chile

condenan a asesinos de reclutas

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Dictan condena por caso de 2 reclutas asesinados en 1974.

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Santiago, Chile. Amador Pantoja Rivera y Juan Francisco Peña Fuenzalida eran estudiantes de Tercero Medio y cumplían el servicio militar en 1974. Fueron torturados y ejecutados por efectivos del Ejército, estableció el ministro Billard. Sus cadáveres fueron enterrados en las inmediaciones del parque de Lauca
El ministro en visita Joaquín  Billard dictó acusación contra 7 militares en retiro en la investigación por los homicidios calificados de Amador Pantoja Rivera y Juan Francisco Peña Fuenzalida, ambos ex reclutas del regimiento Rancagua de Arica.
Los jóvenes, estudiantes de Tercero Medio, se encontraban cumpliendo su servicio militar en octubre de 1974, durante la dictadura de Augusto Pinochet. Ninguno de los dos tenía militancia política.
Según estableció  Billard, los dos reclutas "fueron privados ilegítimamente de su libertad" el 3 de octubre por efectivos del Ejército, siendo trasladados primeramente a la localidad de Pisagua y con posterioridad al Cuartel de Putre, y finalmente al Regimiento Rancagua.
"Fueron mantenidos en calidad de prisioneros por personal del Ejército, y sometidos a interrogatorios y torturas durante el cautiverio, datando del mes de diciembre del mismo año las últimas noticias que de ellos se tuvieron", añade el magistrado en su resolución.
La sentencia agrega que "encontrándose indefensos a manos de los autores, ambos fueron ejecutados por efectivos de la misma institución, procediéndose a enterrar sus cadáveres en los cerros del desierto de las inmediaciones del parque de Lauca".
El magistrado formuló cargos contra los siguientes ex integrantes del Ejército:

-Juan Iván Vidal Ogueta

-Sergio Arturo Mercado Valenzuela

-Luis Guillermo Carrera Bravo

-José Miguel Ortega Blu

-Hernan Alejandro de la Fuente Irribarra

-Eulogio Carrasco Carrasco

-Horacio Hugo Camillieri Soto.
[Foto viene del blog Fundación Marcelo Guzmán Fuentes.]
12 de noviembre de 2011
11 de noviembre de 2011
©la nación

más criminales pinochetistas libres

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Condenan al Comando Conjunto por crímenes de 2 agentes. Suprema acogió recurso de casación, y condenó a 4 ex integrantes de la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea a 5 años de presidio, pero con libertad vigilada. Otros 3 ex miembros del organismo represor fueron absueltos.

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Santiago, Chile. La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por los homicidios calificados de Guillermo Bratti Cornejo (ex agente de la Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, SIFA) y Carol Fedor Flores Castillo (informante del mismo grupo) cometidos el 1 de junio y 21 de junio de 1976.
En fallo dividido, los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal Jaime Rodríguez, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y el abogado integrante Nelson Pozo acogieron los recursos de casación presentados contra la sentencia que absolvió a 7 ex integrantes del denominado "Comando Conjunto".
La sentencia se adoptó con el voto en contra del ministro Rubén Ballesteros, quien fue partidario de acoger la figura de la prescripción de la acción penal.
Los condenados son Enrique Ruiz Bunger, Juan Saavedra Loyola, César Palma Ramírez y Daniel Guimpert Corvalán, todos con sentencias de 5 años de presidio por su responsabilidad como autor de ambos homicidios. En los 4 casos, se concedió el beneficio de la libertad vigilada.
En tanto, Edgar Cevallos Jones, Roberto Serón Cárdenas y Juan Luis López López fueron absueltos por falta de participación.
En la parte  civil se acogió la demanda presentada por la esposa y los tres hijos de Carol Fedor Flores Castillo y se ordenó pagar a cada uno de ellos la suma de  $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos), es decir, la suma total de $ 200.000.000 (doscientos millones de pesos).
Esta última arista fue resuelta con los votos en contra de los ministros Ballesteros y Rodríguez que fueron partidarios de acoger la causal de incompetencia absoluta del tribunal.

