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carabineros no serán reintegrados


Caso Huenante: Carabineros revierte medida de reintegrar a 3 funcionarios. Luis Valdés Bunting, general jefe de la Décima Zona, confirmó que los cabos Patricio Mera y César Vidal y el sargento Juan Altamirano seguirán de baja por su presunta investigación de un joven de 15 años en 2005.
Santiago, Chile. Los cabos Patricio Mera y César Vidal y el sargento Juan Altamirano, todos supuestamente implicados en la desaparición del joven José Huenante en septiembre de 2005 en Puerto Montt, seguirán de baja en Carabineros, según confirmó el general jefe de la Décima Zona, Luis Valdés.
El martes pasado el mismo funcionario policial había informado que tras finalizado el sumario administrativo que se realizó contra los 3 carabineros, se decidió reintegrarlos a la institución. Pero dicha determinación fue revertida en las últimas horas.
Valdés aclaró que el departamento jurídico de Carabineros revisó nuevamente la resolución entregada el martes, especialmente lo que tiene que ver con la adulteración de información, y determinó mantener la condición de baja a los uniformados.
Para el jefe de la Décima Zona, este cambio de medidas no debiera afectar la credibilidad de institución, sino que todo lo contrario, ya que demuestra la transparencia de Carabineros.
José Huenante, joven de 16 años, desapareció en septiembre de 2005 tras un operativo realizado por Carabineros en el sector de Padre Hurtado, en Puerto Montt. Según testigos, el menor fue subido a un carro policial tras ser detenido por lanzar piedras a funcionarios policiales.
La Fiscalía Militar, a su vez, sigue con la investigación del caso para dar con su paradero y aclarar que pasó con él.
El caso tuvo mayor repercusión nacional, tras el informe sobre derechos humanos realizado por la Universidad Diego Portales, que lo catalogó como el primer detenido desaparecido en democracia.
30 de diciembre de 2010
©la nación
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impune desaparición en democracia


Caso Huenante: Carabineros serán reintegrados a la institución. Los 3 funcionarios que fueron acusados de la desaparición del joven en septiembre de 2005, en Puerto Montt, sólo enfrentarán medidas administrativas, tras concluir sumario. Fiscalía Militar sigue investigando el hecho.
Puerto Montt, Chile. Los 3 carabineros que fueron acusados como presuntos autores de la desaparición del menor José Huenante, en Puerto Montt, serán reintegrados a la institución en los próximos días.
El joven de 16 años desapareció en septiembre de 2005 tras un operativo realizado por Carabineros en el sector de Padre Hurtado. Según testigos, el menor fue subido a un carro policial tras ser detenido por lanzar piedras a funcionarios policiales.
La investigación del fiscal Sergio Coronado, determinó que los cabos Patricio Mera y César Vidal y el sargento Juan Altamirano estaban involucrados en el hecho. Para eso se basó en la adulteración de la bitácora y el kilometraje del vehículo.
Pero el Ministerio Público nunca pudo comprobar el delito de secuestro y desaparición, y debió entregar los antecedentes a la Justicia Militar.
Luis Valdés, general de la 10ª Zona de Carabineros, declaró a radio Bío-Bío que concluyó el sumario administrativo y se determinó que los 3 policías uniformados, que en primera instancia fueron dados de baja, serán reintegrados a la institución.
"Luego del proceso, resolví aplicar medidas administrativas de acuerdo a las faltas que ellos cometieron y en ese contexto, son faltas administrativas que no ameritan una expulsión de la institución. Eso fue lo que se resolvió en este instante", afirmó el general Valdés.
La Fiscalía Militar, a su vez, sigue con la investigación del caso. El mayor Rafael Vega (fiscal) aseveró que aún se están desarrollando diversas diligencias.
El caso de José Huenante tuvo mayor repercusión nacional, tras el informe sobre derechos humanos realizado por la Universidad Diego Portales, que lo catalogó como el primer detenido desaparecido en democracia.
29 de diciembre de 2010
28 de diciembre de 2010
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condenan a chacal de la dina


Manuel Contreras Sepúlveda, ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), otra vez fue sentenciado por la Corte Suprema por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Santiago, Chile. El general ( r ) fue sancionado con 5 años y un día de presidio -sin beneficios- por el secuestro calificado de Sergio Riffo Ramos que llevó a cabo en conjunto con Marcelo Moren Brito, Pedro Espinoza Bravo y Miguel Krassnoff Martchentko en febrero de 1974.
Contreras y Moren Brito además tendrán que cancelar la suma de 20 millones de pesos a la querellante Blanca Ramos Aranda por daño moral.
Los ministros en visita que votaron en forma unánime en este caso fueron Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller.
La Corte Suprema además sentenció a Aquiles González Cortés y a Claudia Sanhueza Sanhueza por el homicidio de Fernando Iribarren González ocurrido el 7 de febrero de 1983 en Santiago. Las condenas son de 5 años de presidio con el beneficio de libertad vigilada. El fallo se acogió con la oposición de los ministros Nibaldo Seguea y Rubén Ballesteros.
22 de diciembre de 2010
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diputados condenan a farc


