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desigualdad clama al cielo


Presidente de la Conferencia Episcopal invitó "con profundo respeto" a debatir sobre la deuda con los más pobres de Chile.
Obispo Goic llama a superar "escandalosas" diferencias en la distribución del ingreso.Dialogar para resolver las "escandalosas diferencias" en la distribución de los ingresos es el llamado que ayer hizo la autoridad religiosa, tras cumplir un exitoso rol como mediador en el conflicto que sacudió a la principal empresa del país durante más de un mes.
El presidente de la Conferencia Episcopal, obispo de Rancagua, monseñor Alejandro Goic, advirtió ayer que "el conflicto va a venir" si el país, en su conjunto, no trabaja por lograr una mayor justicia social.
El hombre que logró sentar a la mesa de diálogo a los ejecutivos de Codelco, de las empresas contratistas y a los dirigentes de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), facilitando con ello un acuerdo en que cada parte debió ceder, llamó a debatir y buscar una fórmula para tener una distribución más justa de la riqueza en Chile.
"Hemos crecido y estamos creciendo y ojalá sigamos creciendo, al cinco, seis o siete por ciento. En un país donde el 90 por ciento son creyentes en Cristo, donde hemos resuelto juntos el paso de un régimen de facto a uno democrático, ¿no será el momento ya de abrir un gran debate nacional para ver cómo distribuimos la riqueza? Yo me pregunto: ¿Es posible vivir con un sueldo mínimo de 140 mil pesos? Con profundo respeto, invito a debatir esta deuda pendiente que tenemos con los más pobres de Chile", declaró.
El obispo de Rancagua agregó que "hago un llamado a los hombre de fe a que nos pongamos una mano en el corazón a que crezcamos en equidad y justicia social, porque o sino el conflicto va a venir", añadió.

Diálogo Social
Firme partidario del diálogo social que impulsa el ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, monseñor Goic sostuvo en entrevista a Radio Cooperativa que "ojalá que la sociedad chilena en momentos de paz y tranquilidad, no cuando aún está caliente un conflicto como fue el tema de Codelco con los contratistas, pudiéramos sentarnos a dialogar para resolver, a mi juicio, un problema que hay en la sociedad chilena, y que nuestra declaración y desde hace muchos años están reiterando: las diferencias escandalosas que existen en el país en relación a la distribución de los ingresos".
La autoridad religiosa de la VI Región añadió que este tema debe analizarse "desde una postura ética" y recalcó que la Iglesia busca en estos casos de conflicto "ser vínculo de unión, de comunión en una situación que ha sido muy compleja", en respuesta al empresario de la CMPC, Eliodoro Matte, quien criticó a quienes facilitaron el acuerdo porque, en su opinión, con ello creaban un clima antiempresarial.
"La Iglesia lo que hizo fue ser puente, no mediadora y se logró la pacificación de los espíritus. Todos tenemos que hacer un gran esfuerzo para ser un país mas justo y dialogar serenamente", manifestó.

Descubrir la Humanidad
Monseñor Goic agregó que en ese proceso "lo que hizo Codelco fue descubrir a los dirigentes en su humanidad y los dirigentes descubrieron a los ejecutivos como seres humanos".
Goic recordó que desde que encabeza el organismo, hace casi tres años, ha mantenido la política de "tener las puertas de la Iglesia abiertas a toda persona que quiera dialogar con paz y con respeto" y criticó a los medios de prensa que "cuando la Iglesia habla a temas de moral sexual, le dan cobertura, pero cuando habla de temas de moral social, no".
La Iglesia Católica ha reiterado su profunda preocupación por las consecuencias que puede tener en el país la brecha entre ricos y pobres. Así lo hizo el 18 de julio, en medio del conflicto, cuando la Conferencia Episcopal alertó sobre las inequidades en la subcontratación, luego que el propio obispo Goic se ofreciera para facilitar el encuentro, a petición de los trabajadores, sin ser escuchado por Codelco.
Asimismo, el arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, llamó a la cuprera estatal a "ser un ejemplo" en materia de condiciones laborales.

