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piden reforma del código penal


Defensora Nacional y fiscales llaman a bajar las penas: El encierro no termina con la delincuencia.
[Francisco Mardones] Chile. En plena evaluación de la Reforma Procesal Penal, diversos actores del sector solicitan un debate para mejorar las condiciones carcelarias y discutir un nuevo código penal que se abra a imponer penas que no sean la reclusión carcelaria. Aseguran que esto significaría una gran inversión en mayor control del cumplimiento efectivo de las penas que de no acatarse debieran tener medidas drásticas de presidio.
En el seminario ‘10 años de la Reforma Procesal Penal’ diversos especialistas, jueces, fiscales y abogados reconocieron la necesidad de una nueva mejora a la Reforma Procesal Penal, una modificación profunda al Código Penal y una gran reforma penitenciaria que permita asegurar un mejor sistema carcelario.
La Defensora Nacional, Paula Vial, indicó que hay muchos desafíos pendientes como el uso excesivo de la prisión preventiva y la cárcel como única solución a los delitos.
Según la abogada, es necesario elaborar un nuevo Código Penal que pueda ayudar a abordar de mejor manera los delitos, lo mismo que ocurre con la Reforma Procesal Penal que ya ha sufrido ocho modificaciones, pero todas en el sentido de endurecer el sistema.
"Se hace más evidente la urgencia en adoptar ciertas medidas que tiendan a una reforma y una mejora en el sistema penitenciario. El esfuerzo tiene que hacerse por buscar alternativas de penas en libertad, que son funcionales, que para muchos delitos son la solución correcta. No todos los delitos debieran ser sancionados con penas de cárcel, en realidad los menos, sólo los más graves, y mejorar las condiciones, pero no necesariamente con más metros", dijo la Defensora Nacional.
Según Vial un sistema de penas fuera de la cárcel incluso puede ser más efectivo, algo que reafirma el juez de garantía Eduardo Gallardo, quien en diversas ocasiones y circunstancias ha defendido la idea de no abusar de la prisión preventiva durante los procesos de investigación.
Gallardo pone énfasis en que los resultados han sido claros en demostrar que encerrar a una persona que haya cometido un delito no baja las tasas de delincuencia ni reforma al recluso.
"La tendencia de la clase política a reforzar el discurso populista de la mano dura: ‘más cárcel contra los delincuentes’, no tiene ningún respaldo ni en la realidad ni en las estadísticas, por el contrario, está demostrado que si construye más cárceles, lo que va a ser es llenarlas rápidamente, genera una necesidad y la tentación de utilizarlas en enorme, creo que hay que avanzar en minimizar y reducir el ámbito del encierro en los problemas de delincuencia", sostuvo el jurista.
Según el juez Gallardo, en ámbitos como delitos por droga se hace necesaria una política distinta a la reclusión, que vaya por el camino de la rehabilitación, pues hoy los Tribunales de Tratamiento de Drogas sólo operan previo a la condena y no después de ella.
Eduardo Gallardo también indicó la necesidad de recalificar la gravedad y las penas para los diversos delitos, tomando en consideración que el homicidio en nuestro país recibe una de las condenas más bajas del mundo.
"Existe una desproporción enorme con relación a las penas en los delitos contra la propiedad en nuestro país, pero también se podría decir que existe una desproporción en las penas de los delitos contra la vida, por tratar de matar a alguien y no achuntarle no va a la cárcel sino que está cinco años firmando", comentó.
Los expertos llaman a contar con más matices a la hora de condenar delitos y concuerdan en que, en ciertos casos, incluso crímenes graves pueden cumplir penas bajo modalidades distintas a la reclusión, pero invirtiendo recursos para intensificar el control.
18 de diciembre de 2010
©radio u. de chile
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dizque no torturó a nadie


García Covarrubias negó ante Página/12 acusaciones del parlamento trasandino. Denunciado como uno de los más feroces torturadores de la dictadura pinochetista, trabaja para una universidad vinculada con el Pentágono y estuvo en esta ciudad presentando un libro sobre seguridad. El dice que no tiene nada que ver.
Buenos Aires, Argentina. El ex agente de la DINA chilena Jaime García Covarrubias estuvo desde el martes presentando un libro en Buenos Aires. Mientras tanto, en Santiago se debate una denuncia en su contra por su accionar durante la dictadura pinochetista. Sobrevivientes denuncian que era uno de los más feroces torturadores del regimiento de Tucapel, en Temuco. El ex integrante de la policía secreta de Augusto Pinochet negó a Página/12 las acusaciones que se acumulan en su contra.
García Covarrubias estuvo hasta ayer alojado en el elegante hotel porteño Marriot Plaza, donde participó de la presentación del libro ‘Seguridad y defensa en tiempos del Bicentenario’, compilado por el especialista Mariano Bartolomé, docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Según una asistente al seminario, el ex agente habría comentado que tuvo reuniones con miembros de la embajada estadounidense durante su estadía en Buenos Aires. García Covarrubias no accedió a bajar hasta el hall del hotel, pero respondió a unas preguntas de Página/12 por teléfono.