Cámara de Diputados declara a las FARC como "organización terrorista". Diputados manejan cifras absurdas y un razonamiento más torcido que culebra.
Valparaíso, Chile. Con 39 votos a favor y 2 en contra la Cámara de Diputados aprobó un Proyecto de Acuerdo que declara a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como una "organización terrorista" y expresa su repudio a los nexos que ella tenga con partidos o grupos sociales de cualquier naturaleza que existan en nuestro país.
El Proyecto de Acuerdo 187 fue presentado por los diputados Mónica Zalaquett (UDI), José Manuel Edwards (RN), Pedro Browne (RN), Leopoldo Pérez (RN) y Alejandro Santana (RN) y, junto con hacer llegar al gobierno de Colombia su respaldo en los esfuerzos por mantener el orden constitucional y democrático en ese país, le desea además pleno éxito en la erradicación del terrorismo organizado.
"Las FARC han sembrado el terror en Colombia durante décadas, asesinando, secuestrando y violentando a personas y comunidades enteras. Sólo en 2009 se calcula que las FARC asesinaron a cerca de 17 mil personas y, en los últimos 10 años, ha secuestrado a más de 300 personas, privándolas de sus derechos más esenciales", sostiene el Proyecfo de Acuerdo.
Los patrocinantes enfatizan además que "el método central de las FARC es el terror, una realidad que ha impulsado a 33 estados a declararlas como una organización terrorista". Esto, agregan, conduce a que "Chile no quede al margen de esta grave situación que traspasa fronteras y atenta contra la dignidad y la seguridad de América Latina, como comunidad regional".
La iniciativa de los parlamentarios de la Alianza surgió luego que la Fiscalía colombiana -en junio de este año- enviara un dossier a su par chilena donde supuestamente se confirmaba la presencia de activistas de la Araucanía en campamentos de la guerrilla colombiana, lo que llevó a la detención y solicitud de extradición del chileno Manuel Olate.
Por esta razón, los diputados hicieron un llamado a sus pares a "no cerrar los ojos frente a la amenaza que constituye esta organización para nuestro país".
En su argumentación,los autores de la iniciativa precisaron que "tanto nuestra Constitución Política, como los tratados internacionales que hemos ratificado, así como organizaciones de derechos humanos -como Human Rights Watch y Amnistía Internacional- han reconocido explícitamente que las FARC se fundan en la violación de los derechos humanos y en la violencia contra civiles".
"En el futuro, quienes participaren con las FARC lo tendrán que pensar dos veces, ya que dicha organización será considerada como lisa y llanamente terrorista", finalizaron.
22 de diciembre de 2010
21 de diciembre de 2010
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refuerzan penas contra civiles