Los Agentes
Carol Flores Castillo fue militante del PC hasta 1974. Ese año fue detenido junto a sus hermanos y trasladado hasta la Academia de Guerra Aérea (AGA). En este recinto, ocupado por organismos represivos de la dictadura, habría sido brutalmente torturado y luego liberado.
Testigos, en el informe Rettig, declararon que tras este episodio Flores comenzó a colaborar con la SIFA delatando a compañeros del PC, lo que coincide con una serie de detenciones a militantes comunistas durante esta época. Sin embargo, en junio de 1976 desaparece.
El ex miembro de la FACh, Andrés Valenzuela Morales, declaró en el proceso que supo que miembros de la SIFA llevaron a Flores hasta el Cajón del Maipo y se deshicieron de su cuerpo.
Esto último pues se habrían enterado que éste le entregaba información a la DINA de lo que hacía el comando. Ello molestó profundamente a los encargados de la AGA.
La misma conducta, según este testigo, se le imputó al oficial Guillermo Bratti, víctima de este caso judicial. Ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Andrés Valenzuela señaló que tanto Flores como Bratti fueron ejecutados porque existía la "versión de que habían entregado información que poseíamos, a la DINA, la que efectuó operaciones perjudicando a nuestra agrupación (Comando Conjunto). La DINA, según los dichos de los agentes detenidos, les habría ofrecido más dinero, vehículo y casa".
En la foto, el juez pinochetista Rubén Ballesteros.]
12 de noviembre de 2011
11 de noviembre de 2011
©la nación

observadores denuncian abusos

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Diputados recibieron informe de Observadores de Derechos Humanos. El testimonio se concretizó en la Comisión de Derechos Humanos y se centró en las actuaciones observadas en las manifestaciones públicas.

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Chile. Maltrato, uso desmedido de la fuerza policial y detenciones arbitrarias en las manifestaciones sociales son algunas de las denuncias que entregaron a la Comisión de Derechos Humanos un grupo de Observadores, compuesto por diversas organizaciones civiles.
El diputado Nino Baltolu (UDI) explicó que el grupo de Observadores de Derechos Humanos focalizó su trabajo en las últimas marchas, saliendo a la calle junto con los manifestantes y tomando cuenta del comportamiento de las policías en el desarrollo de las mismas, particularmente, de las fuerzas especiales, durante los actos represivos de los desórdenes.
El legislador relató que la agrupación entregó algunos detalles de su informe, en el cual se aprecia una fuerte crítica al comportamiento de la policía y en donde se acusa un abuso de sus atribuciones.
El diputado reconoció la importancia de escuchar y tomar nota del trabajo de estas organizaciones, que buscan garantizar el respeto de los derechos humanos, pero llamó también a considerar en los estudios las fuentes de origen de los desórdenes que se asocian a estas manifestaciones. Asimismo, estimó que es necesario un perfeccionamiento al sistema judicial, que permita que los culpables de los desmanes puedan ser, efectivamente, procesados.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, diputado Sergio Ojeda (DC), informó que la instancia recibió este completo informe sobre el accionar de la policía en las últimas manifestaciones estudiantiles y sociales registradas en el país, de los observadores civiles, quienes insistieron en el registro de "maltrato, detenciones ilegales y abusos por parte de Carabineros".
Ojeda agregó que "el informe contiene una profunda crítica, señalando que se han violado derechos fundamentales, utilizando métodos que no son disuasivos, sino represivos, lo que nos preocupa pues estas mismas denuncias ya han sido explicitadas en la ONU, coincidiendo plenamente con la existencia de una fuerte represión a los manifestantes".
El parlamentario señaló que solicitará al Ministro del Interior que responda a estas denuncias y "exigiremos que se adopten todas las medidas respectivas para que se corrijan estos abusos, los antecedentes entregados son contundentes".

