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rata pinochetista en el pentágono


Un militar chileno que trabaja en el Pentágono, acusado de torturar prisioneros sometiéndolos a actos sexuales.Rata fue agente de la DINA.
[Jorge Escalante] Santiago, Chile. Un brigadier retirado del Ejército chileno, que integró la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet y que desde 2001 trabaja en Washington, adscrito al Pentágono, ha sido acusado en Chile de haber sido un torturador que obligaba a sus víctimas a cometer aberraciones sexuales.
Así lo señalaron hoy a Efe fuentes del juicio que involucra al ex brigadier Jaime García Covarrubias, que trabaja como profesor de Asuntos de Seguridad Nacional en el Centro de Estudios Hemisféricos para la Defensa de Estados Unidos.
En el proceso, ex prisioneros y también ex militares que fueron sus subalternos acusan a García Covarrubias haber actuado con "crueldad y tratos inhumanos" contra los detenidos y los propios soldados del regimiento "Tucapel", en la sureña ciudad de Temuco.
García Covarrubias, que a finales de 1974 se convirtió en instructor de agentes en técnicas de interrogatorio y represión y que en los últimos años del régimen militar integró el círculo estrecho de Pinochet, con cargos en dos ministerios, figura como "inculpado" en el proceso que se instruye en Temuco por delitos de lesa humanidad.
Entre ellos, el asesinato de seis militantes comunistas ocurrido el 10 de noviembre de 1973, encubierto como un falso ataque al cuartel, pues las víctimas permanecían detenidos en el mismo regimiento. En esa época, García servía en el Tucapel con el grado de teniente.
Los cargos y antecedentes que lo inculpan se formulan en al menos 25 declaraciones firmadas por ex detenidos y militares, documentos a los que Efe tuvo acceso, en el proceso que investiga el juez de la Corte de Apelaciones de Temuco Fernando Carreño.
Integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados chilena pedirán este semana, a través de la embajada de Estados Unidos en Santiago, que la Secretaría de Defensa de su país cese a García Covarrubias de sus funciones.
Según los antecedentes del juicio, los delitos de los que está acusado García fueron cometidos tras el golpe militar de 1973, cuando formaba parte de la Compañía de Plana Mayor del regimiento, integrando además con otro grupo de militares la Sección II de Inteligencia del cuartel.
De acuerdo con el proceso y los testigos, ambas instancias tenían a su cargo a los prisioneros que permanecían en el regimiento.
En ese tiempo, Jaime García integró también los Consejos de Guerra contra prisioneros políticos, que han descalificado tanto las cortes de justicia chilenas como internacionales.
El pasado septiembre, García tuvo que viajar a Chile por orden de la Justicia para ser interrogado y sometido a careados con ex prisioneros y militares.
Durante la diligencia, el ex detenido Herman Carrasco lo acusó de haberlo torturado junto a otros prisioneros. "El oficial Jaime García Covarrubias comenzó a golpearnos y desnudos nos obligó a efectuar actos sodomíticos, sin éxito", declaró Carrasco. García negó la acusación.
Otro ex detenido, Víctor Maturana, testimonió que "de mis torturadores pude identificar al capitán Nelson Ubilla, y a los tenientes Manuel Vásquez Chahuán y Jaime García Covarrubias".
El ex soldado Héctor Barra Reyes, declaró judicialmente que "me consta que el capitán Nelson Ubilla y los hermanos García Covarrubias interrogaban a los detenidos en el lugar donde los torturaban" y agrega que ello era cometido "principalmente por el de nombre Jaime".
El capitán Ubilla era el jefe de los hermanos Jaime y Raimundo García, tanto en la Compañía de Plana Mayor como en la Sección II de Inteligencia.
Según el ex militar Oscar Inostroza, "el teniente Jaime García se destacaba por su crueldad y tratos inhumanos hacia los detenidos y los propios conscriptos (reclutas)".
Igual cargo le formuló el ex soldado Enrique Moreno: "del teniente Jaime García recuerdo su crueldad con los prisioneros".
En cuanto al crimen de los seis comunistas, Inostroza declara que "lo ocurrido aquella noche fue una ejecución de detenidos, siendo el comentario generalizado entre los conscriptos que los oficiales Jaime y Raimundo García Covarrubias y Norberto Uribe Moroni habían participado".