¿Usted reconoce haber integrado la DINA?
Dicté clases en la Escuela Nacional de Inteligencia. Nunca fui operativo. Siendo teniente, jamás fui profesor de técnicas de tortura.

¿Qué opina de la reciente denuncia de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados chilena por su accionar durante la dictadura pinochetista?
Estas acusaciones son falsas, son injurias. Solamente puedo decir que la Justicia jamás me ha declarado culpable. Los tribunales chilenos me dejaron sin responsabilidad en esta causa. Pero, por este tema, estoy en contacto con mis abogados. Yo no estoy pidiendo inocencia.

¿Es cierto que usted le escribía los discursos a Augusto Pinochet, tal como aparece en el informe Memoria Viva?
No. Yo sólo serví como oficial de la Secretaría de la Presidencia durante esos años.

¿Estuvo vinculado con la Sociedad Pedro Diet Lobos, que desde 1977 fue la pantalla comercial de la DINA, como denuncian organismos de derechos humanos?
No.

Después de esa respuesta, García Covarrubias cortó la comunicación.
Según informes de organismos de derechos humanos, la actividad de García Covarrubias en la DINA arrancó en 1974 y en 1990, al final de la dictadura de Pinochet, seguía en funciones y ostentaba el grado de teniente coronel.
Sobrevivientes del Regimiento de Infantería 8 de Tucapel recuerdan la crueldad de García Covarrubias. "Era parte del aparato represivo del ejército", denunció Hermán Carrasco, militante en los años ‘70 y víctima del actual docente del Pentágono. "Desde el 4 hasta el 10 de noviembre de 1973, García Covarrubias nos torturó a cara descubierta y utilizando los peores métodos. Nos obligó a cometer aberraciones sexuales entre nosotros", revivió Carrasco en comunicación con este diario. Carrasco dice que nunca tuvo dudas de que el actual especialista en seguridad internacional y miembro de la Asociación de Ciencias Políticas de Chile fue su torturador y que tuvo la oportunidad de ratificar su certeza al carearse con García Covarrubias hace dos meses en una diligencia judicial. El ex detenido vinculó al ex agente de la DINA con el asesinato de seis militantes comunistas de Temuco, que murieron por las torturas que sufrieron a fines de 1973. Los represores quisieron justificar esos homicidios alegando que los militantes habían caído en combate durante un intento de copamiento de la guarnición militar de Tucapel.
La abogada Magdalena Garcés, especialista en derechos humanos, le explicó a Página/12 que hay abiertas varias causas por ejecutados o desaparecidos chilenos en las que se imputan crímenes a García Covarrubias. En el caso de los seis dirigentes comunistas, el entonces teniente prestó declaración en calidad de inculpado. "No es cierto lo que dice García. Nunca ha sido procesado. Por lo tanto, es imposible que haya sido absuelto o condenado", afirmó Garcés. La abogada subrayó que no existe ningún impedimento para que García pise territorio chileno. Pero, como no vive en el país trasandino, se hace difícil completar los trámites para que sea llamado a indagatoria. "Yo sé que él viaja a Chile, pero no sé cuándo. Por eso, voy a volver a pedir que lo vuelvan a citar por la desaparición del abogado Jaime Eltit Spielman", añadió.
De acuerdo con el sitio web Memoria Viva, García Covarrubias llegó a ostentar el cargo de jefe de la Contrainteligencia de la DINA. El perfil publicado en esa página dice que en 1988 habría asumido la Subsecretaría General de Gobierno y que durante tres años habría actuado como asesor de la Secretaría General de la Presidencia. Según surge de la web del Centro de Estudios de Defensa Hemisférica (CHDS), entre 1991 y 1992 habría viajado a París para estudiar historia de la civilización occidental moderna en la Sorbona. En 2001, habría empezado a dar clases de Política y Seguridad Nacional en el CHDS, vinculado con el Pentágono.
Al enterarse de su actual rol de académico, organismos y diputados de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados chilena presentaron esta semana una denuncia en su contra para que cese en ese cargo. "Es inconcebible que un agente de la DINA esté trabajando para el Pentágono", se quejó el diputado comunista Hugo Gutiérrez. Consultado por este diario, el legislador se refirió a la presentación que lo trajo a García a Buenos Aires: "No debería estar dando cátedra sobre seguridad quien torturó a prisioneros políticos".
[Informe de Luciana Bertoia.]
18 de diciembre de 2010
17 de diciembre de 2010
©página 12
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condenan a criminales pinochetistas


