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petición ciudadana


No al Ingreso de Chile en Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Para protestar por las pretensiones del gobierno chileno de ocupar un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que creemos que no merece, llamamos a subscribir la carta siguiente, que será luego enviada a ese Consejo y a la organización Human Rights Watch.

Estimado Señor, Señora,
Me he enterado por la prensa de los deseos del gobierno chileno de ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. También me he enterado de que su organización ve con buenos ojos esa pretensión. Grande sería nuestra alegría si Chile tuviera una realidad interna que le hiciera acreedor de tal reconocimiento, pero, desgraciadamente esto no es así.

Como primera cuestión Ud. debe saber que toda la prensa que se creó y luchó bajo la dictadura, convirtiéndose en gran factor de la victoria de la democracia, hoy no existe. La información dentro del país y hacia el exterior opera en condiciones ‘duopólicas' que muestran e informan lo que a ellos les interesa y sirve.

No creo que este gobierno merezca ese reconocimiento, y le escribo por esta razón.

El presidente Lagos fue siempre partidario de juzgar solamente a unos pocos oficiales y dejar impune al resto de las fuerzas represivas –a los que hicieron el trabajo sucio-, llegando incluso al extremo de indultar al notorio e impenitente asesino que, en los últimos días de la dictadura, degolló al dirigente sindical Tucapel Jiménez. El criminal indultado por el ex presidente Lagos es un fascista convencido, pese a que se defendió diciendo que obedecía órdenes -aunque las órdenes ilegales no deben ser obedecidas.

Como usted sabe, el ex dictador Pinochet, pese a acumular más de 200 causas en su contra, no fue nunca sentenciado. (Esto debería decir todo sobre la postura del gobierno en cuanto a los derechos humanos: la reticencia a juzgar a Pinochet. Recuerde Usted además que fue el gobierno chileno, elegido en democracia, el que se opuso a que Pinochet fuese juzgado en España).

Es notorio, además, que las penas que se dictan en casos de violación de derechos humanos son ridículamente bajas y en comparación con las sentencias que se dictan a civiles en casos de violencia contra miembros de las fuerzas armadas demuestran un evidente lenocinio de parte de las autoridades judiciales. Hay aquí militares culpables de numerosos crímenes (secuestros, torturas, detención ilegal, homicidios) que sin embargo reciben sentencias francamente ridículas y las cumplen en recintos con comodidades que la inmensa mayoría de la población ‘libre' no disfruta.

Como lo denunció hace algunos días la Asamblea Nacional por los Derechos
Humanos, hay crímenes cometidos durante los gobiernos post-dictadura que aún están sin investigarse: "nos referimos a Alex Lemun, Daniel Menco, Rodrigo Cisternas, Claudio López, Osmán Yoeman, Cristian Castillos, que lamentablemente no han encontrado justicia".

Chile sigue sin firmar la aceptación de la jurisdicción del Tribunal Internacional.

Chile es uno de los 4 únicos países en el mundo que se sigue condenando el aborto terapéutico.

Chile sigue si reconocer los derechos que las Naciones Unidas ha definidos como derechos inalienables de los pueblos originarios.

También nos hacemos eco del llamado de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos para que Chile no sea admitido en ese Consejo.

Por todos estos motivos, pido a Usted que deseche como impertinente e injustificada esa aspiración del gobierno chileno y le solicitamos enviar una Comisión de Trabajo que visite el país y se entreviste con dirigentes y militantes de organizaciones de Defensa de los Derechos Humanos, Derechos Ciudadanos, Medioambiente, Pueblos Originarios, etc.

Atentamente,


Para subscribir esta carta, pinche aquí .

De otro modo, también puede copiar este texto y enviarlo desde su propia cuenta de e-mail al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ngochr@ohchr.org y a Human Rights Watch (al llegar a esta página, pinchar en la sede de Nueva York)

[mérici ]
[piensachile ]

paininos durante la dictadura


El triste récord de los paininos. Paine es la localidad que registra mayor número de detenidos desaparecidos en proporción a sus habitantes.
Paine, Chile. En la historia de las violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura de Pinochet, Paine posee un triste récord: tiene la mayor proporción de desaparecidos en relación al número de sus habitantes.
Así lo dejó establecido el Informe Rettig, que registró 70 detenidos desaparecidos en ese poblado rural, ubicado a 40 kilómetros al sur de Santiago, que en septiembre de 1973 tenía 12 mil habitantes.
El impacto causado en las familias por la represión desatada quedó plasmado en el libro ‘El callejón de las viudas', de la periodista Ruby Weitzel, que es el nombre con que se empezó a llamar el Pasaje 24 de abril, después de que la noche del 16 de octubre de 1973 fueran sacados de sus casas doce hombres.
Campesinos todos, obreros beneficiados por la reforma agraria que recibieron de vuelta el odio de sus ex patrones.
Ésa es la otra particularidad espeluznante de Paine: allí, las listas de los que debían desaparecer las hicieron sus vecinos, terratenientes que buscaban venganza. Los militares cumplieron sus deseos, trasladando a los detenidos en camiones prestados por los mismos civiles que elaboraron las listas. Eso también quedó impreso en el Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación.
A cargo del piquete de uniformados encargado de las detenciones iba en teniente Andrés Magaña, de la Escuela de Infantería de San Bernardo, en contra de quien se presentó una querella por ‘secuestro agravado' en octubre de 1977. El comandante de la unidad a la que pertenecía Magaña era el coronel Leonel Koenig quien se suicidó de un balazo, cuando fue citado a declarar, en 1979.
Uno de los testimonios más dramático de lo ocurrido en el Callejón de las Viudas lo dio Mercedes Peñaloza para el libro ‘Tiempos de días claros', de la periodista Patricia Verdugo: "Vinieron de noche, como a las tres de la madrugada, y se los llevaron venían armados, con uniformes de soldados y con los rostros pintados de negro". A Mercedes le arrebataron esa noche a sus cuatro hijos varones, a su yerno y al marido de su nieta mayor. En total seis de los 12 hombres que se llevaron de ese pasaje. Otros siete fueron arrestados en asentamiento Nuevo Sendero y uno, en el asentamiento El Tránsito.
En el mismo operativo fue detenido el industrial y militante del Partido Socialista Andrés Pereira Salsberg, padre de la abogada Pamela Pereira. El otro fue René Maureira Gajardo, comerciante, dueño de un almacén que fue prosperando hasta convertirse en minimarket. A Maureira lo habían detenido el 12 de septiembre de 1973 y estuvo un mes en el Estadio Nacional. Con esa experiencia aún latiéndole en el cuerpo, la noche del 16 de octubre de 1973 tomó los pañuelos que le alcanzó su mujer y dejó sobre el velador el anillo de matrimonio, su reloj y una gargantilla.