En momentos en que se descubren los sistemáticos abusos de carabineros contra civiles, incluyendo montajes, torturas, asaltos y narcotráfico, Cámara aprueba proyecto que refuerza las penas en delitos contra efectivos policiales. ¿Quién dijo que Chile se parecía al planeta de los simios?
Valparaíso, Chile. Con 80 votos a favor, 18 en contra y 3 abstenciones, la Sala de la Cámara aprobó en general la iniciativa legal, que establece normas especiales sobre publicidad y reserva de las actuaciones procesales tratándose de ciertos delitos y refuerza las sanciones en materia de delitos contra los miembros de las policías.
La iniciativa legal (boletín 7217) se originó en un mensaje del Ejecutivo que busca establecer normas especiales sobre publicidad y reserva en las causas que serán traspasadas desde la justicia militar a la civil y, por otra parte, hacer más estrictas las sanciones para los delitos cometidos en contra de las policías.
Este proyecto fue desglosado de la propuesta legal que presentó en su oportunidad el Gobierno para sustraer a los civiles de la jurisdicción militar, respondiendo a una de las demandas de comuneros mapuches procesados que se encontraban en huelga de hambre.
En las Comisiones Unidas de Constitución y de Defensa se desglosó dicha iniciativa y se tramitó sólo lo relativo a la delimitación de la competencia castrense -texto ya despachado por el Congreso Nacional y pronto a su promulgación-, dejando pendiente las normas sobre reserva y confidencialidad en la investigación de ciertos delitos militares cometidos por civiles y las que dicen relación con el reforzamiento de las sanciones a los ilícitos cometidos en contra de las policías.
El fundamento de ello es que algunos delitos militares cometidos por civiles que se entregarán al conocimiento de la justicia penal ordinaria, significaría ventilar materias que podrían afectar la seguridad nacional, por lo que se decidió legislar para preservar la reserva de la información.
A ese respecto, el proyecto establece ciertas causales específicas de reserva o secreto que fundamentan las restricciones de información, conocimiento o publicidad en el proceso penal. En ese contexto se regula el requerimiento de información de antecedentes secretos o reservados; el registro especial para antecedentes o documentos secretos; la custodia y conservación de especies de igual naturaleza; la entrada y registro en recintos militares en que existan antecedentes reservados; la incautación de objetos, documentos y correspondencia; la restricción de la publicidad de la audiencia en el juicio oral, y la lectura o exhibición de documentos, objetos y otros medios, todo ello con el debido control judicial.
La iniciativa deroga, asimismo, el delito de desacato en el Código de Justicia Militar, siguiendo con ello la tendencia nacional e internacional a suprimir el delito de ofensas a la autoridad, entre las que se encuentran las militares y las policiales, por contravenir el derecho a la libertad de expresión. Sin perjuicio de ello se mantienen figuras calificadas de amenazas en contra de las Fuerzas Armadas y de Orden.
El proyecto consagra además un Estatuto de Protección de las Policías, reuniendo en un solo texto las diversas normas relacionadas. En ese plano, crea nuevas figuras penales para otorgar protección a las policías, facilita la persecución de los delitos en contra de los funcionarios policiales y endurece el régimen de cumplimiento de penas para los autores de estos delitos.
En el debate en la Sala, parlamentarios de gobierno valoraron la iniciativa planteando que el paso de miles de causas de la justicia militar a la civil obliga a tomar resguardos para que en el proceso penal ordinario no se difundan cuestiones sensibles para la seguridad nacional, a la vez que defendieron la necesidad de reforzar la protección legal de los policías cuando son objeto de agresiones y amenazas en el ejercicio de su labor.
Parlamentarios opositores, en cambio, expresaron algunas dudas sobre la materia opinando que no es necesario un reforzamiento de la protección legal a los efectivos policiales porque ello inhibiría la libertad de las personas para manifestarse y movilizarse sin exponerse a ser reprimidas. Celebraron además el traspaso de causas de la jurisdicción militar a la civil y destacaron las ventajas de mayores garantías y transparencia que ello con llevará.
La iniciativa legal quedó pendiente de despacho debido a que en una próxima sesión deberá votarse un artículo que registró dos empates sucesivos.
22 de diciembre de 2010
21 de diciembre de 2010
©diario de la cámara
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grave acusación contra carabineros