Sin embargo, el actual profesor del Centro de Estudios del Pentágono sostiene en sus declaraciones procesales que "no había personas detenidas en el regimiento" y que la muerte de los seis comunistas ocurrió en un "enfrentamiento".
En sus declaraciones judiciales, García reconoce que perteneció a la DINA, la policía secreta de la dictadura, sirviendo como instructor de agentes en técnicas de interrogatorio y contrainteligencia, por lo que en su hoja de vida obtuvo varias felicitaciones.
14 de diciembre de 2010
13 de diciembre de 2010
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comisión valech pide más tiempo


Comisión Valech pide 6 meses más para terminar labor. Alta cantidad de casos llevó a la instancia que reúne antecedentes de prisión política y tortura a elevar la solicitud de prórroga al presidente Piñera.
Santiago, Chile. La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Valech, María Luisa Sepúlveda, informó que la instancia le solicitó al presidente Sebastián Piñera una prórroga de 6 meses para terminar con su trabajo, debido a que los casos presentados "fueron mayores a los proyectados".
Sepúlveda explicó que la entidad sobre la Detención Política y la Tortura debiera haber terminado su trabajo el 17 de febrero del 2011, "pero no alcanzamos a terminar la tarea, y le hemos pedido 6 meses más para poder hacer bien una tarea difícil".
"Son alrededor de 32 mil 500 (los casos) y el presidente quedó en darnos una respuesta de aquí a unos 5 días más", añadió, precisando que para otorgarse la prórroga se requiere de una ley.
La solicitud fue planteada al Mandatario, luego de la cita de este martes entre los representantes de esta entidad y el presidente en La Moneda.
14 de diciembre de 2010
©la nación
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bachelet pidió ayuda al fbi


Una nueva información del sitio WikiLeaks respecto de Chile que desclasificada este lunes sostiene que el otrora gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet, pidió la colaboración de Estados Unidos para indagar presuntos contactos de las comunidades mapuches con células terroristas extranjeras como las FARC o la ETA.
Santiago, Chile. Según la publicación revelada por la versión online del diario El País, el entonces ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, expresó a Estados Unidos su preocupación por el "problema mapuche" solicitándole apoyo "de inteligencia" para seguir de cerca su posible radicalización, sus eventuales contactos con los citados grupos.
Añade que a poco de tomar posesión de su cargo, el ex secretario de Estado, y cuando ya se habían registrado algunos incidentes entre comuneros mapuches y Carabineros por la toma de terrenos en la Región de La Araucanía, se hincaron las conversaciones.
Una de ellas es la respuesta vía telegrama de ese país que señala que "el consejero legal le explica que el FBI ya está coordinado con los Carabineros para ayudarles a localizar la llegada de esos posibles contactos".
Luego de ello y en sucesivos despachos enviados a Washington, a lo largo de 2008 y 2009, indican, sin embargo, que todas las investigaciones les llevaron a la misma conclusión: la comunidad mapuche es abrumadoramente no violenta; "el problema ha sido magnificado por los medios"; quienes alegan que existen lazos entre los mapuches y organizaciones terroristas extranjeras "no han proporcionado pruebas de ello" y "los expertos del Gobierno califican esos contactos de mero "turismo de guerrilla"".
Un detallado informe escrito en otoño de 2009, tras un viaje de varios días por el territorio en conflicto (que coincide con la muerte de un joven activista mapuche a manos de la policía chilena), recoge la opinión irónica de los diplomáticos estadounidenses.
"Un eventual observador de la cobertura informativa de la actualidad chilena podría pensar que violentos activistas mapuches, relacionados con las FARC y ETA, matan cada semana a inocentes civiles".
Otro reporte señala que "el candidato presidencial de la oposición, Sebastián Piñera, ha declarado que la Araucaria arde en llamas. Los principales periódicos chilenos, que son generalmente conservadores, publican muy a menudo en primera página reportajes sobre este conflicto".
También añaden que "la destrucción de propiedades, que supone la inmensa mayoría de las acciones ilegales de los mapuches, se presenta frecuentemente a todo color con descarados titulares y a veces una cobertura muy superior a la que se da a crímenes mucho más graves cometidos por chilenos no indígenas".