27 de septiembre de 2007
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familiares visitan sitio de ejecución


El comienzo del fin de la búsqueda de 22 desaparecidos de Paine se inició ayer en Rapel.
Paine, Chile. Familiares de desaparecidos de Paine reconocieron sitio del fusilamiento. En un bus, especialmente contratado para la ocasión, el grupo hizo el que probablemente haya sido el mismo recorrido que hicieron las víctimas hace casi 34 años en sus últimas horas. El viaje de entonces no se debe haber sentido tan largo como el de hoy.
Con la instalación de una cruz, oraciones y encendido de velas, los familiares de 22 detenidos desaparecidos de Paine pudieron, recién ayer -34 años después-, iniciar el cierre de su duelo, al visitar el sitio cercano al lago Rapel, donde sus padres, hermanos e hijos fueron acribillados en 1973 por un pelotón militar alentado por civiles que aún circulan libres en esa zona campesina.
El ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Héctor Solís, invitó ayer a los familiares de las víctimas a visitar el lugar donde todo indica que fueron asesinados sus parientes el mismo 16 de octubre de 1973, luego que una patrulla militar copó el poblado, allanó decenas de casas y detuvo a 70 campesinos, convirtiendo a la zona en la más afectada por la represión.
En un bus, especialmente contratado para la ocasión, las familias hicieron el que probablemente haya sido el mismo recorrido que hicieron las víctimas hace casi 34 años en sus últimas horas. El viaje de entonces no se debe haber sentido tan largo como el de hoy.
Llegaron al sitio, ubicado en la Quebrada Los Arrayanes de Los Quillayes, en la VI Región, cerca de las 15 horas, y allí el ministro Solís les entregó información detallada de lo que ha sido su labor en terreno desde hace ya siete meses, la misma que se inició con información falsa a unos cuantos kilómetros, al otro lado del lago, en el sector denominado El Manzano, y que había entregado el ex teniente de la Escuela de Infantería que comandó las detenciones y ejecuciones en Paine, Andrés Magaña.
El presidente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Paine, Juan Leonardo Maureira (hijo de René, un dirigentes socialista de la época que tenía apenas 41 años al ser detenido), informó al término de la visita que duró casi dos horas que pudieron "ver el trabajo en terreno que él (Solís) está realizando. Nos explicó que lo que ha encontrado es una gran cantidad de balas y vainillas".
El ministro también les confirmó que "habían encontrado osamentas de muy pequeño tamaño, 1,5 a dos centímetros" y que "él todavía no precisa que puedan ser nuestros familiares, pero por la investigación judicial, creemos nosotros, que podrían haber sido asesinados ahí, en la madrugada del 16 de octubre".
Los familiares también conversaron en el lugar con los expertos del Servicio Médico Legal, que trabajan en el sitio. "Este es el lugar donde se habría producido la ejecución masiva de nuestros 22 familiares", sostuvo Maureira. Se trata de una pequeña quebrada, en medio de cerros, donde los 22 hombres detenidos en Paine fueron obligados a bajar del camión militar que los transportaba esa noche, "diciéndoles que en ese minuto ellos iban a descansar, los pusieron de espalda en una especie de murallón grande y, en un momento determinado, los militares, puestos en diferentes lugares, que están señalizados con una pequeñas banderitas ahora, procedieron a disparar gran cantidad de armamento", precisó.
En el fondo de la quebrada también están señalizados los puntos donde se encontraron balas no percutadas. Las municiones coinciden en su tipo y data con las usadas por los uniformados del Regimiento de Infantería de San Bernardo en 1973.

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El presidente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Paine, Juan Leonardo Maureira, y la representante del gobierno en materia de Derechos Humanos, María Luisa Sepúlveda, coinciden en que la prudencia debe primar en este hallazgo.
En el lugar, donde hasta ayer la cifra de piezas de osamentas encontradas sumaban cerca de 20, también se hallaron trozos de telas que serán sometidos a pericias. El ministro Solís ha ido por etapas y, según dijo ayer a los familiares de las víctimas, "va hacia el lugar donde podrían encontrarse los restos".
Según la confesión de Magaña, a fines de 1978, tras el hallazgo de los primeros detenidos desaparecidos en los hornos de Lonquén, y como parte de la denominada Operación Retiro de Televisores destinada a borrar cualquier evidencia de los crímenes, los cuerpos de los 22 campesinos fueron desenterrados de la quebrada y lanzados al mar.
Sin embargo, para los familiares, nada de eso es aceptable de buenas a primeras, entre otras cosas porque recuerdan con dolor que al menos en estos casos hubo participación de civiles como Francisco Luxoro, Juan Balcazar y Claudio Oregón, quienes habrían entregado la lista a los militares con los nombres de las personas que luego hicieron desaparecer.
El primero al que sacaron de su casa fue Patricio Duque Orellana quien, según relata su esposa, Reveca Escobedo, tuvo un hijo póstumo. Desde entonces, todo lo que estas familias vivieron fue "inhumano". La patrulla siguió luego en la casa de su vecina, de donde se llevaron a Silvestre Muñoz, el esposo de Lucrecia Céspedes. Ambas, como el resto se aferran a la esperanza de que "ahora sí, estemos en el lugar adecuado y se haga justicia".

Caso Paine
Ayer, familiares de 22 detenidos la noche del 16 de octubre de 1973 acudieron a una cita con el juez Héctor Solís a la fosa cerca del Lago Rapel, donde se encontraron restos que podrían pertenecer a sus familiares. Instalaron una cruz y encendieron velas, los recuerdos volvieron a aflorar. Y no son fáciles de sobrellevar. Paine tiene un triste récord, es la localidad que más detenidos desaparecidos registra en proporción al número de sus habitantes. Pero posee además otra particularidad espeluznante: la lista de quienes debían desaparecer la confeccionaron sus propios vecinos, ex terratenientes que buscaron vengarse en los campesinos beneficiados por la reforma agraria. Allí también ocurrió una de las historias más dramáticas, a Mercedes Peñaloza le arrebataron en una sola noche a todos los varones mayores de edad de su familia: sus cuatro hijos, su yerno y el marido de su nieta mayor; seis de los 12 hombres que se llevaron del pasaje que ahora se conoce como ‘El callejón de las viudas'. El teniente a cargo del operativo de esa noche mintió cuando fue careado con ellas y se mantuvo en su postura hasta que su jefe, el coronel Köenig, se suicidó tras ser citado a declarar. La representante de la presidenta Michelle Bachelet para materias sobre derechos humanos, María Luisa Cordero, dijo que sólo las pruebas de ADN podrán aportar certezas.

La Verdad La Dará el Adn
Sin adelantar esperanzas, la delegada de la presidenta Michelle Bachelet para materias de derechos humanos, María Luisa Sepúlveda, dijo ayer en el sector, que las evidencias encontradas aún deben ser sometidas a diversas pericias para confirmar si pertenecen o no a las víctimas de la represión en Paine. "No podría decir eso, falta mucho para ese momento, primero hay que terminar el trabajo en terreno y el ministro dice que todavía no tiene una evaluación de cuántos días faltan, pero son bastantes, y de ahí va a determinar pericias antropológicas, y con ellas podrá determinar si es posible hacer (comparación) de ADN. Así es que nos queda un buen tiempo", expresó. No obstante, destacó que Solís "está avanzando", que ha podido investigar muy bien en el lugar y que cuenta con testimonios de personas que participaron en los hechos. Sepúlveda fue categórica al decir que a pesar que en el proceso hay información coincidente con la que se está encontrando, "no se puede decir, hasta que no estén las pruebas finales de ADN", que los restos de osamentas halladas correspondan a detenidos desaparecidos de Paine.