Nueva denuncia de tortura de parte de carabineros. Dirigentes sindicales del Transantiago acusaron a funcionarios de la 52ª Comisaría de Maipú de golpearlos, sufriendo heridas en la cabeza y hematomas.
Santiago, Chile. Tres dirigentes del sindicato de buses del Transantiago (Sintratel) denunciaron este sábado haber sufrido torturas, heridas en la cabeza y hematomas al interior de la 52ª comisaría de Carabineros en Maipú, tras ser detenidos cuando se encontraban captando socios en un terminal de dicha comuna.
La denuncia la formularon hoy los propios afectados, los sindicalistas Erick Yapur, quien además es dirigente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Elías Valdivia y Pedro Armazán, en una conferencia, junto a su abogado José Tomás Peralta, el senador Guido Girardi y el diputado Enrique Accorsi, ambos del Partido por la Democracia (PPD).
El abogado Peralta precisó que el hecho ocurrió el viernes 10 diciembre pasado, cerca de la 1:30 de la madrugada cuando la empresa de buses Milenium procedió a llamar a Carabineros para que concurriera al lugar cuando se efectuaba la reunión en el patio del terminal.
"Los dirigentes fueron detenidos de manera ilegal ya que no estaban cometiendo ningún delito, sólo realizando una actividad legítima amparada en la Constitución chilena y en los convenios internacionales ratificados por el Parlamento", expresó el profesional.
Las 3 personas "fueron llevadas a la 52ª comisaría donde fueron brutalmente golpeadas y efectivamente torturadas según la definición de tortura que es aceptada universalmente", sostuvo Peralta.
El dirigente Yapur, uno de los afectados, expresó que lo ocurrido "es complicado recordarlo. Yo en un momento pensé que no iba a volver a mi casa".
"Quería comunicarme con mi familia y (los carabineros) no me accedieron el teléfono sino hasta las 5 de la mañana cuando Pedro Armazán se comunicó con nuestro abogado. Nos trataron de ‘comunistas de mierda’ o ‘bésame los zapatos’. Estaba esposado con las manos atrás en una pieza y por momento me quitaban el oxígeno. Yo por el sólo hecho de decirle que era un dirigente sindical recibí múltiples golpes en todo el cuerpo. Cuando le pegaron con el puño en la nariz a Elías Valdivia y le hacen un corte en la cabeza, le pregunté al carabinero por qué le pegaban, si no somos delincuentes, por qué nos toman detenidos. ‘Quédate callado’ me dijeron y me asfixiaron de tal manera que empecé a perder el oxígeno. Después me tiraron el cuello y me decían que yo era un comunista de mierda que le besara los zapatos", expresó el dirigente Yapur.
El abogado Peralta sostuvo que interpuso una querella ante la Fiscalía Militar por detención ilegal, por tortura y abuso de autoridad en contra de todo el turno de Carabineros de la 52ª Comisaría que estuvo participando en este proceso.
"Hay un detalle que es muy importante. Antes de la detención los dirigentes sindicales no presentaban lesión alguna, después de la detención ellos presentan múltiples hematomas. Presentan cortes en el cráneo y una grave afectación psicológica", añadió el abogado.
Peralta manifestó que la próxima semana junto a otras organizaciones harán denuncias en las sedes en Santiago de la OIT, en entidades de los derechos humanos, entre otras.
A su vez, el senador Guido Girardi dijo que junto al diputado Accorsi, "no pueden quedarse en silencio frente a esto porque no queremos ser cómplices de una cosa así".
"Todo el mundo valora la labor de Carabineros en Chile, pero creo que nadie puede aceptar que Carabineros viole los derechos civiles y los Derechos Humanos de las personas, y de ser cierta esta situación constituiría una situación de extrema gravedad. Nosotros no queremos que Chile sea cuestionado a nivel internacional como un país donde se tortura, es una práctica brutal de la cual nosotros debiéramos haber aprendido", expresó el senador.
Girardi dijo que "cuando se trata de movilizaciones de trabajadores, inmediatamente se desarrollan dispositivos ultra eficaces para que carabineros concurra y cuando se trata de asuntos de seguridad ciudadana, de la comunidad, de los vecinos, a veces carabineros no llega".
El diputado Accorsi expresó que "todos los que estamos acá respetamos a Carabineros y por eso estamos haciendo esta denuncia. Y a raíz de otras situaciones que han ocurrido con carabineros, nosotros en la comisión de Derechos Humanos de la Cámara se acordó por unanimidad invitar al general director de Carabineros, Eduardo Gordon y a los jefes de la Región Metropolitana porque es aquí donde se han hecho sentir todas estas anomalías, y el general y la plana mayor de Carabineros van a concurrir a la comisión el martes próximo".
"Porque nosotros no podemos permitir que en nuestro país se torture impunemente a dirigentes sindicales o a cualquier otra persona. Si hoy estamos en estado de derecho. Lo que estaban haciendo los dirigentes sindicales cuando fueron detenidos no es delito en ninguna parte del mundo. Esto es de la máxima gravedad. Esta denuncia que hemos escuchado hoy la vamos a agregar a las otras dos denuncias que ya presentamos en la comisión de Derechos Humanos, entre estas, la prepotencia que se usó con una vendedora ambulante en que Carabineros sin mediar ninguna acción de ningún tipo, tomó el carro lo dio vuelta y le bota sus enseres y sus pertenencias y sin dar ninguna explicación", expresó el diputado Accorsi.
19 de diciembre de 2010
©la nación
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sobrevivientes de villa grimaldi


Voz de sobrevivientes rescata la historia de Villa Grimaldi. Más de 120 testimonios ayudan a mantener viva la memoria del centro de torturas que funcionó durante la dictadura. Estará disponible para el público desde el 13 de enero.
[Felipe Castro y Fabiola Melo] Santiago, Chile. Villa Grimaldi alguna vez fue escenario del goce en familia, de copas llenas y de descanso. De fiestas, alegría y todo lo bueno que tiene la vida. Hacia el verano de 1975 y en manos de la DINA, de un minuto a otro la casona ubicada a los pies de la cordillera se transformó en un oasis del horror. Centro de detención, tortura y, para algunas de las 4.500 personas que pasaron por ahí, lugar de encuentro con la muerte.
Hoy es escenario de la memoria. Antes de que en 1995 el régimen democrático la destinara a ser el ‘Parque por la Paz Villa Grimaldi’, sus antiguos ocupantes se retiraron echando abajo los muros con el afán de eliminar todo oscuro vestigio que pudiera delatar lo que adentro sucedía. Sobre esos escombros se levantó la actual Corporación. Lo único que queda en pie de la vieja construcción es el portón y un imponente y hermoso ombú, árbol gigantesco que es testigo silencioso de lo bueno y lo malo que puede hacer el hombre.
Pero hay algo que no se llevaron los bulldozers. Se trata de los testimonios de alrededor de 120 personas cuyas vidas fueron afectadas por este lugar y que conforman el ‘Archivo Oral de Villa Grimaldi’. Se trata de relatos en formato audiovisual tanto de sobrevivientes a las vejaciones del régimen, familiares de víctimas y otros actores relevantes.