Reproches a Todos los Actores
Otras de las revelaciones muestra que el embajador Paul E. Simons señala que "las comunidades mapuches están desorganizadas, son incoherentes y presentan demandas que van desde lo lógico a lo fantasioso (...) Por el otro lado, los sucesivos Gobiernos de la Concertación han desarrollado una política indígena chapucera, a la que se concede poca importancia y que es incapaz de establecer y alcanzar objetivos realistas".
Otro telegrama añade que la primera administración democrática de Patricio Aylwin, aprobó una nueva ley para devolver algunas tierras a las comunidades indígenas, "pero la situación progresó muy poco en los siguientes 16 años, contribuyendo a la visión mapuche de que el Estado chileno lleva 100 años rompiendo las promesas que les hacen".
Las quejas fueron aumentando en los últimos años, especialmente cuando las autoridades chilenas decidieron poner en marcha un plan de producción de energía hidroeléctrica y encargaron, entre otras a la empresa española Endesa, la construcción de nuevas presas, alguna de ellas en territorio ancestral mapuche.
A partir de ese momento, se renovaron los incidentes, especialmente los casos de "vandalismo y destrucción de la propiedad", informa otro envío.
"Aunque preocupantes e ilegales", asegura Simons, "esos ataques son esporádicos y claramente dirigidos contra propiedades y no contra personas". El telegrama recoge la queja de organizaciones humanitarias, escandalizadas por que se aplique a los mapuches una controvertida ley antiterrorista.

Relación Estado-Mapuches
La embajada estadounidense constata que las relaciones entre los mapuches y el Estado son complejas y conflictivas, pero principalmente "no violentas".
"Aunque la mayoría de los chilenos asocia los mapuches a las áreas rurales de la Araucanía y regiones vecinas, la realidad es que el 70% de los mapuches vive en áreas urbanas. Santiago alberga más mapuches que ninguna otra región", explica Simons. Según la información que asegura que el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, le proporcionó 27 de las 2.100 comunidades mapuches del país que están realmente en conflicto con el gobierno chileno o con los propietarios de la tierra, y de esos casos, solo en ocho se han registrado acciones violentas.
De hecho, recuerda el embajador norteamericano, en los últimos 10 años de conflictos ha habido tres muertos, todos ellos jóvenes activistas mapuches.
El embajador reproduce también conversaciones mantenidas tanto con Rosende como con el jefe de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía Nacional chilena, Jorge Chocair, que minimizan las relaciones de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), grupo indígena vinculado a algunos hechos violentos, con grupos terroristas internacionales como las FARC o ETA.
"Es cierto que algunos miembros de la CAM han viajado a Colombia, a España y al sur de México y que pueden, incluso, haber participado en algún tipo de entrenamiento. Unos pocos representantes de Askapena, brazo político de ETA, visitaron en agosto de 2009 algunas comunidades mapuches".
Sin embargo tanto Rosende como Chocair caracterizan esas relaciones con "informales e infrecuentes", asegura Simons. Chocair en concreto le dice al embajador que se trata de "turismo de guerrilla".
El último telegrama disponible revelado por El País, de octubre de 2009, informa de tres nuevos ataques en la región de la Araucanía pero sigue calificando el tema de conflicto de "bajo nivel". La subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, les asegura, además, que no cree necesario el envío de más policías a la región.
"El secretario general de la Presidencia, José Viera-Gallo, tiene razón cuando afirma que el imperio de la ley en la región está perfectamente asegurado y que esos ataques, aunque preocupantes e ilegales, siguen siendo esporádicos y contra propiedades, no contra personas", insiste la embajada.
14 de diciembre de 2010
13 de diciembre de 2010
©la nación
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padre aldunate entregó las llaves


Sacerdote José Aldunate entregó llaves de Villa Grimaldi. Después de 16 años como custodio moral del clausurado portón del ex centro de tortura, el sacerdote entregó las llaves a nuevas generaciones de chilenos.
Santiago, Chile. En un simbólico y emotivo acto, realizado el pasado viernes en el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el destacado sacerdote y teólogo jesuita, José Aldunate, entregó a la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi las llaves del que una vez llamó "portón de la muerte" en alusión a su uso en el período de la dictadura de Augusto Pinochet cuando ingresaban por allí los prisioneros al centro de tortura.
El portón de Villa Grimaldi fue clausurado hace 16 años, tras una larga lucha por la recuperación del terreno por parte de un movimiento ciudadano liderado por el sacerdote.