27 de septiembre de 2007
©la nación
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la confesión del teniente magaña


La confesión del teniente Andrés Magaña sobre su participación en el asesinato de 22 campesinos de Paine.
Paine, Chile. Terminadas las detenciones, todos fueron subidos a un camión y se inició la larga marcha hacia la zona del lago Rapel, sector elegido por el teniente para matar a los prisioneros. Ubicado el lugar de ejecución -que resultó ser la Quebrada Los Arrayanes, en el sector Los Quillayes, en los alrededores del lago-, se produjo la matanza y el entierro clandestino.
El coronel Leonel König Altermann llamó al teniente Andrés Magaña y le dijo:
-Mira, ‘Chico', saliste elegido para matar a todos los que están en esta lista que te voy a entregar. Y la orden es matarlos en el mismo lugar donde los detengas.
Magaña le respondió al comandante de la Escuela de Infantería de San Bernardo:
-Mi coronel, no se les puede matar frente a sus hijos y sus mujeres, le propongo traerlos aquí y los damos de baja en el cuartel.
Magaña contó en su declaración judicial que además le dijo a su comandante que no estaba de acuerdo en matar a esas personas y preguntó si habían sido juzgadas por un Consejo de Guerra. El coronel cambió el tono de voz y replicó:
-Teniente, no pregunte, cumpla la orden y mátelos como quiera y donde quiera, pero elimine a esta gente, son todos subversivos peligrosos.
El joven teniente salió del despacho y formó al grupo de suboficiales y conscriptos para ejecutar la orden. La madrugada del 16 de octubre de 1973 estaba pronto a comenzar. Camuflados, de cara pintada y otros cubiertos con pasamontañas, los integrantes del comando llegaron a Paine.
Ayudados por un joven civil fueron ubicando los domicilios y sacando a los indicados. Cada vez, Magaña tiqueaba el nombre correspondiente en la lista.
En un momento, el joven condujo al teniente a un lugar indicándole que allí había dinamita oculta. "Encontré unas cincuenta barras en un cajón escondido bajo unas piedras con sus detonadores puestos, lo que me convenció que entonces debió existir un Consejo de Guerra que tenía justificación", afirmó Magaña en el proceso.
Terminadas las detenciones, todos fueron subidos a un camión y se inició la larga marcha hacia la zona del lago Rapel, sector elegido por el teniente para matar a los prisioneros. Ubicado el lugar de ejecución -que resultó ser la Quebrada Los Arrayanes, en el sector Los Quillayes, en los alrededores del lago-, se produjo la matanza y el entierro clandestino.
Ya había despuntado el alba cuando la orden del coronel König quedó cumplida.

Cordero al Desayuno
El comando inició el largo regreso al cuartel, pero por el camino Magaña propuso pasar a una quinta de recreo de Melipilla a comer cordero. "Mis hombres tenían hambre", dijo.
Magaña dice que después volvió varias veces al lugar para recorrerlo, y que en 1978 entregó un plano del sitio para que personal de la ‘inteligencia militar' desenterrara los cuerpos para lanzarlos al mar.
En su confesión del 17 de octubre de 2005, admitió que antes "mentí mucho" porque "recibí instrucciones de mis superiores de hacerlo". Un día el coronel Pedro Montalva Calvo le dijo:
-Mira, ‘Chico', te están citando de tribunales, así es que tenís que morir la rueda no más.
"En los careos con los familiares de los ejecutados siempre mentí y dije que ellos eran quienes mentían, pero ahora reconozco que ellos decían la verdad y yo era el que mentía", reconoció.
El coronel König nunca llegó a prestar testimonio en el proceso. Se suicidó el 12 de junio de 1979, de un balazo que se dio dentro de su propia oficina, después de recibir la citación judicial.

27 de septiembre de 2007
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chile no tiene méritos


Teillier afirma que a Chile le faltan méritos para integrar Consejo de Derechos Humanos. Tampoco ha firmado el TPI.
Santiago, Chile. El presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, afirmó que a Chile le faltan méritos para formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
"Creo que Chile tiene algunos atributos, pero le faltan varios todavía. Porque para integrar este Consejo, primero deberían cumplirse las propias resoluciones de los organismos internacionales de DD.HH.", manifestó el dirigente de la izquierda extraparlamentaria y luego de la 'bajada' de la candidatura de Venezuela, para uno de los tres cupos latinoamericanos para el Consejo de DD. H.H de la ONU, que se votará en mayo de 2008, al cual también postulan Argentina y Brasil.
"Si Chile se ganara un sitial por lo que ha hecho en materia de DD.HH. yo diría que ese lugar lo ha logrado por lo que han hecho los familiares de detenidos desaparecidos, y por las propias víctimas que han tenido que vencer muchas veces, la falta de voluntad del Estado chileno para llegar al fondo en estos temas", sostuvo Teillier.
A juicio del timonel comunista, para que el país sea incluido con justicia en este organismo de la ONU, ni siquiera es necesario que se modifique la Constitución, bastaría que se aprobaran algunas leyes de quórum simple en el Parlamento.
"Ahora se está hablando del Instituto Nacional de DD.HH. como un gran logro. Pero este estamento comienza a tener vigencia desde el momento en que se crea, para lo de atrás tiene solo la potestad de guardar la memoria, y no de ser parte de las causas", reclamó el presidente del PC.
"Incluso si se aprobara tal cómo está ahora este proyecto, se estaría dejando de lado el programa de los DD.HH. que mantiene el ministerio del Interior, que era el único organismo estatal que apoyo los juicios en estas materias", advirtió.

26 de septiembre de 20
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hallan fosa de fusilados de paine


Restos óseos, vainillas y cien proyectiles incrustados en una quebrada de Rapel. Paine, la quinta tumba masiva de la dictadura.
Paine, Chile. La delegada de la presidente para materias de derechos humanos, María Luisa Sepúlveda, dijo ayer que "habría evidencias ciertas que en ese lugar ejecutaron a las 22 víctimas" arrestadas en Paine.
La fosa con restos presumiblemente de detenidos desaparecidos descubierta en los alrededores del lago Rapel hace un par de semanas, y en la cual hasta ahora se continúa encontrando evidencias, se constituye en la quinta tumba clandestina con hallazgos masivos producto de los crímenes de la dictadura.
En las últimas horas se conoció que en el fondo de la Quebrada Los Arrayanes del sector Los Quillayes de la zona del lago Rapel, en la VI Región, bajo las órdenes del magistrado Héctor Solís Montiel, se encontraron al menos 12 piezas óseas pequeñas, 27 vainillas de fusil, restos de tela y unos cien proyectiles incrustados en la ladera de la quebrada donde los efectivos de la Escuela de Infantería de San Bernardo ubicaron la madrugada del 16 de octubre de 1973 a los 22 prisioneros arrestados en Paine para asesinarlos.
En el sector trabajan funcionarios del Servicio Médico Legal, de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos y del Laboratorio de Criminalística de Investigaciones, del GOPE y Labocar de Carabineros, además del antropólogo colombiano Ángel Medina y el arqueólogo español José Jiménez. También colabora el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
La delegada de la presidenta Bachelet para materias de derechos humanos, María Luisa Sepúlveda, dijo ayer que "habría evidencias bastante ciertas que en ese lugar ejecutaron a las 22 víctimas" arrestadas en Paine.
La abogada Pamela Pereira, cuyo padre Andrés Pereira figura entre los ejecutados, sostuvo que "lo más adecuado es esperar con cautela y mesura".
En enero pasado Andrés Magaña, el entonces teniente de la Escuela de Infantería que comandó las detenciones y ejecuciones, indicó un sector cercano al actual, pero que resultó incorrecto. No obstante, el mapa hecho por Magaña coincide con la estructura del lugar actual. Ahora otro integrante de la patrulla entregó el sitio preciso.
Según lo declarado por Magaña, los cuerpos fueron desenterrados a fines de 1978 y lanzados al mar y para ello él mismo mostró el sitio.