Detalles del Informe
Según especifica el documento entregado a la Comisión, las organizaciones participantes de la actividad denominada ‘Observadores de Derechos Humanos’ se motivó "a partir de los graves hechos de violencia policial ejercida contra los estudiantes movilizados desde mayo de este año a la fecha".
En primer lugar, el texto da cuenta de la muerte del menor de 16 años, Manuel Gutiérrez, por disparos efectuados por Carabineros. Si bien reconocen que en el hecho desarrollado en la comuna de Macul no hubo observadores de la agrupación, destacan que el suceso refleja una clara situación en que hubo un uso desmedido de la fuerza y de amedrentamiento hacia la población civil, en un contexto de protesta.
En esta línea, precisaron que hubo constatación de uso de armas de fuego, disparo de balines, lanzamientos de gases lacrimógenos desde helicópteros, atropellamiento de personas con motos policiales, carros lanza aguas, radio patrullas, uso de policías a caballo para atacar a los manifestantes y ataques de perros policiales azuzados por sus amos.
"Nadie podría decir que todos estos métodos usados son elementos disuasivos utilizados por cualquier policía del mundo. Es simplemente un despliegue de la fuerza policial utilizando todos los elementos de los que les ha dotado el Estado, que bien podrían estar destinados a sofocar situaciones mucho más graves que una simple, pero masiva marcha de jóvenes sin armas o de dueñas de casa, tocando cacerolas a modo de protesta. Todo ello, reafirma nuestra tesis de la existencia de un diseño represivo que dista mucho del objetivo de mero resguardo del llamado ’orden público’", explicitaron en el documento.
A seguir, el informe relata diversos casos específicos que dan cuenta detallada de sus observaciones, dentro de las cuales se encuentran el uso de balines en contra de estudiantes en marchas estudiantiles; casos que calificaron como tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, como golpes en los genitales femeninos o masculinos; uso desmedido de la fuerza; y detenciones arbitrarias.
Finalmente, se menciona en un último capítulo las demandas dirigidas al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, siendo algunas de ellas: exigir al Estado chileno la tipificación en la normativa penal interna del delito de tortura, crimen de lesa humanidad, tal como lo mandata la Convención Internacional que sanciona dicho crimen; exigir al Estado chileno el funcionamiento de una Comisión Nacional Investigadora sobre tortura y otros tratos crueles, inhumanos y/o degradantes; y demandar al Estado chileno adoptar las medidas pertinentes que permitan investigar y sancionar los atropellos sufridos por adolescentes, menores de edad y jóvenes en el marco de las movilizaciones estudiantiles.

Ex Presos Políticos del Biobío
El diputado Nino Baltolu informó que la Comisión también recibió en audiencia a la organización de ex presos políticos y exonerados del Biobío-Los Ángeles, quienes solicitaron a la instancia que interceda ante el gobierno con el objeto de dar cumplimiento a una histórica deuda de retribución.
Según especificó, la agrupación ganó en los tribunales un juicio en contra del Estado de Chile por medio del cual éste se compromete a un pago indemnizatorio, sin embargo, precisó, dicho monto no ha sido cancelado y los potenciales beneficiados van muriendo sin que se tenga claridad sobre la concretización del evento.
"En este sentido, la Comisión acordó oficiar al Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, para ver qué acciones se puede impulsar para atender la situación de estas personas", informó el legislador.
12 de noviembre de 2011
10 de noviembre de 2011
©diario de la cámara

ley prohibiría monumentos a pinochet

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Piden urgencia a proyecto que prohíbe monumentos a Pinochet. El diputado Tucapel Jiménez señaló que la aprobación de la iniciativa legal, presentada hace algunos meses, significaría una señal que de que Chile "no honra a criminales".

