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chile

mueren 83 reos en cárcel chilena


El fuego en la prisión de San Miguel comenzó durante la madrugada, supuestamente tras una pelea entre presos. El penal, ubicado cerca de la capital trasandina, alberga a 1900 presos, pese a tener capacidad para 1100. Además de los 83 muertos confirmados, hay 14 heridos graves. "La situación penitenciaria no resiste más", admitió el presidente Sebastián Piñera.
Chile. "Los fallecidos hasta ahora son 83", señaló el presidente Sebastián Piñera, al arribar a uno de los servicios de urgencia donde fueron trasladados algunos de los heridos. "Esto ha sido una tremenda y dolorosa tragedia", agregó el presidente, detallando que "prácticamente la totalidad" de los fallecidos ya está identificados. Piñera dijo además que "hay otros 14 heridos graves".
"Los 14 heridos están con riesgo vital y fueron trasladados a diferentes centros médicos dispuestos en la región Metropolitana", dijo por su parte el ministro de Salud, Jaime Mañalich, a radio Cooperativa.
Según los reportes preliminares, el incendio se inició cerca de las 5 de la madrugada tras un riña en una de las galerías del recinto, que alberga a unos 1900 internos. Las muertes se habrían provocado en su mayoría por asfixia.
Decenas de familiares se congregaron en las afueras del recinto, ubicado en el sector centro sur de Santiago, donde se repetían escenas de llanto y desesperación cuando se enteraban de los alcances de la tragedia.
Sobre las condiciones carcelarias que enmarcan la tragedia, el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, aseguró desde el lugar que tras auxiliar a las víctimas se "van a buscar responsabilidades hasta el final. Si hubo retardo en el auxilio o si hubo negligencia en los procedimientos".
Bulnes garantizó que a pesar de la emergencia "no hay situación de motín, el resto del penal se encuentra en normalidad". No obstante, el funcionario del gobierno de Sebastián Piñera dijo que "sin adelantar conclusiones finales, hay que destacar lo difícil que se hacen los operativos en una cárcel en condiciones de hacinamiento" como al de San Miguel, que tenía una capacidad de 1100 reclusos, es decir 800 menos de los que albergaba.
10 de diciembre de 2010
8 de diciembre de 2010
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llaves de villa grimaldi


Sacerdote Aldunate entregará llaves del portón de Villa Grimaldi.
Santiago, Chile. El sacerdote jesuita José Aldunate, fundador bajo la dictadura del Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo, entregará mañana las llaves del portón del centro de prisión, torturas y desapariciones de Villa Grimaldi, que mantuvo en custodia por 16 años.
Figura clave en la recuperación de los terrenos de Villa Grimaldi -hoy convertidos en Sitio de Memoria y Parque por la Paz- el padre Aldunate, de 93 años y retirado de la vida pública, pidió ser relevado de la custodia de las llaves de la emblemática puerta.
El portón del centro de tortura, que el sacerdote llamó "puerta de la muerte" por el cual eran ingresados los prisioneros durante la dictadura, fue abierto tras la presión y movilización de la comunidad en 1994.
Posteriormente el portón fue clausurado, y el sacerdote asumió el cuidado de las llaves como garantía moral de un nuevo destino para el recinto.
Este 10 de diciembre, en coincidencia con el Día Internacional de los Derechos Humanos, el religioso entregará las llaves a la Corporación que administra ahora este Monumento Histórico Nacional.
El jesuita espera devolver así la responsabilidad sobre los destinos de este sitio de memoria a la sociedad en su conjunto y no sólo los familiares de las víctimas, en relación al pasado y al futuro y que, en ese sentido, traspase la experiencia a las próximas generaciones.
10 de diciembre de 2010
9 de diciembre de 2010
©la nación
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procesan a cúpula pinochetista


Desde mañana y hasta el 17, se celebra en Francia el juicio, en ausencia, por secuestros, torturas y desapariciones. Los abogados y familiares de las víctimas de la dictadura chilena presentaron el contexto del proceso contra trece militares chilenos y un argentino –José Osvaldo Riveiro–, acusados por la desaparición de cuatro franceses.
