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más criminales a la cárcel


Condenan a seis carabineros (R) y un civil por derechos humanos de Pitrufquén.
Pitrufquén, Chile. El juez Fernando Carreño, de la Corte de Apelaciones de Temuco, condenó hoy a penas de prisión a seis carabineros y un civil por su responsabilidad en la desaparición de tres dirigentes del Partido Socialista en Pitrufquén.
El magistrado sentenció a 15 años de prisión al teniente coronel retirado de Carabineros Carlos Moreno Mena y a los ex suboficiales Reinaldo Lukowiak Luppy y Hugo Catalán Lagos, como autores del delito de secuestro calificado de Enrique Tenorio Fuentes, Luis Calfuquir Villalón y Osvaldo Burgos Lavoz, detenidos el 15 de septiembre de 1973.
Tenorio era profesor del Liceo de esa localidad, mientras Calfuquir era el administrador del hospital y Burgos agente del Banco del Estado. Según testigos, fueron llevados a la comisaría de Carabineros del pueblo, donde se perdió su rastro.
En su fallo, el juez Carreño condenó además a cinco años de prisión, como encubridores del delito, a los ex suboficiales de Carabineros Domingo Silva Soto, Pedro Fernández Torres y Nadir Guzmán Pincheira, así como al civil Heriberto Babilek Budic, indicaron las fuentes.

3 de octubre de 2007
©la nación
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rechazan cambios a instituto de ddhh


[Angélica Meneses] Cámara rechaza cambios a Instituto de Derechos Humanos.
Valparaíso, Chile. Los parlamentarios de la Concertación cumplieron su palabra y rechazaron el proyecto que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, luego que el texto legal fuera modificado en el Senado, escindiéndosele las facultades de interponer querellas ante los tribunales. Familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos apoyaron la decisión.
Tal como se había anunciado, la mayoría de los diputados de la Concertación rechazó la creación del Instituto Nacional de Derechos en la forma en que salió del Senado, donde se produjo un acuerdo político entre gobierno y derecha para avanzar en la tramitación, pero en que se restó al organismo las facultades de interponer querellas ante los tribunales, cuestión que resulta central para las organizaciones de derechos humanos.
Fueron 56 votos en contra y 50 a favor los que echaron por tierra la posibilidad de dar vida en esas condiciones al organismo, por lo que la iniciativa pasará ahora a ser revisada en comisión mixta, donde los diputados insistirán en volver al proyecto original.
El presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Sergio Aguiló (PS), dijo que este rechazo se produjo siguiendo lo que las propias organizaciones de Derechos Humanos solicitaron, pues "las modificaciones hechas en el Senado retraían al Instituto a una situación que era incompatible con la naturaleza de los acuerdos internacionales que Chile ha suscrito en esa materia".
Recalcó que en las condiciones que lo aprobó el Senado se creaba "un instituto completamente castrado y completamente dependiente de un órgano de gobierno" y no un organismo como el que emanó de la Cámara Alta, donde según dijo "la derecha metió la cola".
Debido a que fue el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, quien negoció el acuerdo en el Senado, Aguiló sostuvo que él "estimó que no había otra condición en ese momento, sino acordar esas materias con la derecha, pero nosotros hemos recordado con el ministro que tenemos quórum como Concertación en la Cámara y en el Senado, de manera que hemos acordado respaldar todo lo que aprobó la Cámara en primer trámite para crear un instituto autónomo, independiente, como lo pide Naciones Unidas, y con voluntad para interactuar ante los tribunales de justicia".
El diputado socialista Juan Bustos dijo que el proyecto de instituto que se proponía hoy "significa una vergüenza para el país, tal como lo dejó la derecha en el Senado, por lo que ratificamos lo obrado por la Cámara de Diputados, que estuvo con todas las organizaciones de derechos humanos y que justamente hizo un trabajo muy acucioso conforme a los principios de carácter internacional".
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, dijo que "un instituto de Derechos Humanos no puede ser un museo que emita solamente un informe entre cuatro paredes", recalcando que es esencial que el organismo tenga la facultad de querellarse.
Recalcó que "nosotros queremos un Instituto de Derechos Humanos pensando en el futuro de Chile, donde nunca más aquel que pretenda tomarse el poder por las armas, que instale el genocidio y el terrorismo de Estado transite libremente e impune porque hay leyes que lo favorecen".
Para la dirigente el proyecto que salió del Senado es "un engendro", por lo que consideró que hoy se "ha puesto en su justa medida" la posibilidad de volver al proyecto original, "donde se dice con mucha fuerza que los genocidas deben ser sancionados penalmente, lo demás es pura mentira, lo demás es la propaganda que hace la derecha que finalmente nunca va a estar por que se sancione a quienes cometieron terrorismo en Chile porque ellos son cómplices de los crímenes".
De esta manera rechazó las explicaciones de la derecha que respaldó la iniciativa. El diputado UDI Felipe Salaberry afirmó que "los diputados de la Concertación han dejado a nuestro país a la retaguardia en la defensa y la promoción de los derechos humanos. Es una bofetada para aquellos que sufrieron el dolor de la violencia política y que no buscan o no tienen afanes político electorales en esta materia".