2 de agosto de 2007
©la nación
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declaraciones en caso teruggi


[Jorge escalante] Ayer declararon testigos estadounidenses ante el juez Jorge Zepeda. Caso Teruggi permitiría primeros encausados por Estadio Nacional.
Identificada la cadena de mando que en 1973 tuvo relación con crímenes de Frank Teruggi y Charles Hormann: son los generales (R) Augusto Lutz (fallecido), Sergio Arellano, Herman Brady y César Benavides.
Los primeros procesamientos por los sucesos del Estadio Nacional después del golpe militar serían dictados por el ministro Jorge Zepeda a partir de nuevos antecedentes existentes en la investigación por el crimen del estadounidense Frank Teruggi.
Ayer declararon como testigos la hermana, Jeanisse Teruggi, y otros dos norteamericanos que presenciaron su detención en septiembre de 1973. Uno de ellos fue Shepard Bliss.
El crimen de Teruggi, detenido el 21 de septiembre de 1973, está estrechamente vinculado al del estadounidense Charles Hormann arrestado cuatro días antes. Ambos fueron muertos horas después de sus detenciones y sus cuerpos aparecieron baleados en calles de Santiago. Hasta ahora no existe ningún procesado por los acontecimientos del Estadio Nacional pero se logró identificar a los autores de las detenciones de Teruggi y Hormann, y a quienes ordenaron sus muertes. También se determinó el autor material de la muerte de Teruggi.
En ambos casos está identificada también la cadena mando del Ejército que tuvo que ver con la suerte de ambos estadounidenses. Se trata del general Augusto Lutz (fallecido) quien era jefe de inteligencia del Ejército; el general (R) Sergio Arellano Stark, jefe de la llamada Agrupación Centro de Santiago para operaciones de represión; el general (R) Herman Brady, entonces comandante de la guarnición militar de Santiago; y del general (R) César Benavides, en ese tiempo jefe del Comando de Institutos Militares (CIM).
Ésta sería la estructura militar que podría responder por las órdenes para asesinar a Teruggi y Hormann.
También se logró identificar a oficiales de la inteligencia de la Armada, ya retirados, que seguían desde hacía tiempo los pasos de estos dos norteamericanos y otros más que pertenecían al grupo FIN (Fuente de Información Norteamericana).
Este grupo funcionaba en Chile integrado por estudiantes estadounidenses de izquierda, recopilando información acerca del proceso de Allende y la Unidad Popular para enviarla a Estados Unidos para su difusión. También indagaban los contactos militares, sobre todo del Ejército y la Armada, que condujeron al golpe militar.
El abogado querellante por las familias de Teruggi y Hormann, Sergio Corbalán, dijo a La Nación que "estamos en presencia de cuantiosa información nueva que conduciría a los primeros procesamientos por los sucesos del Estadio Nacional".

2 de agosto de 2007
©la nación
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derogan día de la juventud


Derogado Día de la Juventud que heredó Pinochet.
Santiago, Chile. Derogado quedó desde esta mañana el decreto emitido durante la dictadura de Augusto Pinochet que declaraba el 10 de julio como el Día Nacional de la Juventud.
En ceremonia efectuada en el Palacio de La Moneda, la presidenta Michelle Bachelet firmó la normativa que deroga dicha festividad establecida en 1975 y la traslada al 12 de agosto coincidente con el Día Internacional establecido por las Naciones Unidas.
Al firmar la iniciativa, contemplada en el informe que hoy le entregó el Consejo Asesor de la Juventud, la mandatario dijo que con esta decisión Chile se pone "al tono con la comunidad internacional".
Respecto de otras propuestas de la instancia dependiente del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) dijo que en el gobierno, además, se está "desarrollando una serie de políticas, podemos hacer mucho más que la cantidad de inicitivas que están incluidas acá, estoy segura que van a permitir que nuestros jóvenes tengan el rol de relevancia en nuestra sociedad que se merecen y que ellos esperan".

1 de agosto de 2007
©la nación
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denuncian pacto de silencio


Caso Huber: ministro Pavez denuncia pacto de silencio entre militares.
Santiago, Chile. El ministro en visita Claudio Pavez denunció un pacto de silencio entre los militares involucrados en el homicidio del ex coronel del Ejército, Gerardo Huber, que entorpeció el curso de la investigación sobre el autor material del delito.
"Hay indicios indirectos muy difíciles de probar, pero que alguien dijera que fulano es responsable no pasó nunca. Se nota que existe un pacto de silencio. Siempre tengo esperanzas en la justicia y que la verdad florezca", señaló.
El magistrado cerró ayer el sumario del caso y podrá dictar acusación por asociación ilícita contra el ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), general (R) Eugenio Covarrubias; el ex subdirector de la DINE, general (R) Víctor Lizárraga Arias; el ex jefe de la Dirección de Logística, general (R) Carlos Krumm; el otrora jefe del Batallón de Inteligencia del Ejército, Manuel Provis y el coronel (R) amigo personal de Huber, Julio Muñoz.
"Una es que se asocien ilícitamente para perpetrar delito y otra es que éste haya ocurrido. Ahora aquí hay un crimen que ocurrió consecuencia de una asociación ilícita de tal manera que es claro que existe ese delito en la investigación", dijo el magistrado.
El abogado querellante de la familia Huber, Ciro Colombara, y la viuda del asesinado oficial, Adriana Polloni, señalaron que van a pedir la reapertura del caso ante los tribunales superiores.
En diciembre de 1991 Gerardo Huber se vio involucrado en el tráfico ilegal de armas a Croacia, pertrechos militares que fueron descubiertos en Budapest, Hungría, y que determinaron en Chile la apertura de un sumario.
Tres meses después el cuerpo del oficial apareció en el lecho del Río Maipo con el cráneo destrozado. La causa estuvo caratulada durante 13 años como suicidio hasta que el ministro la cambió a homicidio calificado pocas semanas después asumir el caso.