Las Otras Tumbas
La primera tuvo lugar entre fines de 1975 y comienzos de 1976, cuando en una acción de inteligencia ordenada por Pinochet se dio inicio a la Operación Retiro de Televisores con el desentierro y lanzamiento al mar de los 26 cuerpos de los prisioneros asesinados por la Caravana de la Muerte en octubre de 1973 en Calama. Hasta ahora es la única de estas operaciones donde para arrojar los cadáveres al mar colaboró la Fuerza Aérea con un avión C-47.
La segunda tumba masiva corresponde al hallazgo de 15 cuerpos de campesinos en los hornos de una mina abandonada en Lonquén, al sur de Santiago, asesinados por Carabineros.
Terminada la dictadura, el 2 de junio de 1990 se encontró en Pisagua una fosa clandestina con 19 cuerpos momificados que correspondían a los prisioneros asesinados en el campo de concentración de Pisagua bajo la orden del comandante de la VI División del Ejército de Iquique, general Carlos Forestier.
El 9 de octubre de 1973, desde el Regimiento Cazadores de Valdivia, que entonces comandaba quien luego fue miembro de la Junta Militar y senador designado, general (R) Santiago Sinclair, partió una caravana de 90 militares hacia las localidades de Chihuío y Liquiñe.
En Chihuío masacraron a 17 campesinos y en Liquiñe, cerca de Neltume, otros 15, todos integrantes del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli.
A los de Chihuío los enterraron en una fosa, pero los de Liquiñe fueron baleados y sus cuerpos arrojados al río Toltén, desapareciendo para siempre.
A fines de 1978, un operativo militar volvió a Chihuío y tras ubicar al terrateniente Américo González que ayudó a conformar la lista de quienes se debía matar, desenterró los cuerpos de los 17 campesinos para tirarlos al mar.
La fosa de Chihuío con los restos óseos del desentierro, la cuarta encontrada cronológicamente, fue hallada el 17 de junio de 1990 por un grupo de militantes comunistas.

26 de septiembre de 2007
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porqué no hay libertad de prensa


[John Dinges] En Chile, el caso de El Clarín: Por qué quiere el gobierno chileno mantener cerrado un periódico de izquierda. Los medios de comunicación chilenos y el curioso caso de Víctor Pey.
La ironía de los medios de comunicación chilenos es que hubo más diversidad ideológica y energía periodística en la prensa de papel de fines de los ochenta, los años finales de la dictadura del general Augusto Pinochet, que ahora que hace ya mucho tiempo que se ha ido y cuando los partidarios de la democracia se encuentran firmemente en control.
Dos diarios dominan hoy, El Mercurio y La Tercera. Ambos son de centro derecha. Su virtual monopolio es un legado de la represión ideológica de ‘tierra arrasada' que tuvo lugar cuando Pinochet se tomó el poder en los años 70, confiscando o cerrando todo medio que no vitoreó a su gobierno militar. El mercado chileno de las noticias impresas llegó a ser lo que un estudio llamó "un duopolio del mercado acompañado de un monopolio ideológico".
Uno podría pensar que la situación de una prensa tan desbalanceada habría sido remediada en los dieciséis años transcurridos desde que Pinochet dejó el poder, especialmente si se considera que la centro-izquierdista Concertación, una coalición de socialistas moderados y demócrata-cristianos, ha ganado todas las elecciones desde entonces. Pero estaría equivocado quien así pensara.
"En dieciséis años de democracia, claramente tenemos una falla en esta área", dijo Ricardo Lagos Weber, un ministro y portavoz del gobierno. "Tenemos un débito, como se dice, una deuda. La mayoría de los que votaron por la Concertación aún no tienen un medio impreso con el cual poderse identificar completamente. Pero, ¿qué puede hacer el Estado al respecto? Esta es una cuestión delicada."
La política de no hacer nada y de ‘manos afuera', quizás pudiera ser defendible. Pero combatir con dientes y muelas en contra de la reemergencia de un periódico cerrado por Pinochet es algo más difícil de entender. Considérese la lucha de Sísifo de Víctor Pey, de noventa y dos años de edad, quien quiere volver a lanzar El Clarín, el estridente e izquierdizante tabloide que fue el periódico de mayor venta semanal del país, hasta que fue confiscado por Pinochet como parte de su golpe militar de l973.
Pey había comprado el periódico unos pocos meses antes de ser confiscado, y ha estado por diez años tratando de conseguir del gobierno chileno que le pague una restitución financiera, de modo que pueda poner al Clarín de vuelta en las calles. El nuevo Clarín, me asegura él, será independiente de todo partido y ocupará el lugar que una vez tuvo como diario de circulación masiva junto al chileno común. Estará, como su mascarón lo proclamara en sus días de apogeo, ‘Firme junto al pueblo'.
Si se juzga por las vinculaciones políticas de Pey, sin embargo, un nuevo Clarín podría también contarse como ‘estando firme' con la mayoría de las políticas del gobierno actual, mientras suministraría la por largo tiempo ausente cobertura crítica de los poderosos partidos derechistas y de la comunidad empresarial chilena. En una región en la cual la objetividad no es la regla del periodismo, la diversidad de visiones políticas y de propiedad de los medios adquiere una importancia critica para la democracia.
Un arreglo económico razonable, proyectado en los círculos periodísticos de aquí, que estuviera en el rango por lo menos de entre 50 a 100 millones de dólares, podría asegurar que El Clarín de Pey evitara el destino de varios otros periódicos que se han creado en años recientes, y que carecieron del respaldo financiero necesario para poder sobrevivir.
Entonces, ¿por qué el gobierno chileno se opone tan furiosamente a un arreglo con Pey?
No es por falta de credenciales democráticas o de una disposición a hacer reparaciones por los abusos de la dictadura. La coalición concertacionista ha ganado las cuatro elecciones presidenciales desde que Pinochet se vio obligado a renunciar al poder en 1990. La presidenta chilena actual, Michelle Bachelet, fue ella misma una presa política. Su elección el año pasado como la primera presidente mujer del país atrajo una cobertura internacional amplia y laudatoria. En realidad, Chile es a menudo mostrado como un ejemplo brillante de los esfuerzos por restablecer la democracia en Latinoamérica. Los gobiernos de la Concertación han reconocido su obligación de pagar por la propiedad confiscada y han repartido decenas de millones de dólares en reparaciones a las víctimas de abusos de sus derechos humanos.
Cuando se trata de corregir la torcida situación de los medios de comunicación dejada por Pinochet, sin embargo, el gobierno ha estado curiosamente pasivo. Y cuando se trata del caso de Víctor Pey y de El Clarín en particular, el gobierno ha levantado un verdadero muro de oposición.
Víctor Pey conduce su cruzada privada para devolverle algún balance ideológico a la prensa chilena desde un modesto departamento del segundo piso de un edificio ubicado en el barrio de clase media de Ñuñoa, en Santiago. Hay allí una gastada alfombra color café, una silla con el espaldar roto frente a un computador, y estantes de libros, revistas y fotos de su abigarrado pasado. Pey es un hombre erguido de piel pálida y un aura de estar siempre apurado. Ahora, recientemente recuperado de un problema cardíaco, a su edad es comprensiblemente impaciente de poder llegar a un arreglo en la disputa sobre El Clarín y poder dedicarse a la construcción de un nuevo periódico.
Aunque es un ingeniero civil por entrenamiento y un hombre de negocios por vocación, ha sido un luchador por causas políticas desde que creciera en la religión catalana de España. Durante la guerra civil española, en los años 30, ayudó a convertir una planta de automóviles de Barcelona en una fábrica de armamentos para el lado republicano. Aquello lo llevó a su primera salida al exilio. Escapó a un campo de refugiados en Francia luego que los militares de derecha, liderados por Franco, derrotaron a las fuerzas del gobierno republicano.
En 1939 arribó en el puerto de Valparaíso en un barco francés junto con otros 2.100 refugiados españoles. Pey se había encontrado con el cónsul chileno en París, el poeta Pablo Neruda, quien ayudó a los exiliados a encontrar un hogar en Chile. Los bien organizados partidos de izquierda chilenos, entre los mayores y más vibrantes de Latinoamérica, recibieron calurosamente a los refugiados y los españoles rápidamente comenzaron a prosperar en los negocios y en la vida política chilena.
Pey se introdujo en el negocio de los periódicos por medio de amigos y por pura fortuna. Mientras dirigía una empresa de ingeniería involucrada en mejorar los puertos chilenos entre los años 40 y 50, desarrolló un circulo de amigos bien conectados, que incluía al senador socialista (más tarde presidente) Salvador Allende, y al futuro fundador de El Clarín, Darío Sainte-Marie, quien era entonces el editor del periódico gobiernista La Nación.
Desde su creación El Clarín fue un ejemplo de texto de la naturaleza interconectada del gobierno, del poder político y del periodismo en Chile. El nuevo periódico fue impreso al comienzo en los talleres de La Nación, con la aquiescencia del presidente populista de la época, Carlos Ibáñez, quien era el socio secreto de Sainte-Marie. La inspiración para el periódico fue la conciencia de que el próximo gobierno, que se esperaba fuera controlado por la derecha conservadora, se apropiaría de La Nación y dejaría a las fuerzas de la centro-izquierda sin un solo periódico.
Fiel a su naturaleza, el nuevo gobierno que asumió el país en 1958 despidió rápidamente a Sainte-Marie. También expulsó al recién inaugurado Clarín de los talleres de La Nación tan pronto como se hizo evidente que su línea editorial era, para ponerlo suavemente, crítica de los partidos de derecha y de los intereses empresariales que constituían el nuevo régimen. Sin oficinas editoriales o prensas, el progresivamente popular nuevo periódico tuvo que improvisar con antiguas prensas de cama plana adquiridas a precio de chatarra de hierro.