Tras la clausura del portón, la comunidad había pedido al jesuita (fundador del Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo) que conservara la llave del candado quedando como garante de que la puerta del horror nunca más sería abierta.
Con 93 años, sintiéndose cerca de la muerte, el sacerdote pidió traspasar el compromiso, y entregó la llave a la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi que hoy administra este Sitio de Memoria.
"Entrego el encargo de mantener siempre viva la memoria en Villa Grimaldi, y mantener el Parque Por la Paz. Para mí es una enorme satisfacción que se haya recuperado este lugar, siento que mi vida no fue en vano", dijo el clérigo durante la ceremonia, e instó a los jóvenes a "seguir trabajando para construir un mundo de paz y concordia que sea digno para toda la humanidad".
El padre Aldunate y sus seguidores denunciaron esta práctica durante la dictadura de Pinochet poniendo en riesgo sus vidas en decenas de acciones pacíficas frente a centros clandestinos de detención.
Terminado el régimen militar, Aldunate convocó a la ciudadanía a recuperar Villa Grimaldi dando ejemplo de compromiso y coherencia en la defensa de los derechos fundamentales.
A nombre del Directorio de la Corporación, recibió las llaves Ana Cristina Torrealba, y agradeció el gesto Flor Hernández.
En referencia a los desafíos emprendidos por la institución ésta última destacó: "Han pasado 16 años. Aquí florecieron nuevamente las rosas, y con ellas floreció el compromiso de ‘nunca más’. A través de diversos proyectos y actividades, la Corporación ha logrado convertirse en un referente nacional e internacional por su contribución a una cultura de los derechos humanos".
En referencia a la tarea traspasada por el sacerdote, afirmó "el padre nos pone un enorme desafío. Por nuestras convicciones y por la admiración que nos inspiran hombres y mujeres como usted- enfatizó- nos comprometemos a asumir esta tarea".
En la ceremonia estuvieron presentes el alcalde de Peñalolén Claudio Orrego, el senador Camilo Escalona, el diputado Enrique Accorsi, y la madre de la ex presidenta Michelle Bachelet, Ángela Jeria. También estuvieron en el acto los sacerdotes Pierre Dubois y Roberto Bolton, el párroco del sector, religiosos que participaron en la recuperación de Villa Grimaldi y distintos miembros de la comunidad de Peñalolén, así como ex detenidos en este recinto.
Al término de la ceremonia, el Alcalde de Peñalolén se refirió a Aldunate como un "gigante del humanismo" describiendo el traspaso de las llaves como "un símbolo muy importante, de postas, que hace el padre con nosotros. Entrega la llave del portón para que otros continúen la labor que él ha llevado adelante con tanto amor y tanta pasión", dijo. El edil recordó su propia militancia en el Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo al que se integró siguiendo un llamado del sacerdote jesuita.
"Me emociona el testimonio de Pepe. Tantas veces se habla de gente que pasa a la historia por sus escritos; por sus palabras. Pero poco se dice de los que como Pepe, evangelizan con el testimonio", subrayó.
14 de diciembre de 2010
13 de diciembre de 2010
©la nación
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niños acusados de terrorismo


Niños indígenas procesados por terrorismo en Chile.
Chile. Organizaciones de derechos humanos denunciaron ayer que el Estado chileno mantiene procesados por terrorismo a tres niños mapuches, pese a los compromisos adquiridos para resolver su situación.
"Los jóvenes mapuches acusados por supuestos delitos terroristas continúan en prisión preventiva en la cárcel de Chol Chol, en Temuco", al sur de Chile, informaron la red de ONG de Infancia y Juventud de Chile y la fundación Anide.
Las entidades recordaron que los menores son acusados por testigos sin rostro, a los que sus abogados no tienen la opción de interrogar, según indica un despacho de DPA. "Cuando el Estado chileno acusa a un niño de terrorista y lo obliga a que esté muchos meses separado de su familia, de su escuela y amigos, sin que su calidad de menor haga ninguna diferencia, está violando la Convención de los Derechos del Niño."
Los niños, que llevan entre seis meses y un año presos en un centro de detención infantil, fueron capturados en el marco de las protestas contra el Estado chileno en territorio mapuche, las que recrudecieron los últimos años y dejaron ya cuatro muertos.