1 de agosto de 2007
©la nación
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más de 500 centros de tortura


Según contabilizó catastro de Bienes Nacionales.
Santiago, Chile. La ministra de Bienes Nacionales, Romy Schmidt, dio a conocer oficialmente el Catastro Histórico de Inmuebles Fiscales usados como lugares de detención y tortura entre 1973 y marzo de 1990.
Esta suerte de ‘mapa de la represión', contiene más de 500 sitios identificados con sus señas básicas, el cual podrá ser visto a partir de hoy a través de la página web del ministerio.
De acuerdo a la cartera, un objetivo de este catastro es transparentar y difundir el uso que se dio a inmuebles fiscales en dicho periodo, en la violación a los derechos humanos, identificando su localización y distribución territorial, su administración en esos años y en la actualidad.
Según expresó la secretaria de Estado, la idea de este catastro no es "estigmatizar inmuebles, sino preservar una parte dolorosa de nuestra memoria histórica".
Añadió que "nos anima el propósito de contribuir a que los ciudadanos recordemos siempre que la democracia es preciso cuidarla y fortalecerla, y entregar un legado a las nuevas generaciones" y que los derechos humanos no pueden quedar a merced de la mirada cercana de un determinado gobierno, sino que es preciso "apelar también a la memoria".
Este estudio fue desarrollado por profesionales de la cartera, con aportes y visiones de distintos organismos del gobierno vinculados a las políticas de derechos humanos, como el Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior, la Comisión Asesora Presidencial para las Políticas de Derechos Humanos, el Consejo de Monumentos Nacionales y la Dibam, entre otros.

31 de julio de 2007
©emol
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actos sin comprensión humana


Carlos Aldana, juez de casos de derechos humanos. "Hay actos que no tienen comprensión humana".
Concepción, Chile. De trabajo silencioso es el ministro en visita a cargo de 17 causas de secuestros y homicidios calificados cometidos en los primeros años del gobierno militar, entre 1973 y 1978.
Esta semana encabezó la exhumación del mirista Hugo Candia Nuñez, sepultado en el cementerio de Hualqui y muerto en la Base Naval de Talcahuano, en septiembre de 1973.
Seis mil fojas, contenidas en 18 tomos, posee el expediente más voluminoso que mantiene a la vista el ministro Carlos Aldana Fuentes, juez especial de la Corte de Apelaciones de Concepción, designado por turno en 2005 para investigar las violaciones a los Derechos Humanos ocurridos en la región, entre septiembre de 1973 y 1978, periodo en que rigió la Ley de Amnistía.
El sumario por la muerte de 18 personas en Santa Bárbara es el más voluminoso, pero no el único que le quita el sueño a este juez nacido en Quirihue, pues en cada uno de los 17 expedientes que tiene en su poder ha trabajado con "empeño, dedicación y acuciosidad".
Si bien no tiene dedicación exclusiva, asegura que sus superiores le han dado todas las facilidades para su labor y que si no ha habido mayores resultados, es por la naturaleza de las pesquisas. Es el único ministro en visita que tiene asignada una oficina especial, donde en un estante el actuario con dedicación exclusiva, David Bravo Villaroel, guarda celosamente los expedientes.

¿A más de 30 años de ocurrido los hechos, hay mayor colaboración de las FF.AA. para investigar estos casos?
La colaboración fundamentalmente de las Fuerzas Armadas ha sido cada vez más amigables. Esto, pese a que desde el comienzo no tuve una dificultad mayor. Siempre existe el temor en ellos de que por investigarse los hechos, se crea que es un enjuiciamiento a la institución, que las medidas que se pudieran decretar afecten su prestigio.