He aquí que entra Víctor Pey. Sainte-Marie le pide organizar las dependencias físicas del periódico, y específicamente comprar e instalar nuevas prensas importadas de Alemania Oriental. El periódico floreció, eran los años 60, una época de febril actividad política y de la movilización de campesinos y obreros en Chile. El periódico se especializó en fotografías de subido tono, historias policiales, mientras más horripilantes mejor, ataques ad hominem, y divertidas ridiculizaciones de las pomposidades de la aristocracia chilena. La objetividad, o incluso la exactitud, no eran palabras que se usaran para describir al Clarín.
A los lectores les encantaba. Fue el primer periódico escrito en sabrosas expresiones idiomáticas de las clases bajas y media, conocidas como ‘chilenismos'. Sainte-Marie escribía regularmente una columna bajo el pseudónimo de ‘Volpone', presentándose alegremente en la imagen del inescrupuloso embaucador aquél que es el personaje principal de la sátira que Ben Johnson escribió en el siglo XVII. "El alma del diario fue siempre Sainte-Marie", me dice Pey. "A veces tenía que poner otro periodista a cargo porque había problemas con demandas judiciales por difamación y calumnia y él tenía que ir a la cárcel. Pero fue siempre él quien dirigía el diario".
En 1970 el amigo de Sainte-Marie, el senador Allende (a quien conocía desde la niñez), fue de candidato a presidente sobre una plataforma radical de reforma agraria, nacionalización de las minas de cobre, y control estatal de la economía. Se había presentado dos veces antes y había perdido, pero esta vez tenía dos significativos nuevas ventajas: su partido había ganado control de uno de las mayores cadenas de radio, y allí estaban Sainte-Marie y El Clarín, que estaba vendiendo 150 mil copias diarias a lo largo del país, lo que lo ponía a la altura del sobrio decano de la prensa chilena, El Mercurio.
El periódico prodigó cobertura favorable sobre Allende y otro candidato reformista. Pero donde Sainte-Marie fue más efectivo, fue en la ridiculización del candidato derechista Jorge Alessandri, un ex presidente solterón a quien El Clarín se refirió implacablemente como a ‘La Señora'.
Superando enormes desventajas, incluyendo un plan oculto de la CIA para desacreditarlo, Allende ganó una gran cantidad de votos y fue confirmado por el Congreso. Un abortivo intento de golpe, patrocinado por la CIA, terminó en el asesinato del Comandante en Jefe del Ejercito. Pero la democracia chilena sobrevivió, y Allende fue jurado como presidente en noviembre de 1970, prometiendo un original experimento político: introducir el socialismo no por medio de una revolución violenta, sino por medio de victorias electorales.
El Clarín de Sainte-Marie llegó a ser la columna vertebral del experimento izquierdista de Allende, y el acerbo editor no fue modesto en demandar para si crédito por el triunfo electoral. "Mucha gente niega esto por razones políticas, pero la realidad es que la diferencia de votos entre Allende y Alessandri [menos de uno y medio puntos porcentuales] no habría existido sino hubiera sido por la acción de El Clarín en la campaña". Cuenta Pey: "Sainte-Marie le dijo a Allende, ‘Yo te hice presidente'. Lo dijo muchas veces, frente a mí".
Allende, él mismo un hombre de un ego colosal, reaccionó distanciándose de su viejo amigo. Sainte-Marie fue resintiendo progresivamente los desaires sociales y falta de aprecio, respondiendo con borracheras; su matrimonio con una mujer mucho más joven fue deshaciéndose de manera desastrosa, y él temió un escándalo que pudiera ser aprovechado por la derecha. Sainte-Marie se había amargado en su propio éxito y quiso alejarse.
Mientras tanto, Pey había asumido un rol más activo en el diario. La circulación del Clarín se había elevado a 280 mil cada día de la semana, sobrepasando a El Mercurio. El diario necesitó nuevamente nuevas y más rápidas prensas para poder satisfacer la demanda. Pey se hizo cargo de la tarea de importar una prensa rotativa a color de última generación. El Clarín había comprado también un gran edificio (su tercera pieza mayor de propiedad) en el centro de Santiago, cerca del ministerio de Defensa, en cuyo subterráneo habría de instalarse la nueva prensa. "Un día Sainte-Marie me llamó y me dijo, ‘Viejo amigo, tengo que irme, y la próxima semana es cuando me voy. Tú que has estado conmigo y has visto todo esto, deberías quedarte con el diario", recuerda Pey. Pey empleó esa semana para reunir sus recursos, pedir dinero prestado, y decidir la compra del diario. Hizo una serie de pagos totalizando cerca de 1.3 millones. Fue un precio de venta "por incendio", dice Pey, porque el diario estaba floreciente y sólo el valor de los edificios y las nuevas prensas excedía con mucho el precio de venta. El viajó a Portugal, donde Sainte-Marie había volado, para finalizar la boleta de venta.
Es aquí donde la historia se pone oscura y comienza la disputa. Pey tiene documentación de las transferencias bancarias a Sainte-Marie, la boleta de venta, y certificados de acciones firmados por Sainte-Marie y otros que aparecían en papeles de propiedad corporativa. Pero intervino el golpe de Pinochet el 11 de septiembre en Chile, empujando a Pey al exilio antes de que pudiera registrar la transacción con el Superintendente de Sociedades Anónimas, un cuerpo regulatorio.
Fue un tiempo violento y caótico. El país estaba arruinado con protestas a favor y en contra de Allende, la economía estaba paralizada con una inflación que alcanzó al 300%, y el presidente y su coalición de partidos estaban rápidamente perdiendo el control de la situación. El 11 de septiembre de 1973, el general Pinochet (con bien documentado incentivo norteamericano) derrocó el gobierno de Allende en uno de los más violentos golpes militares en Latinoamérica, dejando miles de muertos y decenas de miles de prisioneros políticos.
El Clarín y otros medios progobierno fueron un blanco especial de la represión. En el mismo día en que los aviones militares bombardearon el palacio presidencial, soldados asaltaron las oficinas de El Clarín, pararon las prensas y encarcelaron a sus principales editores. Los titulares de la primera plana de El Clarín de ese día, su último, proclamaban una llamada a resistir el golpe. Pay estuvo entre los cientos de chilenos a quienes se les ordenó entregarse a las nuevas autoridades militares. Muchos de los que obedecieron esta orden fueron ejecutados. Habiendo sobrevivido el trauma de España, Pey no estuvo tentado de entregarse voluntariamente. Se ocultó por varios días y eventualmente obtuvo asilo en la embajada de Venezuela. Se le permitió abandonar el país bajo protección de la embajada, pero se le retuvo su pasaporte, convirtiéndolo efectivamente en un apátrida.
La ‘limpieza' política de los medios de comunicación chilenos fue completa. En total, doce publicaciones impresas fueron cerradas y cuarenta radio-estaciones silenciadas. El personal de los tres canales de televisión fue purgado y puesto bajo control militar.
