cayó chacal pinochetista
[L. Narváez / J. Rebolledo] Capturado en Valparaíso responsable de la matanza de hornos de Lonquén. Ayer fue detenido mayor (R) de carabineros Lautaro Castro quien llevaba seis meses prófugo de la justicia.
Valparaíso, Chile. La fuga del general (R) Raúl Iturriaga no es la única a la que se han enfrentado la justicia y la policía, ante la postura rebelde adoptada por ex miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros, que se niegan a aceptar las condenas por violaciones de los derechos humanos.
La Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos (BAE) de la Policía de Investigaciones capturó ayer, en Valparaíso, al mayor (R) de Carabineros Lautaro Castro (61), quien fuera jefe de la tenencia de la policía en Isla de Maipo, al sur de la Región Metropolitana, cuando pocos días después del 11 de septiembre de 1973 ordenó la detención y fusilamiento de 17 campesinos.
Del total de prisioneros 15 fueron asesinados sin ningún tipo de procedimiento legal e inhumados ilegalmente en los hornos de Lonquén. Los otros dos, fueron ejecutados en el puente Naltahua.
Reapertura
Antes de asumir como ministra de la Corte Suprema, Margarita Herreros integraba la Corte de Apelaciones de San Miguel. En ese tribunal estaba a cargo de los crímenes cometidos en la localidad rural. Hasta el año pasado, el proceso por las muertes de Lonquén estaba cerrado, por aplicación de la Ley de Amnistía. Sin embargo, la causa por la muerte de los dos campesinos en el puente Naltahua había sido reabierta.
Las víctimas son Juan de Dios Salinas Salinas y Guillermo del Carmen Bustamante Sotelo. Ambos de 29 y 39 años, respectivamente, eran obreros agrícolas y fueron detenidos el 14 de septiembre de 1973 por una patrulla de Carabineros, acompañada por el dueño de los terrenos colindantes que había actuado como delator.
Desde esa fecha en adelante nunca más se supo de su suerte. Sólo se sospecha que fueron enviados al campo de prisioneros del Estadio Nacional o el Estadio Chile y que pueden haber sido enterrados en el Patio 29 del Cementerio General.
Todos los policías que participaron de las detenciones fueron sometidos a proceso el año pasado.
En tanto, pese a que Lautaro Castro -que hace unos años se cambió el nombre a ‘Marcelo'- declaró en una oportunidad, cuando nuevamente fue requerido para el interrogatorio, el que daría paso a su procesamiento, desapareció sin dejar rastro.
Actualmente, el caso estaba en manos de la ministra de la Corte de San Miguel, Marta Hanke, la que entregó una orden de captura a la BAE.
Tras meses de investigación, en las últimas dos semanas se pudo establecer que estaba oculto en Valparaíso.
Tras pesquisar un total de ocho domicilios, los detectives centraron su atención en uno ubicado en el Cerro Las Mercedes. En ese sector varios vecinos identificaron la fotografía del mayor retirado.
Sin Resistencia
Durante la mañana, un equipo de cuatro detectives solicitó una orden a la jueza para allanar el lugar. En su interior estaba Lautaro Castro, quien no opuso resistencia al arresto. Al momento de su captura estaba acompañado por su esposa, Ana Dipsi, y pese a que sus familiares más cercanos decían desconocer su paradero, inmediatamente comenzaron a llegar al lugar y hacer llamadas telefónicas al lugar.
Al cierre de esta edición, Castro era sometido a un chequeo médico para hoy ser puesto a disposición del tribunal.
El abogado del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Joseph Bereaud, indicó que la captura de Castro era fundamental para cerrar el sumario e iniciar la etapa de condenas.
El Caso Lonquén
El descubrimiento de los cuerpos enterrados en Lonquén, en 1978, se transformó en un emblema de la defensa de los derechos humanos y dejó al descubierto la política de Estado impulsada por la dictadura de ocultar los cuerpos de las víctimas.
Pinochet y el resto de los cerebros del régimen militar sabían que el macabro hallazgo de los hornos de Lonquén generaría problemas. De allí que se originara una nueva y siniestra estrategia para ocultar los crímenes cometidos a lo largo del país: la operación 'retiro de televisores'. Mediante esta clave, todas las unidades militares se encargaron de ubicar y remover las fosas clandestinas donde habían arrojado los cuerpos de cientos de personas asesinadas. Posteriormente, los restos fueron quemados o lanzados al mar.
Tras la desaparición de los dos campesinos en el puente Naltahua, entre el 7 y 8 de octubre de 1973, los mismos carabineros de Isla de Maipo detuvieron a decenas de campesinos. Quince de ellos sufrieron la represión de los policías, a cargo del entonces teniente Lautaro Castro.
Tras un ir y venir de familiares que nunca encontraron respuesta por la suerte de sus seres queridos, el 1 de diciembre de 1978, la Vicaría de la Solidaridad, presentó ante la Corte Suprema una denuncia por el hallazgo de restos humanos al interior de dos minas de tratamiento de minerales ubicadas en los faldeos de cerros de Lonquén. Los antecedentes pasaron al Juzgado del Letras de Talagante que, mediante un sumario, comprobó la existencia de restos humanos al interior de los hornos. El caso pasó a la justicia militar y el 16 de agosto de 1979, se dictó la sentencia que sobreseyó total y definitivamente a los carabineros procesados en virtud de la Ley de Amnistía. El año pasado el abogado Nelson Caucoto pidió la reapertura del caso y se espera que con la detención de Castro, se sanciones a los también a los demás responsables.