¿El hecho de que los investigados sean ex uniformados, dificulta más el trabajo?
Esta gente se preparó para interrogar y tienen cursos al respecto, como también, mucha reticencia. Es muy difícil obtener los antecedentes reales de cómo ocurrieron los hechos. Ellos saben manejar los antecedentes, ocultarlos y, por último, se asilan en que no declararán respecto de los hechos, porque los ignoran.

¿No hay colaboración?
En general no ha habido una colaboración abierta, salvo algunos casos. Pero esas confesiones llegaron después de haber hecho un cruzamiento de interrogaciones e investigaciones, así que ellos no tenían otra alternativa. Nadie ha llegado por remordimiento de conciencia a decir "he hecho tal cosa".

El ministro afirma que si hubiera habido más colaboración de los interrogados, "la mayoría de los casos los habríamos terminado en estos dos años, pero se ha privilegiado aclarar los hechos, volver a interrogar e inspeccionar lugares".
Bajo esa perspectiva, dice, estar "satisfecho con el rendimiento que se lleva".

¿Cómo es su relación con los familiares de las víctimas?
Tienen una muy buena disposición y confianza. Esto último, a veces me preocupa, porque yo no puedo sembrarles ilusiones de que se esclarecerán todos los hechos y que habrá sanción en todos los casos.

Aldana detalla que la mayoría de las causas que lleva son por secuestro calificado, ya que no hay cuerpos. En el caso en que sí existen, se investiga homicidio calificado y secuestro. Lo que más complica es el tiempo transcurrido, por la eliminación o inexistencia de antecedentes.

¿Le sorprende la violencia de las muertes?
Indudablemente. Hay actos que no tienen comprensión humana. Conozco casos dramáticos, como el de un niño que lo asesinaron, sus familiares recuperaron el cuerpo del río, lo estaban velando, cuando llegaron carabineros, lo tomaron, se lo llevaron y desapareció.

En sus interrogados, ¿ha visto arrepentimiento?
Sí, pero en pocos. Ellos dan como justificación que le estaban haciendo un favor a la patria. Otros, derechamente no reconocen participación.

Hay quienes plantean que jamás habrá reconciliación, si sigue el desfile de uniformados por tribunales.
La reconciliación llega conociendo la verdad y aplicando la justicia como corresponde: con prudencia. Si no, hay intranquilidad. La violencia de Día del Joven Combatiente se debe porque todavía no hay justicia. Sin embargo, el caso de los degollados no se recuerda con tanta efervescencia, porque allí se hizo justicia.

El Hijo del Panadero
Carlos Aldana es uno de los 11 hijos -todos profesionales- de un panadero, Francisco Aldana Aldana (fallecido hace cuatro años), y una dueña de casa, María Catalina Fuentes Domínguez.
Nació en Quirihue, pero "soy de Trehuaco de corazón", afirma.
Cursado su sexto año de Humanidades en el secano costero se vino a Concepción para ser inspector ad honorem en el Liceo Enrique Molina Garmendia. A cambio de su trabajo le daban comida y alojamiento, lo que le permitió estar en la ciudad para estudiar Derecho en la Universidad de Concepción (UdeC).
Su carrera profesional la comenzó como secretario del Juzgado de Letras de Cauquenes, en febrero de 1983. A fines de ese año ascendió a juez del mismo tribunal. Fue relator interino en las cortes de Apelaciones de Chillán y Talca, y en 1991 secretario de este último tribunal de alzada. En 1992 llegó al Segundo Juzgado del Crimen de Talcahuano y el 8 de septiembre de 2004 ascendió a ministro de la Corte penquista. Fue presidente regional de la Asociación Nacional de Magistrados entre 2002 y 2005.
Es padre de dos hijas: Ana María, abogada como él y fiscal de Talcahuano; y Carla, médico y quien cursa su especialidad en Medicina Legal en la Universidad de Chile.
Es profesor de Derecho Penal de la Universidad San Sebastián y cursa un magíster en Derecho en la UdeC. Su sueño: ser docente de este último plantel.
"Me estoy preparando (por el magíster). ¡Puede que se den cuenta que tengo ganas!", dice.

Los Avances del Ministro
Diecisiete son las causas de violaciones a los DD.HH que sustancia el ministro Aldana.
De ellas, 11 están en sumario, en una se cerró la etapa investigativa, dos están en plenario y tres ya tienen sentencia. De estas últimas, una está en apelación y las dos restantes en etapa de notificación. Por ello, no hay nadie que cumpla pena efectiva de cárcel. Los procesados, en tanto, gozan de libertad provisional. La última causa que se investiga ingresó el 20 de junio pasado. El ministro afirma que en más del 50% de las casos en curso debiera cerrase el sumario en dos meses más.