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Valparaíso, Chile. Diputados de la oposición cuestionaron este jueves el nulo avance del proyecto de ley que prohíbe la exhibición de imágenes y monumentos públicos que honren la memoria del ex dictador Augusto Pinochet.
A juicio de los legisladores, es necesario que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja retome la discusión de la iniciativa presentada hace algunos meses, tras una serie de fallos judiciales que establecieron la existencia de una asociación ilícita a través de organismos del Estado.
Según explicó el diputado del Partido por la Democracia (PPD), Tucapel Jiménez, hijo de un emblemático dirigente sindical del mismo nombre, asesinado durante el régimen militar, las resoluciones de tribunales acreditan los delitos cometidos por órganos represores como la DINA o la CNI, que estaban bajo las órdenes directas de Pinochet.
La Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) fue el primer aparato represor de la dictadura militar que años después fue reemplazada por la Central Nacional de Inteligencia (CNI) con el fin de atenuar las duras críticas que recibió la primera entidad por las graves violaciones a los derechos humanos.
De hecho, su mentor y director, el general retirado Manuel Contreras, cumple sucesivas condenas que suman cerca de 300 años por la muerte de decenas de opositores a la dictadura que fueron apresados y en la mayoría de las veces hechos desaparecer por ese organismo.
El congresista Jiménez sostuvo a Efe que "nadie se imaginaría que, por ejemplo, en Italia existieran monumentos públicos o estatuas en honor al capo de la droga o a un delincuente".
Afirmó que aprobar el articulado, que prohíbe la exhibición de cualquier imagen que honre la memoria de Pinochet, "será una señal muy fuerte para demostrar que Chile no acepta ni honra a criminales que participaron de una asociación ilícita".
El proyecto de ley especifica que "se prohíbe en los espacios y organismos públicos, así como en los establecimientos educacionales, las imágenes, estatuas, placas o escudos que honren o recuerden al ex comandante en jefe del Ejército de Chile, general Augusto Pinochet Ugarte".
Asimismo, "de todos los miembros de la Junta Militar que gobernó a nuestro país desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990", explica el texto.
El documento aclara que esta ley no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, no obstante, esta norma regirá también para el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de Chile.
De aprobarse la iniciativa en el Parlamento, el retiro total de todas las imágenes, placas o escudos en la que aparezca Augusto Pinochet debe hacerse en un plazo de 90 días a partir de la publicación de la ley.
[En la foto, alguien limpia el cristal del féretro luego de que fuera escupido.]
11 de noviembre de 2011
10 de noviembre de 2011
©la nación

querella por escuchas ilegales

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Diputados comunistas se querellan por escuchas telefónicas ilegales. Los parlamentarios denuncian haber sido objeto de "pinchazos" en sus aparatos móviles por parte de miembros de Carabineros. Se pidió una orden amplia para que investigue la PDI.

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Valparaíso, Chile. Los diputados del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier y Hugo Gutiérrez, presentaron en el Juzgado de Garantía de Valparaíso una querella por el delito de escuchas telefónicas, buscando esclarecer los dichos que fueron denunciados en la Cámara de Diputados por el ex carabinero Esteban Infante, en julio pasado.
El presidente del PC, Guillermo Teillier señaló que tanto él como el diputado Gutiérrez recogieron las declaraciones de Infante, dado que "él trabajó muchos años en el servicio de inteligencia y por lo tanto, ahora estamos presentando una querella porque estas escuchas son absolutamente ilegales y queremos que se determine cómo se produjeron, cuándo y que se sancione a los culpables".
Consultado sobre si ellos tuvieron indicios que les permitieran constatar personalmente que sus celulares se encontraban intervenidos, Teillier señaló que no, dada la tecnología que se habría utilizado en el mecanismo de escucha.
"Con el sistema tan moderno que existe hoy día la verdad es que pueden ahora mismo estar interfiriéndonos el teléfono a unos cien metros -según lo que nos decían- con unas máquinas que se compraron con fondos especiales que fueron aprobados incluso acá en el Parlamento con el presupuesto que corresponde a Carabineros o a Interior y el costo decían que era de más o menos 300 mil dólares, más la implementación, vehículos y personal, es decir, es muy caro", aseveró el presidente del PC.
Por su parte, el diputado Hugo Gutiérrez afirmó que lo que buscan con esta acción es conocer los antecedentes de la carpeta investigativa y decretar a la Policía de Investigaciones (PDI) una orden amplia de investigar, así como llamar a declarar al denunciante y a otras personas que estuvieron invitadas el 20 de julio a la Comisión de Derechos Humanos donde se hizo la denuncia.
"Nosotros nos estamos haciendo parte a través de esta querella criminal justamente para conocer los antecedentes de la carpeta investigativa que tenemos entendido que ha habido un avance significativo en la investigación; se han logrado determinar cuáles fueron las máquinas utilizadas por parte de carabineros para intervenir teléfonos, también sabemos que se han tomado otras medidas que son atingentes a poder determinar los teléfonos y en consecuencia, nos interesa sobremanera ser parte en esta investigación para tomar las medidas del caso cuando se sepa cuáles son todos los teléfonos que han sido ‘pinchados’ por carabineros de manera ilegal", agregó.
"Creo que como ya se nos ha señalado es un camino largo de recorrer, hay que saber primero cuáles son los números telefónicos que se pincharon con autorización del Ministerio Público y del Juzgado de Garantía; cuáles teléfonos se pincharon en función de la ley de inteligencia y cuáles son los teléfonos que van a salir de estas máquinas y así vamos a tener nosotros y la sociedad chilena la oportunidad de saber efectivamente si hubo o no de parte de Inteligencia de carabineros estas famosas interferencias telefónicas", concluyó Gutiérrez.
La querella, en su apreciación jurídica, tipifica los delitos de interceptación ilegal, impedir e infiltrar en manifestaciones públicas y la asociación ilícita.
10 de noviembre de 2011
©la nación