La Voz como Documento
"Villa Grimaldi es el primer Centro de Tortura recuperado en el Conosur", cuenta Loreto López, coordinadora de proyectos de la Corporación sobre la cual se han levantado memoriales y homenajes escultóricos, lo que en cierto grado va en contra de la tendencia contemporánea en conservación que, tal como el nombre lo indica, tiende a dejar las cosas intactas para, sobre ellas, indagar en el pasado.
"Puede ser que en los años 94 ó 97, en que comenzó a funcionar el Parque por la Paz, no existiera la experticia frente al manejo de estos lugares", cuenta la antropóloga, comparando aquellos días con los actuales. Hay que considerar que hoy, el corpus de cientistas sociales, historiadores, intelectuales e incluso arquitectos y artistas especializados en el uso y la relevancia de los archivos y documentación es abundante.
Es ante la ausencia de testimonios físicos, entonces, cuando las historias personales y la biografía cobran relevancia. "El archivo tiene testimonios de personas que pasaron por Villa Grimaldi, pero no sólo hablan de su paso por este lugar o de su calidad de víctimas. La idea es que al archivo les devuelve su identidad como actores políticos, y como personas con una vida que va mucho más allá del centro de detención", reflexiona López.

Historia a Escala Humana
"Es un proceso difícil, en el sentido de poder ordenar pensamiento e ideas que están basados en un sufrimiento enorme", revela Nubia Becker, quien presenta uno de los 120 testimonios cuyo proceso ha sido financiado por la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, la Fundación Ford, la ONG alemana KOLAT y la Unión Europea.
En términos metodológicos, la iniciativa que Villa Grimaldi pondrá a disposición del público que visite el Parque por la Paz desde el 13 de diciembre, se basa en la experiencia de la corporación argentina Memoria Abierta, que llevó a cabo un importante trabajo con víctimas de las dictaduras de ese país.
Desde ese punto, el desarrollo del archivo se inició el año 2006. Desde esa fecha se han ido registrando testimonios que, después de la edición, tienen una duración de tres horas. Todo realizado por un equipo profesional integrado por antropólogos, historiadores, sociólogos y audiovisualistas, siguiendo los estándares internacionales puestos en práctica por otros casos que registran episodios de terrorismo de Estado en distintas partes del mundo.
Nubia dice que este esfuerzo cobra importancia "porque recupera desde la voz de los testigos, los que vivimos los hechos, una historia que de repente se cuenta desde la generalidad, desde los grandes acontecimientos y no desde la perspectiva humana".

Pensamiento Crítico
El historiador Gabriel Salazar es uno de los principales defensores de que, mientras los niños buscan material, datos duros y fechas en los textos escolares, también hurgueteen en la historia de las familias. Que pregunten a los padres, a los abuelos dónde estaban en las fechas que han marcado a fuego la historia de nuestro país. Sin embargo, esto no es bien visto por la gran Historia, aquella que toma distancia de los acontecimientos en el tiempo, como una manera "científica" de acercarse a la realidad.
"La historia oral es muy importante para la reconstrucción de los procesos históricos en el país en el período contemporáneo, a partir del año 73 hasta el día de hoy. En algunas universidades es normal que los alumnos aprendan a trabajar con la metodología del discurso oral. Esto es muy importante para que se relacionen con la historia de sus propias poblaciones, de sus familias", dice Salazar, quien observa que la demanda por esta mirada hacia el relato histórico es creciente en universidades con estilos tan distintos como las universidades de Chile y Adolfo Ibáñez.
"Algunos dicen que no es historia científica porque el testimonio oral es subjetivo y otros porque es peligroso, ya que se construye en oposición al stablishment", comenta el autor de ‘Ser niño huacho en la historia de Chile’. "La historia social, la historia local, tienden a trabajar con actores vivos y la historia del presente, con sus metodologías respectivas. Por eso es un desafío para la vieja historia que es una ciencia del pasado que dice que mientras más pasado, mejor. De ahí que por varios lados estas visiones basadas en la historia social han tenido un gran desarrollo y aceptación por parte de los alumnos, pero hay gran resistencia a incorporarlos en las mallas".
19 de diciembre de 2010
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el asesinato de niños en chile