[Eduardo Febbro] París, Francia. Natalia Chanfreau esperó cerca de 40 años para que la Justicia osara enjuiciar a quienes secuestraron y asesinaron a su padre bajo la dictadura chilena. "Hemos esperado casi toda nuestra vida para obtener justicia", dijo ayer en París la hija de Alphonse Chanfreau, el líder estudiantil del MIR chileno (Movimiento de Izquierda Revolucionario), secuestrado en Santiago el 30 de julio de 1974. Los abogados y familiares de las víctimas de desapariciones forzadas presentaron ayer en París el contexto del juicio en ausencia contra 13 militares chilenos y un argentino, responsables de la desaparición de cuatro ciudadanos franceses en pleno pinochetismo.
Georges Klein, consejero de Salvador Allende; el sacerdote Etienne Pesle, Alphonse Chanfreau y Jean Yves Claudet Fernández, otro militante del MIR, fueron secuestrados entre 1973 y 1975 en Santiago de Chile, Temuco y Buenos Aires. Ayer les llegó la hora a los responsables de estos crímenes de ver la acción de la Justicia producir una forma de verdad. Los juicios que se inician este 8 de diciembre son a la vez simbólicos y reales. Simbólicos porque los acusados no están presentes, reales porque, como lo resaltó el abogado William Bourdon, defensor de las familias de Yves Klein, Alphonse Chanfreau y Etienne Pesle, hay en este proceso "un valor histórico porque será el único que permitirá hacer una fotografía judicial, precisa, global y casi exhaustiva del aparato represor de Pinochet".
Juicio doble también: el de los culpables y el de una Justicia chilena que, y así lo señaló la abogada de Jean Yves Claudet Fernández, Sophie Thonon, "es olvidadiza y con lagunas". Los juicios que se inician mañana por secuestro y tortura seguida de desaparición se prolongarán hasta el 17 de diciembre en el Tribunal en lo Criminal de París. A menos que los acusados salgan de Chile –sobre todos pesa una orden de captura internacional– ninguna de las penas pronunciadas se hará efectiva. Ello no desalienta a los familiares, muy por el contrario. Jeanine Claudet, hermana del militante del MIR secuestrado en Buenos Aires por la DINA el 1º de noviembre de 1975, Jean Yves Claudet, dijo ayer que los familiares no esperaban "un milagro", pero agregó que "será un primer paso de justicia, ya que hay muchas familias en Chile y en América latina que ni siquiera tendrán esta primera justicia".
Sin la perseverancia de los familiares y de los abogados William Bourdon y Sophie Thonon, los responsables de los secuestros habrían evitado que se hurgara en ese pasado. El juez Le Loire inició la instrucción de los casos aceptados por la Justicia en octubre de 1988 y la jueza Sophie Clément terminó por ordenar la acusación ante la Corte en febrero de 2007.
Los acusados son Manuel Contreras Sepúlveda, ex jefe de la DINA y ex general del ejército; Hernán Julio Brady Roche, ex comandante en jefe de la región de Santiago; Petro Octavio Espinoza Bravo, ex coronel del ejército, director de operaciones y jefe de la Brigada de Intervención Metropolitana –BIM– de la DINA; el argentino José Osvaldo Riveiro, ex teniente afectado a la DINA; Miguel Krasnoff Martchenko, ex capitán del ejército afectado a la DINA; Rafael Francisco Ahumada Valderrama, ex oficial del regimiento de Tacna; Gerardo Ernesto Godoy García, ex teniente afectado a la DINA; Basclay Humberto Zapata Reyes, suboficial del ejército afectado a la DINA; Enrique Lautaro Arranciaba Clavel, ex representante de la DINA en la Argentina; Raúl Eduardo Iturrriaga Neuman, ex responsable del departamento exterior de la DINA; Luis Joaquín Ramírez Pineda, ex comisario del campo de Tacna; José Octavio Zara Holger, ex oficial del ejército con puesto en la DINA; Emilio Sandoval Poo, ex militar de reserva de la Fuerza Aérea, hoy empresario en Temuco. Otros cuatro sospechosos figuran en los legajos de la acusación así como un ausente, Augusto Pinochet, cuya muerte en 2006 puso fin a cualquier intento judicial.