indh denuncia violencia policial

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INDH entrega a Carabineros informe sobre abusos policiales. La Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Lorena Fries le entregó al general director de Carabineros, Gustavo González Jure, un informe sobre abusos policiales cometidos en las últimas movilizaciones desarrolladas en la capital.

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Santiago, Chile. Las principales conclusiones del documento entregado dan cuenta de una actuación policial represiva que no distingue entre manifestantes que ejercen pacíficamente su derecho a reunirse respecto de aquellos grupos que cometen hechos delictivos.
Además, se consignó que los efectivos policiales no utilizan identificación y es imposible fiscalizar el interior de los vehículos institucionales de Carabineros, en los que son conducidos transitoriamente los detenidos.
Junto con recordar que el INDH tiene por objetivo la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que habiten en el territorio de Chile, Fries explicó que el seguimiento se implementó en el marco de un programa de observación del actuar policial en las manifestaciones y en las comisarías que ha permitido arribar ya a algunas conclusiones.
Según la directora del INDH "la ciudadanía está preocupada por los episodios de violencia que se han generado en algunas manifestaciones, tanto por parte de los encapuchados como de las fuerzas de orden. Esto ha sido constatado por grupos de observadores en las manifestaciones que han fiscalizando la problemática".
Las movilizaciones a las que se refiere el informe son las que se realizaron en Santiago con autorización de la Intendencia Metropolitana el 25 de agosto y 19 de octubre, y las que se llevaron a cabo sin autorización de la autoridad el 2 de septiembre y 6 de octubre.
El marco analítico utilizado, dice relación con los distintos instrumentos internacionales contra la tortura, los principios básicos de la ONU sobre uso de la fuerza policial, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre DDHH y seguridad civil, y las orientaciones contenidas en el Manual de Procedimientos Policiales de Carabineros de Chile sobre contravenciones al ordenamiento penal, específicamente en su Protocolo sobre Medios Disuasivos en los Procedimientos de Control del Orden Público.
"El objetivo esencial de la Observación, ha sido contrastar tales regulaciones y normas con los hechos y situaciones que efectivamente se apreciaron en el desarrollo de las manifestaciones", expresó Lorena Fries.