79 niños muertos por golpes de sus padres en Chile desde 2009.
[Jeniffer Vega] Asfixiados con almohadas, ahogados en la tasa del baño o lanzados contra la pared son las formas más comunes con la que los progenitores terminan con la vida de sus retoños. Las explicaciones son variadas y van desde un embarazo no deseado hasta problemas económicos.  Este año 2010, el Sename ha recibido 54.965 denuncias por maltratos graves contra niños. Pese a ello, muchos echan de menos una campaña tan potente como contra la del femicidio.
Este 19 de diciembre se cumplió un año desde que murió Daniel Maldonado, un pequeño de dos años que falleció en su coche en pleno barrio Meiggs mientras acompañaba a su madre en las compras navideñas. Eso sí, después de vomitar y sentir su cuerpo adolorido por haber sido lanzado por su padrastro contra la pared de su hogar, por llorar mucho. Un caso estremecedor, aun más por la fecha en que está inmerso, una época de amor y júbilo que recuerda el nacimiento del niño Jesús y que debería iluminar los corazones, sensibilizar a los padres y no seguir engrosando la lista de maltrato infantil que este año asciende a 54.965 denuncias, según el Servicio Nacional de Menores (Sename).
Una triste cifra que es más espeluznante al sumar los 79 niños muertos a golpes, a manos de sus padres, registrados desde el año 2009 a la fecha, según constata a través de sus investigaciones la Fiscalía Nacional y que enciende una alerta máxima porque el círculo de la violencia en la familia chilena efectivamente puede remecer con el bullado femicidio -que ha cobrado 48 víctimas a la fecha y que acaba de endurecer las penas de cárcel con una nueva ley aprobada en el Congreso-, pero que ha dejado dramáticamente de lado las campañas para proteger el silencioso drama que viven miles de niños en Chile, que no pueden gritar su tragedia cuando el maltrato físico grave lo viven bajo su propio techo.
Según los datos manejados por las policías y los organismos especializados, los abusos a los infantes no sólo vienen de la mano de un padre agresor. La madre también puede descargar brutalmente su rabia a través de sus hijos, golpeándolos por haber tenido un embarazo difícil o, simplemente, asesinarlos por no estar apta para recibir y cuidar a un hijo.
Hechos que erizan los pelos por la carga emocional y la falta de límites al cometer estos delitos, pero también por estar encubiertos por el medio social donde se desarrolla el vertiginoso espiral de la violencia infantil. "El abuso sexual a menores está sancionado moralmente por todo el mundo, pero los golpes muchas veces son aceptados. Porque cuando ves que un padre zamarrea a su hijo en la calle o le pega un coscorrón, muy poca gente interviene aunque nadie, por el contrario, aceptaría ser testigo de una violación en la vía pública de un niño sin reaccionar", explica la asistente social del Sename Cynthia Sanhueza, quien asegura que esos pequeños golpes en la calle comúnmente aumentan dentro del hogar.
El Centro Reina Sofía para el estudio de la violencia en España, precisa que el perfil de los llamados "progenitores asesinos" se repite con los mismos patrones en todo el mundo y, en caso de las madres, apunta a que ellas dan muerte a sus criaturas en edades que oscilan entre el neonato y los seis años. En cambio, los hombres aplican la violencia física extrema sobre sus hijos adolescentes por razones de contextura y tipo de castigos.

Desde el WC a la Asfixia
De los 79 niños muertos víctimas de la violencia de adultos desde el año pasado a la fecha, 18 fueron infanticidios, es decir, bebés asesinados antes de cumplir las 48 horas de vida. Los 61 restantes son casos de niños menores de 12 años que fueron víctimas de la violencia descarnada de sus progenitores.
"Los maltratos más comunes en Chile y a nivel mundial son los golpes físicos al cuerpo del menor. La asfixia por inmersión en la taza del baño, el ahorcamiento con ambas manos y la asfixia con cojines o materiales pesados, son otras de las prácticas con las que los padres dan muerte a los niños. Cualquiera sea el caso, siempre lo hacen bajo un impulso o descontrol. También se ha vuelto común lanzar a los niños contra una pared o por la ventana, como el caso de Alfredo Cabrera el año 2007, quien mató a su hija Javiera de seis años lanzándola desde el séptimo piso del edificio donde vivían. Hoy, el hombre cumple condena en la Cárcel de Alta Seguridad", confirma Sanhueza.
Para la mayor de la 48ª Comisaría de Asuntos de la Familia, Marcela Lizarraga, el tema del infanticidio la estremece no sólo como carabinera, sino también como madre. "Es frecuente que los infanticidios sean cometidos por las madres en su propio hogar y en lugares privados como el baño. Y aunque parezca increíble, muchas veces es denunciado por la propia parturienta aludiendo un accidente en la tina, o un aborto espontáneo por el que supuestamente el recién nacido cayó al baño. Pero, en la investigación, con los peritajes y las autopsias, siempre se descubre la verdad y que ellas los mataron", cuenta la mayor al explicar que al final, las mujeres arrepentidas terminan confesando.
"El infanticidio se da en mujeres que quieren esconder su embarazo por temas económicos, porque lo ocultaron a su familia o porque son muy jóvenes y pasaron los nueve meses fajándose. Al terminar la gestación, no saben qué hacer y terminan matando al bebé", explica la carabinera, a quien hace años le tocó investigar el caso de una asesora del hogar que terminó con su embarazo en la casa de los patrones por miedo a que la despidieran. El problema fue que los empleadores, impactados, afirmaron que ellos hubieran aceptado felices al niño, pero la madre nunca pensó en esta alternativa y terminó tras las rejas.
"No sé por qué no hay campañas masivas contra el infanticidio... creo que simplemente no se han hecho, pero se deberían crear en un futuro. Nosotros como 48ª Comisaría acostumbrados a dar charlas en colegios y agrupaciones sobre estos temas, tocando la violencia infantil y sus consecuencias, como una forma de educar a los padres y a la población en general para que ayude a denunciar estos maltratos", sentencia la mayor Lizarraga.