En medio de una gran publicidad, en 1975 la Empresa El Clarín fue oficialmente confiscada sin ninguna compensación, usando un decreto de la Junta diseñado para liquidar todas las propiedades pertenecientes a los partidos políticos y a los sindicatos. Las acciones de los militares que en aquel momento intentaron desacreditar a Pey como una simple herramienta del presidente marxista, han suministrado incluso, en otra cuota de ironía, alguna de la más poderosa evidencia a favor de la lucha de Pey contra el gobierno actual. Para justificar la confiscación, un funcionario del gobierno de Pinochet anunció públicamente que los documentos de propiedad de El Clarín habían sido descubiertos en la oficina privada de Víctor Pey. Los papeles, consignó el funcionario en una declaración escrita, mostraban que Pey, no Sainte Marie ni los tres otras personas cuyos nombres aparecían aún en el registro de la Superintendencia de Sociedades Anónimas, era el verdadero propietario de El Clarín. Los documentos, encontrados en una caja fuerte, tenían las firmas de Sainte-Marie y de los otros, y mostraban que aquellos cuatro habían renunciado a sus títulos sobre todas las acciones de El Clarín, y que en efecto, era Pey el poseedor de los documentos. "Basados en esta evidencia … el resultado es que fue Víctor Pey quien compró la Empresa Periodística El Clarín, haciendo pagos de 780. 000 dólares americanos [y] 500.000," declaró el funcionario.
Aquí es donde el asunto estaba en 1990. Con un gobierno democrático en el poder, Pey se movió para recuperar El Clarín. Al principio todo fue muy bien. Una orden judicial le devolvió los documentos de propiedad que habían sido preservados por el gobierno militar. Con los papeles en la mano, Pey inició el proceso de restitución que pensó inicialmente sería amistoso. Debería ser un proceso simple, dijo en aquel tiempo: "Me lo quitaron por decreto, pueden restituírmelo por decreto"
Pey prometió que él no tenía intenciones de quedarse con el dinero. "He dicho que en el momento en que tenga suficientes recursos voy a publicar el diario El Clarín, que defenderá intereses que coinciden de algún modo con los intereses del actual gobierno de la Concertación" . Como una garantía de sus intenciones, Pey donó el 90 por ciento de la propiedad de El Clarín a la Fundación Salvador Allende de Madrid, una organización de derechos humanos sin fines de lucro fundada en España.
El socio de Pey en el esfuerzo por recuperar El Clarín es una historia en sí mismo. El es Joan Garcés, el abogado español que diseñó la estrategia legal que resultó en el arresto de Pinochet en Londres en 1998. Garcés sirvió como consejero político de Allende hasta el golpe, y es el presidente y co-fundador de la Fundación Salvador Allende.
Luego de que pasaron varios años sin ningún progreso en su demanda en Chile, Pey y Garcés probaron otra táctica. En noviembre de 1997, Pey, un ciudadano español, y la fundación, presentaron una demanda en contra el gobierno chileno en el Internacional Centre for Settlement of Investment Disputes (Centro Internacional para el Arreglo de Disputas de Inversión) (ICSID), una organización arbitral, ubicada en el Banco Mundial, en Washington, D.C.
La demanda pone al gobierno chileno en un doble aprieto. De un lado, no puede oponerse a la arbitración, a la cual está comprometido por un tratado con España, sin enviar una señal negativa a los inversores extranjeros interesados en la boyante economía chilena. En casos de confiscación el proceso de arbitración permite la restitución no sólo de la propiedad en sí, sino también de las ganancias no obtenidas. Así, la demanda de Pey fue inicialmente establecida en la estratosférica cantidad de 517 millones de dólares, aunque los tres jueces de la arbitración asignados al caso establecerán cualquier arreglo final.
De otro lado, el gobierno chileno no se sintió libre de negociar un arreglo menor por medio de conversaciones directas con Pey por temor a la ira de los poderosos partidos derechistas chilenos y su aliado, El Mercurio. Campanas de alarma sonaron dentro de la Concertación. De acuerdo con un ex funcionario de gobierno directamente involucrado, los líderes de la Concertación advirtieron al entonces presidente Ricardo Lagos que si el gobierno no daba una fiera batalla, empleando los mejores abogados internacionales, podría ser acusado de "algún tipo de connivencia con la Fundación Salvador Allende de España".
En realidad tales acusaciones se materializaron muy pronto, no sólo desde la derecha sino también desde la Democracia Cristiana, el gran partido centrista que es el pilar de la coalición concertacionista. Los escritores de El Mercurio machacaron la historia, citando ‘rumores' de que el dinero para El Clarín iba en realidad a terminar en la tesorería del Partido Socialista chileno.
Las advertencias pusieron en movimiento una contra-estrategia para evitar un arreglo con Pey y la Fundación. Esta consistió en pagarle una cantidad menor a otros demandantes en Chile, basados en la teoría legal de que una vez que el caso hubiera sido resuelto administrativamente en Chile, el proceso de arbitración en el Banco Mundial sería cerrado.
En aquel momento, mediados del 1998, no había aspirantes rivales a la propiedad de El Clarín. Darío Sainte-Marie había muerto a comienzos de los años ochenta. Su testamento, obtenido de archivos de gobierno sobre el caso entregados a mí, contiene una larga lista de cuentas bancarias y propiedades, pero ninguna mención de El Clarín. Otro hombre cuyo nombre aparecía en el registro de la Superintendencia de Sociedades Anónimas, Emilio González, también había muerto, y su testamento tampoco contenía ninguna demanda a la propiedad de El Clarín.
Sin embargo, a los pocos meses de que Pey hubo presentado su demanda al organismo internacional de arbitración, los herederos de Sainte-Marie, González y dos otros hombres cuyos nombres aparecían en la carátula del registro, presentaron una demanda conjunta en Chile, y en tiempo récord se les concedió un arreglo de 9 millones de dólares. (No es necesario decir, que ninguno de los recipientes manifestó la menor intención de publicar un periódico). La estrategia y las acciones del gobierno chileno son demasiado complejas para ser explicadas en detalle, pero sus elementos centrales fueron confirmados por dos funcionarios involucrados en el acuerdo, y por documentos de gobierno entregados a mí mediante una petición oficial, haciendo uso del equivalente chileno de la Ley [norteamericana] sobre Libertad de Información.
En la forma más simple, he aquí lo que ocurrió: El comité gubernamental chileno para la Inversión Extranjera, que estaba luchando en contra del caso de arbitración de Pey en Washington, contrató un abogado para hacer el argumento legal, llamado ‘estudio en derecho', en contra de la demanda de propiedad de El Clarín por parte de Pey. El abogado hizo eso en un documento confidencial en el cual concluyó que sólo las personas cuyos nombres aparecen en el registro de la Superintendencia de Sociedades Anónimas eran los legítimos propietarios, y que puesto que Pey no registró los títulos y papeles de transferencia en su posesión, "una compra legalmente certificada" por Pey no puede ser demostrada.
El mismo abogado se acercó entonces a por lo menos dos de las familias mencionadas en su reporte y las puso al tanto de los posibles beneficios financieros que recibirían si ellos se asociaban con él para presentar una demanda. De acuerdo con Roberto Mayorga, quien estaba a cargo del caso para el Comité de Inversiones Extranjeras y que contrató al abogado. "Lo que yo sé es que los herederos no estaban al tanto de que tenían derechos sobre El Clarín, y lo han sabido por medio del ‘estudio en derecho' que se filtró y que concluye que ellos eran los poseedores de las acciones de la compañía propietaria del periódico". El dice que la acción del abogado al contactar a la familia no fue ética, pero no ilegal bajo la ley chilena. A cambio de sus servicios legales el abogado y sus asociados recibieron 1.6 millones de dólares, como parte de la restitución pagada a las familias.