Francia condena con severidad a ex militares chilenos.
París, Francia. ) La justicia francesa marcó hoy un precedente histórico en torno a la dictadura chilena de Augusto Pinochet (1973-1990), al condenar a cadena perpetua al ex general Manuel Contreras y a largas penas a otros 13 militares.
El proceso en ausencia, ante la negativa de Chile de extraditar a los 13 chilenos y un argentino, culpables de secuestro, tortura y desapariciones de cuatro ciudadanos franceses, terminó con una actuación sin precedentes de los magistrados.
En el Tribunal de París, Contreras, ex jefe de la DINA, y su lugarteniente Pedro Espinosa Bravo, recibieron la pena máxima, y el resto de los encausados por los delitos de "secuestro acompañado de torturas y de actos de barbarie", extensas condenas.
Los ex agentes de la dictadura de Pinochet no cumplirán las sentencias, pero igualmente los familiares de las víctimas se manifestaron satisfechos por el fallo, que fue filmado para dejar constancia de sus argumentos.
George Klein, Etienne Pesle y Alphonse Chanfreau desaparecieron en Chile y Jean Yves Claudet en Argentina, todos ellos entre 1973 y 1975. Algunos testimoniantes aseguraron sufrir torturas y vejaciones junto a los ciudadanos franceses.
Klein era asesor del gabinete del presidente socialista Salvador Allende cuando el golpe de Estado; Pesle desapareció el 19 de septiembre del mismo año, y Chanfreau y Claudet eran miembros del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR).
La investigación acopió numerosas pruebas que permiten establecer que Pinochet, que dirigía personalmente la DINA, condujo una política destinada a eliminar y hacer desaparecer a adversarios políticos, remarcó la resolución judicial.
Los expedientes fueron investigados durante 12 años de instrucción, además de otros tres de juicios. Del resto de los acusados, tres recibieron penas de 30 años, seis de 25, uno de 20 y el restante una condena de 15 años.
Además de los casos de Contreras y Espinosa Bravo, las condenas más fuertes fueron para el general retirado Herman Julio Brady, a 30 años de cárcel, lo mismo que los coroneles retirados Marcelo Luis Moren Brito y Miguel Krasnoff Martchenko.
Los magistrados ratificaron las órdenes de arresto que habían emitido en el año 2005, aunque algunos como Contreras ya cumplen sentencias de cárcel o domiciliarias en Chile por otros delitos.
17 de diciembre de 2010
©prensa latina
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hrw condena cárceles chilenas


Chile debe modificar sustancialmente su sistema penitenciario. La muerte de 81 reclusos pone en evidencia las consecuencias desastrosas de la sobrepoblación carcelaria.
Santiago, Chile. La trágica muerte de 81 reclusos no es más que el resultado de la sobrepoblación y de condiciones carcelarias deficientes, dos graves problemas en Chile desde hace años. Es crucial que el gobierno chileno priorice realizar una revisión sustancial del sistema penitenciario.
Chile debe modificar sustancialmente de su sistema penitenciario para poner fin a la sobrepoblación y mejorar las condiciones carcelarias, señaló hoy Human Rights Watch.
En una serie de sucesos que tuvieron lugar el 8 de diciembre de 2010, se desató un incendio supuestamente intencional en la cárcel San Miguel en Santiago que dejó un saldo de 81 reclusos muertos. Asimismo, según versiones de la prensa, otros 15 reclusos, 5 guardias y 1 bombero habrían sido atendidos por quemaduras. En la cárcel San Miguel habían 1.900 presos, pese a que fue construida para albergar a 1.000. El Presidente Sebastián Piñera y el Ministro de Justicia Felipe Bulnes se refirieron al incendio como una "tragedia" y afirmaron que se iniciaría una investigación minuciosa de los hechos que se produjeron ese día en la prisión.
"La trágica muerte de 81 reclusos no es más que el resultado de la sobrepoblación y de condiciones carcelarias deficientes, dos graves problemas en Chile desde hace años", afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Es crucial que el gobierno chileno priorice realizar una revisión sustancial del sistema penitenciario".
En 2010, las cárceles de Chile con mayor sobrepoblación albergaban a un promedio de al menos dos presos en espacios diseñados para un único recluso. Informes nacionales sobre derechos humanos, incluido un informe de 2009 de la Corte Suprema sobre condiciones carcelarias, indican que, además de la sobrepoblación, varias cárceles chilenas presentan condiciones deficientes de salubridad, ventilación y nutrición, y carecen de agua potable. Pese a que las condiciones carcelarias propician problemas de salud y favorecen la propagación de enfermedades infecciosas, el acceso a la atención médica en las prisiones chilenas es inadecuado.
Las obligaciones jurídicas internacionales de derechos humanos asumidas por Chile a través de tratados regionales e internacionales exigen que asegure el trato humano de los reclusos y que se respete su dignidad. Esto implica adoptar medidas para garantizar que las condiciones de detención no sean degradantes y que los presos tengan acceso adecuado a servicios de salud. Los presos no renuncian a todos sus derechos al ingresar a prisión, sino únicamente al derecho a la libertad y otros derechos relacionados que no pueden ejercerse en un ámbito de reclusión.
Un informe dado a conocer en marzo por una comisión de revisión carcelaria designada por el gobierno señala que los problemas existentes se deben a demoras en la construcción de nuevos establecimientos, la necesidad de acelerar el procesamiento de los casos penales, la aplicación de políticas que promueven penas más severas y la falta de desarrollo de alternativas efectivas a la prisión.
17 de diciembre de 2010
9 de diciembre de 2010
©hrw
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reprochan situación en cárceles