Valparaíso, Chile. La fuga del general (R) Raúl Iturriaga no es la única a la que se han enfrentado la justicia y la policía, ante la postura rebelde adoptada por ex miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros, que se niegan a aceptar las condenas por violaciones de los derechos humanos.La Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos (BAE) de la Policía de Investigaciones capturó ayer, en Valparaíso, al mayor (R) de Carabineros Lautaro Castro (61), quien fuera jefe de la tenencia de la policía en Isla de Maipo, al sur de la Región Metropolitana, cuando pocos días después del 11 de septiembre de 1973 ordenó la detención y fusilamiento de 17 campesinos.
Del total de prisioneros 15 fueron asesinados sin ningún tipo de procedimiento legal e inhumados ilegalmente en los hornos de Lonquén. Los otros dos, fueron ejecutados en el puente Naltahua.
Reapertura
Antes de asumir como ministra de la Corte Suprema, Margarita Herreros integraba la Corte de Apelaciones de San Miguel. En ese tribunal estaba a cargo de los crímenes cometidos en la localidad rural. Hasta el año pasado, el proceso por las muertes de Lonquén estaba cerrado, por aplicación de la Ley de Amnistía. Sin embargo, la causa por la muerte de los dos campesinos en el puente Naltahua había sido reabierta.
Las víctimas son Juan de Dios Salinas Salinas y Guillermo del Carmen Bustamante Sotelo. Ambos de 29 y 39 años, respectivamente, eran obreros agrícolas y fueron detenidos el 14 de septiembre de 1973 por una patrulla de Carabineros, acompañada por el dueño de los terrenos colindantes que había actuado como delator.
Desde esa fecha en adelante nunca más se supo de su suerte. Sólo se sospecha que fueron enviados al campo de prisioneros del Estadio Nacional o el Estadio Chile y que pueden haber sido enterrados en el Patio 29 del Cementerio General.
Todos los policías que participaron de las detenciones fueron sometidos a proceso el año pasado.
En tanto, pese a que Lautaro Castro -que hace unos años se cambió el nombre a ‘Marcelo'- declaró en una oportunidad, cuando nuevamente fue requerido para el interrogatorio, el que daría paso a su procesamiento, desapareció sin dejar rastro.
Actualmente, el caso estaba en manos de la ministra de la Corte de San Miguel, Marta Hanke, la que entregó una orden de captura a la BAE.
Tras meses de investigación, en las últimas dos semanas se pudo establecer que estaba oculto en Valparaíso.
Tras pesquisar un total de ocho domicilios, los detectives centraron su atención en uno ubicado en el Cerro Las Mercedes. En ese sector varios vecinos identificaron la fotografía del mayor retirado.
Sin Resistencia
Durante la mañana, un equipo de cuatro detectives solicitó una orden a la jueza para allanar el lugar. En su interior estaba Lautaro Castro, quien no opuso resistencia al arresto. Al momento de su captura estaba acompañado por su esposa, Ana Dipsi, y pese a que sus familiares más cercanos decían desconocer su paradero, inmediatamente comenzaron a llegar al lugar y hacer llamadas telefónicas al lugar.
Al cierre de esta edición, Castro era sometido a un chequeo médico para hoy ser puesto a disposición del tribunal.
El abogado del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Joseph Bereaud, indicó que la captura de Castro era fundamental para cerrar el sumario e iniciar la etapa de condenas.
El Caso Lonquén
El descubrimiento de los cuerpos enterrados en Lonquén, en 1978, se transformó en un emblema de la defensa de los derechos humanos y dejó al descubierto la política de Estado impulsada por la dictadura de ocultar los cuerpos de las víctimas.
Pinochet y el resto de los cerebros del régimen militar sabían que el macabro hallazgo de los hornos de Lonquén generaría problemas. De allí que se originara una nueva y siniestra estrategia para ocultar los crímenes cometidos a lo largo del país: la operación 'retiro de televisores'. Mediante esta clave, todas las unidades militares se encargaron de ubicar y remover las fosas clandestinas donde habían arrojado los cuerpos de cientos de personas asesinadas. Posteriormente, los restos fueron quemados o lanzados al mar.
Tras la desaparición de los dos campesinos en el puente Naltahua, entre el 7 y 8 de octubre de 1973, los mismos carabineros de Isla de Maipo detuvieron a decenas de campesinos. Quince de ellos sufrieron la represión de los policías, a cargo del entonces teniente Lautaro Castro.
Tras un ir y venir de familiares que nunca encontraron respuesta por la suerte de sus seres queridos, el 1 de diciembre de 1978, la Vicaría de la Solidaridad, presentó ante la Corte Suprema una denuncia por el hallazgo de restos humanos al interior de dos minas de tratamiento de minerales ubicadas en los faldeos de cerros de Lonquén. Los antecedentes pasaron al Juzgado del Letras de Talagante que, mediante un sumario, comprobó la existencia de restos humanos al interior de los hornos. El caso pasó a la justicia militar y el 16 de agosto de 1979, se dictó la sentencia que sobreseyó total y definitivamente a los carabineros procesados en virtud de la Ley de Amnistía. El año pasado el abogado Nelson Caucoto pidió la reapertura del caso y se espera que con la detención de Castro, se sanciones a los también a los demás responsables.
29 de junio de 2007
©la nación 
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