier señaló que "con esto vamos a lograr hacer muy rápida la tramitación del proyecto y eso nos permitirá despacharlo en la fecha establecida. Además, este es un acuerdo muy sustantivo y muy útil para todo lo que necesitamos y creo que va a ser un gran aporte".

Reforma Previsional
Lo que podría haber sido otro inmaculado capítulo de la política de los acuerdos, ayer se vio salpicado por otra discrepancia al interior de la Concertación. El PPD se negó a suscribir el documento porque no contempla la creación de una AFP estatal y porque cree que hay margen para acelerar aún más su aplicación.
Es cierto, formalmente sólo debían firmar los integrantes de las comisiones especializadas del Senado y los titulares de las respectivas carteras; y ningún PPD cabe en esa categoría. Pero el conflicto no pasó inadvertido.
La tienda de Bitar tiene dos senadores y 19 diputados, por lo que bastan los votos de la oposición y el resto de los partidos oficialistas para aprobar el proyecto.
Las buenas noticias: se aumentará paulatinamente la pensión mínima garantizada por el fondo solidario hasta alcanzar los $ 255.000 para aquellos que han cotizado alguna vez y $ 75.000 para quienes no tengan cotizaciones; se adelantan y se acortan los plazos para la entrada en vigencia en forma gradual de la reforma, a partir de julio de 2008 y hasta el 2012; y se amplía la cobertura del aporte estatal solidario al 60% de la población de menores ingresos.
El bono de nacimiento será equivalente al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales.

Firmaron el Protocolo
El protocolo de acuerdo fue firmado por los senadores de la Comisión de Hacienda, Camilo Escalona (PS), José García Ruminot (RN), Jaime Gazmuri (PS), Jovino Novoa (UDI) y Hosain Sabag (DC).
Por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, firmaron Juan Pablo Letelier (PS), Andrés Allamand (RN), Pablo Longueria (UDI), Soledad Alvear (DC) y Pedro Muñoz (PS).
También participó la senadora de UDI Evelyn Mathei, quien pese a no integrar ninguna de las dos instancias estuvo presente en la mayoría de las sesiones dedicadas a la discusión del proyecto.
Por el Gobierno, firmaron los ministros de Hacienda, Andrés Velasco, y del Trabajo, Osvaldo Andrade.

Cambios Estructurales
Los cambios a la estructura del actual sistema previsional fueron los grandes ausentes del acuerdo suscrito ayer por los senadores integrantes de las comisiones de Hacienda y del Trabajo, junto a los ministros del ramo. En efecto, el protocolo no incluye la participación de los bancos en el sistema de AFP, que era la fórmula a través de la cual parte del oficialismo pretendía se creara una institución previsional estatal que sirviera de regulador al mercado.
Pese a que en el borrador redactado la noche anterior se incluía una limitación a la concentración de la propiedad de las AFP de un 80% para el controlador, la versión final firmada ayer no menciona el asunto.
Respecto al Consejo Consultivo Previsional, cuya función será asesorar a los ministros de Trabajo y Hacienda en las futuras modificaciones legales del Sistema Previsional Solidario y modificaciones a su reglamento, se estableció que su presidente será designado por la sola voluntad de la Presidenta de la República; en tanto los cuatro consejeros integrantes requerirán su ratificación por 4/7 de los senadores en ejercicio. Los consejeros durarán seis años en el cargo y serán nominados por parejas cada dos años.
Asimismo se acordó que los directorios de AFP se regirán por la normativa de las Sociedades Anónimas Abiertas y que cada uno deberá contar con al menos dos directores independientes del controlador. El directorio también deberá contar con un comité de conflictos de intereses.

14 de diciembre de 2007
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juez revisa buque escuela


[Jorge Escalante] Jueza Quezada indagó torturas junto a ex prisioneros, oficiales (R) y hermana de Woodward. Inspección histórica a bordo del buque escuela Esmeralda.
Valparaíso, Chile. La ministra Eliana Quezada rehizo los hechos por cinco horas y denegó petición de la Armada para que un oficial abogado estuviera presente y tomara nota de las diligencias.
Acompañada de seis ex prisioneros políticos, de la hermana del sacerdote desaparecido Miguel Woodward, de oficiales de la Armada retirados -pero activos en 1973- y de funcionarios de la Policía de Investigaciones, la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Eliana Quezada, inspeccionó ayer por más de cinco horas el buque escuela Esmeralda anclado en el molo de Valparaíso.
La inspección fijó procesalmente los hechos ocurridos a bordo de la nave en los días posteriores al golpe militar, que constituyeron delitos de lesa humanidad por los que la jueza instruye varias causas.
Esta es la primera vez que un miembro del Poder Judicial realiza una diligencia de este carácter a bordo de la Esmeralda, buque que sirvió de cárcel flotante al menos por 15 días a partir de la asonada militar del 11 de septiembre de 1973.

Ex Prisioneros
Entre los oficiales (R) citados por la ministra a bordo del barco para reconstituir hechos estuvo el ex integrante del cuerpo de almirantes de la Marina, médico Kenneth Gleise Joo, y un oficial (R) de apellido Riesco que integró el equipo que se hizo cargo de maltratar a los detenidos.
Algunos de los ex prisioneros convocados por la jueza para que aportaran datos de lo vivido en aquel tiempo, fueron el médico y actual concejal de Valparaíso Alberto Neumann, y las ex detenidas María Eliana Comené y Rosa Huerta.