29 de julio de 2007
©el sur
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ex prisioneros piden reparación


Ex prisioneros políticos piden indemnizaciones.
Chillán, Chile. En una especie de cruzada para lograr el gran objetivo propuesto, que es obtener indemnizaciones justas por los daños morales y psicológicos, producto de los vejámenes físicos sufridos durante el régimen militar, se encuentran ex prisioneros políticos. Agrupados en la Unión de Prisioneros Políticos, la directiva nacional se reunió ayer con sus asociados en Chillán, para explicarles los alcances de las iniciativas a las que se encuentran abocados. "Como agrupación hemos presentado cuatro demandas contra el Estado, por 962 personas, de las cuales 140 son de Chillán, aún cuando en total son más de tres mil los afectados", sostuvo Víctor Rosas Vergara, presidente nacional de la Unión de Prisioneros Políticos. Básicamente, explicó el dirigente, la agrupación no quedó conforme con el sistema de pensiones impulsado por el gobierno y que se materializó tras el Informe Valech, sobre prisiones políticas y torturas. Por esta razón, solicitaron indemnizaciones, puesto que se ajustan más a los daños causados y son extensivas además a las familias, "lo que no ocurre con las pensiones, que además, son por montos irrisorios", agregó Rosas. Respecto al camino legal adoptado, el dirigente explicó que la demanda contra el estado en la práctica implican años de juicio. Por esta razón, dijo, se está gestionando a través del senador Nelson Ávila, la adecuación de la justicia a los requerimientos de la ONU sobre el tema. que apuesta por una agilización en materia de indemnizaciones para las víctimas de violaciones a los derechos humanos. El objetivo, indicó, es que sea incorporado en la Comisión de Derechos Humanos para su futura indicación a un proyecto de ley en el Parlamento.

29 de julio de 2007
©la discusión
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recuperan cuerpos de asesinados


[Alejandra Lobo] Hallan 250 cuerpos que corresponderían a las víctimas de Matanza de Santa María.
Iquique, Chile. El hallazgo de unos 250 cuerpos que corresponderían a víctimas de la Matanza de Santa María, se han logrado recuperar en las faenas de exhumación que se realizan desde el osario donde fueron abandonados los restos de los trabajadores en 1962.
El descubrimiento corresponde sólo a la primera fase de las excavaciones, donde trabaja un equipo de expertos. Hasta ahora se han podido recuperar unos 250 cuerpos esqueletizados, varios de los cuales son de niños y mujeres. Además, ha sido posible hallar calzado, ropa antigua y diarios que datan de los períodos de 1890 a 1960.
El tanatólogo, Pedro Iriondo, dijo que los cuerpos que se han exhumado son los que corresponden al primer nivel del osario. "Aun hay mucho por hacer y no sabemos qué encontraremos en los próximos dos niveles que nos quedan por trabajar. Estos cuerpos, corresponden a la primera etapa de las faenas y hemos podido hallar restos esqueletizados, de todos los sexos y edades, que parecen ser reducciones. Además, se ha encontrado ropa, bastante calzado y periódicos antiguos", precisó.
El profesional explicó que no existe seguridad respecto a cuántos cuerpos fueron depositados en el osario, razón por la cual será necesario derribar un muro de la fosa, de tal manera que se pueda establecer su profundidad, cuántos son los niveles que posee exactamente y la cantidad de víctimas que podrían encontrarse. "Hasta ahora no sabemos a qué estamos enfrentados, tenemos sólo presunciones y la información que proporcionó un trabajador del cementerio que ayudó en las faenas de traslado de los cuerpos hasta este lugar en 1962", apuntó.
Los cuerpos encontrados han sido depositados en bolsas y, posteriormente, serán trasladados hasta un contenedor. Una vez que se terminen las tareas de exhumación, se iniciará el proceso de análisis de los restos, donde participarán expertos chilenos y españoles, los que deberán determinar si, efectivamente, corresponden a los obreros asesinados durante la Matanza de Santa María. Junto a ello, se establecerán parámetros como sexo, edad, estatura y probable causa de muerte. No se realizará una individualización de cada uno de los cuerpos, pero sí se les asignará un número, que facilitará su traslado y sepultación en un mausoleo que se construye en el Cementerio No. 3, con motivo del centenario de la matanza obrera.

29 de julio de 2007
©la tercera
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