Al igual que en otros países, una buena parte de los militares chilenos implicados en estos crímenes están libres y hasta sin acusación judicial en su contra. En este sentido, el abogado William Bourdon destacó: "No basta con una Corte Penal Internacional. Necesitamos un texto internacional que obligue a los Estados a entregar a sus propios ciudadanos cuando se trata de crímenes contra la humanidad". El Estado chileno reconoció hasta ahora 3197 desapariciones y 28.461 víctimas de torturas. Según datos de la Federación Internacional de Derechos Humanos, 171 personas fueron condenadas en Chile por esos crímenes, de las cuales sólo 53 están hoy presas.
9 de diciembre de 2010
7 de diciembre de 2010
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ex presa política se querella por violación


Los abusos sexuales cometidos por agentes del estado en el contexto de un régimen de facto constituye delito de lesa humanidad.
Santiago, Chile. Una querella por las violaciones y abusos sexuales sufridos durante la dictadura presentó ayer la ex presa política Patricia Herrera (a la derecha en la foto), quien fue detenida en 1974 por carabineros a la salida de la Universidad Católica, luego de ser identificada como militante del Partido Socialista.
En su querella, afirmó que durante el tiempo que duró su detención, antes de salir al exilio, fueron innumerables las violaciones y abusos que recibió mientras permanecía con sus ojos vendados.
La abogada que la asesora, Paulina Maturana, de la Corporación Humanas, dijo que pretenden que los tribunales reconozcan que los delitos sexuales en dictadura son parte de métodos de tortura, lo que permitiría que las víctimas reciban beneficios de la Comisión Valech.
8 de diciembre de 2010
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guerrillero del fpmr


La cinematográfica historia del más escurridizo guerrillero del FPMR.
[Cristóbal Peña] Chile. Desde que reabrió el caso Guzmán, el juez Mario Carroza ha realizado diversas diligencias tendientes a desentrañar incógnitas que se arrastran por casi veinte años. Junto con atreverse a abrir una caja de Pandora en la que asoman informantes del FPMR y ex agentes del DINE, el magistrado dio con la verdadera identidad del hombre que aparece en el video grabado en el camping Colliguay en 1992 y que ofició de jefe de la casa donde permaneció secuestrado Cristián Edwards. Lo apodaban Rambo y su trayectoria es de respeto: tuvo preparación militar en Cuba y Vietnam, combatió a la Contra en Nicaragua y fue quien disparó el rocket que golpeó el vidrio del Mercedes Benz en que viajaba Pinochet en septiembre de 1986, sin que alcanzara a explotar. Desde entonces la policía le sigue los pasos y lo ha confundido con Tarzán, el apodo de otro ex frentista detenido y liberado recientemente.
Su verdadera identidad quedó al descubierto en octubre de 1986, un mes después de ocurrido el atentado a Augusto Pinochet. A raíz de una seguidilla de detenciones producidas por este hecho, y las consiguientes torturas practicadas por funcionarios de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, el nombre de Alexis Soto Pastrián llegó a conocimiento del fiscal militar ad hoc Fernando Torres Silva, que sustanciaba ese proceso. Un informe policial destacaba que el joven nacido en marzo de 1963 provenía de la población La Pincoya y había sido uno de los 21 integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) que protagonizó una emboscada a la comitiva del general Pinochet. Su nombre de combate era Marcos.
Aunque su identidad se conoce desde entonces, recién a fines de octubre el juez Mario Carroza, a cargo de las investigaciones por la muerte de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards, hizo la conexión. Marcos era el mismo personaje de bigotes y contextura gruesa que aparece en el famoso video grabado en 1992 en un camping de Colliguay donde quedó retratado parte del grupo operativo que participó de estos dos últimos sucesos subversivos que marcaron la transición política chilena. Esa corpulencia -además de una bravura ejercitada entre Chile, Vietnam, Cuba y Nicaragua- le valió el apodo de Rambo.