Este año, una treintena de activistas mapuches detenidos estuvieron en ayuno 84 días y llegaron a un acuerdo con las autoridades para modificar la Ley Antiterrorista de Chile.
La norma, reiteradamente criticada por la ONU, permite juicios dobles, testigos sin rostro y excluye la posibilidad de otorgar libertad bajo fianza a los acusados.
Los activistas mapuches presos, acusados de diversos delitos en sus actos de protesta, reclaman autonomía y tierras para su pueblo, reconocido como nación independiente por España y Chile hasta el siglo XIX.
Los gobiernos de los socialistas Ricardo Lagos y Michelle Bachelet optaron por pedir a la justicia su procesamiento por la polémica ley antiterrorista, creada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
La crisis entre los mapuches y el Estado no ha podido ser eludida pese a que desde 1990 las autoridades entregaron o regularizaron medio millón de hectáreas de propiedad a estos indígenas.
13 de diciembre de 2010
11 de diciembre de 2010
©correo perú
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paco condenado a 15 años por asesinato


Caso Mendoza Collío: Justicia militar condena a 15 años de presidio al autor del crimen. El cabo de Fuerzas Especiales Patricio Jara Muñoz fue imputado por el delito de violencia innecesaria con resultado de muerte del comunero mapuche Jaime Mendoza Collío.
Chile. La justicia militar confirmó hoy la pena de 15 años y un día de presidio para el cabo de Fuerzas Especiales de Carabineros Patricio Jara Muñoz, por  el delito de violencia innecesaria con resultado de muerte en contra del comunero mapuche Jaime Mendoza Collío.
Según consignó ADN Radio, el juez militar letrado de Valdivia Eleuterio Ramírez, acogió así la condena propuesta por el fiscal militar de Angol Rodrigo Vera Lama, de aplicar la máxima sanción.
El vocero de la familia de Mendoza Collío, José Naín, señaló que "cual sea la condena que reciba este Carabinero, ello no le repara el dolor ni el daño que se le ha causado (a la familia). Sin embargo, lo toman con mucha calma y esperan sólo que esté la instancia que corresponde, se vaya ratificando y en la medida que vaya avanzando la familia va a ir tomando otras acciones legales, civiles, que permitan de alguna manera reparar el daño irreversible que se le ha causado a esta familia y que el Estado se haga responsable de ello", dijo.
El funcionario de Carabineros, actualmente en servicio activo, podrá apelar a esta resolución recurriendo a la Corte Marcial de Santiago.
Jara Muñoz dio muerte por la espalda a Mendoza Collío durante el desalojo de un predio que reclamaban como tierras ancestrales en agosto de 2009.  
[La foto viene de este blog.]
12 de diciembre de 2010
10 de diciembre de 2010
©la tercera

infierno en santiago


En Chile, el infierno de los pobres ahora se llama cárcel. Un incendio en la prisión de San Miguel, en Santiago de Chile, provocó la muerte de 81 presos. Una pelea entre internos desató un incendio en el penal de San Miguel. Murieron 81 carbonizados o asfixiados. Los guardiacárceles no reaccionaron. Los bomberos fueron alertados por los presos.
[Christian Palma] Santiago, Chile. A las 5.48 de ayer, la central de alarma de la división sur del Cuerpo de Bomberos de Santiago recibió un llamado de alerta distinto a los muchos otros telefonazos de cada jornada. La comunicación provenía de la cárcel de San Miguel, una de las comunas más populosas de esta capital; al otro lado de la línea, y a través de un celular, un interno encendía literalmente las alarmas: "Se está quemando el penal", dijo la angustiada voz.
Esta historia narrada por un bombero –aún no confirmada de manera oficial– continuó un minuto después, cuando se ratificó con gendarmería (policía carcelaria) que efectivamente había fuego en el lugar. Diez minutos más tarde llegó el primer carro-bomba que se encontró con un espectáculo dantesco: el incendio más grande en la historia carcelaria chilena y que hasta ahora quitó la vida a 81 reclusos y dejó más de 15 heridos.
De ellos, una decena no superaba los 25 años. La mayoría cumplía condenas por robo con intimidación, robo en lugar habitado, robo con violencia, homicidio, violación y tenencia ilegal de armas, junto a algunos "primerizos". Todos hacinados ahí, en el fatídico cuarto piso de la Torre 5, apretaditos, como en una madriguera mísera y maloliente que no discrimina entre reincidentes o los que pueden y quieren reinsertarse. Todos conviviendo con la mugre y la violencia.