Metodología
Sobre la metodología utilizada, el Informe señala que "de los estándares y normativas revisadas, fluyen como elementos esenciales para la evaluación de la actividad policial en relación a colectivos que ejercen el derecho de reunión y de opinión, los de la necesidad de emplear la fuerza por no existir otra menos gravosa; la gradualidad en el uso de tales medios y la proporcionalidad de cada uno de estos en relación a las condiciones que se enfrentan. Adicionalmente, pueden identificarse criterios destinados a revestir de necesarios niveles de transparencia y certeza el actuar de las fuerzas policiales".
El texto señala también que "los voluntarios fueron desplegados en aquellos lugares y momentos en los que era más probable que se generaran incidentes entre manifestantes y carabineros: en el caso de las ’marchas autorizadas’ durante la formación de los contingentes que posteriormente confluirían en una marcha única (25 de agosto) o en un acto central de término (19 de octubre), durante el desarrollo de dichas marchas y hacia el final de cada actividad".
En el caso de las movilizaciones no autorizadas, los observadores se posicionaron en los lugares hacia los que se llevó a cabo cada convocatoria, presumiendo, como efectivamente ocurrió, que allí se concentrarían las fuerzas policiales para impedir el desarrollo de la actividad convocada.

Conclusiones
Las principales conclusiones que arroja este informe son: Actuación policial represiva que no distingue entre manifestantes que ejercen pacíficamente su derecho a reunirse respecto de aquellos grupos que utilizan acciones violentas en el marco de esas mismas manifestaciones; presencia de carabineros sin su debida identificación institucional; Los buses y vehículos institucionales de Carabineros a los que son conducidos transitoriamente los detenidos, constituyen un momento y espacio sin control ni supervisión, generando condiciones de abusos y agresiones que pueden quedar en la impunidad; Los procedimientos policiales en las Comisarías son lentos, poco efectivos y contravienen en muchos de los casos observados, la normativa vigente. Se constata demora en el ingreso de los detenidos producto de sistemas informáticos precarios, no estandarizados, dando lugar a una discrecionalidad que puede dar lugar a irregularidades y abusos policiales.
10 de noviembre de 2011
9 de noviembre de 2011
©la nación

conmemoran asesinato de alex lemún

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Alex Lemún: Esta semana se conmemoran nueve años de su muerte. El autor de su muerte nunca fue castigado. Sólo se le trasladó a otro lugar, donde continuará cometiendo crímenes.

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Chile. Este lunes 7 se cumplen nueve años desde que un oficial de Carabineros disparara en la cabeza al joven weichfe Alex Lemún Saavedra en Malleco, zona de Ercilla. Tras cinco días de agonía, el muchacho murió en una clínica de Temuco. Como cada año, sus hermanos provenientes de todo Wallmapu le recuerdan con un Nguillatun en su territorio.
El día 7 de noviembre del 2002, a eso de las seis de la tarde, la comunidad Montutui Mapu junto a comuneros provenientes de otros lugares del Wallmapu trabajaban al interior del fundo Santa Elisa en la comuna de Ercilla, territorio entonces en conflicto que era controlado a través del trabajo productivo. Por orden de Forestal Mininco, las fuerzas especiales militarizadas de Carabineros procedieron a sitiar la zona y desalojar a los comuneros del lugar.
La defensa de las comunidades pudo contener por breves momentos la arremetida policial, cuando un piquete de tres carabineros descargaron sus armas contra un grupo de mapuche.
El peñi de 17 años, Alex Lemún Saavedra, el cuarto de nueve hermanos, desde que su gente comenzó a movilizarse, él participaba de cada reunión, encuentros y ceremonias que se hacían entre las comunidades de la zona, sin quedarse atrás tampoco cuando se entraba a los fundos y se trabajaba en ellos.
El joven Alex Lemún recibió un disparo en su cabeza desde el arma de fuego del mayor de carabineros Marcos Aurelio Treuer Heyssen. La bala recorrió "unos diez centímetros en su trayectoria para quedar finalmente alojado a la altura de la nuca", describió posteriormente el parte médico.
Alex fue auxiliado inmediatamente por su gente, trasladándolo en carreta y luego en ambulancia hasta Angol, luego al hospital de Temuco, y finalmente, para intentar limpiar su responsabilidad, el gobierno chileno lo traslada a la Clínica Alemana de esa ciudad, donde permanece resistiendo cinco días conectado a un respirador mecánico. La bala no salió y destruyó a su paso un importante porcentaje de masa cerebral.
Tras cinco días de agonía, el 12 de noviembre, a las 6:15 de la mañana, Alex Lemún murió.
El proyectil fue disparado por el mayor de Carabineros, Marcos Treuer, con una escopeta Winchester cargada con cartuchos de plomo y que, según su versión, usó "para repeler un ataque armado", versión que posteriormente fue descartada.
Nadie pudo desmentir el crimen, hasta la misma institución lo reconoció. Sin embargo, las demandas judiciales, los pronunciamientos internacionales, las tantas manifestaciones… nada ha logrado hacer justicia.
Alex Lemun tenía 17 años, hijo de Edmundo Lemun Nekul y Sonia Saavedra Horta, pertenecía a la comunidad Rekem Lemun de Ercilla, creciendo en un entorno rodeado de plantaciones forestales, pertenecientes a las grandes empresas y particulares.
Se caracterizó por ser un joven muy sano, responsable y disciplinado, lo cual es destacado por todos quienes lo conocieron. A medida que fue adquiriendo conciencia de la realidad del pueblo mapuche y de las comunidades que emprendían recuperaciones productivas, se sumó a esta lucha, por completo, apoyando las movilizaciones en que su aporte era importante, como aquel jueves 7 de noviembre, acompañado de su wetruwe.
El asesino fue absuelto y hoy sigue ejerciendo su labor en Carabineros de Chile, siendo ascendido en dos oportunidades. Esta impunidad se repite en los crímenes de los weichafe Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío, quienes también fueron víctimas de disparos de la policía militarizada chilena.