Penas y Castigos
Hasta noviembre del 2010, el Sename tenía a su cargo 132.236 menores distribuidos en sus distintos centros a lo largo del país, de los cuales 36,9%, es decir 48.795 pequeños, son ingresados por maltrato grave. Estas niñas, niños y preadolescentes se encuentran en centros residenciales de la autoridad para velar por su seguridad, integridad física y mental, y sondear si pueden ser devueltos a su red familiar extensa, enviarlos a una familia de acogida o ser puestos en adopción, según estipule el tribunal de familia que siga su caso. En tanto, si nos referimos a un infanticidio o parricidio, el Servicio Nacional de Menores debe perseguir penalmente el delito y su meta es lograr las penas más altas que impone la justicia.
"El parricidio es castigado con un presidio mayor en su grado máximo, por lo que estamos hablando de una sanción de 10 años y un día, hasta quince años. El infanticidio, por su parte, está considerado legalmente como un acto bajo estado mental alterado de la madre, como la depresión postparto, por lo que está sancionado con presidio menor en su grado máximo, lo que va desde los tres años 1 día hasta cinco años", dice el jefe de la unidad de gestión de causas del Sename, el abogado Mauricio Mejías. En la batalla para extirpar de la sociedad chilena la violencia en la familia, la semana pasada el Congreso elevó las penas para los femicidas, con condenas para los ex convivientes y ex cónyuges, que van desde los 15 años un día a 40 años de prisión efectiva, sanciones que nada tienen que ver contra los castigos recibidos en Chile contra los más indefensos dentro del hogar.
El Sename, este año, ha interpuesto 650 denuncias ante los tribunales de justicia por maltratos graves y tiene al abogado Mauricio Mejías atareado con querellas en contra de los agresores en nombre del Estado chileno. "Si los casos son ingresados a la red de protección del Sename, podemos ejercer una acción penal a través de nuestro equipo legal que, en la región Metropolitana, tiene cuatro abogados. De esta forma, el servicio ejerce la acción en nombre del Estado chileno, por lo que no tenemos que preguntarle al adulto responsable cómo quiere actuar o penalizar al agresor, ni los padres son nuestros clientes. En los casos que no podemos dar cobertura porque no podemos ingerir penalmente, hay programas de representación jurídica que participan con patrocinio del adulto responsable y el Estado paga esa atención", resume el abogado.
Mientras, Mauricio Mejías está a la espera de la resolución del tribunal en el caso del pequeño Daniel Maldonado, quien irónicamente a un año de su muerte y en vísperas navideñas, sigue esperando que se haga justicia a su muerte. Cristián Palma, de 23 años y padrastro del menor, y Sandra Ampuero, de 36, su madre, siguen en prisión preventiva esperando sus condenas. En el primer caso por homicidio calificado y el segundo por parricidio.