El ministro de Bienes Nacionales de aquella época, Claudio Orrego, quien firmó el decreto administrativo por los 9 millones de dólares, también reconoció que el pago estaba vinculado a la arbitración en Washington de la demanda de Pey. "No quiero engañarlo", me dijo. "La idea fue que esto [los 9 millones de restitución a los herederos] de algún modo sancionaría el otro asunto pendiente" Dijo que el caso le fue presentado en su primer mes como ministro y que había "urgencia" de resolverlo rápidamente. "esta fue una estrategia que vino de antes de mi llegada", dijo. "Me acuerdo que el caso internacional fue invocado como uno de los factores de urgencia para poder resolver el asunto rápidamente".
Al final, la táctica no funcionó. Los jueces de la arbitración del Banco Mundial se negaron a cerrar el caso. De modo que el gobierno chileno perdió 9 millones de dólares y la arbitración continuó arrastrándose por varios años más, hasta el año pasado, cuando pareció entrar en su fase final. Un borrador confidencial de la decisión de más de 100 páginas, que he leído, suministra una fuerte indicación de que el Consejo se inclina hacia una resolución favorable a Pey. El documento declara que la venta de El Clarín a Pey fue, "sin duda la verdadera intención de las partes", y que los argumentos del gobierno chileno de que otros eran los verdaderos propietarios, "da pie, por decir lo menos, a abundantes dudas y preguntas."
El Consejo de arbitraje condujo a lo que el juez que lo presidió dijo ser su última sesión en enero, y señaló que la próxima etapa será la decisión final. El juez parecía reproducir la súplica de Joan Garcés de que el tiempo se le está terminando a Pey, un hombre de noventa y dos años. "El tribunal ya ha establecido un calendario de trabajo", dijo el juez, "y somos conscientes de que es necesario terminar tan pronto como se posible, porque este es un caso que ya ha durado demasiado, por una serie de razones que no serviría ningún propósito recordar".
La decisión del tribunal de arbitraje, y el establecimiento del monto del arreglo, si es que lo hay, no está sujeta a apelación. El portavoz Ricardo Lagos Weber dijo que su gobierno aceptará la decisión cualquier que ella sea. "Chile tiene que cumplir sus acuerdos internacionales, sean éstos con el ICSID, o con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", me dijo.
Si y cuando El Clarín aparezca nuevamente en las calles, tendrá que librar una dura batalla para sobrevivir en el homogéneo clima de los medios de comunicación chilenos. Otros tres periódicos han tratado y fallado, desde el retorno de la democracia, en su intento de quebrar la dominación de las dos empresas que publican El Mercurio y La Tercera, que controlan cerca del 90 por ciento de la circulación y la publicidad de los medios impresos. Ninguno de ellos consiguió atraer publicidad en la conservadora comunidad empresarial chilena. Otras tres revistas políticas semanales que habían sobrevivido, con fondos internacionales, durante los últimos años de la dictadura de Pinochet, colapsaron por falta de publicidad en los primeros años de la democracia.
El gobierno ha proclamado una política de no intervención en cuanto a los medios de comunicación, pero en Chile el gobierno no ha sido nunca un actor pasivo en el escenario de los medios. En realidad, el gobierno aún es propietario del periódico La Nación, una reliquia que trabaja a pérdidas desde comienzos del siglo pasado cuando los medios de comunicación estatales estaban de moda en Latinoamérica. Y La Nación, con una minúscula circulación y con muy poca credibilidad periodística a causa de su conexión con el gobierno, ha sido uno de los factores que ha impedido que cualquier nuevo periódico pueda sobrevivir financieramente.
Ciertamente fue un factor en la falla más reciente del Diario Siete, que cerró en junio del 2006, aunque se había ganado un gran respeto, gracias a su sólido periodismo investigativo. "Sabíamos que no habría muchos avisos privados", dice la editora Mónica González. "Los empresarios en Chile son los ideológicamente más rígidos del continente".
En cambio, de acuerdo con un plan de negocios confidencial y de tres fuentes internas, el éxito de Siete dependió de la promesa del entonces presidente Ricardo Lagos de finalmente cerrar La Nación como diario, liberando así una gran cantidad de publicidad institucional y de gobierno para el Diario Siete. Cuando Lagos terminó su período en marzo del 2006 sin haber cumplido la promesa, los respaldos financieros de Siete, muchos de ellos prominentes figuras políticas de la Concertación le quitaron su apoyo.
El propietario de La Tercera invirtió una gran cantidad de recursos en el Diario Siete, en un frustrado intento de mantenerlo a flote a pesar del disminuido apoyo de sus inversores más políticos. Aquella inversión fue una de entre una serie de acciones del propietario de COPESA iniciadas para separarse de su identificación con la derecha chilena y atraer a lectores de centro y de izquierda. Mejorías en el diseño y la cobertura de La Tercera han tenido éxito en elevar el número de lectores del diario, virtualmente a la par con los de El Mercurio.
En cuanto a Víctor Pey, está algo optimista, ahora que los jueces están escribiendo finalmente una decisión, y que muy pronto pudiera "salir humo blanco". Sin embargo, es incapaz de explicar, como muchos en Chile, la resistencia a su proyecto de reeditar El Clarín. "Tienes que introducir una cosa en tu pensamiento, y es que en Chile hay alguien en cuyo interés es mejor que El Clarín no aparezca", me dijo Pey.
Si fuera sólo el dinero, para seguir esta línea de pensamiento, el curso lógico para el gobierno sería simplemente ofrecerle menos a Pey. Pero las acciones del gobierno especialmente al pagar a demandantes rivales en medio de la litigación con Pey, sugiere que están en acción motivos más complicados. La teoría que escuché más frecuentemente, de periodistas y operadores políticos, apunta al poder abrumador de El Mercurio y las fuerzas económicas con las que está aliado. Ellos están resignados a no ganar elecciones, así indica la teoría, pero han concertado un acuerdo con el gobierno de acuerdo con el cual el gobierno no interfiere en el poder periodístico y económico de El Mercurio, mientras éste mantenga una cobertura crítica, pero respetuosa, de la Concertación.
No dicho pero evidente en el tono tanto de El Mercurio como de La Tercera, es que hay un compromiso de abstenerse del tipo de salvajes campañas antizquierdistas que fueron instrumentales, en el pasado, en aguijonear a los militares a entrar en acción.
Esta teoría hace sentido en algunos aspectos, pero no consigo aceptar una tan impecable explicación conspiratoria, además es difícil imaginar un retorno a la violencia política en un país que ha llegado a ser el modelo de estabilidad y prosperidad económica en la región.
Con todo, no puedo ignorar la flagrante pusilanimidad mostrada por varios gobiernos de la Concertación cuando la derecha política ha subido la temperatura, como lo hizo cuando la demanda de El Clarín salió a la luz. Para los funcionarios de la Concertación El Clarín es el diablo no conocido, y una amenaza potencial a un confortable modus vivendi. No importa cuán favorables y profesionales sean las promesas de Pey en cuanto a la reencarnación de El Clarín, éste no es visto como una ventaja política, menos aun como un aliado de la coalición gobiernista. Le temen al periódico de extremos, a la hoja de escándalos que todos recuerdan haber amado u odiado. Quizás en la mente de los cautos políticos chilenos, quienes están más interesados en economía que en ideología en estos días, se alberga el temor de que la existencia de El Clarín, incluso su apoyo, producirá un indeseado recuerdo de los malos tiempos de polarización y grandilocuencia que una vez condujo a Chile a la tragedia.