Malherido
El médico Kenneth Gleise servía en 1973 a bordo del buque Latorre que permanecía anclado en el molo cerca de la Esmeralda con los prisioneros. Desde el buque escuela se pidió al Latorre un médico para atender a Woodward que estaba mal herido a causa de las torturas. Gleise concurrió y dijo que había que trasladar de urgencia al sacerdote al Hospital Naval de Playa Ancha pues estaba grave. Woodward llegó muerto al hospital y la inteligencia naval escondió su cadáver en una fosa en el cementerio de Playa Ancha, como está acreditado en el proceso. El cuerpo desapareció hasta hoy.

Procesados
Testigos que participaron ayer en la inspección afirmaron a La Nación que la Armada pidió a la jueza que un abogado de la institución estuviera presente en las diligencias, pero la magistrada se opuso.
Patricia Woodward, hermana del desaparecido sacerdote anglo-chileno que militaba en el MAPU y que en la inspección participó ayer junto a su esposo Fred Bennett, dijo "hemos compartido un momento histórico. Para nosotros fue una gran satisfacción y agradecemos a la jueza. Esto refuerza su trabajo y ahora esperamos que pronto habrán procesados por este crimen".

13 de diciembre de 2007
©la nación
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inhabilitación de juez pinochetista


Piden inhabilitar a ministro Nibaldo Segura de causas de derechos humanos.
Santiago, Chile. Fahra Neghme [su hermano Jecar en la foto] formuló esta petición contra el integrante de la Sala Penal de la Corte Suprema, instancia que deberá pronunciarse sobre el recurso interpuesto para impugnar las libertades concedidas por tribunal de alzada a asesinos del ex vocero del MIR.
Una solicitud a la Corte Suprema para inhabilitar al ministro Nibaldo Segura Peña en causas de derechos humanos, formuló Fahra Neghme, hermana del ex vocero del MIR, Jecar Neghme, asesinado por agentes de la CNI la noche del 4 de septiembre de 1989.
Según Fahra Neghme, el magistrado integrante de la Segunda Sala de la Corte Suprema no es imparcial para fallar en estas causas, "mientras no se aclare la participación real que le cupo en la Fiscalía Militar de Temuco en el período comprendido entre los años 1973 y 1976".
La inquietud de Fahra Neghme obedece a que esta sala del máximo tribunal deberá pronunciarse respecto del recurso interpuesto para revertir la libertad condicional otorgada por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago a los seis condenados por la muerte de su hermano. Además, dicho tribunal también desestimó obligar al Fisco a pagar una indemnización de 250 millones de pesos a los familiares.
"Como es de público conocimiento este máximo tribunal, en forma unánime ha optado en fallos recientes por la aplicación de la media prescripción en estas causas", asegura en una carta entregada en el palacio de tribunales.
Asimismo, solicita a la Suprema que se declare que "no es aplicable en las causas de Derechos Humanos la media prescripción establecida en el artículo 93 del Código de Procedimiento Penal" y asimismo "declarar imprescriptibles e inamnistiables estas causas, conforme a los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por Chile".
Jecar Neghme fue asesinado por individuos de civil cuando transitaba por calle Bulnes con dirección a la Alameda. "La muerte se la adjudicó el Comando 11 de septiembre, el mismo que actuó en las muertes de la noche posterior al atentado contra la comitiva del General Pinochet", consigna el Informe Rettig.

13 de diciembre de 2007
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pesquisan crimen de sacerdote


Derechos humanos: Inspeccionan Esmeralda para esclarecer crimen de sacerdote.
Valparaíso, Chile. A bordo del Buque Escuela de la Armada en Valparaíso se constituyó esta mañana la jueza Eliana Quezada, quien tiene en sus manos la investigación del crimen del sacerdote inglés Miguel Woodward tras el golpe militar de 1973.
La jueza Eliana Quezada efectúa esta mañana diligencias a bordo del Buque Escuela Esmeralda, para reconstruir las horas en que el sacerdote británico Miguel Woodward permaneció detenido a bordo de la nave después del golpe militar de 1973.
La inspección de la magistrada, acompañada de personal de la Policía de Investigaciones y personas que estuvieron detenidas en la nave, se lleva a cabo en el molo de abrigo de la Armada, en el puerto de Valparaíso, donde permanece anclada la nave tras su último crucero de instrucción.
Organismos de Derechos Humanos valoraron esta diligencia, señalando que "es muy importante que esto haya pasado, se está cerrando una historia, y que ojalá se cierre de la mejor forma, y que los culpables paguen", según señaló Gabriel Rodríguez, de la Agrupación de Amigos de Miguel Woodward.
Woodward fue detenido por personal de la Armada en octubre de 1973 y, según consta en el proceso, fue torturado y muerto a bordo del buque escuela Esmeralda, que durante algunas semanas fue utilizado como cárcel de prisioneros políticos.
Posteriormente, el cuerpo del religioso fue sepultado en el Cementerio de Playa Ancha por funcionarios de la Armada en una fosa sin identificar. Allí se perdió su rastro, sin que haya podido ser encontrado hasta hoy. De hecho, las pericias realizadas en el camposanto por la jueza Quezada en noviembre pasado no tuvieron resultados positivos.
El domingo, la Esmeralda fue recibida a su regreso del crucero de instrucción con una manifestación protagonizada por al menos cincuenta personas que con lienzos y pancartas se apostaron en el muelle Prat, protestando por las torturas a bordo del buque escuela, y en particular por la muerte del sacerdote Miguel Woodward.

Bajo Protección
A fines de noviembre, el diputado socialista, Juan Bustos, querellante en el proceso, denunció que la magistrada fue víctima de amenazas de muerte, por lo que debió pedir protección policial.

13 de diciembre de 2007
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