Estrategia del Estado Chileno
El asesinato de Alex Lemún, fue el inicio de la llamada "Operación Paciencia", una estrategia del estado chileno que articuló a diversos servicios de inteligencia, de las policías, del Gobierno y con seguridad de los sectores empresariales, destinada a detener el proceso de lucha de las Comunidades Mapuche en sus reclamaciones de territorio ancestral a través de la represión y/o cooptación, como asimismo, de hostigamiento, persecución, violencia, criminalización-judicialización en contra de las comunidades.
Marcos Treuer asesinó como mayor, hoy es un comandante, un Teniente Coronel. Luego de su acción del 7 de noviembre del 2002 fue trasladado a Rancagua. Hoy se desconoce si se mantiene en funciones allí o ha sido trasladado a otra localidad. Treuer sigue impune, así como ocurrió con Walter Ramírez, asesino del joven Matías Catrileo cuyo hechor está libre y así como está en suspenso la situación del asesino de Jaime Mendoza Collío, el también Gope Patricio Jara Muñoz.
7 de noviembre de 2011
6 de noviembre de 2011
©el ciudadano

exhuman restos de ejecutados

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Temuco: Justicia ordena la exhumación de cuerpos para esclarecer ejecuciones durante la dictadura.

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Temuco, Chile. Ministro especial de la Corte de Apelaciones de Temuco ordenó la exhumación de cuerpos sepultados en cementerios de Carahue, Puerto Saavedra y en Kalof Bajo, buscando esclarecer ejecuciones de campesinos durante la dictadura militar.
El ministro especial para investigar violación de derechos humanos en La Araucanía, Álvaro Mesa, inició diligencias en la zona costera de la provincia de Cautín basado en las querellas interpuestas por familiares de detenidos y desaparecidos de Temuco.
La historia de la represión indica que personal de institutos armados se constituyeron en la zona costera de Cautín, donde existían centros de reforma agraria y asentamientos campesinos establecidos, allí se detuvo y ejecutó personas, señaló Víctor Maturana, Coordinador del Centro de Promoción de los Derechos Humanos (Cinprodh).
Participan en el proceso de exhumación además del ministro Álvaro Mesa, la unidad especializada de la PDI, peritos del Servicio Médico Legal, y profesionales del programa de derechos humanos del Ministerio del Interior.
4 de noviembre de 2011
©radio biobío