A Marcos o Rambo se le atribuye un rol protagónico en el secuestro del hijo del dueño de El Mercurio. Fue uno de los que lo interceptó en un estacionamiento subterráneo de Providencia y luego ofició de jefe de la casa donde Edwards permaneció cautivo durante seis meses. Es una pieza fundamental del caso y uno de los pocos cuadros operativos relevantes del FPMR de esa época que nunca ha sido detenido.
El mérito de esto último no es sólo suyo sino principalmente del ex comisario Jorge Barraza, quien lideró las investigaciones por el asesinato de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards, que datan de 1991. Barraza siempre creyó que el hombre corpulento que aparece en el video de Colliguay era Rodrigo Rodríguez Otero. La confusión pudo haber surgido del hecho de que a este, quien también tuvo un rol protagónico en el atentado a Pinochet y era robusto aunque más bajo que el otro, lo apodaban Tarzán. Además el equipo del ex comisario Barraza adjudicó al mismo personaje el robo del vehículo que sirvió para matar a Guzmán.
De ahí que a mediados de octubre, cuando ingresó al país con sus documentos al día, Rodríguez Otero fuera detenido y liberado tres días después: tras tomarle testimonio, el juez Carroza se convenció de que la persona que andaba buscando no le decían Tarzán sino Rambo. Entonces el nombre de Alexis Fernando Soto Pastrián quedó bajo orden de captura internacional, estableciéndose que su último paradero conocido estaba en Bélgica.

Mapa Completo
Desde que reactivó la investigación por la muerte de Guzmán, a raíz de la entrevista televisiva que Mauricio Hernández Norambuena dio a Chilevisión desde una cárcel en Brasil el juez Mario Carroza ha progresado más que varios de los jueces que lo antecedieron. De partida, basándose en el contenido de esa entrevista, interrogó y dejó en prisión preventiva a Enrique Villanueva Molina, conocido como el comandante Eduardo, quien formó parte de la Dirección Nacional del FPMR, la que habría decidido la muerte del senador UDI. Villanueva Molina está desde fines de septiembre en la Cárcel de Alta Seguridad y aunque el ministro le había concedido la libertad bajo fianza, la decisión fue revocada por la Corte de Apelaciones a fines de la semana pasada.
Aunque el proceso judicial por la muerte de Guzmán acumula más de cinco mil fojas, el juez Carroza ha actuado como si fuera el primero en ocuparse de él. Además de revisar por completo el expediente, sopesando declaraciones e informes policiales antiguos, ha citado a varios de los testigos que ya habían declarado ante otros jueces por este mismo caso. Este método lo ha llevado a zonas insospechadas e incómodas para los propios querellantes.
Como informó La Tercera en su edición del domingo 7 de noviembre, el ex director de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (DINE), general (R) Hernán Ramírez Rurange, habría alertado al general Pinochet de los planes del FPMR para atentar contra tres civiles vinculados a la dictadura, entre los que se contaba Jaime Guzmán. Ramírez Rurange recibió la información del agente DINE Raúl Rojas Nieto, habría recibido el dato de un informante del FPMR a quien Ramírez Rurange identificó como El Noruego. Ante el juez Carroza, Rojas Nieto negó esta versión.
El hecho es que si bien el ex Comandante en Jefe del Ejército conoció de los planes con una semana de anticipación y se comprometió a transmitirlos a las posibles víctimas, nunca lo hizo. La razón, sustentada por el general (R) Jorge Ballerino, es que el Ejército no consiguió ubicar al senador UDI.
A lo anterior se suman las indagatorias en torno a la francesa Marie Emmanuelle Verhoeven, una doble agente que participó de la causa del FPMR al tiempo que entregaba información a policía. Su verdadera función aún es un misterio, no así su actual paradero: tras establecer que reside en su país de origen, Carroza ha iniciado los trámites para interrogarla por exhorto.