Organismos internacionales califican el sistema carcelario como "cruel, inhumano y degradante". La ONU, la CIDH y la FLACSO emplazaron al gobierno a permitir observadores y a cambiar las recriminaciones políticas por acciones concretas. Organismos internacionales vienen denunciando situación en cárceles desde hace al menos cinco años.

Chile. La Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, reclamó al gobierno chileno que permita a los observadores visitar las prisiones.
"Luego de esta tragedia nuestra prioridad es asegurarnos que el Gobierno investigue no sólo esa sino todas las prisiones en Chile", dijo la representante de la ONU.
En el mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, consideró que "el hacinamiento, además de constituir en sí mismo una forma de trato cruel, inhumano y degradante, es un factor de riesgo para la vida e integridad de las personas privadas de libertad".
Por su parte, Lucía Dammert, directora del Programa de Seguridad y Ciudadanía de FLACSO, hizo un llamado a no olvidar el problema de fondo en el debate sobre la situación carcelaria en Chile y a dejar de lado el debate netamente político que se generó en los días inmediatamente posteriores.
"A los dos, tres días después de la tragedia de la cárcel hubo un resurgimiento de un debate político innecesario, que es el debate de la culpa, también levantado por los medios. Ahora lo único que se sabe es que estamos en una crisis, las responsabilidades la Historia las escribirá, pero hoy hay que resolver el problema. Hay que esperar que la Alianza y la Concertación se pongan de acuerdo para pasar con rapidez mecanismos para descongestionar las cárceles y además disminuir el flujo de ingreso", dijo en el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile.
La coautora del informe "La prisión: problemas y desafíos para las Américas" del año 2008, advirtió que si bien le sorprendió la magnitud de la tragedia de la cárcel de San Miguel, ya se conocían ampliamente situaciones como las riñas entre los reos, la ingesta de alcohol, la baja dotación de gendarmes y la posesión de celulares, entre otros aspectos.
Si no hubiese sido por el siniestro, añadió la investigadora, lo más probable es que la transformación del sistema penal en Chile, que es urgente,  habría sido más lento, invisible y polarizado políticamente.
Respecto a los dichos del ministro de Justicia, Felipe Bulnes, sobre el hecho de que los delitos contra la propiedad están sobrevalorados en nuestro Código Penal, la especialista de FLACSO afirmó que es cierto, pero que se contrapone con medidas planteadas desde su propia coalición.
"Es interesante que el ministro Bulnes diga eso, porque sin duda es cierto, pero su coalición ha estado en la oposición sólo proponiendo leyes más duras, castigos más fuertes, metáforas de tercera es la vencida, candados a la puerta giratoria, que es no es tan giratoria como hemos visto. Me gustaría ver los votos que va a tener el ministro en la Cámara para empezar a bajar los castigos. Hay una serie de delitos que están sobre castigados principalmente porque el sistema de medidas alternativas no existe", señaló la experta.
Lucía Dammert manifestó su interés por conocer cómo se traducirá la actual preocupación de las autoridades en la discusión presupuestaria, puesto que en años anteriores una serie de reformas quedaron estancadas por este problema.
La investigadora recalcó que las principales medidas a corto plazo para resolver la crítica situación de los centros penales chilenos es fortalecer los mecanismos de medidas alternativas, reformar profundamente a Gendarmería y un sustantivo mejoramiento de la labor del Servicio Nacional de Menores.
17 de diciembre de 2010
15 de diciembre de 2010
©radio u. de chile
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mil 400 reos en huelga de hambre