3 de octubre de 2007
©la nación
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petición ciudadana contra gobierno


Continúa campaña iniciada el 27 de septiembre para protestar por campaña chilena para integrar Consejo de Derechos Humanos.
Chile. Hemos iniciado una campaña para expresar nuestro malestar con los intentos del gobierno chileno se hacerse con un asiento en el Consejo de Derechos Humanos, que creemos injustificado y nocivo para la causa de los derechos humanos en Chile y el mundo. El texto completo de nuestros argumentos se encuentra en una petición , donde podrán firmar quienes apoyen la iniciativa. De momento han reaccionado 130 personas, pero tenemos bastante tiempo: hasta mayo de 2008. Insto a todos a gastar menos de un minuto firmando esta petición. También es interesante señalar que casi todas las personas que han firmado la declaración, también han dejado sus comentarios, de modo que la petición ofrece un buen sondeo de lo que piensan los firmantes sobre la campaña del gobierno.

3 de octubre de 2007

reparación por crimen en democracia


Justicia condenó al fisco a cancelar $150 millones por crimen de taxista en democracia.
Santiago, Chile. La magistrada en ejercicio del 18º Juzgado Civil de Santiago, Amelia Vásquez, sentenció al Fisco a pagar 150 millones de pesos a los familiares del taxista Raúl Palma Salgado, torturado por efectivos de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros en enero de 1998, en la antigua unidad de calle Puerto Rico en la comuna de Vitacura.
El abogado Nelson Caucoto, junto con celebrar el dictamen que beneficia a la viuda Elsa Guerra y a los hijos del malogrado chofer, recordó que este es el primer caso de severos apremios ilegítimos en los que se ven involucrados agentes del estado tras el retorno a la democracia.
El dictamen del tribunal de primera instancia, que puede ser impugnado por el Consejo de Defensa del Estado ante la Corte de Apelaciones de Santiago, fue concedido a los descendientes de la victima Enzo y Jacqueline Palma Guerra.
Se consigna en el veredicto que producto de los tormentos aplicados por cuatro efectivos de la mencionada unidad a Palma, hicieron que sufriera un paro respiratorio y fuera trasladado a la Clínica Alemana, lugar donde pereció el conductor a los 55 años.
En lo penal, en este caso fueron condenados por el 2º Juzgado Militar de Santiago - y posteriormente ratificado por la Corte Marcial y la Corte Suprema - Germán Cofré Pinto, Victor Ramírez Olivares, José Edison Cartes y Francisco Kidez Cisternas a la pena de 10 años y un día por violencia innecesaria y cuasidelito de homicidio.
La jueza Vásquez señala en la resolución que por ser agentes estatales, el Fisco debe responder civilmente de las consecuencias dañosas de los hechos ilícitos cometidos en contra del taxista porque "para que haya responsabilidad del Estado basta la presencia de un daño".
"Que respecto de la existencia del daño moral, y pese a que por su naturaleza el daño moral no requiere de prueba en especial, se estima que este ha sido suficientemente acreditado, a juicio de este sentenciador que a raíz del violento y dramático fallecimiento de don Raúl Osvaldo Palma Salgado, su cónyuge e hijos, han sufrido un dolor irreparable, manifestándose en depresiones y en el cambio de sus estatus de vida", acredita el fallo del tribunal civil.