Pero el juez Carroza no sólo se ha ocupado de establecer responsabilidades en la muerte de Jaime Guzmán. También ha indagado en procesos conexos como son los secuestros del coronel Carlos Carreño (1987) y de Cristián Edwards (1991), y el asesinato de Agdalín Valenzuela (1995), miembro del FPMR reclutado como informante del Consejo de Seguridad Pública (más conocido como La Oficina), creado por el gobierno de Aylwin tras el asesinato de Guzmán para combatir la subversión.
Mario Carroza ha sido el primer juez en comprender que estos y otros casos vinculados al FPMR están directamente relacionados entre sí. Por ello hay que leerlos en conjunto. Algo que no habían hecho jueces ni policías. De lo contrario habrían reparado en que la clave para identificar al hombre al que llamaban Rambo estaba en el proceso del caso Atentado a la Comitiva Presidencial.

Preparación Militar
Su primera salida fuera del país quedó registrada en agosto de 1984. Como decenas de otros militantes de las Juventudes Comunistas de Chile de esa época, Alexis Soto Pastrián partió a un curso de instrucción militar en Cuba. En el curso participaba Juan Moreno Ávila, un vecino suyo de la población La Pincoya que se apodaba Sacha y con el que coincidirá en el atentado a Augusto Pinochet. En ese grupo, a cargo del instructor Vasily Carrillo, también estaba César Bunster Ariztía. Todos con un rol protagónico en la más temeraria acción del FPMR.
De acuerdo con la declaración extrajudicial que Moreno Ávila entregó tras su detención en 1986, se trató de un curso miliar de seis meses y abarcó áreas como táctica militar, manejo de armas y explosivos, tiro, primeros auxilios, preparación física, métodos conspirativos y contrainteligencia. Sobre la práctica con armamento, en la citada declaración se lee lo siguiente:
Este ramo consistía en el conocimiento de diferentes tipos de armas, tanto largas como cortas. Usamos fusil AKA, FAL, M-16 y Galil, además de las pistolas Browning, Colt 45 y Macaro (de fabricación soviética). Con este armamento aprendimos sus características técnicas, nomenclatura, arme y desarme, mantenimiento, etc., además que disparamos bastante, sobre todo con el AKA.
A su regreso a Chile, a mediados de 1985, Soto Pastrián, a quien ya llamaban Marcos, se vinculó a Sacha y otro vecino de la población La Pincoya que también tuvo instrucción militar en Cuba y participará en el atentado a Pinochet: el gásfiter Jorge Mario Angulo González. Tras ser detenido en octubre 1986, en su declaración a la policía pasará revista a sus inicios subversivos junto al grupo liderado por Marcos:

Fueron numerosos los taxis que logramos asaltar en el barrio alto, los que luego, previa instrucción, casi en su mayoría dejamos en el sector de Alameda con Las Rejas, colocando una huincha en el parabrisas delantero para que los otros militantes se dieran cuenta de que era el auto trabajado. Continuando con el templaje, paralelamente a estas acciones entraba en juego la preparación física, gimnasia que hacíamos en el cerro San Cristóbal y otros lugares cerca de La Pincoya. Para el asunto de uso y manejo de armas, en varias oportunidades fuimos a cerros colindantes de la comuna de Peñalolén donde Marcos se hacía acompañar por un guía (…)

Desde mediados de los ochenta, Marcos se subordinará al mando de Sacha, quien lo reclutará como parte del comando que atentará contra Pinochet.
En este hecho, ocurrido la tarde del domingo 7 de septiembre de 1986, Marcos formó parte del Grupo de Asalto N°2 o Unidad 503. Actuó desde la ladera de un cerro y tuvo a cargo un lanzacohetes LAW. De hecho, fue su arma la que impactó la ventana del Mercedes Benz ocupado por Pinochet, sin que alcanzara a explotar.