Ahí estaba también Bastian Arriagada, de 21 años, purgando una pena de 61 días de presidio por vivir del pirateo de música y películas. Trabajo informal, por cierto, que en Chile mantiene a muchas familias y que ayuda a bajar los niveles oficiales de desempleo que se entregan mes a mes con mayor o menor pompa, dependiendo de si la flechita del índice es roja o azul.
Los primeros bomberos en arribar al penal describieron la situación como dramática, debido al fuego violento. Además se tuvo que forzar candados y rejas para ingresar a la zona del foco principal. Esa temeraria labor permitió evacuar a 64 internos, informó el comandante de esa división, José Sánchez. El resto murió calcinado y asfixiado.
Las pericias iniciales, según trascendió, indican que el siniestro se originó por culpa de un balón de gas con manguera usado por los internos como lanzallamas en una riña interna a causa de disputas territoriales y privilegios (el uso del celular por parte de jefes de carteles es común en los penales chilenos). Sin embargo, uno de los internos de la Torre 4, cercana a la zona siniestrada, dijo a Radio Cooperativa que esa versión sólo busca "bajar el perfil a lo sucedido".
Explicó que la relación entre los uniformados y los reclusos es muy mala, lo que demoró las labores de socorro. "Como a las cinco de la mañana comenzaron a pedir ayuda, pero los funcionarios decían ‘quémense hijos de perra, muéranse’, no les interesaba nada, se murieron las personas porque gendarmería no prestó el apoyo necesario", declaró el preso, que prefirió no dar su nombre. Dijo también que entre las 17 y las 5 "aquí es otro mundo", porque no hay funcionarios de gendarmería.
La cárcel de San Miguel está diseñada para unas 800 personas; no obstante, la población penal hasta el martes era de 1900 reclusos, hacinamiento que se repite a lo largo del país, amplificado por el terremoto de febrero.
Este suceso, que enluta otra vez a Chile, reabrió un debate que de tarde en tarde vuelve a la agenda: la precariedad del sistema penal chileno.
El primero en hablar fue el presidente, Sebastián Piñera, quien de entrada anunció la posibilidad de construir cárceles modulares para terminar con el hacinamiento.
"Este problema se arrastra desde hace décadas y fue una de las primeras preocupaciones que enfrentó nuestro gobierno. En marzo hicimos un diagnóstico y tenemos en promedio una sobrepoblación del 70 por ciento, que en algunos casos alcanza más del 200", explicó.
En ese sentido, recordó que su gobierno dio a conocer una serie de medidas al respecto. "Estamos estudiando traer cárceles modulares, para disminuir la sobrepoblación, el hacinamiento que afecta a nuestros recintos penales y mejorar la calidad de vida de los presos. Este accidente nos señala que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para que en Chile tengamos un sistema carcelario digno de seres humanos y que además no transforme a nuestras cárceles en universidades del delito."
Piñera también salió al paso de las críticas por la demora de la ayuda. "La cárcel ardió en tres o cuatro minutos. Tanto el llamado a las ambulancias como a bomberos se hicieron en forma oportuna y, por tanto, esa versión de que durante horas no se habría llamado a bomberos o ambulancias, de acuerdo con nuestra información, es incorrecta." Aseguró, no obstante, que "se van a perseguir todas las responsabilidades para determinar negligencias y errores".
Otra tarea dura será el reconocimiento de cadáveres. El intendente de Santiago, Fernando Echeverría, dijo anoche que existen al menos 50 cuerpos no identificados y que ya se informó a los familiares de los que perecieron.
Este escenario trajo a colación viejas recriminaciones por lo no hecho en los 20 años de gobierno de la Concertación o la oportuna, o no, acción de las autoridades actuales.
El presidente de la opositora Democracia Cristiana (DC), Ignacio Walker, instó a la administración de Piñera a "no actuar con pequeñez", procurando sacar provecho político electoral al endosarle la responsabilidad a gobiernos anteriores.
"Nosotros podríamos decir que en 1990 (cuando volvió la democracia) encontramos un sistema penitenciario completamente colapsado, como era el caso, pero no hemos actuado así y, antes bien, hemos asumido nuestra propia responsabilidad en reconstruir el sistema, a pesar de las deficiencias que aún subsisten", dijo.