John Dinges es profesor de periodismo en la Universidad de Columbia, fue corresponsal en Chile en los años 70, y es autor recientemente del libro: The Condor Years: How Pinochet Brought Terrorism to Three Continents, publicado en Chile como ‘Operación Cóndor'.

26 de septiembre de 2007
©columbia journalism review
[viene de piensachile ]
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buscan a víctimas de lago rapel


Juez dirige diligencia en busca de restos de detenidos desaparecidos en el sector del Lago Rapel.
Santiago, Chile. El juez Héctor Solís encabezó hoy una diligencia para hallar restos de 22 detenidos desaparecidos durante el gobierno del fallecido general (R) Augusto Pinochet, presuntamente fusilados en Paine, 40 kilómetros al sur de Santiago.
"Ya se encontraron pequeños huesos y creemos que, por lo menos, ese fue el lugar donde ocurrió la masacre de estas 22 personas", confirmó hoy el presidente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Paine, Juan Maureira.
El dirigente añadió que en el sector de Los Quillayes fueron encontrados, además de restos óseos, casquillos de balas que dan cuenta del posible lugar del fusilamiento de los desaparecidos de Paine.
El magistrado, que trabaja con peritos de las policías civil y uniformada, además de expertos del Servicio Médico Legal, llegó hasta el lugar debido a la declaración de uno de los fusileros de la operación represiva.
"Se habría encontrado el lugar por una gran cantidad de casquillos de balas y también balas sin percutar. Tenemos bastantes expectativas de que ya se habría precisado el lugar donde fueron asesinados nuestros familiares el 16 de octubre del '73", precisó Maureira.
"Todas las familias están con mucha expectativa, muy emocionadas, pero a su vez, les digo que tengan calma y tranquilidad, y que vamos por un buen camino", añadió.
De confirmarse el hallazgo, el caso podría vincularse con la denominada operación ‘retiro de televisores', en la que se exhumaron ilegalmente los cuerpos de víctimas de violaciones a los derechos humanos, para ocultar los crímenes de los organismos represivos del gobierno militar, con miras a la aplicación de la ley de amnistía.
El abogado querellante en el caso de las víctimas de Paine, Luciano Foullioux, valoró el "despliegue importante" encabezado por el juez Solís y manifestó estar a la "espera" de los resultados de las pesquisas.
Solís busca establecer con certeza si la zona analizada corresponde al lugar donde fueron fusilados campesinos de Paine.
Entre las víctimas se cuenta a Andrés Pereira, padre de la abogada de derechos humanos y otrora presidenta de la Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Pamela Pereira.

25 de septiembre de 2007
©la tercera
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