Para cuando fue identificado, en octubre de 1986, Marcos ya había abandonado el país junto a otros fusileros del atentado a Pinochet. Según se constata en un informe reservado de la PDI que quedó adjunto al caso Atentado, Soto Pastrián salió del país el 26 de septiembre por el Paso Los Libertadores. Permaneció por un par de semanas en Buenos Aires, y más tarde, tras un largo rodeo por Europa, llegó a Vietnam junto a sus compañeros, con quienes realizó un curso de instrucción militar. En 1987 viajó con el resto de los fusileros a Cuba y poco más tarde fue parte de un grupo de chilenos que combatió a la Contra en Nicaragua.
Su regreso a Chile ocurrió en marzo de 1989 y si su ingreso no quedó registrado oficialmente, fue porque Marcos entró con un falso pasaporte uruguayo a nombre de Luis Rivaldi.

Las Pistas
La pista fue entregada por un informante de la policía identificado como F1 y cuyo nombre era Agdalín Valenzuela. Según esta pista, contenida en un informe policial de 1991, el jefe de la casa donde permaneció secuestrado Cristián Edwards era un hombre que se apodaba Marcos o Trotil. Este segundo apodo había surgido en Hanoi, la capital de Vietnam, mientras permanecía en un curso de instrucción militar.
En el mismo documento, el informante definió a Marcos como un hombre "débil de carácter" por permitir que uno de los celadores abandonara la casa del secuestro. En un próximo reporte refrendará la información, precisando que ese tal Marcos había participado en el atentado a Pinochet.
Como jefe operativo de la casa donde permaneció Edwards, Marcos tenía la función de hacer cumplir las normas y velar por el secuestrado. Tenía contacto directo con éste y cumplía el papel del "secuestrador malo", a diferencia de Ricardo Palma Salamanca, que oficiaba de "bueno". Su papel en esta operación concluyó el 1 de febrero, cuando el hijo de el dueño de El Mercurio fue liberado tras el pago de un millón de dólares.
Unas semanas después, mientras permanecía junto a otros miembros del FPMR en el camping de Colliguay, su imagen será grabada en video por funcionarios de la Policía de Investigaciones.
A partir de entonces, el ex comisario Jorge Barraza establecerá una errónea identificación de Marcos que se arrastrará por casi veinte años. Pero no sólo eso. También asegurará que se trata de la misma persona que robó el auto que sirvió para atentar contra Guzmán.
La aclaración no fue obra del juez Carroza. Tampoco de los funcionarios de la policía que lo asisten. A mediados de septiembre último, cuando Rodrigo Rodríguez Otero ingresó al país y cayó detenido, el sitio electrónico del diario La Nación publicó un reportaje en el que se aseguró que, de acuerdo con testimonios de ex frentistas, el hombre del video de Colliguay era Alexis Soto y no Rodrigo Rodríguez. Hasta ese momento el nombre del frentista proveniente de la población La Pincoya era desconocido para la policía y el juez.
Con este antecedente, el juez Carroza centró su atención en Soto Pastrián. Por medio del testimonio de ex frentistas, corroboró la información aparecida en La Nación. Y junto con ello estableció que se trataba de la misma persona que tiempo atrás había solicitado documentos en la embajada de Chile en Bélgica. El paso siguiente era poner en marcha una gestión silenciosa para lograr su captura en el extranjero, pero se le adelantó El Mercurio: el sábado 6 de noviembre, una nota de la sección de crónica de ese diario dio cuenta del último hallazgo del juez, lo cual frustró la diligencia.
De esta forma, el principal captor del hijo del dueño de El Mercurio pudo haber sido alertado por el propio diario de que había sido detectado. Una filtración absurda, lo que unido a otros trascendidos de prensa llevó al juez Mario Carroza a quitar el acceso a las partes del proceso judicial.
8 de diciembre de 2010
6 de diciembre de 2010
©ciper
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absuelven a asesino pinochetista


Corte Suprema dicta sentencia definitiva en investigación por homicidio de Héctor García García. [En la foto el juez Nibaldo Segura, uno de los jueces pinochetistas infiltrados en la Corte Suprema].
Santiago, Chile. La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por el homicidio del  médico Héctor García García, ilícito ocurrido el 13 de agosto de 1974, en la ciudad de San Bernardo, Región Metropolitana.