Walker destacó que durante el gobierno de Michelle Bachelet "se aprobó la ley para aumentar la planta de gendarmería, creciendo 56 por ciento".
El DC emplazó además al gobierno a acelerar proyectos en materia carcelaria, iniciados por la Concertación. "Exigimos del gobierno abandonar su pasividad en esta materia y llevar adelante estos proyectos", concluyó.
Desde la Unión Demócrata Independiente (UDI), uno de los partidos de derecha que sustentan al gobierno, su secretario general, Víctor Pérez, sostuvo que "con los gobiernos de la Concertación no sólo no se avanzó en este tema sino que tuvimos un retroceso. Sólo quiero recordar que el plan carcelario del ex presidente Ricardo Lagos terminó con un escándalo de malos manejos y frenó todo el proceso. Este gobierno no sólo tiene la oportunidad sino que tiene la responsabilidad de hacerse cargo de este tema, construyendo nuevos recintos carcelarios", sentenció.
A su turno, el senador Guido Girardi, del opositor partido PPD, también responsabilizó de la tragedia al Estado chileno. "Este accidente expresa y demuestra que en Chile, en materia carcelaria, se violan los derechos humanos. Puede que exista un incendio, es posible, pero lo que es inaceptable es que no exista un plan de contingencia y que mueran personas que están a cargo del Estado", dijo Girardi.
Este hecho cierra un año negro para Chile, que se suma a la seguidilla de tragedias que ha vivido el país. El terremoto, accidentes carreteros con numerosos fallecidos y el derrumbe de la mina San José, entre otros.
11 de diciembre de 2010
9 de diciembre de 2010
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escaleras de metal, candados derretidos


El calentamiento de las rejas impidió la salida de los presos.
Santiago, Chile. Según datos aportados por los legisladores chilenos Alejandro Navarro y Hugo Gutiérrez y el Cuerpo de Bomberos de Santiago, que acudió a sofocar el incendio por la llamada de uno de los presos, el calentamiento de las rejas y las escaleras de la cárcel chilena de San Miguel fue el principal impedimento para que los hombres allí encerrados pudieran escapar. El fuego se inició esta madrugada y dejó 83 muertos.
"Una escalera caliente, humeante, les impidió arrancar (...) muchos murieron tratando de escapar", relató Navarro, senador del partido Movimiento Amplio Social, luego de recorrer el penal, donde aseguró que "se rompieron los sistemas de alcantarillado producto de la cantidad de agua".
Según indicó el parlamentario, aunque el fuego fue extinguido, los hierros que rodean la galería incendiada todavía están calientes y presos que sobrevivieron están reunidos en el gimnasio del recinto penal.
"Los reos escribieron de su puño y letra su nombre y nos pidieron que se los entregáramos a sus familiares", agregó Navarro. Por su parte, el diputado Gutiérrez, quien consideró que el penal "debería cerrarse", sostuvo que la tragedia "va a perdurar por varios días debido a la difícil identificación de los cuerpos".
"Va a ser un ADN de huesos. Va a ser un proceso lento", explicó el parlamentario, quien llevó al exterior el papel firmado por unos 350 presos que sobrevivieron al incendio.
Gutiérrez llamó a estudiar medidas que alivien la sobrepoblación penal existente en Chile, que según el presidente chileno Sebastián Piñera supera el 70 por ciento en algunos recintos. "Hay problemas sociales que no se pueden resolver con más encarcelamiento", sostuvo.
Navarro, en tanto, criticó que sólo 2 por ciento del presupuesto de Gendarmería (guardiacárceles) que alcanza al equivalente a 341 millones de dólares, se utilice para la rehabilitación de los reclusos.
Por otra parte, el Cuerpo de Bomberos de Santiago confirmó mediante su página web que recibió la notificación del incendio que afectó a la cárcel mediante el llamado de uno de los reos.
Ante la alerta, diez compañías de bomberos se acercaron a la zona sur de la capital de Chile para extinguir el fuego que demoró sólo tres minutos en expandirse en la galería de la cárcel.
El comandante de Bomberos, José Sánchez, informó además que el incidente provocó la evacuación de 200 reos a otros sectores del recinto penitenciario.
10 de diciembre de 2010
8 de diciembre de 2010
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