3 de octubre de 2007
©la nación
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juez guzmán contra gobierno


Juan Guzmán rechazó presencia de Chile en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
El jubilado juez Juan Guzmán, el primero en procesar a Augusto Pinochet, opinó que Chile no debe formar parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por la persecución judicial a indígenas y la violencia policial contra manifestantes.
"Estoy de acuerdo con aquellas personas que opinan que Chile no debe formar parte del Consejo", dijo Guzmán en una reunión con corresponsales de la prensa extranjera.

3 de octubre de 2007
©radio cooperativa
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represor se quita la vida


[Jorge Escalante] Se suicidó coronel (R) de Carabineros procesado por derechos humanos.
Temuco, Chile. De un disparó se quitó la vida el alto oficial (R), quien había sido procesado por la desaparición de un dirigente campesino en octubre de 1973.
En el Hospital de Carabineros y de un disparo se suicidó el coronel (R) de Carabineros Luis Alejandrino Hidalgo López, quien había sido procesado como autor del secuestro y desaparición (octubre de 1973) del militante del MAPU y presidente del asentamiento campesino San Pedro de la IX Región, Juan Bautista Bastías Riquelme.
El procesamiento fue dictado por el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco Fernando Carreño.
El protocolo de autopsia practicado en el Servicio Médico Legal reveló que la causa de muerte fue "traumatismo encefálico por disparo".
Junto al coronel (R) Hidalgo, por la misma víctima están encausados los suboficiales (R) de Carabineros Ramón Arias, Hugo Avendaño, Camilo Cumilaf, Luis Henríquez, Erasmo Henríquez Palma, Juan Hernández Ponce y Juan Pasmiño Sepúlveda.
El Hospital de Carabineros negó la efectividad de la información, sin embargo el cuerpo del coronel (R) Hidalgo López ingresó al SML proveniente de ese centro hospitalario y la fiscalía de Carabineros abrió una investigación para conocer las circunstancias del suicidio.
El oficial (R) se internó en ese hospital tras ser notificado de su procesamiento y la respectiva orden de arresto dictada por el magistrado Carreño.
Una fuente de la policía uniformada dijo a La Nación que "él se encontraba muy abatido por el procesamiento que le afectaba".
El suicidio del coronel (R) Hidalgo López se agrega a anteriores hechos similares como los de los agentes Germán Barriga Muñoz (DINA), Gonzalo Asenjo Zegers (CNI) y Carlos Marcos Muñoz (DINA-Brigada Lautaro). Al momento de quitarse la vida todos ellos estaban procesados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar.
En ciudades y localidades rurales del sur muchos desaparecidos y ejecutados cayeron víctimas de la represión de Carabineros que actuaron concertados con terratenientes que denunciaron a campesinos beneficiados por la Reforma Agraria, impulsada por el presidente Eduardo Frei Montalva y profundizado por el gobierno de la Unidad Popular.

Principal Autor
El dirigente campesino Juan Bautista Bastías Riquelme tenía 25 años y fue detenido por Carabineros ante varios testigos en la zona de Allipén, en la IX Región. En octubre de 1973 se perdió su rastro. Su familia realizó por años esfuerzos para conocer su paradero, recibiendo en sus gestiones la negativa tanto de esta policía como de los tribunales de justicia a los que acudieron en Temuco. Pero el ministro Fernando Carreño logró reconstituir los hechos y concluyó que el principal autor del crimen, por su rango entonces de capitán, fue el coronel (R) Luis Hidalgo López.

3 de octubre de 2007
©la nación
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hugo gutiérrez en el norte


[Ricardo Araya Maldonado] Los otros derechos humanos. En campaña para impedir que Chile integre foro en las Naciones Unidas.
Antofagasta, Chile. [En la foto, Hugo Gutiérrez, en compañía de familiares de detenidos desaparecidos]. Hace rato que el nombre de Hugo Gutiérrez Gálvez, está en el primer plano noticioso -y también en las pantallas de televisión-, como abogado defensor en casos de violaciones a los derechos humanos, ocurridas durante el régimen militar.