En fallo unánime (en causa rol 3881-2009), los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y el abogado integrante Domingo Hernández, ratificaron el fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que había absuelto al único acusado en la causa, el oficial en retiro del Ejército Pablo Opitz Arancibia.
El fallo de la Sala Penal rechaza el recurso de casación planteado y determina que el acusado Opitz Arancibia debe ser absuelto en el proceso, ya que no se encuentra probada su participación en el homicidio del doctor García García, ordenado y ejecutado por dos personas que se encuentra fallecidas.
"Que de lo analizado, ha quedado fehacientemente establecido que el autor material de los disparos que causaron la muerte a la víctima fue un conscripto, quien se encuentra actualmente fallecido, y que a la fecha de los hechos cumplía con su servicio militar en la Escuela de Infantería de San Bernardo, cuya identidad es Jorge Ernesto Connell Alarcón", dice el fallo.
Y agrega: "Que, por otra parte, del mérito de las probanzas allegadas al proceso y analizadas detalladamente en la sentencia, no resultan suficientes tampoco para acreditar conforme al artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, que el enjuiciado haya dado orden o instrucción alguna al soldado Conell Alarcón, respecto de causar la muerte del médico García García; además, desprenden que atento el grado de jerarquía que el querellado desempeñaba a la época -Subteniente de Ejército-, último escalón en la carrera de oficiales, bajo subordinación directa del Capitán Germán Barriga Muñoz y de todo el mando de jerarquía de dicho establecimiento militar, constituye un elemento que contribuye a impedir  imputar alguna conducta de autoría al enjuiciado, esto es, tomar parte en la ejecución conforme lo describe la citada disposición legal del artículo 15 del Código Penal".
De este modo se concluye que: "En concepto de la jurisprudencia, ‘no bastan para condenar las presunciones que permiten deducir que se ha cometido un delito y que él debe haber sido realizado por una persona o alguna de varias personas que aparecen sindicadas en el mismo, si no llegan a establecer cuáles fueron precisamente las que lo cometieron o que lo fueron todas; es decir, no bastan para condenar las presunciones que sirven para comprobar el cuerpo del delito, pero no descubren la persona del delincuente.’ (SCA Talca, 29.12.1913, G. 1913, 2° sem., No. 1.105, p. 3179, cit. en Repertorio del Código de Procedimiento Penal, T.II, p. 270)".
En primera instancia, el 30 de junio de 2008, el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de San Miguel Héctor Solís Montiel había condenado a Pablo Opitz Arancibia a 10 años y un día de presidio, fallo que fue revocado el 7 de mayo de 2009 por una de las salas del tribunal de alzada.
7 de diciembre de 2010
6 de diciembre de 2010
©poder judicial
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segunda vuelta será en diciembre


Cámara despacha reforma constitucional que adecua los plazos de las elecciones presidenciales.
Valparaíso, Chile. Con el voto favorable de 97 parlamentarios y 6 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados dio su aprobación a un proyecto de reforma constitucional presentado por el Ejecutivo que adelanta a noviembre la celebración de la primera vuelta de las elecciones presidenciales al mes de diciembre una eventual segunda vuelta.
La iniciativa legal (boletín 6946) fue presentada en mayo de este año por el gobierno del presidente Piñera con el propósito de facilitar el ejercicio del derecho a sufragio y armonizar las fechas de las elecciones presidenciales con el próximo sistema de inscripción automática y voto voluntario.
Originalmente, la propuesta del gobierno establecía que los comicios presidenciales se efectuarían el tercer domingo de noviembre del año anterior a aquél en que deba cesar en el cargo el jefe de estado en funciones, pero la Sala de la Cámara aprobó una indicación que estableció el segundo domingo de noviembre como fecha de las elecciones.
También la iniciativa del Ejecutivo fijaba la eventual segunda vuelta presidencial para el cuarto domingo después de realizada la primera, pero la sala aprobó una indicación que reemplazó tal fecha por el quinto domingo.