Gendarmería admite que mil 400 reclusos están en huelga de hambre y niega situación de motín en las cárceles.
Chile. El director nacional de Gendarmería, Luis Masferrer, afirmó que en ningún penal del país se ha corrido el riesgo de perder el control por parte de los funcionarios a cargo del resguardo de los recintos.
Eso luego de hacer un balance después de una reunión que se extendió por más de dos horas con voceros en la ex Penitenciaría de Santiago, donde la noche del miércoles y la madrugada del jueves se registraron intentos de motín por parte de los reos.
"El concepto de motín basado en el diccionario de la Real Academia va a señalar cualquier acto en contra de la autoridad. Dentro de la lógica penitenciaria el concepto de motín queda más bien reducido a cualquier espacio que la población gana no permitiendo el control de los funcionarios de Gendarmería, que tiene incluso en su parte extrema a una eventual fuga del recinto penal. Eso no ha ocurrido y se descarta plenamente",
Son 7 mil 122 internos en la ex Penitenciaría de Santiago, de los cuales mil 400 están en huelga de hambre según reconoció el propio director de Gendarmería.
Cabe recordar que el centenario recinto penal tiene capacidad para solo mil 900 personas privadas de libertad. Y hay 7 mil 122 internos
Por eso uno de los temas que discutieron los voceros de los reos con las autoridades de Gendarmería y el fiscal judicial Daniel Calvo, fue el tema del hacinamiento, además de mejorar el régimen de visitas, como también acelerar los trámites administrativos para la entrega de beneficios.
Masferrer indicó que hubo algunos puntos en los que estuvieron de acuerdo en que se pueden hacer mejoras en el corto plazo.
"Revisión de los beneficios, apurar los procedimientos administrativos en cuanto a otorgamiento o no de beneficios. No hubo promesas de que estos se iban a dar por sí solos y la población está muy consciente y quedó claro aquello. También respecto de los tiempos, es el 30 de diciembre que se reúne el consejo técnico y el tribunal de conducta en la unidad penal, no se va a adelantar esa actividad",
El director nacional de Gendarmería informó que luego de la reunión con los representantes de los reos la situación se normalizó al interior de la Penitenciaría de Santiago.
Sin embargo en otros recintos del país también se informa de distintas manifestaciones, como en la Cárcel de Alta Seguridad y el penal de Quillota, donde al menos unos 354 internos están en huelga de hambre, sin que se conozca sobre su estado de salud.
17 de diciembre de 2010
©radio u. de chile
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absuelven a comunero llaitul


Ataque a fiscal: Absuelto Llaitul y otros 4 comuneros mapuches.
Chile. La justicia militar absolvió este jueves de los cargos por maltrato de obra a Carabineros y daño de obra fiscal, a 5 comuneros mapuches, uno de ellos Héctor Llaitul Carrillanca, en el marco del proceso por el ataque al fiscal Mario Elgueta en Tirúa, Región de La Araucanía.
La resolución dada a conocer a las partes por el Juzgado Militar de Valdivia, informó radio Bío Bío.
El fallo iría en consulta a la Corte Marcial, para su ratificación o revocación, aunque la determinación de la justicia castrense sienta un precedente en los casos tipificados por Ley Antiterrorista, considerando que el Gobierno se comprometió a recalificar las causas tras la huelga de hambre que realizaron los presos de esa etnia.
16 de diciembre de 2010
©la nación
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pacos expulsados por maltratos


Carabineros expulsa a seis funcionarios por maltrato a detenido.
Santiago, Chile. Carabineros informó esta tarde que dio de baja a seis funcionarios de la institución por "maltrato psicológico" a un ciudadano durante su detención.
Según explicó el jefe de la zona Metropolitana de la policía uniformada, general José Ortega, dos tenientes, dos subtenientes y dos cabos fueron marginados por "amenazas con arma de fuego y vejación injusta" contra la persona al interior de un furgón policial mientras era detenida.
Añadió que se pudo establecer el hecho con imágenes proporcionadas por un canal de televisión, las que develan cómo uno de los cabos apuntó con su arma de servicio al detenido amedrentándolo, situación de la que estaban al tanto el otro suboficial y los cuatro oficiales expulsados, todos de dotación de la 50ª Comisaría de San Joaquín.
14 de diciembre de 2010
©la nación
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