Abandonos y Rechazos
Nada más que en la maternidad del Hospital Barros Luco-Trudeau, anualmente, se estremecen con tres o cuatro casos de bebés abandonados en sus pasillos. Envueltos en mantas, los neonatos lloran pidiendo, sin querer, el auxilio que sus madres les niegan. El número de rechazo sicológico de la madre a su recién nacido muestra cifras un poco más abultadas, que llaman tanto la atención como los casos de mujeres que son declaradas incompetentes por los médicos en el ámbito materno, y que pueden llegar a 30 situaciones en el año, las cuales son judicializadas para poder buscarle una red de atención al niño.
"La mayoría de las madres que abandonan a los niños en el hospital son mujeres que al tener a su guagua, dan una dirección falsa, no han llevado un control del embarazo y se escapan durante el puerperio, lo que hace difícil la búsqueda de familiares y el recién nacido debe esperar en nuestras instalaciones la resolución de tribunales. En el caso de las madres declaradas incompetentes por abuso de drogas, alcohol o situación de calle, nuestras expertas las ayudan a estrechar lazos afectivos con el bebé, encontrar una red familiar que las ayude en la crianza y orientarlas en el proceso. Semanalmente, se trabaja con cinco de estos casos", explica el jefe del servicio de neonatología del hospital, Francisco Correa.
En el equipo de neonatología del Barros Luco, que tiene incorporado a una asistente social y a una sicóloga que ayudan en esta difícil tarea, aseguran que la abuela materna termina generalmente cargando con la responsabilidad de esta nueva vida. "Muchos de estos casos de madres incapacitadas se repiten, tienen hasta seis hijos anteriores y cuentan con antecedentes. En esos casos, se busca un familiar que reemplace la figura paterna y se entregan los datos a tribunales, de esta forma, evitamos por ejemplo, el maltrato que pueden haber vivido los hermanos", resume el doctor Correa.
Un caso parecido al que se vivió en San Joaquín en agosto pasado, cuando a las dos de la madrugada un chofer del Transantiago, mientras avanzaba con su máquina, se encontró a un menor de dos años deambulando por la calle con pijama y a pies descalzos. Un caso de abandono e incompetencia materna que le tocó atender a la mayor Marcela Lizarra mientras estaba de turno. "La madre ni siquiera se había dado cuenta que su hijo no estaba y, al final, el pequeño le fue devuelto, pero bajo tutela de la abuela, porque aunque se evita que el menor sufra maltratos por parte de sus progenitores, se busca también no sacarlo del contexto familiar", asegura.
Por ello, en el Sename enfatizan que el rol de protección de los menores es de toda la sociedad. Según los estudios, las denuncias son en primer lugar hechas por un familiar cercano, en segundo lugar por los jardines y colegios y, en un tercer nivel, por los vecinos. Sin embargo, los golpes disminuirían si los coscorrones, mechoneos y zamarreos también fueran penalizados moralmente. "El zamarreo a menores de un año es la agresión más común pese a los riesgos que conlleva, porque es como batirle el cerebro a un niño y puede causarle hasta la muerte", explica la mayor Lizarraga.
Explicación que trae a la memoria el último caso de agresión infantil que remeció a la opinión pública en Chile, y que se vivió a fines de noviembre en el hospital Sótero del Río, Puente Alto, hasta donde llegó un menor de cuatro meses con el cerebro hinchado y lesiones en uno de sus ojos luego de sufrir golpes y el llamado "síndrome del niño sacudido". Sus padres, luego de llevarlo al hospital, desaparecieron durante nueve días y al regresar se culparon mutuamente sin siquiera preguntar por las secuelas neurológicas que se cree tendrá el pequeño Leandro.

Reivindicando a la Mujer Que Cede a Su Hijo
"Quiero que tengas un hogar, quiero que vayas al colegio, quiero que tengas una vida mejor, quiero entregarte todo, pero no puedo. Pero sí puedo elegir que tengas una vida mejor", de esta manera comienza la campaña de la Fundación San José para la adopción, la que además de cobijar a los niños abandonados en la Casa Belén, busca reivindicar a la mujer que decide dar su hijo en adopción, un proyecto que busca cambiar la mirada social sobre la madre que cede a su hijo y que, con ello, entrega el don de la vida a otra familia.
"La adopción es una alternativa viable al aborto, al infanticidio y al parricidio. Finalmente, con esta alternativa, se libra al menor de las agresiones y le entregas una mejor vida al niño", asegura la jefa de comunicaciones de la fundación, Jannet Lasserre, quien además explica que gracias al trabajo de apoyo y orientación que reciben las embarazadas que llegan hasta sus puertas, del 100% de las madres que quieren dar a sus retoños, sólo el 20% termina cediéndolo, porque el resto encuentra las redes de apoyo para criar a su guagua.
Y es en instituciones como San José, donde terminan los niños víctimas de infanticidios y parricidios frustrados, de abortos que no resultaron y de madres que están siendo evaluadas para conocer su competencia materna.
"Actualmente tenemos 25 niños en Casa Belén de 0 a dos años, de los cuales también tenemos pequeños que han sido derivados desde tribunales de familia y madres que debemos evaluar por orden judicial para saber si están aptas para criar a sus niños, o que deben dejar de lado alguna adicción para quedarse junto a su recién nacido", cuenta la directora del programa de adopción de la fundación, Paula Arrollade, quien explica que atienden de manera gratuita a diferentes tipos de mujeres, donde el perfil apunta a féminas mayores de 25 años, con más de tres hijos, que no tiene pareja estable y que opta por cambiar el rumbo de la vida del niño que viene en camino. Las personas que quieran recibir ayuda de la Fundación San José, o participar de su campaña, pueden llamar al número 800212200.
19 de diciembre de 2010
©la nación

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