Junto con lo anterior, la reforma disminuye de 30 a 10 días a contar del deceso, el plazo para convocar a una nueva elección presidencial en caso de fallecimiento de uno o de los dos candidatos a la primera magistratura, que hubieren dado lugar a una segunda vuelta presidencial.
Aumenta además de 90 a 120 días después de la convocatoria, la realización de la elección a que se refiere la letra anterior, siempre que dicho plazo coincida con un domingo; en caso contrario, la elección se realizará el domingo inmediatamente siguiente.
La reforma precisa que el proceso calificatorio de la elección presidencial, deberá quedar concluido dentro de los 15 días siguientes en el caso de la primera elección o dentro de los 30 días siguientes en el caso de la segunda.
En el caso de que el impedimento que afecta al presidente electo para asumir, fuere absoluto o de duración indefinida, aumenta de sesenta a ciento veinte días después de la convocatoria la realización de una nueva elección presidencial, siempre que dicho plazo coincida con un domingo; en caso contrario, la elección se realizará el domingo inmediatamente siguiente.
En el caso de vacancia del cargo de presidente de la República dos o más años antes de la próxima elección, aumenta de sesenta a ciento veinte días después de la convocatoria la realización de la nueva elección presidencial, siempre que ese plazo coincida con un domingo, en caso contrario, la elección se realizará el domingo inmediatamente siguiente.
La iniciativa establece que la votación plebiscitaria deberá efectuarse ciento veinte días después de la publicación del decreto que la convoca, siempre que ese plazo coincida con un domingo, en caso contrario, la votación deberá efectuarse el domingo inmediatamente siguiente.
Aumenta, de los últimos noventa días a los últimos ciento veinte días antes de la cesación en el cargo del presidente de la República, el plazo en el que no podrá salir del territorio nacional sin el acuerdo del Senado.
Finalmente, establece que el período presidencial y parlamentario que comience el 11 de marzo de 2014, finalizará el 1° de marzo de 2018. La Sala de la Cámara aprobó una indicación que establece que los periodos señalados se entenderán completos para todos los efectos constitucionales y legales.
La amplia aprobación de esta reforma constitucional, que fue votada sin debate en la Sala, fue valorada por el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Larroulet, quien destacó que se trata de la primera iniciativa de la agenda de perfeccionamiento democrático planteada por el actual gobierno que es aprobada por la Cámara de Diputados.
La reforma pasó a cumplir segundo trámite al Senado.
7 de diciembre de 2010
6 de diciembre de 2010
©diario de la cámara
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juzgan en parís a militares pinochetistas


Trece militares chilenos, entre los que se cuenta el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras (en la foto), y un uniformado argentino, serán juzgados en ausencia en Francia, entre el 8 al 17 de diciembre, por la desaparición de cuatro franceses.
París, Francia. Georges Klein, consejero del Presidente Salvador Allende, el ex sacerdote Etienne Pesle, el dirigente del MIR, Alphonse Chanfreau, desaparecieron entre 1973 y 1975 en Chile. Jean Yves Claudet Fernández, militante del MIR, desapareció en Buenos Aires. Manuel Contreras es acusado en los cuatro casos por "secuestro acompañado de tortura y actos de barbarie", según las actas judiciales.
Por la desaparición de Georges Klein están acusados además los generales Herman Julio Brady y Luis Joachim Ramírez Pineda y el coronel Rafael Francisco Ahumada Valderrama. En el caso de Etienne Pesle está acusado el oficial de la FACh, Emilio Sandoval Poo.
Por la desaparición de Alphonse Chanfreau están acusados el brigadier general del Ejército, Pedro Espinoza Bravo; el coronel de Carabineros, Gerardo Godoy García; los coroneles Miguel Krasnoff Matchenko y Marcelo Moren Brito y el suboficial del Ejército Basclay Humberto Zapata. En el caso de Jean Yves Claudet Fernández están acusados los generales José Octavio Zara Holger y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann; Enrique Arancibia Clavel, agente de la DINA y el teniente coronel argentino José Osvaldo Riveiro.
6 de diciembre de 2010
©la nación
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