En el Monolito
Y su visita a Antofagasta, reuniéndose en el Monolito aledaño al cementerio general con una treintena de personas, se relacionó, precisamente, con estos temas, ya que del siete al diez de diciembre se realizará en la ciudad un congreso con el propósito de crear una plataforma más amplia para definir el concepto de derechos humanos.
Así, abarcará todos aquellos problemas de la vida cotidiana que afectan a la gran mayoría de los chilenos, como son la educación, salud, vivienda, agua, electricidad y otros, cuyo funcionamiento se rige por la leyes despiadadas y frías del modelo económico actual, que vulnera el acceso igualitario a dichos bienes.
El conocido jurista, expresó que "crearemos conciencia, que ya es hora de exigir y no rogar, para terminar con esas políticas de mendicidad, que someten a los chilenos".

Concepto Amplio
El profesional, se esmeró en reafirmar que es necesario desterrar aquella idea en que el tema de los derechos humanos, significaba referirse a casos específicos sobre detenidos-desaparecidos, que se prolongan a la fecha.

No a Chile
La segunda motivación, de Gutiérrez Gálvez, se refiere al inicio y participación en una campaña internacional, contra el propio Estado chileno, para impedir que integre el Consejo de Derechos Humanos, en el organismo internacional de las Naciones Unidas, porque carece de méritos y en nuestro territorio se vulneran los derechos de las personas.
El vehemente hombre de leyes, expresó que "Chile no respeta sus obligaciones ante organismos internacionales, haciendo caso omiso de sus recomendaciones, lo cual significa que da un paso al lado, marginándose de estas instituciones.

Incumplimiento
Además, argumentó que Chile es uno de los pocos países en el mundo, que se niega a ratificar los derechos humanos de los pueblos originarios, así como tampoco asume las obligaciones que imponen las resoluciones de convenios sobre derechos humanos, que condenan el genocidio y daños de lesa humanidad.
También aseguró que se harán partícipes de esta campaña, diversos organismos a nivel latinoamericano y mundial y confía que se conseguirá el objetivo propuesto.
De allí que Hugo Gutiérrez, se manifestó en desacuerdo con las giras internacionales que emprende la presidenta Bachelet, para posicionar positivamente a Chile como posible integrante de foros internacionales.
Y refiriéndose al caso específico de la extradición del ex gobernante peruano Fujimori, explicó que se debió a la acción de los tribunales de justicia, donde no tuvo injerencia alguna la primera mandataria.

Más Acción
El abogado y acérrimo opositor al régimen militar, realizó una apretada agenda, ya que después de almuerzo, también se reunió con estudiantes universitarios locales, donde también les planteó estas ideas.
Por la tarde, a partir de las 18,30 horas, sostuvo un Foro-Panel, en la Casa de la Cultura, con la asistencia de los integrantes de otros organismos relacionados con la defensa de los detenidos desaparecidos y representantes de partidos políticos.

Militancia
Aparte de su vinculación con numerosas organizaciones relacionadas con los derechos humanos, es miembro del Comité Central del Partido Comunista.

ricardo.araya@estrellanorte.cl

28 de septiembre de 2007
©estrella del norte
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quince años más para contreras


Nueva condena por crimen en dictadura de Pinochet.
Santiago, Chile. El ministro en visita Alejandro Solís dictó una nueva condena en contra de ex miembros de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su implicancia en el secuestro calificado de la militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), María Teresa Bustillos Cereceda, en hechos acontecidos en diciembre de 1974.
El magistrado sentenció al ex jefe de la desaparecida DINA general (r) Manuel Contreras Sepúlveda a 15 años de presidio; y a los brigadieres en retiro Miguel Krassnoff Martchenko, Marcelo Moren Brito y Pedro Espinoza Bravo a 10 años y un día de reclusión.
Esta es la 17 condena que dicta el ministro Solís desde que fue nombrado en octubre de 2002 para hacer cargo de investigaciones por violaciones a los Derechos Humanos cometidas entre 1973 y 1990.
La victima era militante del MIR y asistente social de la Universidad de Chile, tenia 24 años de edad, y fue detenida en su departamento de calle San Antonio, de la comuna de Santiago.

28 de septiembre de 2007
©la nación
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